Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas (Perú) 9786124628375

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

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Primera edición oficial

Primera Edición Oficial: Diciembre 2013

OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República

DANIEL AUGUSTO FIGALLO RIVADENEYRA Ministro de Justicia y Derechos Humanos JORGE MANUEL PANDO VÍLCHEZ Viceministro de Justicia

HENRY JOSÉ AVILA HERRERA Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia TOMMY RICKER DEZA SANDOVAL Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico

ANA MARÍA VALENCIA CATUNTA Directora de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos CARLOS ENRIQUE COBEÑAS CASTILLO Director de Sistematización Jurídica y Difusión (e)

CARLOS ANTONIO AGURTO GONZÁLES Coordinador de Ediciones de Textos Legales Oficiales

VLADIMIR HORACIO LEÓN VIDAL BRUNO ALBERTO NOVOA CAMPOS PILAR GERALDINE PRETELL GARCÍA CÉSAR ANTONIO ZARZOSA GONZÁLEZ Abogados de la Dirección de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos Responsables de la Elaboración ESPERANZA AMELIA RIVERA ACEVEDO KAREN LENA SUMALAVE CHOQUE MARTHA MARÍA SOLIS VÁSQUEZ Abogadas de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión Responsables de la Elaboración, Revisión y Actualización ROSA ISABEL ALCÁNTARA VALDIVIA PIER HAROLL CARMONA FUENTES LIZETH JACKELINE CORREA CUEVA JULISSA EVELYN COSSIO CÁRDENAS KATERIN GUZMÁN ORTIZ ROMINA MENDOZA VÁSQUEZ OSCAR ADOLFO SANDOVAL ROJAS Colaboradores de la Revisión y Actualización DERECHOS RESERVADOS DECRETO LEGISLATIVO Nº 822

Derechos de Edición 2013 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Calle Scipión Llona Nº 350 - Miraflores, Lima 18 Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-17055 ISBN: 978-612-46283-7-5

Impreso por : Editora Diskcopy S.A.C. Domicilio : Jr. San Agustín 497 - Surquillo

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

“Tú también tienes derechos y deberes”

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«En la medida que el ámbito indígena se difunde y colora a los otros grupos y realidades; en la medida que se proyecta sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses adquiere el frescor rudo de una esperanza inédita, y la sabiduría absorta de quien empieza reconocer su fortaleza». José María Arguedas

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[ PRESENTACIÓN ] Nuestros pueblos originarios son parte de los cimientos de la peruanidad, de nuestra historia nacional y el logro de su bienestar es uno de los propósitos del gobierno actual. Así, dentro de las acciones del Estado, se aprobó la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas y su Reglamento. Este último fue producto del trabajo de una Comisión Multisectorial integrada también por representantes de las organizaciones indígenas. La culminación del primer proceso de consulta a los pueblos indígenas, al amparo del marco legal vigente, y el inicio de la publicación de la base de datos de estos pueblos que, como bien es sabido, constituye un instrumento referencial orientado a que las entidades estatales puedan llevar a cabo los respectivos procesos de consulta, entendidos como espacios de diálogo intercultural, son evidencias de la atención del actual gobierno hacia los pueblos originarios. Esta labor inclusiva no se realiza bajo una perspectiva asimilacionista, ni asistencialista, ni pretende que los pueblos indígenas pierdan su cultura como condición para progresar. Para el gobierno actual es de vital importancia tomar en cuenta la inclusión de la población indígena y su reconocimiento como sujetos de derechos, para hacer de ésta una sociedad igualitaria y justa.

En el marco de estas medidas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, ha elaborado el “Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas”, que tiene por finalidad exponer los principales avances normativos y jurisprudenciales emitidos a nivel nacional e internacional, que valoran y rescatan los derechos de los pueblos originarios del Perú. El Estado peruano, mediante la Constitución y normas ordinarias, ha reconocido el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas y, al mismo tiempo, el respeto de los derechos humanos de sus integrantes. No obstante, también las autoridades comunales se encuentran obligadas a respetar los derechos humanos, especialmente al momento de administrar justicia.

Por lo expuesto, el presente Compendio será de suma utilidad y relevancia nacional al constituir una iniciativa necesaria que presenta los derechos de nuestros pueblos originarios y los nuevos logros que el pensamiento jurídico ha alcanzado en beneficio de nuestros compatriotas. Del mismo modo, afronta con un nuevo rostro la segunda década del siglo XXI brindando insumos útiles para todos aquellos que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas del Perú, fortaleciendo, asimismo, el objetivo nacional por acercar a todos los peruanos de la mano hacia el bicentenario. 7

Finalmente, no quisiera concluir sin antes reafirmar el compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos. La garantía de una democracia constitucional y la firme política de inclusión social que lidera el Gobierno están dando sus frutos y el presente Compendio da muestra de ello. Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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[ PRÓLOGO ] I.- Preliminares La segunda mitad del siglo XX y los comienzos del presente siglo han sido marcados por acontecimientos de gran relevancia a nivel internacional; destaca entre ellos el gran movimiento humanista que resurge después de la segunda guerra mundial, cimentado en la idea de que antes y por encima de los fines estatales, gubernamentales o institucionales está el ser humano, su dignidad y los derechos fundamentales que aseguran el libre desarrollo de sus potencialidades físicas y espirituales.

El humanismo, en el sentido en que ha llegado hasta nuestros días, no consiente diferencias de un ser humano a otro, ni entre grupos sociales existentes dentro de un país determinado, salvo las que por naturaleza nos hacen distintos en color, costumbres o prácticas regionales. El ser humano, más allá de cualquier ideología, es, como lo explicó Immanuel Kant, un fin en sí mismo, apto para allegarse sus medios de subsistencia, pero con el deber de no lesionar el derecho de los demás integrantes del núcleo social, de ahí el objeto y razón de ser del Estado, obligado también a someter su actuación al imperio permanente de la Ley. La corriente humanista ha traído beneficios incalculables para la paz y el desarrollo de la gran mayoría de los Estados que conforman la Comunidad Internacional. El respeto a la dignidad humana, la práctica incesante de los derechos esenciales del hombre, son la conditio sine qua non para el perfeccionamiento del ser más importante que habita en la tierra, el ser humano.

Por razones de dicha índole existen en diferentes partes del mundo grupos sociales que aún no tienen acceso a los beneficios que devienen del desarrollo económico y social que han alcanzado los países dentro de los cuales subsisten. Me refiero a los pueblos indígenas, en especial a los que existen en nuestro país. Desde el siglo XVI, los pueblos indígenas no habían figurado como sujetos del Derecho internacional; la conquista y la colonización que soportaron los sumergió en el olvido, la pobreza, la discriminación, la explotación y otras prácticas abyectas que por siglos han padecido. Prejuiciosamente, quizá con la intención de justificar la marginación que dichos pueblos han resistido con estoicismo, se ha dicho con insistencia que la miseria, el atraso tecnológico y los bajos niveles de vida de los pueblos indígenas se deben a causas internas de los propios pueblos, tales como la falta de organización, la ignorancia, el desinterés o alguna causa innata de incapacidad que les impide el progreso personal o de grupo.

Los derechos de los pueblos indígenas han sido estudiados con interés cada vez más creciente en las últimas cinco décadas. Fue la Organización Internacional del

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Trabajo la que en 1957 adopta, a través de la Conferencia General, el “Convenio 107, sobre poblaciones indígenas y tribales”. En 1965, la Organización de las Naciones Unidas realizó la “Convención Internacional Racial”; en 1966 se adoptan también por Naciones Unidas los Pactos Internacionales sobre “Derechos Civiles y Políticos”, y de “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; en 1982 se forma en la ONU el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo revisa el Convenio 107 a través del “Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 1989”, mejor conocido como Convenio 169, aprobado en su septuagésima sexta conferencia, celebrada el 27 de junio de ese mismo año, estando en vigor desde 1991. La importancia de este último Convenio, por su influencia en la cultura jurídica peruana, nos induce a comentar el respeto a las culturas, formas de vida y de organizaciones e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, se les debe permitir, o en su caso solicitar y hasta promover, su participación efectiva en las decisiones que les afecten o puedan afectar y el establecimiento de instrumentos y mecanismos jurídicos adecuados y procedimientos para el cumplimiento del Convenio conforme las particulares circunstancias de cada país. Es a partir de ello, que el Estado y el gobierno viene desarrollando políticas sociales sin precedentes hacia los sectores que estuvieron mucho tiempo olvidados.

No obstante, existen tareas pendientes frente a los pueblos indígenas, como fortalecer sus derechos a la salud y a la educación, así como eliminar los posibles ataques a sus territorios.

Nuestra Constitución Política, reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del Perú, como elemento esencial de la peruanidad. Se reconoce el derecho fundamental de los pueblos a su identidad étnica y cultural, así como la diversidad de éstos, que implica que el Estado Democrático y social de Derecho se encuentra compelido a respetar, promover y reafirmar las manifestaciones culturales y costumbres que integran la Nación peruana.

Siguiendo estos objetivos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la línea de fortalecer la política pública en educación legal, ha elaborado el “Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas”, que contiene las principales normas que reconocen los derechos de los pueblos originarios.

De esta forma, se pretende eliminar una idea preconcebida: asumir que las leyes peruanas nunca han tomado en cuenta la situación de las zonas rurales. No obstante, es necesario acotar que las normas peruanas han venido regulando diversos aspectos de la vida de los pueblos originarios. Podemos citar la Ley de 10

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Reforma Agraria, la Ley de Comunidades Nativas y la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas que tuvieron un impacto en las poblaciones rurales.

Asimismo, se encuentran también las normas internacionales y nacionales que regulan la protección y reconocimiento jurídico brindado a nuestros pueblos originarios, así como a las comunidades campesinas, nativas, pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, rondas campesinas, al igual que las más importantes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, así como un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, los cuales reconocen y protegen sus derechos. La elaboración de este compendio supone reconocer que en el Perú problemas como la discriminación y el racismo han conducido a que el término “indígena” genere todavía una polémica que no se presenta en otros países latinoamericanos. La expresión indígena todavía es vinculada al atraso, la falta de educación y la ignorancia, no valorando su cosmovisión, su aporte en la construcción de nuestra Nación, o más aún a su derecho a la igualdad. El actual gobierno optó por incluir la expresión “pueblos indígenas” en una norma fundamental para el reconocimiento de nuestros pueblos, la Ley de consulta previa, para garantizar que todas las medidas que pueden afectar los intereses de las poblaciones indígenas puedan serles consultadas. Recientemente, se llevo a cabo la primera consulta en la región de Loreto y esperamos que, al concluir esta gestión estatal, la consulta a los pueblos indígenas sea una práctica institucionalizada.

Si bien existen posiciones que propugnan que lo mejor para estas poblaciones es su integración al resto de la sociedad peruana, se debe tener presente, del mismo modo, que un contacto poco preparado puede generar daños irreparables para la vida y la salud de nuestros connacionales. Por ello, la actual gestión del gobierno está realizando todo lo posible para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de los estragos y amenazas que pueden afectarlos, como la tala ilegal o la minería informal que pueden afectar sus zonas reservadas.

Probablemente, nunca antes en la historia nacional el Estado se han encontrado tan cerca de los pueblos indígenas, pero de ninguna forma se debe tener una mirada triunfalista, asumiendo que es inminente que desaparezcan la pobreza y el abandono de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas y nativas; por tal motivo, el Estado considera como una de sus metas más importantes el desarrollo sostenible de estas poblaciones. La mejora en sus condiciones de vida debe considerarse como uno de los principales indicadores del desarrollo para nuestro país. II.- Estructura del compendio

El Compendio cuenta con dos secciones, la primera referida a la normativa sobre la protección y los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y

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nativas y la segunda, enfocada al avance jurisprudencial sobre la materia. La primera sección cuenta a su vez con dos títulos, el primero de ellos, denominado marco normativo internacional, desarrolla en su primer capítulo la normativa universal que considera lo estipulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y, el segundo capítulo, que destaca la normativa interamericana a partir de lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo título, denominado marco normativo nacional, cuenta con dos capítulos, el primero referido al marco normativo general que desarrolla lo establecido por la Constitución Política del Perú, el Código Civil, Código Penal, Código de los niños y adolescentes, Código Procesal Civil, Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Penal; y, el segundo, que destaca un interesante marco normativo por materia, el mismo que presenta once temas de suma trascendencia: (i) las comunidades campesinas; (ii) las comunidades nativas; (iii) la protección de pueblos indígenas en estado de aislamiento; (iv) la consulta previa; (v) administración de justicia; (vi) la salud; (vii) la educación; (viii) el uso y aprovechamiento de recursos naturales; (ix) la identidad étnica y cultural; (x) la preservación de las lenguas originarias; (xi) la participación política; y, (xii) la inversión. Por su parte, la segunda sección desarrolla en su título primero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que destaca: (i) el caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua; (ii) el caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala; (iii) el caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname; (iv) el caso Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay; (v) el caso Yatama vs. Nicaragua; (vi) el caso comunidad indígenas Sawhoyamaxa vs. Paraguay; (vii) el caso Escué Zapata vs. Colombia; (viii) el caso del pueblo Saramaka vs. Suriname; (ix) el caso Tiu Tojín vs. Guatemala; (x) el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala; (xi) el caso Kichway de Sarayaku vs. Ecuador; (xii) el caso comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay; (xiii) el caso de Inés Fernández Ortega y otros vs. México; (xiv) el caso Rosendo Cantú y otra vs. México; (xv) el caso Masacres de Rio Negro vs. Guatemala.

Asimismo, el título segundo desarrolla dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano las sentencias recaídas en (i) el expediente Nº 03343-2007PA/TC, referido al caso Cordillera Escalera; (ii) el expediente Nº 04611-2007-PA/ TC, referido al reclamo de la comunidad Sawawo Hito 40 contra un periódico local; (iii) el expediente N° 05427-2009-PC/TC, referido al cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT; (iv) el expediente Nº 0022-2009-PI/TC, que cuestiona el Decreto Legislativo Nº 1089; (v) el expediente Nº 06316-2008-PA/TC, referido al pedido de la asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana (AIDESEP) relativo a los Lotes 67 y 39 ubicados en el departamento de Loreto; (vi) el expediente Nº 01126-

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2011-HC/TC, referido a la vulneración de los derechos de la Comunidad Nativa Tres Islas; así como el Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116 emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República en el marco del V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias, referido a las rondas campesinas y el derecho penal. Finalmente, el Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas será de suma trascendencia y relevancia nacional, ya que fortalece los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas mediante el conocimiento de las normas y jurisprudencia aplicables a la materia. Mg. José Avila Herrera Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

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[ INTRODUCCIÓN ] La numerosa población indígena que existe en el Perú constituye una característica que nos revela claramente la pluriculturalidad y la diversidad de nuestro país. Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda realizado en el 2007 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se calcula que existen más de cuatro millones de personas indígenas en el Perú1. Asimismo, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) reportó en el 2010 que en el Perú existían 4’101,591 indígenas, en base a criterios etnolingüísticos, así como también dio cuenta de la existencia en el territorio nacional de 77 etnias y 68 lenguas pertenecientes a 16 familias lingüísticas, en su mayoría amazónicas2.

La población indígena peruana se encuentra agrupada en comunidades campesinas y nativas, las cuales cuentan con prácticas, tradiciones y costumbres propias, así como también mantienen una estrecha relación con las tierras que habitan desde tiempos ancestrales. Esta diversidad étnica, cultural y lingüística existente en nuestro territorio, así como los desafíos y oportunidades que dicha realidad plantea, han sido abordados por la legislación peruana a partir de la segunda década del siglo XX. En tal sentido, los esfuerzos por parte del Estado peruano para perfeccionar y complementar la regulación sobre esta materia continúan hasta la fecha.

En el caso de las comunidades campesinas, ubicadas principalmente en la costa y en la sierra del Perú, si bien sus antecedentes pueden ser encontrados en el ayllu prehispánico o en las reducciones establecidas en el Virreinato, es con la Constitución Política de 1920 que por primera vez son reconocidas por el Estado peruano bajo el nombre de comunidades de indígenas y se declara la imprescriptibilidad de sus bienes. Más de una década después, la Constitución Política de 1933 declaró que las tierras de propiedad de las comunidades de indígenas era imprescriptible, inenajenable e inembargable y comprometió al Estado “a dictar la legislación civil, penal, económica, educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indígenas exige”. Posteriormente, en el año 1979 se aprobó una nueva Constitución Política, la cual realizó la distinción entre comunidades campesinas y nativas y reconoció su autonomía en materia de organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco legal. También comprometió al Estado a respetar y proteger las tradiciones de las mencionadas comunidades y a promover su desarrollo integral. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 1979, en 1987 se emitió la Ley N° 24656, Ley General de [1]

De este total aproximado de población indígena, el 83.11% son quechuas, el 10.92% son aimaras, el 1.67% son asháninkas y el 4.31% son miembros de pueblos indígenas son amazónicos (Fuente: INEI. XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007). Cabe mencionar que este censo arrojó como resultado que la población peruana era de 28’220,764 habitantes.

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Fuente: INDEPA. Propuesta de Mapa Etnolingüístico, 2010.

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Comunidades Campesinas3, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 008-91-TR en 19914.

Por otro lado, en el caso de las comunidades nativas, ubicadas en las zonas de selva y ceja de selva del Perú, la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva de 19745, aprobada por el Decreto Ley Nº 20653, estableció por primera vez que los indígenas de la selva peruana tuvieran títulos de propiedad que les permitieran enfrentar la colonización. No obstante este Decreto Ley no reconoció a los pueblos indígenas amazónicos como sujetos de derechos, debido a que en la década de 1970 carecían de una autoridad centralizada o una organización permanente con las cuales se pudiera negociar y otorgarle la administración de un territorio extenso. Posteriormente, en 1978 se emitió el Decreto Ley N° 22175, el cual contiene disposiciones específicas respecto de la propiedad de las comunidades nativas sobre sus tierras6.

Actualmente, la Constitución Política de 19937, en su Artículo 89°, establece la imprescriptibilidad y la libre disposición de las tierras comunales sin mencionar las garantías de inalienabilidad e inembargabilidad reconocidas en las constituciones anteriores, las cuales, no obstante, han sido plasmadas en otras normas con rango de ley8. Este mismo Artículo 89° establece que el Estado debe respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Por otro lado, cabe destacar también el Artículo 149º de la Constitución Política vigente, el cual reconoce a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas la facultad de administrar justicia, siempre que no vulneren los derechos humanos.

La evolución normativa que ha venido experimentando el ordenamiento jurídico peruano en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no solamente se puede apreciar en los artículos constitucionales antes citados, sino también en un amplio conjunto de normas específicas con rango legal e infralegal, así como en disposiciones ubicadas en códigos, leyes, reglamentos y otras normas de alcance general que aluden a la protección especial que deben recibir las personas que pertenecen a las comunidades campesinas y nativas de nuestro país. Esta evolución normativa en el ámbito nacional no puede entenderse a cabalidad sin tomar en cuenta la importante influencia ejercida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos durante la segunda mitad del siglo XX y su propia evolución [3]

Publicada el 14 de abril de 1987 en el diario oficial El Peruano.

[4]

Publicado el 15 de febrero de 1991 en el diario oficial El Peruano.

[5]

Publicado el 24 de junio de 1974 en el diario oficial El Peruano. Derogado por Disposición Final del Decreto Ley N° 22175, publicado el 10 mayo de 1978.

[6]

Publicado el 10 mayo de 1978 en el diario oficial El Peruano.

[7]

Publicada el 30 de diciembre de 1993 en el diario oficial El Peruano.

[8]

A manera de ejemplo, podemos mencionar el literal "n" del Artículo 51° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 18 de noviembre de 2002 en el diario oficial El Peruano

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respecto del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien en la década de 1960 se aprobaron los principales tratados de derechos humanos de alcance universal, fue en 1957 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a solicitud de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó el Convenio Nº 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual constituyó el primer convenio internacional referido específicamente a los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de ello, su enfoque fue objeto de discusión y crítica, lo cual originó que en 1989 se aprobara el Convenio N° 169 de la OIT relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual constituye en la actualidad el principal referente internacional sobre esta materia. Asimismo, en el ámbito internacional han surgido diversas instituciones y programas dedicados específicamente a los pueblos indígenas, y los representantes de estas poblaciones han acudido a los órganos internacionales de protección de derechos humanos para obtener tutela en casos específicos. Conforme lo ha reconocido el Doctor James Anaya, Relator Especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, los representantes de los pueblos indígenas contemporáneos han hecho suyo el discurso internacional de los derechos humanos, a raíz de lo cual han contribuido al desarrollo de este discurso, aportando sus propias perspectivas, y han impulsado la transformación del sistema jurídico e institucional internacional9.

En atención a la evolución normativa nacional e internacional reseñada en los párrafos anteriores, y en concordancia con su función específica de difundir la legislación vigente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha decidido publicar el presente “Compendio Normativo y Jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas”, el cual constituye un esfuerzo por poner a disposición de las entidades del Estado y de la ciudadanía en general una recopilación ordenada y concordada de las normas vigentes de mayor relevancia que regulan los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades nativas en el ámbito internacional, regional y nacional, así como de los pronunciamientos jurisdiccionales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Suprema de Justicia de la República en relación con la protección de los derechos antes citados.

En la Primera sección de este Compendio se han incluido las disposiciones relevantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de tres tratados internacionales ratificados por el Perú en materia de derechos humanos, así como el texto completo del Convenio N° 169 de la OIT relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. [9] ANAYA, James. “La globalización, el derecho internacional y los pueblos indígenas: evolución y perspectivas”. En: BELLO, Álvaro y AYLWIN, José. Globalización, derechos humanos y pueblos indígenas. Temuco: 2008, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, p. 39.

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Seguidamente, el Compendio presenta los artículos relevantes de la Constitución Política del Perú de 1993, así como los de seis códigos y seis leyes que contienen disposiciones específicas referidas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades nativas. A continuación, se puede apreciar un conjunto de normas que regulan doce materias específicas relacionadas con los mencionados derechos. Dichas normas incluyen la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)10; el Reglamento de la Ley N° 29785, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MC11; la Ley N° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial12; la Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas13; la Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural14, entre otras.

En la Segunda sección del Compendio se incluye una selección de jurisprudencia nacional e internacional destacada en materia de pueblos indígenas. En relación con el ámbito regional, se ha considerado pertinente incluir quince sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyos razonamientos han sido muy importantes para precisar el contenido de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos como la propiedad, la identidad cultural y la participación política, entre otros, cuando nos encontramos en un contexto que involucra la presencia de pueblos indígenas.

Asimismo, en esta sección se han reseñado seis sentencias del Tribunal Constitucional referidas a la protección de derechos de los pueblos indígenas, entre las cuales cabe destacar la sentencia del caso Tres Islas, en la región Madre de Dios, de septiembre del 2012, en la que el máximo intérprete constitucional reconoció la autonomía de una comunidad nativa y su derecho a controlar su territorio y regular o prohibir el paso de personas extrañas. Finalmente, se incluye el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ116, publicado el 8 de enero de 2010, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la República fijó criterios para resolver las imputaciones formuladas en sede penal contra integrantes de rondas campesinas por la presunta comisión de delitos en el marco de su actuación como ronderos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 149° de la Constitución Política vigente. En consecuencia, el esfuerzo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para elaborar y publicar el presente Compendio contribuirá a incrementar el [10] Publicada el 7 de setiembre de 2011 en el diario oficial El Peruano.

[11] Publicado el 03 de abril de 2012 en el diario oficial El Peruano, denominado Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). [12] Publicada el 18 de mayo de 2006 en el diario oficial El Peruano. [13] Publicada el 7 de enero de 2003 en el diario oficial El Peruano. [14] Publicada el 16 de agosto de 2002 en el diario oficial El Peruano.

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conocimiento integral de las normas que regulan los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas del Perú, lo cual a su vez favorecerá la adopción de medidas que nos permitan avanzar hacia la plena efectividad de estos derechos en nuestro país. Tommy Deza Sandoval Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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[ GUÍA DEL LECTOR ] Para el correcto uso de la presente edición, el lector deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

La presente edición contiene el “Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas”. El texto de cada artículo es el vigente al momento de la presente publicación.

El texto del articulado es copia fiel del diario oficial El Peruano en lo que respecta a su contenido, incluyendo signos de puntuación y ortografía en general. En cuanto a los instrumentos internacionales de carácter universal y regional, respectivamente, son copia fiel de los textos normativos que se encuentran en las páginas web oficiales de las instituciones que las han elaborado.

Respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, han sido extraídos de la página web oficial de estas instituciones.

Las notas a pie de página se encuentran identificadas con números y hacen referencia a los dispositivos legales que modifican, incorporan, sustituyen o derogan artículos, párrafos e incisos de las normas que comprenden la presente edición, así como a las Fe de Erratas que rectifican el texto de los artículos del compendio.

En la sección denominada “Normas concordadas con el Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas”, se indican las fechas de publicación de los dispositivos legales en el diario oficial El Peruano.

Toda referencia al “Ministerio de Justicia” contenida en la legislación vigente debe ser entendida como efectuada al “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” de conformidad con lo establecido por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29809, publicada el 8 de diciembre de 2011. Las sumillas incorporadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conforme a lo establecido en el Artículo Único de la Ley Nº 25362, publicada el 13 de diciembre de 1991, y que tienen carácter referencial aparecen en la parte

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superior del artículo respectivo. En cambio, las sumillas oficiales aparecen a continuación del número del artículo correspondiente.

La presente edición se encuentra actualizada hasta el 29 de noviembre de 2013.

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El servidor público actúa de acuerdo al siguiente principio: Respeto “Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.” Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley Nº 27815, Art. 6º, inc. 1

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[ Abreviaturas de las Concordancias ] I.

Abreviaturas de las normas internacionales D.U.D.H.

: Declaración Universal de Derechos Humanos

Convenio 169

: Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes

P.I.D.C.P.

C.A.D.H. II.

: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

: Convención Americana de Derechos Humanos

Abreviaturas de las normas nacionales Const.

: Constitución Política del Perú

C.C.

: Código Civil

C.P.

C.P.C. D.L.

D.Leg. D.U.

D.S.

R.M. R.D. R.

: Código Penal

: Código Procesal Civil : Decreto Ley

: Decreto Legislativo

: Decreto de Urgencia : Decreto Supremo

: Resolución Ministerial : Resolución Directoral : Resolución

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

[ Normas concordadas con el Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas ] I.

Normas internacionales - - -

- II.

Declaración Universal de Derechos Humanos (Aprobada el 15.12.1959)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Aprobado el 28.03.1978)

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Aprobado el 02.12.1993) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Aprobada el 11.07.1978)

Normas nacionales -

Constitución Política del Perú (30.12.93) LEYES

- - - - - -

Ley Nº 24656 (14.04.1987) Ley General de Comunidades Campesinas

Ley Nº 26300 (03.05.1994) Ley de los derechos de participación y control ciudadanos

Ley Nº 26821 (26.06.1997) Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Ley Nº 26845 (26.07.1997) Ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa Ley Nº 27037 (30.12.1998) Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía

Ley Nº 27378 (21.12.2000) Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada 29

- - - -

- - -

Ley Nº 28237 (31.05.2004) Código Procesal Constitucional

Ley Nº 28296 (22.07.2004) Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Ley Nº 28611(15.10.2005) Ley General del Ambiente

Ley Nº 28736 (18.05.2006) Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial Ley Nº 28983 (16.03.2007) Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Ley Nº 29735 (05.07.2011) Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú Ley Nº 29824 (03.01.2012) Ley de Justicia de Paz

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

-

Resolución Legislativa Nº 26583 (25.03.1996) Aprueban la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” DECRETOS LEGISLATIVOS

- - - - [1]

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Decreto Legislativo Nº 295 (25.07.84) Código Civil

Decreto Legislativo Nº 346 (06.07.1985) Gobierno Promulga Ley de Política Nacional de Población Decreto Legislativo Nº 635 (08.04.91) Código Penal

Decreto Legislativo Nº 768 (04.03.1992) Código Procesal Civil1

El Código Procesal Civil se promulgó por Decreto Legislativo Nº 768, publicado el diario oficial El Peruano el 4 de marzo de 1992, y mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 1993, se autorizó la publicación del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

DECRETOS LEYES -

-

Decreto Ley Nº 22175 (10.05.1978) Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de las regiones de la Selva y Ceja de Selva

Decreto Ley Nº 25891 (09.12.1992) Transfieren las funciones y actividades comprendidas en la Ley General de Comunidades Campesinas y en la Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de las regiones de Selva y Ceja de Selva. DECRETOS SUPREMOS

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- -

Decreto Supremo Nº 003-79-AA (12.04.79) Reglamento del Decreto Ley Nº 22175, Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de Selva y Ceja de Selva Decreto Supremo Nº 008-91-TR (15.02.1991) Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas

Decreto Supremo Nº 004-92-TR (25.02.1992) Aprueban el Reglamento del Título VII - Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas

Decreto Supremo Nº 02-94-AG (10.01.1994) Precisan el marco funcional que corresponde a las direcciones regionales agrarias en cuanto a las acciones y procedimientos de titulación y deslinde de comunidades campesinas y nativas Decreto Supremo Nº 028-2003-AG (26.07.2003) Declaran superficie ubicada en los departamentos de Cusco y Ucayali como “Reserva territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros” Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM (30.10.2003) Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS (30.12.2003) Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas

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Decreto Supremo Nº 003-2005-AG (13.01.2005) Declaran de interés nacional la Reforestación en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de protección sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea

Decreto Supremo Nº 009-2006-AG (24.02.2006) Reconocen derechos de posesión, uso y usufructo, ancestrales y tradicionales de pueblos originarios vinculados al aprovechamiento sostenible de la totora, los llachos y recursos naturales en los sectores Puno, Ramis y Lago Titicaca Decreto Supremo Nº 015-2006-EM (03.03.2006) Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos

Decreto Supremo Nº 016-2006-AG (05.04.2006) Reglamento de la Ley Nº 28685, Ley que regula la declaración de abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones informales Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM (25.03.2007) Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional

Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA (28.07.2007) Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI

Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES (05.10.2007) Reglamento de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (24.03.2009) Decreto Supremo que crea la Mesa de diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía peruana Decreto Supremo Nº 031-2009-PCM (20.05.2009) Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial que abordará la problemática de pueblos amazónicos Decreto Supremo Nº 018-2009-MINAM (08.09.2009) Reglamento de Uso turístico en áreas naturales protegidas

Decreto Supremo Nº 051-2010-EF (31.01.2010) Reglamento de la Ley Nº 29482, Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

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Decreto Supremo Nº 034-2011-EM (25.06.2011) Dictan disposiciones respecto a las actividades mineras o petroleras de exploración y explotación en el departamento de Puno en el marco del Convenio Nº 169 de la OIT y la Ley Nº 24656 - Ley de Comunidades Campesinas Decreto Supremo Nº 001-2012-MC (03.04.2012) Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Decreto Supremo Nº 011-2012-ED (07.07.2012) Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación

Decreto Supremo Nº 005-2013-MC (20.06.2013) Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS (26.06.2013) Reglamento de la Ley Nº 29824 - Ley de Justicia de Paz RESOLUCIONES MINISTERIALES

Resolución Ministerial Nº 00394-85-AG-DGRA-AR (03.07.1985) Fijan el monto de derecho de reserva a que se refiere el Artículo 71º del Decreto Ley 22175, modificado por D.L. Nº 2

Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM-DM (06.01.2005) Reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades energéticas dentro de los procedimientos administrativos de evaluación de los estudios ambientales Resolución Ministerial Nº 1326-2006-AG (21.10.2006) Aprueban nueva “Guía para elecciones de las directivas comunales en las comunidades campesinas”

Resolución Ministerial Nº 148-2012-MINSA (06.03.2012) Directiva Administrativa Nº 190-MINSA-OGEI-V.01, “Directiva administrativa que establece el procedimiento para el Registro del Certificado de Nacido Vivo” Resolución Ministerial Nº 202-2012-MC (27.05.2012) Directiva Nº 03-2012-MC, “Directiva que regula el funcionamiento de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios”

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-

Resolución Ministerial Nº 375-2012-MC (11.10.2012) Directiva Nº 006-2012-MC, “Procedimiento para el registro de intérpretes de las lenguas indígenas u originarias” RESOLUCIONES VARIAS

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Resolución Defensorial Nº 011-2005-DP (18.05.2005) Aprueban el Informe Defensorial Nº 92, relativo a la protección del patrimonio arqueológico y del medio ambiente

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 126-2011-SUNARP-SN (11.05.2011) Directiva Nº 003-2011-SUNARP/SN, “Directiva que regula la calificación de los actos de saneamiento de posesiones informales ubicados en propiedad de comunidades campesinas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29320 y en el Decreto Supremo Nº 004-2009-VIVIENDA”

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP-SN (19.02.2013) Aprueban el “Reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas” Resolución Del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 122-2013-SUNARP-SN (31.05.2013) Directiva Nº 05-2013-SUNARP-SN, “Directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas”

SECCIÓN PRIMERA NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

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TÍTULO I: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

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CAPITULO I: NORMATIVA UNIVERSAL

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

1. Declaración Universal de Derechos Humanos DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscrita y proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N° 217 A (III).

Aprobada por Perú mediante Resolución Legislativa N° 13282 de 15 de diciembre de 1959, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 1959.

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

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La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. (…)

Artículo 2º.- DERECHOS Y LIBERTADES ESTABLECIDAS EN ESTA DECLARACION PARA TODAS LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE IGUALDAD 1.

(…)

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 7º.- DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA IGUAL PROTECCIÓN Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (…)

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

2. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con su artículo 19

- - -

Los Estados partes en la presente Convención,

Aprobada por Decreto Ley Nº 18969, publicado el 22 de setiembre de 1971. El instrumento de ratificación del 22 de setiembre de 1971 se depositó el 29 de setiembre de 1971.

Vigente para el Perú desde el 29 de octubre de 1971

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional, Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación,

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su forma y dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960

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[resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], ha afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente,

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General], afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana, Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial,

Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado,

Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda la sociedad humana, Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o separación, Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales,

Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960, Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas, Han acordado lo siguiente: 44

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

PARTE I Artículo 1º 1.

2. 3.

4.

En la presente Convención la expresión «discriminación racial» denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular.

Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

Artículo 2º 1.

Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: a)

Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación; 45

b) c)

d)

e)

2.

Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

Artículo 3º Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. Artículo 4º Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de 46

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5º de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas: a)

b)

c)

Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;

Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley; No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

Artículo 5º En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2º de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: a)

b) c)

d)

El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;

El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o instituto;

Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; Otros derechos civiles, en particular: i)

ii)

El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;

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iii)

El derecho a una nacionalidad;

v)

El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;

iv)

vi)

El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; El derecho a heredar;

vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; e)

ix)

El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

i)

El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria;

Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

ii)

iii) iv) v)

vi) f)

El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; El derecho a la vivienda;

El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; El derecho a la educación y la formación profesional;

El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales;

El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.

Artículo 6º Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. 48

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 7º Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención. (…)

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General mediante Resolución N° 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49°.

-

- -

-

Aprobado por Decreto Ley N° 22128 de 28 de marzo de 1978, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de marzo de 1978. Instrumento de adhesión, 12 de abril de 1978. Depositado el 28 de abril de 1978. El instrumento de adhesión fue aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por ser signatario el Perú.

Entrada en vigor para el Perú: 28 de julio de 1978.

PREÁMBULO Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

51

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, Convienen en los artículos siguientes: (…)

PARTE II

Artículo 2º 1.

(…)

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. PARTE III

Artículo 26º Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 27º En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. (…)

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con su artículo 27

-

- -

-

Suscrito por el Perú el 11 de agosto de 1977 y aprobado por Decreto Ley Nº 22129, publicado el 29 de marzo de 1978. El instrumento de adhesión del 12 de abril de 1978 se depositó el 28 de abril de 1978.     Este instrumento de adhesión fue aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por ser signatario el Perú.

Vigente para el Perú desde el 28 de julio de 1978

PREÁMBULO Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, 53

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, Convienen en los artículos siguientes:

PARTE I

(…)

Artículo 2º (…) 2.

(…)

54

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

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5. Convenio Nº 169 OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes CONVENIO Nº 169 OIT RELATIVO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES1

Adoptado en Ginebra, Suiza, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su 76ª reunión CIT, del 27 de junio de 1989.

Entró en vigencia el 5 de setiembre de 1991

-

- - -

Aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26253 del 2 de diciembre de 1993, publicada el 5 de diciembre de 1993. Depositario: Director General de la OIT

El instrumento de Ratificación del 17 de enero de 1994 se depositó el 2 de febrero de 1994. Fecha de entrada en vigencia para el Perú: 2 de febrero de 1995.

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación; [1]

Véase, además, Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica - Una Guía sobre el Convenio Nº 169 de la OIT. OIT: Ginebra, 2009. Disponible en: http://www.ilo.org

55

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales; Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989: PARTE I POLÍTICA GENERAL

Artículo 1º 1.

56

El presente Convenio se aplica: a)

a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la

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b)

2. 3.

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2º 1.

2.

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas: a)

b) c) Artículo 3º 1.

que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las

57

2.

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4º 1.

2. 3.

Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5º Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a)

b) c) Artículo 6º 1.

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deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a)

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

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b)

c) 2.

establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7º 1.

2.

3.

4.

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

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Artículo 8º 1. 2.

3.

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9º 1.

2.

En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10º 1. 2.

Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11º La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12º Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos

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puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. PARTE II TIERRAS

Artículo 13º 1.

2.

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

La utilización del término “tierras” en los artículos 15º y 16º deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14º 1.

2.

3.

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15º 1.

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

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2.

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16º 1. 2.

3. 4.

5.

62

A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

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Artículo 17º 1. 2. 3.

Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18º La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19º Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a)

b)

la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. PARTE III CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO

Artículo 20º 1.

Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 63

2.

Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: a)

b) c)

d) 3.

a)

c) d)

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remuneración igual por trabajo de igual valor;

asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

b)

4.

acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

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PARTE IV FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUSTRIAS RURALES Artículo 21º Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. Artículo 22º 1. 2.

3.

Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23º 1.

2.

La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

65

PARTE V SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD Artículo 24º Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. Artículo 25º 1.

2.

3.

4.

Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. PARTE VI EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 26º Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Artículo 27º 1.

66

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

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2.

3.

La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28º 1.

2. 3.

Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29º Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. Artículo 30º 1.

2.

Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

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Artículo 31º Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. PARTE VII CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVES DE LAS FRONTERAS Artículo 32º Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. PARTE VIII ADMINISTRACIÓN Artículo 33º 1.

2.

