¿Dónde está Ernesto? [1 ed.] 1501012003

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¿Dónde está Ernesto?

' '3 Cromwell Castillo

Dedicamos este libro a todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos de nuestra querida patria, atrapados por la mano asesina y cobarde del terrorismo de Estado que segó siís vidas sin saber siquiera el por qué, y cuyos cuerpos yacen en las entrañas silentes de la tierra, esperando algún día recobren su identidad.

Familia Castillo Páez

Primera Edición: mayo 2003 Hecho el depósito legal según Ley Nro. 26905 Reg. Nro.: 1501012003 - 2562

©Cromwell Castillo Prohibida la reproducción total o parcial de la obra sin previa autorización escrita del autor ©Fotografías de carátula: Cromwell Castillo ©Diseño de carátula y diagramación: Edgardo Cabrejos

Impreso en Perú/Printed in Perú

«Cuando lean la fría relación de los hechos de mi Historia de la República, adivinen una lágrima escondida debajo de cada letra. No es fácil escribir la historia en un país tan doloroso como el nuestro...»

Jorge Éasadre

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índice Prólogo Presentación

1 7 2 1

Capítulo I. Ernesto: Aspectos de su vida Su niñez Su autobiografía Su sensibilidad

2 7 28 31 '51

Capítulo II. Su desaparición Operativo policial lo detiene Noches de malos presagios Indagación en la Dircote Abogado de emergencia en busca deErnesto El esperado encuentro con el ¡efe de la Dircote Mantener la serenidad Diversas versiones sobre su paradero Pero no aparece Uso de la vía judicial Presentación de un hábeas corpus Con la ¡ueza en la Dircote Se esfuman las esperanzas Denuncia del caso a la prensa Jueza investiga comisarías del cono sur Tras los pasos de Ernesto en Villa el Salvador Colaboración de la población Primeros indicios Punto de detención encontrado Conversando con los testigos Cómo fue la detención Muchos testigos presenciaron su detención ¿Cómo llegamos a los otros testigos? Con los familiares de un detenido del lugar

55 56 60 61 63 64 67 68 72 73 73 76 77 78 78 80 81 82 82 85 85 87 88 90

1 o Jueza insiste en hábeas corpus 93 Sin la declaración de los testigos todo se hubiese perdido 95 Nerviosismo general en la comisaría de San Juan de Miraflores 96 Por fin los testigos claves declaran 97 La ¡ueza en el lugar de los hechos 98 Explosión de alegría en casa 1 00 Un largo camino a la vista 1 00 Cambio y búsqueda de un nuevo abogado defensor 1 01 Recurrencia a las organizaciones defensoras de derechos humanos 1 03 Comisehd asume defensa de Ernesto a partir del 1 6 de noviembre de 1 990 1 05 Contención del gobierno a la gestión rectora del poder ¡udiciaI 1 1 1 Presidente de la Cámara de Diputados devuelve

los actuados de la Corte Suprema 1 1 1 Acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados a la política violatoria de los derechos humanos de! gobierno. 1 1 2 Contacto y averiguaciones a través del mayor PNP(r ) Jorge Castro Castro 1 1 5 Denuncias ante los medios de prensa y otros poderes del Estado 1 1 9 Nuestro paso por la televisión 1 20 Intervenciones en la radio . 122 Nuestras gestiones en el Congreso 1 22 En la Dircote 1 23 La labor del diputado Dr. Mario Camocho Perla 1 25

Hacia la Séptima Subregión de la Policía Nacional Gestiones con el diputado Dr. Eduardo López Therese Atacan a balazos casa de diputado

127 1 28 1 30

11 Con el senador Armando Villanueva 1 31 El comportamiento cómplice de las autoridades y jefes policiales 133 Primera versión extraoficial 1 34 Gobierno en el centro de la denuncia pública 1 38 Estrategia policial inicial desbaratada 1 38 Nos citan al Ministerio del Interior 1 39 Reunión con el inspector general de la policía, Gral. PNP Eduardo Ruiz Botto 141 Las testigos dan su versión al ministro del Interior 1 44 Obtención del informe de inspectoría de la Policía Nacional 1 45 Evolución de la confrontación: Ministerio del Interior, el Congreso y la prensa 1 47 Cuba y Escobedo, siniestro guardaespaldas de Montesinos en el Ministerio del Interior 1 49 La premiación de Fujimori a Alvarado y a Cuba 1 50 Campaña de contrainformación del Ministerio del Interior 151 Flash en canal 5 el martes 1 1 de diciembre 1 990 1 52 Nuevo flash en canal 4 tv, "primera plana" 1 54 Periódico informa que se hallaron los restos de Ernesto en un arenal de La Molina 1 56 Fracaso de su campaña de agresión psicológica 157 Traslado inconstitucional del juicio a la Corte Suprema 157 Corte Suprema retarda deliberadamente entrega de su sentencia a familiares de la víctima 159 El Dr. Zúñiga revela entretelones del atentado sufrido 1 63 Cuba y Alvarado cómplices del atentado criminal al Dr. Zúñiga 1 64

1 2

El juicio continúa en condiciones más difíciles sin garantías de justicia Actuación del ¡uez Luis Vargas Valdivia del 1 4 Juzgado Penal de Lima Cuatro testigos ratifican versión inculpatoria a la policía Policías investigados por el juez Se concreta inspección ocular Juez Vargas archiva el caso Vocales de la Segunda Sala Penal bajo investigación del Congreso por delito de prevaricato y otros Nuestra demanda a la Cámara de Diputados de sanción a estos vocales Carnet universitario de Ernesto en poder de un detenido

Capítulo III. El caso de Ernesto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

1 65 1 66 1 66 168 1 70 1 72

1 77 1 78

1 82

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Intervención de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) Defensa solicita denunciar al Estado Peruano Recomendaciones de la Comisión al Estado Peruano La Comisión denuncia al Estado Peruano ante la CIDH

1 96

Audiencia pública de la Corte en San José de Costa Rica Preparativos del viaje Preparativos para coordinar nuestras

1 98 200 201

declaraciones En el día deja audiencia pública Las declaraciones Declara la Dra. Greta Minaya Otras declaraciones

201 203 204 205

1 90 1 92 194

1 3

Audiencia del 07 de febrero de1 997 206 Retomo a Lima 206 Régimen fujimorista esgrime argumentos rastreros 207 Publicación de la sentencia de la Corte Interamericana deDerechosHumanos 207 Corte Interamericana abre proceso sobre reparaciones 208 Largo y difícil periodo de obtención y acumulación de pruebas 209 Nuestra primera prioridad: entrega de los restos de Ernesto 209 Datos y documentos para elaborar nuestro alegato 2 1 0 La Corte (CIDH) convoca a una audiencia pública para el 09 de junio de 1 998 21 3 Experticias e informes contra el tiempo 21 4 Nuestra ausencia en la Audiencia de la CIDH del 09 de junio de 1 998 21 5 Reacciones de la dictadura fujimontesinista ante las decisiones de la Corte interamericana 21 5 Participantes en la audiencia publica de la Corte Interamericana del 09 de junio de 1998 21 7 Ultima documentación solicitada a nosotros por la Corte Interamericana el 21 de julio de 1 998. 218 Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia sobre reparaciones contra el Estado Peruano el 27 de noviembre de 1998 21 9

Capítulo IV. Reacciones ante sentencia de la CIDH 223 Dictadura fujimontesinista ignora sentencia 224 Pronunciamiento de Gaviria en contra del Sistema Interamericano 226

1 4 Intentos de presión al régimen pro-cumplimiento de sentencia Denuncia ante instituciones estatales de Estados Unidos de Norteamérica Enérgico escrito ante la sala constitucional y social de la Corte Suprema del Perú Reactivación judicial del caso ante huida del delincuente japonés Kenya Fujimori Gobierno transitorio de Valentín Paniagua honra un extremo de la sentencia Juicio continúa en el Ministerio Público De nuevo en el Poder Judicial El caso pasa a otros jueces Un desenlace que nos concierne a todos Carta de la familia a la CIDH

227 227

230

230 231 232 234 234 235 239

Fotografías de pinturas y grabados de Goyo

¡Grande hazaña con muertos! Grabado (1810-14) Dos mujeres y un hombre. Óleo sobre lienzo (1820-23)

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¿Porqué? Grabado (1810-14) La lectura. Óleo sobre lienzo (1820-23) Casa de locos. Óleo sobre tabla (1 81 5-19)

55 1 89 223

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Prólogo

Por Juan Cristóbal El libro que vamos a leer tiene no sólo el poder de una de­ nuncia estremecedora: la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez, ocurrida un 21 de octubre de 1990, en el Pueblo Joven de Villa El Salvador, en manos de la policía, sino también la forma cómo el sistema se mueve y oculta para encubrir sus críme­ nes y culpas. Por eso, Cromwell Castillo, padre del estudiante, puede decir con firmeza:: .queremos dejar testimonio, de cuán difícil pero no imposible es enfrentarse a toda una enmarañada red que se mueve en las esferas del poder para impedir que se descubran los crímenes de quienes dirigen el Estado y permanez­ can impunes, y aparecer como salvadores de la patria...". Palabras que nos recuerda, en esa misma dirección reflexi­ va, lo que llevó a expresar, a ese otro gran desaparecido y poste­ riormente acribillado, el periodista argentino Rodolfo Walsh, au­ tor de ese dramático libro "Operación Masacre", a propósito de lo que ocurría en su país: "El sistema no castiga a sus hombres, los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene(...) No se trata, por supuesto, que el sistema, el gobierno, la justicia sean

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impotentes para esclarecer este homicidio. Es que son cómplices de este homicidio, es que son encubridores de los asesinos". Y como precisara un amigo, Fernando Lecaros, muchas veces son los propios asesinos.

Estas reflexiones, tanto en Argentina como en Perú, por ca­ sos similares, y que podrían ampliarse a toda nuestra patria lati­ noamericana, no sólo desde hoy o desde hace diez años, sino desde siempre, desde que fuimos conquistados y después republicanizados, se producen en un marco de crisis política y social (que es cuando se agudizan las contradicciones sociales), donde los sectores gobernantes (internos y externos) ven peligrar sus intereses debido a las enormes protestas sociales de masas oprimidas, que sólo desean vivir (o sobrevivir) decentemente, de­ mocráticamente, en las fronteras de lo posible.

En el caso peruano, a propósito de los últimos años, se cons­ tata, con infinita crudeza, que la mayor parte de sus víctimas fue­ ron tanto los sectores empobrecidos del ande como jóvenes estu­ diantes (urbanos o rurales) las que sufrieron el agravio, visualizado a través de detenciones arbitrarias, violaciones, atentados de di­ verso calibre, asesinatos, desapariciones y ajusticiamientos extrajudiciales, con la evidente complicidad oficial, que incluso lle­ gó a utilizar, con el mayor de los cinismos, escuadrones paramilitares como el grupo Colina. Fueron gobiernos que repre­ sentaban la fuente misma del terror y que sólo sabían balbucear el discurso de la muerte.

Un elemento más a lo expresado. Este terror de Estado tam­ bién se reproducía en plena crisis económica, reflejada en sala­ rios bajos, precios exorbitantes, desempleo y subempleo galopan­ te, ¡ornadas de trabajo agobiantes, falta de libertades sindicales, aumento de gastos militares, violaciones permanentes de dere­ chos humanos, bajá de consumo de alimentos. Y es allí, en esta área de la vida social, donde también debemos buscar la explica­ ción de sus crímenes, es decir, en la miseria planificada al unísono

1 9 con el Fondo Monetario Internacional.(FMI) y los empresarios internos. No vamos a resaltar que Ernesto, a quien conocí desde pe­ queño y con quien, a pesar de su corta edad, nos unía una respe­ tada y cariñosa amistad, era un poeta en ciernes y un estudiante de La Católica preocupado -como tantos peruanos- por el desti­ no de su país, que anhelaba que su gente viviera abrazándose llena de amor por las alamedas anchas de la historia y que su esperanza fuese, no ese pequeño puente deteriorado que es aho­ ra, sino una apuesta seria e insobornable hacia la justicia social y solidaridad colectiva, pues eso ya lo menciona, describe y funda­ mente ampliamente su padre en el libro. Sino que su desapari­ ción, tan vilmente ocurrida y corruptamente ocultada, es una he­ rida profunda que nos lacera, no sólo a sus amigos y familiares, sino al propio país, pues es una de las afrentas más escandalosas ocurrida para encubrirá los responsables de ella, en vista que no solamente fueron mandos medios militares los ejecutores del he­ cho, sino las mismísimas altas esferas del poder las responsables de ello.

Por eso este libro tiene, aparte de la valentía de denunciar el hecho mismo de la desaparición, la solvencia moral de haberse enfrentado, durante largos años, a todo el engranaje del sistema en diversos gobiernos. Y ese enfrentamiento se produce desde el pri­ mer instante en que se conoce la desaparición de Ernesto hasta los últimos instantes en que se desarrolla el juicio penal. Es decir, los padres de Ernesto conocieron y conocen directamente los vericuetos corruptos e inmorales no sólo de las instituciones y personajes milita­ res, sino también de las instancias civiles. No sólo el Palacio de Justi­ cia, los abogados, también la Prefectura, las Comisarías, el Congre­ so de la República, algunos Medios de Comunicación. Todos ellos infectados por el cáncer de la mentira y la difamación para, en pala­ bras de ellos, "salvar la democracia". No reparando que esa misma actitud artera mata, asesina y hace inviable la democracia, Ese sistema de gobierno que ellos dicen, hipócritamente, defender.

2 I

Presentación

He dejado pasar 12 años antes de intentar escribir este libro, desde que nuestro amado hijo Ernesto desapareciera de este mundo por obra del terrorismo de Estado llevado al clímax del horror por él, en ese entonces, recién instalado gobierno (Fujimori, 1 990) de un gran desconocido y además el primer descendiente por ambas líneas de japoneses nacidos en el Japón, que accede a la presi­ dencia de nuestro país, negando su nacionalidad japonesa, situa­ ción que de haber sido descubierta a tiempo, le hubiese impedido definitivamente asumir la máxima responsabilidad política reser­ vada sólo a los que tenemos la nacionalidad peruana. La más grande vergüenza nacional de toda nuestra historia re­ publicana.

Nos tocó de repente enfrentar una tragedia que nosotros y la gran mayoría en el Perú veíamos cómo la venían sufriendo ya largos años, miles de familias peruanas principalmente de origen andino y de condición económica modesta, gobierno tras gobier­ no, sin que se pusiera freno a los crímenes de lesa humanidad

24 aunque sea en una mínima proporción, a cuán grande era su ternura y cariño por sus padres, su hermana, su familia, sus ami­ gos, sus alumnos, y sobre todo, por las víctimas de la miseria que en nuestro país suman millones de personas, hecho tan incomprensible para él al extremo de provocarle una natural

indignación. Quiero destacar que la elaboración de este libro ha sido posible gracias al permanente aliento, apoyo y participación reci­ bidos de mi esposa Carmen Rosa y mi hija Mónica Inés.

CAPÍTULO I ERNESTO: ASPECTOS DE SU VIDA

28 Cuando Ernesto tenía quince años (1983), escribió como trabajo del curso de psicología, su autobiografía. Dejaremos que él nos cuente, con sus propias palabras y sensaciones de un joven en la flor de su vida, cómo veía y sentía sus quince años recién vividos. Pero quiero agregar, que cuando él nació, yo me encontraba en el Puerto de Chimbóte, trabajando como contador público en la empresa pesquera Productos del Mar. Fui avisado de su naci­ miento la misma noche en que ocurrió y me sentí extraordinaria­ mente feliz, entusiasmado y optimista de ser padre. Igualmente, su madre, Carmen Rosa, se sentía muy feliz y satisfecha con el advenimiento de nuestro primer hijo.

Desde los primeros meses del embarazo, Ernestito empezó a dar fuertes señales de su existencia. Era muy movedizo y nos pa­ sábamos, Carmen Rosa y yo, largos ratos con las manos sobre el vientre de ella para percibir sus constantes movimientos, los que nos producían mucha alegría, imaginándolo un niño o, una niña, muy travieso e inquieto. Recién al momento de su nacimiento su­ pimos que se trataba de un varoncito. Inmediatamente me trasladé a Lima, con la emoción contenida de llegara conocerlo, mirarlo, sostenerlo en mis brazos, darle la bienvenida a nuestro hogar. Cuando llegué a la clínica y me permitieron verlo, sentí una enorme alegría. Era un pedacito de hombre, moviéndose y estirando todo su cuerpecito. Así Ernesto cimentó la formación de nuestra familia.

SU NIÑEZ Ernesto recibió desde muy tierna edad todo el cuidado y ca­ riño de su madre, quien abandonó su trabajo sólo para dedicarse a él, mientras yo trabajaba en mi profesión con la que obtenía suficientes ingresos para vivir sin premuras y proveerle a Ernesto de todo lo que necesitase.

Ernesto a los pocos meses de nacido en el dormitorio de su casa

Abuelito, ¿qué es un revolucionario? El anciano se levantó como un oso en la mañana, miró sorprendido al pequeño y luego de acariciarse el cabello, le dijo: «Es el hombre más bueno del mundo». •»

Juan Cristóbal

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Empezó o caminar y hablar precozmente y denotaba en sus actos, aún desde muy niño, seguridad y firmeza en sí mismo. Era de un espíritu sensible, alegre y cariñoso, extrovertido, amiga­ ble, inquieto y bromista, y sobre todo dispuesto a ayudar y co­ laborar con las personas en forma muy responsable. Todas estas cualidades quedaron registradas en sus libretas escola­ res desde pequeño.

SU AUTOBIOGRAFÍA Pero para tener una mejor imagen sobre su personalidad, leamos lo que él escribió de sí mismo, en 1983, a los casi 15 años, al presentar como trabajo del curso de psicología, su auto­ biografía.

«Yo nací un 03 de junio del año 1 968, en una noche lluviosa de pleno invierno a las 1 1.30 p.m. Mis padres son Cromwell P Castillo y Carmen R. Páez Warton. Nací en la Clínica Guadalupe, en Santa Beatriz; en esa época mi papá trabajaba en una empre­ sa pesquera en Chimbóte y yo vivía con mi mamá y primos en la casa de mis abuelos maternos aquí en Lima. Luego mi papá cam­ bió de trabajo y empezó a laborar en una empresa minera y a veces salía a supervisar las minas a diferentes lugares del país y también al extranjero, como Solivia. A los cuatro años (1 972), entré al nido 'La Macarena' cerca a la casa de mis abuelitos y también a la mía en Breña. Ese mismo año nació mi hermanita a la que le pusimos por nombre Mónica. Antes yo me sentía muy solo cuando no jugaba con mis primos, pero desde que ella nació me sentí alegre y fue una gran felicidad para mí, a pesar de mi deseo de que fuera hermano varón para poder jugar al fútbol con él, y decía que si nacía mujer la echaría­ mos por la ventana; sin embargo, la vi tan graciosa y pequeña que desde el primer momento la quise mucho y una vez le pegué a un chico que la pellizcó.

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Estuve dos años en La Macarena y luego pasé al Colegio Santa Isabel, en Pueblo Libre. Hice primer y segundo grado en ese colegio y luego me mudé a Pueblo Libre y me cambié a un colegio más cercano a mi casa, el 'Jorge Polar'; allí estudié el 3er., 4to. y 5to. grado y logré muchos buenos amigos y mejores consejos de mi profesora tutora, Sra. Nelly, la cual era muy buena y nos tenía mucho afecto, así como nosotros a ella. Mi mejor amigo en El Polar fue César que vivía cerca de mi casa; luego llegó un nuevo alumno al salón, un argentino llama­ do Pablo, que le decíamos 'Ché Pibe'. Nos hicimos buenos ami­ gos los tres y jugábamos mucho. Otros amigos eran Enrique, Casapía, Benito, Fernando, Pedro, José Luis y otros. En los estudios estaba bien y siempre me gustó hacer mucho deporte y sobre todo el fútbol. En las vacaciones siempre viajaba al norte, a Lambayeque, donde vivían mis abuelos de parte de papá. Ibamos siempre en febrero y allí mis abuelos tienen una chacra grande en la localidad de Pacora que es uno de tantos pueblos chicos a algunos kilómetros de Lambayeque. Del pueblo de Pacora caminábamos unos 6 kilómetros para llegar a la cha­ cra que es excelente. En los meses de verano encontrábamos toda clase de frutas y animales. Con mis primos, nos levantábamos a las 6 de la ma­ ñana y recorríamos las 25 hectáreas de la chacra y comíamos diferentes frutas, como mangos, uvas, ciruelas, pacaes (que allá le llaman guabas), plátanos, cerezas. Nos llenábamos y regresá­ bamos a la casa para tomar leche pura dé las vacas que habían en la chacra; luego regresábamos a los algodoneros, maizales, frutales y al zanjón, por el cual antes había corrido un río, pero que ahora estaba seco y lleno de árboles de algarrobo. Corría­ mos buscando pájaros, palomas, ¡guanas y zorros; abundaban esos animales, pero también insectos, sin embargo yo me divertía mucho tratando de buscar nidos de pajaritos y escondites de zo­ rros e ¡guanas.

33 Una mañana me levanté temprano y cuando me estaba la­ vando la cara fuera de la casa, vi en los algodonales algo que se movía y de repente se levantó una cabeza media rojiza que me miró unos segundos y partió velozmente huyendo: era un zorro de los que habitan por allí y era la primera vez que veía uno vivo y tan cerca. Luego fui al zanjón con mi primo Carlos y los perros, pero no pudimos encontrar nada; después íbamos al río a bañarnos porque allí hace mucho calor. Luego de estar unos días en la cha­ cra regresaba con mi papá y mi primo Carlos a la casa de Lambayeque; allí me iba a pasear con un primo. Casi al finalizar el mes de febrero regresé a Lima y me inscri­ bí en la YMCA de Pueblo Libre. Asistía interdiario a practicar de­ portes y natación y algunas veces hacían paseos y excursiones a muchos sitios como la playa y el campo, así como visitas a fábri­ cas o museos. Asisto siempre a la YMCA los meses de verano, pero no en invierno, porque ya no tengo tiempo para ir por mis estudios.

Ese año (1979) me regalaron una bicicleta que tanto les había pedido a mis papás y en mi barrio siempre jugaba con mis amigos y salía a pasear en bicicleta con ellos y fue así como em­ pecé a conocer mejor los alrededores de mi casa. Ese mismo año cambié de colegio y pasé al colegio chino "Diez de Octubre" don­ de estudio actualmente. Cuando lo visité me gustó mucho, sobre todo, verlo tan grande y cuidado y que tenía una gran cancha de fútbol llena de grass. Pero aún me quedaba un gran recuerdo de mi anterior colegio y sobre todo de mi querida profesora, Sra. Nelly. En los años 1976 y 1978 el colegio Polar había logrado ganar el campeonato metropolitano de basket entre los colegios limeños. Esos campeonatos se habían realizado en el Coliseo Cerrado del Puente del Ejército y todo el alumnado y personal del colegio estuvo presente alentando a nuestro equipo, luego regre­ samos al colegio a celebrar el triunfo. Además recordaba a mis

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amigos César, que se había mudado de casa a otro distrito y a Pablo que regresó a la Argentina.

Ya en este nuevo colegio, al que entré en 6to. grado, me adapté rápidamente. Encontré buenos amigos, como Pedro Laos, Germán, Martín, Nelson, Segundo, Mario y otros que entraron el

mismo año como Chávez, Alva, etc. Pedro me invitó a su cum­ pleaños y luego a otras fiestas y así empezó a gustarme asistir a ellas.

Al finalizar el año escolar, quedé en 3er. puesto en el salón. Había tenido muy pequeñas dificultades en el curso de chino, pero me encantaba la ¡dea de aprender ese idioma; trataba de escribir bien cada palabra, pero luego me di cuenta de lo difícil que era memorizar cada palabra y su escritura, pero pude hacerlo, aun­ que cada vez que daba un paso, al día siguiente ya no recordaba bien cómo debía escribir; pero a pesar de ser nuevo para mí ese curso, salí bien y vencí esa dificultad.

En las vacaciones en 1 980 seguí asistiendo a la YMCA y ese año aprendí a nadar y me encantaba bucear en la piscina. Allí también encontré buenos amigos. Por mi casa salía a jugar todos los días con mis amigos Juan y George (que también estudiaban en el colegio Diez de Octubre), Jorge y su hermano Roberto, Da­ vid, César, Javier y otros. Ese año participé con unos amigos en un campeonato de fútbol en la Conchita de "La Luz". Mi equipo era "Los Cóndores" y ganamos la copa correspondiente al primer

puesto. Luego viajé también a Lambayeque, como todos los años. En estas mismas vacaciones viajé con mi mamá y mi papá a la ciudad del Cuzco. Mi hermanita se quedó con mi abuelita en Lima, por ser aún muy pequeña. Estuvimos 10 días allí y fue el viaje que más me gustó. Fuimos a Macchu Picchu, Tambomachay, Kenko, Písac, Sacsayhuamán, etc.,

etc.

Jugadores del seleccionado nacional de fútbol de 1978 con Ernesto en la ciudadela de Machu Picchu. (Cusco)

Ernesto al lado del Intihuatana (Machu Picchu).

a veces llueve y te quiero a veces sale el sol y te quiero

la cárcel es a veces siempre te quiero

Canto de un preso uruguayo

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En el viaje que hicimos a Macchu Picchu, nos tocó hacerlo con la selección de.fútbol nacional que había tomado el mismo tren y me tomé varias fotos con ellos.

Deleité luego mis ojos con la ciudadela inca que es grandio­ sa, imponente y que nos hace pensar en la gran sabiduría de nuestros antepasados; luego en los siguientes días, visitamos ade­ más de las ruinas ya nombradas, el Templo del Sol y la Luna, igle­ sias de estilo colonial y otros lugares hermosos construidos por nuestros antecesores. También paseamos por la ciudad del Cuz­ co que es también muy atractiva y tiene lugares acogedor&s, res­ taurantes con shows típicos; en fin, fue un viaje inolvidable. En Lima, visitaba a mis primos y mis abuelitos; mi hermana tenía -ya siete años y jugábamos ¡untos. A veces iba con mi familia a visitar a una señora muy amiga nuestra que nos quería mucho, a quien llamábamos abuela Lola. En abril de 1 980 entré al colegio a primer año de secunda­ ria y tenía varios buenos profesores y ya conocía mejor a mis com­ pañeros de clase. Ese año en mi cumpleaños me regalaron en mi casa una hermosa carabina que había mandado traer mi tío Mi­ guel de Alemania; es grande, muy bonita y precisa, fuerte y de bastante alcance. Yo practicaba todos los sábados.

Así transcurrieron los meses y finalizó el año escolar. En las vacaciones, como de costumbre viajé a Lambayeque y me pasaba todo el día cazando en la chacra con mi primo. En la chacra había bastantes lechuzas, pájaros y pericos; cazaba algunos, pero lo que deseaba era cazar zorros y palomas; sin embargo no po­ díamos acercarnos mucho a las palomas y los zorros son muy veloces y astutos. Estuve sólo el mes de enero de 1981 .

En febrero viajé con mis padres y hermana de vacaciones a lea y más específicamente a Paracas. Nos alojamos en un hotel del mismo nombre, muy bonito y desde allí hacíamos excursiones

38 a las islas Ballestas en yates grandes. Es muy emocionante ver la variedad de aves y el concierto que ofrecen los lobos marinos cuan­ do uno se va acercando a las islas. Les tomamos muchas fotos. Camino a las islas, en el mar, se ven muchas medusas y de allí se puede apreciar nítidamente en un cerro, un candelabro gigante hecho por los habitantes de la cultura Nazca según algunos y según otros, que tal vez tiene origen extraterrestre. Pasamos unos días muy bonitos en lea y luego regresamos a Lima. Como fuimos y regresamos en nuestra propia movilidad, aproveché el viaje para leer en ese transcurso Un Mundo para Julias de Bryce Echenique.

Terminadas las vacaciones regresé nuevamente al colegio al 2do. año de media. Cada año que pasaba yo estaba más adap­ tado al colegio; me sentía más a gusto conversando con mis ami­ gos, sobre todo de las actividades que habíamos realizado en las vacaciones, pero lo que más me alegraba era tener tres primos estudiando en el mismo colegio: uno en 5to. grado, otro en 2do. y otro en 4to. año de media. Me sentía'más acompañado. En el colegio todos los años hay olimpiadas y todos partici­ paban distribuidos en cuatro grupos, cada grupo con un color diferente. Yo participé todos los años, pero mi grupo siempre que­ dó en segundo o tercer lugar.

En las vacaciones de medio año viajé con toda mi familia al Calle­ jón de Huaylas. La ciudad de Huaraz es interesante, pero el mejor espec­ táculo ps el Huascarán; es un hermoso y majestuoso nevado, rodeado por otros más chicos. También fuimos a las agúas termales de Monterrey y pudimos apreciar también la desolación en que dejó a Ranrahirca un alud que destruyó ese pueblo y sólo dejó cuatro palmeras en la ciudad de Yungay que hasta ahora existen y que pudimos apreciarlas desde lejos. Fuimos también al cementerio de esta ciudad, que quedó semisepultado, por ser este cementerio de forma rara que parecía una torta de matrimo­ nio con varios pisos y encima una cruz. Fue un viaje muy interesante y aleccionador. De regreso a Lima conté a mis amigos todo lo que vi, luego seguir estudiando y esperar fin de año.

Ernesto con su mamá y hermana¿ie vacaciones en Pisco.

Ménica y Ernesto de vacaciones en el hotel Paracas. Pisco.

•»

vuelvo a un lugar que desconozco para que la vida recomience y yo sienta de nuevo sus pájaros azules en mi pecho

Alberto Caymaris

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Esas vacaciones como en todas, me divertí mucho en febre­ ro (1 982) ¡ugando carnavales con mis amigos y mojando sin tre­ gua el domingo entero y los demás días entre nosotros; llevába­ mos un globo lleno de agua en cada mano y empapábamos a todas las chicas que veíamos, pero nunca nos gustó jugar con pintura ni talco.También salíamos en grupo de unos diez en bici­ cleta para mojar aventurándonos en otros barrios.

Luego en abril volví al colegio para ingresar al 3er. año de media, se notaba cómo cambiaba un poco la forma de enseñar y me ponía a pensar que en dos años más ya me despediría del colegio, pero disfrutaba mi estancia en él, que es muy disciplinado y tiene una bonita banda de música que ha ganado muchos con­ cursos y es el orgullo del colegio. El colegio se ha hecho de más prestigio por su banda. Anteriormente cuando recién entré al colegio, me agradaba la ¡dea de ingresar a la banda y visitar muchos lugares bonitos, pero mi padre me aconsejó no entrar a la banda, pues perdería muchas horas de clase y eso no me convenía. Yo estuve de acuer­ do con mi padre y tuve que olvidarme con pena de la banda.

En las vacaciones del siguiente año (1 983), nuevamente via­ jé con toda mi familia en nuestro auto al Sur. Partimos de Lima y no paramos hasta llegar a un lugar pintoresco llamado Chala. Allí hay un hotel que está muy cerca a la playa en el que nos alojamos. Había muchos turistas, alguno eran extranjeros. Estuvi­ mos viendo la caída del Sol, luego se hizo de noche y nos fuimos a cenar y después a dormir hasta el dia siguiente. Nos levantamos muy temprano para continuar nuestra ruta hasta Tacna.

Aquí nos hospedamos en un hotel muy bonito y diariamente salíamos a pasear por la ciudad que tenía muchos atractivos como su plaza, parques, playas y su campiña. Fuimos a una playa luego de recorrer varios kilómetros. Era una playa bonita cerca a la des­ embocadura de un río; allí había casas y restaurantes, almorza­

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mos y luego nos fuimos a un pueblito llamado Calientes donde hay aguas termales y allí tomamos baños temperados.

También fuimos al mercadillo que existe en Tacna y realiza­ mos algunas pequeñas compras, luego sacamos salvoconductos y viajamos a Arica. Es una ciudad que se ve muy limpia; es una ciudad mucho más hermosa que Tacna, pero también como en todo país, tiene sus grandes contrastes: por un lado zonas residenciales y por otro un pueblo ¡oven que allá se llama "callampa". Visitamos el Morro de Arica y el museo de sitio que está bien cuidado; se ven cañones, documentos, armas, vestimentas, soldados momificados de la época, encontrados en los arenales. Fue muy interesante; desde lo alto del Morro se domina todo Arica. No nos dejaron tomar fotos en el museo, pero lo hicimos en la misma ciudad, luego volvimos a Tacna. Aquí visitamos el museo de sitio de El Alto de la Alianza, em­ plazado en el mismo escenario de la batalla. Es todo un monu­ mento impresionante; estaban terminando de construirlo, pero se ve mucho mejor que el de Arica y a unos cientos de metros hay tumbas de combatientes peruanos y bolivianos. Nuestra estadía en Tacna fue provechosa e interesante.

De regreso admiramos los verdes paisajes de Moquegua y pasamos cerca de la ciudad de Arequipa, desde donde pudimos apreciar la majestuosidad del Misti. Luego nos quedamos dos días en Nazca y desde una avioneta sobrevolamos las Pampas de Nazca apreciando las misteriosas, ancestrales y gigantescas líneas des­ cubiertas por María Reiche y que ofrecen un gran espectáculo. De allí nos fuimos a descansar a lea por unos días. Luego de este maravilloso viaje volvimos a Lima. Pasaron los meses y termi­ naron las clases. Salí de vacaciones muy contento. En enero de 1 983 viajé a Lambayeque con mi papá; estuve muy contento allí dos semanas y con la práctica que tenía pude cazar dos palomas grandes y me sentí muy feliz.

Ernesto y su familia de vacaciones en Aguas Calientes. Tacna.

es preciso lavarse los ojos para ayudar a que la realidad cambie, hay que empezar por verla.

Eduardo Galeano

Ernesto y Mónica en una playa cercana a Tacna.

Ernesto en el museo de sitio del Campo de la Alianza. Tacna.

Vengan hermanos trabajadores, Los campesinos van a pasar, Ellos nos traen la esperanza Y una bandera para triunfar. Desde los cerros y las quebradas Surge un mensaje de libertad, El mensaje de los humildes Que se han alzado para luchar

Canción de niños campesinos peruanos

Ernesto y su familia al lado de la avioneta antes de sobrevolar las líneas de Nazca.

Ernesto posando con su hermana sosteniendo un pingüino. Nazca.

48 Estando ya en Lima sucedió algo increíble, lo que menos nos imaginamos que podía pasar y ocurrió tan de repente que nadie lo podía creer. Ese hecho acabó con la alegría de toda la familia: mi pequeño primo Monolito, de apenas 6 añitos, alumno de este colegio en el anexo Confucio, mi primo más querido y cariñoso y que tan tiernamente me llamaba 'mi pimito', murió ahogado en una piscina que la YMCA tiene en La Encantada. El fatal hecho se produjo de una manera muy dable a la crítica y condena; y es que fue un descuido inadmisible de las personas que debían cuidarlo en ese paseo al que fue muy contento.

Los de la YMCA se portaron de una manera negligente y permitieron que se ahogara en una piscina de 1,20 m de profun­ didad. Mi tía estaba desconsolada, así como mi tío y mis pobres primos, pero todos los ayudábamos a que se repusieran de esta irreparable pérdida que sumió a todos en la tristeza y la rabia de no poder hacer nada contra la muerte.

Lo peor de todo fue que la YMCA hizo todo lo posible para mantener en secreto lo que había sucedido y hasta pagó a un periódico para que no divulgara la noticia. Ocurrió en la mañana del sábado 5 de febrero, justo el día de cumpleaños de mi papá, que fue el más triste que ha tenido. Luego de lo ocurrido pasaron varias semanbs en las que mi tía que era la más afectada, fue mejorando algo, nunca olvidaremos a Monolito, que fue muy feliz durante los seis años que estuvo con nosotros". Ernesto visitó también en uno de sus viajes de vacaciones en compañía de sus padres y su hermana, la ciudad de Iquitos y navegó por el río Amazonas hasta un albergue en el interior de la selva. ">

Ernesto y Ménica posando a las orillas de un afluente del río Amazonas y con un poblador de la zona. Iquitos.

Déjate atravesar por la realidad Y que ella grite en tu cabeza Porque es muy malo pasar Por un costado de la historia ésta

León Gieco

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SU SENSIBILIDAD Ernesto participó también en su colegio de secundaria en algunos eventos de teatro, pintura y concursos de literatura. Cuan­ do tenía 1 4 años ganó el concurso de su colegio de la mejor carta sobre el "Día de la Madre", cuyo texto es el siguiente: Querida madre:

Este es un gran momento, me siento muy alegre y un regocijo grande invade mis pensamientos al imaginar que el domingo ocho, estarás leyendo esta carta, que es más que eso, pues en ella expreso mis más bellos pensamientos para ti, que nunca te has alejado de mí, y nunca han brotado de tus labios palabras como: es­ pera un momento, más tarde será, u otras, cuando yo te llamaba o te necesitaba. Esta es mi respuesta a los catorce años de cuidados, consejos y amor que me has brindado, por la única razón de ser yo tu hijo. Por eso te digo que te quiero con todo el corazón, que te quiero más que a nadie en esta tierra y te protegeré siempre, como tú me has protegido desde que nací. Esta carta es también una disculpa por todos esos mo­ mentos en que no te hice caso, en que no fui un buen hijo, que no cumplí como tal; pues fui egoísta y no pen­ sé mucho en tí. Pero nunca dejaré de ser tu hijo y por lo tanto no ocurrirá ya lo mismo, y la paz y el amor serán cada vez mayores en el hogar, donde nos esperan mi padre y mi hermana, con quienes formamos nuestra hermosa familia, contigo como reina de ella.

Te adora y recuerda tu hijo

Ernesto

52 Terminó su secundaria el año 1984 e ingresó a la Universi­ dad Católica de Lima al año siguiente con la idea de estudiar Economía, pero a medida que avanzaban sus semestres fue des­ encantándose de esta carrera porque no se adaptaba a sus cua­ lidades personales de relacionarse más cercanamente con la gente, por lo que en 1 987 decidió cambiarse a la Facultad de Sociología

de la misma universidad. Este cambio de carrera lo entusiasmó y lo condujo a la lectura de obras de diferentes ideologías, teorías muchas veces opuestas a las que oficialmente el plan de estudios de esa universidad infunde como base de formación profesional. Era normal en él aparecerse con libros que adqui­ ría en diferentes lugares, con su sonrisa de satisfacción, la que se transfor­

maba después en largas ¡ornadas de lectura. Desde que terminó sus estudios secundarios en la escuela, Ernesto se conducía con suficiente libertad; sabía organizar las diversas actividades que fue asumiendo o la par de sus estudios universitarios, de manera que era un muchacho muy ocupado.

En el momento de su detención-desaparición, aparte de lle­ var los cursos de su Facultad, estudiaba el idioma francés en la Alianza Francesa, era profesor de matemáticas en el Instituto Su­ perior de Estudios Teológicos Juan XXIII (ISET) de Pueblo Libre y se encontraba aplicando un cuestionario de investigación sobre las condiciones económico-sociales en los pueblos jóvenes. Pero tam­ bién sabía darse tiempo para hacer deporte, principalmente fút­ bol o natación, practicar guitarra e ir una que otra vez a una fiesta

con sus amigos. El sentido de responsabilidad fue siempre en Ernesto un as­ pecto destacadle de su carácter: en el barrio, en la escuela, en su trabajo, en sus estudios. Asumía sus compromisos con pasión. Lo que más le dolía era que lo engañaran. No era de mucho llorar. Ante una situación trágica guardaba silencio, pero ante el enga­ ño, el abuso, alguna vez las lágrimas humedecieron sus ojos.

53 Escogió Sociología y se conectó con una realidad incomprendida, donde el sufrimiento humano lo conmovió. Mu­ chas veces cuando cenábamos en casa nos describía las condi­ ciones miserables en que mucha gente vivía en los barrios popula­ res que visitaba como parte de sus estudios universitarios y se in­ dignaba. La pequeña ayuda tomada de las provisiones de nuestra casa y que Ernesto les llevaba, no era de ninguna manera una solución a tan grave problema, pero por lo menos era un momen­ to tan grato para él compartirlo con ellos. Ernesto evolucionó muy rápidamente a partir de su vidp uni­ versitaria respecto de su independencia y libertad de pensa­

miento. Estudiaba y leía lo que le parecía más importante para en­ contrar respuestas explicatorias realistas y objetivas a los proble­ mas sociales que desde su condición de estudiante le eran palpa­ bles y visibles, a tal punto que su atención e interés por varios de los cursos de su carrera en los últimos años disminuyó notoria­ mente con el resultado negativo de sus calificaciones oficiales. A sus 22 años, Ernesto se encontraba en un punto de reevaluación de lo que realmente quería ser y dirigir sus estudios hacia esa nueva orientación, pero el terrorismo de Estado le segó su vida.

CAPITULO II SU DESAPARICIÓN

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Aún suenan en mis oídos sus palabras de nuestra última conversación, sin imaginarme que ya nunca más lo volveríamos a ver , cuando aún tenía 22 años de edad. Simplemente me dijo: "Papá no te preocupes, te volveré a llamar para avisarte a qué hora llegaré a casa".

Ernesto era un muchacho que sabía ser reservado cuando eso era lo correcto, pero también era muy abierto con sus padres. Gozábamos de una confianza mutua enorme y él tenía plena li­ bertad en la conducción de su vida y de sus actos. El centro de sus actividades universitarias no era solamente el salón de clase y demás ambientes de la universidad, sino tam­ bién el contacto permanente con la realidad diaria de la pobla­ ción en los asentamientos humanos (barriadas) que rodean Lima, casi en su totalidad gente pobre y muy pobre. La Sociología era para él investigar las causas reales de la pobreza desde dentro y ¡unto a los que la sufren. Se encontraba en plena etapa de forma­

ción, con la impetuosidad propia de su juventud de intentar cono­ cer más a fondo la realidad de la sociedad en que vivía. Para él los textos oficiales para aprobar las materias de la carrera, eran nada más que referenciales y por ello consultaba todas las fuentes posibles. Eran frecuentes sus largas lecturas hasta más allá de la medianoche.

En sus estudios universitarios, sus puntos de vista no se re­ gían por el criterio oficial o rector del curso, y mantenía sus discre­ pancias así le costase la desaprobación oficial.

OPERATIVO POLICIAL LO DETIENE Un domingo 21 de octubre de 1 990 a las siete y media de la mañana, salió Ernesto de su casa hacia el pueblo ¡oven Villa El Salvador. Por ese tiempo se encontraba conformando un cuestio-

Ernesto en una sesión de sus lecturas en la sala de su casa.

