Consecuencias economico-sociales de la violencia

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Banco Interamericano de Desarrollo

Departamento de Desarrollo Sostenible

División de Desarrollo Social

Nota Técnica 4

Consecuencias económicas y sociales

La violencia como obstáculo para el desarrollo1

L

a violencia impide el desarrollo económico. A nivel macroeconómico, la violencia social reduce la inversión extranjera y nacional y disminuye el ahorro interno, obstaculizando así las posibilidades de crecimiento a largo plazo. A nivel microeconómico, entre otros efectos, desincentiva el interés de las personas en invertir tiempo y dinero en educación e induce a algunos a desarrollar habilidades delictivas en vez de estudiar. También puede disuadir a algunas personas de estudiar por las noches por temor al delito violento. La violencia doméstica contra las mujeres y los niños también frena el desarrollo económico. El abuso afecta el desempeño de los niños en la escuela y, por lo tanto, su productividad futura y el rendimiento de la inversión nacional en educación. Las mujeres que sufren violencia doméstica son menos productivas en sus lugares de trabajo, lo cual es una pérdida directa para la producción nacional (Morrison y Orlando, 1999). Tanto la atención de las consecuencias de la violencia doméstica como la social conlleva a la utilización de los escasos recursos disponibles en la sociedad. Los gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales podrían, de lo contrario, ser destinados a propósitos más productivos.

Costos de la violencia: metodologías de medición Hay dos enfoques posibles para medir el costo que implica la violencia para una sociedad. El primer enfoque, el enfoque “global”, pretende captar la totalidad de los costos de la violencia. El segundo enfoque, el enfoque “parcial”, intenta captar sólo un aspecto del costo total. El enfoque parcial se usa cuando es imposible implementar el enfoque global, ya sea por falta de datos o por la complejidad de la metodología, o cuando se requiere resaltar un impacto específico de la violencia. Dentro del enfoque global, se han desarrollado tres metodologías que permiten calcular los costos sociales de la violencia. el enfoque contable, que especifica categorías de costos y suma los costos identificados para cada categoría;

los modelos hedónicos de vivienda o de terreno, que miden el impacto de la seguridad del barrio sobre el valor de la vivienda o del terreno, pretendiendo de esta forma medir la disposición de la población a pagar por la ausencia de violencia; el método de valoración contingente (MVC), que intenta medir el valor que el mercado asignaría a la reducción de la violencia, asumiendo que la seguridad fuese un bien comercializable.

Cada una de estas metodologías tiene ventajas y desventajas. El enfoque contable tiene la gran ventaja de sólo requerir información parcial. Es decir, si hay información sobre algunas categorías de costos y no sobre otras se puede proceder a sumar los costos provenientes de las categorías para las cuales existe información. Sus dos principales desventajas son la arbitrariedad de cualquier esquema de categorías y el riesgo de incluir un costo en dos categorías, generando así una doble contabilidad de ese elemento de costo.

1. Mayra Buvinic´ y Andrew Morrison, de la División de Desarrollo

Los modelos hedónicos son sofisticados y permiten medir el impacto de la inseguridad sobre el valor de la vivienda o el terreno. Estos modelos no sólo toman en cuenta las cartacterísticas de la vivienda (número de habitaciones, tamaño del lote, calidad de la construc-

Social, Departamento de Desarrollo Sostenible, BID, son los autores de esta nota técnica. Se basa, en parte, en documentos preparados por los consultores César Chelala y Ana María Sanjuán. Colaboraron también Loreto Biehl y Ginya Truitt. Los gobiernos de Finlandia y Noruega contribuyeron con fondos para la preparación de esta nota. 1

Nota Técnica 4 ción, etc.) , sino también las características del barrio, como la existencia de calles pavimentadas, el acceso a servicios hospitalarios, el acceso a colegios y el nivel de criminalidad. La mayor debilidad de esta metodología es que requiere una gran cantidad de información estadística de buena calidad, que debe estar desglosada por barrio y por vivienda.