La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. Tales programas deberán incluir: a)

b)

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la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;

la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

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PARTE IX DISPOSICIONES GENERALES Artículo 34º La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. Artículo 35º La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. PARTE X DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36º Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

Artículo 37º Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Artículo 38º 1. 2. 3.

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39º 1.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 69

2.

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40º 1.

2.

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41º El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102º de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 42º Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 43º 1.

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: a)

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la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39º, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

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b) 2.

a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 44º Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

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6. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas* DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS* La Asamblea General, Tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 29 de junio de 2006, en la que el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 20062, en la que decidió aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fin de disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió también concluir su examen de la Declaración antes de que terminase el sexagésimo primer período de sesiones, Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que figura en el anexo de la presente resolución.

107a. sesión plenaria 13 de septiembre de 2007

Anexo DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS La Asamblea General, Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta, Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

[*]

[2]

Esta Declaración no constituye por sí misma un instrumento internacional jurídicamente vinculante para los Estados. Véase: Documentos oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento Nº 53 (A/61/53), primera parte, cap. II, secc. A.

73

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses, Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados, Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades, Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo, Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño, 74

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés, responsabilidad y carácter internacional,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones que representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena4 afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional, Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe, Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados, Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera,

Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, [3]

Véase la Resolución Nº 2200 A (XXI), anexo.

[4]

A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.

75

Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varia según las regiones y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:

Artículo 1º Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas5, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de derechos humanos.

Articulo 2º Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3º Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4º Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5º Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Artículo 6º Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. Artículo 7º 1) [5]

76

Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Resolución Nº 217 A (III).

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2)

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8º 1) 2)

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; a)

b) c)

d)

Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;

Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; Toda forma de asimilación o integración forzada;

Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9º Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10º Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. Artículo 11º 1)

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas,

77

2)

como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14º 1) 2) 3) 78

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven

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fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15º 1) 2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16º 1) 2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17º 1) 2)

3)

Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

79

Artículo 18º Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Artículo 19º Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Artículo 20º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22º 1) 2)

80

Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

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Artículo 23º Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Artículo 24º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.

Artículo 25º Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Artículo 26º 1) 2)

3)

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

81

Artículo 27º Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. Artículo 28º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29º 1)

2) 3)

Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia de pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30º 1) 82

No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público

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2)

pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31º 1)

2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32º 1) 2)

3)

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

83

Artículo 33º 1) 2)

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 34º Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 35º Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. Artículo 36º 1)

2)

Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37º 1)

2)

84

Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

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Artículo 38º Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 39º Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40º Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 41º Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan. Artículo 42º Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración. Artículo 43º Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44º Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

85

Artículo 45º Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. Artículo 46º 1)

2)

3)

86

Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe.

CAPITULO II: NORMATIVA REGIONAL

88

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1. Convención Americana sobre Derechos Humanos CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

Entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la Convención.

- -

Aprobada por Decreto Ley N° 22231 de 11 de julio de 1978, publicado el 12 de julio de 1978. Entrada en vigor para el Perú: 28 de julio de 1978.

PREÁMBULO Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y 89

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, Han convenido en lo siguiente:

PARTE I DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS CAPÍTULO I ENUMERACIÓN DE DEBERES

Artículo 1º.- Obligación de Respetar los Derechos 1.

2.

(…)

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. CAPÍTULO II DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

(…)

Artículo 8º.- Garantías Judiciales (…) 2.

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a)

(…) 90

derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 13º.- Libertad de Pensamiento y de Expresión (…) 5.

(…)

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

91

92

TÍTULO II: MARCO NORMATIVO NACIONAL

94

CAPITULO I: MARCO NORMATIVO GENERAL

96

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Sub Capítulo I Constitución Política del Perú

97

98

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1. Constitución Política del Perú PREÁMBULO El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU6 7 (Publicada el 30 de diciembre de 1993)

CONCORDANCIA:

Ley Nº 28237

TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD CAPÍTULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA (…)

Derechos fundamentales de la persona Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 1.

A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

CONCORDANCIAS:

D.U.D.H., Artículo 3º C.C., Artículo 1º D.Leg. 346, Art. IV, núm. 1 R.M. Nº 148-2012-MINSA

2.

A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

[6]

La Constitución Política del Perú se promulgó el 29 de diciembre de 1993 y se publicó en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1993.

[7]

Respecto al tema que aborda el presente Compendio es importante tener en cuenta, el “II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, 2007” elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Disponible en: http://www.inei.gob.pe/

99

CONCORDANCIAS: D.U.D.H., Artículo 7º R.Leg. Nº 26583 Ley Nº 28983 (…)

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. CONCORDANCIA: (…)

D.U.D.H., Artículo 20º

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.

CONCORDANCIAS:

(…)

D.U.D.H., Artículo 21º R.M. Nº 535-2004-MEM-DM Ley Nº 26300

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. CONCORDANCIAS:

(…)

100

D.U.D.H., Artículo 12º P.I.D.C.P., Artículo 27º Convenio 169, Artículo 1º y 2º, literal b) Ley Nº 28736

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS (…)

Política Nacional de Salud Artículo 9º.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. (…)

Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria Artículo 17º.(…)

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.

(…)

CONCORDANCIAS: D.U.D.H., Artículo 26º P.I.D.C.P., Artículo 13º, inciso 2, literales a), b) y c) Convenio 169, Artículo 7º, inciso 2º, y 26º CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES

(…)

Participación ciudadana en asuntos públicos Artículo 31º.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

101

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.8

(…)

CONCORDANCIA:

Ley Nº 26300

TÍTULO II DEL ESTADO Y LA NACIÓN CAPÍTULO I DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

(…)

Idiomas oficiales Artículo 48º.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

(…) [8]



102

CONCORDANCIAS:

P.I.D.C.P., Artículo 27º Convenio 169, Artículo 12º C.P.C., T.P. Artículo VI, 130º, inciso 7 Ley Nº 29735

Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005. Texto anterior a la modificación: “Participación ciudadana en asuntos públicos Artículo 31º.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.

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TÍTULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO (…)

CAPÍTULO II DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

CONCORDANCIAS:

Ley Nº 28611 D.S. Nº 015-2006-EM

Recursos Naturales Artículo 66º.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

CONCORDANCIAS:

Ley Nº 26821 D.S. Nº 003-2005-AG

Política Ambiental Artículo 67º.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 085-2003-PCM R. Def. Nº 011-2005-DP

Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas Artículo 68º.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

CONCORDANCIAS:

Ley Nº 27037 R.J. Nº 090-2005-INRENA D.S. Nº 018-2009-MINAM

Desarrollo de la Amazonía Artículo 69º.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. (…)

CONCORDANCIA:

Ley Nº 27037

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CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS Régimen Agrario Artículo 88º.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Comunidades Campesinas y Nativas Artículo 89º.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. CONCORDANCIAS: (…)

(…)

Convenio 169, Artículos 2º (inciso 2, literal b), 13º, 14º y 17º C.C., Artículos 134º y 136º

TÍTULO IV DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPITULO VIII PODER JUDICIAL

Principios de la Administración de Justicia Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por

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órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)

Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas Artículo 149º.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. CONCORDANCIAS: P.I.D.C.P., Artículo 2º Convenio 169, Artículo 8º Ley Nº 28983, Artículo 7º Ley Nº 29824, Artículo 60º CAPÍTULO XIV DE LA DESCENTRALIZACIÓN9

(…)

Artículo 191º.(…)

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.10 (…) [9]

Capítulo modificado por la Ley Nº 27680, publicada el 7 de marzo de 2002. Capítulo anterior a la modificación: “De la descentralización, las regiones y las municipalidades”.

[10] Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28607, publicada el 4 de octubre de 2005. Textos anteriores a la modificación: “Artículo 191º.- Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la ley”. (*) (*) Artículo modificado por la Ley Nº 27680, publicada el 7 de marzo de 2002, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 191º.(…) La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”.

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Sub Capítulo II Códigos

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1. Código Civil CÓDIGO CIVIL11 DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 (Publicado el 25 de julio de 1984) (…) (…)

LIBRO I DERECHO DE LAS PERSONAS

SECCIÓN CUARTA COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS TÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Noción y fines de las Comunidades Campesinas y Nativas Artículo 134º.- Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Están reguladas por legislación especial. CONCORDANCIAS:

Const., Artículo 89º C.C., Artículos 76º-79 y 2024º, inc.5) Ley Nº 24656 D. Ley Nº 22175 D. Ley Nº 25891 D.S. Nº 008-91-TR R. Nº 126-2011-SUNARP-SA

Existencia jurídica de las comunidades Artículo 135º.- Para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial. [11] El Código Civil se promulgó el 24 de julio de 1984 y se publicó en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 1984, no obstante de conformidad con el Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 295, entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984.

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CONCORDANCIAS:

C.C., Artículos 77º, 144º, 2024º, inc. 5), 2026º y 2036º C.P.C., Artículos 17º y 18º Ley Nº 24656

Carácter de las tierras de las comunidades Artículo 136º.- Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú. Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad. CONCORDANCIAS:

Const., Artículo 89º Convenio 169, Artículo 14º C.C., Artículos 77º, 923º y 925º Ley Nº 26845

Estatuto de las comunidades Artículo 137º.- El Poder Ejecutivo regula el estatuto de las comunidades, el cual consagra su autonomía económica y administrativa, así como los derechos y obligaciones de sus miembros y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, organización y funcionamiento. CONCORDANCIAS:

Ley Nº 24656 R. Nº 122-2013-SUNARP-SN

Asamblea General Artículo 138º.- La asamblea general es el órgano supremo de las comunidades. Los directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente, mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio. CONCORDANCIAS:

C.C., Artículo 84º Ley Nº 24656 R. Nº 122-2013-SUNARP-SN

Padrón y catastro de las comunidades Artículo 139º.- Las comunidades tienen un padrón general actualizado con el nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de los que ejerzan cargos directivos o representación. Las comunidades tienen, asimismo, un catastro en el que constan los bienes que integran su patrimonio. 110

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En el padrón general y en el catastro constan también los demás datos que señale la legislación especial. (…)

CONCORDANCIAS:



C.P.C., Artículos 57º y 58º Ley Nº 24656, Artículos 11º y 20º, inc. c) R. Nº 126-2011-SUNARP-SN

LIBRO III DERECHO DE FAMILIA (…)

SECCIÓN SEGUNDA SOCIEDAD CONYUGAL TÍTULO I EL MATRIMONIO COMO ACTO

(…)

CAPÍTULO TERCERO CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

(…)

Celebración del matrimonio en comunidades campesinas y nativas Artículo 262º.- El matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las comunidades campesinas y nativas, ante un comité especial constituído por la autoridad educativa e integrado por los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva comunidad. La presidencia del comité recae en uno de los directivos de mayor jerarquía de la comunidad. CONCORDANCIAS: (…)

D.U.D.H., Artículo 16º P.I.D.C.P., Artículo 23º Const., Artículos 89º y 149º C.C., Artículos 134º- 139º

111

LIBRO IX REGISTROS PÚBLICOS (…)

TÍTULO III REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Libros que conforman el Registro de Personas Jurídicas Artículo 2024º.- Este registro consta de los siguientes libros: (…)

5.- (…)

De comunidades campesinas y nativas. CONCORDANCIA: 2025º

C.C., Artículos 76º-81º, 99º-100º, 111º, 134º y

CONCORDANCIAS:

Const. Artículo 89º C.C., Artículos 134º-139º

Personas jurídicas regidas por leyes especiales Artículo 2026º.- La inscripción de las comunidades campesinas y nativas, cooperativas, empresas de propiedad social y demás personas jurídicas regidas por leyes especiales, se efectúa a solicitud de éstas.

(…)

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2. Código Penal CÓDIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 63512

(…)

(Publicado el 8 de abril de 1991) LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

(…)

TÍTULO II: DEL HECHO PUNIBLE CAPÍTULO I BASES DE LA PUNIBILIDAD

(…)

Error de comprensión culturalmente condicionado Artículo 15º.- El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuída, se atenuará la pena.

(…)

(…) (…)

CONCORDANCIAS:

Convenio 169, Artículos 5º y 8º, incisos 1 y 2 Const., Artículo 2º, incisos 2º, 19º, 89º y 149º C.P., Artículos 45º, num. 2, 46º y 124º TÍTULO III DE LAS PENAS

CAPÍTULO II APLICACIÓN DE LA PENA

[12] Mediante el Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 635, publicado el 8 de abril de 1991, se promulgó el Código Penal.

113

Artículo 45º.- Presupuestos para fundamentar y determinar la pena El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta: (…) 2.

(…)

(…)

(…)

Su cultura y sus costumbres; y,13 CONCORDANCIA:

Const., Artículos 2º (incisos 19º, 89º) y 139º, inc. 8 y Artículo 149º

TÍTULO V DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO VIII USURPACIÓN

Artículo 202º.- Usurpación Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: 1. 2. 3. 4.

El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.

El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.

El que ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes y tengan derecho a oponerse.

[13] Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 30076, publicada el 19 de agosto de 2013. Texto anterior a la modificación: “Presupuestos para fundamentar y determinar la pena Artículo 45º.- El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en cuenta: (…) 2. Su cultura y sus costumbres; y (…)”.

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La violencia a la que se hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes.14

(…)

CONCORDANCIAS:

D.H.D.H., Artículo 17º C.A.D.H., Artículo 21º Const., Artículos 2º, inciso 16º, y 70º C.C., Artículos 896º, 905º, 920º, 924, 1026º y 1027º

Artículo 204º.- Formas agravadas de usurpación La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, cuando la usurpación se comete: (…) 4.

(…)

Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por la entidad competente.15

CONCORDANCIAS:

Convenio 169, Artículos 14º, 17º, inc. 3, y 18º Const., Artículos 2º, inciso 9, 20º, 24º y 89º

TÍTULO XIII DELITOS AMBIENTALES CAPÍTULO I DELITOS DE CONTAMINACIÓN

(…) [14] Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 30076, publicada el 19 de agosto de 2013. Texto anterior a la modificación: “Usurpación Artículo 202º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años: 1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. 2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble”. [15] Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 30076, publicada el 19 de agosto de 2013. Texto anterior a la modificación: Artículo 204º.- Formas agravadas de usurpación La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis cuando: (…) 5. Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o de comunidades campesinas o nativas. (…)”.

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Artículo 307º-A.- Delito de minería ilegal Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.16

Artículo 307º-B.- Formas agravadas La pena será no menor de ocho años ni mayor de diez años y con trescientos a mil días multa, cuando el delito previsto en el anterior artículo se comete en cualquiera de los siguientes supuestos: (…) 2.

(…)

En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades nativas, campesinas o indígenas.17

Artículo 307º-C.- Delito de financiamiento de la minería ilegal El que financia la comisión de los delitos previstos en los artículos 307º-A o sus formas agravadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de doce años y con cien a seiscientos días-multa.18

(…)

Artículo 307º-F.- Inhabilitación El agente de los delitos previstos en los artículos 307º-A, 307º-B, 307º-C, 307º-D y 307º-E, será además sancionado, de conformidad con el artículo 36º, inciso 4, con la pena de inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras, de labor general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos, así como para su comercialización, por un periodo igual al de la pena principal.19 [16] Artículo incorporado por el Artículo Primero del Decreto Legislativo Nº 1102, publicado el 29 de febrero de 2012; no obstante de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto se estableció su vigencia a los quince días de su publicación. [17] Ídem. [18] Ídem. [19] Ídem.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

CAPÍTULO II DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Artículo 308º.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa.

Artículo 308º-A.- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegidas Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa, el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies acuáticas de la flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 1. 2.

Sin un permiso, licencia o certificado válido.

En épocas, cantidades, talla o zonas que son prohibidas o vedadas.

Artículo 308º-B.- Extracción ilegal de especies acuáticas El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies sin contar con el respectivo permiso o exceda el límite de captura por embarcación, asignado por la autoridad administrativa competente y la ley de la materia, o lo hace excediendo el mismo o utiliza explosivos, medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años. CONCORDANCIA: Const., Artículos 66º-69º Artículo 308º-C.- Depredación de flora y fauna silvestre protegida El que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces o especímenes de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, sin contar con la concesión, permiso, licencia o autorización u otra modalidad de aprovechamiento o extracción, otorgada por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con cincuenta a cuatrocientos días-multa. CONCORDANCIA:

Const., Artículos 66º-69º

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Artículo 308º-D.- Tráfico ilegal de recursos genéticos El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa.

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las dirige u organiza. Artículo 309º.- Formas agravadas En los casos previstos en los artículos 308º, 308º-A, 308º-B y 308º-C, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete años cuando el delito se cometa bajo cualquiera de los siguientes supuestos: (…) 2.

Cuando los especímenes, productos o recursos genéticos materia del ilícito penal, provienen de las reservas intangibles de comunidades nativas o campesinas o pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial, según corresponda.

Artículo 310º.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones.20 CONCORDANCIA:

Const., Artículos 66º-69º

Artículo 310º-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables El que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las dirige u organiza.

Está fuera del supuesto previsto en el primer párrafo, el que realiza los hechos previstos en el presente artículo, si sus acciones estuvieron basadas en una diligencia [20] El presente Artículo entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 de conformidad con la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29263, publicada el 2 de octubre de 2008.

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razonable y en información o documentos expedidos por la autoridad competente, aunque estos sean posteriormente declarados nulos o inválidos.21

Artículo 310º-B.- Obstrucción de procedimiento El que obstruye, impide o traba una investigación, verificación, supervisión o auditoría, en relación con la extracción, transporte, transformación, venta, exportación, reexportación o importación de especímenes de flora y/o de fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años. La pena será privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años para el que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia, en el ejercicio de sus funciones, en relación con actividades de extracción y la venta de productos o especímenes forestales maderables.22

Artículo 310º-C.- Formas agravadas En los casos previstos en los artículos 310º, 310º-A y 310º-B, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de ocho años, bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 1.

(…)

Si se comete el delito al interior de tierras de comunidades nativas o campesinas o pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesiones forestales y áreas de conservación privadas debidamente reconocidas por la autoridad competente. 23 TÍTULO XIV-A DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

(…)

CAPÍTULO I GENOCIDIO

Genocidio - Modalidades Artículo 319º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 1.

Matanza de miembros del grupo.

[21] Ídem. [22] Ídem. [23] Ídem.

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2.

Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo.

4.

Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

3.

Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial.

5.

Transferencia forzada de niños a otro grupo. CONCORDANCIAS:

(…)

Const., Artículos 1, 2º (incisos 1-3, 19, 22, 24 literal h), 37º y 56º Ley Nº 27378, Artículo 1º, num. 3)

CAPÍTULO IV DISCRIMINACIÓN24

DISCRIMINACIÓN Artículo 323º.- El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36º.La misma pena privativa de libertad se impondrá si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental.25 CONCORDANCIA:

(…)



Const., Artículos 1º, 2º (incisos 1, 2, 19 y 24, literal h), 6º, 28º, 37º y 56º

[24] Capítulo IV incorporado por el Artículo 1º de la Ley Nº 27270, publicada el 29 de mayo de 2000. [25] Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28867, publicada el 9 de agosto de 2006. Texto anterior a la modificación: “Discriminación de personas Artículo 323º.- El que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas. Si el agente es funcionario público la pena será prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas e inhabilitación por tres años, conforme al inciso 2) del Artículo 36º”.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

3. Código de los Niños y Adolescentes CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES26 LEY Nº 27337 (Publicada el 7 de agosto de 2000)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

(…) (…)

“CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES” TÍTULO PRELIMINAR

(…)

Artículo VII.- Fuentes.En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable.

Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades

[26] Véase, también, Estado de la niñez indígena en el Perú. UNICEF: Lima, 2010. Disponible en: http://www. unicef.org/lac/Estado_de_la_Ninez_Indigena_190810(1).pdf

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nativas o indígenas, se observará, además de este Código y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las normas de orden público. (…)

(…)

LIBRO PRIMERO DERECHOS Y LIBERTADES

CAPÍTULO II DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 15º.- A la educación básica.El Estado garantiza que la educación básica comprenda: (…) d) e) (…)

El respeto a los padres, a la propia identidad cultural, al idioma, a los valores nacionales y los valores de los pueblos y culturas distintas de las propias;

La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de solidaridad, comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos, amistad entre los pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos; LIBRO TERCERO INSTITUCIONES FAMILIARES

TITULO I LA FAMILIA Y LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES (...)

CAPÍTULO IV ALIMENTOS

(...)

Artículo 96º.- Competencia.El Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Será también competente el Juez de Paz, a elección del demandante, respecto de demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. Cuando el entroncamiento familiar no esté acreditado de manera indubitable el Juez de Paz puede promover una conciliación si ambas partes se allanan a su competencia.

Es competente para conocer estos procesos en segundo grado el Juez de Familia, en los casos que hayan sido de conocimiento del Juez de Paz Letrado y este último en los casos que hayan sido conocidos por el Juez de Paz.

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4. Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil TEXTO UNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 010-93-JUS

(...)

(Publicada el 23 de abril de 1993) SECCION SEGUNDA SUJETOS DEL PROCESO TITULO I ÓRGANOS JUDICIALES Y SUS AUXILIARES Capítulo I Juzgados y Cortes

(...)

Órganos judiciales en el área civil Artículo 49º.- La justicia civil es ejercida por los Jueces de Paz, de Paz Letrados, Civiles, de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema. (...)

(...)

SECCION QUINTA PROCESOS CONTENCIOSOS

TITULO III PROCESO SUMARISIMO Capítulo I Disposiciones Generales

(...)

Competencia.Artículo 547º.(...) 125

En el caso del inciso 7) del Artículo 546º27, cuando la pretensión sea hasta diez unidades de referencia procesal, es competente el Juez de Paz; cuando supere ese monto, el Juez de Paz Letrado. CONCORDANCIA: (...)

LJP., Art. 16º, inc 2

[27] El inciso 7 del Artículo 546º del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil dispone los siguiente: “Procedencia Artículo 546.- Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: (...) 7. aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Unidades de Referencia Procesal; y”

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5. Código Procesal Penal CÓDIGO PROCESAL PENAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 95728

(…)

(…)

(Publicado el 29 de julio de 2004) LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN III LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA TÍTULO I LA JURISDICCIÓN

Artículo 16º Potestad jurisdiccional.- La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por: (…) 5.

Los Juzgados de Paz Letrados, con las excepciones previstas por la Ley para los Juzgados de Paz.

Artículo 18º Límites de la jurisdicción penal ordinaria.- La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: (…) 3.

(…)

De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149º de la Constitución.

[28] Mediante el Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 957, publicado el 29 de julio de 2004, se promulgó el Código Procesal Penal. De conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 957, el presente Código Procesal Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según el Calendario Oficial aprobado mediante Decreto Supremo. Conforme a lo señalado en el Decreto Supremo Nº 019-2012-JUS, a la fecha se encuentra pendiente su entrada en vigencia en los distritos judiciales de Apurimac, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Callao, Lima norte, Lima Sur y Lima.

127

LIBRO QUINTO LOS PROCESOS ESPECIALES (...)

SECCIÓN VII EL PROCESO POR FALTAS

(...)

Artículo 482º Competencia.(...) 2.

Excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz. Las respectivas Cortes Superiores fijarán anualmente los Juzgados de Paz que pueden conocer de los procesos por faltas.

CONCORDANCIA: (...)

128

Ley Nº 29824 – Ley de Justicia de Paz

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6.

Código Procesal Constitucional CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL LEY Nº 28237 (Publicada el 31 de mayo de 2004)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: (...)

TÍTULO II PROCESO DE HÁBEAS CORPUS CAPÍTULO II Procedimiento

(...)

Artículo 29º.- Competencia del Juez de Paz Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su sede el Juzgado donde se interpuso la demanda este dictará orden perentoria e inmediata para que el Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación. (...)

129

130

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Sub Capítulo III Leyes

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1. Ley Orgánica del Registro Identificación y Estado Civil

Nacional

de

LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL LEY Nº 26497 (Publicada el 12 de julio de 1995)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso Constituyente Democrático, ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO Ha dado la ley siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

(…)

TÍTULO II DE LAS FUNCIONES

(…)

Artículo 8º.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mantiene estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades: (…) e)

(…)

Comunidades campesinas y nativas reconocidas;

133

TÍTULO VI DE LAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO (…)

Artículo 51º.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puede excepcionalmente disponer, cuando las circunstancias así lo justifiquen, que, en el caso de lugares de difícil acceso como son los centros poblados alejados y en zonas de frontera, zonas de selva y ceja de selva, y comunidades campesinas y nativas que cuentan con oficinas de registro civil previamente autorizadas, la inscripción de los nacimientos ordinarios se realice en dichas localidades en un plazo de noventa (90) días calendario de ocurrido el alumbramiento.29

(…)

[29] Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 29462, publicada el 28 de noviembre de 2009. Texto anterior a la modificación: “Artículo 51º.- Excepcionalmente, en los lugares de difícil acceso a los centros poblados que poseen registros civiles, tales como zonas fronterizas, regiones de selva y ceja de selva y comunidades campesinas y nativas, la inscripción extraordinaria a que se refiere el Artículo 47º podrá ser efectuada por las guarniciones militares de frontera o por los misioneros debidamente autorizados por la Dirección Nacional, dando cuenta a la oficina registral que corresponda”.

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2. Ley de Bases de la Descentralización LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN LEY Nº 2778330 (Publicada el 20 de julio de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN

(…)

TÍTULO II FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

(…)

CAPÍTULO III OBJETIVOS

Artículo 6º.- Objetivos La descentralización cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes objetivos: (…)

OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL: (…)

[30] De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15 de marzo de 2008, en tanto no concluya el proceso de transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales para la administración y disposición de los predios estatales conforme a la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) continuará ejerciendo dichas funciones conforme a la normatividad vigente.

135

c) (…)

136

Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación.

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3. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY Nº 27867 (Publicada el 18 de noviembre de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES (…)

Artículo 8º.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios: (…) 4.

(…)

Inclusión.- El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación.

137

TÍTULO IV FUNCIONES (…)

CAPÍTULO II FUNCIONES ESPECÍFICAS

Artículo 51º.- Funciones en materia agraria (…)

n)

(…)

Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Artículo 60º.- Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades (…) g)

(…)

138

Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción.

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4. Ley Orgánica de Municipalidades

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 (Publicada el 27 de mayo de 2003)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

(…)

TÍTULO V LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

(…)

CAPÍTULO II LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

(…)

ARTÍCULO 82º.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: (…)

20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana. (…)

139

140

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5. Ley General del Ambiente LEY GENERAL DEL AMBIENTE LEY Nº 28611 (Publicada el 15 de octubre de 2005)

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

(…)

(…)

TÍTULO I POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 2 POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

(…)

Artículo 11º.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación de las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos: (…) d.

(…)

El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así como la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas.

141

TÍTULO II DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL (…)

CAPÍTULO 3 POBLACIÓN Y AMBIENTE

(…)

Artículo 70º.- De los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas En el diseño y aplicación de la política ambiental y, en particular, en el proceso de ordenamiento territorial ambiental, se deben salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas reconocidas31 en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Las autoridades públicas promueven su participación e integración en la gestión del ambiente. CONCORDANCIA:

(…)

D.S. Nº 009-2006-AG

Artículo 72º.- Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas 72.1

72.2

72.3

Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, económica ni a sus valores tradicionales.

En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la legislación pertinente. De conformidad con la ley, los pueblos indígenas y las comunidades nativas y campesinas, pueden beneficiarse de los recursos de libre acceso para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales. Asimismo, tienen derecho preferente para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de sus tierras, debidamente tituladas, salvo reserva del

[31] En el diario oficial El Peruano dice: “reconocidas”, debiendo decir: “reconocidos”.

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Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros, en cuyo caso tienen derecho a una participación justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse del aprovechamiento de dichos recursos.

CONCORDANCIA: (…)

D.S. Nº 009-2006-AG

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6. Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY Nº 29763 (Publicada el 22 de julio de 2011)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE TÍTULO PRELIMINAR

(…)

Artículo II. Principios generales Son principios generales aplicables a la gestión forestal y de fauna silvestre -además de los principios, derechos, deberes y disposiciones aprobados en la Constitución Política del Perú, el Acuerdo Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás tratados internacionales- los siguientes: 1.

Gobernanza forestal y de fauna silvestre El principio de gobernanza forestal y de fauna silvestre conduce a la armonización de las políticas y al fortalecimiento de la institucionalidad, normas, procedimientos, herramientas e información del sector forestal y de fauna silvestre, de manera que sea posible la participación efectiva, descentralizada, integrada, informada y equitativa de los diversos actores públicos y privados en la toma de decisiones, acceso a beneficios, manejo de conflictos, construcción de consensos y responsabilidades claramente definidas en la gestión, seguridad jurídica y transparencia. Es deber del Estado impulsar y fomentar esta gobernanza.

145

2.

3.

4.

Participación en la gestión forestal Este principio otorga a toda persona el derecho y el deber de participar responsablemente en los procesos para la toma de decisiones respecto a la definición, aplicación y seguimiento de las políticas, gestión y medidas relativas a los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno.

Se busca garantizar la participación efectiva de todos los actores interesados, incluyendo a las comunidades nativas y campesinas, tanto a nivel individual como colectivo. Consulta previa libre e informada La aplicación de la presente Ley respeta el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa libre e informada con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de la medida propuesta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otras normas vigentes, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional sobre la materia.

5.

Equidad e inclusión social Por este principio, el Estado garantiza condiciones equitativas de acceso a los recursos, las oportunidades de desarrollo y la distribución de beneficios para todos los actores, con enfoque de género, a través del diseño y aplicación de las políticas públicas forestales que contribuyan a erradicar la pobreza, reducir las inequidades sociales y económicas y al desarrollo humano sostenible de las poblaciones menos favorecidas.

6.

Se reconocen los conocimientos tradicionales en el manejo y uso de los recursos forestales y de fauna silvestre y de la biodiversidad.

146

Interculturalidad, conocimientos tradicionales y cosmovisión La gestión sobre el bosque y sus recursos se desarrolla en el marco del reconocimiento, respeto y valoración de la presencia e interacción de las diversas culturas, dentro de su cosmovisión, así como la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.

Enfoque ecosistémico La gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación se rige por el enfoque ecosistémico en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entendido como una estrategia para el manejo integrado de las tierras, aguas y recursos vivos que promueve la conservación y uso sostenible en un modo equitativo. Busca comprender y gestionar los ecosistemas forestales y otros

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ecosistemas de vegetación silvestre, considerando los factores ambientales, ecológicos, económicos, socioculturales, la cosmovisión indígena y el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica.

(…)

Se reconoce la importancia de los ecosistemas silvestres como espacio de vida, hábitat de la fauna y fuente de agua, así como por su contribución a la seguridad alimentaria.

12. Integración con otros marcos normativos Las normas relativas a otros recursos naturales o actividades económicas o de cualquier índole que pudiesen afectar directa o indirectamente la integridad, conservación y seguridad del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación se rigen y concuerdan con la legislación vigente en esta materia, incluyendo el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT.

(…)

La implementación de la presente Ley, su reglamento y cualquier otra medida relacionada cumplen con las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales de los que el país es parte y están en vigor.

147

148

CAPITULO II: MARCO NORMATIVO POR MATERIAS CAPÍTULO II MARCO NORMATIVO POR MATERIAS

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1 Comunidades Campesinas

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1.1. Ley General de Comunidades Campesinas LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS LEY Nº 2465632 (Publicada el 14 de abril de 1987)

CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 008-91-TR Ley Nº 26845 R.M. Nº 104-2001-PROMUDEH C.C., Libro I, Secciones Primera y Cuarta D.S. Nº 027-2007-PCM D.S. Nº 034-2011-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERU Ha dado la ley siguiente:

LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas. En consecuencia el Estado: a)

Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades Campesinas;

[32] De conformidad con el Artículo Primero de la Ley Nº 25891, publicada el 9 de diciembre de 1992, se transfiere las funciones y actividades comprendidas en la presente Ley a las Direcciones Regionales Agrarias y a la Unidad Agraria Departamental Lima - Callao.

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b) c) d)

Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participación de los comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal, regulado por un derecho consuetudinario autóctono; Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, multinacionales y otras formas asociativas libremente constituidas por la Comunidad; y,

Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. Propicia el desarrollo de su identidad cultural.

Artículo 2º.- Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Constituyen Anexos de la Comunidad, los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio comunal y reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad. Artículo 3º.- Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen por los principios siguientes: a)

Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;

c)

Participación plena en la vida comunal;

b) d) e)

Defensa de los intereses comunes;

Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros; y,

La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales. TÍTULO II FUNCIONES

Artículo 4º.- Las Comunidades Campesinas son competentes para: a)

154

b)

Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e industrial, promoviendo la participación de los comuneros;

Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros;

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c) d) e) f) g)

h) i)

Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y los destinados a uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros; Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal;

Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y familiares que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio;

Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de apoyo a la producción y otros, que requieran sus miembros; Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas;

Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones que les son propias e, Las demás que señale el Estatuto de la Comunidad. TÍTULO III DE LOS COMUNEROS

Artículo 5º.- Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los hijos de comuneros y las personas integradas a la Comunidad. Para ser “comunero calificado” se requieren los siguientes requisitos: a)

Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;

c)

No pertenecer a otra Comunidad;

b) d) e)

Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad; Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,

Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad.

Se considera comunero integrado: a)

b)

Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad; y, Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido y sea aceptado por la Comunidad.

155

En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta.

Artículo 6º.- Todos los comuneros tienen derecho a hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad en la forma que establezca su Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General. Los comuneros calificados tienen además, el derecho a elegir y ser elegidos para cargos propios de la comunidad y a participar con voz y voto en las Asambleas Generales. Son obligaciones de los comuneros cumplir con las normas establecidas en la presente ley y en el estatuto de la Comunidad, desempeñando los cargos y comisiones que se les encomiende y acatar los acuerdos de sus órganos de gobierno. TÍTULO IV DEL TERRITORIO COMUNAL

Artículo 7º.- Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado. El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha Comunidad.

Artículo 8º.- Las Comunidades Campesinas pueden ceder el uso de sus tierras a favor de sus unidades de producción empresarial, manteniendo la integridad territorial comunal. Artículo 9º.- Las Comunidades Campesinas que carezcan de tierras o las tengan en cantidad insuficiente, tienen prioridad para la adjudicación de las tierras colindantes que hayan revertido al dominio del Estado por abandono.

Artículo 10º.- Las Comunidades Campesinas tienen preferencia para adquirir las tierras colindantes en caso de venta o dación en pago. El propietario que deseare transferirlas, deberá ofrecerlas previamente a la Comunidad, mediante aviso notarial, la que tendrá un plazo de sesenta días para ejercer su derecho. Si no se diera dicho aviso, la Comunidad tendrá derecho de retracto con preferencia a los demás casos que señale el Artículo 1599º del Código Civil.

156

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CAPÍTULO I RÉGIMEN DE TENENCIA Y USO DE LA TIERRA Artículo 11º.- Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. Cada Comunidad lleva un padrón de uso de tierras donde se registran las parcelas familiares y sus usuarios. Cada Comunidad Campesina determina el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar o mixta. Artículo 12º.- Las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por comuneros calificados, en extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea General de cada Comunidad Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras y dentro del plazo que señala el Reglamento.

Artículo 13º.- Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la Asamblea General de la Comunidad determina la cantidad máxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado que puede pastar en ellas, así como la destinada al establecimiento de unidades de producción comunal. Artículo 14º.- La extinción de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que tomará posesión de la parcela.

La Comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas en forma directa por los comuneros, así como las que exceden a la extensión fijada por la Asamblea General previo pago de las mejoras necesarias hechas en ellas. Artículo 15º.- La explotación de las concesiones mineras que se les otorgue a las Comunidades Campesinas, así como las actividades que realicen para el aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otras que se encuentran en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y reglamentos que norman la materia, tendrán prioridad en el apoyo y protección del Estado. En caso de que la Comunidad Campesina no esté en condiciones de explotar directamente cualesquiera de estos recursos, en la forma a que se refiere el acápite anterior, podrá constituir empresas con terceros, en las que su participación estará de acuerdo con el volumen de la producción, el uso de los recursos o de cualquier otra forma consensual que guarde justa proporción con sus aportes. TÍTULO V RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 16º.- Son órganos de gobierno de la Comunidad Campesina: 157

a)

La Asamblea General;

c)

Los Comités Especializados por actividad y Anexo.

b)

La Directiva Comunal; y

CAPÍTULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17º.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Comunidad. Sus directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones que establece el Estatuto de cada Comunidad. Artículo 18º.- Son atribuciones de la Asamblea General: a)

Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto de la Comunidad;

c)

Solicitar la adjudicación de tierras conforme a la legislación vigente sobre la materia, así como a autorizar las adquisiciones de tierras a título oneroso y las transacciones y conciliaciones sobre tierras que pretenda la Comunidad;

b)

d) e) f)

g) h)

158

Elegir y remover por causales previstas como falta grave en el Estatuto de la Comunidad, a los miembros de la Directiva Comunal y de los Comités Especializados con representación proporcional de las minorías, y a los delegados de la Comunidad ante la Asamblea Regional que le corresponda, con representación minoritaria;

Declarar la extinción de la posesión de las parcelas familiares conducidas por los comuneros en los casos que señala el artículo 14º de la presente ley; Aprobar el Presupuesto Anual de la Comunidad y el Balance General del Ejercicio que someta a su consideración la Directiva Comunal, con el informe de un Comité Especializado; Acordar la Constitución de Empresas Comunales;

Acordar la participación de la Comunidad como socia de Empresas Multinacionales y de otras empresas del Sector Público y/o asociativo, así como el retiro de la Comunidad de estas empresas; Autorizar las solicitudes de créditos y la celebración de contrato de endeudamiento con la banca y entidades financieras nacionales y extranjeras;

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

i) j) k) l)

ll)

m)

Aprobar las solicitudes de integración de nuevos comuneros a la Comunidad, con el voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados; Ejercer las demás atribuciones de su competencia, previstas en la presente ley, en el Estatuto de la Comunidad, así como las facultades que expresamente le confieren otras normas legales;

Constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24571; Elegir al Comité Electoral;

Elegir al Agente Municipal; y,

Proponer candidatos a la autoridad competente para los nombramientos de Jueces de Paz no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador en su jurisdicción. CAPÍTULO II DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Artículo 19º.- La Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y administración de la Comunidad; esta constituida por un Presidente, Vicepresidente y cuatro Directivos como mínimo. CONCORDANCIA:

R.M. Nº 1326-2006-AG

Artículo 20º.- Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal se requiere; a)

Gozar del derecho de sufragio;

c)

Estar inscrito en el Padrón Comunal;

b) d) e)

Ser comunero calificado;

Dominio del idioma nativo, predominante de la Comunidad; y,

Encontrarse hábil de conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la Comunidad.