La casa de mi amigo no era grande, era pequeña En casa de mi amigo había alegría y flores en la puerta A todos ayudaba en su trabajo, sus obras eran rectas Mi amigo nunca quiso mal a nadie, llevaba nuestras penas Mi amigo nunca tuvo nada suyo, sus cosas eran nuestras Algunos no quisieron a mi amigo, lo echaron de la tierra Su ausencia la lloraron los humildes, penosa fue su ausencia La casa de mi amigo se hizo grande y entraba gente en ella

Ricardo Cantalapiedra

59 nario para una encuesta de investigación propia en los sectores populares que rodean Lima sobre cómo repercutía el inhumano shock económico implantado por el japonés Fujimori, como ex­ presión primera de su total inescrupulosidad de la que tampoco se exculpan los llamados "tecnócratas" como Hurtado Miller, Boloña y tantos otros más de la mafia fujimontesinista. Ese domingo era precisamente el cumpleaños de su herma­ na menor, Mónica (ellos son nuestros dos únicos hijos) que cum­ plía 1 8 años y se encontraba estudiando la carrera de Ingeniería Informática, en la misma universidad en la que estudiaba Ernesto. Para ese día ella había organizado una pequeña fiesta en nuestra casa, temprano por la noche, y se esperaba que Ernesto regresa­ se antes para ayudar en los preparativos y recibir al pequeño gru­ po de-invitados. Pero Ernesto no llegaba. En un primer momento pensamos que por encontrarse en una zona muy alejada de don­ de vivimos y por razones de su trabajo de investigación, se habría retrasado, pero eran ya las nueve de la noche y Ernesto no llegaba.

Era costumbre en él llamar siempre por teléfono desde don­ de se encontrase para avisar a qué hora llegaría a casa y no pre­ ocuparnos, pero esta vez no hizo tal llamada. Es entonces que empezamos a impacientarnos y decidimos llamar por teléfono a diversas casas de nuestros familiares y algunos amigos de él para poder ubicarlo, pero no se encontraba en ninguna de ellas. Por un noticiario de la televisión en la noche, nos enteramos que en el distrito de Villa El Salvador se había producido una manifestación política de Sendero Luminoso y que la policía nacional había inter­ venido en su disolución logrando capturar a varias personas, sin dar razón de sus nombres. En octubre de 1 990 acercarse de noche solo y de civil a un local policial a indagar por un detenido era correr el riesgo de que la policía le dispare a uno y justifique su crimen con el argumento de haber sido confundido por un terrorista en actitud sospechosa

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de ataque. Entonces empezamos a llamar a algunos amigos polí­ ticos o con cargos en la administración pública para preguntarles sobre el qué hacer frente a esta situación. De pronto a las 1 1 de la noche entró una llamada telefónica que la tomó Carmen Rosa, la madre de Ernesto, y escuchó que alguien sin identificarse le dijo: "Señora, Ernesto ha sido detenido esta mañana por la Policía en Villa El Salvador" y luego cortó sin opción a preguntarle más

detalles. Quisimos entonces salir de inmediato a ubicarlo, pero un amigo excongresista nos dijo que si estaba en manos de la poli­ cía, lo más aconsejable era esperar el día siguiente e ir a indagar inmediatamente a la DIRCOTE (Dirección Contra el Terrorismo), entidad central policial que controla todas las detenciones en ope­ raciones policiales contra las manifestaciones políticas. A la me­ dia noche en ningún local policial nos recibirían y más bien nos podían detener. Entonces tuvimos que resignarnos a esperar has­

ta el día siguiente.

NOCHES DE MALOS PRESAGIOS Era imposible tanto para Carmen Rosa como para mí poder conciliar el sueño. Un cúmulo de temores se atropella­ ban en nuestras mentes y nuestra imaginación se llenaba de tenebrosas y espeluznantes escenas en las que veíamos a nues­ tro querido hijo ser víctima de las más terribles y crueles tortu­ ras que nos angustiaban intensamente por el sufrimiento enor­ me que padecía. De pronto sentí un dolor intensísimo en la rodilla de una de mis piernas que me obligó a levantarme y a aplicarme masajes por un buen rato, mientras Rosa experi­ mentaba que su corazón se le partía en mil pedazos y también un dolor agudo en su pecho. Casi no pudimos dormir pen­ dientes de que se hiciese la luz del nuevo día.

6 I

INDAGACIÓN EN LA DIRCOTE Apenas aclaró el día empezamos a hacer todos los prepara­ tivos para ir a la Dircote y poder ver a Ernesto, proveerle de todo lo que necesitase, ropa, comida, medicinas, ya que se encontra­ ba tratándose de un proceso inicial de sinusitis atendido por el médico Lauro Astocóndor Solazar, y sobre todo pedir su libertad inmediata. Desde muy temprano empezamos a llamar a diversos ami­ gos nuestros y a nuestros familiares más cercanos, llegando de este modo a contactar con un ex diputado, Tony Valer, familiar­ mente vinculado a una de mis cuñadas, quien con la mayor dili­ gencia prometió acompañarnos ante la Dircote para inquirir por Ernesto. Resulta que el horario de atención al público de esta sede policial empezaba a las 4.00 de la tarde, de modo que tuvimos que contener nuestra ansiedad durante la mayor parte del día. Llegado el momento del ingreso a la Dircote, nos encontrábamos ya acompañados de Tony Valer, quien a su vez había logrado que se nos uniera en esta delicada misión familiar el diputado en fun­ ciones, Sr. Bernardo Dolmos Bengoa.

Nosotros íbamos con la certeza de que Ernesto se encontra­ ba detenido en alguno de los locales de la policía, y lo que más ansiábamos era poder verlo, darle todo nuestro apoyo para obte­ ner su libertad inmediata. Nos presentamos como los padres de Ernesto y los amigos con la mención de lo que representaban. Ya frente a los policías que atendían al público, nos presentamos to­ dos e hicimos un minucioso detalle sobre la búsqueda de Ernesto que el día anterior se hallaba en Villa El Salvadory aún no llegaba a casa ni se había comunicado con nosotros, como era siempre su costumbre, pero que habíamos recibido una llamada informán­ donos que fue detenido en ese distrito por la policía y nada más.

El ex diputado Valer hizo una breve alocución a los oficiales policiales superiores de turno, sobre la seriedad y la responsabili­

62 dad que la policía debe mostrar en todo momento por la seguri­ dad y respeto de los derechos de toda persona detenida, por lo que debían proporcionar toda la información sobre la situación de Ernesto a sus padres allí presentes. Los policías empezaron a buscar en sus registros el nombre de Ernesto Castillo sin darnos una respuesta inmediata, haciéndonos esperar, mien­ tras consultaban probablemente con sus superiores al interior de sus oficinas.

El tiempo de espera se prolongaba más de lo necesario y esa actitud nos puso nerviosos; finalmente nos llamaron para decir­ nos que el nombre de Ernesto Castillo no se encontraba en la lista de detenidos de la Dircote ni tampoco figuraba en la de la Comi­ saría de Villa El Salvador donde se les dijo que había sido deteni­ do. Sin embargo nos recomendaron que también fuéramos a pre­ guntar a Seguridad del Estado, que es otra dependencia policial que lleva su propio registro de detenidos y cuyas oficinas se en­ contraban en el mismo local.

Ya desde ese momento empezamos a hacernos mil pregun­ tas mentalmente de cómo era posible que en la oficina central policial que controla las detenciones, no estuviera registrado el nombre de Ernesto. Aparecieron nuestros primeros temores por su vida. De todos modos continuamos conservando nuestras es­ peranzas en la firme creencia de que tal vez se encontraría en la otra sección policial y todos estos sombríos presentimientos que­ darían relegados a ese estado de angustia acumulada que nos induce a pensar en lo peor cuando se está frente a una tensa expectativa de encontrar con vida a un ser tan querido, como lo

es Ernesto, nuestro hijo. Otra vez el mismo preámbulo; el período de espera que nos parecía inte’rminable, para recibir nuevamente la misma negativa respuesta, con el añadido del encargado de que recién eran 24 horas de desaparición y que los muchachos de esa edad a veces se van con alguna muchacha y luego de algunos días reaparecen

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muy contentos. Obviamente un comentario fuera de contexto que lejos de aminorar nuestra terrible tensión, al contrario la exacerbó.

Ante este desalentador resultado, hicimos un rápido análisis con el aporte principal de ambos diputados con alguna experien­ cia en estos casos. Se determinó solicitar inmediatamente para el día siguiente una reunión oficial con el ¡efe de la Dircote, general PNP-Policía Nacional del Perú-(ex-PIP-Policía de Investigaciones del Perú) Enrique Oblitas Jaén. Para este efecto el Dr. Valer inten­ taría comprometer la participación del diputado Jorge Maldonado Chirinos, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Huma­ nos de la Cámara de Diputados. Desde luego que este primer resultado no nos convenció. Nosotros conocíamos muy bien a Ernesto y jamás haría algo tan irresponsable de causarnos tanta preocupación: él siempre avisa­ ba a casa si tenía que llegar tarde por cualquier razón.

ABOGADO DE EMERGENCIA EN BUSCA DE ERNESTO A la salida de la Dircote nos encontramos con otras perso­ nas que buscaban también a sus familiares detenidos por la poli­ cía. Y tomamos en ese momento, aparte de la reunión con el ¡efe de la Dircote para el día siguiente, la iniciativa familiar de buscar de inmediato un abogado con experiencia en estos casos graves que estuviera dispuesto a hacer un recorrido, por más tarde que fuera, a todas las dependencias policiales del Cono Sur de Lima en busca de la ubicación de Ernesto. Preguntamos a esas perso­ nas si conocían a alguno con esta disposición, y nos señalaron a alguien que se encontraba allí presente, resultando ser el Dr. Adriel Buleje Castillo. Nos pusimos inmediatamente en contacto con él, le expuse la situación, para nosotros de extremo peligro para la vida de núes-

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tro hijo. Aceptó con mucho disposición el servicio solicitado y nos pusimos en marcha rápidamente con el automóvil de la familia, cuando ya eran casi las ocho de la noche. Llegamos a las Comisarías de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, inclusive a la Estación Técnica de Villa El Salvador; en todas ellas el Dr. Buleje solicitó ver el regis­ tro de detenidos y preguntaba si Ernesto se encontraba detenido. Las respuestas siempre fueron las mismas: No ha sido detenida aquí ninguna persona con ese nombre.

Ya avanzada la noche regresamos a Lima, nuevamente sin obtener pista alguna sobre el destino de Ernesto. Quedamos con el Dr. Buleje en seguir manteniendo el contacto y convinimos en que nos daría el apoyo legal requerido según el desarrollo de los

acontecimientos. Al llegar a la casa encontré a Carmen Rosa muy abatida, sumamente entristecida por la ausencia e incertidumbre de nues­ tro tan querido hijo. Empezamos a imaginar que tal vez había sufrido crueles torturas que le habrían causado serios daños físi­ cos ante los cuales la policía no quería asumir responsabilidades y por eso quizás querían que mejorase su estado para poder admi­ tir su detención. Una probabilidad que por más terrible que nos pareciera, de todos modos era deseable a que nos dijeran que estaba muerto. Pero esa suposición nos golpeó la más íntima sen­ sibilidad y las lágrimas por primera vez presintieron una desgracia a la que nos resistíamos siquiera imaginar.

EL ESPERADO ENCUENTRO CON EL JEFE DE LA DIRCOTE Desde muy temprano el martes 23 de octubre de 1990 em­ pezamos a hacer un recuento de todas las gestiones que había­ mos realizado y qué preguntas puntuales deberíamos hacerle al

65 Jefe de la Dircote. Pensamos que con la presencia del diputado Jorge Maldonado Chirinos, miembro de la Comisión indicada y de el ex diputado Tany Valer, el Jefe de la Dircote por fin nos diría dónde estaba Ernesto, su estado de salud y hasta podríamos ob­ tener la autorización de reunirnos con él. Como siempre, estuvimos toda la comitiva integrada por el padre de Ernesto y los diputados antes mencionados a la hora señalada, alrededor de las seis de la tarde. Ingresamos a la oficina del general PNP Oblitas, que ya se encontraba presente, y resultó que se conocía con el ex diputado Valer, por las gestiones que como congresista realizó en su anterior mandato. *

Pasados los saludos cordiales y las presentaciones, entra­ mos de lleno al tema. Se le hizo una exposición lo más precisa posible sobre lo sucedido con Ernesto y se le solicitó que como Jefe de ese organismo policial, determinase por fin desvelar el pa­ radero de Ernesto y permitiese el reencuentro con su padre allí presente. Su respuesta fue que al instante ordenaría se establezca contacto telefónico con los jefes policiales superiores de todas las comisarías del Cono Sur de Lima a fin de obtener la información sobre la detención de Ernesto. Transcurrió un tenso momento du­ rante el cual el general Oblitas y los diputados intercambiaron opiniones sobre la situación política y económica del país y los problemas que generaba. De pronto sonó el teléfono y escuchó en silencio el general Oblitas lo que le informaban. Su rostro no expresaba nada. Luego que terminó de escuchar, colgó el teléfono y dirigiéndose a los diputados les dijo que a la Dircote no había llegado ningún dete­ nido con el nombre de Ernesto Castillo y que tampoco había sido detenido por ninguna Comisaría del Cono Sur. Entonces el Dr. Valer le recomendó al diputado Maldonado que plantease al ge­ neral Oblitas nos permitiera ingresar a las celdas de la Dircote para ver a los que habían sido detenidos en Villa El Salvador el mismo día en que desapareció Ernesto y que se encontraban en

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este local, para poder disipar cualquier error de identificación que pudiese haberse producido. Pero también, pensamos en nuestro fuero interno, que esos detenidos podrían aportar algún dato que confirmara la detención de Ernesto por la policía. La propuesta era muy lógica, muy propia de quienes asu­ men una responsabilidad de cumplir una misión encomendada a una Comisión defensora de los derechos humanos de un poder del Estado de tanta importancia como el Congreso de la Repúbli­ ca. La propuesta sorprendió al general, pero manifestó que de su parte no existía inconveniente, sólo que antes tenía que consultar con un asesor del área legal de la Dircote. En efecto, hizo llamar a tal personaje, quien se presentó de inmediato. Se trataba de un abogado asimilado con grado de Coronel PNP, apellidado Díaz. Parece que estaba preparado para esta eventualidad y de frente, en tono altanero, se negó de plano a que se cumpliese con esta demanda. Apeló a una retahila de

argumentos legales, con mención de leyes y artículos, que no per­ mitían, según este policía, la interrupción de las tareas de investi­ gación de este organismo policial.

El diputado Maldonado dejó que Díaz terminase su perorata y respondió en tono sosegado, expresando su extrañeza por esa reacción que estaba fuera de lugar y con serenidad expuso que lo que él había planteado no atentaba contra ningún principio, nor­ ma o regla, y que además, quien planteaba este pedido, no era una persona particular cualquiera, sino un representante del Con­ greso, para mejor señal, miembro de una Comisión que precisa­ mente se ocupa de estos casos y que tiene facultad para proponer

estas exigencias en situaciones de emergencia.

Parece que esta elemental y básica explicación enfureció al hombrecillo, al punto que el General tuvo que cortarlo agrade­ ciéndole su intervención que luego se retiró. En seguida, obvia­ mente Oblitas amparado en tal argumentación de su subalterno,

67 dijo que tendría que hacer otras consultas para no cometer faltas en el ejercicio de su función, y con esta indefinida promesa nos retiramos todos. Esta oposición del policía a que el diputado ingresara a vera los detenidos en proceso de investigación (hablemos con propie­ dad, sujetos a interrogatorios mediante crueles torturas) dejaba en todos nosotros serias dudas, y nuestra ansiedad, incertidumbre e impotencia, dominaban nuestro espíritu. El diputado Maldonado sugirió que el próximo paso tendría que ser el de ejer­ cer presión sobre el ministro del Interior a través de la Cámara de Diputados, denunciando la detención-desaparición de Ernesto, para que dé un informe sobre su paradero. Luego de esta reunión, se hizo más fuerte en nosotros, sus padres y familiares muy allegados a Ernesto, el temor de que la policía le había causado a Ernesto daños muy graves que podían poner en peligro su vida. De ahí su negativa a re­ conocer su detención. Tal conclusión nos sumió en una profun­ da tristeza y ambos lloramos amargamente por él, lo recordába­ mos en tantos momentos en que éramos realmente muy felices y que nos sentíamos muy orgullosos de él.

MANTENER LA SERENIDAD En la medida que la detención policial de Ernesto no era reconocida por esa institución y se desconocía su paradero, nues­ tra preocupación se fue extendiendo a nuestros familiares, ve­ cinos del barrio en el que vivíamos, amigos nuestros y de Er­ nesto, sus compañeros de estudios del colegio y de la universi­ dad, sus alumnos del instituto en el que trabajaba, etc., quie­ nes lo conocían como un muchacho serio, respetuoso, dis­ puesto siempre a ayudar, dedicado al estudio, el deporte y el arte. De todos ellos recibíamos muestras de apoyo y ofreci­ mientos de colaboración.

7Q

que Iguíñez no era capitán sino teniente y que había verificado su nombre, que al llamarlo frente a un grupo de detenidos, uno de ellos se había identificado como Ernesto Castillo, parándose y asintiendo ser él. Esto nos desconcertó. Le pedí al amigo que me presentara al policía o, en caso contrario, que reingresara nueva­ mente a verlo y le entregase una nota mía. No hubo respuesta inmediata, fueron pasando los días y al final no quiso comprome­ terse más.

C) Detenido en dependencia secreta

Por último la historia más alucinante. Un universitario fami­ liar mío que conoció a Ernesto desde niño, tenía relaciones de amistad con una estudiante también sanmarquina que resultó ser una agente policial solapada. Al enterarse esta mujer de la vincu­ lación familiar con Ernesto, le prometió realizar las averiguacio­ nes en su entorno, incluyendo la visita a uno de sus familiares (policía o militar)con responsabilidad en un aparato secreto del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), extrayendo la siguiente in­ formación: Ernesto se encuentra detenido en una dependencia secreta que procesa severamente a los sospechosos de militando activa en los grupos subversivos Sendero o MRTA, por seguimientos que realizan sus propios agentes. Decía que ella había tenido acceso a los archivos de todos los que habían pasado por allí, visto algu­ nos videos de cómo los torturan para sacarles información y de­ nuncien a otros; que todos ellos se encuentran en un determina­ do lugar no por mucho tiempo y luego los trasladan a una celda secreta en la cárcel de Lurigancho donde los mantienen en espera para ser llevados a lea (ciudad del sur del Perú cercana a Lima) en la que también existe una prisión aislada secreta. Desde aquí los embarcan en aviones que parten de la base aérea militar de Pis­ co, muy cercana a lea, hacia la selva donde los hacen desapare­ cer sin dejar rastros de nada. Finalmente agregaba que ella había

7 I visto a Ernesto en un video donde en los interrogatorios había negado todo, manteniéndose siempre en esa actitud, pero que iba a ser trasladado de todos modos a la celda de espera en el centro penitenciario de Lima.

Pero, ¿cuál era la posibilidad de salvarlo? A esto ella respon­ día que en lea existía una oficina donde se encontraban los fólderes (archivos) con los datos de cada uno de los que llegaban a esa base secreta , y era una persona de mucha importancia quien solucionaba los casos o elegía las fechas de cuándo estos deteni­ dos debían ser trasladados a la selva. El asunto era que en esa organización existía una lucha interna por celos en llegar al pues­ to de este siniestro individuo con un gran poder de decisión sobre la vida de los secuestrados y que era odiado incluso por la gente de su -entorno. Según esta policía, había otra persona que debía reempla­ zarlo si al actual responsable le pasaba algo, y que de producirse el caso, se haría un acuerdo superrápido para liberar a Ernesto, entregándonoslo, salvándole de esta manera la vida, pero que deberíamos mantenerlo oculto y sacarlo al extranjero. La condi­ ción era que se debía eliminar al tal elemento. Nos dio toda la información, dirección, fotografía del individuo, y una vez que los supuestos encargados de eliminarlo se presentasen en lea, recibi­ rían las llaves de la oficina respectiva. Nuestra desesperación e impaciencia eran muy visibles, pero no por eso debíamos perder el tino y caer en una trampa tan estúpida. Dejamos entonces que se nos expusiera el plan hasta el final para conocerlo en su totalidad, después de lo cual lo recha­ zamos de plano y la creencia de ella (o ellos) de llevarse a cabo se diluyó con el paso de los días marcados por nuestro silencio.

Sin embargo, en circunstancias de tener aunque sea una mínima posibilidad de rescatar con vida a un ser querido, quisi­ mos estar seguros de la verosimilitud de esta versión y consulta­

72 mos a algunos amigos allegados a militares de confianza (aun­ que no hay ni suficiente ni absoluta seguridad en esto) y en priva­ do se nos contestó que eso era inexistente. Pero nosotros queríamos cerciorarnos bien para descartar totalmente esta posibilidad, para lo cual nos entrevistamos con un ex director de prisiones, amigo de confianza de un amigo nuestro, y nos garantizó la imposibilidad de la existencia de celdas supersecretas con control extrapenitenciario.. Desechamos para siempre esta versión, pero no dejamos de pensar en ello por un cierto tiempo, bajo la presun­ ción de que las dictaduras militares en la historia de nuestro país han realizado los crímenes más atroces y sanguinarios por mantenerse en el poder. De ahí las frases célebres de nuestro insigne historiador de la épo­ ca republicana, Jorge Basadre: "Cuando lean mi Historia de la Repúbli­ ca, adivinen una lágrima debajo de cada letra, porque no es fácil escribir la historia de un país tan trágico como el nuestro".

PERO NO APARECE El miércoles 24 de octubre nos sentíamos muy desconcerta­ dos, extrañábamos tanto a Ernesto, pero aferrados siempre a la permanente ¡dea de que se encontraba con vida en algún rin­ cón policial, porque de esta convicción aún no habíamos du­ dado. No obstante, pensamos que deberíamos ponernos en todos los casos de una terrible realidad saturada de violacio­ nes de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas re­ presivas del Estado que a todos nos amenazaba y decidimos iniciar su búsqueda en hospitales y morgues de Lima, Callao y otros lugares donde existieran, encargando a algunos amigos y familiares médicos que verificaran siempre los registros en esas entidades. El resultado fue negativo.

Si bien es cierto que esto nos alivió porque descartamos un desenlace que no lo deseábamos por nada del mundo, pero nuestro drama se hacía más intenso, cercano a la desesperación.

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USO DE LA VÍA JUDICIAL Era ya ¡ueves del 25 de octubre de 1 990. Ante el fracaso de nuestra intensa búsqueda a través de todos los medios directos a nuestro alcance para encontrara Ernesto, quien con toda segu­ ridad había sido detenido por la policía, consultamos con el abogado con quien recorrimos al día siguiente de su desapari­ ción todas las instalaciones policiales del cono sur preguntan­ do por Ernesto, sobre la necesidad inmediata de pedir judiciaImente garantías por el respeto a la vida de Ernesto. Procedi­ mos a analizar todas las circunstancias, hechos y gestiones de nuestras actuaciones y la principal conclusión fue que los máxi­ mos responsables de que Ernesto no fuera mostrado por la poli­ cía, eran, aparte de los jefes máximos de la Policía Nacional, el ministro de quien dependen, o sea, el del Interior.

PRESENTACION DE UN HÁBEAS CORPUS En efecto, preparamos de inmediato el recurso de hábeas corpus en favor de la protección de la vida de Ernesto, contra: - El Ministro del Interior, Gral EP Adolfo Alvarado Fournier; - el Jefe de la Policía Nacional, Gral. PNP-PG Víctor Manuel Alva Plasencia; - el Jefe de la Dircote, Gral. PNP Enrique Oblitas Jaén.

Pero cometimos el error de no incluir en el hábeas corpus, al ¡efe policial más comprometido con la detención-desaparición de Ernesto, posesionado en ese entonces del máximo cargo policial, el de Director Superior de la Policía Nacional, Tnte. Gral. PNP-PG Adolfo Cuba y Escobedo, cuyo despacho funcionaba en el mismo Ministerio del Interior.

Alrededor de las tres de la tarde de este mismo día, 25 de octubre, con el documento del hábeas corpus ya listo, nos dirigí-

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Encubridor de la detención desaparición de Ernesto. Tnte. Gral PNP Adolfo Cuba y Escobedo. ex Director Superior de la PNP

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Principal denunciado en el habeos Corpus, general EP Adolfo Alvarado Fournier

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mos al Palacio de Justicia de Lima a presentarlo ante el ¡uez de turno. Llegamos a un Juzgado de Instrucción abierto pero el ¡uez no se encontraba en ese momento en su sitio y lo esperamos un buen rato. Se trataba de una ¡ueza de la que desgraciadamente no recuerdo su nombre. Apenas apareció se le acercó el Dr. Buleje y le mostró el hábeas Corpus; la ¡ueza lo tomó y no bien leyó las líneas principales se lo devolvió como despavorida diciéndole: "Ah no, de esto yo no me hago cargo. Prefiero renunciar". Y siguió de largo hacia el interior de su oficina. La determinación de la tal mujer fue tan expresiva que no nos quedó más alternativa que correr a buscar otro juzgado de turno en vista de que ya eran más de' las cuatro de la tarde y si encontrábamos otro ¡uez con Id*mis­

ma actitud íbamos a tener un problema muy serio y tal vez a en­ trar en una situación desesperada. Finalmente encontramos otro juzgado de turno abierto y con el ¡uez atendiendo en su lugar. Nos presentamos, anunciamos el motivo de nuestra solicitud de hablar con el ¡uez, que resultó ser también otra mujer. Entregamos a un ayudante el documento adjuntando la partida de nacimiento y una fotografía reciente en blanco y negro tamaño pasaporte de Ernesto y lo llevó al interior donde estaba despachando la jueza, luego retornó para decirnos que la ¡ueza nos iba a atender y que esperáramos un momento.

Efectivamente, nos hicieron pasar y luego nos recibió la se­ ñorita ¡ueza doctora Elva Greta Minaya Calle, del 24 Juzgado de Instrucción de Lima. Le explicamos la gravedad del caso y sin dila­ ción alguna admitió el recurso de hábeas corpus (H.C.), diciendo: "no se preocupe Sr. Castillo que a este muchacho lo vamos a recuperar. Hoy mismo apenas termine mis labores de oficina, nos iremos a la Dircote y lo buscaré en las mismas celdas". Intercambiamos con el Dr. Buleje una mirada de asombro y de alegría y luego respondí a la Dra. Minaya que "de mi parte conta­ ba con toda mi colaboración para acompañarla a todos los luga­ res donde ella y su personal de apoyo del juzgado quisiesen ir y que ponía a su entera disposición el auto de la familia".

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Por fin una autoridad consciente, que te da aliento, que re­ sucita tu optimismo y hace que recuperes las esperanzas de lo­ grar lo tan ansiado, con la garantía de su eficiencia profesional y sentido de responsabilidad. Mientras esperaba que la doctora me indicase el momento de partir, empecé a imaginar a mi hijo con las terribles secuelas de quien es brutalmente torturado con la bestialidad maquiavélica de los que son "profesionalmente" preparados para causar el mayor daño corporal, moral y psíquico posible. Pero obtendría­ mos la inmensa e indescriptible alegría de tenerlo nuevamente con nosotros y ayudarlo con todo lo que sea necesario para que se restablezca y recupere nuevamente su vitalidad interior y exterior que siempre demostró tener.

CON LA JUEZA EN LA DIRCOTE Cerca de las ocho de la noche llegamos en el auto al local central de la Dircote en la avenida España (Lima). Transpusimos primero los controles exteriores e ingresamos a la zona interior de aparcamiento. Sólo permitieron que la jueza, su asistente y el abo­ gado ingresaran a la Oficina del Jefe de la Dircote, para quien suponemos fue una sorpresa la presencia de la señorita jueza con el H.C. en la mano dispuesta a ejercer las funciones inherentes a su cargo y a su autoridad. El ¡efe de la Dircote, desde luego, sostuvo su inicial posición de desconocer la presencia de Ernesto en su dependencia. Esta vez no pudo oponerse al ingreso de la Jueza a los calabozos, pero sólo a ella sin la presencia de nuestro abogado. Pidió que le abrie­ ran todas las celdas por donde la llevaron y a cada uno de los detenidos les fue preguntando sus nombres y nadie respondió por los de Ernesto e igualmente confrontaba sus rostros con el de la fotografía de Ernesto y nadie se le parecía, tampoco nadie mani­ festó conocerlo cuando les fue mostrada su foto.

Refiere la doctora que en uno de esos terroríficos recintos carcelarios, encontró en plena sesión de "interrogatorio" (eufe­ mismo policial por aplicación de tortura) a varios jóvenes, en un estado de postración calamitosa, adoloridos y taciturnos, que por primera vez se enfrentaban a esa inhumana experiencia. La doc­ tora no pudo contener su indignación, increpándole a los torturadores por la realización de esos prohibidos maltratos; que tuviesen en cuenta que también ellos tienen familia. Cerca de las 10 de la noche salieron todos los de la comitiva y la doctora Minaya se adelantó para decirme que entre los varios detenidos en las celdas que le han permitido ver, ningún mucha­ cho respondió por el nombre de Ernesto y tampoco ninguno tiene parecido con su fotografía.

SE ESFUMAN LAS ESPERANZAS Otra vez se derrumbaban nuestras esperanzas. Pero la doc­ tora agregó a su vez, "esto no termina aquí; investigaremos en otros lugares, en alguno de ellos tendrá que aparecer". Nos cita­ ron para el día siguiente e ir nuevamente con la jueza a otras dependencias policiales del cono sur donde se nos informó que Ernesto fue detenido por la policía sin precisión del lugar ni otros pormenores. De regreso a casa me asaltaron presentimientos de que tal vez habría perdido para siempre a mi querido hijo y eso sería la más grande e irreparable desgracia para mí, para su madre a quien tanto quería, y su hermana. No podía aceptarlo, aunque mis ojos se llenaran de lágrimas y el desconsuelo se apoderase de mí. Más tarde, en la intimidad de nuestro hogar, reunida la fami­ lia y los parientes que nos apoyaban y colaboraban en la búsque­ da de Ernesto, la noticia de que la jueza no encontró a Ernesto entre los encarcelados en la Dircote, nos enmudeció y un senti­ miento de decepción, de angustia y de tristeza al borde del llanto

78 nos sacudió. Sin embargo, se renovaron nuestras esperanzas alen­ tados por la firme decisión de la doctora Minaya en proseguir las investigaciones para dar con Ernesto en los locales policiales de la

zona donde Ernesto fue detenido.

DENUNCIA DEL CASO A LA PRENSA Al día siguiente, viernes 26 de octubre de 1 990, desde muy temprano, mi familia y nuestros amigos decidimos hacer pública la denuncia de la detención-desaparición de Ernesto. Llamamos a todos los periódicos, pero nos dimos cuenta que no teníamos la foto más reciente de él. La más próxima era de hacía dos años, en blanco y negro y estaba sin lentes que él usaba últimamente debido a su miopía. Le habíamos tomado una foto a colores pre­ cisamente el día anterior a su desaparición y el rollo se encontra­ ba inconcluso todavía dentro de la cámara con tomas desde prin­ cipio de año. Lo enviamos a desarrollar y dada la urgencia entre­ gamos a la prensa la foto algo desactualizada. Se llamó a los diarios La República, El Comercio,Expreso. El Nacional, Ultima Hora, Página Libre, Novedades y Hoy. Para ello contamos con la ayuda de numerosos amigos vinculados con el periodismo y de algunas personalidades que al enterarse del caso prestaron su apoyo solidario.

JUEZA INVESTIGA COMISARÍAS DEL CONO SUR Casi al anochecer de este mismo día, conduje a la jueza y sus asistentes a la Comisaría de Villa El Salvador. Como de cos­

tumbre, yo me quedaba en el auto y la doctora y su equipo ingre­ saban al local, y allí dentro inspeccionaban sus instalaciones, re­ gistros de control y sus calabozos y hacía que pongan los presos a la vista de la jueza para poder identificarlos mejor, comparando sus rostros con la fotografía de Ernesto. Además a esa Comisaría fueron llevados cuatro jóvenes detenidos por la policía que el do­

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mingo 21 de octubre realizó un amplio operativo policial ante una manifestación pública de Sendero Luminoso. Esos cuatro jóvenes fueron trasladados el mismo día a la Dircote y son los que se en­ contraban allí encarcelados cuando en la reunión con el Gral. PNP Obi ¡tas, el asesor legal se opuso a que el diputado Maldonado ingresase a los calabozos. Tampoco aquí ninguno se le parecía y su nombre no consta­ ba en los registros de esa Comisaría. Al cabo de un cierto tiempo y luego de tomarle las declaraciones al oficial de guardia previa constatación de los libros oficiales, se dio por terminada la inter­ vención de la señorita jueza en esa Comisaría, sin encontrar indi­ cio alguno de que Ernesto hubiera permanecido allí, pero el Co­ misario, Mayor PNP-PG José Vargas Cepeda, fue citado al des­ pacho de la jueza Este nuevo frustrado intento por ubicar a Ernesto, aumentó la preocupación de la jueza y a nosotros nos descorazonó terri­ blemente y pensamos que por este camino no íbamos a llegar a ninguna definición concluyente sobre el destino de Ernesto, a pe­ sar de la gran resolución que la jueza mostraba en todas sus ac­ tuaciones y de nuestra total confianza depositada en ella.

Era necesario que la jueza tenga en la mano alguna prueba contundente que demostrase la responsabilidad de la policía en la detención de Ernesto, contra la cual la simple negativa concerta­ da de las autoridades policiales involucradas, como la gran men­ tira que era, se derrumbase y saliese a luz la verdad, no quedán­ dole más alternativa que admitir su culpabilidad y por fin desvelar lo sucedido con Ernesto. Coordinamos entonces con los amigos más cercanos, reali­ zar nuestra propia investigación con la mayor celeridad posible en el lugar de los hechos (Villa El Salvador) que por primera vez iba a conocer. Nuevamente nos invadió una corriente estimulante de entusiasmo; íbamos al encuentro del rescate de Ernesto, ar-

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modos con lo decisión de cumplir nuestro objetivo al precio que fuera. En esta fecha no teníamos todavía las fotos últimas de Er­ nesto a colores, sino la de dos años atrás en blanco y negro sin lentes, pero aún así era fácil de identificar. Con esta foto en la mano saldríamos a indagar. También verificamos los periódicos del lunes 22 de octubre que daban cuenta de dónde habían ocu­ rrido los sucesos de Villa El Salvador, para elaborar un esquema mínimo de las rutas a tomar en nuestra averiguación.

TRAS LOS PASOS DE ERNESTO EN VILLA EL SALVADOR El sábado 27 de octubre, desde muy temprano, nos dirigi­ mos todo el grupo de investigación al distrito de Villa El Salvador. Según el esquema deberíamos empezar por la avenida Juan Velasco Alvarado, arteria central y comercial de ese distrito. Enrumbamos hacia allá. Luego de recorrerla, ubicamos una plaza donde se en­ cuentra el monumento a La Mujer, referencia muchas veces citada en los informes periodísticos consultados. En el centro de esta aveni­ da habían tiendas instaladas de vendedores ambulantes separa­ das por un corredor por donde transitaba la gente para hacer sus compras. Empezamos primero por solicitar colaboración para poder encontrar.a un muchacho universitario que estuvo en el distrito el domingo pasado y que desde ese día no aparecía y la policía ne­ gaba haberlo detenido; luego les preguntábamos si habían esta­ do presentes ese día, en caso afirmativo les mostrábamos la foto. Así procedimos con cada una de estas personas. Algunas decían que no habían estado, pero aún así les mostrábamos tam­ bién la foto. Fuimos recibiendo informes detallados de lo acontecido ese día, de la intervención de la policía, el estruendo de ráfagas de metralleta y objetos detonantes para dispersar una marcha de mani-

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{estantes de Sendero Luminoso, durante la cual la policía con mu­ chos carros patrulleros habían hecho diversas detenciones en calles aledañas según comentaban después entre ellos los pobladores. Nadie en este sector recordaba haber visto entre los marchantes a alguien con las características de Ernesto y otros simplemente no recorda­ ban. Luego empezamos a preguntar en las casas a ambos costados de la misma avenida, principalmente en los loca­ les abiertos. Algunos nos daban referencias de otros luga­ res donde la gente había visto cómo policías armados que des­ cendían de los patrulleros detenían a muchachos inermes transi­ tando por la calle.

COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN Todos estos datos los íbamos anotando para poder emplear­ los en nuestra siguiente indagación. Terminamos de recorrer la avenida Velasco Alvarado sin que nadie recordase haber visto allí a Ernesto y menos presenciar su detención; confeccionamos un plano de las calles de probables detenciones y otros detalles que recibíamos para luego proseguir con la búsqueda. Ya en las calles aledañas, en casas particulares, la gente fue más accesible y comunicativa y al enterarse del objetivo de nuestro recorrido aportaban mayores datos señalándonos los lugares precisos donde ocurrieron las detenciones y describiendo a los deteni­ dos así como a los policías y los patrulleros provenientes de diferentes comisarías.

Algunos vecinos frente a cuyas casas ocurrió algún enfren­ tamiento, detención o persecución de pequeños grupos, nos con­ firmaban estos hechos pero cuando les enseñábamos la fotogra­ fía y les describíamos cómo iba vestido Ernesto, nos respondían con seguridad, que ninguno de esos muchachos eran como él. La gente entrevistada nos daba información no sólo de lo que había visto directamente sino también de otras cosas que había

82 escuchado o le habían contado y todo esto enriquecía nuestra investigación porque nos abría más opciones para llegar a otros lugares con la expectativa de que en alguno de ellos podríamos por fin encontrar el punto de detención de Ernesto a través del reconocimiento de la fotografía y demás elementos identifícatenos

por algunos testigos.

PRIMEROS INDICIOS Ya cerca de las cuatro de la tarde habíamos recorrido e in­ vestigado en diferentes lugares, unos más distantes que otros y a ambos lados de la avenida principal Velasco Alvarado, todo lo informado por la vecindad sobre detenciones y nos encontrába­ mos en el punto más alejado del centro, cerca de un pequeño cerro llamado Lagarto. Algunos datos de probables detenciones no fueron confirmados y por estos lares la gente decía que no vieron jóvenes correr, pero que habían escuchado que más aba­ jo, cerca de un parque habían detenido'a un ¡oven. Con este importante hallazgo, detuvimos nuestras actividades por ese día. Se tenía mucha información, y era mejor ordenarla, estudiarla, analizarla, para obtener un material más definido, con mayor conocimiento de la zona y decidir dónde centrar el esfuerzo principal. Para ello se diseñó un plano del área investigada y

por investigar.

PUNTO DE DETENCIÓN ENCONTRADO Con toda esta preparación regresamos al día siguiente, do­ mingo 28 de octubre de 1990, iniciando nuestra búsqueda con la ubicación del parque al que los últimos entrevistados se refirie­ ron el día anterior. •»

Salimos nuevamente en la mañana a Villa El Salvador todo el grupo con el ánimo renovado y una sensación de confianza en

83 lograr por fin dar con el lugar de detención de Ernesto. Llegamos a las 10 de la mañana y nos dirigimos de frente al último lugar que visitamos el día anterior. Preguntamos a algunas personas por el parque más cerca de ahí. Con las señas recibidas llegamos a ese parque, en realidad una enorme pampa apenas con unas cuantas plantas, denominado Parque Central del Grupo 1 7, Se­ gundo Sector, Segunda Zona. A esas horas de la mañana había algunas personas en sus alrededores. Recordamos que fue preci­ samente un domingo, el anterior, que probablemente Ernesto es­ tuvo allí y dentro de ese mismo entorno callejero.

Al ingresar al parque nos dirigimos a un pequeño grupo de personas y les preguntamos si sabían algo sobre la detención de un muchacho en ese lugar el domingo anterior 21 de octubre y les mostramos su fotografía. Su respuesta fue instantánea, sí, sí sabían pero que ellos no lo habían visto. Nos acercamos entonces a otro señor que estaba cerca y solo, y le preguntamos lo mismo, y cuando le describimos a Ernesto exclamó "¡me gané! ¡me gané!". Le enseñamos la foto antigua donde está sin lentes y nos contestó que se le parecía bastante, pero que él tenía lentes. Ernesto usa­ ba lentes permanentemente y los llevaba puestos cuando fue de­ tenido seguramente. Luego nos lo describió así: contextura del­ gada, cabello rizado, camisa manga corta color claro, pantalón negro con una casaca beis en la mano. ¡Indudablemente se tra­ taba de él! Sentimos un alborozo grande. Mi corazón estallaba de eufo­ ria, era un momento impactante; se hacían presentes de un solo golpe todas nuestras esperanzas y ambiciones de encontrar a nuestro querido hijo Ernesto. A continuación se acercó a nosotros un chiquillo de unos 1 0 años, hijo de la persona antes citada, que al escuchar el tema se interesó, pidió ver la foto y nos confirmó, "sí, es él, al que agarró la policía el domingo pasado". "Yo lo vi cuando pasaba por aquí (ambos viven frente a una esquina del parque donde precisamente conversábamos), luego continuó, "corrió un trecho dentro del parque y salió hacia esa bocacalle y

84 allá en esa esquina paró un patrullero, salieron policías, lo detu­ vieron y lo metieron a la parte donde se guardan las maletas del patrullero". "Vamos, nos dijo su padre, les voy a enseñar el sitio exacto donde fue detenido". Cruzamos el parque, tal vez siguiendo la

misma ruta por la que anduvo Ernesto, salimos del área del par­ que y nos encaminamos a una bocacalle y frente a la primera casa del lado izquierdo de esa cuadra fue detenido Ernesto. La casa resultó ser la signada como manzana K, lote 5, de dos pisos, de color verde, donde vive una familia de apellido Vera. El lugar exacto donde Ernesto fue detenido es: Frente a la casa n.° manzana K, lote 5 Grupo 1 7, Segundo Sector, Segunda Zona Al costado del Parque Central de esta Zona Villa El Salvador

Lugar preciso de la detención de Ernesto por la dotación de un patrullero de la 29 Comandancia de la PNR (Radio Patrulla)

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CONVERSANDO CON LOS TESTIGOS Este descubrimiento impulsó en nosotros el deseo de cono­ cer mayores precisiones sobre cómo fue la detención. Tocamos, entonces, la puerta de esta casa y salió una señora de unos 50 ó 60 años, nos presentamos y con toda la amabilidad del mundo le explicamos quiénes éramos y por qué nos encontrábamos allí. "El ¡oven que el domingo pasado fue detenido aquí por un patrullero es nuestro hijo y desde esa fecha no aparece, la policía niega que lo ha detenido",le dijimos. La persona con la que hablamos se llama Telésfora Vera y vive con sus hijos. Ella nos mira sorprendida y algo impresionada, entonces le mostramos la foto y nos contesta «si, aquí frente a la puerta de mi casa', en este pequeño engramadito detuvieron a un joven los guar­ dias de un patrullero el domingo pasado. Yo lo vi pasar por mi lado cuando estaba regando unas plantas al costado frente la parque, pero quienes mejor vieron su detención son mis nietas». Le pedimos entonces que nos permitiera conversar con ellas.