Tal vez la crítica más severa que se le hace al MVC es que la metodología es sensible a la distribución actual del ingreso. En otras palabras, la gente con mayores recursos está más dispuesta a pagar por el bien en cuestión, en este caso la seguridad. Con respecto al enfoque parcial para medir el impacto de la violencia, ha habido investigaciones sobre el impacto de la violencia en:

El MVC se aplica por medio de entrevistas a una pobla– ción seleccionada aleatoriamente. Los entrevistados son informados en forma detallada de la situación actual de seguridad en su barrio y de las alternativas posibles a través de varias intervenciones. De esta manera, se puede estimar la disposición a pagar por mejoras en la seguridad por parte de los residentes del barrio.

la participación en la fuerza laboral (Morrison y Orlando, 1999) el nivel de remuneración percibida (Morrison y Orlando, 1999; CEDE-UNIANDES, 1997) la posibilidad de estudiar, especialmente de noche (CEDE-UNIANDES, 1997)

El carácter hipotético implícito en la estimación del MVC ha generado mucha discusión y críticas a esta metodología, pero treinta años de experiencia demuestran la validez de esta técnica (Salazar y Roche, 1999).

el desempeño educativo de los jóvenes víctimas o testigos de violencia (Larraín, 1997) el desplazamiento de la población (Zaluar, 1996) el ahorro y la inversión nacional (CEDE-UNIANDES, 1997)

Estimación del costo de la violencia en América Latina y el Caribe Costos directos No se han utilizado todavía las metodologías de modelos hedónicos de vivienda o de la valuación contingente para medir la disposición a pagar por la seguridad en América Latina, aunque estos enfoques han demonstrado ser útiles en otros países (ejemplos de la aplicación de estos enfoques en países desarrollados aparecen en el cuadro 1). Por lo tanto, los estimados que se presentan en esta sección provienen de estudios que utilizan la metodolgía contable o de estudios con un enfoque parcial.

Los costos directos de la violencia abarcan el valor de bienes y servicios utilizados para prevenirla, ofrecer tratamiento a sus víctimas o capturar y/o procesar a los perpetradores. No existen cálculos para este tipo de costos directos asociados con la violencia doméstica en los países latinoamericanos o caribeños, sin embargo, se presume que son considerables, aunque menores que en los países industrializados, donde hay más disponibilidad de servicios. Las cifras para éstos últimos son altas: En Canadá, la violencia contra las mujeres (incluyendo la violencia doméstica y por parte de extraños) impone un costo anual de 684 millones de dólares canadienses al sistema de justicia criminal y 187 millones a la policía. El costo de la terapia y el entrenamiento dados como respuesta a la violencia contra la mujer es de aproximadamente $294 millones al año (Greaves, 1995).

El esquema que se usa para clasificar los costos socioeconómicos de la violencia es el siguiente:

Costo toya

Costo total de la violencia

En el caso de la violencia social se dispone de datos para algunos países de América Latina y de otras regiones del mundo relativos a los gastos destinados a los sistemas de seguridad pública y de justicia.

costos sociales multiplicadores

costos directos

costos no monetarios

costos económicos multiplicadores

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Nota Técnica 4 Cuadro 1.

Estudios hedónicos y de valuación contingente de los costos de la violencia Método de valoración contingente (MVC). La gran mayoría de los estudios existentes evaluan la disposición a pagar para reducir el riesgo de muerte en el contexto de accidentes de tránsito o accidentes laborales. En un estudio realizado en los EE.UU., Gegax, Gerking y Schulze (1985) les preguntó a un grupo de trabajadores qué porcentaje de reducción de salario estarían dispuestos a aceptar a cambio de una reducción en el riesgo de sufrir un accidente fatal en el trabajo. En base a las respuestas, los autores estimaron la disposición a pagar en 2,8 milliones de dólares por vida salvada. Modelos hedónicos de vivienda. Según Chessire y Sheppard (1998), los estudios hedónicos de vivienda han empleado seis categorías de variables explicativas: características continuas de la vivienda: tamaño del lote, número de habitaciones, número de baños, etc. características dicotómicas de la vivienda: presencia de una habitación para el servicio, existencia de calefacción, etc. medidas de la calidad de las escuelas del barrio características socioeconómicas del barrio: ingreso promedio, densidad poblacional, composición étnica, etc. El nivel de seguridad, o a la inversa, de violencia, entraría en este rubro. infraestructura de transporte: acceso a transporte público, tipo de calle en la cual está ubicada la vivienda, etc. topografía y ubicación: distancia del centro urbano, altura, porcentaje de terrenos con uso industrial dentro de cierta distancia, disponibilidad de áreas verdes, etc. En un estudio hedónico de vivienda para Los Angeles, Brookshire et al. (1982) descubren una relación inversa entre la tasa de criminalidad del barrio y el precio de la casa, después de haber controlado por los demás determinantes del precio. Una duplicación en la tasa de criminalidad está asociada con una reducción en el precio de venta de la vivienda de entre 8 y 10 %. En un estudio hedónico de terreno para las áreas metropolitanas de los EE.UU., Clark y Cosgrove (1990) estiman que una duplicación de la tasa de homicidio conlleva a una disminución de 12,5% en el precio del terreno. Aunque existen estudios hedónicos de vivienda para algunas ciudades latinoamericanas (Aryeetey-Attoh, 1992; Figueroa y Lever, 1992; Rocha Macedo, 1998; y Stumpf Gonzalez y Torres Formoso, 1997), dichos estudios no incorporan como variable explicativa el nivel de criminalidad del barrio.