Los miembros de la Directiva Comunal, serán elegidos por un período máximo de dos años y pueden ser reelegidos por un período igual. Artículo 21º.- Los miembros de la Directiva Comunal son responsables individualmente de los actos violatorios de la presente ley y del Estatuto de la

159

Comunidad, practicados en el ejercicio de su cargo; y solidariamente por las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que salven expresamente su voto, lo que debe constar en acta. TÍTULO VI DEL TRABAJO COMUNAL

Artículo 22º.- El trabajo que los comuneros aportan con su libre consentimiento, en beneficio de la Comunidad, se considera como la unión de esfuerzos dirigidos al logro del desarrollo integral de la misma. Por tanto, no genera necesariamente retribución salarial y no es objeto de un contrato de trabajo. Se efectuará voluntariamente a cambio de los beneficios que señale el Estatuto. TÍTULO VII RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I DEL PATRIMONIO COMUNAL CONCORDANCIA:

D.S. Nº 004-92-TR

Artículo 23º.- Son bienes de las Comunidades Campesinas: a)

b) c)

d) e) f) g)

El territorio comunal cuyo dominio ejercen así como las tierras rústicas y urbanas que se les adjudiquen o adquieran por cualquier título; Los pastos naturales;

Los inmuebles, las edificaciones, instalaciones y obras construidas, adquiridas o sostenidas por la Comunidad dentro y fuera de su territorio; Las maquinarias, equipos, herramientas, implementos, muebles, enseres y semovientes y, en general, cualquier otro bien que posean a título privado;

Los muebles y semovientes abandonados o de dueño no conocido que se encuentren dentro de su territorio; Los legados y donaciones a su favor, salvo que ellos sean expresamente otorgados por gastos específicos; y, Todo lo que puedan adquirir en las formas permitidas por la ley.

Artículo 24º.- Son rentas de la Comunidad Campesina: a)

160

Las transferencias que reciban del Tesoro Público;

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b) c)

d) e) f)

g) h)

Los beneficios generados por las empresas de su propiedad o en las que tenga participación; La participación a que se refiere el artículo 15º de la presente ley;

Los ingresos provenientes de las ventas de los frutos de las tierras trabajadas en común;

Los intereses que obtengan por la imposición de sus capitales en entidades del sistema financiero nacional; Los beneficios que obtengan de la venta de bienes muebles o semovientes;

Los ingresos por operaciones diferentes a los señalados en los incisos anteriores; y, Las cuotas que eroguen los comuneros, por disposición estatutaria o por acuerdo de la Asamblea General. CAPÍTULO II DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Artículo 25º.- Las Comunidades Campesinas ejercen su actividad empresarial bajo la modalidad siguiente: a)

Empresas Comunales;

c)

Participando como socias en empresas del Sector Público, Asociativo o Privado.

b)

Empresas Multicomunales; y,

Artículo 26º.- Las empresas Comunales son las propias Comunidades Campesinas, que utilizando su personería jurídica organizan y administran sus actividades económicas en forma empresarial, mediante la generación de unidades productivas de bienes y servicios comunales, para asegurar el bienestar de sus miembros y contribuir al desarrollo de la comunidad en su conjunto. El Reglamento determinará su régimen de organización y funcionamiento.

Artículo 27º.- Las Empresas Multicomunales son personas jurídicas de derecho privado, de responsabilidad limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa de las Comunidades socias. Son autónomas en lo económico y administrativo. Se constituyen para desarrollar actividades económicas de producción, distribución, transformación, industrialización, comercialización y consumo de bienes y servicios requeridos por las necesidades del desarrollo comunal.

161

El Reglamento determina su régimen de organización y funcionamiento, régimen económico-financiero, laboral y de participación de los trabajadores, distribución de utilidades y disolución y liquidación de estas empresas.

La constitución de una Empresa Multicomunal y todo acto que la modifique será acordado en Asamblea General que celebren los delegados de las comunidades socias. Estas Empresas tienen existencia legal desde el momento de su inscripción en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. La sola presentación de las copias certificadas por Notario Público o por Juez de Paz, del acta de constitución serán títulos suficientes para su inscripción registral. TÍTULO VIII RÉGIMEN PROMOCIONAL

Artículo 28º.- Las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales, las Empresas Multicomunales y otras formas asociativas están inafectas de todo impuesto directo creado o por crearse que grave la propiedad o tenencia de la tierra, así como del impuesto a la renta, salvo que por ley específica en materia tributaria se las incluya expresamente como sujetos pasivos del tributo. Están, asimismo, exoneradas del pago de todos los derechos que por concepto de inscripción y otros actos cobren los Registros Públicos y cualquier otro órgano del Sector Público Nacional.

Artículo 29º.- En todo caso, las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos tributarios, apoyo financiero y demás medidas promocionales establecidas a favor de personas jurídicas de los otros sectores, por razón de sus actividades, por su ubicación geográfica, o por cualquier otra causa o motivación, se extienden, automática y necesariamente, en provecho de las Comunidades Campesinas y de las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas. Artículo 30º.- Las importaciones de bienes de capital como maquinarias, equipos, herramientas, así como los insumos, envases y otros bienes, que efectúen las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas para el desarrollo de sus actividades productivas, están exoneradas del pago de impuestos, derecho de importación, tasas y tributos, siempre que no compitan con la industria nacional. Las maquinarias, equipos, herramientas, insumos, envases y otros, de manufactura nacional, que adquieren las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales y otras formas asociativas, estarán exonerados de todo impuesto. 162

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Las importaciones a las que se hace referencia en el presente artículo, deberán ser racionalizadas, buscando que se evite una excesiva diversificación y dispersión en el parque de maquinarias, equipos y herramientas destinados a las Comunidades. EL INDEC promoverá esta racionalización en acuerdo con las organizaciones representativas de las Comunidades Campesinas. Están también libres de todo impuesto las donaciones y legados.

Artículo 31º.- La Banca Estatal y otras instituciones financieras del Estado, están obligadas a otorgar a las Comunidades Campesinas, Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, préstamos ordinarios o créditos supervisados, con la máxima prioridad y facilidades, en cuanto se refiere a las condiciones de monto, plazo, ganancias e intereses, con simplificación de requisitos y abreviación de trámites. Artículo 32º.- Las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, gozan de prioridad y preferencia en los trámites administrativos y de las demás facilidades que fueren necesarias para viabilizar la oportuna exportación de sus productos, sin perjuicio de los convenios de comercio que celebre el Estado. Artículo 33º.- Las empresas públicas y otros organismos del Sector Público legalmente autorizados para controlar o realizar exportaciones por cuenta ajena, otorgarán a las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, la primera y preferente prioridad en la colocación de los productos de éstas, en los mercados del exterior.

Artículo 34º.- Las donaciones y cualquier otra liberalidad, en dinero u otros bienes que efectúen personas naturales o jurídicas en favor de las Comunidades Campesinas, son deducibles como gasto hasta por el doble de su importe, en la determinación de la renta neta imponible de cualquier categoría, para los efectos del Impuesto a la Renta. Dichas donaciones están exentas de todo impuesto. Artículo 35º.- Las entidades de Sector Público deberán, en cuanto sea de su competencia, conceder a las Comunidades Campesinas, así como a sus Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, facilidades para la industrialización, transporte y comercialización de sus productos, mediante la instalación de depósitos, silos y cámaras de refrigeración para el almacenamiento, u otros medios que contribuyan al fomento de la producción y productividad.

Igualmente, promoverán el aprovechamiento prioritario por las Comunidades Campesinas de los recursos naturales existentes en el territorio comunal. 163

Artículo 36º.- El Sector Público promueve y apoya proyectos de ampliación de la frontera agrícola de las Comunidades Campesinas a través de la ejecución de: a)

Obras de recuperación de andenes;

c)

Colonización planificada de la selva y ceja de selva;

b) d) e)

Pequeñas y medianas irrigaciones e hidroeléctricas; Reestructuración y redistribución de tierras de las unidades productivas, principalmente en la sierra; y, Programas de conservación y recuperación de tierras perdidas por la deforestación, salinidad, erosión, huaicos y otros.

Artículo 37º.- El Sector Público propiciará el desarrollo de la ganadería en el interior de las Comunidades Campesinas, mediante la introducción de nuevas tecnologías en el manejo de los pastos, nuevas variedades de pastos y el mejoramiento del ganado camélido sudamericano, vacuno, ovino y otros. Artículo 38º.- El Poder Ejecutivo promocionará y estimulará la producción artesanal de las comunidades campesinas.

Artículo 39º.- Créase el Certificado de Exportación Artesanal de Comunidades Campesinas el que será reglamentado por decreto supremo. TÍTULO IX DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE COMUNIDADES CAMPESINASINDEC Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO COMUNAL FONDEC

Artículos 40º a 44º.- DEROGADOS33 [33] Artículos derogados por el Artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 563, publicado el 5 de abril de 1990. Decreto que posteriormente se derogó por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29158, publicada el 20 de diciembre de 2007. No formando parte del ordenamiento jurídico vigente, conforme el Artículo 1º de la Ley Nº 29477, publicada el 18 de diciembre de 2009, vigente a los noventa días calendarios de la publicación de la citada Ley. Textos anteriores a la derogación: “Artículo 40º.- Créase el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas - INDEC, como organismo público descentralizado multisectorial del Ministerio de la Presidencia con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica y administrativa. Artículo 41º.- El INDEC es el organismo promotor del desarrollo integral de las Comunidades Campesinas y tiene las funciones siguientes: a) Formular la política nacional de desarrollo de las Comunidades; b) Planificar y programar, a nivel nacional y regional, las actividades de desarrollo integral de las Comunidades; c) Canalizar los recursos financieros destinados al desarrollo de las Comunidades; d) Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, capacitación y asistencia técnica y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de las Comunidades; e) Promover y asesorar el funcionamiento de las Comunidades;

164

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TÍTULO X DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS Primera.- Las Comunidades Campesinas elaborarán su propio Estatuto, que regirá su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del marco de la presente Ley y su Reglamento.

Segunda.- Las Comunidades Campesinas inscritas conforme a normas anteriores a la presente Ley, mantienen su personería jurídica, y su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos se efectúa de oficio. Tercera.- El régimen de propiedad rural de las Comunidades Campesinas queda sujeto, en lo que no se oponga a la presente Ley, a lo establecido en el Decreto Ley Nº 17716.

Cuarta.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa días. Quinta.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos ochentisiete. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO Presidente del Senado

FERNANDO LEÓN DE VIVERO Presidente de la Cámara de Diputados f) g)

Coordinar con los Gobiernos Regionales; y, Elaborar el Registro Nacional de las Comunidades Campesinas y de sus integrantes, manteniéndolo actualizado

Artículo 42º.- La estructura orgánica y funcional del INDEC, así como las atribuciones y jurisdicciones de sus órganos, se establecerán por Decreto Supremo, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley. Artículo 43º.- Los organismos del Estado coordinarán con el INDEC las acciones que realicen en las Comunidades. Artículo 44º.- Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Comunal - FONDEC, para prestar apoyo financiero al desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. Son recursos del FONDEC: a) Los aportes del Tesoro Público; b) Las donaciones y legados que se hagan a su favor; c) Los provenientes de la cooperación técnica y financiera internacional; y, d) Los que cada Comunidad Campesina aporte de sus ingresos propios, por acuerdo de su Asamblea General. La administración, funcionamiento y operaciones del FONDEC se regulan por decreto supremo. El Directorio del FONDEC está conformado mayoritariamente por los delegados de las entidades representativas de las Comunidades a nivel nacional, elegidos por ellas para ese fin”.

165

RAÚL ACOSTA RENGIFO Senador Secretario

JOFFRE FERNÁNDEZ VALDIVIESO Diputado Secretario

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los trece días del mes de abril de mil novecientos ochentisiete. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República

JOSÉ MURGIA ZANNIER Ministro de Transportes y Comunicaciones Encargado de Cartera de Transportes y Comunicaciones REMIGIO MORALES BERMUDEZ Ministro de Agricultura

NICANOR MUJICA ALVAREZ CALDERÓN Ministro de la Presidencia CARLOS BLANCAS BUSTAMANTE Ministro de Justicia

MANUEL ROMERO CARO Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración

166

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1.1.1. Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS DECRETO SUPREMO Nº 008-91-TR (Publicado el 15 de febrero de 1991)

CONCORDANCIAS:

Ley 24656 D.S. Nº 004-92-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de Abril de 1987 se promulgó la Ley Nº 24656 Ley General de Comunidades Campesinas, en la que se dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará dicha Ley; Que, por la amplitud, complejidad y heterogeneidad de la realidad comunal, es conveniente reglamentar la referida Ley, parcial y progresivamente, por lo que es necesario establecer que la palabra Reglamento tiene en todo caso, la siguiente significación: “REGLAMENTO O REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS”;

Que, el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas - INDEC, organismo público descentralizado del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ha elaborado y propuesto el Reglamento que norma la personería jurídica de las Comunidades Campesinas, el Título III De los Comuneros y el Título V Régimen Administrativo, considerados en la mencionada Ley; De conformidad con lo prescrito en el número 11), del Artículo 211º de la Constitución Política del Perú; DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento que norma la personería jurídica de las Comunidades Campesinas y los Títulos III y V de la Ley General de Comunidades Campesinas, y que consta de los Títulos, Capítulos y Artículos: TÍTULO PRIMERO

TÍTULO SEGUNDO

: Disposiciones Generales; Art. 1º.: De la Personería Jurídica.

167



Capítulo I

: De la Resolución de Inscripción; Art. 2º al 9º.-

Capítulo III

: De la Inscripción como Comunidad Campesina de otras Organizaciones; Art. 13º al 20º.-

Capítulo II

TÍTULO TERCERO Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III Capítulo IV TÍTULO CUARTO Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III Capítulo IV Capítulo V

Capítulo VI

TÍTULO QUINTO TÍTULO SEXTO

: De la Fusión de Comunidades; Art. 10º al 12º.-

: De los Comuneros.

: De la condición de Comunero y de Comunero Calificado; Art. 21º al 23º.: Del Padrón Comunal; Art. 24º.-

: Derechos y obligaciones de los Comuneros; Art. del 25º al 30º.-

: De los Estímulos, Sanciones y Pérdida de la Condición de Comunero Calificado; Art. 31º al 36º.-

: Del Régimen Administrativo; Art. 37º.-

: De la Asamblea General; Art. 38º al 47º.-

: De la Directiva Comunal; Art. 48º al 61º.-

: De las Funciones de los Miembros de la Directiva Comunal; Art. 62º al 68º.: De los Comités Especializados; Art. 69º al 73º.-

: De la Administración de los anexos; Art.74º al 77º.: De las Elecciones; Art. 78º al 91º.-

: Disposiciones Especiales; Primera, Segunda y Tercera. : Disposiciones Transitorias; Primera y Segunda.

Artículo 2º.- Deróguese el D.S. Nº 076-89-MIPRE y todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

168

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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de Febrero de mil novecientos noventiuno. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA, Ministro de Trabajo y Promoción Social.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- El presente Reglamento norma la personería jurídica de las Comunidades Campesinas, el Título III - De los Comuneros y el Título V - Régimen Administrativo, considerados en la Ley General de Comunidades Campesinas. Los sucesivos Reglamentos que se dicten, tendrán en su estructura de Títulos y Artículos la numeración correlativa al Reglamento que le preceda. TÍTULO II DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

CAPÍTULO I DE LA RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Artículo 2º.- Para formalizar su personería jurídica, la Comunidad Campesina será inscrita por resolución administrativa del órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional correspondiente. En mérito a dicha resolución, se inscribirá en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente. La inscripción implica el reconocimiento tácito de la Comunidad. Artículo 3º.- Para la inscripción de la Comunidad se requiere: a.

b. c.

Constituir un grupo de familias, según lo establecido en el Art. 2º de la Ley General de Comunidades Campesinas; Tener la aprobación de por lo menos los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General; y Encontrarse en posesión de su territorio.

169

Artículo 4º.- El Presidente de la Directiva Comunal, en representación de la Comunidad, presentará solicitud, al órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional, acompañando los siguientes documentos: a.

Copias legalizadas, por Notario o Juez de Paz de la localidad, de las siguientes actas de Asamblea General donde: - -

b. c.

-

Se acuerda solicitar su inscripción como Comunidad Campesina, precisando el nombre; Se aprueba el Estatuto de la Comunidad; y Se elige a la Directiva Comunal.

Censo de población y otros datos según formularios proporcionados por el INDEC; y Croquis del territorio comunal con indicación de linderos y colindantes.

Artículo 5º.- El órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional dispondrá: a.

b. c.

La publicación de la solicitud de inscripción de la Comunidad y el croquis de su territorio, mediante avisos o carteles que se colocará en la sede de la Comunidad y en el local del Concejo Distrital correspondiente. La obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio comunal, otorgado por el órgano competente en materia de propiedad y tenencia de tierras rústicas del Gobierno Regional o por la mayoría de sus colindantes; y Una inspección ocular para la verificación de los datos proporcionados por la Comunidad Campesina, evacuando el respectivo informe, con opinión sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción de la Comunidad.

Artículo 6º.- Cualquier persona natural o jurídica con legítimo interés, podrá plantear observaciones, dentro del término de quince días de efectuada la publicación a que se refiere el artículo anterior, observación que se tramitará y resolverá conjuntamente con el principal. Artículo 7º.- Dictada la resolución de inscripción oficial, el órgano correspondiente del Gobierno Regional, procederá dentro del plazo de diez días, a notificar a las partes interesadas. Notificada que sea la resolución, si en el plazo de 15 días, no se planteara impugnación, dicha resolución se dará por consentida, procediéndose a la inscripción de la Comunidad en el Registro Regional de Comunidades Campesinas. 170

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 8º.- En caso de presentarse impugnación a la resolución de inscripción de la Comunidad, la absolución del grado corresponde en última y definitiva instancia al Presidente del Consejo Regional. Artículo 9º.- Inscrita la Comunidad en el Registro Regional de Comunidades Campesinas, el órgano correspondiente del Gobierno Regional, otorgará al Presidente de la Directiva Comunal, copia certificada de la resolución de inscripción y los datos de su inscripción, a fin de que prosigan su trámite ante la Oficina Registral, de conformidad con lo estipulado en el Art. 2026º del Código Civil. CAPÍTULO II DE LA FUSIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Artículo 10º.- Dos o más Comunidades Campesinas inscritas oficialmente podrán fusionarse constituyendo una nueva Comunidad, por acuerdo de la Asamblea General de cada una de ellas, convocadas especialmente para el efecto y que cuenten con el voto conforme de por lo menos dos tercios de sus comuneros calificados. Artículo 11º.- Los comuneros calificados de cada una de las Comunidades a fusionarse, se reunirán en Asamblea General conjunta, para aprobar lo siguiente: a.

Nombre de la Comunidad;

c.

Padrón de comuneros; y

b.

d.

Estatuto de la Comunidad; Integración de los territorios.

Asimismo, elegirán a la nueva Directiva Comunal.

Artículo 12º.- El Presidente de la Directiva Comunal, presentará ante el órgano competente del Gobierno Regional: a.

Los siguientes documentos de cada Comunidad fusionada: 1.

Copia certificada de la resolución de reconocimiento o inscripción.

2. Constancia de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente.

3. Copia del plano de conjunto, actas de colindancia, memoria descriptiva y constancia de inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad Inmueble, si las tuviera. 171

4. Inventarios y Balance, con referencia a la fecha de la Asamblea General en la que se acordó la fusión, si los tuviere.

b. c.

d.

5. Copia certificada del Acta de Asamblea General, en la que se acordó la fusión. Copia certificada del Acta de la Asamblea General conjunta.

Plano de Conjunto Unificado, con indicación de colindancia; y Padrón Comunal Unificado.

CAPÍTULO III DE LA INSCRIPCIÓN COMO COMUNIDAD CAMPESINA DE OTRAS ORGANIZACIONES

Artículo 13º.- Los Grupos Campesinos, Asociaciones de Campesinos y otras organizaciones constituídas como personas jurídicas, que cuentan con un mínimo de cincuenta asociados, pueden solicitar su inscripción como Comunidad Campesina, cuando: a.

b. c.

Están integradas por familias con rasgos sociales y culturales comunes, que mantengan un régimen de posesión y uso de tierras, propios de las Comunidades Campesinas;

Cuenten con el voto conforme de por lo menos dos tercios de sus socios reunidos en Asamblea General; y Renuncien a sus derechos de propiedad individual.

Artículo 14º.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, la totalidad de las tierras de propiedad de la persona jurídica, pasará al dominio de la Comunidad Campesina. Artículo 15º.- Las personas jurídicas, a que se refiere el Art. 13º, acompañarán a su solicitud de inscripción como Comunidad Campesina, copia certificada de los siguientes documentos: a.

b. c. 172

Resolución de reconocimiento y/o constancia de su inscripción como persona jurídica; Plano y memoria descriptiva de los predios de su propiedad; Título o contrato que acredite el dominio de sus tierras;

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d. e.

Censo de población de sus socios, en formularios que proporcionará el INDEC; y Inventario valorizado de los activos y pasivos, a la fecha de la Asamblea General que acuerda su reconocimiento como Comunidad Campesina.

Artículo 16º.- El trámite para la inscripción como Comunidad Campesina de estas personas jurídicas, se sujetará al procedimiento establecido en el Capítulo I del presente Título, en lo que fuere aplicable. Artículo 17º.- La nueva Comunidad Campesina asumirá los activos y pasivos de la persona jurídica que se inscriba como tal y la sustituirá ante el sistema financiero y otros acreedores.

Artículo 18º.- Inscrita la nueva Comunidad Campesina, en los Registros correspondientes, la persona jurídica a la que ésta sustituye, otorgará a la Comunidad la escritura pública de traslación de dominio de las tierras de su propiedad, que constituirán el territorio comunal, en mérito a lo cual se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Artículo 19º.- Cuando la persona jurídica, beneficiaria de Reforma Agraria, no tuviera título de propiedad de las tierras y bienes adjudicados, el órgano competente en materia de propiedad y tenencia de tierras rústicas, otorgará el respectivo título de propiedad a favor de la Comunidad Campesina, en mérito a la Resolución de su inscripción, a petición de parte o del órgano competente en Comunidades del Gobierno Regional. Artículo 20º.- La Resolución de inscripción de la Comunidad Campesina, será instrumento suficiente para la cancelación, en los registros correspondientes, de la persona jurídica que dio origen a dicha Comunidad. TÍTULO III DE LOS COMUNEROS

CAPÍTULO I DE LA CONDICIÓN DE COMUNERO Y DE COMUNERO CALIFICADO Artículo 21º.- Son comuneros, cualquiera sea su lugar de residencia, los nacidos en la Comunidad, los hijos de comunero y las personas integradas a la Comunidad.

Artículo 22º.- Se considera comunero integrado, al varón o mujer mayor de edad o con capacidad civil que tenga cualquiera de las siguientes condiciones: a.

Que, conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad, y

173

b.

Que solicite ser admitido y sea aceptado por la Asamblea General de la Comunidad.

En ambos casos, si se trata de miembro de otra Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta. Artículo 23º.- Los comuneros señalados en los Artículos 21º y 22º, adquieren la condición de comunero calificado, a solicitud de parte, aceptada por la Asamblea General por mayoría simple de votos de los asistentes. Para adquirir y mantener tal condición se requiere reunir los siguientes requisitos: a.

Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;

c.

No pertenecer a otra Comunidad;

b. d. e.

Tener residencia estable no menor de cinco años en la Comunidad; Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,

Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad. CAPÍTULO II DEL PADRÓN COMUNAL

Artículo 24º.- El Registro de Comuneros que se venía llevando en la Comunidad, además de constituir parte del archivo general de ésta, en adelante se denominará, de acuerdo a Ley, PADRON COMUNAL y se actualizará cada dos años. Contendrá cuando menos la información siguiente: nombre, actividad, domicilio, fecha de admisión del comunero calificado, con indicación de los que ejerzan cargo directivo o representación. CAPÍTULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS Artículo 25º.- Son derechos de los comuneros calificados: a.

b. c.

174

Hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad en la forma que establezca el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General; Elegir y ser elegido para cargos propios de la Comunidad; Participar con voz y voto en las Asambleas Generales;

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

d.

cualquier acto cometido en perjuicio de los intereses de ésta;

f.

Tener acceso a los beneficios de la seguridad social que la Comunidad otorgue;

e.

g. h. i. j. k.

Solicitar a la Directiva Comunal la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, sujetándose a las disposiciones del presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad;

Solicitar y recibir información sobre la marcha administrativa y económica de la Comunidad, en la forma que establezca el Estatuto; Tener acceso a la parcela familiar y al uso de los pastos naturales, de acuerdo a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General;

Participar en las actividades empresariales que desarrolle la Comunidad, con derecho preferente a ocupar los puestos de trabajo que ella genere; Formular reclamos ante la Asamblea General contra actos y decisiones que afectan sus intereses; y Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 26º.- Los comuneros no calificados que residen en la Comunidad, tienen los siguientes derechos: a.

b. c.

d.

Tener acceso a la condición de calificado, en la forma que establece el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad; Hacer uso de los bienes y servicios, en las condiciones que establezca el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General; Participar en las Asambleas de la Comunidad con voz, pero sin voto; y Otros que les otorgue el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 27º.- Los comuneros que no tienen la condición de comunero calificado y que residen fuera de la comunidad, tienen los siguientes derechos: a.

b.

Conservar su vivienda, si la tuvieran;

Constituir instituciones de carácter social, deportivo, cultural u otros ligados a la Comunidad, de manera que los cohesione en el lugar donde residen; 175

c.

d.

Participar en las Asambleas de la comunidad, con voz pero sin voto; y Otras que les otorgue el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 28º.- Son obligaciones de los comuneros calificados: a.

b. c. d. e. f. g. h. i. j.

k. l.

ll.

m. 176

Cumplir con las normas establecidas en la Ley General de Comunidades, el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad.

Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno de la Comunidad, adoptados de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Estatuto de la Comunidad; Desempeñar los cargos directivos, obligaciones y comisiones que se les encomiende;

Asistir a la Asamblea General y otros actos de la Comunidad, a los que sean convocados;

Trabajar directamente la parcela familiar asignada por la Comunidad, conforme a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General; Participar y aportar su esfuerzo personal al desarrollo integral de la Comunidad;

Contribuir a la formación y desarrollo de las empresas comunales y empresas multicomunales que constituya la Comunidad; Emitir su voto en las elecciones comunales;

Cumplir con las faenas y demás trabajos establecidos por los usos y costumbres de la Comunidad; Conservar y mejorar el patrimonio de la Comunidad; Velar por el prestigio de la organización comunal;

Abonar oportunamente las contribuciones económicas acordadas por la Asamblea General o la Directiva Comunal; Respetar los usos y costumbres establecidos en la Comunidad; y Otros que considere el Estatuto de la Comunidad;

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 29º.- Son obligaciones de los comuneros que no tengan la condición de comunero calificado: a.

b. c.

Las señaladas en los incisos a, b, f, j, k, l y ll del artículo 28º del presente Reglamento; Abonar a la Comunidad la retribución que les corresponda por el uso de los bienes y servicios comunales, cumplir con las faenas, cargos, obligaciones y demás trabajos establecidos por los usos y costumbres de la Comunidad; y Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad, y los acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 30º.- Los comuneros que no tengan la condición de calificados no podrán elegir ni ser elegidos como autoridades de la Comunidad. CAPÍTULO IV DE LOS ESTÍMULOS, SANCIONES Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COMUNERO CALIFICADO

Artículo 31º.- Los miembros de la Comunidad que se distingan por actos de dedicación, superación y solidaridad comunal, serán objeto de estímulo y de reconocimiento de mérito de acuerdo a lo que se establezca en el Estatuto de la Comunidad. El reconocimiento de mérito será en acto público. Artículo 32º.- Los comuneros se hacen acreedores a sanciones por faltas cometidas en perjuicio de la Comunidad, por infringir las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento, las del Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General. Artículo 33º.- Las sanciones aplicables a los comuneros, según la gravedad de la falta cometida, son las siguientes: a.

Amonestación verbal;

c.

Multa;

b. d. e. f.

Amonestación escrita; Suspensión de algunos de sus derechos; Revocatoria de cargo o mandato;

Inhabilitación para ejercer cargos directivos, por el tiempo que establezca el Estatuto; 177

g.

h.

Pérdida de la condición de comunero calificado; y

Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres.

Artículo 34º.- La relación entre las faltas y las sanciones serán establecidas en el Estatuto de la Comunidad y determinadas en Asamblea General el primer mes de cada año, teniendo en cuenta lo siguiente: a.

Naturaleza de la falta;

c.

Reincidencia;

b. d. e.

Antecedentes del comunero; Circunstancia en que se cometió la falta; y Usos y costumbres de la Comunidad.

Artículo 35º.- Las sanciones de amonestación y multa serán impuestas por la Directiva Comunal y las demás por acuerdo de la Asamblea General, previa citación del infractor para su correspondiente defensa. Artículo 36º.- Se pierde la condición de comunero calificado por acuerdo de los dos tercios de los comuneros calificados reunidos en Asamblea General, por las causales siguientes: a.

Renuncia voluntaria expresa e irrevocable;

c.

Incumplir en forma reiterada con las obligaciones de comunero;

b. d. e.

Actuar contra los intereses de la Comunidad;

Fijar residencia estable en otro lugar, salvo licencia concedida por la Comunidad; y

Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres. TÍTULO IV DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 37º.- Son órganos del gobierno de la Comunidad: a.

178

La Asamblea General;

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b. c.

La Directiva Comunal; y

Los Comités Especializados por actividad y por Anexo. CAPÍTULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 38º.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Comunidad. Sus funciones son normativas y fiscalizadoras. Sus acuerdos oblragn34 a todos los residentes en la Comunidad, siempre que hubieren sido tomados de conformidad con la Ley Nº 24656, el presente Reglamento y, el Estatuto de la Comunidad. Artículo 39º.- La Asamblea General, está constituida por todos los comuneros calificados debidamente inscritos en el Padrón Comunal.

En circunstancias especiales, como la existencia de Anexos, volumen poblacional y extensión territorial, el Estatuto de la Comunidad puede determinar que se constituya a la Asamblea General de Delegados, cuyas atribuciones se establecerá en el Estatuto de la Comunidad. Artículo 40º.- La Asamblea General de Delegados estará conformada por: a.

b. c.

d.

Delegados elegidos por los comuneros calificados, en número mínimo de un Delegado por cada 50 comuneros calificados; Los miembros de la Directiva Comunal;

Los Presidentes de las Juntas de Administración Local; y Los Presidentes de Comités Especializados.

Artículo 41º.- La Asamblea General puede ser ordinaria y extraordinaria. Las ordinarias tendrán lugar las veces que señale el Estatuto de la Comunidad, y serán por lo menos cuatro (4) veces al año, en ellas podrá tratarse cualquier asunto.

Las extraordinarias se realizarán cuando lo acuerde la Directiva Comunal o lo solicite la quinta parte de los comuneros calificados, en ellas sólo podrá tratarse los asuntos que sean objeto de la convocatoria.

Artículo 42º.- La Asamblea General será convocada por el Presidente de la Directiva Comunal, y en ausencia o impedimento de éste corresponde al Vice-Presidente hacer la convocatoria. [34]

En el diario oficial El Peruano dice: “oblragn”, debiendo decir: “obligan”.

179

Artículo 43º.- En caso de que el Presidente se negara a convocar a Asamblea General o no lo hubiera hecho en los plazos establecidos en el Estatuto, el Juez de Paz del domicilio de la Comunidad, a solicitud de la quinta parte de los comuneros calificados, ordenará la convocatoria. De la solicitud se corre traslado a la Directiva Comunal por el plazo de tres días, con la contestación o en rebeldía resuelve el Juez. El Juez, si ampara la solicitud, ordena que se haga la convocatoria de acuerdo al Estatuto, señalando el lugar, día y hora de la reunión, su objeto y quien la presidirá.

En este caso, la Asamblea adoptará acuerdos válidos con la concurrencia de por lo menos la quinta parte de los comuneros calificados.

Artículo 44º.- La Asamblea General ordinaria y extraordinaria, para sesionar válidamente, requiere en primera convocatoria, de la concurrencia de cuando menos la mitad más uno de los comuneros calificados, y en segunda convocatoria, con el número de comuneros calificados que establezca el Estatuto de la Comunidad. Artículo 45º.- En las Asambleas Generales, ordinaria o extraordinaria, no se admiten los votos por poder.

Artículo 46º.- Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, a excepción de los casos establecidos en la Ley General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad. Artículo 47º.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las establecidas en el Artículo 18º de la Ley General de Comunidades Campesinas, las siguientes: a.

b.

c. d. 180

Autorizar al Presidente de la Directiva Comunal que solicite la adjudicación de tierras a título oneroso, las transacciones y conciliaciones sobre tierras que pretenda la Comunidad, así como el deslinde y titulación del territorio comunal; Fija la extensión máxima de las parcelas familiares que deben ser trabajadas directamente por cada comunero calificado jefe de familia, así como, determinar la cantidad máxima de ganado de su propiedad que pueda pastar en tierras de pastos naturales de la Comunidad; Autorizar al Presidente de la Directiva Comunal para que suscriba actas de colindancia del territorio comunal; Aprobar las conciliaciones a que se llegue en caso de controversia en el procedimiento de deslinde y titulación del territorio comunal;

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e. f. g. h. i. j. k. l. ll.

m.

Aprobar el sometimiento de la controversia a la decisión de arbitraje a que se refiere el Artículo 13º de la Ley Nº 24657; Determinar el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar o mixta; Elegir de acuerdo a sus usos y costumbres, a los comuneros que desempeñarán los cargos y obligaciones de cumplimiento tradicional en la Comunidad;

Aprobar el presupuesto anual de la Comunidad y el balance general del ejercicio económico, que someta a su consideración la Directiva Comunal, con el informe de un Comité Especializado;

Aprobar y modificar el Reglamento de Elecciones Comunales y otros reglamentos internos que requiera la Comunidad; Pronunciarse sobre los acuerdos que proponga la Directiva Comunal para su ratificación; Fijar las contribuciones económicas que los comuneros deben abonar a la Comunidad, así como el monto de las multas y compensaciones por concepto de uso de pastos, bienes y servicios de la Comunidad; Autorizar la aplicación de los recursos financieros que la Comunidad reciba de entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales;

Ejercer las demás atribuciones de su competencia previstas en la Ley General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad, así como las que expresamente le confieren otras normas legales; y

Ejercer cualquier otra atribución que no fuere expresamente conferida a otros órganos de la Comunidad. CAPÍTULO II DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Artículo 48º.- La Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y administración de la Comunidad. Está constituida por un mínimo de seis directivos, con los siguientes cargos: - -

Presidente

Vice-Presidente,

181

-

Secretario,

-

Fiscal,

- -

Tesorero, Vocal.

El Estatuto de la Comunidad podrá establecer un mayor número de miembros hasta un máximo de nueve. Artículo 49º.- El Estatuto regulará además, los cargos tradicionales que existan en la Comunidad, de acuerdo a sus normas, usos y costumbres. Artículo 50º.- Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal, se requiere: a)

Gozar del derecho de sufragio;

c)

Estar inscrito en el Padrón Comunal;

b)

d) e)

Ser comunero calificado, con por lo menos dos años de antigüedad, salvo que se trate de la elección de la primera Directiva; Tener dominio del idioma nativo predominante de la Comunidad; y,

Encontrarse hábil, de conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la Comunidad.35

Artículo 51º.- No pueden ser elegidos miembros de la Directiva Comunal: a.

b.

Los que no están inscritos como comuneros calificados en el Padrón Comunal; Los que hubieran sido condenados por delito contra el patrimonio;

[35] Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 047-2006-AG, publicado el 15 de julio de 2006. Texto anterior a la modificación: “Artículo 50º.- Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal, se requiere: a. Gozar del derecho de sufragio; b. Ser comunero calificado, con por lo menos dos años de antigüedad, salvo que se trate de elección de la primera Directiva; c. Estar inscrito en el Padrón Comunal; d. Tener dominio del idioma nativo predominante de la Comunidad; y e. Encontrarse hábil, de conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la Comunidad. En el caso de Presidente y de Fiscal se requiere, además, haber cumplido anteriormente un cargo directivo comunal, salvo de que se trate de la elección de la primera Directiva Comunal”.

182

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c. d. e.

Los que tienen juicio pendiente con la Comunidad, por acciones que ésta o el candidato al cargo ejercite; Los servidores del Sector Público; y

Los sancionados por la Asamblea General, por la comisión de faltas graves establecidas en el Estatuto de la Comunidad y que no hayan sido rehabilitados por la Asamblea.

Artículo 52º.- Las sesiones de la Directiva Comunal son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizarán por lo menos una vez al mes y las extraordinarias cuando lo convoque el Presidente, por iniciativa propia o a pedido de por lo menos dos de sus integrantes.

Artículo 53º.- En caso de no ser convocada la sesión dentro de los cinco días siguientes a la petición, puede hacerlo el Vice-Presidente o cualquier integrante de la Directiva Comunal, previa notificación escrita al Presidente de la misma. Artículo 54º.- El quórum de la Directiva Comunal será de la mitad más uno de sus integrantes; sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes. El Presidente tiene voto dirimente. Artículo 55º.- En caso que la Directiva Comunal no pueda reunirse por falta de quórum, el Presidente requerirá a los directivos cuya inasistencia impide el funcionamiento de la Directiva Comunal. El requerimiento se hace por tres veces en el plazo de ocho días, sentándose acta suscrita por el Presidente y Directivos asistentes.

El tercer requerimiento se hace bajo apercibimiento de declarar la vacancia. Si persistiese la inasistencia de los apercibidos en la tercera citación, se deja constancia en Acta, suscrita por el Presidente y Directivos asistentes, cuya copia autenticada se hace de conocimiento de la Asamblea General, para que declare la vacancia y acuerde su destitución y la cobertura del cargo por un Vocal o la elección de un nuevo directivo. Artículo 56º.- Los Presidentes de los Comités Especializados, y Presidentes de las Juntas de Administración Local, conjuntamente se reunirán con la Directiva Comunal, por lo menos cuatro veces al año, además asistirán a las sesiones de la Directiva Comunal, cuando se traten asuntos que atañen a su competencia funcional, con derecho a voz y a voto. Artículo 57º.- Los cargos de la Directiva Comunal son personales e indelegables.

Artículo 58º.- Queda vacante el cargo de miembro de la Directiva Comunal en los siguientes casos:

183

a. b. c. d. e.