CÓMO FUE LA DETENCIÓN Las llamó y vinieron hacia nosotros, les mostramos la foto y sin dudar un momento nos dijeron: "sí, así era el muchacho que lo detuvieron aquí mismo. Cuando los policías bajaron de un pa­ trullero que se estacionó cruzado aquí en la calle, él estaba cami­ nando frente a la casa y se paró aquí entre nosotras. Uno de los policías de unos 40 años, algo morocho con bigotes, boina roja , bajó del carro, lo encañonó al muchacho y le dijo: alto o te mato. Lo insultó fuerte y el muchacho levantó los brazos y de una de sus manos colgaba una casaca color beis, se acercaron a él y escu­ ché que el muchacho le decía a un policía: oficial usted se equivo­ ca conmigo, a lo que el policía responde: entonces por qué co­ rres, y el ¡oven le contestó: porque todos corren. Sin hacerle caso le quitaron sus lentes y los pusieron dentro del patrullero y a él lo

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agarraron del cuello insultándole, lo llevaron por delante del carro y lo colocaron de cara contra el costado del patrullero con los brazos extendidos, le revisaron todo y no le encontraron nada, luego lo esposaron y le ordenaron que se metiera en la maletera del patrullero con una casaca que llevaba en la mano y la cerra­ ron. Momentos antes había llegado otro patrullero que paró unos minutos al lado del que detuvo al muchacho, conversaron entre ellos un momentito y luego se fue. Después que lo metieron en la

maletera se fue por una de estas calles». Todas esa calles conservan es aspecto original del terreno en que se asentaron esos pobladores. Era un arenal y las calles lo seguían siendo todavía. ¿Por qué tienen que dar un trato tan abe­

rrante a un ser humano?

Mientras ellas.iban detallando la detención de Ernesto con la espontánea seguridad de quien dice, la verdad, confrontá­ bamos mentalmente los argumentos de los policías negando

este hecho, recibidos por nosotros y por la jueza Dra. Minaya. Al mismo tiempo me imaginaba cómo se habría sentido nues­ tro hijo al ser detenido de esa forma que probablemente le neutralizó sus reacciones. ¿Por qué no gritó su nombre? ¿Por qué no pidió que los numerosos testigos tomaran el número del patrullero que lo detuvo? No. Tal vez no imaginó que su vida terminaría allí. Si no le encontraron nada y él llevaba su libreta electoral original que lo identificaba, pensaría tal vez que quedaría libre al no tener pruebas sus captores para po­ der denunciarlo de nada. Pero ya había pasado una semana y la policía seguía negando. Nos atormentaba la ¡dea de que estos miserables criminales lo habían asesinado y la única salida que les quedaba para no ser descubiertos era cerrar filas en torno a negarlo todo e imponer desde el Ejecutivo al Poder Judicial como hecho real, la negación de la policía de la detención de Ernesto. Pero en 1 990, en el Poder Judicial, a pesar de la tradicional desconfianza sobre algunos ¡ue-

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ces y de las denuncias de corrupción, era un poder con cierto margen de independencia y muchos jueces cumplían con la ley.

MUCHOS TESTIGOS PRESENCIARON SU DETENCION Ya que teníamos la primera oportunidad de dialogar con los primeros testigos que más cerca habían estado de Ernesto, quisi­ mos saber aún muchos más detalles y ellas, con respuestas coin­ cidentes, sin expresar dudas, nos dijeron lo siguiente: "Ese domingo era casi mediodía (1 1.30 más o menos), mu­ cha gente había en la calle porque pasaban muchos patrulleros haciendo sonar sus sirenas, y más temprano se habían escucha­ do un poco lejos de allí algunas explosiones y disparos de armas. Muchos vecinos han visto la detención desde distintos sitios, por­ que él fue el único al que detuvieron aquí y la gente quería saber quién era".

Instintivamente les preguntamos si se acordaban del núme­ ro del patrullero y luego de un esforzado intento por recordarlo, contestaron que no se les había ocurrido tomar nota porque no pensaron que la policía iba a negar su detención y porque todo fue con poca demora.

Estas declaraciones nos la dieron tres muchachas; dos vi­ vían con su abuela, la señora que nos abrió la puerta, y la otra en la casa del costado. Las dos primeras son hermanas y se llaman Erika y Jackeline Vera, y la otra es prima de ellas y su nombre es María Esther Aguirre. Para nosotros este fundamental hallazgo nos abría las puer­ tas para buscar y encontrar más testigos y principalmente de al­ guien que hubiera tomado nota del número de uno de los dos patrulleros, a través del procedimiento de preguntar casa por casa.

88 Efectivamente en los días siguientes llegamos a ubicar más testi­ gos cuyas versiones sobre la detención de Ernesto por policías de un patrullero, eran totalmente coincidentes.

Por este medio llegamos a los testigos señora María Elena Castro y Milner Dávila y posteriormente a la denuncia ante los medios de prensa, periodistas de la televisión que se hicieron pre­ sentes en ese lugar, recibieron de varios otros testigos la confirma­

ción de la detención.

Lo que aquí queremos de¡ar bien en claro es que la deten­ ción de Ernesto por policías con boinas rojas que bajaron de un patrullero, es un hecho real, verdadero, cuya negación oficial es inadmisible en cualquier investigación que sobre el destino de Ernesto se realice. Sobre la base de esta prueba cierta principal­ mente, y otras de similar importancia, es que la ¡ueza Greta Minaya, y posteriormente, los jueces del Octavo Tribunal Correc­ cional de Lima, declararon fundado el babeas corpas en favor de la vida de Ernesto.

¿CÓMO LLEGAMOS A LOS OTROS TESTIGOS? Después que a la doctora Greta Minaya le informáramos sobre el hallazgo del lugar de la detención de Ernesto y que contá­ bamos con testigos presenciales directos, nosotros continuamos buscando más testigos y en especial que recordasen el número de los patrulleros que lo detuvieron.

En una calle con frente al parque cercana a la casa de los Vera, vive un ¡oven que también vio la detención, pero nos pidió que no lo pongamos como testigo porque sus familiares tenían mucho miedo, temían que le pudiese pasar algo. Aceptamos des­ de luego su lógica y natural posición.

89 Nos relató que, como la mayoría de vecinos, salió a la calle por la bulla de los patrulleros después de escuchar algunos dispa­ ros que venían de lejos. Cuando estaba parado delante de su casa, vio venir y luego detenerse un patrullero del que bajaron policías y detuvieron a un muchacho igual al de la foto que le habíamos mostrado y describió la detención, dando algunos de­ talles más cuando lo pusieron contra el carro para revisarlo y lo metieron a la maletera, porque desde su posición fue lo mejor que se pudo observar, pero que no había anotado el número de ese patrullero ni del otro que se acercó después.

El testimonio de Milner Dávila, que así se llama este testigo, nos indujo a intensificar la búsqueda de alguien del entorno que tuviera siquiera un vago recuerdo de la numeración de los señala­ dos patrulleros. Hubo vecinos que reaccionaron a nuestra solici­ tud sin ninguna muestra de colaboración o ayuda y otros con tanto temor y miedo que aunque nos deseaban que ojalá lo en­ contrásemos, se encerraron en su silencio. Nunca pudimos dar con alguien que en un momento tan dramático, hubiera registra­ do de alguna manera un dato tan decisivo para saber el destino de una persona, acaso para salvarle la vida. Entre otros testigos a los que llegamos, están la señora Ma­ ría Elena Castro Osorio y el estudiante universitario Joe Roberto Ruiz Huapaya, ambos viven en casas con frente al Parque Central y el día de la detención observaron desde allí la intervención de los patrulleros.

María Elena es una señora de condición humilde y los do­ mingos solía poner un pequeño puesto de venta de cebiche en la esquina del parque frente a su casa. Para ella el rostro de Ernesto y sus características están muy claros. Ella vio venir a Ernesto por el lado de su pequeño negocio, se fijó en él porque le llamó la atención vera un muchacho descono­ cido en el barrio; pasó por su lado y vio que atravesó el parque; se

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encaminaba hacia la bocacalle que conduce a la pista principal donde se toman los buses y micros de pasajeros que van al centro de Lima. Ella cuenta que en ese mismo momento ingresó un pa­ trullero al parque y se detuvo para detener a alguien y cuando lo acercaron al carro reconoció que se trataba del muchacho que hacía apenas un momento había pasado cerca de ella, con su casaca en la mano y sus lentes puestos. La descripción deErnesto que hizo María Elena coincidía exactamente, y su convicción fue plena cuando le mostramos la fotografía.

¿Cómo dimos con ella? Con la primera persona que en el parque nos confirmó la detención, llegamos a reunimos poste­ riormente varias veces, y en nuestro intento por conocer más de­ talles le solicitamos que nos mencionara qué otros vecinos pre­ senciaron este hecho y él nos mencionó a esta señora que es es­ posa de uno de sus hermanos y que había visto todo de principio a fin. Lo cual era cierto, porque la atención de su mini negocio la obligaba a estar siempre allí presente. Así fue como nos la presentó.

CON LOS FAMILIARES DE UN DETENIDO DEL LUGAR De las averiguaciones que hicimos el primer día del rastreo en Villa El Salvador, conseguimos suficiente información, que da­ ban cuenta de varias detenciones hechas por las patrullas policiales y las plasmamos en un pequeño plano del área investigada. Todos los vecinos colaboradores coincidían en afirmar que los detenidos eran jóvenes desconocidos, no sabían quienes eran, no gritaron sus nombres, no dieron señal alguna de identifica­ ción, pero sólo uno de ellos que fue detenido en una calle aledaña a la avenida central Velasco Alvarado, sí era del lugar, y lo supi­ mos porque uno de los niños a quien también preguntábamos, había visto la detención de este muchacho y conocía dónde vivía.

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Entonces nosotros les pedimos que nos dieran la dirección o nos enseñaran su casa y muy gustosos accedieron y nos llevaron has­ ta su domicilio. Así llegamos a la casa del ¡oven Genaro Huamán, universitario sanmarquino, de la Facultad de Matemáticas.

Era una casa muy sencilla, se puede decir pobre. Nos recibió su padre y su madre. Nos presentamos y les explicamos el motivo de nuestra presencia ya que también nos habíamos enterado de la detención de su hijo. Se encontraban muy preocupados por­ que no sabían qué hacer para obtener su libertad. Nos asegu­ raron que su hijo era absolutamente ¡nocente de todo Xo que se le acusaba. Les hicimos saber que ese mismo día también detuvieron a nuestro hijo pero que la policía niega su detención por lo que temíamos por su vida, pues habían pasado ya siete días y nadie nos daba razón de él. Les pedimos que nos ayudaran con presentarnos a otras personas que vieron la detención de un muchacho en el Parque Central. La madre de Genaro nos contó que ese día su hijo salió a ver a una de sus hermanas que se encontraba fuera y al acercarse a la calle en la que se encuentra el local del Banco Wiese, un patrullero lo detuvo a él solo y lo llevó a la Comisaría de Villa El Salvador acusado de haber participado en la mar­ cha de Sendero, porque cuando le revisaron su ropa él llevaba un pantalón corto usado en lugar de ropa interior. Es fácil ex­ plicarse que cuando no se dispone de medios económicos siem­ pre hay formas de cubrir las carencias básicas. Pero para la abominable represión no hay razones favorables a la gente modesta. En un vehículo de la policía lo retornaron a su casa para revisar y buscar documentos subversivos, armas que lo compro­ metieran con los grupos armados, pero no encontraron nada de esto, sólo sus libros y cuadernos de sus estudios de Matemáticas en la Universidad de San Marcos, pero de todos modos se lo lleva­ ron a la Dircote.

Era una familia realmente pobre. Le ayudamos en algo y con­ vinimos que cuando lo visitaran le preguntasen si entre los deteni­ dos con los que había estado y con los que está todavía ha visto a un muchacho con las características y el nombre de Ernesto. Ellos aceptaron transmitirle este encargo y nos citamos para una fecha posteriora esa visita. Nos retiramos siempre con la ¡dea puesta en la obtención de una pista que pudiera determinar si Ernesto esta­ ba con vida o no. Y al igual que otras veces una nueva luz de esperanza se encendía en nuestros corazones, por eso esperába­ mos con ansiedad la llegada del próximo encuentro con los pa­ dres de Genaro. Muy puntuales asistimos el día señalado a la casa de Genaro. Sus padres nos esperaban también con expectativa. Luego de los saludos y de preguntar por el estado de Genaro, quien se encon­ traba bien, pero muy preocupado por la intención de la policía de querer implicarlo de todos modos como terrorista. Les inquirimos sobre la respuesta de Genaro sobre Ernesto. Dijo con toda certe­ za que ninguno de los que vio detenidos en la Comisaría de Villa El Salvador y en la Dircote tenía las características de Ernesto y que al preguntarles si alguno de ellos tenía ese nombre, o lo cono­ cían, o lo habían visto, les dijeron que no. Genaro tampoco lo conocía.

Luego ellos nos expresaron su desesperación por no poder salvar a su hijo del terrible abuso que querían cometer con él. Sin recursos económicos, cómo iban a poder pagar un abogado y menos todavía las coimas que los policías jefes y subalternos les pedían para dejarlo en libertad. Era realmente un cuadro de mu­ cha pena, tristeza, dolor, pero también de impotencia, de indigna­ ción y rabia. Cuanto más pobres más tortuoso es el camino de su libertad. Ofrecimos poner el caso en una ONG para que asumiera su defensa. Eso hicimos, sin embargo, la ONG no quiso actuar. Una vez calmados, nos hablaron de un amigo de Genaro, que vive no muy lejos de allí, y con quien participaba en activida­

93 des de la parroquia del barrio, estudiante universitario también de San Marcos, que había llegado a esta casa a preguntar por la situación de Genaro y a quien le contaron de nuestra visita y nues­ tro problema, a lo que contestó que él precisamente había pre­ senciado desde su casa todo el proceso de detención de Ernesto y que no tendría ningún inconveniente en reunirse con nosotros. Pero Genaro logró felizmente una primera liberación y nos reuni­ mos inmediatamente con él y nos presentó a este ¡oven. Así llegamos a conocer a Joe Roberto Ruiz Huapaya, un jo­ ven testigo absolutamente seguro y consciente de lo que vip, que no es más que el mismo suceso que las tres muchachas vieron desde muy cerca de cómo detenían los policías a Ernesto.

Joe lo vio desde su casa, frente al parque, a una distancia de entre cincuenta a sesenta metros, en la parte alta respecto del lugar de detención. Aunque no llegó a ver el rostro de Ernesto por la distancia, pero sí recuerda su vestimenta, el hecho de que lle­ vaba los lentes puestos y un detalle adicional (plenamente con­ cordante, ya que por la posición del patrullero estacionado en el cual fue introducido Ernesto, la maletera del mismo era totalmen­ te visible desde la casa de Joe) que al cerrar el policía la maletera con Ernesto esposado en su interior, quedó colgando una manga de su casaca color beis, por eso recuerda bien este detalle; abrieron nuevamente la maletera para meter totalmente la casaca y luego partió perdiéndose por una de esas calles de Villa El Salvador.

JUEZA INSISTE EN HÁBEAS CORPUS En vista que en la Dircote, en Seguridad del Estado y por último en la Comisaría de Villa El Salvador, tanto el jueves 25 como el viernes 26 de octubre de 1990, la jueza Greta Minaya no en­ contró a Ernesto en estas dependencias y que los respectivos jefes o responsables principales declararon no saber nada sobre su

94 detención, el lunes 29, en horas de la noche, la señorita jueza se dirigió al despacho del ministro del Interior, General EP Adolfo Alvarado Fournier, principal denunciado, contra quien iba dirigido el hábeas corpus, a tomarle sus declaraciones sobre la detención

policial de Ernesto. El ministro pretendió hacerle firmar a la jueza un pliego inte­ rrogatorio hecho por él que ya estaba listo para que lo convalidase. La jueza Greta, que no sólo conoce a plenitud los deberes y res­ ponsabilidades de su función, sino que es una mujer dotada de un carácter y temple que la hacen aún más respetable, cuadró al General, no quedándole más remedio que acceder al interroga­

torio de la jueza. Para esta diligencia, nuestro abogado defensor, Dr. Adriel Buleje, consideró muy importante estar presente, ya que además le correspondía por derecho. El general Alvarado estaba acom­ pañado del procurador de su ministerio, Daniel Espichón Tumay. Este, al ver al Dr. Buleje, cuestionó su presencia aduciendo que era un abogado miembro de la organización denominada Abo­ gados Democráticos, que según sabía él, tenía vinculaciones con los grupos subversivos alzados en armas, por lo cual no se permi­ tiría su participación y si no se retiraba, el ministro Alvarado daría por definitivamente cerrado el caso. El Dr. Buleje protestó enérgi­ camente por esta insolente, arbitraria e ilegal actitud de Espichón, pero al final se quedó a participar en esta diligencia porque la

misma jueza lo autorizó.

Como hasta ese momento la jueza no había tomado todavía declaraciones a los testigos recién encontrados, el ministro del Interior, asistido por su escudero leguleyo Espichón, se despa­ chó el rollo oficial coordinadamente asumido de que no había sido detenido Ernesto por la policía. Hasta esta fecha prevale­ cía la simple deñuncia de los padres alertados por un amigo anónimo de Ernesto sobre su detención por la policía en Villa El Salvador.

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Desde luego que ese lunes en la mañana fuimos a darle la trascendental noticia a la jueza sobre el hallazgo del lugar exacto, las circunstancias y versiones de testigos directos de la detención de Ernesto. Sin embargo existía el problema de que ningún testigo quería declarar ante un juez lo que había visto y confirmar que la fotografía, la más reciente y a colores de Ernesto, correspondía exactamente al muchacho que vieron detener e introducir en la maletera de un patrullero. Tenían mucho miedo, eran aún jóve­ nes, dependientes de sus padres, quienes se oponían terminan­ temente a que declarasen ante un juez, temor justificado en ese entonces porque los esbirros del recién instalado gobierno gansteril de Fujimori-Montesinos, tenían carta blanca para cometer lo? crí­ menes más condenables protegidos por la impunidad oficial.

SIN LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS TODO SE HUBIESE PERDIDO No podíamos creer, no entendíamos que teniendo práctica­ mente en nuestras manos una de las más contundentes pruebas de la responsabilidad de la policía en la detención de Ernesto, se nos iba a escapar y quedarnos por siempre con el cargo de con­ ciencia de tal vez no haber hecho el máximo esfuerzo por salvarle la vida a nuestro tan querido hijo Ernesto. No, eso no podía ser, jamás. Tenemos que convencerlos, no descansaremos hasta ha­ cerles comprender qué tan inmenso es el valor de su cooperación, no sólo para salvarle la vida a un ¡oven como ellos, sino para salvarle la vida a muchos otros, jóvenes o no, en el futuro, denun­ ciando estos actos de violación flagrante de los derechos básicos de las personas.

Regresamos una y muchas veces más donde la familia Vera para explicarles que no debían temer en declarar ante una jueza tan recta, que ella iba a ordenar les dieran protección. La señora Liduvina de la Cruz, madre de Erika y Jackeline, dos de las mucha­ chas testigos, trabajaba en el hospital María Auxiliadora de San

96 Juan de Miraflores, y con ella tuvimos innumerables reuniones en su centro de trabajo. Poco a poco fue cediendo, pero su marido, de ocupación guardián, estaba en contra de que declarasen.

Por el lado de la familia de la otra testigo, María Esther Aguirre Vera, encontramos en su madre una terrible oposición. Esta seño­ ra era hermana del marido de Liduvina, por lo que parece fue fuertemente influenciada por el hermano. Su negativa era tan abier­ ta que cuando estaba ella parada en la puerta de su casa y nos divisaba en la calle caminando hacia su casa, inmediatamente se metía y cerraba su puerta y cuando nosotros llegábamos nadie salía a atendernos ante los sucesivos golpes de llamada.

Teníamos que esperar que su marido, Sr. Orlando Aguirre, regresara de su trabajo, quien muy educadamente nos hacía pa­ sar a su modesta casa. Esta persona siempre se mostró muy com­ prensible desde el primer momento. Aceptaba nuestras razones y muchas veces frente a nosotros llamaba a su hija y le explicaba con palabras sencillas y sinceras que declarase todo lo que había visto, lo que recordaba con más claridad, pero luego intervenía su madre para oponerse y con sus miradas de desagrado hacia no­ sotros, disuadía a su hija de cooperar.

NERVIOSISMO GENERAL EN LA COMISARÍA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES El plazo del hábeas Corpus no daba más. El martes 30 de octubre, en horas de la noche, la jueza Greta Minaya, su secreta­ rio y su seguridad, nos fuimos en nuestra movilidad hacia la Co­ misaría de San Juan de Miraflores en la que funciona también la 74 Comandancia de la Policía General.

Precisamente de aquí provenían los patrulleros, entre otros, que participaron en el operativo policial de Villa El Salvador aquel domingo 21 de octubre de 1990. Son los signados con el prenumeral 74.

97 En esta diligencia ya no participó nuestro abogado defensor a fin de no crear contratiempos perturbadores a la excelente ges­ tión de la jueza. Permanecí un buen rato en el auto mientras la jueza dentro realizaba las inspecciones que le atañían. En eso lle­ ga su secretario casi corriendo y me dice "tenemos que ir a sacar fotocopias de este registro inmediatamente, porque es de vital importancia para resolver el hábeas corpus". Así es que salimos disparados en busca de una fotocopiadora, la que encontramos no muy lejos de allí. Retornamos pronto y el secretario ingresó raudamente al interior de la Comisaría. Fue una de las más largas intervenciones de la doctora. Se notaba dentro un movimiento de policías extraño.

Cerca de las 11 de la noche regresamos a Lima y durante el cami­ no escuchaba los comentarios de extrañeza de la jueza porque lo que le habían mostrado no era el registro que ella con toda precisión solicitaba, queriendo hacerle creer que se trataba del mismo. Había tenido que po­ nerse fuerte para que en las declaraciones de ese personal quedase ab­ solutamente demostrado de cuáles eran las carencias encontradas, pre­ cisamente registros por ley claves e insustituibles. Aproveché esa larga ruta para comentarle que los testigos más directos y cercanos de la detención de Ernesto estaban fuer­ temente presionados por sus padres para inducirlos a no decla­ rar, y que no quedaba más alternativa que encomendarnos a su experiencia y dones de persuasión para que los testigos de modo voluntario accedan a declarar ante ella todo lo visto y vivido en el día de la detención de Ernesto.

POR FIN LOS TESTIGOS CLAVES DECLARAN Desde muy temprano nos dirigimos a Villa El Salvador para realizar nuevos intentos de convencer a las tres muchachas que habían visto todo el proceso de la detención de Ernesto por perso­ nal de un patrullero, ellas se fijaron detenidamente en él quedán­

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doles grabado su rostro en la mente, su apariencia y hasta las palabras del diálogo que sostuvo con quien lo detuvo.

Hablamos nuevamente con sus padres para que nos ayuda­ sen a salvarle la vida a Ernesto y a muchos otros más en el futuro, ya que esos policías podían nuevamente desaparecer personas, si es que no los denunciábamos ahora. Pero no recibíamos ninguna respuesta. Nada les conmovía, ni aún nuestras súplicas al borde de las lágrimas. Repetían que temían a los policías de que si de­ claraban podían hacerles daño, pero nosotros las alentábamos a tener confianza en la jueza ante quien prestarían sus declaracio­ nes, que ordenaría que les proveyeran de todas las garantías de su seguridad. Les recomendamos en todo caso que cuando llega­ se la jueza le expresaran todos sus-temores para que escuchasen de ella cuáles eran sus derechos y garantías. Creimos haber avan­ zado por fin algo, en preparar el terreno para la actuación de la jueza. En horas de la tarde nos acercamos al despacho de la Dra. Minaya para conducirla al lugar de los hechos y que ella haga sus indagaciones. Hasta ese momento habíamos concentrado nues­ tro esfuerzo en estos testigos porque eran quienes más directa­ mente observaron todo el proceso de la detención y esto era lo que más interesaba que la jueza conociera en detalle. Aunque también tomamos contacto con la otra testigo a cuyo lado pasó Ernesto, la señora María Elena Castro Osorio, pero hasta ese momento no aceptaba declarar como testigo al juez, principal­ mente por presión de su marido que trabajaba en casas de algu­ nos oficiales de la aviación y temía represalias o, en todo caso, quedarse sin trabajo.

LA JUEZA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS Cuando la jueza se hizo presente en el lugar donde presun­ tamente Ernesto fue detenido, para inspeccionarlo, vecinos del lugar fueron acercándose a su alrededor. La jueza preguntaba si

99 alguien había visto la detención de un ¡oven el domingo anterior. Varios de ellos afirmaron haber visto que un vehículo policial de­ nominado " patrullero" detuvo allí en esa fecha a un muchacho extraño del lugar. La jueza les mostró la foto de Ernesto y dos muchachas que vivían precisamente al frente del lugar de la de­ tención lo reconocieron instantáneamente. Ellas eran María Esther Aguirre Vera y Erika Catherine Vera de la Cruz. La jueza les solicitó que dieran su testimonio, pero ellas le manifestaron que tenían mucho temor porque los policías podían después hacerles daño, sin embargo luego de persuadirla* para que colaboren con la justicia y ofrecerles las garantías legales del caso, accedieron a declarar paso por paso todo el proceso de su detención.

Terminada esta determinante diligencia, la doctora Greta y sus acompañantes abandonaron el lugar de los hechos con la prueba más importante de la culpabilidad de la policía en la comi­ sión de este delito. El hábeas corpus quedaba de esta manera fundado, pero la preocupación ahora era otra y era denotable en la expresión de la jueza: ¿seguirá con vida Ernesto o es que si no quieren admitir que lo han detenido será porque ya lo han asesinado? Claro, la doctora no nos lo iba a decir directamente, aunque nosotros lo intuíamos, pero mientras no apareciera su cuerpo y fuese plena­ mente identificado, no tendríamos por qué considerarlo definitiva­ mente perdido, ya sin vida. Las vivencias que uno experimenta en momentos tan cruciales como éstos producen estados de ánimos contradicto­ rios. Se despierta de pronto en uno la enérgica convicción de que el hijo querido se encuentra aún con vida y que cuanto más rápi­ dos y perseverantes sean nuestros reclamos, demandas y denun­ cias por todos los medios disponibles, estamos construyendo el puente para llegar donde él, salvarle la vida a tiempo y verlo, sen-

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tirio de nuevo ¡unto o nosotros, ayudarlo a reformular los planes de su futuro. Pero el tiempo pasa, y no aparece señal alguna de que tal presunción suceda y entonces nos atormenta esa terrible sensación de que todo está perdido, él ya no está más. Nunca más sabremos de él. Se fue para siempre, por la mano asesina de un gobierno criminal...

Posteriormente se nos notificó con la Resolución del juzgado en que se DECLARA FUNDADO EL HÁBEAS CORPUS y ORDENA QUE EL DETENIDO SEA PUESTO EN INME­ DIATA LIBERTAD.

EXPLOSIÓN DE ALEGRIAEN CASA Apenas se nos comunicó la publicación oficial de la senten­ cia de la jueza Dra. Greta Minaya, responsabilizando por la vida de Ernesto a las autoridades denunciadas en el hábeas corpus y ordenando su inmediata libertad, nos sentimos muy fortalecidos y ahora sí amparados en una gestión judicial de la más alta credibi­ lidad que nos permitiría rescatar a Ernesto con vida y esta tonifi­ cante idea nos trasmitía cierta alegría porque ahora sí ya no que­ daría como un ¡oven peruano más desaparecido por el gobierno

de su propio país.

Soñábamos con verlo pronto libre y esperábamos con impa­ ciencia la reacción de las autoridades. Pero los días fueron pasan­ do, diversos medios de comunicación, periódicos, radios, revistas y canales de televisión que acogieron nuestra denuncia pregunta­ ban a las autoridades implicadas sobre la sentencia judicial y to­ dos volvían a repetir la misma respuesta, "la policía no lo ha dete­

nido", sin más explicación.

UN LARGO CAMINO A LA VISTA Cada día transcurrido a partir de la resolución del hábeas corpus sin que se presentase indicio alguno sobre el paradero de

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Ernesto, tensaba y acrecentaba nuestra angustia y paralelamente evolucionaba en nosotros la idea convertida en convicción de que teníamos ante nosotros un gran reto contra un monstruo oculto que recién empezaba a mostrar sus garras. Esto quería decir que teníamos que prepararnos para una larga y ardua lucha por Ernesto no sólo en el terreno judicial sino también en el político y aún en los medios de comunicación, has­ ta agotarlos, no importa empezar a transitar este largo túnel sin tener a la vista luz alguna, simplemente nuestra fuerza de vivir nos impulsa y se orienta hacia esa meta: quiénes están a favor y quiénes en contra de los crímenes de lesa humanidad.

Teniendo siempre en cuenta la sencillez y la paciencia con ,1a que Ernesto organizaba sus diferentes actividades de artes, deportes, de estudiante y profesor, pese a sus 20 años, empezamos a plantearnos todo aquello que era ne­ cesario para de momento proseguir con la lucha por nues­ tro querido hijo: buscar de inmediato un nuevo abogado defensor para Ernesto.

CAMBIO Y BÚSQUEDA DE UN NUEVO ABOGADO DEFENSOR La arbitraria impugnación escenificada por Espichón Tumay, contra nuestro abogado defensor Adriel Buleje en la oficina del ministro del Interior cuando la jueza fue a tomarle sus declaraciones y en la que deslizó la amenaza de declarar el caso cerrado, no impidió que nosotros continuáramos reci­ biendo su asesoramiento e informándole de las posteriores di­ ligencias judiciales en torno al hábeas corpus. El Dr. Buleje se había desempeñado no sólo como un profesional capaz sino también como un hombre de mucha sensibilidad humana, de apoyo moral permanente, en una situación en la que está en juego la vida de un ser muy querido.

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El hábeas corpus había concluido con éxito en cuanto norma jurídica y conducta profesional de una jueza ejemplar que refuerza la credibilidad en un Poder Judicial cuestionado, pero el bien concreto y real buscado no era habido. Hay que continuar. Entonces analizamos con el Dr. Buleje serenamente los riesgos-que la agresividad a su persona por el ministro del Interior, principal denunciado, podría acarrear al proceso ju­ dicial, ya que el gobierno podría aferrarse a un ¡legal condicionamiento para dificultar nuestra lucha por llegar a la verdad sobre el destino de Ernesto. El Dr.Buleje comprendió estas motivaciones y aceptó retirarse de la defensa con mucho pesar nuestro, no sin antes rechazar la actitud au­ toritaria del ministro. Le agradecimos inmensamente el ha­ bernos acompañado en los momentos de mayor conmo­ ción y nos despedimos muy amigablemente sin cortar nues­ tra relación sobre cualquier apoyo o sugerencia que él consi­ derase mejor. De inmediato nos reunimos en casa con nuestros amigos y familiares que desde un principio nos estaban apoyando para analizar a quién designábamos como abogado defensor de Er­ nesto. Se hizo una lista de abogados conocidos con participación principalmente en procesos penales; después de descartar a los inadecuados, quedaron los nombres de los Drs. José Santos Chichizola y Luis Antúnez de Mayolo. En compañía de nuestro mejor amigo fuimos al día siguiente al domicilio del Dr. Chichizola, en una calle cercana al Parque Universitario a quien felizmente encontramos. Nos abordó en la calle y le explicamos el caso de cuya defensa podría ocuparse, pero él declinó.

Posteriormente tomamos contacto con el Dr. Antúnez y acor­ damos una cita a la que asistimos. Se trataba de un estudio de abogados dirigido por él mismo. Nos escuchó y pidió varias infor­ maciones y nos expresó su interés en asumir la defensa bajo las siguientes condiciones: su actuación sería a nivel de altas relacio­ nes; que tal como se encóntraba el caso existían pocas posibilida­

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des de encontrarlo con vida y que podría existir al final la posibili­ dad de transar la entrega de los restos por la policía, tal vez bajo términos de repente duros. Además, nos cobraría como honora­ rios profesionales cien dólares la hora. Le contestamos que en­ contrábamos su propuesta interesante, que íbamos a analizarla bien y que le llamaríamos para oficializar nuestra respuesta. Consideramos la propuesta muy pragmática para resolver problemas de cualquier otra índole, pero no para un caso de vio­ lación flagrante de derechos humanos. Tuvimos una segunda re­ unión para plantearle algunas aclaraciones y también exponerle nuestro propio punto de vista y las discrepancias. Nos escuchó atentamente y quedó claro que ese camino no era el que buscá­ bamos. Le agradecimos su atención y nos desligamos completa­ mente de él.

RECURRENCIA A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS La primera organización a la que acudimos para denunciar la desaparición de Ernesto fue APRODEH, cuya oficina funciona­ ba en el último piso de un edificio de la Avenida Abancay cerca de la Plaza Bolívar. Era el viernes 26 de octubre de 1990. Ellos ya tenían conocimiento de la desaparición de Ernesto porque sus compañeros de estudios de la Universidad Católica y de la Fede­ ración de Estudiantes de esa universidad ya habían realizado den­ tro del campus una campaña de denuncia de la detención-des­ aparición de Ernesto, y algunos de los que trabajaban en APRODEH eran estudiantes de la misma universidad.

Nos atendió un ¡oven; le explicamos todas las circunstancias del hecho conocidas por nosotros hasta ese momento, y nos exi­ gió, para admitir nuestra denuncia, que le reveláramos una serie de detalles aún desconocidos por nosotros, como por ejemplo, ¿cómo se llaman los testigos que vieron su detención?; si tenía­

104 mos la seguridad de que Ernesto no había participado en la mar­ cha que Sendero había realizado ese mismo día en Villa El Salva­ dor. De ninguna manera podíamos nosotros dar respuesta a algo

que no solamente ignorábamos completamente, sino que quería­ mos también ser los primeros en saberlo. El muchacho finiquitó la entrevista con "sin esa información no podemos admitir su de­ nuncia". Bueno, nos fuimos y no regresamos más.

No obstante esta experiencia inicial con una ONG de dere­ chos humanos, decidimos recurrir a otras. Es así como Carmen Rosa acompañada de un familiar y un amigo, se presentaron a CEAS, organización dirigida por religiosos, por recomendaciones recibidas del Decano de la Facultad de Sociología de la Universi­ dad Católica y por el Instituto donde trabajaba Ernesto (ISET Juan XXIII). Fueron recibidos por una ¡oven, quien para tomar los datos de Ernesto preguntó "¿cómo era su hijo?", a lo cual Rosa le repli­ có, "yo no sé si era o es, estoy hablando de su desaparición", aclaración que fue aceptada por la ¡oven. Entonces Rosa le pre­ gunta nuevamente "¿y qué van a hacer ustedes?" a lo que ella contestó, "ya les informaremos". Pero nunca nos informaron nada. Con estos dos rechazos de diferentes ONGs pensamos que íbamos a tener que luchar solos. Nunca antes habíamos estado en lugares como aquellos, aunque sí teníamos alguna idea sobre sus quehaceres. Pero ningún abogado conoce mejor el área de defensa de derechos humanos que quienes trabajan en estas or­ ganizaciones en un país donde el Estado y sus gobiernos vienen violándolos horrendamente desde hacía exactamente una déca­ da hasta ese entonces, práctica además institucionalizada por los incontables gobiernos militares nacidos de los llamados golpes de

los que nuestra época republicana está infestada. Duro y arries­ gado papel digno de admiración y respeto de estos abogados. Entonces decidimos recurrir a ellos y empezamos a averi­ guar quiénes eran y si alguno era conocido por nosotros. Así ubi­ camos al Dr. Augusto Zúñiga Paz, asesor legal principal de la ONG

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COMISEDH (Comisión de Derechos Humanos). Precisamente el Dr. Zúñiga era muy amigo del "más cercano colaborador nues­ tro" y de otro lado el director de esta organización, Pablo Rojas, resultó ser un antiguo amigo de inquietudes políticas progresistas que en algunas ocasiones estuvo en nuestra casa y conoció a Ernesto cuando todavía era un niño de 5 ó ó años. Pensamos que era el abogado y la organización más ade­ cuada a las exigencias que el caso de Ernesto demandaba. Toma­ da la decisión, nos dirigimos de inmediato a tomar contacto con ellos y apenas llegamos a su local, solicitamos entrevistarnos con el Dr. Zúñiga, el que al enterarse de quien se trataba, salió pronto a su encuentro y se estrecharon en un fuerte abrazo, luego me presen­ tó como el padre de Ernesto y entramos de lleno al fondo del asunto. Le absolvimos todas las preguntas y aceptó de primera intención asumir la defensa del caso, pero para formalizarlo era necesario contar con la autorización de ese organismo mediante un trámite admi­ nistrativo interno que podría quedar resuelto al día siguiente. Así fue. Regresamos y tuvimos una reunión los cuatro ami­ gos con la inclusión de Pablo Rojas quien rememoró la época en que conoció a Ernesto y nos expresó el pleno apoyo de COMISEDH a nuestra lucha en defensa de Ernesto. De este modo quedó sella­ da la asunción de la defensa legal de Ernesto por el abogado Dr. Augusto Zúñiga Paz, el 1 6 de noviembre de 1990.

COMISEHD ASUME DEFENSA DE ERNESTO A PARTIR DEL ló DE NOVIEMBRE DE 1990 El Dr. Augusto Zúñiga Paz reemplaza al Dr. Buleje como abo­ gado defensor del hábeas corpus en defensa de la vida de nuestro querido hijo Ernesto Rafael Castillo Páez. Nos reunimos para lle­ nar todas las formalidades, tanto de nuestra solicitud a Comisedh para que nos apoye su departamento legal, como las otras de ley ante el Poder Judicial.

106 Una vez que el Dr. Zúñiga se entera del estado de la causa declarada fundada en primera instancia por la jueza Dra. Greta Elba Minaya Calle y ante la que el gobierno lejos de dar cumpli­ miento a lo ordenado por la jueza de poner en libertad inmediata a Ernesto, resuelve a través de su procurador Daniel Espichón Tumay apelar la sentencia ante el Octavo Tribunal Correccional de Lima; se entrega a la tarea de estudiar y elaborar cuidadosa­ mente los fundamentos de nuestra defensa, preparándose para la comparecencia pública que este Tribunal tendría que convocar

a las partes para resolver. Este Tribunal estaba conformado por los vocales Drs. José Rivas Manrique, quien lo presidía, Eddy Aréstegui Canales y Julio

E. Biaggi Gómez (expediente 41 -90).

El Dr. Zúñiga tenía como estilo de trabajo diseñar su estrate­ gia y luego explicármela a base de su bien formada experiencia para que yo también me integre y pued-a de ese modo aportar ¡deas o datos que a veces a uno se le pasan. Las bases que sirvieron para que la jueza declarase fundado el H.C. eran inequívocamente sólidas: testimonios de los testigos absolutamente verificables y acuitamiento y suplantación del re­ gistro principal oficial de los detenidos ingresados a la Comisaría de San Juan de Miraflores, hacia donde fue derivado Ernesto por el patrullero que lo detuvo acatando probablemente una orden superior del Jefe del operativo, Cmdte. PNP-PG Juan Carlos Mejía León, cuando debería haberlo llevado a la Comisaría de Villa El Salvador, donde fueron remitidos otros cuatro detenidos ese mis­ mo día.

Nos preguntamos, por qué el gobierno apela cuando las prue­ bas que lo acusan son tan contundentes y los recursos que con­ trapone carecen absolutamente de argumentos creíbles y de efec­ tos desvirtuantes. Manteníamos aún viva la esperanza de que Er­ nesto se encontraría con vida porque ,supuestamente, debido a

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las brutales torturas a las que habría sido sometido, su estado de salud no era todavía el adecuado para ponerlo en libertad, pero tampoco descartábamos la posibilidad terrible de que lo habrían asesinado. De todos modos el Dr. Zúñiga preparó la defensa para la sesión pública del Octavo Tribunal celebrada el martes 20 de noviembre de 1990.

En su alegato el Dr. Zúñiga sustentó la acusación al go­ bierno de la comisión de un "delito de lesa humanidad", bajo la denominación de "Delito de Detención-Desaparición Forza­ da de Personas", cuyas características principales son confir­ madas en este caso bajo los siguientes elementos que textual­ mente reproducimos:

a. La sustracción de la víctima a la so­ ciedad, privándosele de su libertad; b. el acuitamiento del paradero a los fa­ miliares, médico, abogado e inclu­ sive al representante del Ministerio Público y al juez; c. no reconocimiento de la detención; d. omisión del Registro de Detenidos; y e. sustracción a toda forma de jurisdicción. ¿Y cuáles eran los argumentos de Espichón, defensor del gobierno? Sólo uno, ofensivo a la inteligencia humana, que la jueza Minaya nunca pudo probar la captura de Ernesto, toda vez que nunca pudo ser ubicado en ninguna Comisaría o dependen­ cia policial. Para un Tribunal, que asume con seriedad su rol rector dentro de la sociedad, escuchar de Espichón tan deplorable réplica, racionalmente insostenible, era para haberse sentido ofendido. Este Tribunal estaba integrado por magistrados res­ petables; no podía menos que rebatir con meridiana solvencia legal e integridad moral un peligrosísimo atentado a la seguri­

108 dad jurídica y material del conjunto de la sociedad, por lo que emitió una sentencia que instituía un categórico precedente en materia de la defensa de los derechos básicos y fundamenta­ les del ser Humano. Resolvió entonces Confirmar el hábeas corpas, con lo que el proceso legal concluía, señalando la responsabilidad total de las autoridades denunciadas, lo que significaba involucrar al gobierno en la detención de Ernesto, debiéndolo poner in­ mediatamente en libertad, aparte de ordenar se someta a los procedimientos de ley al ministro del Interior, situación a ser resuelta por el Congreso de la República; y a lo Jefes de la Policía y la Dircote, a ser procesados y sancionados penalmente por el Poder Judicial.

La sentencia de este Tribunal fue emitida el 27 de noviembre de 1990 y fue publicada en el diario oficial El Peruano el martes 11 de diciembre de 1 990. Aunque este resultado era previsible, existía temor por las malas artes que el procurador del gobierno podría utilizar para torcer una sentencia que a todas luces nos era favorable. Por eso cuando recibimos la resolución experimentamos una sensación de triunfo compartida con toda la gente de Comisedh, principal­ mente el Dr. Zúñiga y su equipo del departamento legal, el director principal de esta organización, y desde luego en casa nos senti­ mos enormemente reconfortados, pese a que no teníamos muy claro qué es lo que vendría después.

Los diarios de Lima, principalmente La República, así como El Comercio, Expreso, Ultima Hora, El Nacional, Novedades, etc., resaltaron la noticia en sus páginas, con el anuncio de la acusa­ ción constitucionaLal ministro del Interior.

El Octavo Tribunal, simplemente se ciñó estrictamente a su función institucional, y puso de inmediato en poder del Presidente

109 de la Corte Suprema de Justicia de la República, Dr. Eloy Espinoza Saldaña Catasus, las copias certificadas de todo lo actuado para que, por su intermedio, de acuerdo a ley, sean remitidas a la Cá­ mara de Diputados, gestión realizada puntualmente con el oficio n.° 8360-90 de la Presidencia de la Corte Suprema de fecha 05 de diciembre de 1 990, cuyo sello de recepción de la Presidencia de la Cámara de Diputados aparece en el mismo.