Un estudio para siete países desarrollados, demuestra que la criminalidad le cuesta a cada ciudadano una suma promedio de 200 dólares anuales para financiar servicios policiales, los tribunales y las prisiones y 100 dólares para financiar la seguridad privada (Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad, 1998).

do tanto la violencia urbana como el conflicto armado, se estiman en un 18,5% del PIB. La pérdida de vidas tiene mayor peso en este costo con 43% del total, seguida del exceso de gasto militar con 30%, gasto en seguridad con 23%, terrorismo con 3% y salud con 1% (Departamento Nacional de Planeación, 1998).

En Colombia, el gasto público en seguridad y justicia criminal alcanzó 5% del PIB en 1996; los gastos privados en seguridad llegaron a un 1,4% del PIB (CEDE-UNIANDES, 1997: 23-5).2 Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, los costos de la violencia entre 1991 y 1996, incluyen-

2. Si se consideran todos los gastos para los sistemas encargados de la ejecución de la ley y de la justicia criminal como “costos directos de violencia”, esto va a exagerar los verdaderos costos directos, debido a que algunos de estos gastos existirían incluso si no existiera violencia. Además, la propia existencia de la aplicación de la ley y de la justicia criminal podría prevenir algo de la violencia. 3

Nota Técnica 4 En El Salvador, los gastos de las instituciones de gobierno, los costos legales, las lesiones personales y las actividades de prevención representaron más del 6% del PIB de 1995 (Cruz y Romano, 1997: 32).

La violencia contra la mujer fue la tercera causa en importancia de pérdidas de AVISA en la Ciudad de México, después de la diabetes y las afecciones perinatales, pero más importante que los accidentes vehículares, las anomalías congénitas, la artritis reumatoide, la osteoartritis, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares y la neumonía (Lozano, 1999).

En Venezuela, el gasto público en seguridad fue aproximadamente del 2,6% del PIB de 1995 (IESA, 1997: 25-7).

La violencia doméstica tiene impactos importantes sobre el bienestar de los niños. Varios estudios documentan la relación entre abuso el infantil y los problemas posteriores de consumo exesivo de sustancias por parte de la víctima.

En Chile, los gastos privados de seguridad ascendieron a cerca de 238 millones de dólares en 1994, equivalente a 17 dólares per cápita. Estos gastos se desglosan en los siguientes rubros: servicios privados de vigilancia (66,8%), seguros de robo (7,7%) y otros productos de seguridad (14,4%) (PNUD, 1998).

En El Salvador se perdieron 178.000 AVISA en 1995 por muertes violentas (Cruz y Romano, 1997: 30). En Perú la cifra fue de 60.792 (Instituto Apoyo, 1997: 16); 163.136 para Río de Janeiro (ISER, 1998:42) y en Ciudad de México fue de 57.673 (Fundación Mexicana para la Salud, 1997: 14). En Caracas, no se incluyeron las discapacidades en el cálculo (sólo se incluyeron las muertes); incluso así, se perdieron 56.032 años potenciales de vida en 1995 por homicidios (IESA, 1997: 31).

Los datos de México y de Perú no son estrictamente comparables, ya que se refieren sólo a la Ciudad de México y a Lima, respectivamente, y no a los países en su totalidad. En Ciudad de México los gastos relativos a las medidas de seguridad pública y privada sumaron 181 millones de dólares en 1995 (Fundación Mexicana para la Salud, 1997); la administración de justicia y de prisiones se responsabilizó por otros 128 y 690 millones de dólares respectivamente.

En Colombia, entre el 18 y el 27% de todos los AVISA perdidos durante el período de 1989-1995 fueron causados por homicidios, mientras que el promedio mundial alcanza sólo el 1,4%. (CEDEUNIANDES, 1997: 12-16).

En Lima, el gasto público del gobierno nacional en policías, cortes y prisioneros fue aproximadamente el 1% del producto regional bruto del área metropolitana en 1997, mientras que el gasto privado para medidas de seguridad alcanzó otro 0,41% del producto regional bruto (Instituto Apoyo, 1997: 26-8).

La violencia genera una serie de daños psicológicos, semejantes a los vividos en zonas de guerra (Cardia, 1998).