Por inasistencia a las sesiones de la Directiva Comunal, a pesar del apercibimiento efectuado por el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56º del presente Reglamento;

Por enfermedad o impedimento físico no susceptible de rehabilitación, o por cualquier otra causa que impida su desempeño por un plazo mayor de tres meses; Por ausencia de la Comunidad por más de sesenta días consecutivos, sin autorización de la Directiva Comunal; Por sobrevenir, después de la elección, alguna de las causales consideradas en el Art. 52º del presente Reglamento; y Por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de la Comunidad.

Artículo 59º.- La vacancia de cargo directivo declarada por la Asamblea General es susceptible de reconsideración, a solicitud de parte, dentro de los ocho días posteriores a la adopción de la decisión. Artículo 60º.- Son funciones de la Directiva Comunal: a.

b. c. d. e. f. g. 184

Dirigir la marcha administrativa de la Comunidad, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General; Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General, el Plan y Proyecto de Desarrollo Comunal, asumiendo su ejecución y control; Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General, el Presupuesto Anual y el Balance del ejercicio económico; Mantener actualizado el Padrón Comunal, el Catastro, así como el Padrón de Uso de Tierras de la Comunidad;

Proponer a la Asamblea General, el régimen de administración de la Empresa Comunal y supervisar su funcionamiento;

Contratar, promover y remover al personal profesional, técnico y administrativo que preste servicios en la Comunidad; Elaborar el proyecto de Estatuto de la Comunidad y someterlo a la aprobación de la Asamblea General;

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h. i. j.

k. l.

Ejecutar las sanciones que acuerde la Asamblea General o imponer aquellas que le corresponda;

Exonerar de las contribuciones económicas, de las faenas comunales y otras obligaciones, a los comuneros impedidos de cumplirlos por motivos justificados; Aceptar donaciones y legados, dando cuenta a la Asamblea General;

Solicitar a la Asamblea General, autorización expresa para disponer o gravar los bienes y rentas de la Comunidad, así como para celebrar transacciones y actos para los que se requiera autorización especial; y Ejercer las demás atribuciones de su competencia.

Artículo 61º.- Dentro de los treinta días posteriores al término de su mandato, la Directiva Comunal cesante, bajo responsabilidad, hará entrega a la Directiva electa, de toda la documentación, bienes y enseres de la Comunidad, mediante Acta.

El incumplimiento de esta disposición, dará lugar a la interposición de acciones policiales o judiciales, según corresponda, sin perjuicio de imponer a los responsables, las sanciones que competa de acuerdo al Estatuto de la Comunidad. CAPÍTULO III DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Artículo 62º.- El Presidente de la Directiva Comunal es el representante legal de la Comunidad y como tal está facultado para ejecutar todos los actos de carácter administrativo, económico y judicial, que comprometan a la Comunidad. Artículo 63º.- Son funciones del Presidente de la Directiva Comunal: a.

Ejercer la representación institucional de la Comunidad;

c.

Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los debates, salvo acuerdo en contrario de la propia Asamblea;

b.

d. e.

Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria;

Presidir las sesiones de la Directiva Comunal y los actos oficiales de la Comunidad; Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Directiva Comunal;

185

f.

Cautelar y defender los derechos e intereses de la Comunidad;

h.

Coordinar la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto anual y el balance del ejercicio económico y someterlos a la aprobación de la Directiva Comunal, previa a su consideración por la Asamblea;

g.

i.

j. k.

Supervisar la marcha administrativa de la Comunidad;

Suscribir conjuntamente con el Tesorero: 1. 2.

Las órdenes de retiro de fondos de bancos y otras instituciones; y Los contratos y demás instrumentos por los que se obligue a la Comunidad.

Controlar las recaudaciones de ingresos y autorizar el gasto, conjuntamente con el tesorero; y Realizar los demás actos de su competencia.

Artículo 64º.- Son funciones del VicePresidente: a.

b. c.

Reemplazar al Presidente en los casos de vacancia, licencia o ausencia temporal, con las atribuciones y obligaciones inherentes al cargo;

Coordinar y supervisar las actividades de los Comités Especializados y Comisiones, con excepción del Comité Especializado Revisor de Cuentas; y Cumplir las demás funciones que se establezcan en el Estatuto.

Artículo 65º.- Son funciones del Secretario: a.

b. c.

d. e. 186

Llevar debidamente legalizados y actualizados, los libros de actas de Asamblea General y de la Directiva Comunal y otorgar constancia de las actas asentadas en ellas; Citar, por encargo del Presidente, a las sesiones de la Directiva Comunal;

Transcribir, a quien corresponda, los acuerdos adoptados en Asamblea General y por la Directiva Comunal;

Llevar actualizado el Padrón Comunal y otorgar constancia de las inscripciones efectuadas en él; Llevar y conservar la correspondencia y archivos de la Comunidad, bajo responsabilidad;

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f. g.

Suscribir, con el Presidente, los documentos de su competencia; y Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 66º.- Son funciones del Tesorero: a.

b. c. d. e. f. g.

h.

Llevar, con la ayuda de un Contador de ser necesario, la contabilidad de la Comunidad; Ser depositario de los fondos, bienes y valores de la Comunidad;

Recaudar los ingresos y rentas, así como efectuar los pagos autorizados por el Presidente, otorgando el respectivo comprobante;

Conservar los fondos en “Caja” o depositarios en una institución bancaria a nombre de la Comunidad;

Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias, con autorización de la Directiva Comunal; o también en Cooperativas de Ahorro y Crédito;

Llevar el inventario de los bienes de la Comunidad, debidamente valorizados y actualizados; Suscribir, con el Presidente, los documentos de su competencia; y

Otras funciones que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 67º.- Son funciones del Fiscal: a.

b. c. d.

Solicitar a la Directiva Comunal, Comités Especializados y Junta de Administración Local, información sobre el cumplimiento de sus funciones; Conocer, las reclamaciones y los recursos de reconsideración de los comuneros, contra las decisiones de un órgano de la Comunidad, informando a la Asamblea General; Denunciar, ante la Asamblea, las irregularidades en que incurrieran miembros de la Directiva Comunal, Junta de Administración Local y Comités Especializados;

Vigilar el curso de los juicios de responsabilidad que la Comunidad siga contra un miembro de la Directiva Comunal, Comité Especializado o Junta de Administración Local; 187

e. f. g. h. i.

Mantener el orden y la disciplina en la Asamblea General, las sesiones de la Directiva Comunal y otros actos comunales;

Llevar el control de asistencia de los comuneros a las faenas comunales y supervisar su ejecución, remitiendo a la Directiva Comunal, la nómina de asistentes e inasistentes; Comprobar la existencia, actualización y veracidad del Padrón Comunal, Catastro, Padrón de Uso de Tierras, y otros documentos de la Comunidad;

Asumir las funciones del Comité Especializado Revisor de Cuentas, con las atribuciones y obligaciones, en aquellas Comunidades que no cuenten con dicho Comité; y, Otras que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.

Artículo 68º.- Son funciones de los Vocales: a.

b. c.

d. e.

Reemplazar al Vice-Presidente, al Secretario, o al Tesorero, en caso de vacancia, licencia o ausencia temporal;

Llevar el registro de marcas y señales del ganado de la Comunidad y del que corresponde a cada comunero, así como el número de éstos; Llevar y tener actualizado el Padrón de Uso de Tierras de la Comunidad;

Cautelar la conservación y defensa de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, en colaboración con las autoridades correspondientes; y Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad. CAPÍTULO IV DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS

Artículo 69º.- La Asamblea General, podrá establecer en el Estatuto, la existencia de Comités Especializados, como órganos consultivos, de asesoramiento, de ejecución o apoyo para el desarrollo de actividades de interés comunal, los que estarán bajo la dependencia de la Directiva Comunal. La conformación, objetivos y funciones de estos Comités, así como las atribuciones de sus integrantes, serán establecidos en un Reglamento Específico, el que para entrar en vigencia deberá ser aprobado por la Asamblea General. 188

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Artículo 70º.- La Comunidad, que tenga un considerable movimiento económico constituirá obligatoriamente un Comité Especializado Revisor de Cuentas, que cumplirá funciones de control, ejerciendo las siguientes atribuciones: a.

Cautelar que la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a ley;

c.

Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de Caja;

b.

d. e.

Verificar que los fondos, valores y títulos de la comunidad estén debidamente salvaguardados. Comprobar la existencia de bienes consignados en los inventarios; y

Presentar a la Asamblea General el informe a que se contrae el inciso e) del Artículo 18º de la Ley General de Comunidades.

Artículo 71º.- Los miembros del Comité Especializado Revisor de Cuentas, son solidariamente responsables con los miembros de la Directiva Comunal, cuando conociendo irregularidades practicadas por éstos, no informaran a la Asamblea General.

Artículo 72º.- El Comité Especializado Revisor de Cuentas estará integrado por tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal. Será presidido por el comunero calificado que haya obtenido la mayor votación, al momento de elegirse dicho Comité.

Artículo 73º.- Las Organizaciones constituidas al interior de la Comunidad, tales como Comités de Regantes, Clubes de Madres, Rondas Campesinas, Comités de Créditos y otras similares, tienen la naturaleza de Comité Especializado. CAPÍTULO V DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ANEXOS

Artículo 74º.- En los Anexos reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad, el Estatuto preverá el establecimiento de Juntas de Administración Local, como órgano con funciones equivalentes a las de la Directiva Comunal, en el ámbito territorial del Anexo. Artículo 75º.- Cuando se constituya la Junta de Administración Local, funcionará también la Asamblea Local del Anexo, así como los Comités Especializados que fueran necesarios, los que tendrán funciones equivalentes a los respectivos órganos homólogos de nivel comunal.

Artículo 76º.- Los órganos que se autoriza constituir por el presente Capítulo, se regirán por su propio Reglamento Interno, estructurado en armonía y sin rebasar

189

lo establecido en el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad, que será puesta en conocimiento de la Directiva Comunal.

Artículo 77º.- Cuando surjan conflictos o controversias de competencia, entre la Directiva Comunal y las Juntas de Administración Local, éstas serán resueltas por la Asamblea General, teniendo sus fallos el carácter de ejecutoria. CAPÍTULO VI DE LAS ELECCIONES Artículo 78º.- La elección de los miembros de la Directiva Comunal se realizará en un acto electoral, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad y su correspondiente Reglamento. Artículo 79º.- Las elecciones de la Directiva Comunal, serán dirigidas, organizadas y supervisadas por un Comité Electoral, compuesto por tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal, elegidos en Asamblea General Extraordinaria, convocada para el efecto, que tendrá lugar a más tardar el quince de octubre.

Artículo 80º.- Las elecciones se realizarán cada dos años, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, en la fecha que fije el Comité Electoral. Artículo 81º.- El Comité Electoral es la autoridad competente en materia electoral y contra sus decisiones sólo procede recurso de apelación ante la Asamblea General, por las causales siguientes: a.

b.

Irregularidades o vicios graves que contravengan el Reglamento de Elecciones, denunciados ante el Comité Electoral y no resueltos por éste; y, Anulación de las elecciones.

Artículo 82º.- El Comité Electoral cesa en sus funciones en cuanto asuman sus cargos los miembros de la nueva Directiva Comunal.

Artículo 83º.- En caso de ser confirmada la nulidad de las elecciones por la Asamblea General, la Directiva Comunal convocará a nuevas elecciones, las mismas que se realizarán dentro de los treinta día36 de efectuada la referida Asamblea.

Artículo 84º.- En las elecciones sólo podrán votar los comuneros calificados que tengan expedito sus derechos de sufragio.

[36] En el diario oficial El Peruano dice: “día”, debiendo decir: “días”.

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Artículo 85º.- Para ser candidato a miembro de la Directiva Comunal, se requiere reunir los requisitos establecidos en el Artículo 51º del presente Reglamento, y no estar incurso en los impedimentos señalados en el Artículo 52º del mismo, así como los que señale el Reglamento de Elecciones de la Comunidad.

Artículo 86º.- Las elecciones de la Directiva Comunal se efectuarán por listas completas. El Reglamento de Elecciones preverá que el Vocal, en un número que no exceda de tres, proceda de la lista que siga en votación a la lista ganadora. Artículo 87º.- Las credenciales de los miembros de la Directiva Comunal, serán otorgadas por el Comité Electoral e inscritas en los Registros Públicos.

Artículo 88º.- En los casos de renuncia o remoción de la totalidad de los miembros de la Directiva Comunal, luego de haber permanecido en el ejercicio de sus cargos por más de un año, los miembros que los reemplacen para completar el período de mandato pendiente, serán elegidos por aclamación, en Asamblea General Extraordinaria. Artículo 89º.- El Reglamento de Elecciones de cada Comunidad, normará las funciones del Comité Electoral, el procedimiento electoral, candidatos, sufragio, escrutinio, cómputo, nulidad de elecciones y demás aspectos relacionados con las elecciones.

Artículo 90º.- El resultado de las elecciones conteniendo el nombre de los candidatos, electos para cada cargo y el número de votos alcanzados por las listas, constará en el Acta Electoral, la misma que se transcribirá al Libro de Actas de la Asamblea General.

Artículo 91º.- Los delegados ante la Asamblea General de Delegados, donde ésta se constituya, serán elegidos por un período de mandato de dos años, conforme a las normas que establezca el Estatuto de la Comunidad. TÍTULO V DISPOSICIONES ESPECIALES

Primera.- Las poblaciones campesinas asentadas en las riberas de los ríos de la Amazonía, identificadas como “ribereña mestiza”, “campesina ribereña” o, simplemente “ribereña”, que cuenten con un mínimo de 50 jefes de familia, pueden solicitar su inscripción oficial como Comunidad Campesina, cuando: a.

b.

Están integradas por familias que sin tener un origen étnico y cultural común tradicional, mantienen un régimen de organización, trabajo comunal y uso de la tierra, propios de las Comunidades Campesinas;

Cuenten con la aprobación de por lo menos los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General; y,

191

c.

Se encuentren en esa posesión y pacífica de su territorio comunal.

Segunda.- El trámite para su constitución e inscripción oficial, se sujetará al procedimiento establecido en el Título II del Capítulo I del presente Reglamento, en lo que sea aplicable.

Tercera.- El órgano competente en uso, tenencia, posesión y propiedad de tierras rústicas del Gobierno Regional, otorgará el correspondiente título de propiedad, a solicitud de la Comunidad Campesina. TÍTULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los actos administrativos efectuados por las Unidades Agrarias Departamentales, en relación al reconocimiento oficial de las Comunidades Campesinas, de abril de 1987 a diciembre de 1990, serán revisados de oficio, por el órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional correspondiente, en el plazo máximo de 180 días, a partir de la vigencia del presente Reglamento, a fin de ser convalidados y/o modificados, de conformidad a las disposiciones vigentes. Segunda.- Todas las Comunidades Campesinas reconocidas oficialmente, antes de la vigencia del presente Reglamento, formularán y/o adecuarán su Estatuto Interno, que será inscrito en el Libro correspondiente a la respectiva Oficina Registral.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

1.1.2. Reglamento del Título VII - Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas REGLAMENTO DEL TÍTULO VII - RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS DECRETO SUPREMO Nº 004-92-TR (Publicado el 25 de febrero de 1992)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 008-91-TR de fecha 12 de febrero de 1991, se aprobó el Reglamento que norma la personería jurídica de las Comunidades Campesinas y los Títulos III y V de la Ley Nº 24656 ­Ley General de Comunidades Campesinas; Que, el Artículo 1º del referido Reglamento dispone que los sucesivos Reglamentos que se dicten, tendrán en su estructura de Títulos y Artículos, la numeración correlativa al Reglamento que le precede;

Que, el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas - INDEC, organismo público descentralizado del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, continuando con la reglamentación de la Ley General de Comunidades Campesinas, ha elaborado y propuesto el Reglamento del Título VII - Régimen económico de la referida Ley37; De conformidad con lo prescrito en el numeral 11) del artículo 211º de la Constitución Política del Perú; DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento del Título VII, Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, y que consta de los Títulos, Capítulos y Artículos. (…)

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

[37] De conformidad con el Artículo 1º de la Ley Nº 25525, publicada el 6 de junio de 1992, se transfiere del Ministerio de Trabajo y Promoción Social al Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas -INDEC, el mismo que se incorporará como órgano estructurado de la Dirección General de Agricultura.

193

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República.

ALFONSO DE LOS HEROS PEREZ - ALBELA Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo y Promoción Social.

REGLAMENTO DEL TÍTULO VII - RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS TÍTULO VII DEL PATRIMONIO COMUNAL

Artículo 92º.- El patrimonio de las Comunidades Campesinas está constituido por sus bienes y rentas, su administración goza de la autonomía establecida en la Constitución del Estado, dentro del marco de la Ley General de Comunidades Campesinas Ley Nº 24656 y el presente Reglamento. Artículo 93º.- Los bienes de las Comunidades Campesinas, con excepción de los señalados en los incisos a), b) y c) del artículo 23º de la Ley Nº 24656, están sujetos a las regulaciones sobre propiedad que establece el Código Civil, con pleno respeto a los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad. Artículo 94º.- La Comunidades Campesinas pueden construir y administrar bienes para otorgar los servicios públicos esenciales requeridos por su población, cuando la Municipalidad Distrital, el Estado o los Organismos Públicos o Privados competentes no presten tales servicios o cuando éstos deleguen dicha responsabilidad a la Comunidad, mediante convenio. Artículo 95º.- Las Comunidades Campesinas, bajo responsabilidad de su Directiva Comunal, están obligadas a llevar actualizado y valorizado el inventario de los bienes que constituyen su patrimonio, en resguardo de su seguridad y defensa. TÍTULO VIII DE LAS EMPRESAS COMUNALES

CAPÍTULO I NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA COMUNAL Artículo 96º.- Las Comunidades Campesinas podrán organizar y administrar sus actividades económicas en forma empresarial, empleando su propia denominación o bien usando el término Empresa Comunal o cualquier otra denominación compatible con la naturaleza de la autogestión comunal.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 97º.- Las unidades productivas de bienes y/o servicios generadas con la denominación de “Empresas Comunales” u otro término que aluda a la autogestión comunal, se rigen por las siguientes normas: a. b.

c. d.

e. f.

El acto constitutivo se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos en la misma ficha en que se halla inscrita la Comunidad Campesina que le da origen; Son organizadas por la Comunidad Campesina considerada como globalidad, por un Anexo reconocido por la Asamblea General de la Comunidad, o por sectores amplios de comuneros de menores recursos económicos promovidos por la Comunidad; El capital de riesgo aportado a la empresa responde por las obligaciones contraídas en su nombre, en consecuencia, la Comunidad Campesina no está obligada a satisfacer sus deudas;

Son administradas por la Directiva Comunal, Junta de Administración Local del Anexo, Comité Especializado u otro Órgano de Administración que expresamente se establezca en el Reglamento Interno de la Empresa, dependiente de la Asamblea General de la Comunidad o su homólogo tratándose de empresas comunales de Anexos; Son representadas por la persona que preside el Órgano de Administración, con las facultades que señalan los Artículos 3º y 4º del Código de Procedimientos Civiles; y

Desarrollan cualquier actividad económica, principalmente la producción de alimentos y aquellas que generan empleo, y/o contribuyen a potenciar la producción y economías de las unidades familiares.

Artículo 98º.- La Empresa Comunal se constituye por acuerdo de la Asamblea General de la Comunidad Campesina. La sola presentación del Acta de Constitución de la Empresa, certificada por Notario o Juez de Paz, será suficiente para su inscripción registral. En mérito a esta inscripción el Órgano competente de la Administración Tributaria, extenderá a la Empresa, la respectiva Libreta Tributaria. Artículo 99º.- El Acta de Constitución de la Empresa Comunal contendrá: a.

b.

El nombre, domicilio e inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Comunidad Campesina que le da origen;

La denominación de la Empresa Comunal, de manera que permita individualizarla y diferenciarla de otras empresas;

195

c. d. e. f.

El objeto, indicando clara y precisamente el giro o actividad económica principal que habrá de desarrollar; El domicilio de la Empresa, en caso que se establezca en lugar distinto al de la Comunidad;

El monto del capital de riesgo aportado a la Empresa, indicando los bienes que lo constituyen y su valoración; y El Reglamento Interno de la Empresa.

CAPÍTULO II RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EMPRESA COMUNAL Artículo 100º.- El capital de riesgo de la Empresa Comunal se forma con los aportes en trabajo, dinero o bienes muebles que efectúe la Comunidad Campesina, anexos de ella o sus miembros componentes. La tierra y los inmuebles se excluyen expresamente.

Dichos aportes constarán en un inventario detallado y valorizado, con las firmas del Presidente, Tesorero y Fiscal de la Directiva Comunal o sus homólogos tratándose de Empresas de Anexo. Artículo 101º.- El capital de la Empresa Comunal puede aumentar o disminuir, el registro de dichos cambios exigirá acuerdo de la Asamblea General. Dichas variaciones se inscribirán en los Registros Públicos, a la sola presentación de la copia certificada del Acta en que conste el respectivo acuerdo.38

Artículo 102º.- Las ganancias netas que arroje el balance anual de resultados de la Empresa serán distribuidas, en los porcentajes que se establezca en el Reglamento Interno de la Empresa, teniendo en cuenta a los siguientes beneficiarios: a.

b. c.

Los comuneros, con el fin de retribuirles, según usos y costumbres de cada Comunidad Campesina, su participación en la Empresa; La propia Empresa, con el fin de ser destinadas a inversiones en activo fijo o capital de trabajo o reserva general para cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas de la Empresa Comunal;

La Comunidad y/o el anexo, con el fin de financiar nuevas empresas, obras o servicios de carácter comunal.

[38] Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 1 de enero de 1992.

196

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

CAPÍTULO III RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA COMUNAL Artículo 103º.- La Asamblea General de la Comunidad Campesina o su homólogo a nivel de anexo, según el caso, es el máximo Órgano de Gobierno de la Empresa Comunal. Compete a ella por lo menos las atribuciones siguientes: a.

Acordar la constitución de la Empresa;

c.

Aprobar, en última instancia, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la Empresa;

b.

d. e. f.

g.

h.

Reformar e interpretar el Reglamento Interno de la Empresa;

Autorizar la celebración de contratos de endeudamiento y la constitución de garantías reales a nombre de la Empresa; Acordar los aumentos y disminuciones del capital de la Empresa; Disponer investigaciones y auditorías de la Empresa; Acordar la disolución y liquidación de la Empresa; y,

Decidir sobre los demás asuntos que señale el Reglamento Interno de la Empresa.

Artículo 104º.- El Órgano de Administración de la Empresa Comunal, tiene las facultades necesarias para la ejecución de los actos y operaciones comprendidas dentro del giro o actividad de la Empresa, sus atribuciones serán precisadas en el Reglamento Interno de ésta. Artículo 105º.- El Órgano de Administración de la Empresa Comunal, es particularmente responsable por: a.

b. c.

d.

La existencia de los fondos de la Empresa en Caja o en Instituciones Financieras, en cuentas a nombre de la Empresa; La existencia de los bienes consignados en los inventarios de la Empresa;

La existencia, regularidad y veracidad de los libros y documentos de la Empresa; El cumplimiento del Reglamento Interno y los acuerdos de la Asamblea General de la Comunidad;

197

Artículo 106º.- Los integrantes del Órgano de Administración de la Empresa, distinto a la Directiva Comunal, serán elegidos por la Asamblea General de la Comunidad Campesina o su homólogo a nivel de anexo, en el número y por el período de mandato que determine el Reglamento Interno de la Empresa. Para ser miembro de este órgano se requiere ser comunero calificado. La primera elección se efectuará en el acto constitutivo de la Empresa. CAPÍTULO IV RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA COMUNAL

Artículo 107º.- Las relaciones laborales en las Empresas Comunales se sustentan en los principios de solidaridad y reciprocidad consustanciales a la organización comunal y regulado por un derecho consuetudinario autóctono.

Artículo 108º.- En las Empresas Comunales se reconocen las siguientes modalidades de trabajo: a.

b. c. d. e.

Faena Comunal o Término Equivalente: Es aquel trabajo aportado por los comuneros en obras esenciales de infraestructura de la Empresa, para cubrir requerimientos de emergencia de mano de obra, o la ejecución de labores de temporada; Trabajo Eventual: Es el que se cumple en actividades del proceso productivo de naturaleza accidental o temporal; Trabajo Rotativo o por Turnos: Cuando los trabajadores se alternan periódicamente en la ejecución de actividades de naturaleza permanente; Trabajo Estable: Cuando la actividad es realizada en forma completa y permanente por un mismo trabajador; y, Las demás formas de trabajo lo que según usos y costumbres establezca la Comunidad en el Reglamento Interno de la Empresa.

Artículo 109º.- Los requerimientos, oportunidad, intensidad, duración y demás condiciones en que se debe cumplir la Faena Comunal serán aprobadas, a propuesta del órgano de administración de la Empresa, por la Asamblea General de la Comunidad o su homólogo a nivel de Anexo. Artículo 110º.- El trabajo eventual da lugar a retribución, cuyo monto, forma y oportunidad de pago, será establecida por cada Empresa, teniendo en cuenta la naturaleza e intensidad del trabajo, la dimensión económica de la Empresa y las remuneraciones vigentes en la localidad. 198

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 111º.- El trabajo rotativo o por turnos, no genera vínculo laboral con la Empresa ni con la Comunidad Campesina y su prestación se cumple con sujeción a las normas que establezca el Reglamento Interno de la Empresa.

Artículo 112º.- El trabajo estable a que se refiere el inciso d) del Artículo 108º, no genera vínculo laboral con la Empresa ni con la Comunidad Campesina y su prestación se cumple con sujeción a las normas que establezca el Reglamento Interno de la Empresa. CAPÍTULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA COMUNAL

Artículo 113º.- La Empresa Comunal se disuelve por las siguientes causales: a.

b.

Pérdida de capital que haga imposible la continuación de las operaciones de la Empresa; y Fusión, mediante la incorporación de una Empresa a otra, o la constitución de una nueva empresa que asuma la totalidad de los activos y pasivos de las empresas fusionadas.

Artículo 114º.- En el caso de disolución a que se refiere el inciso a) del Artículo anterior, la Asamblea General de la Comunidad Campesina, designará al liquidador; pudiendo asumir dicha función la Directiva Comunal o una Comisión Liquidadora. Concluida la liquidación, con la realización de los activos y la solución de los pasivos de la Empresa, el órgano de administración, bajo responsabilidad, inscribirá en los Registros Públicos la extinción de la Empresa, mediante la presentación de copia certificada del Acta de Asamblea General y del Balance de Liquidación. Artículo 115º.- Las Empresas fusionadas se disuelven sin liquidarse y se inscriben en los Registro Públicos en mérito a las copias certificadas de las Actas de Asamblea General en que conste el acuerdo de fusión y el balance final de éstas. TÍTULO IX DE LAS EMPRESAS MULTICOMUNALES CAPÍTULO I NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL Artículo 116º.- Las Empresas Multicomunales son personas jurídicas de derecho privado, de responsabilidad limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa de las Comunidades Campesinas. Son autónomas en lo económico y administrativo. Se constituyen para desarrollar actividades económicas, tales como: 199

a. b. c.

d. e. f.

Extracción, producción, transformación, industrialización y/o distribución de toda la clase de bienes o productos; Suministro de maquinarias, equipos, herramientas, insumos, subsistencias y otros bienes necesarios para uso, producción o consumo; Transporte colectivo de pasajeros y de carga (terrestre, fluvial, lacustre, etc.); Importaciones y exportaciones;

Comercialización de productos de las comunidades campesinas socias; y,

Prestación de servicios que satisfagan necesidades comunales de alimentación, salud, vivienda, seguridad social, educación, cultura y otros requeridos por las necesidades del desarrollo;

Artículo 117º.- La responsabilidad de la Empresa Multicomunal está limitada a su patrimonio neto y, el de sus comunidades socias hasta la cuantía de sus participaciones en el capital de la Empresa. Artículo 118º.- La Empresa Multicomunal tendrá una denominación a la que se añadirá al final la indicación de Limitada o su abreviatura “Ltda.”. Artículo 119º.- El acta de constitución de la Empresa Multicomunal contendrá: a.

b. c.

d.

Los datos de identificación de las Comunidades socias fundadoras y de los delegados que las representan; El capital inicial aportado a la Empresa Multicomunal y la cuantía de las participaciones que corresponde en este capital a cada Comunidad Socia; El texto del Estatuto que regirá a la Empresa; y

El nombre y los cargos de los miembros que conforman la primera junta de Administración de la Empresa.

Artículo 120º.- Celebrada la Asamblea de Constitución, el Presidente de la Junta de Administración solicitará la inscripción de la Empresa Multicomunal en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos del lugar de su domicilio. La sola presentación de dos ejemplares de las copias certificadas, por Notario Público o por Juez de Paz del Acta de Constitución, serán títulos suficientes para su inscripción registral. Artículo 121º.- Las reformas del Estatuto, la elección y remoción de los miembros de la Junta de Administración, del Gerente o Administrador, así como los aumentos

200

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

o reducción del capital de la Empresa Multicomunal, surtirá efectos respecto a terceros, sólo después de que las Actas en que consten tales hechos sean inscritas en el Registro a que se refiere el artículo anterior. CAPÍTULO II DE LAS COMUNIDADES SOCIAS DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL

Artículo 122º.- La participación de la Comunidad Campesina como socia de la Empresa Multicomunal, así como la elección de los delegados que la representan, será acordada en Asamblea General de la Comunidad Socia.

Artículo 123º.- Los derechos y obligaciones de las Comunidades socia serán establecidas por el Estatuto, según la naturaleza de la actividad de la Empresa Multicomunal. Artículo 124º.- La condición de socia de una Empresa Multicomunal se pierde por: a.

b.

Renuncia voluntaria, acordada por la Asamblea General de la Comunidad socia, y aceptada por la Asamblea General de la Empresa Multicomunal; Separación, acordada por la Asamblea General de la Empresa Multicomunal, por las causales que señale el Estatuto.

Artículo 125º.- El Estatuto de la Empresa Multicomunal establecerá la forma y plazos de devolución de las participaciones de las comunidades socias que se retiren, luego de deducidas, si las hubiere, las pérdidas acumuladas al cierre del último ejercicio. CAPÍTULO III DE LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL DE LA ASAMBLEA GENERAL Artículo 126º.- La Asamblea General es la autoridad máxima de la Empresa Multicomunal. Sus acuerdos adoptados en reunión debidamente convocada, obligan a todas las comunidades socias, incluso a las disidentes y aquellos cuyos delegados no participaron en la reunión. Artículo 127º.- El Estatuto de la Empresa Multicomunal determinará el número de delegados que cada Comunidad Campesina debe acreditar para conformar la Asamblea General, así como el período de su mandato. Los presidentes de las Comunidades Campesinas Socias son miembros natos de la Asamblea General de la Empresa Multicomunal. Los delegados serán comuneros calificados.

201

Artículo 128º.- El pleno de trabajadores de la Empresa Multicomunal estará representado en la Asamblea General, por un número de delegados no mayor del 10% del total de delegados de las Comunidades socias.

Artículo 129º.- La Asamblea General es convocada por el Presidente de la Junta de Administración, en los casos previstos en el Estatuto, cuando lo acuerde la Junta de Administración o cuando lo soliciten por escrito la tercera parte de los delegados que conforman la Asamblea General.

Si la solicitud de estos no es atendida dentro de los quince (15) días de haber sido presentada o es denegada, la convocatoria es efectuada por el Juez de Primera Instancia del domicilio de la Empresa Multicomunal, a pedido de los delegados. De la solicitud se corre traslado a la Junta de Administración de la Empresa por un plazo de tres (3) días, y con la contestación o en rebeldía resuelve el Juez. En caso de que el Juez ampare la solicitud de los peticionarios, en la misma Resolución ordenará que se haga la convocatoria, señalado lugar, día y hora de la reunión, su objeto y quien la presidirá. Artículo 130º.- Compete a la Asamblea General las atribuciones siguientes: a.

b. c.

d. e. f.

g.

h. i.

Elegir y remover a los miembros que conforman la Junta de Administración de la Empresa Multicomunal; Reformar e interpretar el Estatuto;

Acordar la incorporación de nuevas Comunidades Socias;

Aprobar el balance general y estado de ganancias y pérdidas que le someta a su consideración la Junta de Administración; Acordar a propuesta de la Junta de Administración la distribución de las utilidades; Aumentar o reducir el capital;

Disponer investigaciones y auditorías;

Fusionar, disolver y liquidar la Empresa Multicomunal; e,

Resolver los demás asuntos en que, la Ley o el Estatuto disponga su intervención.

Artículo 131º.- Los acuerdos que se adopten en virtud de las atribuciones e) y g) requerirán necesariamente de consulta previa las respectivas Asambleas Generales de cada Comunidad socia. 202

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 132º.- El Estatuto establecerá la forma de convocatoria, quórum, votaciones y demás requisitos que deben ser observados para la validez de las reuniones y acuerdos de la Asamblea General. DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL

Artículo 133º.- La Junta de Administración es el órgano responsable de la gestión empresarial. Su Presidente es el ejecutivo de más alto nivel de la Empresa, salvo que el Estatuto disponga otra cosa. Artículo 134º.- Compete a la Junta de Administración las atribuciones siguientes: a.

b. c. d. e. f.

g.

h. i.

Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, las decisiones de la Asamblea General y sus propios acuerdos;

Convocar a Asamblea General, con determinación y comunicación previa de los asuntos a tratar; Nombrar cuando corresponda, al Gerente o Administrador General, determinando sus obligaciones;

Otorgar, al presidente de la Junta de Administración o al Gerente, las facultades y poderes necesarios para la administración de la Empresa, dentro de su giro o actividad;

Aprobar y supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de la Empresa; Aprobar y autorizar la suscripción de contratos y demás actos jurídicos que obliguen a la Empresa; Contratar, promover y remover a los trabajadores de la Empresa;

Aprobar, en primera instancia, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la Empresa, y presentarlos a la consideración de la Asamblea General; e,

Ejercer las demás atribuciones señaladas en la Ley y el Estatuto de la Empresa.

Artículo 135º.- El pleno de trabajadores de la Empresa participará en la Junta de Administración, por lo menos con un representante. Su elección, así como de los delegados ante la Asamblea General se efectuará en un acto eleccionario convocado por el trabajador de mayor antigüedad o jerarquía. 203

Artículo 136º.- El Estatuto señalará el número de miembros que conforman la Junta de Administración, la duración del mandato, las funciones que corresponde a los cargos, así como los requisitos que deben ser observados para la validez de las sesiones y acuerdos de la Junta de Administración.

Artículo 137º.- El representante legal de la Empresa Multicomunal es el Presidente de la Junta de Administración, con las facultades que señalan los artículos 3º y 4º del Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 138º.- Los miembros de la Junta de Administración son solidariamente responsables por las decisiones que adopte la Junta. Quedan eximidos de responsabilidad los miembros que salven expresamente su voto en el acto de tomarse la decisión correspondiente, dejando constancia en el acta o mediante carta notarial. Artículo 139º.- El Presidente de la Junta de Administración, o en su caso el Gerente, es particularmente responsable por: a.

b. c.

d. e.

La conservación de los fondos en Caja o Instituciones Bancarias, en cuentas a nombre de la Empresa; La existencia de los bienes consignados en los inventarios;

La existencia, regularidad y veracidad de los libros y documentos de la Empresa;

La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta de Administración y a la Asamblea General; y, El cumplimiento de la Ley y los acuerdos de la Asamblea General.

CAPÍTULO IV RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL

Artículo 140º.- El Patrimonio Neto de la Empresa Multicomunal está formado por: a.

b.

El Capital; y

La Reserva General.

Artículo 141º.- El Capital de la Empresa Multicomunal está dividido en participaciones de propiedad directa de las Comunidades Socias. Se constituye por: a. 204

Los aportes en dinero o en bienes muebles e inmuebles, que efectúen a la Empresa Multicomunal cada Comunidad Social.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

b.

Capitalización de las ganancias netas que acuerde la Asamblea General y del excedente de revaluación de los activos fijos que le corresponda, de conformidad con el artículo 143º del presente Reglamento.

Artículo 142º.- La Reserva General se constituye e incrementa por los siguientes conceptos: a.

La parte de las ganancias netas que según Estatuto se destine para este fin;

c.

Las donaciones, subsidios y legados que reciba la Empresa Multicomunal, salvo que ellos sean expresamente otorgados para gastos específicos.

b.

El excedente de revaluación de los activos fijos que le corresponda según el artículo siguiente; y,

Artículo 143º.- El excedente resultante de la revaluación de los activos fijos incrementará el capital y la reserva general en las proporciones en que éstos integren el Patrimonio Neto de la Empresa. Artículo 144º.- Las ganancias netas que arroje el Balance anual de resultados de la Empresa Multicomunal, después de separar la parte que corresponde a la Reserva General, se distribuirá entre las Comunidades socias, en proporción a la cuantía de sus participaciones en el Capital, a las operaciones realizadas con la Empresa durante el ejercicio, al número de faenas comunales aportadas a la Empresa por cada Comunidad, o en forma mixta, según lo acuerde la Asamblea General. CAPÍTULO V RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL

Artículo 145º.- La Administración de la Empresa someterá anualmente a la aprobación de la Asamblea General, el programa de necesidades de personal estable y eventual, elaborado de acuerdo a las previsiones de la producción y al adecuado desarrollo de la Empresa.

Artículo 146º.- El programa anual de necesidades de personal de la empresa será cubierto por comuneros, de preferencia sin tierra, ni ganado, o con menores ingresos, de las Comunidades Socias, que proponga su respectiva Asamblea General, en el número que para cada Comunidad fije la Asamblea General de la Empresa Multicomunal.

Artículo 147º.- El Estatuto podrá establecer que las Comunidades Socias aporten en el año calendario un número determinado de faenas comunales a la Empresa Multicomunal. Artículo 148º.- La retribución a los trabajadores estables y eventuales será fijada por cada Empresa Multicomunal, teniendo en cuenta:

205

-

La naturaleza de la actividad;

-

La dimensión y rentabilidad de la Empresa; y,

- -

La intensidad del trabajo;

Las remuneraciones vigentes en la localidad.

Artículo 149º.- Los miembros de la Junta de Administración, por la función o cargo que desempeñen en la Empresa, percibirán las compensaciones económicas que fije la Asamblea General, teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo anterior. Dichas compensaciones no constituyen sueldo o salario ni tampoco generan vínculo laboral con la Empresa Multicomunal. Artículo 150º.- Los trabajadores estables de la Empresa Multicomunal, tienen la calidad jurídica de trabajadores dependientes, y se encuentran sometidos al régimen laboral a que se contrae el artículo 112º del presente Reglamento. CAPÍTULO VI DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA MULTICOMUNAL

Artículo 151º.- La Empresa Multicomunal se disuelve por: a.

b. c.