Ahora resulta fácil colegir que Espichón no pudo revertir la decisión profesional de los jueces del Octavo Tribunal, quienes merecieron los siguientes comentarios periodísticos:

"Que se recuerde, esta es la primera vez, en los últimos tiem­ pos, que un tribunal de justicia dicta un fallo severo que compren­ de a un ministro de Estado en actividad, y que según los entendi­ dos 'era necesario en resguardo del sistema jurídico en defensa de la legalidad y de las garantías constitucionales'"(La República, Judicial 5,del 28-11-1990). "Un hecho positivo y ejemplar en la administración de justi­ cia constituye la resolución dictada por el Octavo Tribunal en la defensa de la legalidad y de los derechos humanos. Se trata de un mandato que, por primera vez en nuestro tiempo un tribunal de justicia, ordena el procesamiento penal de un ministro de Es­ tado y de altos jefes de la policía por su responsabilidad en el secuestro y desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez. En este caso el ejemplar gesto correspondió a los vocales José Rivas, Julio Biaggi y Eddy Aréstegui".(La República, Policial 23, del 02

de enero 1991) Pero ahí no quedaría todo. Espichón probablemente ya en ese momento bajo la conducción del delincuente-criminal Montesinos, con mayor poder dentro del gobierno y en estrecha complicidad con el hampón japonés Fujimori, buscaba de todas maneras una salida legal o judicial al problema ahora con dimen­ sión política que amenazaba abrir un frente al gobierno de Fujimori,

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tal vez un poco difícil de controlar y buscó el punto más vulnerable de la corrupción del Poder Judicial, increíblemente enquistada en la cabeza de este poder, la Corte Suprema, más precisamente, en los miembros de la Segunda Sala Penal. Para este fin, según una información muy confiable de un colaborador anónimo, Espichón, nuevamente y proba­ blemente con la recomendación de Montesinos, invitó a estos vocales a un almuerzo con el ministro del Interior en el Círculo Militar de la avenida Salaverry, a la que puntual­

mente concurrieron, aunque no se precisa cuántos de ellos, para darles la versión subterránea del gobierno acerca de la supuesta militando senderista de Ernesto y convencerlos de este modo para que se comprometan a desbaratar el hábeas corpus, declarándolo improcedente, salvando al mi­ nistro de un proceso penal.

Espichón se puso inmediatamente a trabajar con es­ tos vocales prevaricadores con la protección y apoyo del corrupto gobierno que iniciaba así una de sus tantas ini­ quidades. Entonces Espichón, conocida la confirmación del H.C., plantea un recurso de nulidad al Octavo Tribunal al que presiona en forma reiterada, pero éste lo deniega tajante­ mente. Busca otros medios, legalmente improcedentes, y plantea un recurso de queja, el cual tampoco es admitido inicialmente por este Tribunal, sin embargo con copias de sü falso expediente Espichón plantea ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema un recurso de queja que obvia­ mente es admitido, presionando al Octavo Tribunal a que ceda y emita la aceptación de este recurso bajo el precepto legal de "por equidad".

. De este modo se do inicio a un legicidio merced a la corrupta conducta enquistada en la cúpula del poder judicial.

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CONTENCIÓN DEL GOBIERNO A LA GESTIÓN RECTORA DEL PODER JUDICIAL Debido a los continuos contactos mantenidos casi desde el principio del caso con diversos parlamentarios, principalmente diputados, el interés por la solución, primero policial y luego judi­ cial, fue aumentando, de modo que cuando se produce la confir­ mación del H.C. en segunda instancia, el caso pasa a tener con­ notación política, ya que está en juego para un gobierno recién instalado dirigido por un sujeto que en su campaña recalcó su compromiso por la defensa de lo derechos humanos, en qué con­ sistiría el cumplimiento de este compromiso.

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEVUELVE LOS ACTUADOS DE LA CORTE SUPREMA El presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Víctor Paredes, del grupo Cambio 90, reclutado por Fujimori, lue­ go de la recepción de los actuados en el caso de Ernesto enviados por la Corte Suprema, este guardó sospechoso silencio y no infor­ mó nunca sobre este asunto a su Cámara. Pues este sujeto, por instrucciones superiores del ejecutivo (probablemente Fujimori y Montesinos) devolvió la resolución del Octavo Tribunal Correcional con el legajo certificado de los actuados a la Corte Suprema adu­ ciendo que "la formulación de acusaciones constitucionales sólo es potestad de los diputados y de los ciudadanos directamente agraviados"(La República, Política 8 , del 05 de febrero de 1991). Pero ya en el mes de diciembre de 1990, Espichón había logrado que el caso sea visto nuevamente por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, violando la ley de hábeas corpus. De esta manera el proceso ingresa al campo vedado del prevaricato, de la violación de la legalidad, con el previsible propósito de libe­ rar de toda responsabilidad legal a los sentenciados por el delito

1 12 de lesa humanidad de "detención-desaparición forzada" y permi­ tir que el gobierno se lave las manos con la impunidad de los responsables directos y reducir el caso a la nada, y para mayor descaro, bajo la aplicación de una supuesta "correcta interpreta­ ción de la ley". Y un aviso, ya no subliminal, de que este camino para reclamar justicia, quedaría bloqueado.

ACCION FISCALIZADORA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A LA POLÍTICA VIOLATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO. Desde el último gobierno de Belaúnde y durante el de García Perez, la ejecución de masacres de pueblos enteros alejados, tra­ dicionalmente muy pobres por fuerzas militares y policiales y tam­ bién de detenciones arbitrarias y posteriores desapariciones, fue una política corriente de gobierno y el nuevo gobierno de Fujimori, lejos de buscar una forma de frenarla, la impulsó más hasta llegar a las ciudades y aún a Lima, capital de la república.

El caso de Ernesto, suponemos, significaba la voz de alerta sobre la imposición de un estado de inseguridad ciudadana en general, contra el cual el sistema legal de los derechos constitu­ cionales de poco o nada servían.

Todas las gestiones de apoyo realizadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en las demandas de información sobre Ernesto en las dependencias policiales no dieron resultado alguno. Retomamos contactos aislados con algunos diputados para, apar­ te de exponerles la versión directa del caso, solicitar su apoyo, para que al tener que resolver la Cámara de Diputados la acusación constitucional del ministro del Interior, saber cómo se va a realizar, qué riesgos hay de que se frustre y de qué mejor manera deberíamos actuar en ese escena­ rio y qué efecto tendría como posibilidad de encontrar a Ernesto.

1 13 Por esta vía llegamos a entrevistamos con los diputados Er­ nesto Gamarra, Ricardo Letts Colmenares y Julio Castro Gómez. Ellos mostraron desde un primer momento un interés sincero y siempre estuvieron pendientes de la evolución del caso, apoyaron permanentemente los pedidos de presencia del ministro del Inte­ rior en su Cámara, para exigirle entre otros problemas, que diga dónde se encontraba Ernesto luego de su detención por la policía, pregunta que nunca quiso responder. Fue también a través de ellos, que obtuvimos mayores datos sobre la participación policial en la detención de Ernesto, fuente de la que partió la periodista Cecilia Valenzuela para ampliar su informe que sobre Ernesto difundió el programa televisivo, "En Persona" de César Hildebrandt, la tercera semana de noviembre en el'que con lujo de detalles describió el proceso, dejando bien establecida la participación directriz del sanguinario comandante PNP Mejía León y de su subalterno el Tnte. PNP Roberto Reyna Zúñiga.

Mejía instruyendo sobre el manejo de explosivos

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El hilo conductor de esta investigación fue facilitado por un mayor PNP(r) Jorge Castro Castro, quien trabajaba como adjun­ to en la oficina del diputado Julio Castro Gómez. Este mayor tenía una relación familiar con el mayor Comisario PNP Emilio Vargas Cepeda, jefe de la Comisaría de Villa El Salvador, quien se encon­ traba muy preocupado por las versiones periodísticas que lo se­ ñalaban como directo responsable de la no aparición de Ernesto y ocultador de la verdad, y él quería desmentir esto, ya que no era verdad, afirmaba; pero tampoco podía salir a decirlo abiertamen­ te por temor a sanciones de sus superiores. El hecho es que Jorge Castro hizo saber a los diputados este dilema de su familiar y buscó que fuera por un medio noticioso serio y de confianza que garantizara la reserva de cómo se acce­ dió a la fuente, el que expusiera una versión al menos más cerca­ na a la realidad. Entonces Cecilia, quien por suerte había solicita­ do encarecidamente a César Hildebrandt encargarse de esta in­ vestigación periodística, fue puesta en contacto con el Mayor Vargas Cepeda y éste le contó su verdad. ¿Cuál fue?

Que a la Comisaría bajo su mando en la fecha del operati­ vo, 21 de octubre de 1 990, cerca del medio día fueron llegando varias personas detenidas por los patrulleros en la zona de Villa El Salvador, los que fueron inmediatamente registrados como ingre­ sados a su local policial. Fueron solo cuatro, remitidos con los partes correspondientes a la Dircote. Ernesto no fue llevado a esa Comisaría.

Al poco tiempo de haber llegado los cuatro detenidos, se presentó el Cmdte.Mejía León, Jefe del Operativo, a exigirle la entrega de los detenidos para llevárselos a su cuartel e interrogar­ los él mismo, pedido que fue negado porque era violatorio de las normas internas. Mejíg reaccionó violentamente originándose un fuerte cambio de palabras, retirándose abruptamente sin lograr su cometido. Minutos después lo llamó por teléfono el Director General de la Policía Tnte.Gral.Adolfo Cuba y Escobedo para pre­

1 15 guntarle en tono molesto: cuántos detenidos hay en su Comisa­ ría?, a lo que el Comisario respondió: cuatro, mi general. En tono lacónico Cuba le espetó. ¡Cómo que cuatro, imbécil! Y cortó.

Es necesario recordar también aquí, que en una fecha pos­ terior, el diputado Ricardo Letts Colmenares, que destacaba por protestar contra las abusivas medidas de Fujimori y sus colabora­ dores, sufrió un intento de asesinato y amenaza de muerte me­ diante el envío de una carta bomba que felizmente fue detectada a tiempo sin que llegara a detonar en manos del destinatario a quien le habría causado seguramente la muerte. Posteriormente jugarían también un rol muy importante, principalmente el dipu­ tado Julio Castro Gómez, vinculado siempre a la preocupación por el caso de Ernesto, en el encausamiento de la acusación cons­ titucional por delito de prevaricato y otros a los corruptos miem­ bros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, que más adelante abordaremos.

CONTACTO Y AVERIGUACIONES A TRAVÉS DEL MAYOR PNP(r ) JORGE CASTRO CASTRO En la medida que nuestras relaciones con los diputados Ri­ cardo Letts y Julio Castro Gómez principalmente, fueron progresi­ vamente más frecuentes por necesidad de los nuevos eventos del proceso judicial, conversábamos también con el mayor Cas­ tro, quien daba la impresión de estar enterado de otros deta­ lles sobre el caso de Ernesto que mantenía en reserva.Debido a nuestro interés de saber también algo más, desarrollamos con él una relación fluida con reuniones privadas llevadas a cabo en su propio domicilio. Antes de llegar a esta avanzada de nuestros contactos, fue puesto en nuestro conocimiento, en la oficina de uno de los mencionados diputados, la versión obtenida por los contactos policiales del mayor Castro en el cuartel de la 22 Comandancia PNP, centro de operaciones del asesino Mejía León, acerca de la presencia de Ernesto en ese

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cuartel y del sometimiento a crueles torturas aplicadas direc­ tamente por el criminal cobarde Mejía, en un ambiente (una habitación) situado cerca del puente sobre el río Rímac, en una de cuyas riberas está asentado este cuartel.

Según esa versión, este asesino lo interrogó con brutal vesania; lo mantuvo largo tiempo atado y tirado boca arriba sobre una banca y le introducía chorros de agua por la nariz hasta dejarlo semiasfixiado. No sé cuanto tiempo habría resis­ tido mi querido hijo esta brutal y atroz tortura, ya que él no declaró nada, no podía declarar nada de lo que no sabía y menos en situación de absoluta carencia de garantías de toda índole. Hasta que expiró.

La misma fuente informa que en la madrugada del 22 de octubre de 1990, el cuerpo sin vida de Ernesto fue sacado por Mejía y sus ayudantes del cuartel y llevado a una playa del Sur de Lima, donde fue dinamitado dentro de una zanja antes de cubrirlo con arena. El mayor Castro nos prometió ponernos en contacto con un policía del cuartel de Mejía para obtener mejores detalles. Para el efecto nos pidió cien dólares que nosotros entregamos al mayor Castro, pero tras varias promesas frustradas nunca se presentó. Se nos dijo que se atemorizó por la gravedad del riesgo. Pero la razón por la cual después de esto continuamos reuniéndo­ nos privadamente con el mayor Castro fue porque él estaba esperando la llegada de un policía de su entera confianza des­ tacado en la embajada de Perú en Colombia, quien tenía cole­ gas amigos en la Comisaría de San Juan de Miraflores y que­ ríamos que averiguase si Ernesto estuvo detenido allí, preguntan­ do muy cuidadosamente a sus amigos.

Efectivamente llegó el policía. Un hombre de apariencia mo­ desta y muy respetuoso. El mayor nos lo presentó en su casa y ante nosotros le encomendó la tarea ya mencionada. El guardia

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respondió con seguridad que él iba a conseguir esa información con el mayor cuidado y en el más corto tiempo posible. Se estable­ ció un plazo de dos semanas y nos volveríamos a reunir en el mismo lugar.

Transcurrido el plazo, concurrimos a la cita haciéndonos mil ¡deas, nos asaltaban tantas dudas; teníamos que enfrentarnos a la más doloroso realidad de nuestra vida: la pérdida definitiva de nuestro querido hijo Ernesto. Pero tendríamos que seguir por él. Jamás nos detendríamos en nuestro reclamo por el retorno de nuestro hijo. ~ Estábamos todos presentes y había una atmósfera de sus­ penso y tensión por parte de nosotros, cuando por fin el mayor Castro hizo la pregunta de rigor: ¿y cómo te ha ido...? El guar­ dia, muy sereno, contesta: "Bueno, mi mayor, no me fue muy difí­ cil averiguarlo. Todos saben que el muchacho universitario de nom­ bre Ernesto estuvo transitoriamente detenido en esa Comisaría, donde fue inicialmente físicamente maltratado y que fue sacado de allí y llevado en su camioneta por el Cmdte. Mejía León. Por lo tanto no ha ingresado al calabozo y en consecuencia en el cua­ derno de Segundo Cuarto no podía estar registrado, pero sí en el de ingresos de detenidos que está a cargo de la Guardia de Pre­ vención así esté detenido provisionalmente. Este fue el libro que la jueza encontró con enmendaduras. Es lo que se comenta allí mi mayor". Luego de escuchar este informe, guardamos silencio por un rato sin atinar a decir nada. Repuestos ya del impacto de su infor­ me, el mayor Castro comenta que, respecto de lo que declaró el Sgto. PNP Campos Chira de la Comisaría de San Juan de Miraflores al juez Vargas, de que no le entregaron el verdadero libro a la jueza Minaya porque se encontraba en la Jefatura de Logística para el informe estadístico, eso no era así, porque todo informe estadístico se realiza por intermedio de la Jefatura de Ser­ vicios y no por la de Logística; además de que como son mensua­

118 les, éstos se toman ocho días después del mes que finalizó y la jueza lo solicitó el 30 de octubre de 1990 cuando aún no había finalizado. No había ya nada más que tratar y nos despedimos expresándoles tanto al Mayor Castro como al policía subalterno nuestro mayor agradecimiento por esta cooperación que mitiga­ ba aunque sea en una pequeña parte el dolor por la desaparición de nuestro hijo.

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Nunca más volvimos a ver a ese policía, pero con el Mayor Castro seguimos en contacto. Se nos informó que la playa donde se encuentran los restos de Ernesto es la de Puerto Viejo, al Sur de Lima. Es una playa con cerros y lomas cubiertas de arena que llegan hasta la orilla del mar formando algunos acantilados. La hemos recorrido casi completamente, acompañados de amigos y familiares provistos de algunas herramientas para excavaciones en busca de algunos indicios, pero es tan amplia con huellas de vehículos por todas partes e incluso con casquillos de balas de pistola y metralla, que no llegamos a des­

cubrir nada. Hasta allí llegamos también con el mayor Castro en com­ pañía de nuestros nuevos abogados defensores Ronald Gamarra y César Azabache. Fue aquí donde el mayor Castro comenzó a hablar de sus hazañas antisubversivas en Ayacucho, dejando traslucir su vinculación con el servicio de inteligencia de la Marina. Después no progresó más nuestra relación. Vino el golpe'militar del 05 de abril de 1 992 y se perdió toda rela­ ción con él.

Cada vez que hemos tenido la ocasión de conocer al­ gunos detalles confirmatorios de la detención de Ernesto por la policía, significaban para nosotros golpes muy du­ ros, porque nuestras esperanzas de encontrarlo con vida iban quedando regadas en el camino, al mismo tiempo que se hacían presentes de inmediato todas nuestras vivencias al lado de Ernesto, desde que era niño, la enorme alegría

1 19 que sentíamos cuando estábamos unidos toda la familia y cuántas veces ¡untos hemos salido a diversos sitios y luga­ res de nuestro país que Ernesto disfrutaba conociéndolos. Mas de repente el vacío, la soledad, la incertidumbre, el regreso a la barbarie: el gobierno lo detiene, lo desaparece

y lo niega.

DENUNCIAS ANTE LOS MEDIOS DE PRENSA Y OTROS PODERES DEL ESTADO Ante la negativa de las diferentes reparticiones polfciales involucradas en la detención de Ernesto de reconocer este hecho rehuyendo su presentación, y luego de presentado el hábeas corpus, decidimos hacer pública su detención-desaparición ocurrida dentro de un operativo policial en Villa El Salvador. Es principalmente el diario La República del 27 de octubre de 1990, el que destaca notoriamente esta denuncia con una fotografía de Ernesto de hacía dos años desprovisto de anteojos que en el momento de su detención llevaba. Aún no habíamos desarrollado sus fotos más recientes en la que sí aparece con len­ tes. (Nota: poner las dos fotos y compararlas). Este diario mantu­ vo sistemáticamente ofreciendo la información durante todo el proceso judicial llevado a cabo en el Perú y aun en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También El Comercio" difundió con frecuencia las situa­ ciones del caso. Otros periódicos de la época que le dedica­ ban sus páginas fueron Página Libre, Hoy, Novedades, Ulti­ ma Hora, Expreso, El Nacional, etc.

Debemos destacar que el periodista Guillermo Dávila de El Nacional, tuvo un comportamiento periodístico ejemplar. Desarrolló una labor de investigación amplia en su afán solidario de dar con Ernesto. Publicó información con amplitud, más específica y puntual

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sobre las diversas situaciones en las que le cupo intervenir. Pero todo hacía prever que existía una orden oficial de muy arriba de cerrar el caso con el cínico recurso de negarlo todo.

De igual modo, merece ser mencionado el amigo Hugo Girón del diario Novedades, un periódico pequeño pero con una entre­ ga en la búsqueda de pistas por encontrar a Ernesto a pesar de las enormes dificultades creadas por el oficialismo. Sobre las revistas, fue SI la que sacó un reportaje escrito por un tal Esquinarela, completamente tendencioso, dejando entrever que Ernesto era de Sendero Luminoso. ¿Y esto qué significaba? ¿Que la desaparición de un supuesto senderista no era mucho de lamentar o podría ser permisible?

NUESTRO PASO POR LA TELEVISIÓN El primer canal de televisión al cual acudimos a formular la denuncia fue el 9, en el programa de "Fuego Cruzado" el jueves Io. de noviembre de 1990. Nos entrevistó Guzmán. También fui­ mos al canal 2 que grabó nuestra entrevista pero no la difundió por orden de la Gerencia, según nos dijeron después. El sábado 3 de noviembre de 1 990, mi esposa y yo tuvimos una entrevista con el Sr. César Hildebrandt del canal 4 para enterarlo dé lo que estábamos padeciendo en la búsqueda de nuestro hijo, él nos citó para una entrevista el día siguiente en directo en su programa "En Persona" de los domingos. Y allí expu­ simos, por primera vez con la amplitud suficiente, que éramos víctimas del recién instalado gobierno del japonés Fujimori: de la detención-desaparición de nuestro hijo.

El colofón de esta entrevista fueron las palabras del Sr. Hildebrandt: "Señor ministro del Interior, el Sr. Cromwell Castillo

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aparecerá en este programa todo el tiempo que sea necesario hasta que usted presente a su hijo Ernesto detenido por la policía". La siguiente semana volvimos a presentarnos en el mismo programa mientras que el tal ministro seguía guardando silen­ cio. Para ese entonces ya conocíamos el lugar de detención de Ernesto y es entonces que la periodista Cecilia Valenzuela perio­ dista del programa de Hildebrandt es autorizada a realizar una investigación sobre el caso de Ernesto para ser divulgada en este

programa. Cecilia se emplea a fondo y logra penetrar con la ayuda de sus contactos en la interioridad del operativo e identifica al Cmdte. PNP Mejía León y al Tnte.PNP Reyna como los policías que tuvie­ ron en su poder a Ernesto y quienes lo hicieron desaparecer, apar­ te de varios otros detalles más que determinan la plena culpabili­ dad de la policía frente a la cual el ministro del Interior no podía seguir ignorando el caso. Pero todo este esfuerzo de divulga­ ción y de presión no sirvió para que las autoridades esclarecie­ ran el destino de Ernesto. Es más, el programa de César Hildebrandt posteriormente fue suspendido.

Fuimos solicitados para participar en otros programas como víctimas del gobierno al lado de otros personajes que no eran víctimas y además estaban de algún modo ligados al gobierno transgresor, pero el conductor les asignaba el 80 % del tiempo en las intervenciones y a los familiares de las víctimas que debían denunciar sus tragedias, algunos de ellos venidos de provincias con la esperanza de que la opinión pública conozca las violaciones de las fuerzas re­ presivas, los cortaban cuando apenas empezaban a ha­ blar y la mayoría ni siquiera pudo abrir la boca (programa "Fuego Cruzado", conducido por Guzmán y Mariella Balbi). Tuvimos que tragarnos nuestra amargura y la impotencia que esto conlleva.

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También de otros canales hicieron reportajes sobre Ernesto, como el canal 5. Llegaban a la casa y filmaban a su elección todos los lugares donde Ernesto solía pasar su tiempo: su dormi­ torio, el estante abarrotado de sus libros y fotocopias de otros tantos, y su ambiente preferido, la biblioteca, su colección de música clásica, música folclórica peruana y latinoamericana y también moderna que con frecuencia escuchaba cuando se que­ daba a trabajar hasta la madrugada.

INTERVENCIONES EN LA RADIO Algunas radios nos han entrevistado por teléfono (Radio Victo­ ria), en otras hemos estado en sus propios estudios, compartiendo el análisis de nuestra situación con personas invitadas, como por ejem­ plo el programa que dirigía el Sr. Cadillo de la emisora Radio Liber­ tad. Otras radios que algunas veces nos entrevistaron fueron Radio Santa Rosa y otras de difícil recordación;

Merece destacarse las entrevistas en Radio Cadena en un pro­ grama conducido por el abogado Raúl Samamé a la que asistieron los abogados Augusto Zúñiga y Francisco Eguiguren Praeli, el sába­ do 1 5 de diciembre de 1 990. En esa entrevista el Dr. Eguiguren, que trabajaba para la ONG Comisión Andina de Juristas (CAJ), adoptó una posición muy crítica al gobierno por no respetar los derechos humanos en relación a que la Corte Suprema había admitido revisar un hábeas Corpus encontrado fundado en sus dos instancias, pero el tal Dr. Eguiguren, pocos años más tarde se transformó en parte del aparato administrativo de un gobierno criminal y corrompido.

NUESTRAS GESTIONES EN EL CONGRESO ■> En esta institución de importancia determinante en la vida diaria de nuestro país, hemos estado permanentemente solici­

123 tando su intervención a fin de lograr el esclarecimiento del des­ tino de nuestro hijo Ernesto. Acudimos repetidas veces, casi desde el inicio mismo de su detención-desaparición y simultá­ neamente a nuestras acciones judiciales.

En el transcurso de todo este periodo desde octubre del 90 hasta abril del 92, fecha del nefasto y traicionero golpe de Estado, tuvimos contactos, entrevistas, apoyos permanentes o temporales, promesas y también indiferencias. Para nosotros que nunca fuimos militantes de ningún partido político que ocu­ pó el poder, todo esto nos resultaba completamente raro, nos sentíamos a veces como si lo que estábamos reclamando era inalcanzable, que poco o nada se podía hacer. Pero también encontramos a los que te dan aliento, asumen compromisos de apoyo, muestran su indignación fiel y espontánea que la avalan con sus actos, sus gestiones objetivas y puntuales que quedan registrados en la memoria colectiva, indeleble de un país, que es nuestra historia.

Tal vez muchas situaciones vividas en este campo queden sin mencionaren este rápido recuento, no por exclusión digitada sino porque no aparecen en los legajos que acumulé en ese ir y venir por esa institución del Estado.

EN LA DIRCOTE Como ya relaté en nuestra primera averiguación ante el Jefe de la Dircote, fuimos acompañados del diputado Jorge Maldonado Chirinos, miembro en ese entonces de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ante las prime­ ras manifestaciones de la policía de negar la detención de Ernes­ to, situación de la que toman conocimiento algunos diputados y siguiendo el consejo que el ex diputado Tany Valer nos recomen­ dara de promover la presentación de una moción en la Cámara de Diputados denunciando este hecho, se encargó a algunos

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amigos y familiares intentar sugerir a diputados amigos o conoci­ dos que apoyasen esta iniciativa. El diputado Alvarez, por su rela­ ción con un familiar intentó materializar esta sugerencia, pero la moción no encontró la adhesión suficiente y sólo quedó en un intento. Pero nosotros continuamos insistiendo explicando nues­ tro caso al mayor número de congresistas no gobiernistas. Buscamos hablar con el diputado Fernando Olivera Vega, pero en su oficina nos dijeron que no podía atendernos porque estaba muy ocupado y que fuéramos más bien donde el diputado Teherán. Fuimos donde él y se encontraba en su oficina, nos hizo pasar pero tuvimos que esperar que terminara de hablar por telé­ fono. Recuerdo mucho el tema: sobre los beneficios que traería el entablar relaciones comerciales oficialmente con Taiwán. Por fin termina de hablar y nos atiende; nos escucha y nos dice: si uste­ des no tienen testigos sería muy difícil hacer algo, es mejor que vayan al Fiscal de la Nación por los Derechos Humanos. Esto fue el martes 30 de octubre de 1990. Ya teníamos testigos y habían declarado ante la jueza, pero en ese momento no se había publi­ cado la sentencia sobre el hábeas corpus.

Luego decidimos visitar, en una fecha próxima al Dr. Raúl Perrero Costa, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, la que se concretó el mar­ tes 13 de noviembre de 1990, acompañados del periodista Guillermo Dávila de El Nacional, pero nos recibió su secretario para informarnos que había recibido las notas sobre la deten­ ción-desaparición de Ernesto así como la resolución favorable del habeos corpus y que la Comisión ya había solicitado al ministro del Interior que informe sobre el caso pero que aún no había res­ pondido y nos citó para el día siguiente en que nos recibiría el senador.

El senador Perrero nos recibió y manifestó que ya se había enviado una comunicación al ministro del Interior solicitándole informe sobre el caso (nos mostró copia del oficio) para el que

125 tenía un plazo de doce días para contestarla, vencido el cual sin respuesta, correspondería según el reglamento, instarlo una se­ gunda vez con un plazo igual, pero que si en el plazo de tres días de la segunda citación tampoco respondía, lo llamaría por teléfo­ no para pedirle directamente que remita su informe. El tiempo pasó, los plazos se cumplieron, sin resultado alguno y ya no re­ gresamos más.

LA LABOR DEL DIPUTADO Dr. MARIO CAMACHO PERLA Al mediar la primera quincena de noviembre de 1990, reci­ bimos en nuestra casa la visita del diputado por lea Dr. Mario Camocho Perla, presidente interino de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en reemplazo del titular, el Dr. Eduardo López Therese, que se encontraba de viaje en Chile. Vino para ofrecernos su ayuda y apoyo como miem­ bro principal de esta Comisión en todas las acciones que las atri­ buciones del cargo permiten para hallar a Ernesto. Aceptamos con mucho agrado y optimismo y agradecimos su gesto.

El lunes 12 de noviembre de 1990 entregamos al Dr. Camocho Perla, nuestra denuncia ante la Comisión que él presi­ día, solicitándole se inicie una exhaustiva investigación a las insti­ tuciones y personal policiales comprometidas en la detención de Ernesto. Fuimos presentados por él ante el Presidente de la Cá­ mara de Diputados, Sr. Víctor Paredes (el que devolvió después la sentencia del 8vo.Tribunal remitida por el presidente de la Corte Suprema), quien igualmente prometió, protocolarmente, toda la ayuda de los congresistas al mismo fin. El Dr. Camocho Perla planteó la necesidad de la creación de una Comisión Investigadora de la desaparición de Ernesto, pro­ puesta que tuvo el apoyo multipartidario de la Cámara de Diputa­ dos, pero que no llegó a concretarse.

126 En el terreno de las investigaciones concretas, participamos ¡untos, como tarea de su Comisión, en la indagación directa en la 29 Comandancia PNP-PG, conocida también como Radiopatrulla, cuyos efectivos llevan como distintivo boinas rojas, uno de cuyos patrulleros, por declaración de los innumerables testigos presen­ ciales fue el que detuvo a Ernesto.

El lunes 19 de noviembre acompañados de un periodista, nos hicimos presentes en esta Comisaría y el diputado pidió ha­ blar con el Jefe de ese cuartel, Cmdte. PNP-PG Elio Cáceres. Nos hicieron pasar y esperar. Al cabo de un buen rato apareció un oficial PNP de apellido Venturo para disculparse de la no presen­ cia del Cmdte.Cáceres por encontrarse en reunión de determina­ ción de ascensos del personal y para decirnos también que el Cmdte. ya había enviado cuatro informes conteniendo la relación del personal que participó en el operativo del 21 de octubre, al Jefe de la Séptima Subregión PNFJ general José Vinatea Dellepiani. Personalmente y también al Dr. Camocho Perla, el compor­ tamiento de Cáceres nos pareció, aparte de ser una descortesía e irrespeto a un representante de un poder del Estado, miembro de una Comisión importante, una muestra de menosprecio y subes­ timación a una autoridad política, que está por encima de él, en cumplimiento de sus funciones frente a un determinado hecho dentro del cual ese comandante estaba implicado.

Adicionalmente quería transmitir la imagen a su personal o cuerpo quién mandaba de verdad en nuestro país. Pero para mí tenía un significado mayor: Estaba inconscientemente enviando un mensaje de su culpabilidad en el acuitamiento de hechos vin­ culados con la identificación de quienes detuvieron a Ernesto. Para este tipo de individuos es mejor no ser confrontado por un investi­ gador imparcial y menos por quien asume el papel de defensor de la víctima contra la cual su organización atentó. De modo que en el fondo el comandante pensaba que se protegía. Ya no sería investigado con el sesgo favorable al acuitamiento en que in­

127 currió la Inspectoría General Policial, bajo la dirección del ge­ neral PNP-PG Ruiz Botto, cuyo informe final es una apología al encubrimiento.

HACIA LA SÉPTIMA SUBREGIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL Terminada nuestra corta gestión en el Cuartel de la 29 Co­ mandancia, nos dirigimos sin pérdida de tiempo hacia la Séptima Subregión. Encontramos al general PNP-PG Vinatea, anunciamos quiénes éramos así como el objeto de nuestra visita a un emplea­ do quien a los pocos minutos regresó indicándonos que sólo el Dr. Camocho Perla podía ingresar. ¡Qué extraña decisión! Pensé, aunquedespués me rectifiqué pensando que Vinatea quería de­ cirle algo al Dr. Camocho que yo no debía escuchar. Y qué podría ser? Era el 1 9 de noviembre de 1 990, el hábeas corpus apelado por Espichón estaba en el Octavo Tribunal Correccional pendien­ te de Sentencia. ¿Alguna revelación para dar con Ernesto? No podía ser.

Pasada una media hora salió el Dr. Camocho Perla para lue­ go dirigirnos a nuestros respectivos domicilios. La explicación que me dio el Dr. que el tal general había sufrido también en el pasado reciente la pérdida de uno de sus hijos, ¡oven casi como Ernesto en un accidente, lo que había sumido a él y su esposa principalmente en una gran consternación y quería evitar provocarle al atribulado pa­ dre del muchacho desaparecido más pesar del que ya tenía. Pero sobre el caso en sí, un repetidor más del mismo disco: no se ha encontrado indicios de que la policía haya detenido a Ernesto. El Dr. Camocho Perla siguió realizando gestiones dentro de la Cámara de Diputados para demandar la presencia del ministro del Interior y explique la detención-desaparición de Ernesto por gente que está bajo su responsabilidad. Posteriormente se hizo presente el diputado López Therese para reasumir el cargo de Pre­

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sidente de dicha Comisión y con el Dr. Camocho tuvimos una reunión para agradecerle todo el apoyo recibido durante su per­ manencia en ese cargo.

GESTIONES CON EL DIPUTADO DR. EDUARDO LÓPEZ THERESE El jueves 22 de noviembre de 1990, tuvimos la primera re­ unión con el Dr. López Therese, titular de la Presidencia de la Comi­ sión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, recién llegado de un viaje a Chile relacionado con Derechos Huma­ nos. Le explicamos todos los detalles del caso y de la gestión de apo­ yo realizada por el Dr. Camocho Perla hasta ese momento. Nos hizo muchas preguntas sobre Ernesto, en especial sobre su militando política de la que sólo conocíamos su simpatía por la izquierda en general. Nos prometió asumir la investigación del caso para lo cual se reuniría con el ministro del Interior con quien, manifestó, mantenía muy buenas relaciones. Le exteriorizamos nuestro inmenso pesar y temor por la suerte que estaría corriendo la vida de nuestro hijo al ver que el tiempo avanzaba y la policía en bloque seguía negando haberlo detenido porque tal vez ya lo habrían asesinado y esa posibilidad nos atormentaba permanentemente. Quedamos en mantener contacto telefónico constante para conocer los resultados de las gestiones directas ante el ministro. Previendo que el ministro le va a plantear que no hay evidencias de que fue la policía quien lo detuvo, le propuse, para aprovechar el tiempo y que el ministro no lo sorprenda con sus falsos argu­ mentos, hacer juntos una visita al lugar de la detención en Villa El Salvador y que él mismo interrogue a los testigos y compruebe la verdad de lo sucedido y se convenza de quién miente y quién dice la verdad. Le pareció muy correcta y oportuna la ¡dea, citándonos para el domingo 25 de noviembre de 1 990 en un punto de Lima desde el cual partiríamos al lugar prefijado.

129 Y así ocurrió. El Dr. López Therese acompañado de su agente de seguridad y yo, llegamos a I lugar de la detención de Ernesto en Villa El Salvador a las 1 1 .30 de la mañana. Justo fue un domingo a las 1 1.30 cuando Ernesto transitaba por ese mismo lugar. Solicité a los testigos de la casa frente a la cual fue detenido que por favor le describieran al diputado todo lo que vieron con respecto a Ernesto. Y ellas sin dudar daban respuestas con todos los detalles de la detención policial. Finalmente el diputado le pre­ guntó a una de ellas, la que más retuvo aspectos de la detención, si el arma con la que el policía le apuntó a Ernesto ordenándole l"alto o te mato!" era como la que portaba su seguridad (una pistola), y ella le contestó, no, que era más grande. Claro, era fácil deducir que el arma que portaba el policía agresor era una me­ tralleta ligera.

Evidentemente que esta confrontación con la realidad de lo ocurrido le sirvió al diputado como una excelente base de apoyo para promover una seria investigación al interior de la policía, punto principal sobre el cual hablaría con el ministro del Interior.

En su primera entrevista con el ministro en la que éste repitió la mentira de siempre de que la policía no lo detuvo, el diputado le refutó con el testimonio de los testigos que él directamente recibió, recomendándole que lo más adecuado era llevar a cabo una pro­ funda investigación interna que dé con los responsables y que la misma institución los ponga en manos del Poder Judicial. Al dipu­ tado le pareció haberlo convencido con el relato de los testimo­ nios de la veracidad de la detención de Ernesto por la policía, recibiendo del ministro la promesa de realizarla.

Pero el ministro seguía declarando la inocencia de la policía las veces que fue convocado al Congreso sobre el caso de Ernes­ to, para finalmente, al unísono con Cuba y Escobedo, anunciar

130 que las investigaciones dentro de la policía habían terminado sin encontrarse pruebas de que la policía detuvo al estudiante.

ATACAN A BALAZOS CASA DE DIPUTADO El diputado López Therese estaba cumpliendo con mucha entereza su función de Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de su Cámara. Y esta fue la razón por la que una noche, mientras el diputado se encontraba participando en una sesión de su Cámara, desconocidos ametrallaron intempesti­ vamente su casa desde una camioneta. Felizmente que su esposa e hijos que se encontraban dentro atinaron a tirarse al suelo y no sufrieron daño corporal alguno, pero el pánico y shock nervioso fue muy fuerte. Al ser avisado el diputado sobre este atentado a su familia, dio cuenta a la Cámara del hecho y solió a toda prisa a auxiliar a su familia. Esto ocurrió la noche del 25 de noviembre de 1990.

Con este artero y cobarde ataque, que supongo, de la gente asesina de Mejía León, del que también es difícil creer que el mi­ nistro del Interior desconocía, pretendían atemorizar al diputado López Therese en su gestión de exigir al tal ministro aclare por fin dónde se encontraba Ernesto y obligarle a desistir o abandonar su meritoria voluntad de investigar.

Y lo lograron. Él no quería que su familia corriera más ries­ gos en una situación interna nacional cada vez más insegura. Posteriormente al atentado tuvimos una reunión y nos manifestó que su Comisión había optado por respaldar la prioridad a la acción judicial ya que el hábeas corpus había sido declarado fun­ dado en primera instancia, pero que de todos modos se formaría una subcomisión para seguir viendo el caso con la cual podíamos seguir en contacto, la que asumirá gestiones que estarán dentro de sus funciones. Se nos dijo que estaba presidida por el diputa­

131 do Maldonado en cuyo poder se encontraba el dossier con toda la información sobre el caso. Reiteradamente se llamó al diputado Maldonado para co­ nocer sus iniciativas, pero su secretaria nos contestó que se en­ contraba muy ocupado viendo otros casos, ya que el de Ernesto no era el único; entonces le dimos nuestro teléfono para que nos llamara cuando se desocupase. Pero esto no ocurrió nunca. De este modo se agotó la relación.

CON EL SENADOR ARMANDO VILLANUEVA En los primeros días de nuestra intensa búsqueda de Ernesto solicitamos ayuda y colaboración de toda persona conocida o no que pudiera darnos una pista cierta y confiable sobre dónde la policía lo tenía recluido. Nos proporcionaron hasta tres versiones diferentes ninguna de las cuales al final resultó cierta, pero que en ese momento nos hacían vislumbrar alguna esperanza. Hasta ese momento mi padre mantenía su militancia aprista y ejercía el car­ go de alcalde en un distrito de Lambayeque en donde nací, Pacora.

Una amiga de la familia del barrio, cuyo marido ocupaba un cargo muy importante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes conocieron a Ernesto desde niño, al comentarle estas versiones, decidió ayudarnos mediante la posibilidad de pe­ dirle a un colega muy amigo de ella, el profesor universitario Pablo Macera que intercediera merced a la buena amistad que mante­ nía con el en ese entonces senador aprista Armando Villanueva del Campo, a fin de darnos una luz sobre el posible paradero de Ernesto. Se entiende que era en función de la experiencia del gobier­ no aprista en sus actividades contrasubversivas. Una vez arregla­ do el compromiso, hice venir a mi padre a Lima para que partici­

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para en esta gestión ya que se trataba de un compañero de parti­ do y ejerciera también una presión adicional para encontrar a su nieto Ernesto.

Concurrimos mi padre y yo el lunes 05 de noviembre de 1 990 al Congreso, en busca del senador Villanueva, a quien encontra­ mos en su oficina del Senado. Le presenté a mi padre, conversa­ ron un buen momento y luego pasé a explicar la situación de Er­ nesto, exponiéndole dos de las versiones que afirmaban dónde pro­ bablemente se encontraría mi hijo y que si nos podía concretar nues­ tro pedido de saber si Ernesto estaba con vida o no. El senador nos escuchó con atención. Luego nos pidió que hiciéramos un resumen por escrito de los hechos, documento que elaboramos en ese mo­ mento en una máquina de esa oficina y entregamos a su secreta­ ria. Nos citamos para la respuesta el día miércoles 07 de noviem­ bre a las 6 p.m.

Allí estuvimos mi padre y yo a la hora exacta en la misma oficina y nos informó lo siguiente: Que Ernesto era considerado en la universidad ideológica­ mente senderista pero que no estaba metido en cuestiones de ar­ mas; que mi esposa e hija habían viajado a Cuba (aclaro que fueron dos semanas de vacaciones entre dic. de 1 987 y enero de 1988, como regalo a Mónica por cumplir 15 años) y algo más que no recuerdo. Entonces nos planteó dos alternativas, o pre­ sentar una moción en la Cámara para que el ministro del Interior explique la desaparición de Ernesto o averiguar por sus propios medios (los organismos del APRA, se sobrentiende) el estado en que se encontraba Ernesto. Optamos indudablemente por lo últi­ mo, porque el objetivo de contactar con el senador era la proba­ bilidad de rescatarlo si es que se encontraba vivo. Luego de escu­ char nuestra elección, llamó por teléfono a una persona (no sabe­ mos quién fue pero que podría suponerse: Mantilla), con quien quedó en encontrarse al día siguiente al medio día y a nosotros nos citó para el mismo día a las 6 de la tarde.

133 Fuimos nuevamente a la cita acordada. Me encontra­ ba muy tenso, con la ansiedad incontenible de que por fin tendríamos una respuesta concreta sobre la existencia de nuestro querido hijo. Tan sólo el saber algo de él a través de una fuente confiable nos ayudaría enormemente a apla­ car nuestra enorme tortura causada por la incertidumbre de su destino.

El senador Villanueva no se encontraba esta vez en su oficina, sino en su escaño de senador. Me comuniqué por teléfono interno con él y me dijo que los informes qu® le di acerca de la probable reclusión de Ernesto eran simples rumores, que nada se sabía, pero que la policía sí lo había detenido. Nos ofreció apoyar la moción en el Senado de invitar al ministro del Interior. Aceptamos su promesa, le agradecimos, nos retiramos y no tuvimos ningún contacto posterior con él. Fue una desilusión muy dura. Llegamos a casa donde nos esperaban con gran expectativa. El anuncio del resul­ tado nos quitó la respiración y la imagen de un Ernesto por fin encontrado quedó diluida en las lágrimas.

EL COMPORTAMIENTO COMPLICE DE LAS AUTORIDADES Y JEFES POLICIALES Para entender mejor de principio a fin el comporta­ miento de cerrado encubrimiento de la detención-desapa­ rición de Ernesto por los jefes policiales involucrados y las diferentes autoridades del ramo, debemos partir de la in­ formación extraoficial, varios de cuyos aspectos han sido confirmados por la investigación familiar privada y , por excepción, de algunas personas del entorno policial, de cómo fue ejecutado el delito de lesa humanidad.