Efectos multiplicadores económicos Costos no monetarios

Los efectos multiplicadores económicos de la violencia son significativos e implican una menor acumulación de capital humano, una menor tasa de participación en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo, menores ingresos e impactos en la productividad intergeneracional y a nivel macroeconómico, menor ahorro e inversión.

Los costos no monetarios incluyen impactos en la salud que no necesariamente generan demanda para la utilización de servicios de salud, como por ejemplo mayor morbilidad, mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas y desórdenes depresivos.

Existe evidencia de que las mujeres que sufren violencia doméstica tienen índices más altos de ausentismo y tienen más probabilidades de ser despedidas o de dejar sus trabajos.

Anualmente hay 9 millones de años de vida saludables (AVISA) perdidos en el mundo por concepto de violaciones y violencia doméstica, cifra mayor al total de mujeres víctimas de todos los tipos de cáncer existentes y más de dos veces el total de AVISA perdidos por mujeres en accidentes de vehículos motorizados (Banco Mundial, 1993).3

3. Los AVISA no sólo incluyen los años perdidos por mortalidad prematura, sino que también los años que la persona ha estado afectada por incapacidad o enfermedad. 4

Nota Técnica 4 En Managua, Nicaragua, las mujeres que sufren violencia física severa ganan sólo un 57% de lo que ganan sus homólogas que no sufren abuso. En Nicaragua, estas pérdidas constituyen aproximadamente un 1,6% del PIB de 1996 (Morrison y Orlando, 1999)

Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela). Dichos estudios desglosan los costos de la violencia en cuatro categorías (ver cuadro 2): impactos en la salud—gastos en servicios incurridos como resultado de la violencia; pérdidas materiales—gasto público y privado en policía, sistemas de seguridad y servicios judiciales;

En Santiago, Chile, las mujeres que sufren violencia física severa ganan sólo un 39% de lo que ganan las mujeres que no son abusadas. En Chile, las pérdidas de ingresos para todas las mujeres representan más del 2% del PIB chileno de 1996 (Morrison y Orlando, 1999).

intangibles—cantidad de dinero que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar para vivir sin violencia; transferencias—valor de bienes perdidos en robos, rescates pagados a secuestradores y sobornos pagados como resultado de la extorsión.

El último tipo de efecto multiplicador económico de la violencia doméstica es el impacto intergeneracional que ésta tiene en el futuro económico de los niños. Los niños que sufren o que son testigos del abuso doméstico tienen más probabilidades de tener problemas disciplinarios en el colegio y podrían tener más probabilidades de repetir cursos. En Chile, a los niños que indicaron haber sufrido abuso serio, les fue considerablemente peor en el colegio que a los niños que informaron no haber padecido abuso físico (Larrain et al, 1997).

Desafortunadamente, las categorías de costos no son mutuamente excluyentes (por ejemplo, la disposición de los ciudadanos a pagar, puede incluir también el valor de un menor impacto de la violencia en la salud), ni completas (por ejemplo, no incluyen explícitamente el costo de un menor nivel de ahorro e inversión).

La violencia social también tiene importantes efectos multiplicadores económicos. Según estudios hechos por la Fundación Paz Ciudadana en Chile, la incertidumbre generada por la violencia ha significado menos inversión y producción; la omisión de proyectos económicamente eficientes; menor eficiencia en los resultados de las políticas económicas; un mayor nivel de desempleo formal e informal y un mayor nivel de pobreza (Fundación Paz Ciudadana, 1999).

Efectos multiplicadores sociales Los efectos multiplicadores sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia, la privatización de las funciones policiales, la erosión del capital social, una calidad de vida reducida y una menor participación en los procesos democráticos. En los Estados Unidos, la tasa de abuso por parte de cónyuges fue diez veces más alta para hombres que habían tenido una niñez violenta que para aquéllos que no la tuvieron (Strauss, et al 1980).

El BID auspició siete estudios sobre el impacto económico de la violencia en seis países de la región (Brasil,

Cuadro 2.

Costos económicos de la violencia social en seis países latinoamericanos (expresados como porcentaje del PIB de 1997)

Brasil

Colombia

El Salvador

México

Perú

Venezuela

Pérdidas en salud

1,9

5,0

4,3

1,3

1,5

0,3

Pérdidas materiales

3,6

8,4

5,1

4,9

2,0

9,0

Intangibles

3,4

6,9

11,5

3,3

1,0

2,2

Transferencias

1,6

4,4

4,0

2,8

0,6

0,3

Fuente: Juan Luis Londoño. 1998. Epidemiología económica de la violencia urbana. Mimeo.