Pérdida de su capital u otras causales que a juicio de la Asamblea General, haga imposible la continuación de las operaciones de la empresa; Transformación en Empresa Comunal cuando el número de socios de la Empresa Multicomunal se haya reducido a una sola Comunidad; y,

Fusión, mediante incorporación a otra Empresa Multicomunal, o la constitución de una nueva que asuma la totalidad de los activos y pasivos de las empresas fusionadas.

Artículo 152º.- Para la aplicación del artículo anterior rigen las siguientes normas:

a.

b. 206

En el caso del inciso a), la Asamblea General designará a la Comisión Liquidadora. Si la Comisión Liquidadora no fuera nombrada, o no entrara en funcionamiento dentro del término de 30 días calendarios de su elección, procederá a designarla el Juez de Primera Instancia en lo Civil, a solicitud de una o más Comunidades socias; Concluida la liquidación, con la realización de los activos y la solución de los pasivos de la empresa, el haber social remanente se distribuirá entre las

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

c. d.

comunidades socias, en proporción a la cuantía de sus participaciones en el capital de la empresa;

La disolución y finalización del proceso de liquidación serán inscritos en el Registro de Personas Jurídicas, en mérito a la copia certificada de las Actas de Asamblea General y del balance de liquidación; y, En los casos de transformación y fusión, la Empresa Multicomunal se disuelve sin liquidarse y deja de existir en la fecha en que estos hechos queden inscritos en el Registro de Personas Jurídicas. TÍTULO X DE LOS LIBROS Y BALANCES

Artículo 153º.- La Empresa Comunal llevará un Libro de Actas legalizado, en el que se asentarán los acuerdos de la Asamblea General de la Comunidad, y del órgano de administración de la Empresa, en armonía con la competencia funcional que les corresponde conforme el Reglamento Interno de la Empresa. Artículo 154º.- Los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Administración de la Empresa Multicomunal, constarán en el respectivo libro de Actas, legalizado conforme a ley.

Artículo 155º.- La contabilidad de las Empresas Comunales, se llevará por separado de la contabilidad de la Comunidad Campesina, titular de la Empresa y en libros legalizados conforme a ley, bajo responsabilidad del órgano de administración de la Empresa. Artículo 156º.- El ejercicio económico de las Empresas Comunales y Multicomunales, salvo disposición contraria del Reglamento Interno o del Estatuto, coincide con el año calendario. Como excepción, el primer ejercicio económico se inicia a partir de la fecha del acuerdo de constitución de la Empresa y termina con el año calendario.

Artículo 157º.- Del balance general y el estado de ganancias y pérdidas, debe resultar con claridad y precisión, la situación patrimonial de la Empresa y los resultados de la gestión económica y social. Artículo 158º.- La aprobación del balance por la Asamblea General de la Empresa, no exime el descargo de la Administración por la responsabilidad en que pudiera haber incurrido.

Artículo 159º.- La contabilidad de las Comunidades Campesinas y de sus Empresas Comunales y Multicomunales se llevará de acuerdo a las normas que establezca el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas - INDEC.

207

TÍITULO XI DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA COMO SOCIA DE EMPRESAS DE OTROS SECTORES Artículo 160º.- Las Comunidades Campesinas pueden participar como socias de empresas del sector público que se constituyan como sociedades, conforme a la ley y normas reglamentarias de la actividad empresarial del Estado. Artículo 161º.- Las Comunidades Campesinas pueden ser socias de cualquier empresa del sector asociativo.

Artículo 162º.- Las Comunidades Campesinas y las Empresas Multicomunales quedan comprendidas dentro de los alcances y beneficios a que se contrae el artículo 24º inciso a), el último párrafo del artículo 52º y el artículo 247º de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, Decreto Legislativo Nº 637.

Artículo 163º.- Las Comunidades Campesinas tienen el derecho de ser socias de empresas del sector privado que se constituyan como sociedades, para la explotación, transformación, industrialización y comercialización de los recursos a que se refiere el artículo 15º de la Ley General de Comunidades Campesinas, cuando la Comunidad no esté en condiciones de explotar directamente o bajo la forma de Empresa Comunal o Multicomunal, cualquiera de dichos recursos. Estas sociedades deberán cumplir las siguientes reglas: a.

b. c. d.

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Las necesidades de personal serán cubiertas prioritariamente con miembros de la comunidad o Comunidades accionistas; La Comunidad Campesina recibirá acciones de la sociedad por un monto que guarde justa proporción entre su aporte constituido por el rendimiento y uso futuro del recurso y la inversión de capital de los terceros;

La Comunidad Campesina accionista estará representada en el Directorio de la empresa, en una proporción por lo menos igual a su participación accionaria; y,

El pleno de trabajadores tendrá participación en las utilidades de la sociedad en un porcentaje no menor del 10%, las mismas serán repartidas entre los trabajadores estables y eventuales en función de los días trabajados por cada uno de ellos en el ejercicio económico.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

TÍTULO XII DE LAS CAJAS DE CRÉDITO COMUNAL Artículos 164º a 166º.- DEROGADOS39 [39] Título y artículos derogados por el Artículo 16º del Decreto Supremo Nº 045-93-AG, publicado el 30 de diciembre de 1993. Textos anteriores a la derogación: “TÍTULO XII DE LAS CAJAS DE CRÉDITO COMUNAL Artículo 164º.- Las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales y/o Multicomunales podrán organizar y operar Cajas de Crédito Comunal, con la finalidad de promover y posibilitar el acceso al crédito a las familias comuneras. Estas cajas están facultadas para efectuar las siguientes operaciones: Canalizar líneas de crédito del sistema financiero y de la Cooperación Técnica Internacional con el objeto de apoyar, bajo la forma de crédito o inversión, la producción conducida familiar o comunalmente; Actuar como fideicomisarios de los recursos públicos y de la cooperación internacional destinados a las Comunidades; Recibir dinero bajo las modalidades de Certificados de Aportación y Depósitos de Ahorros, sólo de sus comuneros; Actuar en sindicación con la banca estatal, para otorgar créditos y garantías, bajo las responsabilidades que se contemplan en el Convenio respectivo; Conceder a las familias comuneras ahorristas, préstamos directos con fines productivos, comerciales y providentes; Otorgar a las comunidades y comuneros ahorristas, avales, fianzas y otras garantías; Los demás servicios permitidos a las Cooperativas de Ahorro y Créditos; y, Otras que le sean autorizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas ­INDEC, con conocimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros, por ser factible y conveniente al desarrollo integral de las Comunidades Campesinas del ámbito de acción de la Caja. Artículo 165º.- El financiamiento inicial de la Caja lo constituirán recursos o fondos rotatorios en dinero, bienes o productos proporcionados por: a. La banca de fomento y/o el gobierno central o regional; b. La cooperación técnica internacional, organismos no gubernamentales o personas naturales y jurídicas; c. Los comuneros y comunidades campesinas ahorristas de la Caja. Artículo 166º.- Rigen para las Cajas de Crédito Comunal, las siguientes normas especiales: Las Cajas pueden funcionar conjuntamente con otros giros o actividades, siempre que sus operaciones se realicen en forma separada y diferenciada de los otros giros; Los depósitos en certificados de aportación se regulan por las siguientes normas: Su imposición es condición necesaria para tener derecho a préstamos directos y constituyen base de cálculo y de encaje de dichos préstamos; Cada Caja determina el monto mínimo de certificados de aportación, que los ahorristas depositarán en forma sistemática durante el año calendario; Devengan el interés que fije la Caja, sin exceder al máximo legal que se autorice pagar por los depósitos bancarios de ahorros; Son devueltos al ahorrista a su retiro de la Caja. También son transferibles a otros ahorristas en las condiciones que fije la Caja; y, Pueden ser aplicados por la Caja, a extinguir hasta donde alcance, las deudas exigibles a cargo del ahorrista por préstamos u otras obligaciones contraídas con la Caja. Los depósitos de ahorros, se regulan por las disposiciones vigentes para esta modalidad de ahorros, en cooperativas de ahorro y crédito o instituciones mutuales; Las imposiciones de los ahorristas en certificados de aportación serán contabilizadas en cuentas independientes de las que corresponda a depósitos de ahorros. La Caja entregará al ahorrista una libreta individual en la que constarán las entregas y retiros, así como los intereses abonados en cada modalidad de imposición; Las Cajas podrán fijar y reajustar libremente los intereses correspondientes a las operaciones activas y pasivas que realicen, dentro de los límites máximos que establezca el Banco Central de Reserva para el sistema mutual; Las Cajas podrán captar depósitos de personas que no tengan la condición de miembros de las comunidades socias de la Empresa, con observancia de las normas que dicte la Superintendencia de Banca y Seguros, en consulta con el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas; Todos los depósitos en las Cajas de Crédito Comunal están amparados por el régimen de inembargabilidad

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TÍTULO XIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Artículo 167º.- El uso de la superficie del territorio comunal y la explotación de los recursos naturales, bosques, aguas, mineros y otros que se encuentren en dicho territorio correspondientes a derechos de terceros otorgados por la autoridad respectiva, a la fecha de vigencia del presente Reglamento, están sujetos a una compensación justipreciada que se determinará de común acuerdo entre las partes. Artículo 168º.- Las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales y/o Multicomunales que se dediquen a la extracción minera, contarán con el apoyo preferencial de la Banca especializada en cuanto a: a.

b.

Otorgamiento de créditos en condiciones favorables y especiales; y, Prestación de asistencia técnica permanente.

Artículo 169º.- Los Organismos del Sector Público Nacional y los Gobiernos Regionales, promoverán la formación de Empresas Comunales y Multicomunales, proporcionarán asistencia técnica y financiera preferente y otros medios de ayuda que requieran para su desarrollo productivo - empresarial.

y por las exenciones, exoneraciones y beneficios legalmente establecidos para los depósitos de ahorros en el sistema mutual; Las modalidades de crédito, montos, plazos y forma de reembolsos, tasa de interés, garantías y demás requisitos son establecidos por cada Caja, de acuerdo a las condiciones y características de la fuente de financiamiento de dichos créditos; De no existir garantías reales, las Cajas aceptarán las garantías personales, mancomunadas o solidarias de sus ahorristas; Las Cajas tendrán un gerente o administrador, premunido de las facultades y poderes necesarios para su manejo operativo, así como deberán contar con la implementación mínima para la atención de las secciones de ahorro y créditos; y, La Banca Estatal de Fomento promoverá y asistirá las Cajas, proporcionándoles respaldo técnico administrativo permanente, así como apoyarán la constitución de "Fondos de Garantías" que permitan, a los miembros de las Comunidades Campesinas, complementar las garantías requeridas para facilitar su acceso al crédito”.

210

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

1.2. Declaran de necesidad nacional e interés social, el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas DECLARAN DE NECESIDAD NACIONAL E INTERÉS SOCIAL EL DESLINDE Y LA TITULACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS LEY Nº 2465740 (Publicada el 14 de abril de 1987)

CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 02-94-AG R. Nº 126-2011-SUNARP-SN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ; Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1º.- Decláranse de necesidad nacional e interés social, el deslinde y la titulación del territorio de las Comunidades Campesinas.

Artículo 2º.- El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos. No se consideran tierras de la Comunidad:

[40] De conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29320, publicada el 11 de febrero de 2009, se precisa que los actos de disposición efectuados por las Comunidades Campesinas sobre partes materiales o cuotas ideales de tierras ocupadas por posesiones informales excluidas de su dominio de acuerdo con las Leyes núms. 24657, 26845, 27046 y 28685 son nulos de pleno derecho, por lo que no se requiere sentencia judicial que así los declare. En estos casos, los afectados pueden hacer valer su derecho en sede judicial, a fin de obtener la devolución de su contraprestación, sujetándose al trámite de los procesos previstos en el Código Procesal Civil, según su naturaleza y cuantía.

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a) b)

c) d)

Los predios de propiedad de terceros amparados en títulos otorgados con anterioridad al 18 de Enero de 1920 y que se encuentren conducidos directamente por sus titulares;

Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de octubre de 1993, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha. Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

Se exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, dirigidos y gobernados por la propia Comunidad.41 42 Las que el Estado ha utilizado para servicios públicos; salvo convenios celebradas entre el Estado y la Comunidad; Las tierras adjudicadas con fines de Reforma Agraria excepto: 1. 2.

Aquellas sobre las que se han planteado acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas.

Aquellas que sean sometidas a procesos de reestructuración con fines de redistribución de tierras a favor de las Comunidades Campesinas; y,

e)

Las tierras en que se encuentren restos arqueológicos.

g)

Las que sean declaradas en abandono.44

f)

Las que la Comunidad adjudique a sus comuneros o a terceros.43

[41] Inciso modificado por la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26845, publicada el 26 de julio de 1997. Texto anterior a la modificación: “b) Las tierras que al 6 de Marzo de 1987 se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamienos humanos, salvo aquellas sobre las que se hayan planteado acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas”. [42] De conformidad con la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046, publicada el 5 de enero de 1999, modificada por el Artículo 1º de la Ley Nº 28685, publicada el 14 de marzo de 2006, el plazo a que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26845 fue el 31 de diciembre de 2003. Extendiéndose la aplicación de dicha Disposición a los programas estatales y municipales de vivienda. Por otro lado, señala que corresponde a las municipalidades provinciales, la formalización y titulación de las tierras a que se refiere la Ley Nº 26845, ocupadas por asentamientos humanos, centros poblados, programas estatales y municipales de vivienda y otras posesiones informales, hasta la inscripción de los títulos de propiedad. [43] Inciso adicionado por la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26845, publicada el 26 de julio de 1997. [44] Ídem.

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Artículo 3º.- Cuando las Comunidades Campesinas carecieren de títulos de las tierras que poseen, o hubiere disconformidad entre el área real y la que indican sus títulos o éstos fueren imprecisos en cuanto a sus linderos, medidas perimétricas o tierras superficiales que comprende dicho territorio, tales defectos se salvarán en la forma que se establece en los artículos siguientes. Artículo 4º.- La Comunidad Campesina que se encuentre en alguna de las situaciones indicadas en el artículo anterior, solicitará a la respectiva Dirección Regional Agraria el levantamiento del plano definitivo del territorio comunal, ofreciendo cualquier medio de prueba de la posesión y, si los tuviere, los títulos de propiedad y las actas de colindancia, así como un croquis con indicación de los predios colindantes y los nombres de sus propietarios.

Artículo 5º.- Recibida la solicitud, la Dirección Regional Agraria, dentro del término de la distancia, practicará la diligencia del levantamiento del plano de conjunto y la determinación de las colindancias, con motivación personal a la Comunidad y a los colindantes y con publicación en el diario encargado de los avisos judiciales del lugar, si lo hubiere, y en el Diario Oficial “El Peruano”. Artículo 6º.- En caso de que un colindante que no sea otra Comunidad estuviere en desacuerdo con la línea del lindero señalado por la Comunidad, podrá indicar en el acto de la diligencia del levantamiento del plano, la línea que pretende constituye el lindero del territorio comunal con el predio de su propiedad, acompañando los títulos respectivos, debidamente inscritos en los Registros Públicos, y un croquis que señale dicha línea.

Artículo 7º.- La Dirección Regional Agraria no tendrá en cuenta el lindero señalado por el colindante si sus títulos no se encuentren inscritos en los Registros Públicos y considerará como lindero el señalado por la Comunidad Campesina, dejando a salvo el derecho que pudiera tener el colindante para que lo haga valer en la forma que señala el artículo 12º de la presente ley. Artículo 8º.- Si los títulos presentados por el colindante se encuentran inscritos en los Registros Públicos y discrepan con el lindero señalado por la Comunidad Campesina, la Dirección Regional Agraria invitará a los interesados para que lleguen a una conciliación. Esta conciliación sólo tendrá valor legal si cuenta con la aprobación de dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad constituidos en Asamblea General expresamente convocada con este fin.

Si no hubiere conciliación, la Dirección Regional Agraria determinará el área en controversia según el título del Registro Público, cerrando el perímetro comunal por la línea que no es materia de disputa, sin perjuicio del derecho de la Comunidad. Solo se puede aceptar las controversias sobre las áreas que no estén en posesión de la Comunidad Campesina, a la fecha de la publicación de la presente ley.

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Artículo 9º.- Efectuada la diligencia a que se refieren los artículos anteriores, la Dirección Regional Agraria elaborará el plano de conjunto del territorio comunal, donde se indicará la línea de deslinde de las áreas comunales, así como las áreas en controversia. Cuando la Dirección Regional Agraria no disponga de personal técnico para efectuar esta labor, contratará Ingenieros Colegiados. El Poder Ejecutivo habilitará los recursos necesarios para tal fin.

Artículo 10º.- Salvo las áreas en controversia, el plano de conjunto, las actas de colindancia y la memoria descriptiva, constituyen títulos definitivos de propiedad de la Comunidad Campesina sobre su territorio. Únicamente por su mérito, los Registros Públicos, los inscribirán a nombre de la Comunidad Campesina.

El plano deberá expresar el área, los linderos y las medidas perimétricas del territorio comunal, así como la denominación de los predios colindantes y los nombres de sus respectivos propietarios. Deberá estar firmado por Ingeniero Colegiado. Artículo 11º.- Únicamente en caso que hubiere áreas en controversia, la Dirección Regional Agraria, de oficio, remitirá al Juzgado respectivo el expediente de levantamiento del plano de conjunto de la Comunidad, para que éste se pronuncie sobre dichas áreas.

Artículo 12º.- Dentro de los quince (15) días de recibido el expediente, el Juzgado notificará en forma personal a la Comunidad Campesina y al colindante o colindantes interesados, para que en el plazo máximo de treinta (30) días, más el término de la distancia, expresen lo conveniente a su derecho. Vencido este último término, el Juzgado, sin más trámite que el estudio de las pruebas presentadas, dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes, bajo responsabilidad. Dicha sentencia es apelable dentro del término de (10) días de notificada, debiendo resolver el Tribunal Agrario en el término de sesenta (60) días, bajo responsabilidad.

Artículo 13º.- En caso de que el colindante sea otra Comunidad y no estuviere de acuerdo con la línea del lindero indicada por la Comunidad cuyo plano es materia de levantamiento, se procederá de conformidad con los artículos 8º, 9º y 10º, de la presente ley, en lo que sea pertinente, y se remitirá el expediente al Juez respectivo para que declare el derecho de propiedad únicamente sobre las áreas en controversia, debiendo seguirse el procedimiento judicial sumario establecido en el artículo 165º inciso I), del Decreto Ley Nº 17716 - Texto Único concordado de la Ley de Reforma Agraria en cuanto fuere aplicable.

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Las comunidades a que se refiere el presente artículo, si así lo estimaren conveniente, podrán someter su controversia a la decisión de arbitraje, previo acuerdo de dos tercios de los miembros calificados de sus respectivas Asambleas Generales.

Artículo 14º.- Cuando se trate de predios ubicados dentro del territorio de propiedad de la Comunidad Campesina, la declaración del derecho de propiedad se hará por el Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12º de la presente ley. Artículo 15º.- Cuando se trate de controversia por colindancia, las solicitudes de títulos supletorios y de perfeccionamiento de títulos, así como las demandas de deslinde de predios rústicos, no serán admitidas a trámite por el Juez competente, si no son recaudadas con la certificación de la oficina de la Región Agraria respectiva, de que las tierras no pertenecen a una Comunidad Campesina o no son objeto de procedimiento de levantamiento del plano de conjunto. En caso de serlo, se declarará de plano inadmisible la demanda, sin perjuicio de que el interesado haga valer su derecho de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley.

Artículo 16º.- Las Direcciones Regionales Agrarias, de oficio, remitirán a los Registros Públicos, las actas de colindancia, la memoria descriptiva y el plano de conjunto del territorio comunal levantados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, que hayan sido aprobados por Resolución Administrativa para la inscripción del territorio de la Comunidad. El acto de remisión será publicado en el periódico encargado de los avisos judiciales del lugar, si lo hubiere, y en Diario Oficial “El Peruano”. Artículo 17º.- Las Direcciones Regionales Agrarias, de oficio, adecuarán al procedimiento establecido por la presente ley, los expedientes sobre levantamiento del plano de conjunto de Comunidades Campesinas que se encuentran en trámite.

Artículo 18º.- La inscripción en los Registros Públicos de los títulos de propiedad otorgados conforme a la presente ley, es gratuita y deberá hacerse en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su presentación. Asimismo, son gratuitos los trámites y diligencias que se realicen a los servicios que presten las entidades del Estado a que se refiere la presente ley, bajo responsabilidad. Artículo 19º.- Es competencia del Fuero Agrario conocer las materias a que se refiere la presente ley. Para tal efecto, el Tribunal Agrario designará Jueces de Tierra Ad-hoc, cuando sea necesario. Artículo 20º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Artículo 21º.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

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Casa del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos ochentisiete. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO Presidente del Senado.

FERNANDO LEÓN DE VIVERO Presidente de la Cámara de Diputados. RAÚL ACOSTA RENGIFO Senador Secretario.

JOFFRE FERNÁNDEZ VALDIVIESO Diputado Secretario.

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de abril de mil novecientos ochentisiete. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República. REMIGIO MORALES BERMUDEZ Ministro de Agricultura.

CARLOS BLANCAS BUSTAMANTE Ministro de Justicia.

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1.3. Transfieren las funciones y actividades comprendidas en la Ley General de Comunidades Campesinas y en la Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de las regiones de Selva y Ceja de Selva TRANSFIEREN LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y EN LA LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA DECRETO LEY Nº 25891 (Publicado el 9 de diciembre de 1992)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Ha dado el Decreto Ley siguiente:

Artículo 1º.- Transfiérase las funciones y actividades comprendidas en la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, a las Direcciones Regionales Agrarias y a la Unidad Agraria Departamental Lima - Callao.45

Artículo 2º.- Transfiérase las funciones y actividades comprendidas en el Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, a las Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura del país. Artículo 3º.- La transferencia a que se contraen los artículos precedentes, incluyen los recursos humanos, financieros, materiales, saldos presupuestales y acervo documentario.

Artículo 4º.- El Ministerio de Agricultura queda facultado para dictar las disposiciones que se requieran para el cabal cumplimiento del presente Decreto Ley. [45] Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 12 de diciembre de 1992.

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Artículo 5º.- Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto Ley.

Artículo 6º.- El presente Decreto Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventidós. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores VICTOR MALCA VILLANUEVA Ministro de Defensa

CARLOS BOLOÑA BEHR Ministro de Economía y Finanzas JUAN BRIONES DÁVILA Ministro del Interior

FERNANDO VEGA SANTA GADEA Ministro de Justicia VÍCTOR PAREDES GUERRA Ministro de Salud

ABSALÓN VÁSQUEZ VILLANUEVA Ministro de Agricultura

JORGE CAMET DICKMANN Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales DANIEL HOKAMA TOKASHIKI Ministro de Energía y Minas

AUGUSTO ANTONIOLI VÁSQUEZ Ministro de Trabajo y Promoción Social 218

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ALFREDO ROSS ANTEZANA Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción JAIME SOBERO TAIRA Ministro de Pesquería

ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO Ministro de Educación MANUEL VARA OCHOA Ministro de la Presidencia POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Lima, 25 de noviembre de 1992.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores. ABSALÓN VÁSQUEZ VILLANUEVA Ministro de Agricultura

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1.4. Ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa LEY DE TITULACIÓN DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA LEY Nº 2684546 (Publicada el 26 de julio de 1997)

CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 025-2007-VIVIENDA R. Nº 126-2011-SUNARP-SN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Ha dado la ley siguiente:

LEY DE TITULACIÓN DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional el otorgamiento de títulos de propiedad y la inscripción registral de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa y las de sus comuneros que adopten la decisión de proceder a la adjudicación en parcelas individuales o en copropiedad, con el fin de garantizar los derechos de las Comunidades Campesinas de la Costa al uso y la libre disposición de sus tierras, los derechos de los comuneros a la propiedad individual y a la herencia, y al ejercicio de la iniciativa privada, establecidos por el Artículo 89º, el inciso 16) del Artículo 2º y el Artículo 58º de la Constitución Política, respectivamente.

[46] De conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29320, publicada el 11 de febrero de 2009, se precisa que los actos de disposición efectuados por las Comunidades Campesinas sobre partes materiales o cuotas ideales de tierras ocupadas por posesiones informales excluidas de su dominio de acuerdo con las Leyes núms. 24657, 26845, 27046 y 28685 son nulos de pleno derecho, por lo que no se requiere sentencia judicial que así los declare. En estos casos, los afectados pueden hacer valer su derecho en sede judicial, a fin de obtener la devolución de su contraprestación, sujetándose al trámite de los procesos previstos en el Código Procesal Civil, según su naturaleza y cuantía.

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Artículo 2º.- La presente Ley es aplicable a las Comunidades Campesinas de la Costa. Establece los mecanismos para garantizar el derecho de los comuneros a decidir libremente el régimen jurídico de la propiedad comunal. Artículo 3º.- Son Comunidades Campesinas de la Costas las que tienen sus tierras o la mayor extensión de éstas situadas en la vertiente del Océano Pacífico, hasta una altitud de dos mil (2000) metros sobre el nivel del mar. Artículo 4º.- Los comuneros sólo pueden pertenecer a una Comunidad Campesina y deben tener residencia habitual en ésta. CAPÍTULO II DE LAS ADJUDICACIONES EN PROPIEDAD

Artículo 5º.- Los comuneros poseedores de tierras comunales de las Comunidades Campesinas de la Costa, pueden acordar el régimen de la propiedad de las tierras que ocupan. Artículo 6º.- Los comuneros poseedores por más de un año, podrán solicitar la adjudicación a título de propiedad de las tierras que conducen. Para la aprobación de dicha solicitud se requiere el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento (50%) de los comuneros poseedores por más de un año, asistentes a la Asamblea. Este acuerdo puede realizarse entre comuneros poseedores ubicados en el mismo Anexo o Sector, cuyos alcances serán definidos en el reglamento.

Artículo 7º.- Para la adquisición en propiedad, de tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, que ocupan terceros poseedores por un período no menor de dos años sin relación contractual, se requiere del voto favorable de no menos del treinta por ciento (30%) de los comuneros calificados de la comunidad, asistentes a la Asamblea General, sea en primera o segunda convocatoria. El quórum necesario para declarar válidamente instalada las asambleas a que se refieren los Artículos 6º y 7º de la presente Ley será fijado en el reglamento. Artículo 8º.- Adoptado el acuerdo de adjudicación, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) del Ministerio de Agricultura, procederá a la elaboración de los planos catastrales y de las memorias descriptivas correspondientes.

Artículo 9º.- El representante legal de la Comunidad Campesina de la Costa o el designado por ella para dar cumplimiento a los acuerdos a que se refiere la presente Ley, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de recibidos los planos y memorias descriptivas, procederá a otorgar los respectivos contratos de transferencia de los derechos de propiedad, de acuerdo al formato que se establezca en el reglamento de la presente Ley.

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Si transcurrido dicho plazo, los contratos no fueran otorgados por el representante legal de la Comunidad Campesina de la Costa, los interesados pueden solicitar al PETT, a fin de que se requiera a la Comunidad Campesina de la Costa el cumplimiento del Acuerdo de Titulación, en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de otorgarse títulos de propiedad por el Ministerio de Agricultura. La impugnación de las resoluciones y actos del PETT se tramitará por la vía arbitral, conforme a lo dispuesto por el Capítulo III de la presente Ley.47

Artículo 10º.- Procede declarar el abandono legal de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, de conformidad con los Artículos 88º y 89º de la Constitución Política del Perú, cuando terceros poseedores en condición de precarios las tengan dedicadas a la actividad agraria bajo explotación económica, pública, pacífica e ininterrumpida por un plazo no menor de dos (2) años a la fecha de presentación de la solicitud de declaración de abandono y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 667 siempre que ofertada la compra por dichos poseedores precarios, ésta no se hubiera concertado con la comunidad. La posesión de la tierra y la explotación económica, serán acreditados con los elementos de prueba requeridos por el Artículo 26º excepto el señalado en el inciso b.6 del Decreto Legislativo Nº 667, modificado por el Decreto Legislativo Nº 889.

En los casos en que se hubiera iniciado el procedimiento de declaratoria de abandono, se dará por concluido éste si la Comunidad Campesina de la Costa, a cuyo favor se encuentran inscritas las tierras, otorga el título de propiedad respectivo. Artículo 10º-A.- Procede declarar el abandono legal de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, de conformidad con los artículos 88º y 89º de la Constitución Política del Perú, cuando los poseedores precarios de los terrenos de propiedad comunal ubicados dentro del área urbana y de expansión urbana, acrediten única posesión permanente y residencia habitual del inmueble con fines de vivienda, por un plazo no menor de cinco años a la fecha de presentación de la solicitud de declaración de abandono, siempre que ofertada la compra por dichos poseedores precarios, ésta no se hubiera concertado con la comunidad.48 Artículo 11º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, PETT, a instancia de los terceros poseedores sin relación contractual a que se refieren los artículos 10º y 10º-A, podrá declarar el abandono de tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa.

Con la presentación de las solicitudes de declaración de abandono realizadas por [47] De conformidad con el Decreto Supremo Nº 038-99-AG, publicado el 7 de octubre de 1999, se precisa el contenido del formato de contratos de transferencia de derechos a que se refiere este artículo. [48] Artículo adicionado por el Artículo 2º de la Ley Nº 28685, publicada el 14 de marzo de 2006.

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terceros poseedores sin relación contractual, el PETT gestionará la anotación preventiva en la partida matriz de los inmuebles que se afectan.49

Artículo 12º.- El procedimiento para declarar el abandono de tierras comunales se tramita ante el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT). Iniciado el proceso, el PETT notificará a la Comunidad Campesina de la Costa sobre este hecho, citando a su representante y a los colindantes de las tierras objeto del abandono, a una inspección ocular; la misma que se realizará en un plazo que no excederá de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción. Constatado el abandono, el PETT dicta la resolución en un plazo que no excederá de noventa (90) días desde que se realizó la inspección ocular, ordenando la incorporación del predio al dominio del Estado y disponiendo su inscripción registral a nombre de éste.

Transcurrido dicho plazo sin emitirse resolución, se considera denegada la solicitud de abandono. La resolución expresa o ficta podrá ser contradicha en la vía arbitral conforme lo dispone el Capítulo III de la presente Ley.

Artículo 13º.- Agotada la vía administrativa, dictado el laudo arbitral, el PETT cursa los partes respectivos a los Registros Públicos a fin de proceder a la inscripción del dominio del Estado sobre dichas tierras, cancelándose los asientos registrales anteriores. El PETT comunicará a la Superintendencia de Bienes Nacionales la culminación del proceso de declaración de abandono, inscribiendo la reversión de dominio a favor del Estado a fin de que se registre en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP.50 Artículo 14º.- El proceso de adjudicación de las tierras comunales declaradas en abandono, se inicia luego de efectuada la inscripción a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 15º.- La adjudicación en venta directa de tierras abandonadas que han pasado a dominio del Estado, se realizará exclusivamente a favor de los terceros poseedores que dieron origen al procedimiento de abandono.

[49] Artículo modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 28685, publicada el 14 de marzo de 2006. Texto anterior a la modificación: “Artículo 11º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), sólo a instancia de los terceros poseedores sin relación contractual, a que se refiere el artículo anterior, podrá declarar el abandono de tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa”. [50] Párrafo adicionado por el Artículo 4º de la Ley Nº 28685, publicada el 14 de marzo de 2006.

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CAPÍTULO III DEL RÉGIMEN ARBITRAL Artículo 16º.- Establézcase el Régimen Arbitral de la Propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa RAC, para la solución de los conflictos, las controversias, declaraciones, determinación de mejor derecho, incertidumbres jurídicas o de hecho, jurídica o factualmente trascendentes, que se produzcan en las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa que se incorporen al Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), para lo cual el RAC tendrá competencia territorial sobre dichas áreas. La incorporación al RAC genera, de pleno derecho, la aceptación previa, automática y expresa, de un convenio arbitral por parte de los integrantes de la Comunidad Campesina de la Costa, de los comuneros posesionarios o de terceros, así como su sometimiento a la jurisdicción arbitral creada por esta Ley.

No se admitirá, renuncia, reserva o pacto en contrario, entendiéndose que para ello dicho acto se halla dentro del supuesto normativo de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley General de Arbitraje Nº 26572. El RAC tendrá facultad exclusiva y excluyente respecto a las controversias que sometan a su competencia, para resolver, las siguientes materias: a)

b) c)

La definición de su propia competencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente; Las impugnaciones que presenten los interesados contra los acuerdos de la Asamblea a que se refiere esta Ley y las resoluciones que emita el PETT y que causen estado; y, Las demás que establezca la presente Ley y el Reglamento de Arbitraje y Conciliación emitido conforme lo dispone la presente Ley.

Artículo 17º.- Los jueces se abstendrán, de oficio o a petición de parte, de conocer las materias que se sometan a su conocimiento cuando de conformidad a lo establecido en la presente Ley corresponda su conocimiento del RAC, debiendo declarar la nulidad de todo lo actuado y el archivamiento definitivo del proceso en el estado en que se encuentre, bajo responsabilidad civil, administrativa y/o penal.

Artículo 18º.- La demanda en la vía arbitral deberá interponerse en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores al acuerdo de la Asamblea Comunal o la notificación o publicación de la resolución correspondiente. La interposición de la demanda arbitral suspende la ejecución del acuerdo de Asamblea o de la resolución impugnada. 225

Artículo 19º.- En los casos de adjudicación de tierras comunales declaradas en abandono, los adjudicatarios suscribirán, además del contrato de compraventa, un compromiso arbitral manifestando su aceptación del RAC conforme a lo dispuesto por la presente Ley.

Artículo 20º.- Los laudos expedidos por el RAC son definitivos, tienen calidad de cosa juzgada material y contra ellos no procede impugnación alguna ante el Poder Judicial, que deberá declarar inadmisible, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal cualquier petición que pretenda contravenir esta disposición. Artículo 21º.- El Poder Judicial designará en cada Distrito Judicial de la región de la costa, juzgados especializados en lo civil para el conocimiento del trámite de ejecución de los laudos expedidos por el RAC. Estos juzgados ejecutarán los laudos dentro del tercer día de emitidos por el RAC con citación de los interesados y de los terceros legitimados apersonados al procedimiento arbitral.

Artículo 22º.- El PETT, el Registro Predial, cualquier dependencia estatal, así como las personas naturales y jurídicas cumplirán lo dispuesto en el laudo. Contra la orden de ejecución del laudo no procede recurso o articulación alguna que impida o pretenda retrasar dicha ejecución, bajo responsabilidad civil, administrativa y/o penal del juez respectivo. Cualquier apelación que fuese concedida se entenderá otorgada sin efecto suspensivo, siendo nula de pleno derecho cualquier disposición o estipulación en contrario, bajo responsabilidad. Artículo 23º.- Para lo no previsto en esa capítulo, son aplicables las normas de la Ley General de Arbitraje, Ley Nº 26572. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- La presente Ley se aprueba por mayoría calificada de acuerdo a lo previsto por el Artículo 106º de la Constitución Política del Perú y su modificación o derogación se efectuará a través de otra norma legal expedida por el Congreso cumpliendo la misma formalidad. Segunda.- Es nula de pleno derecho cualquier disposición estatutaria que contravenga la presente Ley.

Tercera.- Son válidos los acuerdos sobre el régimen de la propiedad de la tierra comunal, incluidos los referidos a la adjudicación en favor de comuneros posesionarios, que hayan sido adoptados con anterioridad a la promulgación de la presente Ley.

Cuarta.- Modificase el inciso b) del Artículo 2º de la Ley Nº 24657, con el texto siguiente:

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

“...No se consideran tierras de la Comunidad:....” “b)

Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de octubre de 1993, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha. Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

Se exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, dirigidos y gobernados por la propia Comunidad.”51 52

Adiciónese al artículo mencionado, los incisos siguientes: “f) g)

Las que la Comunidad adjudique a sus comuneros o a terceros. Las que sean declaradas en abandono.”

CONCORDANCIA:

D.S.Nº 009-99-MTC, Art.47º

Quinta.- No son de aplicación para los fines de la presente Ley, las disposiciones contenidas en las Leyes Nºs. 24656, 24657, 26505 que se opongan a la presente ley. De igual modo toda otra disposición legal que se oponga. Sexta.- El régimen jurídico de las tierras adjudicadas por las Comunidades Campesinas de la Costa en Asamblea o por el PETT será el de la propiedad privada establecido en el Código Civil. Séptima.- Aquellos que realicen tráfico ilegal de tierras para fines urbanos o rústicos serán objeto de las sanciones penales y civiles previstas en la legislación de la materia. La compensación económica dictada por las autoridades pertinentes deberá guardar relación con el valor de las tierras objeto del tráfico ilegal. El PETT, así como toda otra autoridad cuya función este relacionada con la titulación y registro de tierras rústicas y urbanas denunciarán a los responsables de dichos actos. [51] De conformidad con la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046, publicada el 05-01-99, el plazo a que se refiere esta disposición es el contemplado en el Artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 803 y sus modificatorias. Extiéndase la aplicación de dicha disposición a los programas estatales y municipales de vivienda. [52] De conformidad con la modificación a la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046, publicada el 14 marzo 2006, el plazo a que se refiere la presente Disposición es el 31 de diciembre de 2003. Extiéndese la aplicación de dicha Disposición a los programas estatales y municipales de vivienda.

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Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete. VICTOR JOY WAY ROJAS Presidente del Congreso de la República

CARLOS TORRES Y TORRES LARA Primer Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República ALBERTO PANDOLFI ARBULU Presidente del Consejo de Ministros RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI Ministro de Agricultura

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

1.4.1. Precisan contenido de formato de contratos de transferencia de derechos, a que se refiere el Art. 9º de la Ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa PRECISAN CONTENIDO DE FORMATO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS, A QUE SE REFIERE EL ART. 9º DE LA LEY DE TITULACIÓN DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA DECRETO SUPREMO Nº 038-99-AG (Publicado el 7 de octubre de 1999)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, dada por Ley Nº 26845, establece en su Artículo 9º que el representante legal de la Comunidad Campesina de la Costa o el designado por ella para dar cumplimiento a los acuerdos de adjudicación a que se refiere la mencionada ley, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de recibidos los planos y memorias descriptivas elaboradas por el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura, o por la Dirección Regional de Agricultura correspondiente, procederá a otorgar los respectivos contratos de transferencia de los derechos de propiedad, de acuerdo al formato que se establezca en el Reglamento de la citada Ley;

Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 26845, la Comunidad transferente utilizará un formato en el que se consignará los datos pertinentes a las transferencias de los derechos de propiedad de las tierras a terceros, precisando el predio que se transfiere, el precio, las obligaciones del vendedor y del comprador y cualquier otro pacto que hayan convenido las partes, conforme a lo estipulado por el Código Civil; En uso de las facultades previstas en el Artículo 118º inciso 8) de la Constitución Política del Perú; DECRETA:

Artículo 1º.- El formato a que se refiere el Artículo 9º de la Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, dada por Ley Nº 26845, será aquel que use cada Comunidad para el otorgamiento de los respectivos contratos de transferencias de los derechos de propiedad de las tierras a terceros y deberá precisar el predio que se transfiere, el precio, las obligaciones del vendedor y del comprador y cualquier otro pacto que hayan convenido las partes, conforme a lo estipulado en el Código Civil.