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PRIMERA VERSIÓN EXTRAOFICIAL Ernesto fue detenido el domingo 21 de octubre de 1990 aproximadamente a las 1 1.30 de la mañana, en una calle que desemboca en el Parque Central del grupo 1 7, segundo sector, segunda zona del distrito de Villa El Salvador, pueblo situado al Sur de Lima. Sus captores bajaron de un vehículo policial conoci­ do como "patrullero", fácilmente identifica ble por cualquier per­ sona. Los policías llevaban boinas rojas, distintivo exclusivo de los policías del cuartel llamado "Radio Patrulla", cuyo local central está situado en el distrito de La Victoria, en el que funciona la 29 Comandancia de la PNP

Los testigos aseguran haber visto cuatro policías, pero en la relación de los patrulleros y su respectiva tripulación confecciona­ da por el Cmdte. de la 29 Comisaría, Oscar Elio Cáceres y envia­ da a la Inspectoría de la Policía para que hiciera su pseudoinvestigación, ningún patrullero tiené cuatro tripulantes.

Explicación: Probablemente el cuarto tripulante no reve­ lado sería el teniente PNP-PG Roberto Reyna Zúñiga, Jefe del Tercer Pelotón del Escuadrón de Emergencia, comandado por Mejía León. Según fuentes fidedignas, fue este teniente quien ordenó a Ernesto que se introdujera en la maletera del patru­ llero y que Ernesto reconoció su rango, porque según la ver­ sión de los testigos, le d i jo: "oficia I, por qué me detiene, usted está confundiéndose".

Este sujeto "abandonó" posteriormente su institución para luego aparecer en España como solicitante de asilo con el cuento de estar amenazado por Sendero, aunque según se sabe toda esta evasión contó con el auspicio, apoyo y protección de otro Cmdte. PNP ( r) Rodríguez Rabanal, integrante de un grupo paramilitar de la PNP de los tiempos de García Pérez, cuyos crí­ menes permanecen aún sin investigar, según versión de un policía sindicalista asilado en Suecia.

135 Cuando Ernesto está dentro del patrullero, Reyna comunica por radio la detención de Ernesto al Jefe del Operativo Mejía León y éste le ordena que no lo conduzca a la Comisaria de Villa El Salvador, donde debería corresponder, sino a la de San Juan de Miraflores, sede también de la 74 Comandancia de la PNB que se encuentra relativamente cerca de allí, donde finalmente fue a parar Ernesto y cuyo ¡efe, el Cmdte. PNP Raúl Benito Valverde Añorga es conocido como un furibundo fascista torturador. Er­ nesto portaba en el momento de su detención como documento identificatorio su libreta electoral original, no así su carnet univer­ sitario que se le había extraviado unas semanas antes.

¿Por qué da esta orden el criminal Mejía? Según versión co­ rroborada, al producirse las primeras capturas, Mejía se dirige inmediatamente a la Comisaría de Villa El Salvador y le pide al Comisario, Mayor PNP José Vargas Cepeda que le entregue a los detenidos para llevárselos a su cuartel para interrogarlos él mis­ mo, pedido que habría sido negado por el Comisario en cumpli­ miento de sus responsabilidades, generándose una agria discu­ sión entre ambos pero sin que Mejía se saliera con su gusto y éste se retiró lleno de ira rumbo a la Comisaría de San Juan de Miraflores con la seguridad de encontrara un detenido, Ernesto en realidad, cuya detención ya le había sido comunicada por radio ordenando el cambio de destino, antes de la llegada de Mejía a la Comisaría de Villa El Salvador.

También existe la versión obtenida por un familiar abogado de que uno de los detenidos en ese día, Wilmer Pablo Belleza Napán, cuando se encontraba en la maletera del patrullero que lo detuvo, el N°. 74-1006, adscrito a la 74 Comandancia PNP, quien escuchó que por radio le pedían al operador que le entre­ garan al detenido (probablemente para pasarlo a otro patrullero bajo la orden directa de Mejía) pero el operador le contestó que no podía porque ya había sido informada la detención a la Comilaría de Villa El Salvador. Luego de cerrada la comunicación escu< hó el siguiente comentario: "ese alférez quiere que se lo entre­

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guemos para quemarlo lo mismo que le van a hacer al otro mu­ chacho que ya tienen en su poder y ¿qué llevamos entonces noso­ tros a la Comisaría?". Se trataba indudablemente de Ernesto. Por versión de un policía subalterno a solicitud de un oficial PNP que estuvo colaborando con nosotros,quien averiguó en for­ ma subrepticia entre el personal de la Comisaría de San Juan de Miraflores que efectivamente el estudiante universitario sí había estado detenido en ese local. La versión reconstruida es que Er­ nesto fue registrado con sus propios nombres, ya que cargaba su libreta electoral original, en el libro oficial de detenidos de la Co­ misaría. Mejía llega, lo interroga con golpes brutales, y como no logra ninguna información de la que quiere, pide al Jefe respon­ sable llevárselo a su cuartel de la 22 Comandancia PNP de la que es ¡efe Mejía, para interrogarlo personalmente, infringiendo el regla-

Extraof¡cía Imente se señala a este hombre, Coronel PNP Juan Carlos Me/ía León como el ejecutor de la tortura, muerte y desaparición de Ernesto.

137 mentó y disposiciones legales por las que cualquier detenido tiene que ser puesto a disposición del fuero judicial por el delito que se le acusa, y en este caso, presumiblemente por "terrorismo", debe ser entregado a la Dircote, organismo encargado de interrogar (en realidad torturar) a los sospechosos de tal delito.

Tampoco le dan autorización, porque ya está registrado y saben además por las grabaciones de las comunicaciones radia­ les dónde se encontraba el detenido. Mejía monta en cólera y basado en un supuesto apoyo de muy arriba (Montesinos y Fujimori), rompe la hoja del registro en el que aparece el nombre de Ernesto como forma de que no quede prueba de su detención en ese lugar, lo saca de allí con señales de haber sido golpeado, lo introduce en la camioneta que usaba Mejía y el personal que lo acompaña y lo traslada a su cuartel. Todo esto sucede el mismo día domingo 21 de octubre de 1990, entre las 12 y 2.00 de la tarde. Ya en su cuartel, Mejía da rienda suelta a sus salvajes instin­ tos criminales y somete a crueles torturas a Ernesto de quien no obtiene ninguna información implicadora buscada por este asesi­ no profesional. Y de esta manera vil llega a causarle la muerte a Ernesto en la noche del mismo día que lo detienen. Esa misma noche o en la madrugada del lunes 22 de octubre, Mejía condu­ ce el cadáver de Ernesto a una playa del sur, donde probablemen­ te podrían existir más cuerpos de sus víctimas, y luego de abrir una zanja y tirar el cuerpo de Ernesto, hizo explotar dentro cuatro granadas para destruir su cuerpo e imposibilitar su identificación.

Es de suponer que el asesino Mejía ha debido informar todo el proceso de su crimen, bajo la denominación de detención-desaparición, de los que existen miles de casos, a quien o quienes le dieron poder, autorización, carta blanca, o la orden, para ejecu­ tarlos, asegurándole la impúnidad, y que para Mejía representa­ ban un gran mérito en su carrera dentro de la policía.

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Esta versión ha sido reconstruida a base de las informacio­ nes parciales obtenidas en ese tiempo por la periodista Cecilia Valenzuela,y las vertidas por el mayor PNP (r) Jorge Castro Cas­ tro y un oficial PNP que visitó al Dr. Zúñiga, nuestro abogado de­ fensor. Es probable que cuando se sepa toda la verdad algunos aspectos de esta versión puedan ser diferentes.

GOBIERNO EN EL CENTRO DE LA DENUNCIA PÚBLICA La acertada actuación judicial de la jueza Greta Minaya en la resolución del habeos Corpus y la amplia y permanente labor de denuncia de la detención-desaparición por los padres de Ernesto en todos los medios de comunicación, que le dieron una cobertu­ ra adecuada, presionó al gobierno a través del Ministerio respon­ sable, el del Interior, a establecer contacto con nosotros. ¿Por qué y para qué? Lo veremos a continuación.

ESTRATEGIA POLICIAL INICIAL DESBARATADA En el inicio optaron por el simple recurso de negarlo todo a sabiendas de que en el crimen se encontraba involucrado el co­ mandante PNP Mejía, basados en la seguridad de que: a) ningún juez se atrevería a aceptar un hábeas Corpus por detención-des­ aparición contra las autoridades policiales superiores y un minis­ tro, y menos, en el caso de aceptarlo, realizar las más pertinentes diligencias conducentes a investigar la comisión del delito denun­ ciado, determinar las responsabilidades sobre la base de las prue­ bas encontradas y más aún, que le ordene al gobierno poner al detenido en inmediata libertad; b) no se llegaría a encontrar prue­ bas firmes sobre la comisión del delito, ya que Ernesto era un desconocido para los pobladores donde fue detenido, que los tes­ tigos no se atreverían a dar sus testimonios al juez y que sería

139 difícil que los familiares de Ernesto encontraran el sitio donde se produjo su detención. Contaban con la experiencia de anteriores similares casos en que estos asesinos secuestraron a muchas personas, princi­ palmente jóvenes, los desaparecieron sin que sus familiares llegaion a enterarse nunca cómo y dónde los detuvieron. La jueza Minaya encontró una cerrada y coordinada resis­ tencia en todo el entorno policial interrogado a admitir su deten­ ción. Era claro que respondían a una orden venida de muy arriba, Casi una consigna, por encima del ministro del Interior, y no po­ dían ser otros que Fujimori y Montesinos.

NOS CITAN MINISTERIO DEL INTERIOR

Al

El martes 06 de noviembre de 1990, el coronel PNP Jesús Sánchez Díaz Bocanegra nos llama por teléfono a nuestra casa para solicitarnos acudiéramos al despacho del Director General do la PNP, Adolfo Cuba y Escobedo, en el edificio del Ministerio del Interior, 3er. piso, para el día siguiente a las 4.00 p.m.

Nos presentamos el miércoles 07 a la hora exacta, mi cuña­ da Lucha y yo, en la creencia que seríamos recibidos puntualmen­ te ya que el mismo día a las 6.00 p.m. tenía que entrevistarme con el senador aprista Villanueva, también sobre Ernesto. Fui con una de mis cuñadas porque ella conocía a Cuba cuando trabajó nn la administración pública en el gobierno de Velasco. El hecho lun que habiendo pasado más de una hora y este oficial no nos llamaba y sólo me quedaban pocos minutos para desde allí tras­ ladarme al Congreso y llegar a la cita puntualmente, acordé con mi cuñada que se quedara ella sofá en representación de la fami­ lia para saber qué cosas iba a decir Cuba y Escobedo. Recién a las 8.00 de la noche la recibió.

140 En resumen, le dijo que no era cierto que la policía detuvo a Ernesto; más bien le preguntó cuál era nuestra versión de los he­ chos, que le diéramos la lista de los testigos y le ofreció que su institu­ ción haría una investigación. Recordemos que a esa fecha ya se ha­ bía hecho pública la resolución del hábeas corpus a nuestro favor.

Para el viernes 09 de noviembre, Carmen y yo, los padres de Ernesto, solicitamos una nueva reunión con Cuba y Escobedo. Esta vez le pedimos nos informe sobre la situación de Ernesto y su respuesta fue que todo seguía igual; que a pesar de las investiga­ ciones internas llevadas a cabo, no saben nada de su detención y, en consecuencia, sigue como no detenido por la policía. Después de escucharlo le refuté su versión, afirmándole que existían mu­ chos testigos de la detención de nuestro hijo, a plena luz del día, 1 1 de la mañana, aproximadamente, por policías con boinas ro­ jas que bajaron de un patrullero. Frente a este categórico desmentido, Cuba y Escobedo salió con el peregrino argumento de que los testigos podrían estar decla­ rando en base a suposiciones producto de la repetición de la noticia que les forma en su mente algo que ellos pueden desear, pero que no es cierto. Esta respuesta me desconcertó. Este tipo, pensé, está sub­ estimando nuestra capacidad intelectual, nos está tomando por im­ béciles, no está tomando con seriedad la denuncia. Su suposición era inaceptable, le respondimos; lo perti­ nente, y eso debe fluir como cosa normal y obligación dentro de la función policial, es realizar una rápida investigación real, ya que se conoce con precisión el lugar exacto donde Ernesto fue detenido, qué tipo de vehículo policial lo intervino (un pa­ trullero) y para mayor abundamiento, la procedencia de ese personal, cuyo distintivo, boinas rojas, todo el mundo sabe que son de Radio Patrulla, o sea, de la 29 Comandancia de la PNP, y como todos pertenecen a su institución, puede obtener con la mayor facilidad toda la información del per­ sonal y vehículos intervinientes en ese operativo policial. Nos

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parece que con todos estos elementos a la mano, la inves­ tigación debe concluir con seguridad en la identificación de los policías que detuvieron a Ernesto y dónde se encuentra él por fin. Nos ofreció que ordenaría una nueva investigación, Cuyos resultados deberían estar listos en dos o tres días.

REUNIÓN CON EL INSPECTOR GENERAL DE LA POLICÍA, Gral. PNP EDUARDO RUIZ BOTTO En la mañana del domingo 11 de noviembre de 1 99D, a solicitud del Inspector General PNP Ruiz Botto, mantuvimos una reunión en la que me expresó que el Gral. PNP Cuba y Escobedo, lo había encargado abrir una nueva investigación interna más amplia y completa sobre el caso de mi hijo, lo que significaba roverificar la investigación anterior, comprobando todo, participa­ ción de unidades, personal, informes, reportes radiales y otros especiales por computadora. Le pregunté si toda esta investigación era para dar con los responsables de la detención de Ernesto, porque la preocupación principal es encontrarlo con vida. Mi pregunta lo sorprendió e inmediatamente reaccionó: "No es específicamente con ese fin, lino que los objetivos son:

a) dar mayores facilidades de informa­ ción a la investigación judicial, para que todo pedido que haga el juez sea alcanzado y facilitado con prontitud; b) si de la investigación se establece en algún momento la responsabilidad de los autores del caso, serían puestos de inmediato a disposición del poder judicial; y c) se haría con suma rapidez.

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La explicación del Inspector General PNP era para informar­ nos oficialmente que iba a cumplir con lo solicitado por nosotros a Cuba y Escobedo, pero, se le salió, que no estaba dirigida a encontrar a Ernesto. Entonces, pensamos, se trata de un mero formulismo que deliberadamente no va a aportar ningún resulta­ do favorable al detenido, usado antes bien para encubrir a los asesinos. Claro, ellos eran juez y parte del delito. Además, lo más siniestro, están poniendo en escena la representación de un re­ curso supuestamente serio, que en el futuro puede ser utilizado para seguir cometiendo los mismos crímenes, asegurándoles a los asesinos impunidad absoluta.

A esta fecha se conocía que el procurador Espichón, otra pieza del engranaje del gobierno para encubrir el crimen, había apelado la sentencia del hóbeas corpus ante el Octavo Tribunal Correcional de Lima, quedando en suspenso la orden de poner en libertad a Ernesto. Los informes de Cuba y Escobedo al ministro del Interior sobre las investigaciones que llevaba a cabo la Inspectoría Gene­ ral, que se encuentran en el expediente del hóbeas corpus, como parte de la apelación del procurador pidiendo su nulidad, no re­ velaban haber sido hechos con el fin real de descubrir a los res­ ponsables. Uno de ellos, el más extenso de fecha 15-1 1-1990, no era más que una reiteración de los iniciales informes policiales contenidos en el atestado policial N°. 1 83-D5-DIRCOTE, el que, desde luego, no da cuenta de la detención de Ernesto.

Pero es que estábamos entrampados en un mundo lleno de absurdos, inaceptable; no resistía el más mínimo razonamiento lógico. Un juez honesto, dotado simplemente de sentido común, no puede admitir como prueba lo absurdo, lo irracional, y los jueces del Octavo Tribunal Correccional, no solamente eran eso; también eran conocedores fieles de la legislación con criterio de justicia.

143 El miércoles 1 4 de noviembre de 1 990, fuimos citados nue­ vamente por Cuba y Escobedo al Ministerio del Interior, con la finalidad de conocer los resultados de la investigación de la Inspectoría. Se hicieron presentes mi esposa y una de sus herma­ nas, por tener yo a la misma hora otra cita. Pero ocurrió que fue el ministro del Interior quien nos había citado y nos estaba espe­ rando. Fue Cuba y Escobedo quien las hizo pasar y se quedó a participar de la reunión.

Allí el ministro fue enterado de todo lo que nosotros había­ mos realizado hasta el momento por encontrar a Ernesto y ¿I a su vez nos informó que la investigación había concluido con el resul­ tado de que la policía no detuvo a Ernesto, entonces ellas les solicitaron el texto del informe y Cuba y Escobedo les dijo que era un documento reservado que no podía entregarlo. Luego el mi­ nistro ofreció como siempre, continuar con las investigaciones hasta poner en manos del Poder Judicial a los responsables.

Pero este tipo de respuestas, reiteradamente usadaspor las autoridades policiales y del gobierno, nos iban llevando poco a poco al convencimiento de que Ernesto ya no existía, ya no vivía, y nos preparaban el terreno para bajo supuestas e inventadas circunstancias hacer aparecer su cadáver. ¡Qué sufrimiento y tor­ tura! ¡Nuestro querido Ernesto nunca más!, pero nos resistíamos a aceptarlo; eso no podía ser. Tenemos que seguir insistiendo. Como no había podido estar presente en esta reunión con el ministro y teniendo en cuenta el resultado negativo de la inves­ tigación de la Inspectoría, le solicitamos una nueva entrevista en la que estuvimos solamente los tres, él, mi esposa y yo. Nos pre­ guntó si queríamos que estuviera presente Cuba y Escobedo y le dijimos que no, que queríamos hacerle un relato pormenorizado do todos los elementos que señalan como absolutamente cierto que fue la policía quien detuvo a nuestro hijo. Porque lo primero que nos dijo fue que se sentía muy preocupado por nosotros en

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vista que el resultado de la Inspectoría fue que no encontraron siquiera indicios de la detención de Ernesto por la policía. Enton­ ces le propusimos que llevaríamos ante él a uno o más testigos que más de cerca y directamente vieron la detención y que si se les mostraba a todos los policías de los patrulleros que participaron en el operativo de ese día, ellas estaban en condiciones de identi­ ficar al que detuvo a Ernesto, porque fue detenido delante de ellas y se fijaron tanto en Ernesto como en el policía capturador. Si usted los convoca, en particular al personal de los patrulleros de la 29 Comandancia, a todos sin excepción, con toda seguridad, ellas lo reconocerán.

LAS TESTIGOS DAN SU VERSIÓN AL MINISTRO DEL INTERIOR El ministro se quedó sin argumentos y más bien admitió que ese procedimiento sería el más eficaz y nos aseguró estar dis­ puesto a realizar esa prueba y que ordenaría en una fecha próxi­ ma llamarlos al local del Ministerio del Interior para el fin pro­ puesto, pero que antes quería conversar con los testigos. Enton­ ces se hizo una cita para el 1 5 de enero de 1 991, en que llevaría­ mos a dos testigos, las hermanas Erika Katherine y Jackeline Astrix Vera de la Cruz.

El día anterior a la cita, el 1 4 de enero, se produjo un sospe­ choso atentado con coche bomba en la explanada del edificio del Ministerio del Interior en pleno día, cerca del grifo de combusti­ bles que funciona dentro de este local y rompió los vidrios de las ventanas del propio edificio y de las casas particulares colindan­ tes. Fue una explosión muy fuerte. De todos modos nosotros lla­ mamos al ministro horas antes de la cita para preguntarle si ésta se llevaría a cabo y nos dijeron que el ministro no alteraría el rol de citas. Es así que nos hicimos presentes los cuatro, Carmen, las dos testigos y yo. Había vidrios rotos por todas partes. Nos reunimos

145 con el ministro, aparentaba tranquilidad; nos dijo que todos los daños materiales se iban a reparar normalmente y empezó a con­ versar con las testigos. El ministro les hizo toda clase de pregun­ tas, suponemos que para disipar sus dudas y ellas explicaban con claridad, espontaneidad y seguridad todo lo que vieron. Creemos que el ministro quedó convencido que fue la policía quien lo detu­ vo, porque nos reiteró que él iba a ordenar la presencia de los policías y cumplir el compromiso acordado. Las muchachas le manifestaron también su disposición a identificar al que detuvo a Ernesto. El general prometió llamarnos para indicarnos la fecha en la que debían concurrir las testigos a su despacho.

El tiempo pasó, el proceso judicial también, el hábeas corpus fue confirmado en segunda y última instancia por lo que le esperaba una acusación constitucional para ser juzgado penalmente. Llamamos al ministro en plazos prudenciales pero él so disculpó debido al recargo de trabajo y cuando lograron con­ vencer a los vocales corruptos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de que admitieran un inconstitucional recurso de queja para dejar sin efecto la sentencia del hábeas corpus, nos dijo, que mejor dejaba que el poder judicial decidiera.

OBTENCIÓN DEL INFORME DE INSPECTORÍA DE LA POLICÍA NACIONAL Con el apoyo del Dr. Jorge Solazar de la Comisión Andina de Juristas, se elaboró una carta abierta al presidente Fujimori, solici­ tando "que honre su compromiso, tantas veces reiterado, de defnnder irrestrictamente la vigencia de los derechos humanos en nuestro país" pidiéndole su contribución para que podamos re­ unirnos nuevamente con nuestro hijo. Esta carta fue publicada por varios periódicos a partir del 09 de noviembre 1990 y presentada formalmente al Palacio de Gobierno el 1 5 de noviembre de 1 990. Pasaron los días y no recibimos contestación por lo que decidimos ni 04 de enero de 1991, acercarnos a preguntar a la mesa de partos del Palacio de Gobierno por el resultado de la carta.

148 Recién el martes 20 de noviembre de 1990 se presentó el general Alvarado ante la Cámara de Diputados en sesión secreta y al abordar el tema sobre Ernesto, no dijo nada nuevo, aparte de negar la detención. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, también le envió al general Alvarado, varias convocatorias (una de ellas el 31-1 0-90) para que acuda a aclarar el paradero del ¡oven estudiante, a las que no da respuesta, formulándole el pre­ sidente de esa Comisión, Dr. Raúl Perrero Costa, un nuevo pedido el 12 de noviembre de 1 990. Cuando acudió por fin al Senado el 04 de diciembre de 1 990, mantuvo la posición de siempre: No lo detuvo la policía y las investigaciones continúan. Pero ya Alvarado se había plegado públicamente al encubrimiento del crimen al declarar el 30 de noviembre de 1990:

¿Cómo puede hablar usted de efi­ ciencia de la policía si han pasado dos meses desde la desaparición del estudiante y hasta ahora usted sólo dice que las investigaciones conti­ núan? Ministro Alvarado: ¡Y qué quiere pues, si no se sabe nada! No hay ninguna prueba en contra de la policía, o ¿acaso usted ha visto la detención? ¡Quién sabe si ha desaparecido en otras circuns­ tancias! (La República del 1°. 12.1990, pág. 12 Sec. Local)

Periodista:

El 31 de marzo de 1991, ante la intensificación de las críti­ cas a su gestión por parte de diferentes partidos políticos en el Congreso y de un sector de la prensa,Alvarado fue cesa­ do en el cargo, nombrándose en su reemplazo al general

149 EP Víctor Malea Villanueva, un ladrón y corrupto de la peor laya, actualmente perseguido por la justicia peruana.

CUBA Y ESCOBEDO, SINIESTRO GUARDAESPALDAS DE MONTESINOS EN- EL MINISTERIO DEL INTERIOR Probablemente uno de los más visibles encubridores del cri­ men contra Ernesto, es el Tnte.Gral. PNP Adolfo Cuba y Escobedo, quien desde su cargo de Director General de la Policía Nacional en el Ministerio del Interior, actuaba absolutamente consciente de este papel de encubridor, en enlace directo con el que podrícTser ni autor intelectual y director de la aplicación del plan criminal de detener y desaparecer a quien ellos consideraban sospechosos de acciones denominadas terroristas, y en otros casos, de asesinarlos extrajudicialmente. No puede descartarse que este ambicioso perlonaje, Cuba y Escobedo, coautor del golpe de Estado del 05 de abril, buscaba "acumular méritos" a cambio de futuras retribu­ ciones prometidas probablemente por su siniestro ¡efe en la som­ bra, Montesinos. En todas las reuniones que se mantuvo con él, al principio, en el Ministerio del Interior, trató de convencernos inútilmente de que su institución no detuvo a Ernesto, con argumentos traídos de los pelos. Pretendía disuadirnos indirectamente a que abando­ náramos nuestro reclamo, seguramente bajo el supuesto de que todo nuestro esfuerzo sería en vano, que no conseguiría­ mos nada.

Las investigaciones fueron ordenadas por el ministro del InIntior ante la permanente presión de los medios de comunicación y porque él estaba específicamente denunciado en el hóbeas corpus, su responsabilidad era directa y su cargo estaba en cuestión. Poro estas investigaciones devinieron en verdaderas cortinas de humo para apuntalar con mayor eficacia la impunidad de los asesinos.

150 Fue un error no incluirlo en el hábeas corpus, pero ahora se presenta la oportunidad de rectificarlo y denunciarlo ante la justi­ cia para que pague su delito de encubridor de un crimen de lesa

humanidad. He aquí sus declaraciones finales, con el más absoluto cinismo, símbolo de la banda delincuencia! fujimontesinista, el martes 27 de noviembre de 1990, cuando los periodistas le preguntaron sobre las investigaciones en torno a la desapari­ ción del estudiante de Sociología de la Universidad Católica, Ernesto Castillo Páez secuestrado presuntamente por efecti­ vos de la Policía Nacional, dijo que: "... éstas habían terminado de manera concluyente y que los custodios del orden nunca participaron en la desaparición ni lo man­ tienen detenido"; dijo además: "que en todas las investigaciones rea­ lizadas no se lograron encontrar pruebas suficientes que responsabilicen a los efectivos de la policía de este hecho tan publicitado por los medios de información".

Luego cortó el tema abruptamente a pesar de las cons­ tantes preguntas de los hombres de prensa.(La República, Po­ licial 27, del 28-11-1990). Así de envalentonado estaba este sujeto, basado en que ya Espichón había conseguido el compromiso de los vocales prevaricadores de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, para revertir el hábeas corpus en favor del gobierno. Con la llega­ da de Malea al cargo de ministro del Interior, Cuba también fue retirado del cargo.

LA PREMIACIÓN DE FUJIMORI A ALVARADO Y A CUBA Al ser removido del cargo de ministro del Interior, el general Alvarado, fue altamente recompensado con una posición bien

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tontada y seguridad garantizada, porque fue enviado como agre­ gado militar a la embajada del Perú en Bielorrusia, cargo que como es sabido recibe un sueldo mensual de quince mil dólares, libres de polvo y paja, equivalente al ingreso bruto mensual de 100 maestros de educación. Respecto a Cuba y Escobedo, no podía ambicionar menos, y la retribución fue nombrarlo como agregado policial en la em­ bajada del Perú en Ecuador, con las mismas prerrogativas.

CAMPAÑA DE CONTRAINFORMACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Apenas ocurrida la detención-desaparición de Ernesto y de cuyo destino final estaban plenamente enterados los niveles su­ periores del gobierno directamente relacionados, empezaron a divulgar falsas informaciones en forma soterrada a diversos me­ dios de prensa, de que el estudiante universitario pertenecía a las filas de Sendero, con lo que sugerían la recomendación de que no debían darle mayor importancia a este hecho y, en conse­ cuencia, minimizar o deformar la información. Esto nos fue revelado por algunos periodistas de dia­ rios y revistas. Pero nosotros reforzamos nuestra denuncia y casi todos los diarios le dieron cabida, por supuesto, en diferente magnitud y frecuencia. Como el Poder Judicial fue respaldando nuestra de­ nuncia, empezaron a inventar falsas noticias sobre la apa­ rición de Ernesto para desviar la atención. Es probable que la mente diabólica del Dr. Luza haya estado metida en estas acciones de crear confusión en la mente de la opinión públi­ ca para promover la pérdida de interés y credibilidad en la denuncia de un crimen cometido por el gobierno al cual I uza servía.

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FLASH EN CANAL 5 EL MARTES 11 DE DICIEMBRE 1990 El programa noticioso "24 Horas" del canal 5 de TV de las 10 de la noche, propaló como noticia de último minuto que "el estudiante Castillo Páez, según fuentes oficiales de la Policía Ge­ neral, se encontraría en Ayacucho y que próximamente el ministro del Interior emitiría un comunicado". Esta noticia nos conmocionó hasta las lágrimas. Por un instante nos olvidamos de las versiones sobre su asesinato y pusimos nuevamente nuestras esperanzas en reencontrarlo con vida, ¡dea que transformó nuestra aflicción en una fresca alegría. De pronto nuestro teléfono empezó a sonar repetidamente con llamadas de nuestros familiares y amigos manifestándonos también su alegría por la noticia de la reaparición de Ernesto. Entonces para estar más seguros, llamamos esa misma noche al canal 5 y nos contestaron que la noticia era cierta, que la fuente de origen era un alto oficial del Ministerio del Interior de mucha confianza, conocido por el Jefe del programa.

Al día siguiente de la noticia me dirigí al local del canal 5 donde funcionaba el programa para recabar mayor información de cómo es que habiendo sido detenido en Villa El Salvador re­ aparece en Ayacucho. Me atendió un empleado, quien luego de consultar por un teléfono interno, me confirmó que la noticia era cierta y que la conferencia de prensa que iba a dar el ministro del Interior se había postergado porque se encontraba enfermo. Nosotros nos manteníamos pegados a los noticiarios ansio­ sos de recibir por fin la confirmación oficial sobre la aparición de Ernesto y nos preparábamos para viajar de inmediato a Ayacucho, pero el ministro del Interior nunca se presentó y posteriormente se desentendió del asunto y en nuestro hogar se desvanecieron to­ das nuestras expectativas y la sombra de la desesperanza nos envolvió nuevamente.

153 En uno de esos días, en vista de la no presentación del minis­ tro a aclarar el anuncio televisivo, llamamos a Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, cuya respuesta nos dejó fríos: "No sabe­ mos nada. Si eso fuera cierto ya se lo habríamos comunicado". Recurrimos al Jefe del programa "24 Horas" del canal 5 para Informarnos quién les había dado la noticia. Nos respondió que fue el coronel PNP Eulogio Ramos del Ministerio del Interior. Solici­ tamos ver nuevamente la noticia y que nos la grabaran en una Videocinta que llevamos y se negaron. Entonces acudimos, al De­ fensor del Pueblo, Dr. Clodomiro Chávez (Q.E.PD.) y ¡untos visitamos otra vez el canal 5 para que nos mostraran las imágenes del flosh y esta vez sí aceptaron y accedieron a grabarlo. Le- expresamos al Dr. Chávez nuestra indignación por este ♦talamiento vejatorio, de refinada tortura psicológica con el fin nniestro de desestabilizarnos emocionalmente, en su creencia demoníaca de que al caer nosotros en una frustración profunda, Iban a debilitar nuestra fuerza moral y decisoria de persistir en la búsqueda de nuestro hijo.

Ante esto solicitamos al Dr. Chávez que pidiera explicaciones ti Cuba y Escobedo como Director Superior de la PNP sobre esta noticia pendiente de confirmación o aclaración, pedido que fue Inicialmente tramitado. Cuba aceptó darle una cita en una fecha qun le sería comunicada, pero no llamó, y ante el requerimiento dn la Secretaria del Dr. Clodomiro Chávez para que precisara la lw< ha de la cita, ésta se fue postergando sin que finalmente Ilegaai a producirse. El Dr. Chávez por cuenta propia, sin embargo exploró de todos modos la posibilidad de que Ernesto se encontrase en Ayacucho, pialando al fiscal de la Defensorio de Ayacucho para que verificase pn las Comisarías y también en el cuartel militar Los Cabitos, de esa tiudad, los nombres de los detenidos, pero no encontró a nadie con wl nombre ni las características de Ernesto.

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Pero ¿cuál fue la razón de la difusión artera de la falsa noti­ cia? El importante acontecimiento judicial de la confirmación del hábeas corpus y la remisión el 05 de diciembre de 1990 a la Cámara de Diputados de todo lo actuado para que ésta dispon­ ga la acusación constitucional al ministro.

NUEVO FLASH EN CANAL 4 TV, "PRIMERA PLANA" El 05 de febrero de 1991, cuando nos encontrábamos re­ unidos en casa varios familiares en una cena de cumpleaños, vi­ mos a las 10 de la noche por el Canal 4 TV, en el programa noticioso "Primera Plana", que lanzaba como flash la noticia de que había aparecido el cadáver del estudiante desaparecido Er­ nesto Castillo Páez en un lugar cerca de Ventanilla llamado fundo Márquez, al borde de una acequia.

Esta noticia nos dejó pasmados y nuestra reacción inmedia­ ta fue llamar al programa para solicitar la confirmación de la no­ ticia; nos respondieron que provenía de una fuente policial de entera confianza. Suspendimos la reunión, tomamos el auto y en compañía de un familiar asesor gubernamental nos dirigimos raudamente en busca del lugar, desconocido para nosotros, salvo que estaba a un costado de la carretera a Ventanilla. Nos detuvi­ mos en varias casas al lado de esa carretera preguntando por el sitio, hasta que nos dieron la indicación precisa: era un desvío carrozable antes de llegar a la refinería de petróleo La Pampilla. Era una noche obscura y avanzábamos lentamente. El ca­ mino estaba flanqueado por un canal de cierta profundidad de modo que solo explorábamos el lado contrario. Nos parecía bas­ tante difícil, que en ese desolado lugar sin nadie a quien pregun­ tar sobre la aparición de restos humanos, poder ubicarlos. Hasta que nos cruzamos con una camioneta del Canal TV 9, ya de re­ greso por el mismo motivo. Nos identificamos y nos contaron que habían llegado hasta donde lo permitían las circunstancia aún

155 con un poco de riesgo y que no había nada que confirme lo anun­ ciado por ese noticiero. Optamos por retirarnos y volver de todos modos al día si­ guiente. A los pocos minutos de iniciar la retirada, fuimos sor­ prendidos por una orden de lAlto! proveniente del otro lado de la hondonada, donde estaba emplazada una patrulla militar de la Infantería de marina. Aprovechamos, para luego de identificarnos a viva voz y de expresar el motivo de nuestra presencia en ese lugar y a esa hora , para preguntarles si tenían conocimiento de la oparición de un cadáver humano en esa zona. Nos ordenaron permanecer en el sitio hasta que unos soldados nos revisen. Ter­

minado el registro de todos nosotros, incluido el asesor guberna­ mental, regresaron los soldados al otro lado de la hondonada y después de deliberar un buen rato con su ¡efe, nos autorizaron a proseguir nuestro camino y decirnos que no había sido encontra­ do ningún cadáver por allí.

La evidencia del por qué esa supuesta fuente policial había njñalado esa zona, considerada "roja" bajo la vigilanciá de la ma­ rina, estaba a la vista. La banda criminal que operaba en la poli­ cía con el consentimiento del ministro del Interior, ensayaba sus macabros juegos, para infundirnos temor, burlarse de nuestra desgracia y demostrarnos que ellos eran intocables. Y hasta po­ dían habernos baleado aduciendo cargos inventados.

Al día siguiente nos pusimos inmediatamente en contacto con el míponsable del programa para pedirle explicaciones y relatarle lo que nos había acontecido con grave riesgo de nuestras vidas. Pedimos que Identifique al autor de la falsa noticia, que resultó ser un oficial PIP cuyo nombre no recuerdo. Le solicitamos al Canal TV que propalara el des­ mentido bajo las mismas características con las que fue dada la falsa noticia. Se disculparon y nos aseguraron que cumplirían con nuestro pe• ildo. Pasaron varios dias y no salía el desmentido. Fue necesario remitirles uncí carta enérgica para que por fin anunciaran el desmentido, pero lo liu ifiron en forma casi inadvertida.

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PERIODICO INFORMA QUE SE HALLARON LOS RESTOS DE ERNESTO EN UN ARENAL DE LA MOLINA En otro oportunidad salió publicado en un periódico de la tarde, "El Popular", que en una arenera del distrito de La Molina se encontró un cadáver que según un informe secreto policial co­ rrespondería al del estudiante desaparecido Ernesto Castillo, por lo que ha sido trasladado a la Morgue de Lima.

Llegamos presurosos a la Morgue con la respiración conte­ nida de no saber que nos ocurriría si de verdad resultaba ser el de él. Tuvimos que hacer algunas tediosas gestiones para que nos permitieran observar con prontitud el cadáver de esa proceden­ cia. Nos confirmaron la existencia del mismo pero teníamos que obtener la autorización del médico forense responsable que llega­ ba solo en las tardes. Lo esperamos, se trataba del médico Ernes­ to Raez, quien ordenó que nos mostraran el cadáver. Nos acerca­ mos con sumo nerviosismo y vimos un rostro desfigurado por efecto del tiempo, una indumentaria diferente de la que Ernesto llevaba y además nos pareció de mucha mayor edad. Llevábamos con no­ sotros su odontograma que el médico odontólogo de Ernesto nos proporcionó y fuimos además acompañados de un odontólogo muy amigo de la familia para que lo verificase. Pedimos informa­ ción al Dr. Raez sobre la edad probable del occiso y nos aseguró que se trataba de un hombre de cerca de cuarenta años. Asi mis­ mo el odontólogo amigo observó que la dentadura del cadáver carecía de varias piezas y no correspondían a un muchacho de 22 años, la edad de Ernesto. Otra falsa información para desesperarnos, para reavivar esperanzas que luego se derrumban y producen, sin duda, crisis en nuestra vida interior, desaliento, amargura, impotencia... pero nuestro gran cariño, amor y respeto por Ernesto, reabsorbía cual­ quier obstáculo que se interpusiera en el camino hacia el espera­ do reencuentro.

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FRACASO DE SU CAMPAÑA DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Ninguna de todas las acciones del gobierno para desviar y minimizar la atención de la gente y para disuadirnos de con­ tinuar nuestras demandas judiciales, nos hicieron retroceder en absoluto en la prosecución de nuestras exigencias ante las autoridades del Poder Judicial. Y nuestro empeño fructificó con el triunfo de nuestro hábeas corpus y la derrota del gobierno. Se estaba abriendo paso la construcción de una firme juris­ prudencia para atajar la carrera de asesinatos impunes cometidos cada vez más abiertamente por militares y policías con el aval del gobierno quien los organizaba y protegía en directo desafío al Poder Judicial, cuyo sector defensor de la legalidad sobrevivía aún, con lo que se lograría salvar muchas vidas.

Y es que el abogado defensor de Ernesto, el Dr. Zúñiga Paz, ponía en juego no sólo su capacidad y experiencia profesional sino también su propia integridad moral y personal. No existía ninguna duda, la verdad estaba de nuestro lado y él la hacía aflorar con toda su fuerza en cada intervención que le correspon­ día asumir. Y el aparato militar del gobierno fijó en él su mira, no sólo para apartarlo del caso vía su eliminación física, sino para aterrorizar a los abogados defensores, mediatizarlos, atemori­ zarlos y alejarlos de la defensa de las víctimas del terrorismo de Estado.

TRASLADO INCONSTITUCIONAL DEL JUICIO A LA CORTE SUPREMA Consumado el legicidio puesto en juego por Espichón en concertación con los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, ésta convoca a dos audiencias públicas para cumplir con la formalidad de escuchar los argumentos tanto de la defen­ sa como del Estado violador.

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Esta Sala estaba conformada por los siguientes vocales: Srs. Horacio Valladares Ayarza (Presidente) Carlos Espinazo Villanueva Roger Salas Gamboa Federico Peralta Rosas y José Ernesto Angulo Martínez Una se llevó a cabo el 1 9 de diciembre de 1 990, respecto del recurso de queja presentado por el representante del gobierno cuyo objetivo era desconocer la Resolución del Octavo Tribunal y trasladarlo a otra instancia que resolviera una causa que ya había sido juzgada conforme a ley. Y la segunda se realizó el 1°. de febrero de 1991 sobre el recurso de nulidad del hábeas corpus presentado por Espichón, pidiendo que éste, ganado por los fa­ miliares de Ernesto en las dos instancias, sea declarado IMPRO­ CEDENTE, en abierto desafío a la Constitución y las leyes.

Aquella tarde del 1°. de febrero, el Dr. Zúñiga, como no podía ser de otra manera, pi­ dió en una enérgica interven­ ción ante el pleno de esta Sala, "se declare infundada y por tan­ to sin lugar al concesorio del Recurso de Nulidad pedido por el señor Procurador Público. La Resolución del Octavo Tribunal tiene el carácter de inimpugnable y definitivo de acuerdo al art. 21 de la ley 23506 que regula las acciones de Amparo y Habeos CU orpus Siniestro procurador del fu¡imontesinismo, promotor de la impunidad de los asesinos.

Por su parte Espichón, aducía simplemente con el ma­

159 yor cinismo que "no estaba probado que Castillo Póez haya sido capturado por la Policía General o la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Técnica". Terminada la sesión y desalojada la Sala, Espichón se quedódentro dialogando con los jueces. Obviamente que los argumen­ tos esgrimidos por la defensa estaban estrictamente ligados a la Itiy frente a los cuales los expresados por Espichón carecían del lustento legal que justificaran su pedido, salvo que sirvieran para perpetrar una condenable arbitrariedad. Y en efecto así fue.

Ya en la oficina del Dr. Zúñiga comentábamos sobre el probable resultado de la acción de este Tribunal. Se preveía un resultado favorable a Espichón, ya que eran exageradamente visibles- las inclinaciones de los jueces desde el momento que le aceptaron su ¡legal pedido de que se vuelva a juzgar una cau­ la perdida ante la aplicación justa y correcta de la ley. Pensamos entonces que era necesario empezara proyectarse o Ir estudiando las posibles alternativas y sus respectivas acciones Ingales a tomar. Claro, un camino abierto era el apelar al recurso dn casación ante el Tribunal Constitucional, pero no quedaban muy claras las consecuencias de una u otra decisión final de esta suprema instancia. Antes era necesario enterarse de la Resolu­ ción de la Segunda Sala Penal.

CORTE SUPREMA RETARDA DELIBERADAMENTE I NIREGA DE SU SENTENCIA A FAMILIARES DE LA VÍCTIMA Vencido el plazo legal en que debió expedirse la resolución Sin que ésta nos llegara, decidimos presentar un primer escrito «inte la susodicha Sala solicitando nos expida fotocopia certifica­ da do la resolución recaída en la acción de hóbeas corpus. Pasaion cerca de dos semanas y tampoco nada. Esta inusual demora

160 era muy sospechosa. Volvimos a la carga y el 26 de febrero de 1991, presentamos dos escritos solicitando las respectivas reso­ luciones tanto por el expediente del Recurso de Queja (n°. 50190), como por el de nulidad del hóbeas corpus (n°.053-91). Ya había pasado más de un mes desde la fecha del último informe oral ante los jueces y la Segunda Sala no nos daba ninguna res­ puesta. Volvimos a insistir con una tercera solicitud el 12 de marzo de 1991 reiterándoles la expedición de una fotocopia certificada de la resolución. Nos estábamos acercando a los tres meses des­ de la primera sesión pública de la Segunda Sala Penal sin saber el resultado de tan importante evento judicial que tenía que ver con la vida en peligro de una persona detenida-desaparecido por la policía, y el máximo organismo de la administración de justicia del Perú, seguía retardando la publicación de su decisión a los representantes de la víctima. Era un presagio claro de que la re­ solución no era favorable a nosotros, pero teníamos que saber por qué para luego responder y seguir bregando por la causa de Ernesto.