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Nota Técnica 4 Las percepciones sobre la rentabilidad de la inversión en el capital humano son muy importantes. Si los jóvenes no perciben que dedicarse a estudiar les abrirá las puertas a una vida mejor, muchos optan por otros caminos no beneficiosos para la sociedad. Recientamente se les preguntó (ver Cuellar de Martínez, 1997) a un grupo de jóvenes colombianos de 18 a 24 años,

“¿A quién cree Ud. que le va bien en Colombia?” Las respuestas no fueron muy alentadoras: a los políticos .................................................. 41%

a la gente con contactos .................................. 15%

a la gente rica ................................................ 25%

a los individuos con suerte ............................... 14%

a los “vivos” (oportunistas) .............................. 18%

a los que trabajan ............................................ 13%

a la gente deshonesta ...................................... 17%

a los que estudian ........................................... 13%

Estudios en los EE.UU. y Canadá confirman que los niños expuestos a la violencia doméstica tienen puntos de vista inadecuados en cuanto a la aceptación y a la utilidad de la violencia como un medio para resolver conflictos (Jaffe, Wilson y Wolfe, 1989) y corren un mayor riesgo de ser víctimas y perpetradores de violencia (Dahlberg, 1998; Thornberry, Huizinga y Loeber, 1995).

van que la violencia a nivel comunitario en Jamaica se convierte en miedo generalizado y una ausencia fundamental de normas de cooperación y comunicación, lo que a su vez destruye el capital social. Un impacto crucial de la violencia social es la transmisión intergeneracional. Si los adultos, los medios de comunicación y la sociedad en general les enseñan a los niños y a los jóvenes que la violencia es una manera rápida de acumular riqueza, no es de sorprenderse que la gente joven, especialmente los muchachos, adopten conductas violentas.

Los efectos de la violencia en los niños no se limitan al hecho de reproducir comportamientos violentos de adultos. Los niños que son víctimas o testigos de abuso tienen mayores probabilidades de tener problemas de comportamiento incluso siendo aún niños (Larrain et al, 1997).

La violencia estructural, donde las fuerzas policiales y/o los grupos paramilitares se transforman en agentes de violencia perpetrada contra ciertos grupos, especialmente a niños de la calle, menoscaba la democracia y genera más violencia. En resumen, la violencia constituye cada vez más la mayor amenaza para las libertades fundamentales, el acatamiento de la ley y la consolidación democrática (Fruhling, 1995; Instituto de Defensa Legal, 1996; Gregori, 1997).

La privatización de las funciones policiales ha llegado a niveles impresionantes. En Guatemala, por ejemplo, operan cerca de 200 empresas privadas de seguridad, con un personal que llega a los 11.000 efectivos, cifra equivalente a los agentes de la Policía Nacional a finales de 1996 (ONU, 1998). Especial importancia tiene la erosión del capital social como consecuencia del aislamiento al que se someten las víctimas de la violencia doméstica. La violencia doméstica en muchos casos es instrumental de naturaleza, es decir, el hombre usa la violencia doméstica como un medio para obtener un fin, en este caso, el control de la mujer y sus contactos con el mundo fuera del hogar. Esto reduce simultáneamente la calidad de vida de la mujer y su habilidad para participar en actividades fuera de la casa, incluyendo la posibilidad de tener un ingreso y ser parte de las actividades comunitarias.

Para más información Buvinic´, Mayra, Andrew Morrison y Michael Shifter. 1999. “Violencia en América Latina y el Caribe: Un marco de referencia para la acción.” Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, División de Desarrollo Social, Estudio Técnico. [disponible en la página web de la División de Desarrollo Social del BID: www.iadb.org/sds/violence] Morrison, Andrew y Loreto Biehl (eds.). 1999. Too Close to Home: Domestic Violence in the Americas. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank. [véase la página web de publicaciones del BID para más información sobre el libro: www. iadb.org/exr/pub]

La violencia social también tiene importantes efectos sobre el capital social. Moser y Holland (1997) obser-

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Nota Técnica 4 Los estudios de los costos de la violencia para Brasil, Colombia El Salvador, México, Perú y Venezuela están disponibles en la página web de la Oficina del Economista Principal del BID: http:/ /www.iadb.org/oce/44i.cfm

Fundación Mexicana para la Salud, 1997. “La violencia en la Ciudad de México: Análisis de la magnitud y su repercusión económica.” Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina del Economista Principal.

Para más información sobre las técnicas de modelos hedónicos de vivienda y de valoración contingente, ver:

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Referencias

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