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Artículo 2º.- El referido formato, conjuntamente con los planos y memorias descriptivas aprobados por el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del Ministerio de Agricultura y en su caso, por la dependencia del Proyecto Especial Titulación de Tierras de la Dirección Regional de Agricultura correspondiente, serán títulos suficientes para inscribir tales transferencias ante los Registros Públicos. Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República. BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA Ministro de Agricultura

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

1.5. Ley que regula la declaración del abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones informales LEY QUE REGULA LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO LEGAL DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA, OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OTRAS POSESIONES INFORMALES LEY Nº 2868553 (Publicada el 14 de marzo de 2006)

CONCORDANCIA: D.S. Nº 016-2006-AG EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO LEGAL DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA, OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OTRAS POSESIONES INFORMALES

Artículo 1º.- Modifica la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046 Modifícase la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046 por el siguiente texto:

[53] De conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29320, publicada el 11 de febrero de 2009, se precisa que los actos de disposición efectuados por las Comunidades Campesinas sobre partes materiales o cuotas ideales de tierras ocupadas por posesiones informales excluidas de su dominio de acuerdo con las Leyes núms. 24657, 26845, 27046 y 28685 son nulos de pleno derecho, por lo que no se requiere sentencia judicial que así los declare. En estos casos, los afectados pueden hacer valer su derecho en sede judicial, a fin de obtener la devolución de su contraprestación, sujetándose al trámite de los procesos previstos en el Código Procesal Civil, según su naturaleza y cuantía.

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“NOVENA.- El plazo a que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26845 es el 31 de diciembre de 2003. Extiéndese la aplicación de dicha Disposición a los programas estatales y municipales de vivienda. Corresponde a las municipalidades provinciales, la formalización y titulación de las tierras a que se refiere la Ley Nº 26845, ocupadas por asentamientos humanos, centros poblados, programas estatales y municipales de vivienda y otras posesiones informales, hasta la inscripción de los títulos de propiedad”.54 Artículo 2º.- Adición del artículo 10º-A a la Ley Nº 26845 Adiciónase el artículo 10º-A a la Ley Nº 26845, con el siguiente texto:

“Artículo 10-A.- Procede declarar el abandono legal de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, de conformidad con los artículos 88º y 89º de la Constitución Política del Perú, cuando los poseedores precarios de los terrenos de propiedad comunal ubicados dentro del área urbana y de expansión urbana, acrediten única posesión permanente y residencia habitual del inmueble con fines de vivienda, por un plazo no menor de cinco años a la fecha de presentación de la solicitud de declaración de abandono, siempre que ofertada la compra por dichos poseedores precarios, ésta no se hubiera concertado con la comunidad.” Artículo 3º.- Modificación del artículo 11º de la Ley Nº 26845 Modifícase el artículo 11º de la Ley Nº 26845 por el siguiente texto:

“Artículo 11º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, PETT, a instancia de los terceros poseedores sin relación contractual a que se refieren los artículos 10º y 10º-A, podrá declarar el abandono de tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa.

Con la presentación de las solicitudes de declaración de abandono realizadas por terceros poseedores sin relación contractual, el PETT gestionará la anotación preventiva en la partida matriz de los inmuebles que se afectan.” Artículo 4º.- Adición de párrafo al artículo 13º de la Ley Nº 26845 Adiciónase un segundo párrafo al artículo 13º de la Ley Nº 26845, con el siguiente texto: “Artículo 13º.(…) [54] De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 016-2006-AG, publicado el 5 de abril de 2006, el citado dispositivo no rige para los procedimientos administrativos que deriven de la aplicación de la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046, modificada por el presente artículo, los que seguirán tramitándose conforme a la normatividad de la materia.

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El PETT comunicará a la Superintendencia de Bienes Nacionales la culminación del proceso de declaración de abandono, inscribiendo la reversión de dominio a favor del Estado a fin de que se registre en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP.” Artículo 5º.- Reglamentación El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa (90) días calendario, a partir de su entrada en vigencia. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil seis. MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Lima, a los doce días del mes de marzo del año dos mil seis. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente del Consejo de Ministros

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1.5.1. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28685, Ley que regula la declaración de abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la Costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones informales APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28685, LEY QUE REGULA LA DECLARACIÓN DE ABANDONO LEGAL DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA, OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OTRAS POSESIONES INFORMALES DECRETO SUPREMO Nº 016-2006-AG (Publicado el 5 de abril de 2006) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28685 se dio la Ley que Regula la Declaración de Abandono Legal de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, Ocupadas por Asentamientos Humanos y otras Posesiones Informales; Que, en virtud del artículo 5º de la referida Ley, debe dictarse su Reglamento;

De conformidad con el artículo 118º inciso 8) de la Constitución Política del Perú; DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 28685 - Ley que Regula la Declaración de Abandono Legal de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, Ocupadas por Asentamientos Humanos y otras Posesiones Informales, que consta de dos títulos, siete artículos y dos disposiciones complementarias; el mismo que forma parte de este Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil seis. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República

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MANUEL MANRIQUE UGARTE Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28685 - LEY QUE REGULA LA DECLARACIÓN DE ABANDONO LEGAL DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA, OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OTRAS POSESIONES INFORMALES TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Objeto El presente Reglamento norma el procedimiento para declarar el abandono legal de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, previsto en la Ley Nº 28685. Artículo 2º.- Referencias Toda mención a la Ley, entiéndase referida a la Ley Nº 28685.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación Este Reglamento se aplica a las tierras ocupadas por personas naturales con fines de vivienda en condición de poseedores precarios, ubicadas dentro del área urbana y de expansión urbana pertenecientes a las Comunidades Campesinas de la Costa, cuya propiedad se encuentre inscrita en los Registros Públicos. Artículo 4º.- Del abandono de tierras El abandono de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa procede cuando los poseedores precarios demuestren la posesión permanente, pacífica, pública, con residencia habitual en el inmueble con fines de vivienda, por un plazo no menor de 5 años a la fecha de presentación de la solicitud de declaración de abandono y siempre que ofertada la compra por dichos poseedores precarios, ésta no se hubiera concretado con la Comunidad.

Artículo 5º.- De la oferta de compra El ocupante precario que considere encontrarse dentro de los alcances de este Reglamento, presentará a la Directiva Comunal una oferta por escrito proponiendo la compra del terreno que ocupa, en la que fijará la modalidad de compra. Transcurridos dos meses de la presentación a la Comunidad de dicha oferta, sin que se haya concretado la adquisición, el interesado podrá solicitar se declare el abandono legal de las tierras que ocupan, conforme a las disposiciones del Título siguiente. 236

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

TÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO Artículo 6º.- Del Procedimiento: 6.1. La solicitud de declaración de abandono será presentada a la Oficina PETT de Ejecución Regional - OPER respectiva, acompañando el documento que acredite haber gestionado la compra ante la Comunidad Campesina, al que se adjuntará los planos perimétrico y de ubicación y memoria descriptiva correspondientes del área que ocupa. 6.2. Para acreditar la posesión permanente, pacífica y pública por un plazo no menor de cinco años a la fecha de presentación de la solicitud, el interesado acompañará a ésta, los documentos siguientes: a)

b) c) d)

Constancia o certificado de posesión, así como Constancia de que el predio se encuentra ubicado dentro del área urbana o de expansión urbana, otorgados por la municipalidad correspondiente, según sea el caso. Certificado negativo de propiedad expedido por la Oficina Registral respectiva de los Registros Públicos.

Declaración Jurada expresando que el terreno objeto de solicitud es su única posesión y residencia habitual con fines de vivienda.

Cualquier otro documento que acredite ser su única posesión permanente y con fines de vivienda.

6.3. Recibida la solicitud, la OPER pondrá en conocimiento de la Comunidad respectiva ese hecho, citando al representante legal de la Comunidad, al solicitante y a los colindantes, de ser el caso, de las tierras objeto de la solicitud a una inspección ocular, la misma que se realizará en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, debiendo participar en dicho acto un ingeniero y un abogado de la OPER. 6.4. De la inspección ocular se levantará un acta que suscribirán las partes y los funcionarios que participaron en el acto de inspección, dando cuenta de la situación encontrada en el predio como: construcciones, habilitación, tiempo de ocupación y otras condiciones que permitan determinar la situación del área peticionada; así como se procederá al levantamiento del plano perimétrico del área objeto de la inspección por parte del equipo técnico de la OPER.

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6.5. Dentro del plazo de 30 días hábiles de efectuada la inspección ocular, el Jefe de la OPER remitirá el expediente a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, adjuntando el informe técnico y legal respectivos, a fin de que se tramite la respectiva Resolución Directoral Ejecutiva. 6.6. Por el mérito de lo actuado y dentro de un plazo que no excederá de 30 días hábiles, la Dirección Ejecutiva del PETT dictará resolución, declarando el abandono legal del predio, si fuere el caso, disponiendo su incorporación al dominio del Estado, así como su inscripción registral a nombre del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de la jurisdicción correspondiente, comunicando a la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP. 6.7. Dicha resolución es apelable, absolviéndose el grado en última instancia administrativa por el Despacho Ministerial de Agricultura.

Artículo 7º.- Cancelación e inscripción registral La resolución que declara el abandono legal de tierras, será título suficiente para que los Registros Públicos proceda a inscribirla a favor del Estado. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- En todo lo no previsto en el presente reglamento, son de aplicación las reglas contenidas en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Segunda.- El presente Reglamento no rige para los procedimientos administrativos que deriven de la aplicación de la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27046, modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 28685, los que seguirán tramitándose conforme a la normatividad de la materia.

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2 Comunidades Nativas

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2.1. Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de la Selva y Ceja de Selva LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LA SELVA Y CEJA DE SELVA DECRETO LEY Nº 2217555 56 (Publicado el 10 de mayo de 1978)

CONCORDANCIA:

D.S. Nº 003-79-AA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

HA DADO EL DECRETO-LEY SIGUIENTE: EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO CONSIDERANDO:

Que, la aplicación del Decreto Ley 20653 “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva” ha permitido un avance significativo en el objetivo de incorporar la colectividad nativa a la vida económica nacional en condiciones equitativas y dignas; Que, no obstante, es conveniente perfeccionar este dispositivo legal incorporando en él criterios que permitan optimizar la rentabilidad social, económica y ecológica del uso de la tierra y que determinen la expansión de las fronteras en la Selva y Ceja de Selva; Que, por otra parte, el Plan de Gobierno Túpac Amaru, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-77-PM, contiene lineamientos de política expresamente referidos a

[55] De conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 677, publicado el 7 de octubre de 1991, dispone que el régimen de participación de los trabajadores que norma, deroga los contenidos en el presente Dispositivo. Posteriormente, la citada Disposición fue derogada por la Segunda Disposición Complementaria, Derogatoria y Final del Decreto Legislativo Nº 892, publicado el 11 de noviembre de 1996. [56] De conformidad con el Artículo 2º del Decreto Ley Nº 25891, publicado el 9 de diciembre de 1992, se transfiere las funciones y actividades comprendidas en el presente Decreto Ley a las Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura del país.

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las regiones de Selva y Ceja de Selva que, para su aplicación, deben estar consignados en el ordenamiento legal vigente; En uso de las facultades de que está investido; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Ha dado el Decreto Ley siguiente:

LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA TÍTULO I PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1º.- La presente Ley tiene como finalidad establecer una estructura agraria que contribuya al desarrollo integral de las regiones de Selva y Ceja de Selva, a fin de que su población alcance niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona humana.

Artículo 2º.- El Estado promoverá el desarrollo de las regiones de Selva y Ceja de Selva, mediante proyectos de asentamiento rural. Artículo 3º.- Se entiende por asentamiento rural el establecimiento organizado de personas dedicadas al aprovechamiento integral e integrado de los recursos naturales renovables, mediante sistemas de producción que maximicen, la rentabilidad social, económica y ecológica y aseguren un adecuado acondicionamiento del territorio. Los proyectos de asentamiento rural se ejecutarán de acuerdo a Planes Regionales de Desarrollo.

Artículo 4º.- Los asentamientos rurales integrarán las actividades de producción agropecuaria y/o de producción o extracción forestal, pesquera y de fauna silvestre con la industrialización así como con el transporte y la comercialización.

Artículo 5º.- El Estado estimulará mediante un tratamiento especial la inversión de capitales en las regiones de Selva y Ceja de Selva de acuerdo a los respectivos Planes de Desarrollo. Artículo 6º.- Declárase de interés público la conservación, protección, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables de las regiones de Selva y Ceja de Selva.

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TÍTULO II DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Artículo 7º.- El Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las Comunidades Nativas.

Artículo 8.- Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.

Artículo 9º.- Son miembros de las Comunidades Nativas los nacidos en el seno de las mismas y aquellas a quienes éstas incorporen siempre que reúnan los requisitos que señale el Estatuto de Comunidades Nativas. Se pierde la condición de comunero por residir fuera del territorio comunal por más de doce meses consecutivos, salvo que la ausencia sea motivada por razones de estudio o salud debidamente acreditadas, por traslado al territorio de otra Comunidad Nativa de acuerdo a los usos y costumbres y por el cumplimiento del Servicio Militar. Artículo 10º.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad. Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas, se tendrá en cuenta lo siguiente: a.

b.

Cuando hayan adquirido carácter sedentario la superficie que actualmente ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, de recolección, caza y pesca; y

Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde se establecen al efectuarlas.

Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que requieran para la satisfacción de las necesidades de su población. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 028-2003-AG, Art. 4º

Artículo 11º.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia. Artículo 12º.- Serán incorporadas al dominio de las Comunidades Nativas las tierras ubicadas dentro del perímetro del territorio comunal delimitado en aplicación de lo

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dispuesto por el Artículo 10º de la presente Ley y que hayan sido adjudicadas por el Estado a particulares, con posterioridad a la Constitución del Estado promulgada el 18 de enero de 1920, quienes serán indemnizados por las mejoras útiles y necesarias, construcciones, instalaciones, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado existente, que acrediten haber introducido en el predio. En caso que no hubiera acuerdo sobre la valorización, ésta será fijada por el Fuero Agrario. El Banco Agrario está obligado a otorgar en favor de la Comunidad, el préstamo que fuera necesario para el cumplimiento de esta disposición, fijando los plazos de los reembolsos de acuerdo a la naturaleza de las mejoras. Artículo 13º.- La propiedad territorial de las Comunidades Nativas es inalienable, imprescriptible e inembargable.

Artículo 14º.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación inscribirá a las Comunidades Nativas en el Registro Nacional de Comunidades Nativas que para tal efecto llevará. CONCORDANCIA:

R. Nº 122-2013-SUNARP-SN

Artículo 15º.- El Estado promoverá la educación integral y la capacitación permanente de los miembros de las Comunidades Nativas, tanto en el campo de la organización y administración comunal, como en el aspecto técnico, agropecuario y forestal, y dará preferencia a los profesionales y técnicos nativos para el desempeño de cargos públicos en el ámbito de las Comunidades; El Estado propiciará y supervisará la creación y funcionamiento de núcleos pilotos de fomento agropecuario y forestal en el territorio de las Comunidades Nativas, de acuerdo a los correspondientes Planes de Desarrollo. Artículo 16º.- Para realizar actividades educativas o asistenciales, las personas naturales y las personas jurídicas de derecho privado deberán ser autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, sin perjuicio de las autorizaciones que corresponda otorgar a los Sectores respectivos. Artículo 17º.- Los ocupantes precarios y los mejoreros, ubicados en tierras de una Comunidad Nativa, podrán incorporarse a la Comunidad, salvo que los miembros de ésta reunidos en Asamblea General, dentro de los seis meses siguientes a la delimitación del territorio comunal, decidan no admitirlos como comuneros, en cuyo caso se procederá a indemnizarlos de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 12º de la presente Ley. Artículo 18º.- Las Comunidades Nativas localizadas dentro de los límites de los Parques Nacionales, cuyas actividades no atenten contra los principios que justifican el establecimiento de dichas unidades de conservación, podrán permanecer en ellas sin título de propiedad.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 19º.- Los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una Comunidad Nativa, así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno.

En los procesos civiles y penales los Tribunales Comunes o Privativos, según sea el caso, tendrán en cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y valores socio-culturales de las Comunidades.

Artículo 20º.- En cada una de las Comunidades Nativas habrá Registros del Estado Civil que estarán a cargo del Agente Municipal y a falta de éste del Jefe de la Comunidad. Artículo 21º.- Los organismos del Sector Público Nacional, dentro de los campos de su respectiva competencia, darán prioridad a las Comunidades Nativas en los servicios que presten dentro de la región. Artículo 22º.- Las Comunidades Nativas recibirán de los organismos públicos trato prioritario en lo que se refiere a la comercialización de sus productos.

Artículo 23º.- Los funcionarios y empleados públicos, quedan obligados, bajo responsabilidad civil y penal, a dar curso inmediato a las denuncias presentadas por comuneros nativos referentes al incumplimiento de la legislación laboral, irregularidades en la tramitación de la documentación de identidad personal, ocupación o explotación ilícita de recursos naturales pertenecientes a la Comunidad u otros hechos o acciones que le perjudique.

Artículo 24º.- Las Comunidades Nativas quedan exoneradas de los impuestos a la renta, al patrimonio empresarial y sucesorios, así como de todo otro gravamen, por el término de veinte años computado a partir de la vigencia de la presente Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no modifica el goce de beneficios o incentivos tributarios otorgados para la Selva y Ceja de Selva.57 Artículo 25º.- Para fines de aplicación del Decreto Ley 19400 las Comunidades Nativas tendrán el mismo tratamiento que el de las Comunidades Campesinas. Artículo 26º.- El otorgamiento de licencias para el uso de “barreales” colindantes con las tierras de propiedad de las Comunidades Nativas, se hará en forma preferencial y gratuita en favor de éstas.

Artículo 27º.- Las Comunidades Nativas tendrán prioridad para la obtención de contratos de exploración forestal, extracción forestal y reforestación. [57] De conformidad con el Artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 2, publicado el 25 de noviembre de 1980, se amplió hasta el 31 de diciembre de 1991 los beneficios y exoneraciones tributarias otorgadas por el presente artículo en lo que es aplicable a la actividad agraria.

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TÍTULO III DE LAS TIERRAS DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA CAPÍTULO I DEL USO DE LAS TIERRAS Artículo 28º.- Las tierras de las regiones de Selva y Ceja de Selva se usarán en armonía con el interés social. Cualquiera que fuera su causa, denominación o modalidades, son nulas las obligaciones existentes a la fecha de vigencia de la presente Ley o las que se originen en el futuro, relativas a prestación de servicios personales en compensación parcial o total del uso de las tierras. Artículo 29º.- Para los efectos de la presente ley, se distinguen los siguientes grupos de capacidad de uso mayor de las tierras: a.

Con aptitud para el cultivo;

c.

Con aptitud forestal.

b.

Con aptitud para la ganadería; y

Están comprendidas en el inciso b. las tierras destinadas al cultivo de forrajes. La calificación de la aptitud de las tierras será determinada por el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Artículo 30º.- El uso agropecuario queda restringido exclusivamente a las tierras a que se refieren los incisos a. y b. del Artículo anterior. El uso de las tierras con aptitud forestal, así como el de los eriazos, se regirá por la legislación sobre la materia.

Artículo 31º.- Las tierras de la Selva y Ceja de Selva, además de las servidumbres ordinarias, quedan sujetas a las siguientes: a.

b.

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De libre tránsito por los puentes, oroyas y caminos existentes y aquellos que se construyan en el futuro; y

De libre paso de oleoductos, gasoductos, instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera, instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión de energía vías de comunicación de toda especie, obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

CAPÍTULO II DEL DOMINIO DE LAS TIERRAS Artículo 32º.- Son tierras de dominio del Estado: a.

b.

Las que no hayan sido legítimamente otorgadas a particulares;

Las provenientes de concesiones, pago de indemnizaciones, deudas del Estado o ventas otorgadas por éste a personas naturales o jurídicas, para fines de parcelación o colonización, en los casos siguientes: 1. 2.

c.

d.

e.

Cuando no se hayan cumplido todas las condiciones establecidas al momento de su otorgamiento, aunque hubieran sido transferidas a terceros salvo que éstos estuvieran cumpliendo tales condiciones;

Cuando el titular las hubiera cedido en arrendamiento, uso, usufructo o aprovechamiento;

La totalidad o parte de las adjudicadas a particulares, que no hayan sido cultivadas dentro de los cinco años de la expedición del título. Se considerará como explotadas las porciones del predio utilizadas para rotación de tierras: tales porciones, en conjunto no podrán exceder de una extensión igual a la cubierta con cultivo y/o pastos;

Las tierras poseídas por más de un año por campesinos que no tengan vínculo contractual con el propietario, siempre que éste no haya interpuesto la acción judicial correspondiente. Dichas tierras se adjudicarán a quienes las han venido trabajando; y

Las tierras que excedan de la superficie señalada en el título de dominio otorgado por el Estado, aunque se encuentren cultivadas o explotadas, teniendo prioridad el usuario para adquirirlas hasta un área que no supere los límites fijados en los Artículos 57º, 63º y 64º de la presente Ley, según el caso.

Artículo 33º.- Los predios rústicos de dominio privado del Estado, ubicados en las regiones de Selva y Ceja de Selva, podrán ser adjudicados a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, para su posterior adjudicación de conformidad con la presente Ley. Artículo 34º.- Las personas que a la fecha de vigencia de la presente Ley sean propietarios de tierras ubicadas en las regiones de Selva y Ceja de Selva podrán mantener bajo su dominio las áreas que hayan incorporado a la explotación agrícola o pecuaria, así como las áreas utilizadas para rotación de tierras con la limitación a que se refiere el inciso c. del Artículo 32º de la presente Ley siempre que vengan ejerciendo su posesión inmediata, cualquiera que sea el título de adquisición y

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aunque su superficie exceda los límites señalados en los Artículos 63º y 64º las áreas restantes serán incorporadas al dominio del Estado de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 38º y siguientes de la presente Ley. Artículo 35º.- La adjudicación de tierras en las regiones de Selva y Ceja de Selva, no podrán exceder de los límites señalados en los artículos 57º, 63º, 64º y 72º de la presente Ley.58

Artículo 36º.- Son indivisibles para todos los efectos legales los predios rústicos cuya extensión sea menor de 20 hectáreas de tierra con aptitud para el cultivo o su equivalente de tierras con aptitud para la ganadería. Los lotes resultantes de la división de predios de 20 o más hectáreas, en ningún caso, podrán ser menores de 10 hectáreas.

Tratándose de tierras de cultivo bajo riego las extensiones a que se ha hecho referencia podrán ser reducidas a la mitad. Artículo 37º.- Cuando fallezca el propietario de un predio rústico y concurran como herederos la cónyuge y uno o más hijos que reúnan los requisitos señalados en el Artículo 45º, deberá liquidarse el condominio dentro del término de dos años computado a partir del fallecimiento, pudiendo fraccionarse el predio previa autorización de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, con la limitación que establece el Artículo anterior. A falta de cónyuge, la compañera permanente tendrá derecho a recibir una cuota parte igual a la que hubiere correspondido a aquella.

Los herederos que no resultasen adjudicatarios de la unidad agrícola, tendrán contra el beneficiario derecho crediticio por el importe de su cuota hereditaria, quien lo pagará en diez anualidades iguales, salvo que deseara hacerlo al contado o en menor plazo. A falta de cónyuge, compañera permanente, hijos o ascendientes del causante, heredará la unidad el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que haya venido trabajando con el causante; y si no lo hubiere, se considerará vacante la herencia y a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.

[58] Artículo modificado por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 2, publicado el 25 de noviembre de 1980. Texto anterior a la modificación: “Artículo 35º.- Las sociedades mercantiles no pueden ser propietarias de predios rústicos en las regiones de Selva y Ceja de Selva; salvo en los casos previstos en el Capítulo VII del presente Título”.

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CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO, VALORIZACIÓN Y FORMA DE PAGO DE MEJORAS Y OTROS BIENES Artículo 38º.- Los procedimientos para la extinción o caducidad de las concesiones y de los títulos de propiedad de las tierras en las que no se haya cumplido las condiciones que señala la presente Ley, se iniciarán por la respectiva Dirección Zonal del Ministerio de Agricultura y Alimentación con una inspección ocular y actuación de las demás pruebas que estime conveniente. Los interesados podrán formular observaciones u oposiciones hasta en el acto mismo de la inspección ocular, cuya fecha de realización se hará saber mediante carteles que serán fijados durante ocho días en el predio, en los locales de los Concejos Municipales de la provincia y distrito respectivo, y en los de la Dirección Zonal.

La Resolución Directoral que declare la extinción o caducidad será notificada en el predio o en el domicilio señalado por el interesado en la capital de la provincia donde se encuentra el predio, quien podrá interponer recurso de apelación dentro del término de quince días ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Esta absolverá el grado solicitando la expedición de la Resolución Ministerial correspondiente. Con la notificación de ésta queda agotada la vía administrativa. A petición de la Dirección Zonal, el Juez de Tierras ordenará la Inscripción del dominio en los Registros Públicos a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Artículo 39º.- Declarada la extinción del dominio se abonará al titular únicamente el valor de las construcciones, instalaciones, mejoras útiles y necesarias, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado existente, que acredite haber introducido en el predio. La acción para el cobro de las referidas mejoras y bienes agrarios prescribirá a los dos años computados desde la fecha en que haya quedado consentida o ejecutoriada la Resolución Ministerial que pone término al procedimiento. Artículo 40º.- La valorización de los bienes a que se refiere el Artículo anterior se realizará en la forma siguiente: a.

Ganado, de acuerdo a los precios de mercado;

c.

Plantaciones al costo de instalación con los castigos respectivos.

b.

Construcciones, instalaciones, mejoras, maquinaria y equipo, de acuerdo al valor de reposición con los castigos correspondientes; y

Artículo 41º.- El valor del ganado, maquinaria y equipo se pagará en efectivo; el de construcciones, instalaciones, mejoras y plantaciones, hasta un millón de soles en efectivo y el saldo en bonos de la Deuda Agraria de la Clase “B”. 249

Artículo 42º.- Procede el Recurso de Amparo a que se contrae el Decreto Ley 20554 contra la Resolución que ponga término al procedimiento de extinción o caducidad, el mismo que podrá ser interpuesto dentro de los treinta días útiles siguientes a su notificación. La valorización podrá ser impugnada ante el Fuero Agrario dentro de los sesenta días útiles de notificada. La carga de la prueba corresponde al demandante. (…)

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2.1.1. Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de las regiones de Selva y Ceja de Selva REGLAMENTO DE LA LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA DECRETO SUPREMO Nº 003-79-AA (Publicado el 12 de abril de 1979) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura y Alimentación ha elaborado el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, de conformidad al mandato contenido en la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 22175. DECRETA:

Artículo 1º.-­Apruébase el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva Decreto Ley Nº 22175, que consta de los siguientes Títulos, Capítulos, Artículos, Disposiciones Transitorias y Anexo sobre Definiciones de Términos: Artículo 2º.-­Cuando en el presente Reglamento se use la expresión Ley, su referencia es el Decreto Ley Nº 22175 ­Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva.

Artículo 3º.-­El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Agricultura y Alimentación y de Economía y Finanzas. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de enero de mil novecientos setentinueve.

General de División EP., FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI, Presidente de la República. General de División EP., LUIS ARBULU IBAÑEZ, Ministro de Agricultura y Alimentación. Doctor, JAVIER SILVA RUETE, Ministro de Economía y Finanzas.

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REGLAMENTO DEL DECRETO LEY Nº 22175 LEY DE COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA TÍTULO I DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Artículo 1º.-­ Son miembros de una Comunidad Nativa los nacidos en el seno de la misma y aquellos que, habiendo nacido en otras comunidades, residan en ella en forma permanente, así como los que sean incorporados a la Comunidad y que reúnan los requisitos que señale el Estatuto de Comunidades Nativas.

Artículo 2º.-­ La inscripción de las Comunidades Nativas en el Registro Nacional de Comunidades Nativas se realizará de oficio o a petición de parte, de acuerdo al siguiente procedimiento: a)

b) c)

Personal técnico especializado de la Dirección Regional Agraria levantará un censo poblacional y realizará los estudios socio-económicos que determinen que la Comunidad debe ser inscrita como tal. Dichos estudios deberán precisar el tipo de asentamiento de la Comunidad (nucleado o disperso) y si se trata de una Comunidad sedentaria o que realiza migraciones estacionales; En base a lo actuado se organizará el expediente correspondiente y la Dirección Regional Agraria expedirá Resolución pronunciándose sobre la inscripción de la Comunidad en el Registro Nacional de Comunidades Nativas. En caso de impugnación de la Resolución de la Dirección Regional Agraria, el expediente será elevado a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural para la absolución del grado.

Artículo 3º.- La incorporación al seno de la Comunidad y la declaración de pérdida de la condición de comunero a que se refiere el Artículo 9º de la Ley serán acordadas por la Asamblea Comunal, conforme a las normas y el procedimiento que se establezca en el Estatuto de Comunidades Nativas. Artículo 4º.- La demarcación del territorio de las Comunidades Nativas será realizada por personal técnico especializado de las Direcciones Regionales Agrarias.

Artículo 5º.-­La demarcación del territorio comunal se sujetará al siguiente procedimiento. a)

252

Consentida la Resolución Directoral de Inscripción, la Dirección Regional Agraria programará la realización de una visita inspectiva en el territorio ocupado por la Comunidad Nativa con la participación de los representantes de ésta, los colindantes y ocupantes si los hubiera. De la visita de inspección

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b) c)

d)

e)

se levantará acta de demarcación que será puesta en conocimiento de la Asamblea Comunal. En la misma diligencia el funcionario encargado de la inspección, requerirá de los ocupantes precarios y/o mejoreros ubicados en tierras de la Comunidad su manifestación respecto a si desean integrarse o no a la Comunidad; Practicada la diligencia de demarcación se efectuará la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, elaborándose los planos y memoria descriptiva e informes técnicos y sociales pertinentes;

En base a lo actuado, la Dirección Regional Agraria, expedirá Resolución aprobando el plano del territorio comunal, que será puesta en conocimiento de la Comunidad y demás interesados mediante carteles que se fijarán en el poblado de la Comunidad y notificación personal a los ocupantes que se encuentran en el territorio comunal, pudiendo utilizarse adicionalmente otros medios de difusión;

Dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación a que se refiere el inciso anterior, los interesados podrán apelar de la Resolución. La apelación será resuelta por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural previo informe de la Dirección General Forestal y de Fauna;

Consentida o ejecutoriada la Resolución, el Ministerio de Agricultura y Alimentación mediante Resolución Ministerial, aprobará el procedimiento de demarcación y dispondrá que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural otorgue el Título de Propiedad sobre las tierras con aptitud para el cultivo y la ganadería, asimismo, que la Dirección General Forestal y de Fauna otorgue el Contrato de Cesión en Uso sobre las tierras con aptitud forestal;

La Dirección Regional Agraria, de oficio, remitirá el Título de Propiedad y plano correspondiente a los Registros Públicos de la Provincia en la cual se encuentra asentada la Comunidad, para que proceda a la inscripción gratuita de dominio.

Artículo 6º.-­La incorporación de las tierras al dominio de la Comunidad a que se refiere el Artículo 12º de la Ley, se sujetará al siguiente procedimiento: a)

Al practicarse la delimitación del territorio de la Comunidad, serán demarcadas las tierras de propiedad particular que se encuentren dentro de su perímetro, efectuándose el inventario de las mejoras útiles y necesarias, construcciones, instalaciones, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado existente para su valorización de acuerdo a Ley; 253

b) c) d)

La valorización será aprobada por la Dirección Regional Agraria y notificada a la Comunidad y al propietario, en el centro poblado comunal, en el predio o en el domicilio que señalen en la capital de la provincia;

En caso de no haber acuerdo sobre el monto de la valorización, cualquiera de las partes acudirá al Fuero Agrario para que éste fije el monto correspondiente;

Paralelamente a la valorización la Dirección Regional Agraria iniciará el trámite de extinción de dominio, caducidad de Título de Propiedad o rescisión de contrato de adjudicación, según el caso, de acuerdo al procedimiento que se señala en el Artículo 53º del presente Reglamento.

Artículo 7º.- Los defensores de oficio adscritos a los Juzgados de Tierras, en cuya jurisdicción existen Comunidades Nativas, asumirán la defensa de los derechos de éstas respecto de las acciones que se deriven de la aplicación de la Ley y del presente Reglamento. Artículo 8º.- Con la aceptación de la valorización o lo resuelto en su caso por el Fuero Agrario, la Comunidad Nativa con el asesoramiento del Ministerio de Agricultura y Alimentación solicitará al Banco Agrario del Perú, el préstamo correspondiente para el pago del monto de dicha valorización.

Artículo 9º.- La demarcación del territorio de las Comunidades Nativas que hayan adquirido carácter sedentario, se efectuará teniendo en cuenta la superficie que actualmente ocupan en la que se incluirá lo siguiente: a)

Los espacios donde se ubican las viviendas, centro poblado y/o servicios;

c)

Las áreas que ocupan desarrollando sus actividades de extracción forestal, recolección, caza y pesca.

b)

Las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria en forma individual o en común, así como las áreas boscosas comprendidas en el sistema de rotación de uso de tierras que utilizan de acuerdo a sus usos y costumbres, incluyendo las áreas en descanso (“purmas”); y

Artículo 10º.-­ Para la demarcación del territorio de Comunidades Nativas que realizan migraciones estacionales se tendrá en cuenta lo siguiente: a)

b) 254

Cuando las áreas donde efectúan migraciones estacionales tienen continuidad, se demarcará la totalidad de su superficie; Cuando las áreas donde efectúan migraciones estacionales no tienen continuidad, se demarcará la superficie de cada una de ellas, las mismas que en su conjunto constituirán el territorio comunal; y

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c)

Si el territorio donde una Comunidad Nativa que efectúa migraciones estacionales no puede ser delimitado con exactitud, la Dirección Regional Agraria mediante Resolución determinará un área provisional que comprenda la superficie donde se presume realizan tales migraciones.

Se entiende como migración estacional, al desplazamiento temporal de una Comunidad Nativa dentro de un ámbito geográfico determinado, con fines de aprovechamiento de los recursos naturales.

Artículo 11º.- Los ocupantes precarios o mejoreros ubicados en tierras de una Comunidad Nativa, que hayan expresado su deseo de no incorporarse a la Comunidad, o aquellos cuya asimilación fuera denegada por está, serán indemnizados por las mejoras útiles y necesarias, construcciones, plantaciones, maquinaria, equipo y ganado, que acrediten haber introducido en la parcela; la valorización de las mejoras útiles y otros bienes agrarios se realizará de acuerdo al procedimiento que se señala en los incisos a), b) y c) del Artículo 6º del presente Reglamento.

Artículo 12º.- El Banco Agrario del Perú otorgará a la Comunidad Nativa el préstamo que fuera necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 6º y 11º del presente Reglamento, fijando los plazos de los reembolsos de acuerdo a la naturaleza y condición de los bienes agrarios y ganado que la Comunidad deba adquirir. Artículo 13º.- Los pagos que por aplicación de lo dispuesto en el presente título, deba realizar la Comunidad Nativa serán preferentemente aplicados a la cancelación de los beneficios sociales de los trabajadores estables existentes en el predio. Para este efecto la Comunidad Nativa depositará el monto de la valorización a la orden del Juez de Tierras respectivo quien procederá a su entrega al propietario, deduciendo lo que corresponda a los beneficios sociales insolutos y préstamos no pagados al Banco Agrario del Perú. Artículo 14º.-­Si el territorio delimitado resulta insuficiente para la satisfacción de las necesidades de la población de una Comunidad Nativa se adjudicará a ésta las tierras que requieran, preferentemente colindantes o cercanas a su territorio. Artículo 15º.- La Dirección Regional Agraria, a solicitud de los interesados, reubicará preferentemente a los conductores u ocupantes de tierras a que se refieren los Artículos 6º y 11º del presente Reglamento. Artículo 16º.- Para realizar actividades educativas o asistenciales de cualquier naturaleza en beneficio de las Comunidades Nativas, las personas naturales o jurídicas de derecho privado, incluyendo las entidades religiosas cualquiera fuera su credo, deberán ser autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, previa autorización que corresponda otorgar a los Sectores respectivos.

255

Dicha autorización se hará de acuerdo al siguiente procedimiento: a)

b)

d)

e)

Los interesados presentarán una solicitud de autorización a la Dirección Regional Agraria correspondiente o a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, adjuntando el Plan de Trabajo, especificando objetivos y metas del proyecto, metodología a emplearse, presupuesto, fuentes de financiamiento debidamente acreditadas, relación con los Sectores Públicos comprometidos y Comunidades comprendidas;

La Dirección Regional Agraria, en el término de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud y en coordinación con la Dirección Regional del Sector correspondiente, someterá el Plan de Trabajo a las Comunidades comprendidas dentro del mismo, recogiendo sus pareceres mediante acta de acuerdo de Asamblea; La Dirección Regional Agraria y la Dirección Regional del Sector correspondiente, emitirán informes sobre la procedencia de la autorización, que serán elevados con los antecedentes a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, la misma que los remitirá al Sector u Organo que corresponda para su autorización respectiva; En base a lo actuado, el Ministerio de Agricultura y Alimentación mediante Resolución Ministerial aprobará el Plan de Trabajo, autorizará la ejecución de las actividades previstas que para cada caso se establecerán, y dispondrá que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural inscriba a la solicitante en el Registro respectivo que para tal fin llevará.