Antes de relatar el desenlace, es importante hacer conocer que el Dr. Zúñiga solicitó varias veces reunirse con el presidente de la Segunda Sala Penal, Sr. Horacio Valladares Ayarza, lo que se pudo lograr recién el 1 1 de marzo de 1 991 . Valladares dijo en esa ocasión que uno de los vocales no había podido firmar por estar enfermo. El Dr. Zúñiga entendió que era intolerable esta burla abierta al abogado defensor, a la familia del de­ mandante por cuya vida se estaba luchando y decidió que fué­ ramos el día 14 de marzo de 1991 a hablar nuevamente con Valladares, pero antes en la mesa de partes el Dr. Zúñiga pidió resultados del H.C. y la copia certificada del Recurso de Que­ ja. Esta última le fue recién entregada. Sobre el H.C. pidió infor­ mación complementaria de lo resuelto según lo indicado en res­ puesta a las últimas dos solicitudes. El encargado de la mesa de partes dijo que no la tenía, que fuéramos donde el relator.

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Hablamos nuevamente con Valladares y repitió que ya había resuelto y que presentáramos la solicitud; le dijimos que ya lo ha­ bíamos hecho ( la del 12-03-91); entonces nos pidió una copia de la que por previsión habíamos ¡do proveídos y se la entrega­ mos inmediatamente; entró en su oficina y nos envió al relator para decirnos que el expediente estaba en manos del Dr. Peralta y que sólo faltaba la firma de un vocal; nos indicó que regresára­ mos al día siguiente con la fotocopia de la solicitud y que la foto­ copia de la resolución ya estaría lista. Al día siguiente 1 5 de marzo de 1991, nos apersonapnos el Dr. Enrique Pínco, ayudante del Dr. Zúñiga y yo, al mediodía, don­ de el relator, Jesús Pacheco Diez, con la fotocopia de la última lolicitud en mano y nos dijo que el Dr. Peralta, quien tiene el expe­ dienté se encuentra enfermo y que regresáramos el próximo miér­ coles 20 de marzo de 1991. Era no sólo un maltrato inaceptable, lino un hostigamiento destinado a hacernos retroceder en nues­ tro derecho ciudadano de pedir justicia. Pensamos que si las co­ las seguían así, íbamos a vernos precisados a hacer una denun­ cia pública de este atropello sin nombre. Sin presentir ninguna desgracia nos retiramos a continuar nuestras actividades cotidianas. Horas más tarde. Alrededor de las 4.30 de la tarde de este fatídico 1 5 de marzo de 1 991, el Dr. Augusto Zúñiga Paz fue víctima de un atentado terrorista del go­ bierno mediante el envío de un sobre bomba, que al abrirlo explo­ tó con tanta violencia que le arrancó el antebrazo izquierdo y le causó otras heridas y daños corporales que felizmente no pusie­ ron en peligro su vida. Fue conducido de emergencia al Hospital do Policía y luego trasladado a una clínica particular donde fue adecuadamente tratado hasta su recuperación.

Pocos días después de su internamiento en la clínica, la Se­ gunda Sala Penal remitió su resolución por la cual determinaba dejar sin efecto la resolución del Octavo Tribunal sobre el mismo hóbeas corpus.

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Y así se enteró, en pleno tratamiento médico, el Dr. Zúñiga de la desactivación malévola de su trabajo paciente, experimenta­ do y valiente por la defensa de los derechos humanos de un ¡oven, horriblemente violados por el gobierno Fujimorista, por obra de quienes en el Perú actúan y piensan que ejercer cargos máximos de un poder del Estado, y en especial del de justicia, les permite tener el mundo en la palma de su mano para hacer lo que les da la gana, como en este, caso, de violar con el mayor descaro los mandatos expresos de las leyes. La resolución tiene fecha 07 de febrero de 1991. Es proba­ ble que Espichón obtuvo esta sentencia apenas fue aprobada. ¿Porqué los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema se negaron durante tanto tiempo a darnos la resolución y por qué intentó el gobierno asesinar al Dr. Zúñiga? La razón principal se vincula con el acuerdo bajo la mesa para salvar al ministro de la acusación constitucional por el Congreso. En enero, febrero y mar­ zo 1991, el ministro era sometido a una constante presión por ambas Cámaras del Congreso por los errores graves de su ges­ tión, entre ellos , no aportar mayor información sobre casos de detención-desaparición, como el de Ernesto. Por eso luego de cada presentación en el Congreso, llovían las mociones de censura. Entregarnos en estas circunstancias políticas su escandalosa re­ solución declarando IMPROCEDENTE el hábeas corpus en favor de Ernesto, hubiera echado más leña al fuego y quemado más rápidamente al ministro.

Al final estos infames vocales cumplieron su promesa de sal­ var al ministro Alvarado del peligro de una acusación constitucio­ nal que se cernía sobre él, aunque no pudieron evitarle su salida del cargo, el 31 de marzo de 1991, reemplazado por el general de división en actividad, Víctor Malea Villanueva. Pero estos sobornadles jueces estaban muy lejos de imaginar que el peligro de acusación constitucional se volvería más tarde contra ellos y que el gobernante japonés al que sirvieron muy pronto los echaría de sus cargos.

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EL DR. ZÚÑIGA REVELA ENTRETELONES DEL ATENTADO SUFRIDO Transcribiremos sus propias palabras, extraídas de un in­ forme que él elaboró sobre el estado de las investigaciones a los autores del atentado llevadas a cabo por el gobierno: "El atentado fue precedido de una directa amenaza con­ tra mi vida y la de mi familia con el objeto de que abandonase la defensa del hábeas corpus promovido a favor del estudiante Ernesto Castillo Páez....Este hecho fue puesto en conocimien­ to de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema como cues­ tión previa al informe oral del 1 de febrero de 1 991 ...el 22 de enero de 1991, un alto ¡efe policial solicitó entrevistarse con­ migo por "razones de carácter profesional". La conversación derivó más bien al caso "Castillo" y se me planteó lo siguiente: Se sabía de mis indagaciones, respecto al Co­ mandante Mejía; • era cierto lo que suponía que el ¡oven había sido ejecutado; • también era cierta mi suposición de que quien había dado la orden de ejecución y participado en ella era el Cmdte. Mejía León; • que me retirara del caso porque mi vida corría peligro.

•

Agradecí la información que confirmaba la que yo tenía y le pregunté por las razones que motivaban esa entrevista llevada a cabo nn absoluta reserva. Me contestó refiriéndose a su disconformidad ion la política impresa por el Gral.de División E.P Adolfo Alvarado I ournier, ministro del Interior y que estaba asqueado por lo que venía CX arriendo.

Como por esos días el padre del ¡oven Castillo había recibido primero una información falsa respecto al hallazgo del cadáver de su

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hijo y Panamericana Canal 5 había transmitido la noticia controver­ tida de su aparición, lo llamé y confirmé que su hijo estaba muer­ to; sin embargo se decidió seguir con el hóbeas corpus, para de acuerdo a su resultado, acudir al Ministerio Público, sindicando como presunto responsable al Cmdte. Juan Carlos Mejía León".

CUBA Y ALVARADO CÓMPLICES DEL ATENTADO CRIMINAL AL DR. ZÚÑIGA En sus primeras declaraciones luego de sufrido el atentado, el Dr. Zúñiga señaló como directos responsables al ministro del Interior Alvarado y al Director General PNP Cuba y Escobedo y al sanguinario Cmdte. PNP Mejía León. No podía ser de otra mane­ ra, ya que ese alto oficial al que se refiere el Dr. Zúñiga le había advertido con suficiente claridad de dónde y de quiénes provenía la amenaza.

Pero ¿qué refirieron los presuntos responsables al ser reque­ ridos por la prensa sobre el atentado inaugural con tan sofistica­ do y mortífero mecanismo de muerte como es una carta bomba? Respondieron muy sueltos de huesos, principalmente el más insi­ dioso, Cuba y Escobedo, que "el atentado podría significar la aparición de un nuevo grupo subversivo totalmente diferente al MRTA y a Sendero Luminoso, aunque no descartaba la posibili­ dad como autores del atentado a un grupo paramilitar o de ex­ trema derecha"(La República, Policial pág. 15 del 17 de marzo de 1991). Pero ya desde el primer momento de acaecido este ataque cobarde y criminal contra un defensor consecuente de los dere­ chos humanos, la policía empezó a difundir el rumor que muchos diarios hicieron eco, que habían sido los grupos terroristas los autores del atentado. El Dr. Zúñiga tenía perfecto conocimiento

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sobre la verdad del origen del monstruoso atentado. Al término de su tratamiento hospitalario, necesitaba una rehabilitación es­ pecializada, aparte de velar por la seguridad de su familia y la suya propia, por lo que tuvo que trasladarse a otros países como asilado político, pasando a residir en Suecia, pero él siguió un proceso judicial cuyo resultado ignoro.

EL JUICIO CONTINÚA EN CONDICIONES MAS DIFICILES SIN GARANTÍAS DE JUSTICIA El Dr. Zúñiga alcanzó aún a realizar algunas acciones judi­ ciales tendientes a involucrar al superprotegido asesino Mejía León, como sospechoso principal en la ejecución de la detención-des­ aparición de Ernesto, las que tuvo que interrumpir por su viaje al extranjero. COMISEDH, entonces se entregó a la tarea de buscar un nuevo abogado con experiencia en defensa de derechos hu­ manos que se encargue de proseguir con la defensa de Ernesto Rafael, responsabilidad que finalmente recayó en el abogado Dr. Gorky González. El alejamiento forzoso del Dr. Zúñiga como nuestro abo­ yado defensor, significaba para nosotros de todos modos un fuerte golpe, porque para las siguientes etapas del juicio que ya lo habíamos ganado y del que sin embargo el gobierno había lalido triunfante utilizando su capacidad corruptora y de prelión sobre el Poder Judicial, se requería del abogado defensor determinadas cualidades de experiencia y compromiso sin va­ cilaciones, para volverlo a colocar judicialmente de cara a su responsabilidad como autor del crimen y forzarlo a que lo re­ conociera y aunque finalmente no lo hiciera, dejar absoluta­ mente claro ante la opinión pública de nuestro país la culpabi­ lidad del gobierno. El Dr. Gorky González intentó hacerlo con mucha voluntad.

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ACTUACIÓN DEL JUEZ LUIS VARGAS VALDIVIA DEL 14 JUZGADO PENAL DE LIMA En base a la resolución del Octavo Tribunal Correccional, la Fiscal Provincial de Turno formalizó la denuncia penal correspon­ diente ante el 1 4 Juzgado de Instrucción de Lima, a cargo del juez Luis Vargas Valdivia, el que con fecha 22 de marzo de 1991 dictó un auto de apertura contra el General PNP Víctor Alvo Plascencia (ex Director General de la Policía Nacional), el Gral.PNP Enrique Oblitas Jaén (ex-¡efe de la Dircote), el My.PNP Víctor Vargas Giraldez (Comisario de San Juan de Miraflores y José Campos Chira (subalterno de la Comisaría de San Juan de Miraflores), por la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de Ernes­ to R. Castillo Páez, con el expediente judicial n°. 610-91. Ade­ más, la denuncia de la Fiscal pedía se individualice a los demás responsables de la detención-desaparición del estudiante.

CUATRO TESTIGOS RATIFICAN VERSIÓN INCULPATORIA A LA POLICÍA Aparte de los dos testigos que inicialmente declararon a la Dra. Greta Minaya, las señoritas María Esther Aguirre y Erika Vera de la Cruz sobre la detención de Ernesto por la policía, te­ níamos el testimonio escrito de otra testigo, la Sra. María Elena Castro Osorio, vecina muy cercana al lugar de la detención, que ya no pudimos alcanzar a que la jueza Minaya la incluyera por el reducido plazo de su investigación. Aparte de estos tres testigos conseguimos adicionar un cuarto, quien observó desde la puerta de su casa a poca distancia del lugar de detención y acudió vo­ luntariamente a prestar su manifestación sobre la verdad de lo que ocurrió ese día 21 de octubre de 1 990 en su distrito de Villa El Salvador. Nos tocó vivir nuevamente intensas ¡das y venidas hacia los domicilios en Villa El Salvador de las dos testigos iniciales para

167 vencer su resistencia a asistir al Juzgado, convencerlas de su obli­ gación de cumplir con la ley y sobre todo tuvimos que apelar a mostrarles cuán grande era nuestro sufrimiento por no haberlo aún encontrado y el de no saber día a día qué han hecho con él . Luego de innumerables intentos, ofrecieron, casi con desgano, ir a dar su declaración. Les pusimos movilidad personal de ¡da y retorno a su casa por seguridad y comodidad.

Sobre la señora María Elena Castro, sin embargo su co­ laboración era más abierta, pero el inconveniente era que ca­ recía de libreta electoral y militar, y a pesar de sus reiteradas promesas de gestionarlas, previa entrega de los recursos de­ mandados, no llegó a obtenerlas, por lo que casi el mismo día de su citación a declarar, tuvimos que hacer una acción suplicatoria a la Municipalidad de Lima para que expidiera ipso facto una copia certificada de su partida de nacimiento, la que felizmente fue atendida, previa compra de un talonario de rifa do no sé qué institución. Llegamos al Juzgado, casi al filo del inicio de su declaración poro con su documento de identidad. Posteriormente sería el IDL quien le gestionaría la obtención definitiva de sus libretas electoral y militar. Pero cumplió con su voluntad de decir ante el Juez lo que vio, cómo policías de un patrullero detuvieron a Ernesto. El cuarto testigo, Joe Roberto Ruiz Huapaya, estudiante uni­ versitario sanmarquino, manifestó su decisión de dar un testimo­ nio pleno por escrito, redactado y escrito de puño y letra por él. f nlonces buscamos una Notaría para que lo certificara legalmente, pero las dos o tres notarías a la que fuimos inicialmente se nega­ ron a hacerlo, no sabemos por qué. Sólo cuando llegamos a la Notaría Becerra Palomino, ésta lo legalizó el 29 de mayo de 1991 y se presentó para que se incluyera en el proceso, de modo que cuando Joe fue citado por el Juez ratificó verbalmente su declara­ ción jurada. Este joven, casi de la misma edad que Ernesto, ofre­ ció espontáneamente su colaboración porque se trataba de la

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vida de un muchacho como él y porque considera que sin la ver­ dad nada positivo se puede construir en la vida. Con estos cuatro testimonios, absolutamente coincidentes, de personas que residen en el lugar de la detención que frente a la casa de dos de ellas se produjo, el juez tendría que haberse con­ vencido de que el hecho denunciado era una realidad innegable e indiscutible.

POLICÍAS INVESTIGADOS POR EL JUEZ A través de nuestro abogado defensor se presentó al Juez una lista de los jefes y subalternos policiales participantes en el operativo extraído del informe que la misma Inspectoría de la Po­ licía preparó, aunque no para encontrar a los responsables sino para encubrirlos y de paso prepararlos para ajustar mejor la coar­ tada de que ninguno sabe nada sobre la detención de Ernesto. Ese fue el papel del Gral. PNP Eduardo Ruiz Botto, ¡efe de esa institución que condujo esta pseudoinvestigación.

Solicitamos al Juez Vargas se enfatice la investigación en el personal subalterno y jefes de Radio Patrulla, cuya tripulación de uno de sus patrulleros, que usan como distintivo boinas rojas, según todos los testigos, detuvieron a Ernesto. Igualmente debe­ ría investigarse a la gente de la 74 Comandancia de la PNP de San Juan de Miraflores, jefes y subalternos, no sólo a los que aparecen en el informe de Inspectoría, sino también a aquellos que premeditadamente no fueron allí nombrados ni menos inves­ tigados. Después de todo, un juez penal que investiga un crimen para llegar a identificar a los autores dispone de la autoridad necesaria para interrogar a todos los que se encuentran bajo sos­ pecha para poder descubrir la verdad. El juez Vargas y su secretario indistintamente tomaban las declaraciones del personal policial, seleccionado según criterio del

169 Juez, no comprendiendo a muchos otros que bajo un criterio es­ tílelo de investigación penal, hubiera cerrado el círculo de los más lospechosos.

El interrogatorio a los policías ¡efes y subalternos giró alrede­ dor de cuatro preguntas fijas: 1. ¿Qué hizo el día 21 de octubre (de 1990) antes de los hechos? 2. ¿Cómo se enteró de los hechos de Villa El Salva­ dor? „ 3. ¿Cuál fue su participación en el momento de los hechos? 4. ¿Se encontraba Ernesto Castillo entre los deteni­ dos?

Bajo este cuestionario fueron sometidos entre otros: •

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Tnte.PNP PG José Emilio Guibovich (Oficial de Per­ manencia de la Comisaría de Villa ElSalvador (VES)). MY.PNP PG Emilio Vargas Cepeda (Comisario de la Comisaría de VES). Cmdte.PNP PG Juan Carlos Mejía León (Jefe del CEFEA-Comando de Entrenamiento de Fuerzas Especiales Antisubversivas). Cabo PNP Atanulfo Zamora García (Tripulante del camión portatropas de la CEFEA en la que se en­ contraba Mejía León). Cabo PNP PG Fernando Solier Galindo (ad­ junto, tripulante del patrullero 74-1006 de la 74 Comandancia de San Juan de Miraflores(SJM)). Sgto. PNP PG Jaime Alfredo Melchor Vivanco (cho­ fer del patrullero n°. 29-1034 de Radio Patrulla29 Comandancia).

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Sgto.2do. PNP PG Martín Pedro Lobatón Ismodes (operador del patrullero 74-1007 de la 74 Cmdcia. De SJM). Cabo PNP PG Carlos Eduardo Huamán Pa­ lomino (Chofer del patrullero 74-1007, ídem). Cmdte. PNP PG Raúl Valverde Añorga, Jefe de la 74 Comandancia de San Juan de Miraflores.

Desde luego que ninguno declaró saber mínimamente nada sobre la detención de Ernesto y menos pues haberlo detenido. Todo indica que estaba bien arreglada la parodia judicial porque el juez se dio por satisfecho con las simples declaraciones de to­ dos estos supuestamente investigados. Para él todo era verdad. No profundizó las declaraciones de ninguno de ellos, en especial del principal sospechoso Mejía León, a quien se le sindica extraoficialmente como el autor material de la tortura y muerte de Ernesto. De modo que el juez no encontró a nadie como presunto culpable ni sospechoso.

SE CONCRETA INSPECCIÓN OCULAR Este resultado no nos tomó de sorpresa, estaba dentro de nuestras previsiones. Pero había una exigencia que no podíamos dejar sin que se cumpliese: la diligencia clave de la inspección acularen el mismo lugar de la detención con la presencia del juez, la fiscal y los testigos y también deberían estar algunos de los pa­ trulleros participantes. Estuvimos casi en una permanente perse­ cución tras la fiscal para que una vez que el juez fijaba la fecha, no la frustrase como ya lo había hecho en dos ocasiones previas con pretextos anodinos. La fiscal era la señora Rosa Angélica Sedó Mendiola, a quien prácticamente tuvimos que hacerle la guardia en su domicilio con nuestra movilidad para no darle ocasión de disculpa a su inasistencia.

171 De este modo pudo cumplirse la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos en Villa El Salvador, en la calle frente a los inmuebles, lotes 4 y 5 de la Manzana K, Grupo 1 7, Sector 2, colindante con el Parque Principal de este Sector, en la mañana del 1 7 de enero de 1 992. La diligencia se llevó a cabo bajo la conducción del ¡uez instructor Luis Vargas Valdivia y la fiscal provincial Rosa Sedó y participaron los testigos María Esther Aguirre, María Elena Castro Osorio y Joe Ruiz Huapaya, todos ellos rodeados por los principales medios de prensa escritos y la televisión.

Tanto el juez como la fiscal y, de paso los periodistas, pudie­ ron comprobar con absoluta fehaciencia, cómo los testigos desde sus ubicaciones pudieron observar detalladamente la detención de Ernesto por policías que bajaron de un patrullero en la maña­ no del 21 de octubre de 1 990, versión sustentada ante los jueces todas las veces que se les requirió. Cabe mencionar que el pedido del ¡uez para que se hicieran presentes algunos de los patrulleros participantes, fue incumplido por los mandos policiales. Ninguno la hizo presente. Temían confrontar la verdad. Con este evento judicial resultaba imposible negar la res­ ponsabilidad de la policía en la detención de Ernesto, y la ac­ tuación del ¡uez Vargas Valdivia se vio temporalmente interrum­ pida, como todo en el Perú, por el autogolpe de Estado militar perpetrado por la nefasta dupla criminal Fujimori-Montesinos y la cúpula archicorrupta militar, el 05 de abril de 1 992, para Instalar su corrompida y criminal dictadura.

En la etapa postgolpe, el ¡uez Vargas permaneció en su iñlsmo cargo y siguió viendo el caso, mas la fiscal Rosa Sedó lúa sustituida por la Sra. Rosa Mercedes Rolando Ramírez. Esta mujer, por las opiniones que sobre el caso vertió desde el mis­ mo momento en que se hizo cargo de su nueva función, se (Induce que fue destacada a propósito para acelerar el nrchivamiento del caso, objetivo logrado completamente.

1 72 En el dictamen de esta fiscal se indica temerariamente que "durante el proceso no se ha probado siquiera que Er­ nesto Castillo Páez hubiese sido intervenido por efectivos policiales, pues la investigación realizada en diversas de­ pendencias de la Policía Nacional arrojó resultados negati­ vos y se cuestiona por parcializados los testimonios de al­ gunos vecinos de Villa El Salvador que aseguran que un ¡oven con las características de Castillo Páez fue detenido e introducido en un patrullero".

De todo esto se desprende que este dictamen es copia fiel del libreto confeccionado por el gobierno para dejar sin efecto, para que quede en la nada nuestra demanda. Una Fiscal que se apoya en una investigación interna de la ins­ titución (Inspectoría de la Policía Nacional) denunciada de cometer el delito, en la que son juez y parte, y que de nin­ guna manera se va a autoinculpar, la toma como base para emitir su dictamen. Con fiscales así pierde credibilidad y respeto el poder judicial.

JUEZ VARGAS ARCHIVA EL CASO Y el juez Vargas le siguió sus pasos, pues a pesar de dejar sentada en su sentencia esta ineludible verdad, exculpó a los denunciados por el delito de abuso de autoridad y mandó archivar nuestra demanda sin castigar a nadie, or­ denando que la Fiscalía "individualice a los verdaderos au­ tores". Esto quedó establecido en la sentencia del juez Luis Vargas Valdivia del 14 Juzgado Penal , el 1 9 de agosto de 1992 y quedaron impunes Víctor Manuel Alva Plascencia, Enrique Oblitas Jaén, Víctor Guillermo Vargas Giraldez y José Emilio Campos Chira.

Nuestro abogado defensor, Dr. César Azabache Cariacciolo refuta esta decisión del juez en los siguientes términos:

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"La Fiscalía ha derivado la investigación a la propia Policía; lo lógico sería que la Policía se limite a individualizar a quienes consideran los "verdaderos autores" de la desaparición de Ernes­ to; pero lejos de ello, se viene pretendiendo revisar, incluso volver a citar a todos los testigos para volver a establecer si Ernesto des­ apareció o no. Esto es absurdo: el extremo de desaparición ya fue determinado en sede judicial. La Policía no puede desconocer lo que hicieron los jueces, sino que tiene que partir de allí en adelante. Sin embargo este viene siendo el perfil mostrado por el Po­ der Ejecutivo no sólo en la "nueva" investigación policial que se viene siguiendo, sino también en la Comisión Interamericano, por eite caso.

El proceso seguido en la vía interna está entrampado en la negativa del gobierno de seguir las investigaciones hasta su relultado final: esto es, no se quiere reconocer que hay autores de hl desaparición y ni siquiera se quiere investigar al Cmdte. Juan ( arlos Mejía León, al que hemos denunciado formalmente ante el juzgado sin ningún resultado. Durante la tramitación del juicio se ha evidenciado el propo­ nte) de los encausados , y de los propios mandos de la Policía Nacional, de entorpecer la investigación judicial. Así, los encausa­ dos han deducido una serie de articulaciones procesales destina­ dos a obstaculizar la acción penal (excepción de cosa juzgada, excepción de naturaleza de acción, cuestión previa), las mismas qüo han sido declaradas infundadas por el juzgado y confirma­ rlas por el Primer Tribunal Correccional.

Pese a los continuos oficios del juez (dada la importancia de nj declaración), la Policía Nacional no ha cumplido con presentar tinto el Juzgado al procesado Campos Chira, a quien se sindica i orno autor de la adulteración del Libro de Detenidos de la Comil

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Policía Nacional ha destacado a provincias a algunos de estos efectivos, entorpeciendo la investigación judicial." El proceso siguió en otras instancias con el fin ex profeso de dilatarlo, en el transcurso del cual se dieron los siguientes hechos:

a) Por fin Campos Chira rindió su testimonial el 30 de julio de 1992; y volvió a repetir la coartada elaborada con posteridad a la Resolución del Octavo Tribunal Correc­ cional de que el Libro de Ingresos se encontraba en ese momento en la oficina de Logística para la elaboración de estadísticas mensuales y que por esa razón no pudieron presentarlo ante la jueza Dra. Minaya cuando lo solicitó. Se necesita ser un imbécil para creer semejante mentira. Pero el Juez se conformó con esta declaración.

b) Uno de los principales implicados en la detención de Er­ nesto, quien supuestamente le ordenó meterse en la maletera, confirmada por una consulta interna entre policías realizada por Celso Pastrana, ex policía perse­ guido por el régimen de Fujimori, es el Tnte. PNP Roberto Reyna Zúñiga. Éste no fue llamado a declarar en la in­ vestigación de la Inspectoría de la Policía, sino que reci­ bió un informe del Jefe de la 29 CPG Radio Patrulla, Cmdte.PNP Oscar Elio Cáceres en el que señalaba que el tal Reyna "se encontraba de servicio como Jefe del 3er. Pelotón del Escuadrón de Emergencia y que en ningún momento intervino en los sucesos acaecidos el 21-1090 a horas 1 1.30 de la mañana...no habiendo en nin­ gún momento solicitado al Mayor Comisario de Villa El Salvador el interrogatorio, de ninguna persona; asimis­ mo tampoco recibió órdenes del Cmdte. PNP-PG Juan Carlos Mejía León sobre la custodia de detenidos". Y punto.

1 75 La Inspectoría consideró sagradas las palabras (encu­ bridoras desde luego) de Cáceres, sólo por el hecho de ser «I Jefe de un cuartel policial, dirigidas a desmentir las ex­ presas denuncias sobre la participación de ese teniente en Id detención de Ernesto, aparecidas en los medios de pren­ dí ¿Quién puede confiar en una investigación así?

El hecho es que este sujeto, Reyna, parece que se asustó con ■I juicio y temía que alguien de su propia institución conocedor de Iti verdad lo descubriese y cuando fue solicitado a declarar por el II 4 Juzgado, resulta que el tipo había hecho abandono de servi­ ble Sin embargo éste fue ubicado por los abogados de IDL debi¿o a una consulta hecha por la delegación diplomática de Espa­ ña en el Perú sobre sus antecedentes, como policía que era, de ©adicipación en violación de derechos humanos, ya que Reyna se incontraba en España como solicitante de asilo político por hafeni recibido amenazas, según este delincuente, de los grupos sub­ versivos en el Perú. De inmediato los abogados de IDL les hicieron Inbcr que este sujeto estaba siendo solicitado por el ¡uez del 14 Juz­ gado a declarar por el caso de la detención-desaparición del estu­ diante universitario Ernesto Castillo.

El resultado fue que Reyna se vio obligado a redactar una ¿aclaración desde España, amparado por un organismo de delunia de derechos humanos español, dirigida al Juez del 14 Juz­ gado de Instrucción de Lima, fechada en Madrid el 1 3 de abril ¿r 1992, por la que niega desde luego toda participación en la detención de Ernesto, con la diferencia respecto de lo que ¿aclaró su Jefe a la Inspectoría, de que cuando sucedieron los h*úhos en Villa El Salvador, él se encontraba "a cargo de la líyuridad del cortejo fúnebre de uno de los servidores policiales Blasmados en un atentado terrorista, enterándose por interftlsdio de la Central de Radio que uno de los patrulleros a su mundo había sido atacado, debiendo dirigirse de inmediato al hiyar de los hechos donde llegó cuando las acciones habían Iluminado."

1 76 El texto de la declaración está hecho para, aparte de exculparse de toda intervención en la detención de Ernesto, im­ presionar a las autoridades españolas encargadas de calificar los riesgos que corren en sus propios países los solicitantes de asilo. El juez no dispuso ninguna medida contra él y no sabemos si el gobierno español le concedió el asilo, pero actualmente tiene como domicilio Madrid, España.

c) Por último, con fecha 31 de octubre de 1 995, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, integrada por la señora Baca Cabrera, como presidenta, y los señores Egoavil Abad y Barandiarán Dempwolf, emitieron una Resolución, cerrando con broche de oro la cortina de impunidad, por la cual liberan de toda culpabilidad por los delitos de desobediencia y falsedad al My.PNP Víctor Guillermo Vargas Giráldez y del delito de desobediencia, al Sgto.PNP José Emilio Campos Chira, por haber sido absueltos de estos mismos delitos por la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Este expediente fue tramitado por la Segunda Zona Judicial, del cual nunca fuimos notificados. Además esta resolución dispo­ ne aparte del "archivo definitivo del proceso", el agregado "y en aplicación del decreto ley 20579 (veintemil quinientos setentinueve) se anulen los antecedentes policiales y judiciales de los referidos procesados generados por esta causa." De este modo quedaron los autores y encubridores policiales de la captura y desaparición de Ernesto sin castigo, protegidos por una red de encubrimiento no sólo dentro de la institución po­ licial y autoridades políticas, sino también por diversas instancias del Poder Judicial, y en este caso, con la participación del fuero militar, juez y parte del crimen, como colofón, en la demostración de fuerza a la sociedad civil de que sus criminales son intocables. ¿Lo serán siempre? El delito de lesa humanidad no prescribe y la historia no está exenta de sorpresas reivindicatorías de la justicia. El mundo está despertando.

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VOCALES DE,LA SEGUNDA SALA PENAL BAJO INVESTIGACION DEL CONGRESO POR DELITO DE PREVARICATO Y OTROS Los Vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema del Perú, siguiendo la tradición política de actuar como si el Perú fuera su chacra, haciendo tabla rasa de las leyes, cuando de privilegiar sus Intereses o conveniencias se trata, creyeron que tampoco esta vez nada les pasaría ante su consciente y deliberada violación de una ley básica del ordenamiento jurídico de nuestro país, referida a la pro­ tección de los derechos fundamentales de la persona humana, como os la del hábeas corpus, en defensa de la vida de una personen Creo que vale la pena detenerse aquí un momento a reflexionar, por qué es que en nuestro país llegan a estos Cargos personas desprovistas de la suficiente calidad hu­ mana, de los valores claves de autoestimación, de poner por encima de todo el honor, la dignidad y la buena repu­ tar ión personal y profesional, como garantías básicas en rl ejercicio de una función que la sociedad toda le enco­ mienda, como un pilar del sostenimiento moral de la na­ ción. Creo que ha llegado el momento de promover y conleguir que verdaderos hombres y mujeres dotados de un afán de justicia a toda prueba lleguen a ocupar estos car­ gos, pero por el momento, como punto de partida de este proyecto, se debe denunciar, procesar y castigar ejemplar­ mente a estos corruptos con todo el peso de la ley, porque no puede permitirse más burlas a las justas expectativas de la sociedad.

Los vocales de esta Sala que declararon arbitrariamente IM­ PROCEDENTE el hábeas corpus en favor de Ernesto, ganado nn las dos instancias que la ley ordena, son:

Srs. Horacio Valladares Ayarza (Presidente) Carlos Espinoza Villanueva

>

1 78 Juan Angulo Martínez Roger Salas Gamboa Federico Peralta Rosas

NUESTRA DEMANDA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE SANCIÓN A ESTOS VOCALES Conforme hemos relatado anteriormente, la diversidad de nuestras gestiones por Ernesto nos llevaron a contactar con va­ rios congresistas, principalmente diputados, siendo los más con­ sultados durante el proceso judicial, Ernesto Gamarra, Ricardo Letts Colmenares y Julio Castro Gómez, quien asumiría después el liderazgo en la conducción de la acusación constitucional a los susodichos vocales. Los vocales tuvieron el descaro de entregarnos su cuestiona­ da sentencia de fecha 07 de febrero de 1991, recién el 20 de marzo de 1 991, o sea después del atentado perpetrado contra el Dr. Zúñiga, el 1 5 de marzo de 1 991, a pesar de nuestras insisten­ tes solicitudes.

Al ser enterados los diputados del texto de la resolución de la Segunda Sala , se indignaron por lo que consideraron una viola­ ción abierta a la ley. Por su parte el Dr. Zúñiga rechazó esta reso­ lución y la consideró "un recurso de nulidad concebido no sola­ mente en forma irregular sino contra el espíritu y la letra de la ley", y a pesar de su estado de convalecencia, se puso en coordinación con este grupo de diputados para articular una moción ante la Cámara de Diputados para acusar a los vocales arriba mencio­ nados por la comisión de los siguientes delitos en agravio del Es­ tado y del ciudadano Ernesto Rafael Castillo Páez:

a) contra los Deberes de Función y Deberes Profesio­ nales en la modalidad de prevaricato; b) omisión de Deberes de Oficio; c) entorpecimiento de las Acciones de Garantía; y

1 79 d) incumplimiento de la Obligación de Promover la Acción Penal.

La moción se concretó el 1 5 de abril de 1991 y fue suscrita por los diputados, señores: Julio Castro Gómez; Ernesto Gamarra; G. Yoshikawa; Enrique Gershi; César Barrera; Clodoaldo Cas­ tro; César Rojas; Bladimiro Begazo; Oscar Urbiola. En la legislatura del 24 de octubre de 1 991, el diputado Dr. Julio Castro Gómez, sustentó la moción acusatoria contra los cinco vocales. Fue admitida finalmente a debate el 04 de diciembre de 1991 en la Cámara de Diputados y aprobada por mayoría (58 votos a favor) con la oposición (31 votos en contra) de legislado­ res del. bloque del Apra, Cambio 90 y el diputado pepecista Antero Flores Aráoz. El último día de la legislatura ordinaria, domingo 1 5 de diciembre de 1991, se nombró, pese al intento del Apra por frustrarlo, una Comisión Dictaminadora de la Acusación Consti­ tucional contra los cinco-vocales referidos. Esta Comisión quedó conformada por los siguientes diputados: Genaro Vélez Castro (Partido Aprista Peruano), quien la presidía Eduardo Salhuana Cavides (Izquierda Unida) Ivan La Riva Begazo (Acción Popular) Blanca Rocha de Janz (Acción Popular) y Luis Delgado Aparicio (independiente, ex Movimiento Libertad)

Luego de dos postergaciones debido a la ausencia de sus miembros, esta comisión fue instalada el 28 de enero de 1 992, pese a la nueva inasistencia del parlamentario Eduardo Salhuana. Ante esta Comisión desfilaron aparte de los vocales denun­ ciados para responder sobre los delitos de los que se le acusan, las siguientes personas:

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• •

El diputado Julio Castro Gómez, quien sustentó ante la Comisión los argumentos de la acusación constitu­ cional, destacando principalmente que los magistra­ dos acusados cometieron el delito de prevaricato al actuar en contra del texto expreso y claro de la ley 23506, cuyo artículo 21 establece que en las accio­ nes de hóbeas corpus el recurso de nulidad sólo pro­ cede ante su denegatoria. Es preciso recordar, dijo, que en el hóbeas corpus promovido por el padre del estudiante Castillo, el Octavo Tribunal Correccional había confirmado la resolución de primera instancia que declaró fundada la acción, es decir había conce­ dido la acción; el padre de Ernesto, quien hizo una relación detallada de todos los hechos hasta esa fecha vividos; la doctora Greta Minaya, titular del 24 Juzgado de Ins­ trucción de Lima y los integrantes del Octavo Tribunal Correccional, Drs. Rivas Manrique; Biaggi Gómez; y Aréstegui Canales, quienes expusieron las razones que los llevaron a declarar fundado el hóbeas corpus y con­ firmar dicha resolución judicial, respectivamente. Los vocales supremos Urrelo, Serpa y Baca de la Zota; El procurador Espichón Tumay

Terminado el periodo de recepción de las declaraciones de todos los citados y luego de las deliberaciones de los miembros de esta Comisión, elaboraron dos dictámenes: a) Uno acusatorio, en mayoría firmado por los diputados Salhuana, La Riva, Rocha y Delgado, y b) Otro singular, del diputado aprista Vélez, solicitando se declare improcedente seguir con el antejuicio. El dictamen en mayoría fue presentado el 1 7 de febrero de 1 992 y el otro al día siguiente.

181 El dictamen acusatorio de la Comisión Especial, expone en un amplio y razonado análisis jurídico, la implicancia plena de los Cinco vocales miembros de la referida Sala Penal de la Corte Su­ prema en el DELITO DE PREVARICATO y "propone a la Cámara de Diputados en nombre de la Nación, acu­ lar a los señores Horacio Valladares Ayarza, Carlos Espinoza Villanueva, José Angulo Martínez, Roger Sa­ las Gamboa y Federico Peralta Rosas, integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante la Cámara de Senadores por el delito de prevaricato cometido en agravio del Estad (Lima, 1 7 de febrero de 1 992)".

Este dictamen debería haberse debatido durante la segunda legislatura ordinaria de abril de 1 992 e iba precedido de una es­ pecial expectativa de interés público porque permitiría poner al descubierto, a través del debate abierto en las Cámaras y de los medios de prensa imparciales, cómo opera la corrupción en el Poder Judicial y al nivel más alto, amparados en la infamante cos­ tumbre heredada del pasado de que quienes ocupan tales cargos lo consideran intocables, y violan e incumplen las leyes, para al margen de ellas, favorecer o beneficiar a sus protegidos. Pero este proceso se vió repentinamente interrumpido con el golpe de Estado concebido y ejecutado por Montesinos y Fujimori el 05 de abril de 1 992, por el cual fue cerrado el Parlamento, sin que pudieran funcionar más ya ambas Cámaras. Se instaló un nuevo tipo de dictadura civil-militar, manejada esencialmente por una cúpula militar capitaneada por el ex agente de la CIA Montesinos. El 28 de agosto de 1 992, nuestros abogados defensores, I >rs. Ronald Gamarra y César Azabache, presentaron un recurso ante la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colón, solicitando "en e|orcicio del derecho de petición, se sirva disponer lo que corres­ ponda, a fin de que se procese penalmente a los Ex Vocales de la

182 Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la República por el delito de Prevaricato en agravio del Estado". Como era de espe­ rarse y pese a nuestros reiterados pedidos para conocer sobre este recurso, nunca se nos informó nada, salvo la última vez en el sentido que el caso se encontraba en manos del Consejo de Mi­ nistros. Y nunca más supimos nada. Mas como ahora todo el mundo sabe de la corrupta conducta de la ya en ese entonces Fiscal de la Nación, Srta.Nélida Colón, totalmente sometida a los dictados del fujimontesinismo, queda claro que lo encarpetó y lo desactivó a propósito.

Como se deja entrever en el texto anterior, los vocales prevaricadores, después del golpe, fueron sacados del cargo. De nada o poco les sirvió su colusión con el Poder Ejecutivo para impedir por medios contrarios a la ley, la acusación constitucional contra su ministro del Interior Alvarado Fournier, por el grave deli­ to de lesa humanidad de detención-desaparición. Aunque por otro lado recibieron de todos modos la recompensa de la dictadura de no reabrir su propio proceso en el que los metieron, salvándoles temporalmente de las sanciones, que de acuerdo a un debido proce­ so les correspondería. Pero la causa está ahí y puede ser reabierta como una forma de lavar públicamente parte de la corrupción que infecta el Poder Judicial de nuestro país. (Una subcomisión del Con­ greso los investiga a partir del año 2002).

CARNET UNIVERSITARIO DE ERNESTO EN PODER DE UN DETENIDO El viernes 26 de julio de 1991, en horas de la mañana, en un mercadillo del distrito de San Juan de Miraflores, fue atacada por un comando senderista una camioneta de la 74 Comandan­ cia de la Policía Nacional con cinco policías fuertemente arma­ dos, de los que tres murieron en el ataque y dos quedaron grave­ mente heridos. La intervención inmediata de la policía tras la em­ boscada senderista dejó como resultado la detención de un sin­

183 número de sospechosos que se encontraban dentro o en el entor­ no del lugar de los hechos; uno de ellos, un menor de edad de apellido Seijas, portaba el carnet universitario de Ernesto.

La noticia sobre este descubrimiento fue propalada de inme­ diato por la prensa, principalmente la radio. ¿Cómo fue que salió o quién la lanzó? El diario El Nacional del 05 de agosto de 1991, lo describe así: "Un sujeto que se encontraba en un paradero, a pocos me­ tros de Ciudad de Dios, fue uno de los primeros intervenidos; la policía le exigió sus documentos de identidad y éste solamente presentó una boleta de inscripción militar. Para la policía dicho expediente carece de validez, y conminó al individuo a permane­ cer con las manos sobre la pared mientras le realizaban una revilión corporal. La sorpresa del efectivo policial fue grande: halló en poder del individuo un carnet del estudiante desaparecido Ernesto (lastillo Páez (22). Nuevamente el policía revisó el documento y le pareció original. El rostro del detenido coincidía con la fotografía riel carnet. Entonces todo pareció indicar que el universitario se encontraba con vida y era un integrante de las filas de Abimael Guzmán. No lejos de la pareja de efectivos del SUAT se encontraba el comandante PG Mejía León. Se percató del hecho y dijo a voz en cuollo: "i aquí está el estudiante Castillo Páez!"(y murmuró entre dientes: "no es más que un miserable terrorista"). El incidente fue notado por algunos hombres de prensa que cubrían la informailón. Los periodistas trataron de confirmar con "Rombo" (sobre­ nombre de Mejía usado por los periodistas) sobre la captura del niludiante de Sociología. El oficial quiso inmutarse y dijo: "Parece que es él mismo. Será comprobado por sus huellas dactilares" y rápidamente llevó a su presa hacia la dependencia más cercana. I Insde allí empezó a ser difundida, principalmente por los noticia­ rios de la televisión. Este mismo diario hace un comentario como lubtítulo que explica mucho la reacción del criminal Mejía, el pro-

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Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la República por el delito de Prevaricato en agravio del Estado". Como era de espe­ rarse y pese a nuestros reiterados pedidos para conocer sobre este recurso, nunca se nos informó nada, salvo la última vez en el sentido que el caso se encontraba en manos del Consejo de Mi­ nistros. Y nunca más supimos nada. Mas como ahora todo el mundo sabe de la corrupta conducta de la ya en ese entonces Fiscal de la Nación, Srta.Nélida Colón, totalmente sometida a los dictados del fujimontesinismo, queda claro que lo encarpetó y lo desactivó a propósito.

Como se deja entrever en el texto anterior, los vocales prevaricadores, después del golpe, fueron sacados del cargo. De nada o poco les sirvió su colusión con el Poder Ejecutivo para impedir por medios contrarios a la ley, la acusación constitucional contra su ministro del Interior Alvarado Fournier, por el grave deli­ to de lesa humanidad de detención-desaparición. Aunque por otro lado recibieron de todos modos la recompensa de la dictadura de no reabrir su propio proceso en el que los metieron, salvándoles temporalmente de las sanciones, que de acuerdo a un debido proce­ so les correspondería. Pero la causa está ahí y puede ser reabierta como una forma de lavar públicamente parte de la corrupción que infecta el Poder Judicial de nuestro país. (Una subcomisión del Con­ greso los investiga a partir del año 2002).