Artículo 17º.-­Las personas naturales o jurídicas de derecho privado, para realizar investigaciones de cualquier naturaleza en los territorios de las Comunidades Nativas, serán autorizadas de acuerdo al procedimiento que se señala en el Artículo anterior, quedando obligadas a entregar al Ministerio de Agricultura y Alimentación diez ejemplares de los resultados de la investigación que serán distribuidos en la siguiente forma: uno a la Comunidad Nativa, uno a la Dirección Regional Agraria en cuyo ámbito se encuentra la Comunidad, uno al Centro de Documentación del Sector Agrario, uno a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural uno al Ministerio que le competa, cuatro a la Biblioteca Nacional y uno a la Biblioteca Municipal de la Capital de la Provincia donde se encuentra ubicada la Comunidad. Artículo 18º.- Las autorizaciones serán levantadas por incumplimiento de las condiciones señaladas en la respectiva Resolución Ministerial o a petición de las propias Comunidades comprendidas dentro del Plan de Trabajo.

Artículo 19º.- Los Sectores Públicos correspondientes ejercerán la supervisión y evaluarán periódicamente las actividades que realizan las personas naturales o jurídicas de derecho privado a que se refieren los Artículos 16º y 17º del presente

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Reglamento, y dispondrán las medidas correctivas a que hubiere lugar, poniéndolas en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Artículo 20º.- El Ministerio de Agricultura y Alimentación a través de sus Direcciones Regionales, coordinará con el Organismo Público competente, la instalación en cada Comunidad Nativa de un Registro de Estado Civil. Artículo 21º.- La Asamblea General es el Órgano máximo de la Comunidad y está constituida por todos los comuneros debidamente inscritos en el Padrón de Comuneros. La modalidad de tomar decisiones estará de acuerdo a las costumbres de la Comunidad. Artículo 22º.- La Junta Directiva es el órgano responsable del Gobierno y Administración de la Comunidad y está constituida por el Jefe, Secretario y Tesorero. Aquellas Comunidades que se organicen empresarialmente designarán un Secretario de Secretario de Producción y Comercialización. De preferencia los cargos directivos recibirán la denominación en la lengua propia de la Comunidad. Sus funciones serán las siguientes: a)

b)

c) d)

El Jefe de la Comunidad es el representante legal de la Comunidad para todos los actos que la comprometan en lo económico, judicial y administrativo; El Secretario es el encargado de conducir y conservar los Libros de Actas, el Padrón de Comuneros y otros documentos de carácter administrativo de la Comunidad, suscribiendo conjuntamente con el Jefe, los documentos de trámite administrativo; El Tesorero es el responsable del manejo y conservación de los fondos, bienes y libros contables de la Comunidad, suscribiendo los documentos contables conjuntamente con el Jefe;

El Secretario de Producción y Comercialización es el encargado de organizar, coordinar y ejecutar las acciones propias del funcionamiento empresarial de la Comunidad Nativa. CONCORDANCIA:

R.Nº 038-2013-SUNARP-SN, Segunda Disp. Comp. y Final

Artículo 23º.-­Las Direcciones Regionales Agrarias, otorgarán las credenciales correspondientes a los miembros de las Juntas Directivas de las Comunidades Nativas. Artículo 24º.-­ Con el propósito de promover la educación integral y la capacitación permanente de los miembros de las Comunidades Nativas, tanto en el campo de la organización y administración comunal, como en el aspecto técnico, agropecuario y

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forestal, los Comités Zonales de Capacitación implementarán las acciones que sean necesarias para tales fines. TÍTULO II DE LAS TIERRAS DE LAS REGIONES DE SELVA Y CEJA DE SELVA CAPÍTULO I DE USO DE LAS TIERRAS Artículo 25º.-­Las tierras de las Regiones de Selva y Ceja de Selva se usarán en armonía con el interés social. Cualquiera que fuera su causa, denominación o modalidades, son nulas las obligaciones existentes a la fecha de vigencia de la Ley 22175 o las que se originen en el futuro, relativas a prestación de servicios personales en compensación parcial o total del uso de las tierras. Se consideran condiciones antisociales de trabajo al incumplimiento de las normas sobre salario mínimo, descanso semanal, goce de vacaciones, seguridad social y jornada legal.

Las infracciones a la Legislación Laboral serán sancionadas de oficio o a petición de parte por el Ministerio de Trabajo.

La concesión de uso gratuito de una parcela no mayor de una hectárea al trabajador estable de un predio no lo convierte en feudatario o arrendatario, siempre que goce de los beneficios de la Legislación Laboral. Dicha parcela deberá considerarse como dotación de vivienda para los efectos indemnizatorios. Artículo 26º.-­La clasificación de las tierras por Capacidad de Uso Mayor se efectuará aplicando las normas contenidas en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0062-75-AG de 22 de Enero de 1975, aplicándose las equivalencias siguientes: a)

b) c)

Las tierras “con aptitud para el cultivo”, corresponden a las tierras aptas para cultivo en limpio (A) y a las tierras aptas para cultivo permanente (C); Las tierras “con aptitud para la ganadería”, corresponden a las tierras aptas para pastoreo (P);

Las tierras “con aptitud forestal”, corresponden a las tierras aptas para la producción forestal (F) y a las tierras de protección (X).

La clasificación podrá ser ejecutada por Entidades del Estado o particulares y, en cualquier caso, deberá ser aprobada por la Dirección Regional Agraria. Artículo 27º.-­Las tierras pertenecientes a grupos de Capacidad de Uso Mayor de calidad agrológica superior podrán ser destinadas a cultivos, ganadería y/o

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plantaciones que requieran normalmente una menor calidad agrológica, cuando de esta forma se obtenga un rendimiento superior al que se obtendría de su utilización con los fines señalados en la clasificación.

Las tierras destinadas al cultivo de forrajes a que se refiere el penúltimo parágrafo del Artículo 29º de la Ley, serán consideradas como tierras para la ganadería cuando cumplan las condiciones establecidas en el parágrafo anterior.

Artículo 28º.- La Capacidad de Uso Mayor Forestal determinada en tierras dedicadas a la actividad agropecuaria, podrá ser modificada cuando se efectúen obras de ingeniería o manejo de suelos que, a juicio de la Dirección General Forestal y de Fauna, implique cambio en la capacidad de uso de la tierra. Artículo 29º.- En los procedimientos de extinción de dominio o caducidad de títulos de propiedad la Dirección Regional Agraria efectuará obligatoriamente el estudio de la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras. La Resolución Regional que se pronuncie por la extinción o caducidad en su caso, precisará el área que por tener aptitud forestal es de dominio público.

Artículo 30º.-­ Las áreas con Capacidad de Uso Mayor Forestal que no excedan de 5 Has. y se encuentren diseminados en tierras con aptitud para el cultivo y/o la ganadería, sujetas a los procedimientos de adjudicación, transferencia, cesión en uso o de demarcación de territorios de Comunidades Nativas y que en conjunto no superen un quinto de la superficie total, serán comprendidas como parte de ellas, sin perjuicio de la obligación que contrae el conductor sobre el uso racional de los bosques.

Artículo 31º.-­El establecimiento de las servidumbres ordinarias y de las previstas en el Artículo 31º de la Ley, no dará lugar al pago de indemnización alguna a favor del propietario del predio sirviente. En caso de que la servidumbre afectara la explotación de la integridad del predio, el propietario o el poseedor tendrá derecho a ser reubicado en el asentamiento más cercano que efectúe la Dirección Regional respectiva, sin perjuicio de que el ejecutante de la obra le abone el valor de los bienes que hubiese introducido. CAPÍTULO II DEL DOMINIO DE LAS TIERRAS Artículo 32º.-­El derecho de propiedad, uso y explotación de las tierras en las regiones de Selva y Ceja de Selva se sujetarán exclusivamente a las normas contenidas en el Decreto Ley 22175 y en el presente Reglamento.

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Artículo 33º.-­Pertenecen al dominio del Estado, las tierras de Selva y Ceja de Selva que aún no han sido otorgadas en propiedad o no hayan sido legítimamente adquiridos por particulares.

También pertenecen al Estado las tierras que reviertan o se incorporan a su dominio por las causales previstas en los Artículos 32º, 34º, 35º y 53º de la Ley. Artículo 34º.-­ Son tierras legítimamente otorgadas a particulares aquellas que han sido adquiridas en propiedad con arreglo a las disposiciones de la Legislación de Tierras de Montaña y demás disposiciones sobre la materia.

Artículo 35º.-­Se considera como parte explotada del predio las porciones utilizadas para rotación de uso de tierras, las que en conjunto no podrán exceder de una extensión igual a la conducida con cultivos y/o pastos, así como las áreas cubiertas con vegetación primaria en los porcentajes de 15 y 30% de la superficie total de los predios agrícolas y/o ganaderos respectivamente y las tierras con aptitud forestal que hayan sido comprendidas en aplicación del Artículo 30º del presente Reglamento. Artículo 36º.-­Las tierras a que se refiere el Artículo 32º, inciso e) de la Ley, pertenecen al dominio del Estado. Los ocupantes de las mismas tendrán derecho a su adjudicación hasta un área que no supere los límites fijados en los Artículos 57º, 63º y 64º de la Ley, según el caso. La superficie restante podrá ser adjudicada a terceros, teniendo el ocupante derecho a la indemnización por las mejoras introducidas. Artículo 37º.-­Los predios rústicos de dominio privado del Estado, ubicados en las Regiones de Selva y Ceja de Selva, cualquiera que sea la Autoridad Administrativa o Servicio Público a que estén adscritos serán transferidos gratuitamente a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural para su posterior adjudicación de conformidad con la Ley. Están exceptuados de esta medida los predios o la parte de ellos dedicados por las Entidades o Servicios Públicos al cumplimiento de sus propios fines de modo directo y sin derivar de ellas renta alguna, mientras se mantengan en esta situación.

Artículo 38º.- A mérito de la Resolución Suprema que apruebe el procedimiento de transferencia, los Registros Públicos, correspondientes cancelarán los asientos registrales, inscribiendo el predio a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, con conocimiento de la Dirección General de Bienes Nacionales.

Artículo 39º.-­Las personas que al 11 de Mayo de 1978 sean propietarias de predios rústicos ubicados en las Regiones de Selva y Ceja de Selva, que los hayan adquirido legítimamente, podrán mantener bajo su dominio las áreas que han incorporado a la explotación agrícola o pecuaria, sea cual fuere su superficie, siempre que vengan ejerciendo su posesión inmediata.

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Se considera como parte de las tierras incorporadas a la explotación agropecuaria, las áreas a que se refiere el Artículo 35º del presente Reglamento.

Las áreas restantes que no haya sido incorporadas a la actividad agropecuaria, revertirán o se incorporarán al dominio del Estado según sea el caso, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Artículos 53º, 54º y 55º del presente Reglamento. Artículo 40º.-­Para los efectos del Artículo anterior existe posesión inmediata cuando el titular reside en el predio, en un lugar vecino a éste o en la capital de la provincia más cercana y es responsable de la gestión económica, financiera y laboral de la Empresa Agropecuaria.

Artículo 41º.-­Se declarará la extinción del dominio de los predios rústicos pertenecientes a sociedades mercantiles que al 11 de Mayo de 1978, no se hubieran transformado en Sociedades de Personas o que no hayan transferido los predios de su propiedad a personas calificadas. El procedimiento de extinción de dominio se sujetará a las normas establecidas en los Artículos 53º, 54º y 55º del presente Reglamento.

Artículo 42º.-­La partición de un predio rústico ubicado en las regiones de Selva y Ceja se Selva, cuyo propietario ejerza la posesión inmediata, se ceñirá a las siguientes normas: a)

b)

En primer lugar deberá reservarse las unidades agrícolas familiares determinadas según lo dispuesto en el Artículo 79º del presente Reglamento, necesarias para ser transferidas a los trabajadores estables debidamente calificados, que hayan expresado su voluntad de adquirirlas Dicha opción deberá ser manifestada por los trabajadores ante la Autoridad de Trabajo que practique la liquidación de los beneficios sociales, quien deberá hacerla de conocimiento de propietario y de la Dirección Regional Agraria correspondiente. El precio de venta de las unidades agrícolas no podrán pactarse por un valor superior al que resulte de aplicar el arancel de áreas rústicas vigente. El pago del precio se efectuará en 10 anualidades iguales, con interés del 7% anual al rebatir, salvo que los trabajadores deseen hacerlo en menor plazo o cancelarlo; y El área restante que resulte de la aplicación del inciso anterior podrá parcelarse en unidades no menores a diez hectáreas de tierras de cultivo de secano o cinco hectáreas de cultivo bajo riego, ni mayores a los límites señalados en los Artículos 57º, 63º y 64º de la Ley, según la ubicación del predio y la naturaleza jurídica del adquiriente.

Artículo 43º.-­Cuando se trate de un predio con área de aptitud para el cultivo y la ganadería, podrán constituirse unidades mixtas, utilizándose para la determinación

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del límite máximo de las unidades la equivalencia de una hectárea de tierras de cultivo bajo riego por dos hectáreas de tierras de cultivo de secano o veinte hectáreas de tierras con aptitud para la ganadería. Artículo 44º.-­Cuando la partición se efectúe en predios colindantes con áreas ocupadas por campesinos deficitarios, éstos tendrán derecho preferente a la adquisición de los lotes resultantes por es precio de venta señalado en el inciso a) del Artículo 42º del presente Reglamento.

Artículo 45º.-­Para la aprobación de la partición de un predio el propietario deberá presentar a la Dirección Regional Agraria correspondiente la documentación siguiente: a)

Solicitud dirigida al Director Regional;

c)

Plano o croquis de ubicación del predio con relación a la capital de la provincia o del distrito más cercano;

b)

d)

e)

f)

g) h)

Título inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble, copia literal certificada de dominio y certificado de gravamen que abarque un período no menor de treinta años a una fecha comprendida dentro de los treinta días anteriores a la presentación de la solicitud;

Plano en dos ejemplares debidamente autorizado, con indicación de las parcelas resultantes, de los sistemas de riego y drenaje en su caso y de las vías de acceso que hagan posible el ingreso a cada parcela. Aprobada la partición, uno de los ejemplares del plano será devuelto al interesado para los fines del caso;

Memoria descriptiva que hará referencia a la ubicación del predio, vías de acceso, fuentes de captación y sistemas de distribución de agua en su caso, servidumbres existentes y descripción de linderos referidos a los puntos cardinales y a los accidentes naturales; Estudio de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor;

Certificación de la Autoridad de Trabajo sobre el número de trabajadores del predio; y Modelo al que se ceñirán los contratos de compra-venta.

Artículo 46º.- La Dirección Regional Agraria dictará la Resolución de aprobación previa las comprobaciones técnicas y legales que juzgue necesarias sobre el cumplimiento de los requisitos que señala el presente Capítulo. 262

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Si encuentra observaciones deberá formular todas ellas en una sola oportunidad dentro del plazo de treinta días de recibida la solicitud, otorgando al peticionario un plazo prudencial no menor de quince días ni mayor de tres meses para subsanarlas, a cuyo vencimiento si no la subsana, se tendrá por no presentada la solicitud, disponiéndose su archivamiento.

Si vencido el plazo de treinta días y transcurrido además otros treinta, la Dirección Regional no plantea observación alguna ni expide la Resolución aprobatoria, el solicitante considerará denegada su petición y podrá apelar ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. Artículo 47º.- La Resolución de aprobación o las observaciones formuladas por la Dirección Regional Agraria según sea el caso, será notificada en el domicilio que señale el peticionario, en la ciudad sede de la Dirección Regional o en el poblado más cercano a su residencia.

Artículo 48º.- Contra las observaciones formuladas por la Dirección Regional Agraria el interesado podrá interponer apelación por ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, dentro de los quince días de su notificación. Dicha Dirección General absolverá el grado dentro del plazo de treinta días de haber recibido el expediente.

Artículo 49º.- Para la aprobación de una independización, el propietario deberá presentar a la Dirección Regional Agraria correspondiente la minuta en que conste la independización y transferencia, acompañada de los documentos señalados en los incisos a), b) y c) del Artículo 45º del presente Reglamento; así como plano del predio en dos ejemplares debidamente autorizados con indicación del área materia de la independización. El procedimiento será el señalado en los artículos anteriores para las particiones.

CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO, VALORIZACIÓN Y FORMA DEL PAGO DE MEJORAS Y OTROS BIENES

Artículo 50º.- La extinción de dominio consiste en declarar fenecido el derecho de propiedad sobre tierras de Selva y Ceja de Selva, cuyo título no haya sido otorgado por el Estado y cuando el propietario no ejerce la posesión inmediata del predio.

Artículo 51º.- La caducidad consiste en dejar sin efecto el Título de Propiedad otorgado por el Estado sobre tierras de Selva y de Ceja de Selva en aplicación de 263

la Legislación de Tierras de Montaña, si han sido incumplidas las condiciones establecidas al momento de su otorgamiento. Artículo 52º.-­Se declarará de dominio del Estado las tierras sobre las que no se acredite título de propiedad suficiente por no haber sido legítimamente otorgado. En este caso los ocupantes tendrán derecho preferente a la adjudicación de las áreas que trabajan. Artículo 53º.-­ La extinción de dominio y caducidad de las concesiones y títulos de propiedad de las tierras de Selva y Ceja de Selva se iniciarán de oficio o/a petición de parte y en cualquier caso el procedimiento a seguir será el siguiente: a)

b)

c)

d) 264

La Dirección Regional Agraria dispondrá la realización de una diligencia de Inspección Ocular citando al propietario, ocupantes y colindantes del predio, mediante carteles que se fijarán durante ocho (8) días en el predio, en el local de los Consejos Municipales de la provincia y distrito respectivo y de la Oficina Agraria más cercana al predio. Los carteles deberán de contener lo siguiente: - - - - -

Fecha de la diligencia a efectuarse; Denominación, ubicación y superficie del predio; Nombre del propietario; Objeto de la inspección ocular; Nombre del funcionario que notifica y fecha de la notificación.

La diligencia de inspección ocular del predio se practicará dentro de los veinte (20) días siguientes al último encartelamiento y tendrá por objeto verificar lo siguiente:

- Área ocupada con plantaciones y/o cultivos, existencia de construcciones, instalaciones, maquinaria, equipo, ganado y mejoras; indicándose la naturaleza, estado y propiedad de cada bien; - Área, ubicación y edad aproximada de la vegetación secundaria (purmas) - Áreas inexplotadas y/o existencia de tierras a que se refiere el artículo 81º, de la Ley; - Posesión del predio por el propietario; y - Área trabajada por terceras personas con vínculo contractual o sin él,

De la diligencia de inspección ocular se levantará Acta que deberá contener las especificaciones precisadas en el inciso anterior, las manifestaciones u observaciones de los concurrentes, así como un informe sobre la existencia de bienes agrarios útiles y necesarios. El Acta deberá de ser suscrita por los que participan en la diligencia; Si por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas la diligencia de inspección ocular no se realiza en la fecha y hora señalada, se entenderá

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e)

automáticamente postergada para la misma hora del tercer día siguiente, sin necesidad de nueva citación. Si el tercer día siguiente, no fuera laborable, la diligencia se realizará en el subsiguiente día hábil;

Con el Acta de Inspección Ocular y los Informes Técnicos y Legales del caso, la Dirección Regional Agraria dictará Resolución, la que deberá ser notificada dentro de los quince (15) días, a partir de su expedición en el predio o en el domicilio señalado por el interesado en el capital de la provincia en que se ubique el predio. El pronunciamiento administrativo se fundamentará en las constataciones efectuadas en la inspección ocular, no teniendo efecto jurídico alguno para este procedimiento, las modificaciones sobre tenencia y/o propiedad de la tierra rústica que se produzcan con posterioridad a tal diligencia.

f)

g)

La Resolución Regional deberá disponer además la valorización del ganado, plantaciones, construcciones instalaciones y demás mejoras introducidas, que deben ser materia de adquisición en aplicación del artículo 39º de la Ley. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación el propietario o cualquier persona que estime preterido su derecho podrá apelar de dicha Resolución Regional ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, la que absolviendo el grado solicitará, en su caso, la expedición de la respectiva Resolución Ministerial. De no haberse interpuesto recurso de apelación, el Director Regional, mediante proveído, declarará consentida la Resolución Regional y elevará el expediente a la referida Dirección General, la que tramitará la expedición de la resolución Ministerial correspondiente. Con la elevación del expediente de extinción de dominio o de caducidad de título, se elevará la valorización de los bienes agrarios, ganado y mejoras útiles y necesarias existentes en el predio.

La Resolución Ministerial, aprobará el procedimiento seguido declarará incorporadas o revertidas las tierras al dominio del Estado, según sea el caso, dispondrá la cancelación de los asientos registrales y la inscripción del predio a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural y autorizará a ésta la adquisición del ganado, así como de las plantaciones, instalaciones, maquinarias, equipo y demás mejoras útiles y necesarias para explotación económica de la unidad, que el titular acredite haber introducido en el predio.

265

La Resolución Ministerial será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, y notificada en la forma prevista en el inciso e) del presente Artículo, con lo cual concluye la vía administrativa.59

Artículo 54º.-­La declaración de dominio a que se refiere el Artículo 52º del presente Reglamento se ceñirá al procedimiento señalado en el Artículo anterior, en cuanto fuera aplicable, no siendo procedente la adquisición de las mejoras.

En la Resolución que ponga término al procedimiento de declaración de dominio, se dispondrá que la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural otorgue al conductor directo que ha invocado presunta propiedad del predio, el respectivo contrato de adjudicación gratuita sobre las áreas con aptitud para el cultivo y la ganadería que haya incorporado a la actividad agropecuaria. Para los efectos de lo establecido en el parágrafo anterior, expedida la Resolución de primera instancia, la Dirección Regional Agraria organizará el expediente de adjudicación en armonía con las normas contenidas en el presente Reglamento y lo elevará conjuntamente con el de declaración de dominio del predio a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.

Artículo 55º.-­No habiéndose interpuesto recurso de amparo o declarado infundado éste, la Dirección Regional solicitará al Juez de Tierras respectivo ordene la inscripción de dominio de las tierras en los Registros Públicos a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural y pedirá la inmediata posesión de los bienes valorizados, bajo inventario, depositando con la demanda el valor del justiprecio a la orden del Juez.

Artículo 56º.- El procedimiento para la toma de posesión de los bienes agrarios y la notificación de la valorización y demás acciones que se deriven, se sujetarán, en cuanto sean aplicables, a las normas contenidas en el Decreto Supremo Nº 015974-AG, de 20 de Febrero de 1974, duplicándose los plazos en él establecidos. La valorización podrá ser impugnada ante el Juzgado de Tierras dentro de los dos meses de notificada, correspondiendo al impugnante la carga de la prueba. Artículo 57º.-­Para los efectos de la aplicación del artículo 39º de la Ley, entiéndase por construcciones, las edificaciones o fábricas y por instalaciones las que, estando adheridas físicamente al suelo, no pueden ser separadas de éste sin destruir, deteriorar o alterar el predio, por constituir parte integrante del mismo, tales como canales de regadío, pozos, estanques, bañeras, hornos, tanques subterráneos, cercas, etc. Compréndase en el rubro construcciones e instalaciones aquellas que por su estructura pueden ser objeto de movilización, tales como casas pre-fabricadas, silos, etc.; por mejoras útiles y necesarias, a las labores efectuadas en la habilitación de las tierras con fines agropecuarias, las mismas que para ser indemnizadas deberán ser [59] Artículo modificado por el Artículo Primero del Decreto Supremo 44-83-AG, publicado el 25 de junio de 1983.

266

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acreditadas por el propietario con documentos contables y/o mediante la inspección ocular del predio rústico; y por plantaciones, el conjunto de vegetales introducidos en un predio y cuyos frutos o productos son susceptibles de explotación económica por más de dos campañas. Así mismo, entiéndase por equipo, el conjunto de bienes accesorios de la maquinaria agrícola, mobiliario de oficina, instrumental ganadero, etc., que se acredite haber introducido para los fines específicos del predio. La forma de pago es la señalada en el Artículo 4º de la Ley. Artículo 58º.-­El valor que se le asigne a las construcciones, instalaciones, maquinarias y equipo necesario para la explotación económica de la unidad de producción, será el valor de reposición del bien considerado con características análogas, depreciado por antigüedad, estado de conservación y uso. Para su cálculo se tendrá presente las exoneraciones tributarias que existieron en el momento en que se construyó o adquirió el bien.

Los bienes que no se hubieran destinado al fin económico de la explotación o que no puedan ser utilizados en ésta, no serán materia de valorización, pudiendo ser retirados del predio por su propietario.

Artículo 59º.-­La valorización de plantaciones permanentes, se efectuará según el costo de su instalación, el que estará constituido por la acumulación exclusiva de los gastos necesarios para la instalación de la plantación hasta que ésta empiece a rendir económicamente, más sus intereses anuales de acuerdo a las tasas establecidas por el Banco Agrario del Perú para préstamos de sostenimiento, debiendo incluirse en este caso, los gastos incurridos en la habilitación de las tierras por concepto de desarrollo físico. Para plantaciones en pleno rendimiento económico, por cada año transcurrido, se considerará una amortización de los costos de instalación en proporción al número de años de vida económica probable. Los cultivos anuales no serán valorizados, otorgándose plazo de recojo de cosecha.

Artículo 60º.-­Si la densidad de la plantación no fuera normal, la valorización se reajustará según la siguiente escala: Densidad Normal / Ha.

% Castigo al Valor Básico

100%. . . . . . . . . . . . . . . . .

0

80%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

90%. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 30

267

60%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Menos de 50%. . . . . . . .

80

50%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Las plantaciones mixtas se valorizarán separadamente y conforme a sus costos específicos, aplicándose en cada caso los artículos anteriores.

Por estado de conservación, se podrá castigar o bonificar hasta un máximo de 40% el valor de las plantaciones. Artículo 61º.- Las especies aisladas se valorizarán individualmente. Cuando el rendimiento económico de una plantación fuera nulo, se calculará el valor de ésta como leña, siempre que sea susceptible de tal aprovechamiento.

Artículo 62º.- Las especies maderables se valorizarán de acuerdo a su valor en la época en que lleguen los árboles a su etapa comercial, debiendo hacerse los descuentos proporcionales al número de años que faltaren para alcanzar dicho desarrollo, tomándose en cuenta el estado en que se encuentren. Para su cálculo se tomará como base, los precios que se pagan por el árbol en pie, sin considerar gastos de corte, carguío y transporte.

Artículo 63º.-­En el caso de plantaciones permanentes, a excepción de la cosecha continua, se concederá plazo de recojo de la cosecha anual, siempre que ésta se efectúe dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la toma de posesión. Artículo 64º.-­Para casos de terrenos en limpio, la habilitación de tierras, deberá ser indemnizada en la proporción en que su costo no haya sido recuperado con la explotación de los recursos naturales y/o cultivos y siempre que sea útil de conformidad con las prácticas agronómicas usuales en la zona.

No serán indemnizadas las mejoras por concepto de habilitación de tierras con fines agrícolas, en terrenos empurmados.

Artículo 65º.-­Para efectos de la valorización de ganado, entiéndase como “Precio de Mercado” para las especies bovino, ovino y caprino criados con la finalidad de producción de carne y/o leche y/o lana, al producto del peso vivo del animal por el precio oficial fijado en las ciudades sedes de las Direcciones Regionales Agrarias para un kilogramo de peso vivo de la especie respectiva, más las bonificaciones que corresponda, considerando raza, registro, grado de cruzamiento, edad, producción, rendimiento en carcaza al beneficio y aptitud para la reproducción, etc. 268

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Artículo 66º.-­Las bonificaciones a que se refiere el artículo anterior y a la determinación del “Precio de un Kilogramo de Peso Vivo”, cuando no existe valor oficial de éste, así como el precio de mercado de los animales menores de veinticuatro meses, será calculados para cada especie siguiendo el mismo procedimiento y aplicando las mismas escalas que figuran en los Títulos, Capítulos y Artículos correspondientes de los Decretos Supremos Nº 181­69­AP, 936­73­AG, 736­75-AG y 410­77­AG, en lo que fuera pertinente.

Artículo 67º.- El “Precio de Mercado” del ganado bovino criado con la finalidad de ser utilizado en labores de campo quedará determinado por el producto de su peso por el “Precio de un Kilogramo de Peso Vivo”. En caso de comprobarse que el bovino ha sido adiestrado para el trabajo, el precio de mercado recibirá una bonificación adicional por este concepto de acuerdo a la siguiente tabla: Edad en Años

Bonificación

2-3 años. . . . . . . . . . . . .

20%

4-5 años. . . . . . . . . . . . .

16%

3-4 años. . . . . . . . . . . . . 5-6 años. . . . . . . . . . . . . 6-7 años. . . . . . . . . . . . . 7-8 años. . . . . . . . . . . . . 8-9 años. . . . . . . . . . . . .

9-10 años. . . . . . . . . . . .

18% 14% 12% 10% 8%

6%

10-11 años . . . . . . . . . .

4%

Más de 12 años. . . . . .

0%

11-12 años . . . . . . . . . .

2%

Artículo 68º.-­La determinación del “Precio de Mercado” de ganado equino destinado a la reproducción y/o trabajo se hará de acuerdo al siguiente procedimiento: 1.

Se determinará previamente el “Precio de Plaza” o precio de comercialización en el mercado más cercano al centro de producción, de un equino de 5 a 6 años

269

2.

con similares características en cuanto a raza, calidad y condiciones para el trabajo. Una vez obtenido el “Precio de Plaza”, el precio de mercado del equino será determinado multiplicando este valor por los factores que aparecen en la siguiente tabla, de acuerdo a la edad del animal en proceso de valorización:

Edad del Equino Valorizado

Factor de Determinación del Justiprecio

0-6 Meses . . . . . . . . . . . . . . .

0.10

1-2 Años. . . . . . . . . . . . . . . . .

0.42

6-12 Meses.. . . . . . . . . . . . . . 2-3 Años. . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Años. . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Años. . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 Años. . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Años. . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8 Años. . . . . . . . . . . . . . . . .

0.26 0.58 0.74 0.90 1.00 0.92

0.84

8-9 Años. . . . . . . . . . . . . . . . .

0.75

10-11 Años. . . . . . . . . . . . . .

0.59

9-10 Años . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 Años. . . . . . . . . . . . . .

12-13 Años. . . . . . . . . . . . . . 13-­14 Años. . . . . . . . . . . . . .

Más de 14 Años. . . . . . . . . .

0.67 0.51

0.43 0.35 0.30

Los equinos que por avanzada edad o cualquier otra circunstancia se consideren no aptos para el trabajo, no serán adquiridos.

270

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Artículo 69º.- Para el caso de ganado criado con finalidad diferente a la indicada en los artículos precedentes u otras especies cuya valorización no ha sido contemplada en el presente Reglamento, la determinación del “Precio de Mercado” será encargada a una Comisión conformada por no menos de dos especialistas nombrados para tal fin, por Resolución del Ministerio de Agricultura y Alimentación. (…)

271

272

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2.1.2. Reglamento de aprovechamiento forestal en bosques nacionales de Ley de Comunidades Nativas REGLAMENTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN BOSQUES NACIONALES DE LEY DE COMUNIDADES NATIVAS DECRETO SUPREMO Nº 002-79-AA (Publicado el 29 de enero de 1979)



CONCORDANCIAS:

CONSIDERANDO:

D.S. Nº 052-2001-AG R. Nº 126-2011-SUNARP-SA

Que el Ministerio de Agricultura y Alimentación a través de la Dirección General Forestal y de Fauna, ha elaborado el Reglamento de Aprovechamiento Forestal en Bosques Nacionales de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva ­Decreto Ley 22175. DECRETA:

Artículo 1º.-­ Apruébase el Reglamento de Aprovechamiento Forestal en Bosques Nacionales de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva ­Decreto Ley Nº 22175, que consta de los siguientes Títulos y una Disposición Complementaria. Título Primero.­Disposiciones Generales: Arts. 1º al 9º.-

Título Segundo.­De los Contratos de Exploración y Evaluación de Recursos Forestales: Arts. 10º al 21º.Título Tercero.­De los Contratos de Extracción Forestal: Arts. 22º al 26º; y,

Título Cuarto.­De la Administración de los Bosques Nacionales: Arts. 27º al 36º.-

Artículo 2º.-­El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura y Alimentación. Lima, 25 de Enero de 1979.

Gral. de Div. EP. Francisco Morales Bermudez Cerrutti, Presidente de la República. Gral. de División EP. Luis Arbulú Ibañez, Ministro de Agricultura y Alimentación.

273

REGLAMENTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN BOSQUES NACIONALES TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.-­Los Bosques Nacionales serán administrados por el Ministerio de Agricultura y Alimentación a través de la Dirección General Forestal y de Fauna y podrán ser aprovechados con fines industriales y/o comerciales por el Estado a través de las empresas públicas de los Sectores Agrarios y de Industria, Comercio, Turismo e Integración y/o excepcionalmente, cuando sea de prioridad nacional, por personas naturales o jurídicas de derecho privado mediante Contratos de Extracción Forestal intransferible, otorgados de acuerdo a los requisitos que se señalan en el Art. 85º del Decreto Ley 22175 y en el presente Reglamento. Artículo 2º.- Se consideran como de prioridad nacional, aquellos proyectos que generen la mayor ocupación posible de trabajadores y/o aumenten la producción y la productividad del bosque utilizando el mayor número posible de especies.

Artículo 3º.-­Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que soliciten un contrato de extracción forestal que comprendan superficies entre 20,000 y menos de 50,000 hectáreas deberán emplear la tecnología adecuada a la realidad ecológica de la Selva y Ceja de Selva, debiendo programar costos operativos anuales no menores al equivalente a 120 salarios mínimos vitales anuales para la Provincia de Lima. Artículo 4º.-­ Sólo se otorgarán contratos de extracción forestal por superficies de 50,000 a 200,000 hectáreas, a las personas naturales o jurídicas de derecho privado cuyos proyectos integren las fases de extracción, transformación en plantas de procesamiento propias y la comercialización de los productos forestales, contribuyan a la promoción de viviendas económicas, sustituyan importaciones de productos forestales o incrementen las exportaciones de los mismos, debiendo programar costos operativos anuales no menores al equivalente a 1,080 salarios mínimos vitales anuales para la Provincia de Lima por cada 50,000 hectáreas .

Artículo 5º.- Los estudios de factibilidad técnico económica que se presenten para obtener contratos de extracción forestal, se realizarán de acuerdo a los términos de referencia aprobados por Resolución Directoral de la Dirección General Forestal y de Fauna. Artículo 6º.-­ Las empresas públicas para solicitar un contrato de exploración y evaluación de recursos forestales o de extracción forestal, se ceñirán a lo dispuesto en el Título Cuarto del Reglamento de Extracción y Transformación Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 161-77-AG, estando sujetos al pago del derecho de exploración anual por hectárea así como el precio al estado natural de los productos forestales a que se contraen los Arts. 10º y 23º del presente Reglamento.

274

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Artículo 7º.-­Cuando una misma área sea solicitada por dos o más personas naturales o jurídicas de derecho privado, tendrá preferencia quien haya presentado en primer lugar la solicitud y cumplido los requisitos que se señala en el Art. 11º del presente Reglamento. Artículo 8º.-­Las personas naturales o jurídicas de derecho privado podrán obtener en los Bosques Nacionales solamente un contrato de extracción forestal o uno de exploración y evaluación de recursos forestales.

Artículo 9º.-­ Las solicitudes para obtener contratos de exploración y evaluación de recursos forestales o de extracción forestal, podrán presentarse en cualquier época del año. Para el caso de los contratos de extracción forestal, la fecha de finalización de los mismos, deberá coincidir con la fecha de finalización de la zafra establecida para el Bosque Nacional. TÍTULO II DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS FORESTALES

Artículo 10º.-­Para realizar el estudio de factibilidad técnico-económica a que hace referencia el Art. 5º del presente Reglamento, el interesado deberá solicitar previamente la celebración de un Contrato de Exploración y Evaluación de Recursos Forestales, en el que se podrá considerar una superficie que no exceda del doble de la extensión que puede autorizarse para la celebración de contratos de extracción forestal. El área solicitada podrá estar comprendida dentro de un solo lote o estar fraccionada hasta en tres (3) sublotes. El plazo máximo podrá ser hasta de cuatro (4) años, de los cuales los dos (2) primeros serán para la realización del estudio y los dos (2) restantes para la fase del financiamiento. Por causas de fuerza mayor, debidamente comprobada, el plazo para la realización del estudio se podrá prorrogar por un (1) año, siendo en este caso la duración del contrato de cinco (5) años. El interesado por la duración del contrato, pagará un derecho de exploración anual por hectárea que será fijado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación mediante Resolución Ministerial. El estudio de factibilidad técnico económico deberá estar refrendado por un ingeniero forestal, ingeniero especializado en Dasonomía, o, ingeniero con experiencia mínima de dos (2) años en trabajos forestales.

Artículo 11º.-­ Para obtener un contrato de exploración y evaluación de recursos forestales, las personas naturales o jurídicas de derecho privado deberán presentar ante la Jefatura del Bosque Nacional o de no haber ésta ante la Dirección General Forestal y de Fauna una solicitud acompañada de los siguientes documentos:

275

a)

Fundamentación del pedido;

c)

Compromiso de efectuar los estudios de factibilidad técnico económica según los términos de referencia aprobados por la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura y Alimentación;

b)

d) e) f) g) h)

Memoria descriptiva y plano o croquis de ubicación del área solicitada a escala de 1:50,000 para superficies de hasta 50,000 hectáreas, de 1:100,000 para superficies de 50,001 hasta 100,000 hectáreas y de 1:200,000 para superficies de 100,001 hasta 400,000 hectáreas.

Compromiso de pagar anualmente el derecho de exploración por hectárea establecida; Compromiso de informar cada seis (6) meses sobre el avance del estudio y a la terminación de éste, sobre la tasa de financiamiento;

Plan de trabajo y calendograma de éste para desarrollar los estudios de factibilidad técnico económica; Acreditar solvencia económica bancaria o de otro organismo de crédito para realizar el estudio; y

En caso de tratarse de personas jurídicas de derecho privado, acompañar copia simple del testimonio de la escritura pública de la constitución de la empresa y el poder del representante legal de la misma.

La Jefatura del Bosque Nacional o la Dirección General Forestal y de Fauna en su caso, en un plazo de quince (15) días, revisará la solicitud y la documentación presentada y en caso de resultar incompleta notificará al interesado, para que en un plazo de quince (15) días útiles subsane las observaciones formuladas; en caso de incumplimiento se dará por abandonada dicha solicitud.