CARNET UNIVERSITARIO DE ERNESTO EN PODER DE UN DETENIDO El viernes 26 de julio de 1991, en horas de la mañana, en un mercadillo del distrito de San Juan de Miraflores, fue atacada por un comando senderista una camioneta de la 74 Comandan­ cia de la Policía Nacional con cinco policías fuertemente arma­ dos, de los que tres murieron en el ataque y dos quedaron grave­ mente heridos. La intervención inmediata de la policía tras la em­ boscada senderista dejó como resultado la detención de un sin­

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número de sospechosos que se encontraban dentro o en el entor­ no del lugar de los hechos; uno de ellos, un menor de edad de apellido Seijas, portaba el carnet universitario de Ernesto.

La noticia sobre este descubrimiento fue propalada de inme­ diato por la prensa, principalmente la radio. ¿Cómo fue que salió o quién la lanzó? El diario El Nacional del 05 de agosto de 1991, lo describe así:

"Un sujeto que se encontraba en un paradero, a pocos me­ tros de Ciudad de Dios, fue uno de los primeros intervenidos; la policía le exigió sus documentos de identidad y éste solamente presentó una boleta de inscripción militar. Para la policía dicho expediente carece de validez, y conminó al individuo a permane­ cer con las manos sobre la pared mientras le realizaban una revi­ sión corporal. La sorpresa del efectivo policial fue grande: halló en poder del individuo un carnet del estudiante desaparecido Ernesto Castillo Páez (22). Nuevamente el policía revisó el documento y le pareció original. El rostro del detenido coincidía con la fotografía del carnet. Entonces todo pareció indicar que el universitario se encontraba con vida y era un integrante de las filas de Abimael Guzmán. No lejos de la pareja de efectivos del SUAT se encontraba el comandante PG Mejía León. Se percató del hecho y dijo a voz en cuello: "I aquí está el estudiante Castillo Páez!"(y murmuró entre dientes: "no es más que un miserable terrorista"). El incidente fue notado por algunos hombres de prensa que cubrían la informa­ ción. Los periodistas trataron de confirmar con "Rombo" (sobre­ nombre de Mejía usado por los periodistas) sobre la captura del estudiante de Sociología. El oficial quiso inmutarse y dijo: "Parece que es él mismo. Será comprobado por sus huellas dactilares" y rápidamente llevó a su presa hacia la dependencia más cercana. Desde allí empezó a ser difundida, principalmente por los noticia­ rios de la televisión. Este mismo diario hace un comentario como subtítulo que explica mucho la reacción del criminal Mejía, el pro­

1 84 bable asesino de Ernesto y dice "¿Por qué el comandante PG Juan Mejía León dijo: 'Este es el estudiante'? Acaso el oficial sindicado de su muerte no lo conoció?" Ese día me encontraba en la oficina de mi pequeño negocio y alrededor del medio día me llamó por teléfono Pablo Rojas de COMISEDH comunicándome la noticia del hallazgo del carnet universitario de Ernesto en poder de un sospechoso detenido por la policía y que según los noticiarios podría tratarse de él. Mi pri­ mera reacción fue de sorpresa. Eso era imposible. Nosotros creía­ mos tener información de buena fuente sobre su muerte perpetra­ da por el cobarde asesino Mejía León. Sin embargo yo siempre mantenía la esperanza escondida de que de repente todo cambie y reaparezca con vida bajo circunstancias inimaginables. Enton­ ces acordé con Pablo dirigirme al instante a su oficina para definir ¡unto con el abogado defensor Gorki González las gestiones a realizar.

Una vez reunidos los tres y confirmado el hallazgo del re­ ferido carnet decidimos ir a averiguar directamente a la Comi­ saría de Nueva Esperanza sobre la identidad del portador del carnet que había sido detenido. Llegamos como a las 3.00 de la tarde. La calle de entrada a esa Comisaría estaba bloquea­ da por un destacamento policial fuertemente armado. Nos acercamos al grupo de policías y solicitamos hablar con su ¡efe. Desde luego que desde que nos vieron llegar y dirigirnos hacia ellos nos ordenaron que nos alejáramos, pero le contes­ té en voz alta que era el padre del estudiante desaparecido y venía a verificar si el detenido era él como dicen las noticias, entonces el oficial que comandaba ese grupo nos dijo que allí no estaba ningún detenido, que todos se encontraban en la Comisaría de San Juan de Miraflores.

Rápidamente nos trasladamos hacia allá, aún era de día. Igualmente este local policial se encontraba fuertemente resguar­ dado con policías con el fusil en ristre. Nos identificamos, y como

1 85 estábamos con el abogado defensor, nos dejaron pasar hacia la puerta de ingreso de la Comisaría. Explicamos el por qué de nuestra presencia y el Dr. González solicitó le mostraran el Registro de Detenidos para verificar si se encontraba el nombre de Ernesto. Le contestaron que iban a informarle al Comisario, luego salió otro policía y nos volvió a preguntar qué queríamos, nuevamente el abogado repitió lo solicitado y el policía ingresó a informar. Todos estos hechos estaban siendo registrados por la cámara de un re­ portero del programa informativo del Canal 9 TVque casualmen­ te lo encontramos en el camino cuando enrumbábamos a esa Comisaría. El tiempo pasaba y nadie salía a darnos respuesta. Llegó la noche y vimos que uno de los policías que nos recibió cuando recién llegamos se estaba retirando a su casa, y nosotros seguía­ mos allí sin que nadie nos hiciera caso. Finalmente el abogado emplazó al policía de la entrada que nos permitiera ver el Libro de Detenidos que era su obligación mostrarlo. Sin inmutarse sacó el libro, revisamos el listado y no había ningún Ernesto Castillo Páez, entonces preguntamos por el detenido a quien se le encontró el carnet universitario de Ernesto y nos contestó que todos ya habían sido trasladados a la Dircote. O sea que deliberadamente nos hicieron esperar hasta la noche sólo para atemorizarnos y burlarse de nosotros y causar­ nos retraso en nuestras investigaciones para hacer de inmediato el desmentido sobre la falsa e insidiosa noticia sobre la reapari­ ción de Ernesto como integrante de un comando senderista y po­ der denunciar a su vez a la policía de querer confundir a la opi­ nión pública con la intención de sacudirse de su responsabilidad en la detención-desaparición de Ernesto.

En el camino de regreso acordamos acudir al día siguiente en la mañana a la Dircote, acompañados además del senador Javier Diez Conseco, con quien también nos habíamos contactado anteriormente en nuestro deseo de buscar apoyo. Nos había pro­

186 metido que cuando lo deseáramos estaba dispuesto a ayudarnos. De modo que telefónicamente le solicitamos nos acompañase a la Dircote para inquirir sobre la persona detenida con el docu­ mento de Ernesto. Aceptó de muy buen grado.

Al día siguiente, casi al medio día, nos reunimos con el Jefe de la Dircote, Gral. PNP Jhon Caro. Tomó la palabra el senador Diez Conseco y nos presentó a todos. Luego le .explicó la razón de la entrevista, si era cierto lo que los noticiarios habían difundido sobre Ernesto. El Gral. Caro abrió un cajón de su escritorio y ex­ trajo el carnet universitario de Ernesto y dirigiéndose a mí pregun­ tó si reconocía ese documento. Lo tomé y verifiqué que realmente era el carnet universitario auténtico de Ernesto. Le contesté que sí, era el de él. Ernesto nos había dicho poco tiempo antes de su desapari­ ción que se le había extraviado ese documento. Pero, ¿cómo es que aparece en manos de otra persona? Entonces el jefe de la Dircote enfatiza desde luego que el portador no es Ernesto, lo tenía un muchacho que vive en Pueblo Libre. Diez Conseco le so­ licita al General Caro que si puede hacerlo traer al ¡oven para preguntarle sobre el origen de la posesión del carnet. El general asiente y al poco rato aparece el muchacho bastante ¡oven y em­ pieza a interrogarlo Diez Conseco: ¿Puedes explicar cómo es que este documento aparece en tus manos? Y el ¡oven contesta: "vivo cerca de la Universidad Católica y algunas veces yo transito por allí y hace algunos meses vi tirado en un pequeño escampado este carnet,, lo recogí y como tengo poco dinero lo utilizo para ahorrar en mis pasajes".

Luego explicó que siempre iba a un mercadito que queda por el lugar por donde fue detenido, porque ahí compra madera a precios muy cómodos que utiliza para enmarcar sus trabajos de serigrafía que luego los vende. Dijo también que lo habían tortu­ rado torciéndole las muñecas en la Comisaría de San Juan de Miraflores, porque no le creían sobre cómo es que tiene el carnet.

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Cuando se le pregunta cómo fue su detención, dice: "Yo me en­ contraba en un paradero esperando un bus de regreso a mi casa sin comprar nada, porque cuando escuché la balacera salí del lugar a paso ligero. En eso aparecen patrulleros por todas partes y uno de estos pasa cerca de mí y me pide mis papeles. Como todavía tengo 1 7 años, soy un menor de edad, pero ando con mi boleta de inscripción militar, que se la entregué y me dijeron que eso no valía para ellos y empezaron a registrarme y así fue como me encontraron el carnet; me esposaron y me llevaron a la Comi­ saría de San Juan de Miraflores".

El muchacho se llamaba Santiago Seijas. Casi al término de la entrevista, el abogado González le dice al general Caro, ¿y por qué está un menor de edad detenido en un calabozo de la Dircote, si eso'va en contra de la ley? Caro abandona instintivamente su trato afable y le espeta al Dr. González, : ¡Ah! ¿Es usted abogado democrático? ¡Está defendiendo a un presunto terrorista! González se pone un poco nervioso y con firmeza le contesta: no soy obvia­ mente abogado democrático, pero sí soy abogado defensor de los derechos humanos y trabajo en Comisedh. Interviene el sena­ dor en apoyo del Dr. González y dice: General, tiene usted que ordenar lo saquen de la Dircote y trasladarlo donde corresponde. Terminamos la reunión con la aclaración de todo en beneficio, al final, del muchacho Seijas. A la salida de la Dircote nos esperaban los periodistas de varios medios de prensa ante los que declaramos que la reapari­ ción de Ernesto era una noticia absolutamente falsa. El senador Diez Conseco explicó los detalles de la reunión con el Jefe de la Dircote, quien retuvo el carnet hasta la fecha.

CAPÍTULO III EL CASO DE ERNESTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

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Luego de los reiterados y fallidos intentos iniciales por en­ contrar con vida a Ernesto, de las sucesivas denuncias ante las diversas instituciones públicas y privadas, sin ningún resultado positivo, fuimos poco a poco llegando al íntimo convencimiento de que nunca más volveríamos a ver a nuestro muy querido hijo y que un largo proceso de difíciles circunstancias nos esperaba, al enfrentarnos a un gobierno que dio pruebas suficientes desde el comienzo de ser un cerrado encubridor de los crímenes cometi­ dos por sus organismos de represión policiales y militares. Pero este devenir incierto y amenazante no nos aterraba ni menos di­ suadía nuestra voluntad de insistir por el resto de nuestras vidas sobre el destino de Ernesto. El era y es lo más importante y valioso que la vida nos regaló.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (CAJ) En una de nuestras reuniones con personas de la CAJ, des­ pués de que el hábeas corpus fue declarado fundado y el gobier­ no, en lugar de poner en libertad a Ernesto, apeló ante una se­ gunda instancia, se nos aconsejó por uno de sus experimentados asesores en estos temas, Dr. Jorge Solazar, que formalizáramos de una vez nuestra denuncia por la detención-desaparición de Ernesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu­ manos (La Comisión), señalando al gobierno como responsable directo.

Es así como el 1 2 y 1 3 de noviembre de 1 990, con la ayuda de la señorita Julia Zamora, completamos el informe de denun­ cia, el cual fue transmitido por esta organización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), el 1 6 de noviembre de 1 990. A partir de esa fecha, a lo largo del proceso judicial en el Perú hemos venido informando y denunciando ante La Comisión,

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todos los hechos que al parecer de nuestra defensa legal consti­ tuían la voluntad del gobierno de encubrir a los responsables, in­ terfiriendo el debido proceso e interviniendo en el Poder Judicial para que transgredan las leyes y dejen sin castigo, sin identificar a los culpables y no dar razón alguna sobre el destino de Ernesto.

La Comisión comunicaba al gobierno nuestras demandas y denuncias, las que eran respondidas por éste luego de largos pe­ riodos con documentos de las investigaciones internas llevadas a cabo por diversas dependencias de la policía nacional, negando siempre la detención de Ernesto. La Comisión también nos remitía las argumentaciones del gobierno para que les manifestáramos nuestros puntos de vista. En general las argumentaciones que el gobierno sostenía ante la Comisión eran de un cinismo intolera­ ble por lo que nuestras respuestas fueron de total rechazo. Todo esto hasta que los vocales de la Segunda Sala Penal declararan improcedente el habeos Corpus y el 1 4 Juzgado Penal desa­ rrollaba una aparente investigación judicial la que finalmente ter­ minó exculpando a todos los denunciados. A partir de estas etapas del proceso en el Perú, a favor de las aspiraciones encubridoras y de impunidad para los asesinos de Ernesto, el gobierno se jactaba en sus informes a La Comisión de que el caso de Ernesto estaba siguiendo el curso normal de la justicia peruana.

Mucha veces leyendo las respuestas del gobierno peruano a La Comisión, carentes incluso de la lógica más elemental, sólo con el objeto de evadir su responsabilidad, me preguntaba, pero ¿cómo es posible que este organismo con la experiencia que tiene de detenciones-desapariciones en la mayoría de nuestros países centroamericanos y sudamericanos, a manos de cuerpos es­ pecializados policiales y militares, entrenados por el mismo ins­ tructor (USA), no tome la iniciativa de replicar per se al gobier­ no peruano, para por lo menos hacerle saber que no están dispuestos a admitir argumentaciones redundantes, sin fun­

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damento, y que a mi juicio, representaban más bien una burla e irreverencia al papel o función encomendada a esta institu­ ción regional? O tal vez esta era la regla de su operatividad, una función mediatizada, sin la garantía de defensa a quien tiene la razón, y en este caso a la víctima. Entonces a uno le viene la desola­ ción, algo así como encontrarse en una encrucijada donde todas las opciones son causas perdidas. Surge la pregunta pues del si vale la pena seguir o dejarlo todo así hasta que se presenten nuevas circunstancias que hagan viable un verdadero proceso de justicia que reivindique la defensa de los derechos y libertades fun­ damentales de la persona humana. Pero, ¡quién sabe cuándo sucederá! No queda más remedio; hay que tomar la opción que se nos ofrece, como la única viable y disponible, no importa cuán grandes sean las dudas.

Apenas fue ordenado por el Juez del Decimocuarto Juzgado de Instrucción de Lima, Sr. Vargas Valdivia, el archivamiento de la denuncia penal por el caso de Ernesto, se tomó la decisión de pedirá la Comisión Interamericana eleve por su intermedio nues­ tra petición de denuncia ante la Corte Interamericana de Dere­ chos Humanos (CIDH), contra el Estado peruano por su respon­ sabilidad directa en la detención-desaparición de Ernesto.

DEFENSA SOLICITA DENUNCIAR AL ESTADO PERUANO El 15 de diciembre de 1992, solicitamos oficialmente a La Comisión, mediante un escrito debidamente fundamentado por nuestro abogados defensores del IDL, doctores César Azabache Caracciolo y Ronald Gamarra Herrera, cumpla con los trámites establecidos en el artículo 50 de la Convención y, en su momento, denuncie este caso, especificado ya con el número 10733, a la CIDH.

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Por la contundencia de los argumentos de esta petición y ante la posibilidad creciente de sentar al gobierno criminal del fujimorismo ante un tribunal de justicia internacional, esta vez su reacción ante La Comisión fue instantánea, y el 1 8 de di­ ciembre de 1992 el gobierno peruano alcanza a La Comisión copia de la Resolución dictada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema del Perú del 07 de febrero de 1991, sostenien­ do que nuestra petición era improcedente. Esto motivó una respuesta de nuestros abogados también inmediata a La Co­ misión calificando la nota del gobierno como inoportuna e impertinente, principalmente "porque no responde al asunto que se discute en este caso : la responsabilidad internqcional del Estado por la desaparición del estudiante Ernesto Rafael Castillo Páez, producida en Lima, luego de ser arrestado por la dotación de un auto patrulla, durante el desarrollo de un operativo policial".

Para estos efectos La Comisión debe establecer: (a) Si puede asumirse demostrado que el estudian­ te Ernesto Rafael Castillo Páez desapareció lue­ go de ser arrestado por la policía; (b) si durante los procesos judiciales iniciados en el Perú se logró demostrar este hecho, y (c) si como consecuencia de esa demostración se ha modificado la situación del estudiante Castillo.

Tanto los puntos (a) y (b) están ampliamente demostrados, "sin embargo, Ernesto R. Castillo Páez continúa desaparecido, así que, como consecuencia de la demostración, no se ha modifica­ do la situación de la víctima". Por lo que nuestra petición se man­ tiene inmodificable. Se adjuntaron a esta comunicación a La Comisión, efectua­ da el 22 de enero de 1 993:

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(1) Cargo de nuestra solicitud de copias certificadas del expediente judicial seguido en la vía interna, conteniendo el desarrollo del proceso penal en giro. Se agregó también, de manera provisional, copias simples de ambos casos; (2) copia del Informe de la Comisión Dictaminadora del Parlamento en el Proceso de Antejuicio que se siguió sobre la Resolución de la Corte Suprema del 07 de febrero de 1 991, y (3) recortes de prensa alusivos".

A partir de esta fecha entramos en un período intenso de intercambio de comunicaciones entre el gobierno, que las dilata­ ba resistiéndose a aceptar su responsabilidad sin más razón que su reincidente negación, y nosotros, reiterando nuestra denuncia de su culpabilidad con abundancia de pruebas. Por otro lado sentíamos que La Comisión no tenía el sufi­ ciente convencimiento de la justificación plena del caso como para presentarlo sin pérdida de tiempo a la jurisdicción de la Corte. Existió por un buen tiempo la opinión preponderante del Sr. Domingo Acevedo miembro de La Comisión Interamericana, de considerar que el caso no ameritaba pre­ sentarlo a la Corte, pero que La Comisión debería aprobar una resolución de crítica y condena al gobierno peruano como responsable de la detención-desaparición de Ernesto, hecho éste que marcaría la imagen del gobierno peruano en la co­ munidad internacional, al mismo tiempo que significaría una reparación moral para los familiares de la víctima.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN AL ESTADO PERUANO Tuvimos que esperar cerca de un año y nueve meses, des­ pués de presentada nuestra petición de denunciar al Estado Pe­

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ruano ante la Corte Interamericana, para que por fin La Comi­ sión, reunida el 26 de setiembre de 1994, en su 87°. Periodo Ordinario de Sesiones, aprobara el Informe 1 9/94, en cuya parte final acordó:

1 . Declarar que el Estado peruano es responsable de la violación en perjuicio de Ernesto Castillo Páez, del derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y a una efectiva protección ju­ dicial, así como de las garantías judiciales del de­ bido proceso legal que reconocen, respectivamen­ te, los artículos 7, 5, 4, 25 y 8 de la Convenció^ Americana. 2. Declarar asimismo que en el presente caso el Es­ tado peruano no ha cumplido con la obligación de respetar los derechos y garantías que estable­ ce el artículo 1.1 de la Convención Americana. 3. Recomendar al Estado peruano que, en conside­ ración al análisis realizado por la Comisión en el presente caso, en un plazo no mayor de 45 días, realice una nueva investigación sobre los hechos denunciados, determine el paradero de la víctima y proceda a identificar y sancionar a los responsa­ bles de la desaparición de Ernesto Castillo Páez. 4. Recomendar asimismo al Estado peruano que pague una justa indemnización compensatoria a los familiares directos de la víctima. 5. Informar al Gobierno del Perú que no está autori­ zado a publicar el presente informe.

ó. Solicitar al Gobierno del Perú que informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

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dentro de un plazo de 60 días, sobre el resultado de las investigaciones contenidas en los párrafos 3 y 4 de las presentes recomendaciones". Una Resolución de esta naturaleza satisfizo, aunque no ple­ namente, transitoriamente nuestras expectativas, porque siempre le dejaba la puerta abierta al gobierno para manipular, echar mano de los más cínicos recursos para dejar sin efecto el fin perseguido por la denuncia y dilatar más y más el momento real de su juzgamiento, el cual llegado y realizado, tampoco nos ofrecía una garantía real de sentencia favorable a la víctima y que ésta sea inmediatamente cumplida. Una prueba de esto es que La Comisión transmitió al Estado peruano el Informe 1 9/94 el 1 3 de octubre de 1 994, pero el 1 7 de noviembre de ese mismo año el gobierno informó a La Comi­ sión que no había recibido dicho Informe, por lo que el 22 de noviembre de 1 994 le fue transmitida una copia del mencionado Informe al Sr. ministro de Relaciones Exteriores del Perú, postergándose los plazos inicialmente establecidos.

El 03 de octubre de 1 995, como era de esperarse, el Estado peruano presentó su informe sobre el caso concluyendo que "no existían evidencias que comprobaran la detención de Ernesto Ra­ fael Castillo Páez por parte de efectivos policiales y que no se pue­ de responsabilizar al Estado peruano por la violación de La Con­ vención ya que, en opinión del equipo de trabajo, los recursos de la jurisdicción interna no habían sido agotados".

LA COMISIÓN DENUNCIA AL ESTADO PERUANO ANTE LA CIDH El 1 3 de enero de 1 995, La Comisión sometió este caso a la consideración y decisión de la CIDH. Puesta en conocimiento del gobierno peruano la demanda, éste comunicó a la CIDH la desig­

1 97 nación de Mario Cavagnaro Basile como agente y también a Julio Mozuelo Coello como agente alterno. Por el lado de la Comisión Interamericana, designó como sus delegados ante la CIDH, a los señores Carlos Ayala Corao y Alvaro Tirado Mejía; como su abogado a Domingo E. Acevedo, y como sus asistentes designó a las siguientes personas: Juan Méndez (quien renunció el 1 6 de septiembre de 1 996), José Mi­ guel Vivanco, Ronald Gamarra, Kathia Solazar, Viviana Krsticevic, Verónica Gómez y Ariel Dulitzky, quienes nos representaron como reclamantes ante la Comisión en calidad de peticionarios.

Desde el 09 de febrero de 1995, fecha en que el Estado peruano recibió la demanda presentada a la CIDH hasta el "ó y 7 de febrero de 1 997 en que la CIDH celebró la audiencia públi­ ca sobre el fondo del caso y escuchó las conclusiones de las par­ tes", es decir, durante dos años, el gobierno del delincuente Fujimori, a través de su escudero Cavagnaro y sus asesores, in­ ventaron los más descabellados argumentos en su falaz intento de inducir a la Corte para que "declarase la demanda infundada en todos sus extremos" o pidiendo la nulidad de las sentencias de la CIDH en la que se desestimaban los pedidos del gobierno pe­ ruano. La detención de Ernesto por miembros de la policía peruana con boinas rojas es un hecho probado hasta la saciedad y la CIDH no era la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema del Perú, que se sometió a los dictados del dictadorzuelo Fujimori, prevaricando abiertamente sus funciones para dejar sin efecto un hábeas Corpus correctamente tratado, que implicaba al gobierno fujimorista como directamente responsable de la detención-des­ aparición de Ernesto. Lo que sí lograron, porque las normas bu­ rocráticas de esa Corte lo permiten, fue dilatar al máximo posible la emisión por ese Tribunal de la Sentencia inculpatoria contra el Estado peruano, más concretamente, el gobierno del gángster Fujimori, por la detención de Ernesto.

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AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CORTE EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA "Por resolución del 1 1 de octubre de 1 996, el Presidente de la CIDH convocó a las partes a una audiencia pública en la sede de la Corte (San José de Costa Rica) los días 6 y 7 de febrero de 1997 para recibir las declaraciones de los testigos y peritos pro­ puestos por La Comisión". Comparecieron ante la Corte: Por el Estado del Perú, los señores: Mario Cavagnaro Basile, agente y Mariano García Godos, Ministro en el Servicio Diplomá­ tico. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los señores: Oscar Luján Fappiano, delegado Domingo E. Acevedo, abogado . Ronald Gamarra, asistente Ariel Dulitzky, asistente y Francisco Cox, asistente; Viviana Krsticevic, asistente.

Testigos presentados por La Comisión, señores: Cromwell Pierre Castillo Castillo Joe Roberto Ruiz Huapaya María Elena Castro Osorio Elba Greta Minaya Calle y Augusto Zúñiga Paz Perito presentado por La Comisión: Dr. Enrique Bemoles Ballesteros

Los siguientes testigos y peritos ofrecidos por La Comisión, no comparecieron a esta audiencia, no obstante la citación he­ cha por la Corte:

199 Luis Delgado Aparicio Cecilia Valenzuela María Esther Aguirre Vera Erika Katherine Vera de la Cruz Francisco Eguiguren Praeli

El Sr. Delgado Aparicio, reapareció luego del golpe de Estado del 5 de abril del 92, como nuevo congresista en las filas del fujimorismo. No ofrecía garantías de imparcia­ lidad. Antes del golpe fue uno de los diputados que^suscribió el dictamen en mayoría de la Comisión In-vestigadora de la Cámara de Diputados en el que se acusaba del delito de prevaricato a los miembros de la 2da. Sala Penal de la Corte Suprema. El Dr. Eguiguren formaba también ya parte importante de la estructura del Poder Judicial sometido a la dictadura fujimontesinista como presidente de la Academia de la Ma­ gistratura. Se le descartó. Es increíble cómo de un momen­ to a otro las personas se pasan al bando contrario guiados tan sólo por sus intereses personales. Respecto de las testigos María Esther Aguirre y Erika Vera, alegando pretextos sin fundamento, se negaron ro­ tundamente a viajar por cinco días, con pasajes, gastos de estadía y bolsa de viaje pagados por la OEA, para declarar ante la Corte. Todos los intentos efectuados para conven­ cerlas de la importancia de sus testimonios ante un tribu­ nal de justicia internacional terminaron en el puro fracaso. El reglamento de la Corte parece que no prevé en una si­ tuación parecida alternativa alguna que posibilite a la Cor­ te oír y validar las declaraciones in situ. Sobre la periodista Cecilia Valenzuela, hechos fortuitos no permitieron ubicar­ la a tiempo para los trámites del viaje.

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PREPARATIVOS DEL VIAJE Para los testigos Joe Ruiz y Elena Castro era la primera vez que viajaban al extranjero, de modo que había que gestio­ narles la obtención de los pasaportes, labor que corrió a car­ go de IDL. Además había que sacar visa en la embajada de Costa Rica para poder viajar a ese país y no tener problemas de permanencia allí. Carmen Rosa que se encontraba en Holanda acompañan­ do a Mónica, nuestra hija, quería también estar presente en la realización de este evento de vital importancia por conseguir justi­ cia, viajó al Perú, para luego de los trámites similares viajar tam­ bién a Costa Rica, asumiendo por cuenta propia todos los gastos del mismo, por lo que tuvo que viajar en un vuelo diferente al de todos nosotros en la misma fecha. Los pasajes fueron gestionados por.la oficina de la OEA en Lima y entregados a cada uno de los citados por la Corte. El 04 de febrero partimos los testigos, nuestro abogado defensor Dr. Ronald Gamarra y yo, en el mismo avión a San José de Costa Rica. A la doctora Greta Minaya se le trató de impedir el viaje porque una persona desconocida (del SIN probablemente) había llamado, haciéndose pasar por un familiar, a la compañía de avia­ ción un día anteriora su viaje, ordenando la cancelación del mis­ mo, de modo que cuando la doctora llegó al aeropuerto se dio con la sorpresa de que no la dejaban embarcarse. Felizmente las organizaciones de derechos humanos (Aprodeh) tomaron de in­ mediato cartas en el asunto y lograron conseguirle cupo en otro avión y llegar a tiempo a la realización de la audiencia de la Corte.

El Dr. Augusto Zúñiga se encontraba asilado en Suecia y desde allá viajó a Costa Rica. Todos estábamos alojados en el mismo hotel y por consiguiente podíamos reunirnos sin ninguna dificultad.

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PREPARATIVOS PARA COORDINAR NUESTRAS DECLARACIONES El día 05 de febrero de 1997 estaba programado para re­ unimos con nuestros abogados defensores y coordinar en detalle todos los aspectos inherentes a la declaración de un testigo ante una Corte. Pero los abogados se aparecieron recién al caer la tarde con señales de cansancio porque habían participado ese día ante la Corte como defensa también de otro caso peruano, el de la señora María Elena Loayza Tamayo; de modo que estuvimos trabajando toda la noche en estos preparativos para la primera audiencia del día siguiente 06 de febrero.

Viviana Krsticevic escuchaba los testimonios de cada uno de nosotros los testigos, nos repreguntaba algunos aspectos que podrían aparecer dudosos y resaltaba los que eran de mayor im­ portancia, de modo que la verdad de lo sucedido ante nuestra presencia quedase total y claramente establecido para los jueces del tribunal. La misma labor realizaba el Dr. Gamarra respecto de las declaraciones que vertiría el Dr. Augusto Zúñiga. Ya en la mañana de este mismo día habíamos asistido a una sesión de la Corte, para familiarizarnos un poco con los procedi­ mientos que deben seguir los testigos ante los jueces y también para ir perdiendo el temor, tensión y nerviosismo que involuntariamente provoca una experiencia de tanta responsabilidad.

EN EL DIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Nos levantamos temprano a desayunar en el hotel para lle­ gar a la Corte con suficiente anticipación, aunque el local de la Corte se encontraba a tan sólo cinco minutos caminando desde nuestro hotel.

202 Los testigos teníamos que estar presentes en la Corte mucho antes de que llegaran los jueces y todos sabíamos en qué orden declararíamos ante los jueces. Debíamos permanecer en un am­ biente ad hoc del local de la Corte, totalmente aislado, esperando a ser llamados. Sólo después de dar nuestro testimonio pública­ mente, podíamos ingresar como espectadores a la sala donde se desarrollaba la audiencia pública.

No puede negarse que eran momentos de tensión y nervio­ sismo, pero en mi caso, como padre de la víctima, no estaba muy convencido de que este Tribunal pudiese representar una garantía suficiente de una solución rápida y justa para castigara los crimi­ nales que asesinaron cobardemente a mi hijo. Esta ¡dea encendía mi ánimo para denunciar con el máximo ímpetu posible, el detalle de los hechos vividos en los tribunales de justicia peruanos que terminaron por encubrir al gobierno responsable enviando el caso a la soledad y el silencio de los archivos sin solución. Entonces esperaba con un poco de impaciencia el ser llamado a declarar.

Para los dos testigos presenciales del hecho incuestionable de la detención de Ernesto por los policías de un patrullero, la situación era sumamente clara, si bien ya habían pasado casi sie­ te años desde que ocurrieron los hechos, y tal vez algunos detalles que los jueces peruanos no repararon, no puedan ahora ellos recordarlos con claridad, pero en lo esencial se sentían seguros en su versión de la verdad.

El tribunal de la CIDH estaba integrado por los señores: Fernando Salgado Pesantes (Presidente) Antonio A. Canpado Trindade (Vicepresidente) Alejandro Montiel Arguello (Juez) Héctor Fix-Zamudio (Juez) Máximo Pacheco Gómez (Juez), y Alirio Abreu Burelli (Juez).

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Los representóles de lo defensa de Ernesto y los de la parte acusada, los agentes del Estado peruano, separados por un pasi­ llo, ocupaban sus emplazamientos en la primera fila de la sala directamente frente al tribunal. Aparte de los anteriormente cita­ dos, se había sumado a los agentes del Estado peruano, el emba­ jador del Perú en Costa Rica, nada menos que el Sr. Alberto Vari­ llas Montenegro, quien fuera Secretario General de la Universi­ dad Católica cuando Ernesto fue desaparecido.

LAS DECLARACIONES A excepción de los testigos directos, cuyos testimonios son reiteración y reconfirmación de lo que sostuvieron ante los jueces en el Perú, el resto de testigos lo hacían por primera vez ante un tribunal que garantizaba plenamente el desarrollo de un proceso con las seguridades adecuadas. Fui el primero en declarar, en mi calidad de padre de la vícti­ ma. Llevé conmigo dos voluminosos archivos de recortes de perió­ dicos y revistas peruanas que habían ¡do informando sobre las diferentes situaciones por las que tuvo que pasar este caso y de otros diferentes documentos relacionados, destacando los aspec­ tos más importantes, reforzados con las intervenciones de nues­ tros abogados defensores.

Relaté sintéticamente las cualidades personales de Ernesto, aspectos destacados de su vida estudiantil, la circunstancia de su desaparición y toda nuestra demanda infructuosa ante el gobier­ no y el Poder Judicial peruano, ya descrito en este libro. Terminé invocando a la honorable Corte aplique al Estado peruano y a los responsables directos e indirectos las sanciones más drásticas y ejemplarizadoras que el derecho internacional prescribe como castigo por este delito de lesa humanidad y que nos entreguen los restos de nuestro hijo.

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DECLARA LA DRA. GRETA MINAYA La importancia de sus declaraciones ante la honorable Cor­ te despejaron completamente los pretextos o leguleyadas de los que se valieron los prevaricadores vocales de la Corte Suprema del Perú para declarar improcedente el habeos corpus (H.C.) ga­ nado en las dos instancias que la ley ordena. Consideraban esos vocales que la jueza Dra. Minaya al emi­ tir su fallo culpando al gobierno de la detención y acuitamiento de Ernesto, y exigiendo que lo ponga en libertad inmediata, había cometido el "gran error" de tomar en un solo documento, las declaraciones de las dos testigos presenciales de su detención y de no haber divulgado sus identificaciones. En una demanda de H.C. en la que la vida de una persona está en juego, el juez que investiga tiene la facultad de dar garantías a los testigos y de ac­ tuar con la celeridad que una situación de sumo riesgo exige. Eso fue lo que ella hizo. El agente del Estado peruano, Mario Cavagnaro Basile, pre­ tendió vanamente demostrar ante la honorable Corte, con los pobres argumentos jurídicos que sólo en el ámbito de la justicia peruana sometida a un gobierno dictatorial eran tomados en cuen­ ta, que esas eran graves fallas procesales...

Se suscitaron varios encuentros verbales en los que la Dra. Minaya dio amplia muestra de su capacidad y experiencia como magistrado proba. Cavagnaro fracasó, como no podría ser de otra manera. No pocos de sus argumentos promovieron la sonri­ sa de los concurrentes a la audiencia pública.

(Nota: El detalle de todas las intervenciones durante la au­ diencia pública de la CIDH fueron grabadas y se encuentran do­ cumentadas en la sede de la CIDH en San José de Costa Rica).

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OTRAS DECLARACIONES El doctor Augusto Zúñiga tuvo la oportunidad y así lo de­ mostró, para hacer una exposición detallada de su interven­ ción como abogado defensor ante los tribunales peruanos dejando claramente establecido las amenazas que recibió y su procedencia, señalando al Cmdte.PNP-PG Juan Carlos Mejía León, como el principal responsable, tanto del atentado con explosivos sufrido que le provocó la pérdida de su antebrazo izquierdo, como de la muerte de Ernesto, revelando también el informe reservado que le confió un alto oficial de la PNP ¿uyo nombre mantenía en reserva, sobre la tortura y muerte inferi­ da a Ernesto.

Por otra parte, el perito en derechos humanos, señor En­ rique Bemoles Ballesteros relató que " a partir del año 1989, Lima se convirtió en un centro de violencia política armada; que la actividad de desaparición de personas comenzó a ma­ nifestarse paralelamente a este incremento de la violencia; que existió el mismo patrón de comportamiento que algunos efec­ tivos militares y policiales habían aplicado en el interior y en la ciudad de Lima y que fue así como se incrementó el número de desapariciones producidas en dicha ciudad". (Sentencia de la CIDH del 03/1 1/1997, pág.10) Cavagnaro intentó responder a Bemoles, repitiendo el ar­ gumento trasnochado e insultante, utilizado por los corruptos de­ lincuentes parlamentarios fujimoristas, como por ejemplo un tal Siura o la diabólica Martha Chávez, ante los casos de desapare­ cidos como en el trágico caso de La Cantuta, de que "subversivos secuestraban a muchas personas para llenar sus filas haciéndo­ los parecer desaparecidos". Oprobioso fue el desempeño de este agente defensor de los delitos de lesa humanidad.

La Corte validó los mayores aportes del perito Sr. Bemoles sobre la identificación inequívoca de los secuestradores como ele­

206 mentos militares y policiales hecha por los propios familiares de las víctimas.

AUDIENCIA DEL 07 DE FEBRERO DE 1997 Este día presentaron sus alegatos finales, ambas partes, ante la honorable Corte. Por la defensa de Ernesto, el Dr. Oscar Luján Fappiano, fundamentó con meridiana claridad jurídica, no exenta de apasionamiento, la culpabilidad sin atenuantes del Estado pe­ ruano en la violación flagrante de los derechos fundamentales de la persona humana consagrados en la Convención Americana, en el caso de Ernesto, solicitando tajantemente se le declare res­ ponsable de la detención-desaparición de Ernesto y se le aplique las sanciones pertinentes. El agente del Estado peruano sólo atinó a repetir los pobres argumentos ya expuestos en sus anteriores intervenciones.

RETORNO A LIMA El 08 de febrero de 1997 abandonamos todos San José de Costa Rica en diferentes direcciones: el Dr. Zúñiga retornó a Sue­ cia, donde residía como asilado; la Dra. Minaya prosiguió rumbo a Estados Unidos de visita a familiares suyos y el resto de no­ sotros, en el mismo avión, retornamos a Lima. Carmen Rosa, viajaría días después hacia Holanda a reunirse con nuestra hija Mónica, donde ambas tenían ya residencia permanente. Yo me quedé en Lima a seguir coordinando con nuestros abo­ gados defensores de IDL sobre posibles necesidades de docu­ mentos en el proceso postaudiencia pública hasta conocer la sentencia definitiva de la CIDH.

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RÉGIMEN FUJIMORISTA ESGRIME ARGUMENTOS RASTREROS Después de participaren esta sesión pública de la honorable Corte, a la dictadura fujimontesinista, debió quedarle muy claro que estaban frente a una causa perdida. Sin embargo, continua­ ron insistiendo ante la Corte proponiendo argumentos y peticio­ nes, no sólo desesperados (como la presentación de nuevos testi­ gos, el no agotamiento de la jurisdicción interna, discrepancias en las declaraciones y los hechos presentados, cuestionamiento de la veracidad del testimonio de la jueza Greta Minaya y finalmente que la Corte declare infundada la demanda en todos sus extre­ mos), sino también rastreros, como el escrito presentado ante la Corte el 09 de septiembre de 1997, manifestando que "el primo de Ernesto, José Abel Malpartida Páez, murió mientras practica­ ba la manipulación de explosivos en una maniobra de Sendero Luminoso". En dicho escrito el Estado expresó que "J. Abel Malpartida P y Ernesto R. Castillo R, no estaban matriculados como estudiantes en la Universidad Católica de Lima".

Brutal y despiadada mentira, porque Abelito junto a otros dos jóvenes universitarios fueron dinamitados vivos por un cuerpo especializado de asesinos de la policía. Este caso se encuentra todavía pendiente de investigación.

PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS El 03 de noviembre de 1997, la CIDH, emitió su sentencia, resolviendo por unanimidad que el Estado peruano (bajo el go­ bierno del dictadorzuelo nipón Fujimori) violó en perjuicio de Er­ nesto Rafael Castillo Páez, los siguientes derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 1 . A la libertad personal. 2. A la integridad personal.

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3. A la vida. 4. A un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes.

Y por lo tanto, por unanimidad, que: 5. El Estado del Perú está obligado a reparar las consecuencias de esas violaciones e indem­ nizar a los familiares de la víctima y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus actua­ ciones ante las autoridades peruanas con ocasión de ese proceso, para lo cual queda abierto el pro­ cedimiento correspondiente" (Sentencia de la CIDH del 3-11-1997, pág. 26).

Cuando la honorable Corte leyó la sentencia, el 1 0 de no­ viembre de 1997, me encontraba ya en Holanda en calidad de solicitante de asilo reunido con mi hija y mi esposa. Nuestro abo­ gado del IDL, Dr. Ronald Gamarra, nos transcribió los párrafos de la Resolución vía e-mail; posteriormente recibimos el texto com­ pleto de nuestros abogados de CEJIL desde Costa Rica. En Lima la noticia fue difundida por los periódicos, radio y televisión. Todos nos encontrábamos muy satisfechos que la Corte Interamericana sentenciara al Estado peruano como culpable de la detencióndesaparición de Ernesto.

CORTE INTERAMERICANA ABRE PROCESO SOBRE REPARACIONES En relación con el quinto punto resolutivo de la sentencia del 03 de noviembre de 1 997 de "que el Estado del Perú está obliga­ do a reparar las consecuencias de esas obligaciones e indemni­ zar a los familiares de la víctima...", la presidencia de la CIDH señala en su Resolución del 10 de diciembre de 1997, "el plazo para que las partes presenten sus alegatos respecto de las repa­ raciones en este caso".

209 Tanto a la Comisión como a los familiares de Ernesto o sus representantes, se les otorga un plazo hasta el 1 0 de fe­ brero de 1998 para que "presenten un escrito y las pruebas de que dispongan para la determinación de las indemnizaciones y gastos", y al Estado del Perú, "hasta el 10 de abril de 1998 para que formule sus observaciones a los escritos de la Comisión y los familiares de la víctima o sus representantes", pero el plazo dado a nosotros fue prorrogado hasta el 25 de febrero de 1 998 en virtud de la Resolución del Presidente de la Corte de 1 9 de enero de 1 998.

LARGO Y DIFÍCIL PERIODO DE OBTENCIÓN Y ACUMULACIÓN DE PRUEBAS Encontrándonos todos los familiares de Ernesto en Holanda en calidad de asilados, estábamos impedidos de poder viajar a nuestro país de origen, porque así lo estipula el país que acoge. Gran parte de la documentación relacionada con la familia se encontraba en Lima (Perú) encargada en casas de otros familia­ res, no obstante eso, llevamos algunos con nosotros y otros fue­ ron desechados por considerarlos en su momento sin ningún va­ lor y el plazo que nos daban era relativamente muy corto como para poder reunir toda la documentación solicitada. Nuestros abogados Adriel Dulitzky y Viviana Krsticevic de CEJIL y Ronald Gamarra del IDL se pusieron de inmediato a hacer parte del trabajo de fundamentación y los precedentes del sistema interamericano, pero necesitaban apoyo en el aspecto de las cons­ tancias, gastos , ingresos promedios, expectativa de vida, etc.

NUESTRA PRIMERA PRIORIDAD: ENTREGA DE LOS RESTOS DE ERNESTO Entre las reparaciones que al Estado violador había que exi­ girle principalmente está la de orden moral, lo que para nosotros significaba que la Corte le exija al Estado peruano el juzgamiento y castigo de los culpables, el esclarecimiento total del crimen y la

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entrega de los restos de nuestro hijo Ernesto, que para nosotros significa un paso indispensable para no perpetuar nuestra angus­ tia de la incertidumbre. Para este fin pusimos en manos de nuestros abogados, principalmente a Viviana Krsticevic el texto del famoso informe enviado por el ministro del Interior Adolfo Alvarado al Secreta­ rio general de la Presidencia, Ing. Víctor Díaz Laos, según ofi­ cio 2558/DMC-CA, sobre el resultado de la investigación de la Inspectoría de la Policía bajo la dirección del general PNP Eduardo Ruiz Botto, en el que se detalla vehículos y personal policial interviniente en el operativo policial que detuvo a Er­ nesto, con la explicación de la versión hasta ese entonces re­ cogida extraoficialmente de cómo fue su detención (descrita en páginas anteriores).

DATOS Y DOCUMENTOS PARA ELABORAR NUESTRO ALEGATO Para este fin era indispensable aportar lo siguiente: 1) Poder de los familiares de Ernesto (padres y her­ mana) a nuestros abogados defensores y sus res­ pectivas organizaciones ante la Corte, el que fue otorgado el 1 9 de febrero de 1 998 en Utrecht (Holanda). ' 2) Relación de los familiares de Ernesto, con nom­ bres y apellidos completos y su estado civil. 3) Partida de matrimonio de los padres de Ernesto. 4) Partida de nacimiento de Mónica (hermana de Ernesto). 5) Datos referidos a Ernesto Rafael Castillo Páez 5a. Partida de nacimiento; libreta electoral y militar.

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ó)

7)

8) 9)

5b. Ultimo trabajo rentado y el ingreso que perci­ bía (profesor de matemáticas por horas en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII - ISET -). 5c. Estudios universitarios cursados y cuál hubie­ se sido el título obtenido en caso de haber fi­ nalizado los estudios. 5d. Certificado de la universidad o pago de cuo­ tas. 5e. Fecha estimativa en la que se habría gradua­ do Ernesto. 5f. Ingresos promedio que percibe un profesio­ nal que posee el mismo título universitario. Gastos judiciales referidos al hecho de la desapa­ rición: 6a. Honorarios pagados a abogados o a otros profesionales con motivo de la desapari­ ción. 6b. Gastos administrativos, como tasas judicia­ les, estampillados o timbrados, con recibos preferencialmente. 6c. Viáticos; gastos incurridos en viajes con motivo de la investigación y el proceso judi­ cial, con recibos. 6d. Gastos generales, llamadas telefónicas, correo, fotocopias. Gastos por tratamiento profesional de problemas emocionales o de salud a alguno de los familiares cercanos. Examen psicológico de los distintos integrantes de la familia. Algún indicio de dónde podría hallarse el cuer­ po de Ernesto, especificando lugar o nombres de las reparticiones públicas o funcionarios que podrían llegar a conocerlo.

214 Así mismo se solicitó o lo Corte "extienda el plazo para pre­ sentar la lista definitiva de testigos así como las declaraciones ju­ radas, hasta tanto conozcamos el contenido de la respuesta del gobierno peruano".

Se le informó también a la Corte que se presentarán decla­ raciones juradas de cada uno de los familiares de Ernesto (padre, madre y hermana ), un informe de experticia psicológica realizada en el Perú y otra realizada en Holanda. La Corte fijó posteriormente el 05 de junio de 1 998, como fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas ofrecidas por nuestra parte.

EXPERTICIAS E INFORMES CONTRA EL TIEMPO Encontrar en Holanda un psicólogo, dentro de un plazo relati­ vamente corto, que evaluara e informara a la Corte los daños que sufrimos por la desaparición de Ernesto, no fue posible, pese al es­ fuerzo desarrollado por CEJIL e IDL, mediante sus contactos en este país, y a pesar del apoyo de Amnesty International de Holanda en su sede de Amsterdam. La posibilidad finalmente ofrecida por ésta ex­ cedía el límite de tiempo disponible, optándose por abandonarla.

Paralelamente empezamos cada uno de nosotros a escribir nuestra propia declaración de todo lo que en este tiempo hemos experimentado emocional y psicológicamente y que aún arras­ tramos. Fue una tarea difícil, porque lo que menos queremos es desnudar ante personas extrañas nuestro íntimo sufrimiento, que puede prestarse bajo estas circunstancias, de repente a interpre­ taciones impropias. El tiempo era cada vez más corto; una vez terminadas nuestras versiones definitivas tuvimos que correr prác­ ticamente a certificarlas ante un notario de'Amsterdam recomen­ dado por Amnesty International de esa ciudad, llegando todas nuestras declaraciones de este modo a Costa Rica dentro del pla­ zo señalado.

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Pero los esfuerzos de IDL en Lima lograron su objetivo al conseguir que la psicólogo argentina Juana Luisa Lloet Alí, miembro del grupo de apoyo psicológico de la violencia políti­ ca de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Lima, preparase su informe, el que también fue remitido a la Corte oportunamente.

NUESTRA AUSENCIA EN LA AUDIENCIA DE LA CIDH DEL 09 DE JUNIO DE 1998 Los testimonios de los familiares de Ernesto ( padre,-ma­ dre y hermana) en esta audiencia eran de singular importan­ cia y estábamos prestos a viajar pensando que la Comisión Interamericana, como resulta lógico, costearía los gastos de nuestro viaje desde Holanda a Costa Rica, para asistir y parti­ cipar en una diligencia judicial de gran trascendencia de la Corte. Pero no fue así.

En la primera audiencia pública de la CIDH sobre el caso (febrero 1997), la Comisión Interamericana asumió los gastos completos de asistencia a esta audiencia de todos los testigos y peritos presentados por ella, entre ellos yo, padre de la víctima. Esta vez la Comisión y CEJIL alegaron no tener fondos para sol­ ventar nuestra asistencia, por lo que solicitamos a la Corte, susti­ tuir nuestros testimonios directos, por declaraciones juradas es­ critas debidamente notariadas. Y eso fue lo que hicimos.

REACCIONES DE LA DICTADURA FUJIMONTESINISTA ANTE LAS DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA El gobierno fujimontesinista montó una estrategia de perfi­ dia contra el proceso del caso de Ernesto ante la CIDH, que con­ tó, entre otros, con la complacencia del agente del Estado perua­ no Mario Cavagnaro Basile.

216 25 de febrero de 1998: Una asesora de la Comisión de DD. HH. del Congreso, bajo la presidencia de Anselmo Revilla Ju­ rado, solicitó a IDL , "un informe sobre el caso". Se le envió un amplio informe con una carta insistiendo en el cumplimiento de la sentencia de CIDH. Nunca se obtuvo respuesta alguna.

Mayo 1998: El gobierno niega y contradice todo el escrito sobre reparaciones presentado ante la Corte, cuestiona inclusive aspectos formales y plantea, además, que el procedimiento sobre reparaciones es indemnizatorio y no sancionatorio.

Julio 1998: Pedido de Cavagnaro de una nueva audiencia pública de la CIDH que, tanto primero por nosotros, como des­ pués por la Corte, fue rechazado.

07-09-1998: Negativa del gobierno peruano a entregar a la Corte mi declaración jurada de ingresos e impuestos del año 1 991 a la SUNAT(entidad peruana supevisora de impuestos), usando erró­ neamente (y a sabiendas) como argumento el principio de reserva tributaria, pues éste está establecido en beneficio del contribuyente, quien contrariamente en este caso ha solicitado su divulgación. 07-09-1998: Gobierno (Cavagnaro) pone en duda ca­ rácter de estudiante de Ernesto y menoscaba los esfuerzos acadé­ micos realizados por la víctima. Rechaza violentamente el sueldo presentado a la Corte por nuestra parte (declaración jurada del sociólogo Manuel Piqueras Luna y correspondiente boleta de pago). 07-09-1998: Cavagnaro afirma cínicamente ante la Cor­ te: "la estadía fuera del Perú de la familia Castillo ha sido una decisión personal de sus integrantes; ninguno de ellos ha sido perseguido por delito alguno o por acto de las autoridades", como si todo el mundo no conociera de cuántos métodos criminales utilizaba la dictadura para deshacerse de quienes denunciaban sus crímenes.

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12-06-1999: La Corte Suprema del Perú detiene el inicio del proceso de ejecución de la sentencia en respaldo de la posi­ ción de Fujimori al anunciar éste que no acatará el fallo de la CIDH que ordena un nuevo juicio para cuatro ciudadanos chile­ nos militantes del MRTA (grupo insurgente alzado en armas). Esta actitud de los miembros de esa Corte la mantendrían hasta el cambio de gobierno por la huida del delincuente japonés Kenya Fujimori al Japón, el 1 4 de noviembre de 2000, quien fue destitui­ do el 22 de noviembre del 2000, declarada la vacancia de la presidencia de la República y elegido como presidente provisional el Dr. Valentín Paniagua. 03-01-2001: Procuradores públicos del Ministerio del Interior ( Cavagnaro Basile) y del Ministerio de Economía y Fi­ nanzas, formulan oposición a los mandatos contenidos en la Resolución de la jueza del Primer Juzgado Corporativo TEDP, por el que ordena al Estado cumplir con el pago de la repara­ ción material y con la investigación de los hechos según orde­ na la Sentencia de la CIDH. Petitorio que fue rechazado.

PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DEL 09 DE JUNIO DE 1998 Por la Comisión Interamericana: Sr. Domingo Acevedo Por CEJIL: Dr. Ariel Dulitzky Por IDL: Dr. Ronald Gamarra Por el Estado del Perú: Señoras: Ana Reátegui Napurí, agente alterna Jennie Vizcarra Alvizuri, y Sr. Walter Palomino Cabezas

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ÚLTIMA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A NOSOTROS POR LA CORTE INTERAMERICANA EL 21 DE JULIO DE 1998. La Corte nos dio un plazo hasta el 21 de agosto de 1998 para que presentáramos varios documentos certificados, entre otros, de mis salarios y los de mi esposa desde 1 990 hasta nues­ tra salida para Holanda; certificado de quiebra de nuestra peque­ ña empresa (sujeta a una legislación reformada, complicada y desorientadora) y otras más, que desde luego habíamos dejado en el Perú encargados en casas de amigos y familiares. Pese a las dificultades para encontrarlos presenté a la Corte Interamericana, mi declaración jurada de ingresos e impuestos a la SUNAT del año 1991, con el sello de certificación respectivo y que el gobierno se negaba a ofrecer a la Corte a pedido de nues­ tros abogados defensores. (Los del gobierno sabían que declaré los ingresos de mi nueva actividad como agente de exportación de productos industriales peruanos y que tuve que dejar por dedi­ carme a buscar a mi hijo).

Sobre el proceso de quiebra recurrimos en el Perú a diversas instancias y entidades, para según la ley registrarla y finiquitar la empresa, pero las nuevas disposiciones lo enredaban todo y na­ die quería correr el riesgo de contradecir en 1997 al gobierno dictatorial. La primera solicitud ante un juez fue rechazada y los abogados consultados no sabían a qué atenerse. Se dejó la situa­ ción en ese estado. Se le hizo saber a la Corte esta situación.

Otros documentos que sí llevamos con nosotros, como el de la venta de la casa, sí fue presentado. La certificación de nuestra condi­ ción de refugiados en Holanda, donde ya los tres vivíamos, la envia­ mos inmediatamente, mas nuestra hija Ménica tuvo que solicitar con carácter de urgencia a quien fue su abogada defensora en Suecia, Sra. Eva Ericsson, certificara su solicitud de asilo en dicho país, la que fue extendida a tiempo y reenviada de la misma manera a la Corte.

219 La otra información sobre el historial académico de Ernesto expedido por la Universidad Católica de Lima (Perú) fue solicitada por nuestro abogado en el Perú, Dr. Ronald Gamarra.

El 20 de agosto de 1998, nuestros abogados defensores presentaron ante la CIDH un escrito sobre el desglose de los gas­ tos del lucro cesante familiar solicitado en el escrito de reparacio­ nes que presentáramos en febrero de 1998. (Nota: La documen­ tación es muy extensa. Se encuentra disponible en los archivos de CEJIL (Washington) y de IDL (Lima-Perú) El 02 de octubre de 1998, presentamos un último alefato ante la CIDH respondiendo las insultantes observaciones del go­ bierno de Fujimori (léase Cavagnaro) a nuestros escritos sobre reparaciones, tendientes a poner en duda la calidad de estudiante universitario de Ernesto y referirse sarcásticamente a nuestra deci­ sión de asilarnos en el extranjero.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EMITE SENTENCIA SOBRE REPARACIONES CONTRA EL ESTADO PERUANO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1998 Ocho años después de la desaparición de nuestro hijo, por fin aparecía un rayo de luz, fruto del esfuerzo que todos en nues­ tra familia hemos desplegado, que nos pueda conducir al reencuentro con Ernesto, tan sólo sea para separarle un rinconcito donde descansen eternamente sus restos. Para nosotros la decisión de la Sentencia por unanimidad más importante es la del punto 2, que textualmente dice: "Que el Estado del Perú debe investigar los hechos del pre­ sente caso, identificar y sancionar a sus responsables y adoptar

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los disposiciones necesarias en su derecho interno para asegu­ rar el cumplimiento de esta obligación". Y la del punto 6, que la Corte "supervisará el cumplimiento de esta sentencia".

Si bien esta Sentencia fija una determinada cantidad de di­ nero que el Estado peruano debe pagar en carácter de reparacio­ nes a los familiares del señor Ernesto Rafael Castillo Páez, nuestro hijo y hermano, queremos dejar muy en claro, que el móvil principal, preponderante, que nos ha llevado hasta esta Corte, es encontrar los restos de Ernesto, conocer todo el proceso de su detención-desaparición, que sea de co­ nocimiento público, que procesen y sancionen severa­ mente a los autores materiales, intelectuales y encubri­ dores de este crimen de lesa humanidad. Pero ya que la Corte Interamericana sentenció la asunción por el Estado peruano de las reparaciones materiales en favor de los familiares de la víctima y que esto demandó un largo período de presentación de pruebas y consultas por parte de los familia­ res, pérfidamente acechados por los agentes del gobierno perua­ no, queremos tocar sólo un punto que fue decisión de la Corte: "Los ingresos que Ernesto hubiera obtenido por el ejercicio de su profesión de sociólogo durante el periodo de expectativa de vida en el Perú que en 1 990 era de 71 años, fueron determinados sobre la base del salario mínimo vital de los trabajadores privados en el Perú el 01 de setiembre de 1997, o sea S/. 345.00 (soles) al mes, convertido a dólares americanos al tipo de cambio imperante de S/.2.65 por 1 dólar, equivalía a 130 dólares al mes, durante 49 años (71 años expectativa de vida, menos 22 años, edad de Ernesto cuando lo desaparecieron), por 13 sueldos anuales, a valor presente (1998), fue de US$ 35.021,80.

221 O sea, Ernesto siempre hubiera vivido en la miseria. La Corte Interamericana aceptó el criterio del gobierno (un gran número de cuyos integrantes está acusado y perseguido por haber roba­ do al Estado peruano, centenas de millones de dólares) de no querer reconocer ni aceptar en lo posible el pago de ninguna re­ paración. No es ningún reclamo, ni lo pretendemos. Sólo adver­ timos uno de los aspectos de cómo se resuelven estos penosos casos en esa instancia. (Nota: El texto original de la Sentencia más los votos razonados de algunos jueces, consta de 44 pági­ nas A4. Es ubicable en el archivo de IDL.)

Esta Segunda Sentencia de la CIDH acrecentó nuestro áni­ mo, fortaleció nuestro espíritu de lucha hacia el encuentro de nues­ tro querido hijo, porque sabíamos que el corrupto gobierno del dictadorzuelo Fujimori y su compinche Montesinos, iban a mante­ ner su línea de no hacer nada por cumplir esta sentencia, como en efecto así lo confirmaron los posteriores hechos.

CAPÍTULO IV REACCIONES ANTE SENTENCIA DE LA CIDH

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DICTADURA FUJIMONTESINISTA IGNORA SENTENCIA Desde la notificación de la Sentencia al gobierno peruano, más precisamente el 08 de diciembre de 1 998 al Ministerio de Relaciones Exteriores el que con fecha 1 8 de diciembre de 1 998 elaboró el oficio RE(LEG)No.4YY/003-CA-MRREE, dirigido a la Corte Suprema, hasta el momento en que el delincuente japonés Fujimori huyó del país el 1 3 de noviembre del 2000, el Poder Ju­ dicial, siempre evadió deliberadamente su cumplimiento. Nuestro abogado defensor, Dr. Ronald Gamarra, mantuvo desde el inicio una persistente persecución de la sentencia en el Poder Judicial en procura de exigir su inmediato cumplimiento, sin ningún resultado positivo. En febrero de 1 999, tras algunos escarceos el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia de la sentencia de la CIDH a la Corte Suprema para su inscripción y ejecución y de allí pasó en forma de expedientólo a la Relatoría de la Sala de Derecho Cons­ titucional y Social de la Corte Suprema a cargo de la Dra. Julia Penha. Esta Sala estaba integrada por los señores: Buendía G., Jaime Beltrán G., Almeida P, Semina­ rio B., y Zegarra Z. El vocal supremo a cargo del caso era el doctor Jaime Beltrán. El Dr. Gamarra anotó en uno de los e-mails que nos remitió (22-02-1999) que "esta es la primera vez que la Corte Suprema conocía de una ejecución de sentencia de la Corte Interamericana. En realidad, ellos no tienen muy claro el asunto. Incluso el oficio de Relaciones Exteriores ha circulado por varios despachos judi­ ciales sin que estos sepan qué hacer".

Posteriormente a esto el Dr. Gamarra presentó reiteradamente escritos a los integrantes de esta Sala explicando "la naturaleza de

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la ejecución y el cumplimiento obligatorio de la sentencia interna­ cional". Lo hizo el 08 de marzo y el 24 de mayo de 1 999, pero el Poder Judicial siguió callando. Frente a esta situación, la Corte Interamericana remitió al agente peruano Mario Cavagnaro Basile una nota del 1 4 de julio de 1999, reiterándole responder al requerimiento de la Corte al Estado peruano hecho el 1 1 de junio de 1999 sobre la presenta­ ción de un informe que incluyese "una relación pormenorizada de las medidas tomadas para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte" otorgándole un plazo hasta el 12 de julio del mismo año, que evidentemente el gobierno dictatorial de la banda gafTsteril Fujimori-Montesinos nunca cumplió.

Pasó un largo periodo sin que el Poder Judicial peruano ni la Corte Interamericana ejercieran sus respectivas responsabilida­ des en relación con el cumplimiento de la Sentencia. Por tal razón el primero de febrero de 2000, decidimos los familiares enviar una comunicación al Presidente de la Corte Interamericana, Dr. Antonio A. Cangado Trindade, expresándole nuestra enorme pre­ ocupación e impotencia por la permanente negativa del gobierno a cumplir las sentencias.

Esta comunicación fue adjuntada a una nota oficial que el 2 de febrero de 2000, nuestros abogados de CEJIL e IDL le dirigieron por esta misma razón al presidente de la Corte, so­ licitándole, aparte de requerirle al Estado peruano ejecutar la sentencia:

"Solicite a la Asamblea General de la OEA conside­ re la suspensión del Perú de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta que cumpla la Sentencia dicta­ da en el caso que nos ocupa, en todas y cada una de sus partes; y que recomiende a los Estados miembros la imposición de sanciones económicas sobre el Perú por la misma causa".

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Esta exigencia está basada en lo que nuestros abogados ex­ presan también dentro del texto de la misma nota oficial: "La Cor­ te está no sólo facultada sino obligada a buscar el cumplimiento de las decisiones tomadas en cada uno de sus fallos por medio de la intervención de la Asamblea General de la OEA. La Conven­ ción en su artículo 65 y el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 30 prevén como mecanismo de garantía de la ejecución de las decisiones, la intervención de los órganos políticos de la OEA en caso de incumplimiento de la sentencia de la Corte".

La Corte Interamericana transmitió el 07 de febrero de 2000 al agente del gobierno del Perú, Cavagnaro, una copia de esta nota de nuestros representantes, reiterándole "la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia (del 27 de noviembre de 1998) y de informar al Tribunal en consecuencia".

PRONUNCIAMIENTO DE GAVIRIA EN CONTRA DEL SISTEMA INTERAMERICANO El 1 6 de julio de 1999, el secretario general de la OEA, Sr. César Gaviria, en reunión con cinco organizaciones de de­ rechos humanos, entre ellas CEJIL y Human Right Watchs Americas, solicitándole deplore el desacato y el retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD. HH. y las consecuencias de esto para la integridad del sistema interamericano y en el caso del Perú, en particular; lejos del compromiso allí expresado de "no asumir una posición de neu­ tralidad en el tema...", declaró oficialmente que "tenía el ma­ yor respeto por la política del gobierno del presidente Alberto Fujimori para enfrentar al terrorismo sin concesiones, etc...". Dijo además que "no le correspondía opinar sobre la sustan­ cia o mérito de cualquier caso frente a la Corte, ni sobre la decisión tomada por el Perú...".

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INTENTOS DE PRESIÓN AL RÉGIMEN PRO-CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Frente al silencio e inacción prolongados del gobierno para cumplir la sentencia, se analizó la aplicación de algunas medidas de presión, tales como:

a) Solicitara las organizaciones no gubernamentales (las ONG) de otros países que demanden al gobierno pe­ ruano el cumplimiento de la sentencia mediantes car­ tas dirigidas al presidente de la república Alberto Fujimori, al ministro de justicia Alberto Bustamartte Belaúnde y al presidente de la Corte Suprema Víctor Raúl Castillo Castillo.

b) Ejecutar la sentencia en otro país. Esto implicaba ver posibilidades de ejecutar bienes e iniciar una acción penal en función del ejercicio de la jurisdicción inter­ nacional por crímenes contra la humanidad. Sobre estas dos posibilidades se hicieron varias coordinacio­ nes, se intercambiaron diversas sugerencias, durante el primer se­ mestre del 2000, y no se pudo lograr nada; devinieron en inaplicables.

DENUNCIA ANTE INSTITUCIONES ESTATALES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Del 25 al 30 de junio de 2000 fuimos invitados los familiares de Ernesto por la organización norteamericana TASSC (Torture Abolition and Survivors Support Coalition) a participar de su progra­ ma de conmemoración del 3rd. Annual U.N. International Day in Support of Torture Victims and Survivors (Tercer Aniversario del Día Internacional de las Naciones Unidas de Apoyo a los Sobrevivientes y Víctimas de la Tortura) realizado en la ciudad de Washington D.C.

228 Aparte de participar en la vigilia de 24 horas, desde las 7.00 de la mañana del lunes 26 hasta las 7.00 de la mañana del mar­ tes 27 de junio de 2000, en el Lafayette Parle, frente a la Casa Blanca, concurrimos los participantes venidos de varios países, a dar nuestros testimonios ante las siguientes instituciones:

a) Human Right Caucus of de U.S. House of Representative. b) Department of Justice (Sr. James Costello - Civil Right División). c) Department of StatesfSr. Harold Koh, Assistant Secretary forDemocracy, Human Rights & Labor). d) Representative Me. Govern, member of de U.S. Congress. e) Amnesty International - USA staff. En todas estas comparecencias hemos denunciado al go­ bierno de Fujimori de ser un pertinaz violador de los derechos hu­ manos al extremo de desafiar la autoridad de un tribunal interna­ cional de justicia como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que quiere desprestigiar mediante la negativa ro­ tunda a aplicar sus sentencias, entre ellas la que se refiere a la detención-desaparición de nuestro hijo Ernesto. Particularmente en el Departamento de Estado (Sr. Harold Koh) y también en el de Justicia, hemos manifestado nuestra extrañeza y crítica como víctimas de que el gobierno norteamerica­ no haya apoyado directa o indirectamente un préstamo del Ban­ co Mundial de varios millones de dólares para una reforma del Poder Judicial del Perú, cuyo resultado, denunciado por la prensa independiente del Perú, es haberlo convertido en un instrumento de intimidación y amenaza a los opositores del gobierno; Poder Judicial que se niega a aplicar las sentencias de la Corte Interamericana. Luego de todo un movimiento de personal y do­ cumentos, Harold Koh nos dijo que EE. UU. no estaba directa ni indirectamente involucrado en el préstamo al Poder Judicial del

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Perú y luego agregó que en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, el Perú ha recibido críticas muy duras, a lo que un miembro de la dirección de TASCC le replicó "de qué sir­ ven los comentarios por más duros que sean si la política del go­ bierno no cambia en favor de una mayor defensa de los derechos humanos". También expresamos que el Departamento de Estado no cum­ ple con lo que promete sobre defensa de derechos humanos, por­ que fue por decisión de este organismo que dejaron escapar de la justicia norteamericana al conocido torturador, oficial del ejército peruano, Anderson Kohatsu. Cuando expusimos esta misma si­ tuación en el Departamento de Justicia, aclararon este caso, afir­ mando que ellos tenían todo preparado para iniciarle el proceso judicial'respectivo, pero que con gran sorpresa el Departamento de Estado decidió otorgarle inmunidad diplomática y ya no pu­ dieron hacer nada, escapando prácticamente este delincuente al Perú. Solicitamos también al Dpto. de Justicia la posibilidad de influir sobre su par del Perú (Corte Suprema) en el cumpli­ miento de sus obligaciones, pero nos respondieron que no exis­ tía esa posibilidad. Como resultado de estas actividades, el Sr. HansJoachim Hogreve, Legislativo Assistant Director, Congressional Human Rights Caucus, se interesó por las sentencias sobre el caso y nos las solicitó, pedido que tras­ ladamos a nuestros abogados de CEJIL, quienes en agosto de 2000 se las hicieron llegar.

Posteriormente en octubre del 2000, el congresista nor­ teamericano Tom Lantos contactó con CEJIL, solicitando la realización de una carta que firmaría él mismo, para en­ viarla al presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el objeto de enfatizar el cumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH. Esta solicitud fue satisfecha y probablemente envia­ da a su destinatario.

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En conclusión ninguna de estas denuncias y presiones lo­ graron que el gobierno fujimontesinista diera inicio siquiera al cum­ plimiento de las referidas sentencias.

ENÉRGICO ESCRITO ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DEL PERU El 1 3 de diciembre de 2000, después de más de dos años de emitida la sentencia sobre reparaciones, se presentó nueva­ mente un escrito ante la famosa Sala Constitucional y Social exigiendo la ejecución y el cumplimiento inmediato de la Sen­ tencia, en vista de que como respuesta a todas nuestras ante­ riores peticiones sólo habíamos obtenido un silencio absoluto.

Esta situación fue nuevamente denunciada por nuestros abo­ gados del IDL y CEJIL ante el presidente de la Corte Interamericana mediante nota del 10 de enero de 2001, adjuntando el escrito presentado a la susodicha Sala Constitucional.

REACTIVACIÓN JUDICIAL DEL CASO ANTE HUIDA DEL DELINCUENTE JAPONES KENYA FUJIMORI Como por arte de magia, la sorda, muda y ciega Sala Cons­ titucional y Social, revive sorpresivamente el caso y hace entrega al IDL (Dr. Ronald Gamarra) el 25 de diciembre de 2000, me­ diante carta dirigida al señor Ernesto Rafael Castillo Páez (prueba de insensibilidad y desconocimiento de esa Corte) de su resolu­ ción ESI - n.° 001-99, de fecha 03 de noviembre de 2000 (¡an­ teriora la fecha de la huida del delincuente japonés!), firmada por los señores Buendía G., Beltrán G., Almeida R, Seminario V. y Zegarra Z., disponiendo "se remitan los actuados al juzgado y al ministerio público respectivo para que se encarguen de ejecutar la Sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos

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Humanos".( La Comisión no emite sentencias sino la Corte) de fecha 27 de noviembre de 1998. Estos vocales son los que durante dos años mantuvieron la sentencia de la CIDH deliberadamente encarpetada, sin atender nunca nuestros pedidos de ordenar su cumplimiento.

Con Resolución n.° 001 de fecha 03 de enero de 2001 y recibida el 1 5 de enero, la ¡ueza Jaq Eline Yalán Leal, del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Públi­ co (1er. JCTEDP), requiere al ministro de Economía y Finanzas para que "dentro del término de seis meses" (este mismo plazo dado por la Corte en nov. 1 997 había vencido con superexceso) cumpla con hacer efectivos los pagos de las reparaciones en favor de los familiares" según las determinaciones expresadas en la referida sentencia de la CIDH, y de otro lado ordenó se curse oficio al Ministerio Público "para los efectos de investigarse los hechos del presente caso, identificar y sancio­ nar a sus responsables...".

GOBIERNO TRANSITORIO DE VALENTÍN PANIAGUA HONRA UN EXTREMO DE LA SENTENCIA En abril de 2001, por indicación de nuestros abogados, via­ jamos a Lima mi esposa y yo para recibir lo concerniente a la reparación material; posteriormente lo haría nuestra hija Ménica, impedida temporalmente por razones de sus estudios universita­ rios. El encargado de hacernos la entrega fue el Ministerio de Jus­ ticia. Contamos para ello con la mediación y el apoyo del Procu­ rador Público Ad Hoc, Dr. Luis Alberto Otárola Peñaranda. Posteriormente, en una breve reunión con el ministro de Jus­ ticia, Sr. Diego García Sayón, éste invocó la satisfacción del go­ bierno y de su ministerio por el cumplimiento de la sentencia. En respuesta, agradecí al ministro y al gobierno, en nombre de la

232 familia la concreción de esta obligación del Estado peruano, pero también le transmití que nuestro mayor anhelo era que el Esta­ do cumpla principalmente con la otra obligación, establecida en la misma sentencia, de ubicar y entregarnos los restos de nuestro querido hijo, juzgar y castigar a los culpables y que para lograr este particular objetivo esperábamos y solicitába­ mos el mayor apoyo del gobierno, sin la satisfacción del cual, lo demás era insignificante.

JUICIO CONTINÚA EN EL MINISTERIO PÚBLICO Las investigaciones fueron encargadas desde el 03 de enero de 2001 al Ministerio Público, el que a su vez designó a la Trigési­ ma Séptima Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, para llevar el caso. El expediente pasó por las manos de tres Fiscales Provincia­ les: primero fue la señora Luz Galván Paz, luego la Sra. María Malpica Coronado.

Bajo la gestión de esta fiscal tuve que realizar intensas activi­ dades para lograr que tanto los testigos oculares principales, como los demás, entre ellos la Dra. Greta Minaya, Dr. Augusto Zúñiga, rindieran sus declaraciones sin pérdida de tiempo. Pero por el lado de los policías y otros implicados, la señora fiscal me manifestó no contar con la cooperación ni apoyo del ministro del Interior, Sr Ketín Vidal Herrera y menos del ministro de Defensa, un militar retirado cuyo nombre no recuerdo. Frente a esta situación los padres de Ernesto dirigimos una carta al ministro del Interior pidiéndole facilite a la 37 Fis­ calía Provincial sus demandas investigatorias del personal po­ licial implicado. Luego vino el nuevo gobierno de Toledo y un tercer fiscal se hizo cargo del caso, el Dr. Miguel Ángel Vegas Vaccaro, quien elaboró la denuncia n.° 135-2001, formulan­

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do denuncia penal por delito contra la libertad-secues­ tro en agravio de Ernesto Rafael Castillo Páez, contra los si­ guientes efectivos policiales:

Patrullero 29-1034 (Escuadrón de Emergencia) Sgto. 2do. PG Guido Jiménez del Carpió (operador) Sgto. 2do. PG Dany Quiroz Sandoval (adjunto) Cabo PG Jaime Melchor Vivanco (chofer) Patrullero 29-1 102 EDEX Sgto. Io. PG Carlos Rodríguez Flores (operador) Cabo PG Héctor Cabrera Arrióle (adjunto) Patrullero 29-1033 EDEX Cabo PG Carlos Depez Briones (operador) Cabo PG Juan Aragón Guivovich (chofer) Cabo PG Manuel Arotuna Valdivia (adjunto) Patrullero 29-2410 EDEX Cabo PG Jorge Beltrán Soto (adjunto) Patrullero 29-1032 DIROVE Sgto.Io. PG Juan Quiroz Zárate (operador) Guardia PG Marco Huarcaya Sihuas (adjunto) Subof. 4ta. PG Alex Pianto Suno (chofer) Camión portatropa CEFEA Cmdte. PG Juan Carlos Mejía León Cabo PG Antonio López Trujillo Guardia PG Atanulfo Zamora García Subof. 5ta. PG Víctor Marquina Alvarado (chofer)

Algunos otros policías que iban en estos mismos patrulleros no han sido comprendidos en esta denuncia, tales como: Subof. 3ra. S PG Luis Silva Valdivia, chofer del Pat. 291 1 02 Edex, y el Sgto. 2do. PG Víctor Zavala Díaz (operador) y el Cabo PG Luis Peña Medina (chofer) del Pat. 29-2410. Ignoro el por qué.

232 familia la concreción de esta obligación del Estado peruano, pero también le transmití que nuestro mayor anhelo era que el Esta­ do cumpla principalmente con la otra obligación, establecida en la misma sentencia, de ubicar y entregarnos los restos de nuestro querido hijo, juzgar y castigar a los culpables y que para lograr este particular objetivo esperábamos y solicitába­ mos el mayor apoyo del gobierno, sin la satisfacción del cual, lo demás era insignificante.

JUICIO CONTINÚA EN EL MINISTERIO PÚBLICO Las investigaciones fueron encargadas desde el 03 de enero de 2001 al Ministerio Público, el que a su vez designó a la Trigési­ ma Séptima Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, para llevar el caso. El expediente pasó por las manos de tres Fiscales Provincia­ les: primero fue la señora Luz Galván Paz, luego la Sra. María Malpica Coronado. Bajo la gestión de esta fiscal tuve que realizar intensas activi­ dades para lograr que tanto los testigos oculares principales, como los demás, entre ellos la Dra. Greta Minaya, Dr. Augusto Zúñiga, rindieran sus declaraciones sin pérdida de tiempo. Pero por el lado de los policías y otros implicados, la señora fiscal me manifestó no contar con la cooperación ni apoyo del ministro del Interior, Sr Ketín Vidal Herrera y menos del ministro de Defensa, un militar retirado cuyo nombre no recuerdo. Frente a esta situación los padres de Ernesto dirigimos una carta al ministro del Interior pidiéndole facilite a la 37 Fis­ calía Provincial sus demandas investigatorias del personal po­ licial implicado. Luego vino el nuevo gobierno de Toledo y un tercer fiscal se hizo cargo del caso, el Dr. Miguel Ángel Vegas

Vaccaro, quien elaboró la denuncia n.° 135-2001, formulan­

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do denuncia penal por delito contra la libertad-secues­ tro en agravio de Ernesto Rafael Castillo Páez, contra los si­ guientes efectivos policiales:

Patrullero 29-1034 (Escuadrón de Emergencia) Sgto. 2do. PG Guido Jiménez del Carpió (operador) Sgto. 2do. PG Dany Quiroz Sandoval (adjunto) Cabo PG Jaime Melchor Vivanco (chofer) Patrullero 29-1 102 EDEX Sgto.Io. PG Carlos Rodríguez Flores (operador) Cabo PG Héctor Cabrera Arrióle (adjunto) Patrullero 29-1033 EDEX Cabo PG Carlos Depez Briones (operador) . Cabo PG Juan Aragón Guivovich (chofer) Cabo PG Manuel Arotuna Valdivia (adjunto) Patrullero 29-2410 EDEX Cabo PG Jorge Beltrán Soto (adjunto) Patrullero 29-1032 DIROVE Sgto.Io. PG Juan Quiroz Zárate (operador) Guardia PG Marco Huarcaya Sihuas (adjunto) Subof. 4ta. PG Alex Planto Suno (chofer) Camión portatropa CEFEA Cmdte. PG Juan Carlos Mejía León Cabo PG Antonio López Trujillo Guardia PG Atanulfo Zamora García Subof. 5ta. PG Víctor Marquina Alvarado (chofer)

Algunos otros policías que iban en estos mismos patrulleros no han sido comprendidos en esta denuncia, tales como: Subof. 3ra. S PG Luis Silva Valdivia, chofer del Pat. 291 1 02 Edex, y el Sgto. 2do. PG Víctor Zavala Díaz (operador) y el Cabo PG Luis Peña Medina (chofer) del Pat. 29-2410. Ignoro el por qué.

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DE NUEVO EN EL PODER JUDICIAL El fiscal en su denuncia formulaba orden de detención para todos esos policías. Se ordena al juez Walter Augusto Castillo Yataco, del Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, avocarse al caso de Ernesto y des­ de el 29 de agosto del 2001, fecha de presentación de la denun­ cia del fiscal, recién el 24 de setiembre del 2001 abre instrucción en la via ordinaria por delito contra la Libertad-Secuestro, dictan­ do mandato de comparecencia para los acusados, porque según este juez " en autos no obran suficientes elementos de pruebas que los vinculen como autores o partícipes del delito instruido" . De los interrogatorios a los que fueron sometidos los policías denunciados empezaron a surgir notorias contradicciones, como por ejemplo que Mejía León no estaba uniformado y que después de su intervención en Villa El Salvador se retiró a su domicilio, ambas versiones sostenidas por él mismo, contra la de otros poli­ cías que sostienen lo contrario, que él estaba uniformado y que después del operativo regresó a su base, o sea el cuartel de la 22 Comandancia de la Policía Nacional.

EL CASO PASA A OTROS JUECES El 1 5 de enero del 2002, una nueva jueza se hace cargo del juicio. Es la señora Rita A. Meza Walde, la que permaneció hasta antes del 1 °.,de abril de 2002, fecha a partir de la cual se avoca a esta causa la jueza señora María Hortensia Gutarra Morete, hasta este momento, abril de 2003 en que se termina de escribir este libro.

Bajo la dirección de esta última jueza, que ocupa el periodo más largo, más de un año, hemos tenido que insistir innumera­ bles veces en la solicitud de que se lleven a cabo diligencias pun­ tuales que contribuyan al mayor esclarecimiento de la realización del delito.

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Una de esas diligencias ha sido la puesta en ejecución de la reconstrucción de los hechos (la detención) en el lugar donde se produjo, la que contó con la participación de los testigos y varios de los policías denunciados. Ocurrió que durante esta diligencia, de un modo espontáneo se presentó otro vecino del lugar para dar su testimonio de la detención del ¡oven, que la recordaba con claridad. D e esta manera quedaba demostrado una vez más, en for­ ma indubitable el hecho cierto y real de la detención de Ernesto por policías de un patrullero o vehículo policial de la 29 Coman­ dancia de la Policía Nacional, llamada también Radio Patrulla, los únicos que en Lima portaban boinas rojas.

Hasta esta etapa del proceso judicial ningún policía partícipe del operativo de ese día, 21 de octubre de 1 990 en Villa El Salva­ dor ha sostenido saber, conocer o haber escuchado siquiera de que uno o varios de ellos detuvieron a Ernesto, no obstante los probados testimonios acusatorios de quienes lo vieron todo.

Ocultan, guardan silencio cómplice, nadie se atreve a rom­ perlo. ¿A quién temen? ¿Esperan acaso que los absuelvan de este delito de detención-desaparición?

UN DESENLACE QUE NOS CONCIERNE A TODOS Lo que en este juicio está en juego, como lo estará en todos los de idéntica naturaleza, es el enfrentamiento entre una supues­ ta banda criminal integrada por determinados inescrupulosos policías, sumergida en la institución policial, pero que responde, actúa y es responsable, en forma secreta, ante un mando diferen­ te del institucional; sin embargo, ésta les brinda protección cuan­ do los investigan haciendo uso de un falso espíritu de cuerpo para evitar ser descubiertos.

236 Y de otro lado, la eficacia y capacidad de un Poder Judicial que en el plano teórico y mucho más en el práctico, debe asumir su función central de preservar la sociedad contra la acción de estos criminales, a través de una exhaustiva investigación que con­ duzca al desbaratamiento de sus cínicos argumentos basados en la simple negación de la ocurrencia del delito denunciado; rom­ per y traspasar esta barrera e identificar y castigar severamente a los culpables. No hay que olvidar en ningún momento, que se trata de mi­ les de casos de detención-desaparición planificados para borrar todo tipo de vestigios, rastros o pruebas que incriminen a los cri­ minales. Si el Poder Judicial no cumple con su papel primordial en el combate y destrucción del crimen organizado, seremos siempre una sociedad en permanente peligro.

Necesito de la indignación, para no helarme también Antonio Machado

I

239 Utrecht (Holanda), 17 de marzo de 2003

Sr. Dr. Antonio Trindade Candado Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos respetuosamente a usted para, con respecto al caso de nuestro hijo Ernesto Rafael Castillo Páez (Perú), expresarle lo siguiente:

1. Que los familiares de Ernesto nos encontramos sumamente indignados por la ineficiencia demostrada por el poder judicial peruano para hacer cumplir la Sentencia de la honorable Corte que Ud. preside: Ningún acusado ha sido detenido hasta ahora y muchos de ellos siguen trabajando en la institución policial como si nada grave hubiese ocurrido.

2. El juicio se diluye en el poder judicial pasando de un juez a otro (hasta el momento se han relevado tres), como si se tratara de un juicio común más, sin posibilidades reales de solución, lo que a nuestro juicio, constituye una provocación y una burla no sólo al derecho que nos asiste como familiares de exigir justicia, sino que también alcanza a la institución de justicia regional como lo es la Corte Interamericana que ha ordenado se procese a los criminales. 3. Ya se cumplieron más de 12 años desde la desaparición de nuestro hijo Ernesto a manos de la policía peruana y más de cuatro años desde que la honorable Corte emitió su sentencia declarando culpable de este crimen de lesa humanidad al Estado Peruano y todavía no son identificados, detenidos y sentenciados los culpables y los restos de Ernesto aún permanecen sin ubicar. Creimos que la Sentencia de la Corte Interamericana nos liberarían por fin de la angustia permanente de ’ la incertidumbre sobre el destino de nuestro querido hijo pero vemos con incredulidad que el Estado Peruano se empeña en prolongarla todavía más. Hasta cuándo?

Por todas estas principales razones deseamos solicitarle, que en ejercicio de las facultades que su investidura le confiere y en concordancia con el punto 6. de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de noviembre de 1998, que a la letra dice: "La Corte supervisará el cumplimiento de esta sentencia", se inste al actual gobierno del Perú a dar cumplimiento cabal a esta Sentencia en la forma y plazo que la gravedad de este delito exige.

Agradecemos anticipadamente la atención dispensada a esta solicitud. Atentamente Cromwelf Fierre Castillo Castillo DNI 06056483

Móníca Inés CastiU Pasaporte MO2824301

DNI 06134377

CORTE I.D.H.

25 MAR 2003 REQIPIDQ

Corto de la familia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Editorial e Imprenta Sánchez S.R.L. Jr. Moquegua 416 -5, Lima - Perú, en el mes de mayo de 2003

CONFESIÓN Caídos yacen los helados barrotes de la cárcel de invierno, atrás los azotes del sol inconmovible. Pero mi mente que se cree inmortal te imagina más allá de inviernos y veranos, te transporta en su lomo oscuro y te pasea rauda por los paisajes de mi ternura y en los túneles de mi pasión desenfrenada.