Artículo 12º.-­ El expediente debidamente revisado informado por la Jefatura del Bosque Nacional, dentro de un plazo de quince (15) días lo remitirá a la Dirección General Forestal y de Fauna, la cual, previo estudio del expediente recibido, o del recepcionado por esta en su caso, tramitará la expedición de la Resolución Ministerial la que contendrá la aprobación de la solicitud, el otorgamiento del contrato de exploración y evaluación de recursos forestales y la autorización al Director General de la Dirección General Forestal y de Fauna a otorgar el contrato. El interesado tendrá un plazo de treinta (30) días para firmar el contrato.

Artículo 13º.-­El derecho de exploración anual por hectárea a que hace referencia el Art. 10º del presente Reglamento, se abonará por el primer año antes de la suscripción

276

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

del contrato y por el segundo y demás años, dentro de los primeros sesenta (60) días de iniciados éstos años. En el caso de que el contrato se prorrogue un (1) año por causas de fuerza mayor, el interesado no está obligado por dicho año al pago del derecho anual por hectárea. Cuando es contrato contemple plazos inferiores a un año, el pago de los derechos por dicho período será hecho en forma proporcional al número de meses considerados. Artículo 14º.-­ Los titulares de los contratos de exploración y evaluación de recursos forestales en los Bosques Nacionales, podrán aperturar trochas y construir campamentos para realizar los estudios, así como extraer, libre de todo pago, muestras de especies forestales con el único fin de investigación de acuerdo a las estipulaciones que se fijen en el contrato. Para el transporte de dichas muestras, el Jefe del Bosque Nacional, o de no haber éste el Jefe del Distrito Forestal más cercano al Bosque Nacional, otorgará las correspondientes Guías de Transporte Forestal.

Artículo 15º.-­Los informes de avance de estudios a que se refiere el inc. e) del Art. 11º del presente Reglamento serán presentados ante la Jefatura del Bosque Nacional o la Dirección General Forestal y de Fauna, según sea el caso, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada semestre. La Dirección General Forestal y de Fauna en el término de 30 días, de ser conforme, aprobará el informe presentado, en caso contrario notificará al interesado para que en el plazo que determine la referida Dirección General, subsane las observaciones. Artículo 16º.-­Para obtener la prórroga del contrato a que hace referencia el Art. 10º del presente Reglamento, el interesado, presentará a la Jefatura del Bosque Nacional, o en su caso a la Dirección General Forestal y de Fauna, una solicitud fundamentando su pedido. con el Informe de la Jefatura del Bosque Nacional, la Dirección General Forestal y de Fauna, tramitará la expedición de la correspondiente Resolución Ministerial. Artículo 17º.-­Dentro de los 2 años o 3 en caso de prórroga de vigencia del contrato, el interesado deberá presentar a la Dirección General Forestal y de Fauna el estudio de factibilidad técnico económico en (4) ejemplares, el cual será puesto a consideración y aprobación por la referida Dirección General. Una vez aprobado el estudio de factibilidad técnico económica, la Dirección General Forestal y de Fauna tramitará la Resolución Ministerial que declare el proyecto de prioridad nacional. Artículo 18º.-­ Expedida la Resolución Ministerial a que se refiere el Articulo anterior, el interesado tendrá un plazo hasta el vencimiento del contrato de exploración y evaluación de recursos forestales, más un período adicional de 90 días, para presentar su solicitud de contrato de extracción forestal. Vencido el plazo y de no haber presentado la solicitud, se dará por abandonado el expediente respectivo

277

para lo cual la Dirección General Forestal y de Fauna expedirá la correspondiente Resolución Directoral. Artículo 19º.-­Son causales de rescisión de los contratos de exploración y evaluación de recursos forestales los siguientes: a)

Incumplir con el avance de los estudios.

c)

Comercializar las muestras extraídas.

b) d) e)

Incumplir con la presentación de los informes semestrales. No efectuar el pago del derecho de exploración anual por hectárea dentro de los plazos establecidos; y, No presentar dentro del plazo establecido, el estudio de factibilidad.

Artículo 20º.-­ La rescisión de los contratos de exploración y evaluación de los recursos forestales, será declarada administrativamente de acuerdo al procedimiento siguiente: el Jefe del Bosque Nacional o de no haber éste, el Sub Director de Extracción Forestal de la Dirección General Forestal y de Fauna, realizará una inspección ocular y actuará las pruebas que estime pertinente, para lo cual citará a los interesados con una anticipación no menor de (8) días útiles, quienes podrán formular observaciones hasta en el acto mismo de la inspección ocular. El Jefe del Bosque Nacional, o el SubDirector de Extracción Forestal, según sea el caso, dentro de los 10 días de efectuada la inspección ocular, elevará el informe a la Dirección General Forestal y de Fauna, la que tramitará la correspondiente Resolución Ministerial.

Artículo 21º.-­ Dentro de un plazo de 15 días útiles contados a partir de la notificación de la Resolución que rescinde el contrato, los interesados podrán interponer recurso de reconsideración ante el Ministerio de Agricultura y Alimentación. En caso de ser desfavorable la reconsideración, el interesado podrá interponer recurso de apelación dentro de 15 días útiles contados a partir de la notificación de la Resolución que desestima la reconsideración, la misma que será resuelta por Resolución Suprema. TÍTULO III DE LOS CONTRATOS DE EXTRACCIÓN FORESTAL

Artículo 22º.-­ Para obtener contrato de extracción forestal, las personas naturales o jurídicas de derecho privado, presentarán a la Jefatura del Bosque Nacional o en caso de no haber ésta, ante la Dirección General Forestal y de Fauna, dentro del plazo previsto en el Art. 18º del presente Reglamento, una solicitud en base al estudio de factibilidad técnico económica aprobado por dicha Dirección General y declarado 278

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por Resolución Ministerial de prioridad nacional, acompañada de los documentos que acrediten contar con el correspondiente financiamiento.

Artículo 23º.- Los contratos de extracción forestal serán otorgados por el Director General de la Dirección General Forestal y de Fauna previa aprobación y autorización por Resolución Suprema. En el contrato se establecerá necesariamente lo siguiente: a)

Superficie otorgada.

c)

Las especies objeto de la extracción y sus volúmenes correspondientes.

e)

El plan de manejo.

b)

d)

El plazo de duración.

Los precios de las maderas y de otros productos forestales al estado natural.

Artículo 24º.-­La Dirección General Forestal y de Fauna autorizada por Resolución Ministerial, podrá rebajar a las empresas públicas y a las personas naturales o jurídicas de derecho privado que posean contratos de extracción forestal en los Bosques Nacionales, hasta un 25% del precio de los productos al estado natural, fijados de conformidad con el Art. 39º del D.L. 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en cada uno de los siguientes casos: a)

b)

Cuando procesen en plantas de transformación forestal propias e instaladas dentro del Bosque Nacional todos los productos forestales extraídos, teniendo en cuenta la eficiencia de la empresa y el uso racional de los productos forestales. Cuando reforesten el doble o más de la superficie a que están obligadas de acuerdo al plano de manejo. La rebaja se hará efectiva sobre el precio de la madera a extraer a partir del año en que los árboles plantados se consideran arraigados y con posibilidades de continuar su desarrollo en la foresta.

Lo señalado anteriormente se hará extensivo a los titulares de contratos de extracción forestal que comprendan superficies superiores a 1,000 hectáreas ubicadas en los Bosques de Libre Disponibilidad de las regiones de Ceja de Selva y Selva. En este caso, las plantas de transformación a que hace referencia el inc. a) del presente Artículo, deberán estar instalados por el titular del contrato de extracción forestal en localidades con menos de 5,000 habitantes según el último censo nacional o dentro del área materia del contrato de extracción forestal correspondiente.

279

Artículo 25º.-­Las empresas públicas y las personas naturales o jurídicas de derecho privado que posean un contrato de extracción forestal en Bosques Nacionales que deben construir caminos de acceso al área materia del contrato o que instalen plantas de transformación forestal o campamentos para realizar la extracción, podrán utilizar la madera proveniente de la apertura del bosque para satisfacer sus propias necesidades, para la construcción de puentes, y otros usos, sin requerir autorización especial ni estar afectos al pago del precio de la madera al estado natural. Dicha madera podrá ser extraída del Bosque Nacional y trasladada a otros lugares para ser procesada. Para la movilización de la madera, el Jefe del Bosque Nacional otorgará las Guías de Transporte Forestal con el compromiso del interesado de reingresarla al Bosque Nacional; caso contrario se considerará como infracción forestal.

En caso de existir excedentes de madera, ésta podrá ser comercializada, para lo cual los titulares de los contratos deberán solicitar a la Jefatura del Bosque Nacional, o de no haber ésta, a la del Distrito Forestal más cercano del Bosque Nacional por encargo expreso de la Dirección General Forestal y de Fauna, la correspondiente autorización para cuyo efecto dicha Jefatura otorgará las Guías de Transporte Forestal necesarias, debiendo el interesado pagar previamente por dicha madera los precios establecidos. Artículo 26º.-­ Las titulares de los contratos de extracción forestal en Bosques Nacionales no están afectos al pago del depósito de garantía anual que establece el Reglamento de Extracción y Transformación Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 161-77-AG. TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NACIONALES

Artículo 27º.-­ Cada Bosque Nacional tendrá una administración propia, la cual estará a cargo de un Jefe. Su organización será aprobada por Resolución Ministerial a propuesta de la Dirección General Forestal y de Fauna. El Jefe del Bosque Nacional dependerá de la Dirección General Forestal y de Fauna.

Artículo 28º.-­Constituyen ingresos propios de la administración del Bosque Nacional y sirven para financiar su presupuesto, la venta de los productos forestales al estado natural, semillas, plantones, formularios y guías de transporte forestal que deben adquirir los extractores, los pagos por los derechos de los contratos de exploración y evaluación de recursos forestales, la venta de los productos decomisados. Asimismo, constituyen ingresos propios del Bosque Nacional los servicios técnicos forestales y alquiler de maquinarias y la venta de los árboles talados por la administración del Bosque Nacional sobre los que se realizan estudios de investigación. Para el caso de la venta de los árboles talados, se procederá de conformidad con el Art. 137º del Reglamento de Extracción y Transformación Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 161-77-AG. En caso de que los productos decomisados corran peligro inminente de pérdida, se podrán rematar en el acto mismo de la inspección ocular.

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Artículo 29º.-­ En caso que la subasta sea declarada desierta, los interesados podrán solicitar en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral, expedida por Dirección General Forestal y de Fauna que así lo declare, la adjudicación del área subastada. Para este efecto deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases, asimismo, acompañarán un cheque de gerencia a nombre de la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura por el 50% del valor de los estudios sobre el plan de manejo fijados en las bases del concurso, comprometiéndose a abonar el saldo dentro de los treinta días calendarios siguientes a la suscripción del contrato de extracción forestal aprobado en las bases. En caso de incumplimiento la Dirección General Forestal y de Fauna rescindirá el contrato sin devolución del referido 50% y se aperturará nuevo plazo para presentar solicitudes. Las solicitudes serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios fijados en las bases y la mejor propuesta técnica económica y financiera será aprobada por Resolución Directoral de la Dirección General Forestal y de Fauna. Las bases serán adquiridas al precio fijado en ellas.60

Artículo 30º.-­El estudio a que se refiere el Artículo anterior, que se realice mediante contrato con consultoras o empresas especializadas, se hará previo concurso de méritos, cuyas bases serán aprobadas por Resolución Ministerial a propuesta de la Dirección General Forestal y de Fauna. La consultora, la empresa y/o sus miembros que participen en la elaboración del estudio, no podrán presentarse a la subasta pública.

Artículo 31º.- La administración del Bosque Nacional podrá disponer de “ligeras cortas de mejoras” en las áreas de extracción para ayudar a la regeneración natural del bosque. Los extractores forestales están obligados a cumplir dichas disposiciones, caso contrario se considerará como infracción forestal. Artículo 32º.-­ La cesión en uso de las tierras en Bosques Nacionales a las empresas Públicas y a las personas naturales o jurídicas de derecho privado para la instalación de plantas de transformación forestal y estructuras complementarias, que cuenten con contratos de extracción forestal en los Bosques Nacionales, será otorgada por Resolución Directoral de la Dirección General Forestal y de Fauna. Artículo 33º.-­La administración del Bosque Nacional fijará la fecha de inicio de la zafra para la extracción forestal, la cual tendrá una duración de 12 meses. En casos especiales, se podrá fijar 2 períodos de zafra. [60] Artículo modificado por el Artículo 2º del Decreto Supremo 117-84-AG, publicado el 23 de diciembre de 1984.

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Artículo 34º.- La administración del Bosque Nacional realizará anualmente los estudios para la fijación de los precios de venta de los productos forestales al estado natural, a extraerse del Bosque Nacional y los propondrá a la Dirección General Forestal y de Fauna, para su aprobación por Resolución Ministerial. Artículo 35º.- La administración del Bosque Nacional impondrá las sanciones por las infracciones que sean cometidas dentro del área de su jurisdicción. Las apelaciones serán resueltas en segunda instancia por Resolución de la Dirección General Forestal y de Fauna.

Cuando la infracción forestal conlleve además de la multa el comiso del producto, la administración del Bosque Nacional procederá de acuerdo al Art. 137º del Reglamento de Extracción y Transformación Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 161-77-AG.

Artículo 36º.-­ La Dirección General Forestal y de Fauna mediante Resolución Directoral podrá encargar a la administración de un Bosque Nacional, la de otros Bosques Nacionales que no cuenten con ella. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Será de aplicación para el aprovechamiento forestal en Bosques Nacionales las normas contenidas en el Reglamento de Extracción y Transformación Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 161-77-AG., de 31 de Mayo de 1977; siempre que no se oponga a las establecidas en este Reglamento.

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2.2. Declaran prioritaria y autorizan atención de solicitudes presentadas por las comunidades nativas de selva y ceja de selva para el aprovechamiento de recursos forestales en sus tierras DECLARAN PRIORITARIA Y AUTORIZAN ATENCIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SELVA Y CEJA DE SELVA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES EN SUS TIERRAS DECRETO SUPREMO Nº 052-2001-AG (Publicado el 25 de octubre de 2001)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce la existencia legal y personería jurídica de las comunidades nativas, así como la autonomía en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras; en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece; Que, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva dada por Decreto Ley Nº 22175 garantiza el derecho de las comunidades a la propiedad territorial, señalando que la parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida en uso y su utilización se regirá por la legislación de la materia;

Que, el Artículo 12º de la Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que las comunidades nativas y campesinas, previo al aprovechamiento de sus recursos maderables, no maderables y de fauna silvestre con fines industriales y comerciales deberán contar con un Plan de Manejo aprobado por el INRENA, de acuerdo a los requisitos que señale el reglamento, a fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de dichos recursos; Que, el referido artículo señala asimismo, que la autoridad competente asesorará y asistirá, con carácter prioritario, a las Comunidades Nativas y Campesinas para el fin antes señalado;

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Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2001-PCM se crea la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades - Nativas, cuyo Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios publicado el 24 de julio del 2001, recoge la necesidad de garantizar el acceso, uso y participación en los beneficios por parte de las comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su entorno y la prevención de daños ambientales y sociales negativos;

Que, una de las acciones priorizadas en el Plan de Acción antes señalado, indica que se debe proveer apoyo técnico a las comunidades nativas para la elaboración de Planes de Manejo Forestal con fines comerciales; Que, es interés del gobierno que la aplicación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre se realice de forma gradual con la finalidad de no entorpecer el derecho de las Comunidades Nativas a acceder al aprovechamiento de los recursos forestales ubicados en sus tierras;

Que, el Estado en ejercicio de su rol subsidiario y promotor debe brindar el apoyo técnico para el aprovechamiento sostenible y comercialización transparente de estos recursos, que permitan obtener el máximo beneficio para las Comunidades Nativas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el Decreto Ley Nº 25902 - Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura; DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese prioritaria y autorízase la atención por parte de las instituciones del Estado, de las solicitudes presentadas por las Comunidades Nativas de Selva y Ceja de Selva para el aprovechamiento de los recursos forestales realizados en sus tierras.61

Artículo 2º.- Autorizar al Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA a elaborar directamente o a través de terceros, los Planes de Manejo de aquellas solicitudes que se encuentren en trámite, en cuya elaboración deberá tenerse en cuenta el estado actual del bosque remanente para la programación de las futuras actividades de aprovechamiento. El Plan de Manejo es de obligatorio cumplimiento por parte de las Comunidades Nativas beneficiarias. Su incumplimiento dará lugar a la revocación del permiso para aprovechamiento forestal respectivo. Artículo 3º.- Otorgar un plazo de 60 días para que el INRENA desarrolle y difunda un Manual para la Elaboración de Planes de Manejo Forestal en las Tierras de las Comunidades Nativas. [61] Rectificado por Fe de Erratas, publicada el 30 de octubre de 2001.

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Artículo 4º.- El INRENA brindará el apoyo necesario para que las Organizaciones Representativas de las Comunidades Nativas tomen conocimiento de los precios internacionales y nacionales de los productos forestales que aprovechan, con la finalidad de contribuir a la transparencia en la comercialización de estos productos, así como permitir a las comunidades obtener el mayor beneficio a favor de su población. Asimismo, se brindará apoyo adicional a las comunidades nativas que, previo acuerdo de Asamblea General, decidan efectuar la venta de los productos forestales provenientes de sus tierras mediante mecanismos competitivos. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil uno. RAÚL DIEZ CANSECO TERRY Primer Vicepresidente de la República Encargado del Despacho Presidencial ALVARO QUIJANDRÍA SALMÓN Ministro de Agricultura

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2.3. Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY Nº 29763 (Publicada el 22 de julio de 2011)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

(…)

(…)

SECCIÓN SEGUNDA GESTIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

TÍTULO IV BOSQUES EN TIERRAS DE COMUNIDADES NATIVAS

Artículo 75º.- Bosques en comunidades nativas Son los bosques que se encuentran en el interior de las tierras de las comunidades nativas, cualquiera sea su categoría de capacidad de uso mayor o tipo de bosque o ecosistema, de conformidad con el artículo 89º de la Constitución Política del Perú.

El aprovechamiento por parte de estas comunidades de los recursos forestales y de fauna silvestre requiere permiso otorgado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, a excepción de las actividades consideradas en el artículo 81º referido al uso de los recursos forestales y de fauna silvestre con fines domésticos, de autoconsumo o subsistencia. El manejo forestal de los bosques comunales que realizan las comunidades nativas se efectúa con autonomía, conforme a su cosmovisión y con planes de manejo,

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de acuerdo a lineamientos aprobados por el Serfor que incorporen sus valores culturales, espirituales, cosmovisión y otros usos tradicionales del bosque, así como el control de la actividad por la propia comunidad y por el sector correspondiente.

Artículo 76º.- Características de la cesión en uso de tierras forestales y de protección en comunidades nativas Por la cesión en uso, el Estado reconoce el derecho real exclusivo, indefinido y no transferible de las comunidades nativas sobre las tierras comunales no agrícolas con el fin de asegurar los usos tradicionales y sus sistemas de vida. Les reconoce, en exclusividad, la posesión, acceso, uso, disfrute y aprovechamiento de las tierras de producción forestal y de protección, de sus recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas que en ellas se encuentran.

El gobierno regional emite la resolución demarcando las tierras de aptitud forestal adjudicadas en cesión en uso, incluyendo las tierras de capacidad de uso mayor para la producción forestal y las de capacidad de uso mayor para protección, en forma simultánea a la adjudicación en propiedad de las tierras agropecuarias.

Artículo 77º.- Fortalecimiento de capacidades Es obligación del Estado para con los pueblos indígenas, de manera directa o a través de sus organizaciones representativas, lo siguiente: a.

b.

c. d. e.

Promover prioritariamente el fortalecimiento de sus capacidades en el desarrollo e implementación de la gestión directa e integral del bosque a fin de ampliar y diversificar las oportunidades de manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, y la generación de productos con valor agregado.

Promover el manejo forestal comunitario como parte de las políticas de inclusión social, mediante el apoyo técnico, la capacitación y la implementación de mecanismos que faciliten el financiamiento forestal y su articulación a mercados nacionales e internacionales. Brindar capacitación a las comunidades nativas y campesinas para el monitoreo, control y vigilancia de la flora y fauna silvestre. Promover el fortalecimiento de sus capacidades de negociación con terceros.

Ofrecer asistencia en la elaboración de planes de manejo forestal y de fauna silvestre.

El reglamento desarrolla mecanismos para la debida implementación de este artículo.

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Artículo 78º.- Respeto a conocimientos tradicionales El Serfor y la autoridad regional forestal y de fauna silvestre reconocen la concepción del bosque de los pueblos indígenas y respetan sus conocimientos tradicionales sobre el uso y manejo forestal y de fauna silvestre. Estos conocimientos son incorporados, en coordinación con la entidad competente en la materia, en las normas técnicas que regulan el manejo forestal comunitario. Las autoridades forestales promueven la sistematización de los conocimientos tradicionales vinculados a los recursos forestales y de fauna silvestre.

Artículo 79º.- Ordenamiento interno de tierras comunales según el conocimiento y prácticas tradicionales Las comunidades nativas determinan, mediante acuerdo de su asamblea comunal, el ordenamiento interno y gestión de sus tierras comunales de acuerdo a sus usos, costumbres, normas y estructura organizacional. Para el aprovechamiento forestal, la comunidad establece expresamente, dentro del ordenamiento, el área destinada a producción permanente de madera o del bosque comunal de producción.

Artículo 80º.- Forestería comunitaria Es la actividad orientada al aprovechamiento sostenible y la conservación de bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre que realizan los integrantes de la comunidad, en su totalidad o por grupos de interés en el interior de esta, a fin de contribuir al bienestar comunitario tomando en cuenta su cosmovisión, conocimientos, aspectos socioculturales y prácticas tradicionales.

Artículo 81º.- Uso de los recursos forestales y de fauna silvestre con fines domésticos, de autoconsumo o subsistencia Es el aprovechamiento de los recursos de la flora y fauna silvestre necesario para la supervivencia individual o familiar de los integrantes de una comunidad nativa. No requiere título habilitante forestal o de fauna silvestre ni planes de manejo. Se regula por los acuerdos de la asamblea comunal. El reglamento de la presente Ley regula el alcance de su aprovechamiento y el transporte de productos forestales con estos fines.

Artículo 82º.- Uso comercial o industrial de recursos forestales en tierras de comunidades nativas Es facultad de la asamblea comunal establecer la forma de aprovechamiento comercial o industrial de los recursos forestales de sus tierras bajo diversas formas de organización, incluida la participación de terceros.

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El aprovechamiento comercial en bosques comunales puede ser de pequeña, mediana o gran escala y está sujeto a la aprobación de un plan de manejo y al pago de derecho de aprovechamiento respectivo. La aprobación del plan de manejo requiere la delimitación del bosque destinado para este fin de manera permanente, previa aprobación de la asamblea comunal según su ordenamiento interno. Las exigencias del plan de manejo dependen de la escala e intensidad de aprovechamiento según lo establece el reglamento de la presente Ley.

Artículo 83º.- Asistencia del Estado a las comunidades en contratos con terceros y responsabilidad solidaria de las partes A solicitud de la comunidad, el Estado, a través de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, asiste a la comunidad en la negociación de contratos con terceros, a través de lo siguiente: a.

b.

Provisión de información para que evalúe las condiciones del contrato.

Verificación de que el contrato ha sido aprobado por la asamblea comunal.

Si la comunidad lo estima conveniente, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre remite copia del contrato al Serfor y a la correspondiente organización regional indígena.

Los terceros que realicen aprovechamiento forestal en tierras comunales son responsables solidarios con las comunidades por el debido cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre.

Artículo 84º.- Destino de los productos forestales decomisados o intervenidos en tierras de comunidades nativas Los productos forestales decomisados que se compruebe que provienen de los bosques en tierras de las comunidades campesinas o nativas o cualquier producto forestal ilegal intervenido en dichas tierras se ponen a disposición de las autoridades locales para que, en coordinación con las autoridades comunales u organizaciones representativas, desarrollen acciones u obras con fines sociales para las mismas comunidades (infraestructura educativa, salud, atención por emergencia frente a desastres naturales, etcétera). En ningún caso esta madera se vende. La autoridad local, conjuntamente con la comunidad, informa el resultado de estas acciones u obras a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre.

En el reglamento, se consideran el plazo y el procedimiento para el proceso de transferencia de los productos forestales decomisados. (…) 290

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2.4. Directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas DIRECTIVA Nº 05-2013-SUNARP/SN “DIRECTIVA QUE REGULA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS” RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Nº 122-2013-SUNARP/SN (Publicada el 31 de mayo de 2013)

Lima, 29 de mayo de 2013

VISTOS, el Informe Técnico Nº 019-2013-SUNARP/GR y el Memorándum Nº 180-2013-SUNARP/GL emitido por la Gerencia Legal; y, CONSIDERANDO:

Que, el artículo 89º de la Constitución Política del Perú reconoce la existencia legal y personería jurídica de las Comunidades Nativas, la capacidad de elegir libremente a los integrantes de sus juntas directivas, definir su estructura, duración, funciones y demás atribuciones que le corresponden a este órgano de gobierno.

Que, el Estado tiene el deber de adecuar su derecho interno, procedimientos constitucionales, medidas legislativas o de otro carácter a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH, para hacer efectivos tales derechos y libertades como el derecho al reconocimiento de la personería jurídica y el derecho a la autonomía organizativa. En ese sentido, el Registro Público cumple una labor trascendental en tanto brinda publicidad de sus representantes elegidos y demás actos de organización interna a fin de hacerlos oponibles frente a terceros.

Que, el derecho de los pueblos indígenas sobre identificación, delimitación, demarcación, titulación y protección de las áreas pertenecientes a sus pueblos; nace del derecho a la propiedad que estos tienen sobre sus tierras y en esta dimensión, si bien el Registro Público no es el responsable de la titulación de las mismas, colabora decididamente en la protección de tales derechos al publicitar los límites de dichos espacios y los actos de administración que los sustentan.

Que, sin embargo, las formalidades registrales que se exigen para la inscripción de los principales actos y derechos de las Comunidades Nativas en muchas ocasiones no son compatibles con el funcionamiento consuetudinario de las instituciones tradicionales de gobierno de las Comunidades. En ese sentido, resulta necesario

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establecer los lineamientos especiales y flexibles que faciliten el acceso de las Comunidades Nativas a los servicios de los Registros Públicos.

Que, el Código Civil, remite a una legislación especial tanto la problemática civil de las comunidades con carácter general, en el artículo 134º, como lo referido a la inscripción registral de su personería y de los actos consiguientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 2026º.- Sin embargo, se ha advertido que los procedimientos especiales previstos para la inscripción registral de los actos comunales, no se adecuan a la cosmovisión, costumbres y autonomía organizativa de estos pueblos indígenas. Que, las Comunidades Nativas por su lejanía de los centros urbanos, la falta de recursos materiales, las diferencias idiomáticas y culturales; tienen mayor dificultad para acceder a los servicios de los Registros Públicos, presentar títulos idóneos y subsanar observaciones dentro de los plazos establecidos en la norma; estos procedimientos en ocasiones no son compatibles con el funcionamiento consuetudinario de las instituciones tradicionales de gobierno de las Comunidades. Que, atendiendo a lo señalado en los considerandos precedentes, esta Superintendencia considera importante sistematizar la normativa registral existente, a fin de uniformizar los criterios de calificación existentes y propiciar una correcta función registral que facilite y viabilice la inscripción de sus actos en el Registro de Personas Jurídicas y en el Registro de Predios de las Comunidades Nativas, sin que ello implique una afectación directa a su situación jurídica o al ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos.

Que, de acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21º de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva, Decreto Ley Nº 22175, corresponde a las entidades estatales dictar medidas normativas que se adecuen a su contexto y necesidades a fin de flexibilizar la inscripción de los principales actos y derechos de las Comunidades Nativas. Que, la Gerencia Registral y la Gerencia Legal de la SUNARP, mediante el Informe Técnico y Memorándum indicados en los vistos de la presente resolución, han manifestado su conformidad con la propuesta de directiva que establece las disposiciones necesarias para regular en forma integral la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas en los Registros Públicos; a fin de que sea materia de evaluación y aprobación por el Directorio de la SUNARP. Que, mediante Acta Nº 293 de fecha 13 de mayo de 2013, el Directorio de la SUNARP, en uso de la atribución contemplada en el literal b) del artículo 12º del Estatuto de la SUNARP, acordó por unanimidad aprobar la Directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas, conforme al proyecto elevado por la Gerencia Registral. 292

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Estando a lo acordado, y en mérito a lo establecido en el artículo 7º, literal v) del Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS. SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva Nº 05-2013-SUNARP/SN, “Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Nativas”. Artículo Segundo.- DISPONER que los Jefes Zonales adopten las acciones pertinentes a fin de que en las Oficinas Registrales de la Zona a su cargo, en cuyo ámbito de competencia territorial se ubiquen dichas comunidades nativas, difundan entre el personal técnico registral de la SUNARP y los administrados, lo dispuesto en la aludida directiva. Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 157-2001-SUNARP/SN de fecha 7 de junio de 2001 que aprueba la Directiva Nº 005-2001-SUNARP/SN.

Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO la Segunda Disposición Complementaria y Final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, aprobado por la Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP-SN. Artículo Quinto.- DISPONER que la presente directiva entrará en vigencia a los veinte (20) días calendarios contados desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo Sexto.- DISPONER la publicación de la mencionada directiva en el diario oficial “El Peruano”, así como en el Portal Institucional de la SUNARP (www.sunarp. gob.pe). Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO SOLARI ZERPA Superintendente Nacional de los Registros Públicos

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DIRECTIVA QUE REGULA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DIRECTIVA Nº 05-2013-SUNARP/SN 1.-

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES



La Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH establece en su artículo 2º que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. El Estado tiene el deber de adecuar su derecho interno, procedimientos constitucionales, medidas legislativas o de otro carácter a los estándares de la Convención, para hacer efectivos tales derechos y libertades62 como el derecho al reconocimiento de la personería jurídica y el derecho a la autonomía organizativa63. En ese sentido, Registros Públicos cumple una labor trascendental en tanto brinda publicidad de sus representantes elegidos y demás actos de organización interna a fin de hacerlos oponibles frente a terceros.





La Constitución Política del Perú en el artículo 89º establece que las Comunidades Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Reconoce su autonomía organizativa, trabajo comunal, uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo caso de abandono. Asimismo pueden elegir libremente a los integrantes de sus juntas directivas, definir su estructura, duración, funciones y demás atribuciones que le corresponden a este órgano de gobierno.

Respecto al territorio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Corte IDH señala que el término “territorio” se refiere a la totalidad de la tierra y recursos naturales que los pueblos indígenas utilizan tradicionalmente, la cual no se restringe al núcleo de sus casas de habitación, sino también al área física donde desarrollan actividades ligadas a su tradición cultural64. Por lo que, la ocupación tradicional de estas tierras y las tierras circundantes, debe bastar para obtener el reconocimiento estatal de su propiedad65.

[62] Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, recoge lo decretado por la Corte IDH, al señalar que los gobiernos deben asegurar la existencia de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, por ello los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que las normas de derecho interno sean implementadas y aplicadas en la práctica. (*) (*) La anotación precedente se publicó como parte integrante del texto de la norma. [63] Ello como parte del derecho al autogobierno previsto en el convenio 169 de la OIT. (*) La anotación precedente se publicó como parte integrante del texto de la norma.

(*)

[64] Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. (*) (*) La anotación precedente se publicó como parte integrante del texto de la norma. [65] Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname - Sentencia de 15 de junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas). (*) (*) La anotación precedente se publicó como parte integrante del texto de la norma.

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En el artículo 14º del Convenio 169 de la OIT establece que los gobiernos deben establecer procedimientos para la identificación de las tierras y medidas para proteger sus derechos de propiedad y posesión sobre tierras que tradicionalmente ocupan. Estos procedimientos pueden ser la demarcación, otorgamiento de títulos y acuerdos de autogobierno o regímenes de coadministración; acorde con el derecho consuetudinario de las comunidades nativas. Asimismo, el ejercicio de los derechos colectivos de las Comunidades Nativas ante la sociedad nacional se efectúa a través de las autoridades que las representan en diversos ámbitos de interés público; como son, lo político, económico, jurídico y administrativo. En tal sentido, los límites de ese territorio pueden determinarse previa consulta con las comunidades vecinas66. Por ello, el derecho de los pueblos indígenas sobre identificación, delimitación, demarcación, titulación y protección de las áreas pertenecientes a sus pueblos; nace del derecho a la propiedad que estos tienen sobre sus tierras y en esta dimensión, si bien Registros Públicos no es el responsable de la titulación de las mismas, colabora decididamente en la protección de tales derechos al publicitar los límites de dichos espacios y los actos de administración que los sustentan. De otro lado, de conformidad con los artículos 134º y 2016º del Código Civil, se ha formulado una remisión a la legislación especial respecto a la problemática civil de las comunidades con carácter general, como a las cuestiones específicamente referidas a la inscripción registral de su personería y de los actos consiguientes. Sin embargo, se ha advertido que los procedimientos especiales previstos para la inscripción registral de los actos comunales, no se adecuan a la cosmovisión, costumbres y autonomía organizativa de estos pueblos indígenas, no obstante lo establecido en el artículo 21º del Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, que exige la obligación por parte del Estado de establecer medidas adecuadas a su contexto y necesidades.

Por estos motivos, las formalidades registrales que se exigen para la inscripción de los principales actos y derechos de las Comunidades Nativas en muchas ocasiones no son compatibles con el funcionamiento consuetudinario de las instituciones tradicionales de gobierno de las Comunidades. Por ello, la necesidad de establecer lineamientos especiales y flexibles que faciliten el acceso de las Comunidades Nativas a los servicios de los Registros Públicos. En ese sentido, y atendiendo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, el objetivo de la presente directiva es dar uniformidad a los criterios de calificación registral para una correcta función registral que facilite y viabilice

[66] Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 15 de junio de 2005. (*) (*) La anotación precedente se publicó como parte integrante del texto de la norma.

295

2.

3. 4.

la inscripción de dichos actos en el Registro de Personas Jurídicas y en el Registro de Predios de las Comunidades Nativas, sin que ello implique una afectación directa a su situación jurídica o al ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos. FINALIDAD DE LA DIRECTIVA

Dictar las normas que regulen en forma integral la inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Nativas en el Registro de Personas Jurídicas y en el Registro de Predios. ALCANCE DE LA DIRECTIVA

Los órganos desconcentrados de la SUNARP que integran el Sistema Nacional de los Registros Públicos. BASE LEGAL

* Constitución Política del Perú - 1993.

* Convenio 169 OIT- Aprobado por el Perú con Decreto Ley Nº 26253 del 2 de diciembre de 1993. * Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. * Código Civil (Art. 134º al 139º).

* Decreto Ley Nº 22175 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva. * Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

* Decreto Supremo Nº 003-79-AA - Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva Decreto Ley Nº 22175 (Título I - Arts. 21º al 23º). * Decreto Ley Nº 25891 - Ley de Transferencia de Funciones y Actividades comprendidas en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva a las Direcciones Regionales y Subregionales Agrarias.

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* Resolución Nº 157-2001-SUNARP/SN que aprueba la Directiva Nº 005-2001-SUNARP-SN que precisa la normatividad aplicable y establece

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normas que regulan el procedimiento de inscripción de las Comunidades Nativas.

* Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP-SN que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.

5.

* Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 097-2013-SUNARP-SN que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.

CONTENIDO DE LA DIRECTIVA PARA ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS En atención a los antecedentes y consideraciones expuestos, se establecen las siguientes reglas normativas:

5.1 Libro de las Comunidades Nativas y Campesinas Todas las Oficinas que integran el Sistema Nacional de los Registros Públicos, sin excepción, deberán contar en el Registro de Personas Jurídicas con un Libro de Comunidades Nativas y Campesinas. 5.2 Actos inscribibles En el Libro de Comunidades Nativas y Campesinas, las comunidades nativas podrán inscribir los siguientes actos: a)

Su reconocimiento, estatuto y sus modificaciones;

c)

Las resoluciones judiciales referidas a la validez de los acuerdos inscribibles de la Comunidad Nativa;

b)

d)

El nombramiento de los integrantes de su junta directiva, y de los demás representantes o apoderados, su aceptación, remoción, suspensión, renuncia, el otorgamiento de poderes, su modificación, revocación, sustitución, delegación y reasunción de estos;

En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos registrales o cuyo registro prevean las disposiciones legales o reglamentarias.

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5.3 Inscripción del Reconocimiento de las Comunidades Nativas El reconocimiento oficial de la personería jurídica de las comunidades nativas lo realiza la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional competente. El trámite del reconocimiento culmina con la expedición de la Resolución de Reconocimiento, que si bien tiene carácter declarativo y no constitutivo, es requisito indispensable para su inscripción en los Registros Públicos.

En aquellos casos en que por deterioro o destrucción de los archivos de la Dirección Regional Agraria correspondiente sea imposible contar con la resolución mencionada, bastará la constancia de inscripción administrativa otorgada por ésta, en donde se acredite la existencia de la resolución indicando los datos correspondientes a la comunidad nativa y a la propia resolución.

5.4 Traslado a libro de Comunidades Nativas y Campesinas En aquellos casos que se advierta que se haya extendido una comunidad nativa en un libro distinto de aquél en el cual debió haberse practicado, se procederá de oficio a su traslado al libro correspondiente. Sin perjuicio de ello, dicho traslado se podrá formular también a solitud67 de parte.

5.5 Solicitud de rectificación de comunidades nativas que se han constituido como asociaciones en el Registro de Personas Jurídicas Aquellas comunidades nativas que se hayan constituido innecesariamente como asociaciones en el Registro de Personas Jurídicas en virtud de una escritura pública de constitución, podrán solicitar su inscripción vía rectificación en el Libro de Comunidades Nativas y Campesinas.



Para tal efecto deberán de presentar la resolución de reconocimiento expedida por la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional competente, salvo que la misma ya obre en el antecede68 registral, así como la copia autenticada o certificada del acta de la Asamblea General que contenga el acuerdo de rectificación conforme a la resolución de reconocimiento. Para tal efecto, se exigirá que la resolución de reconocimiento sea de fecha anterior a la escritura pública de constitución.

5.6 Títulos que dan mérito a la inscripción

5.6.1 Para la inscripción del estatuto y sus modificaciones, nombramiento de los integrantes de su junta directiva, y de los

[67] En el diario oficial El Peruano dice: “solitud”, debiendo decir: “solicitud”.

[68] En el diario oficial El Peruano dice: “antecede”, debiendo decir: “antecedente”.

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demás representantes o apoderados, su aceptación, remoción, suspensión, renuncia, el otorgamiento de poderes, su modificación, revocación, sustitución, delegación y reasunción de estos, se presentará copia autenticada o certificada del acta de la Asamblea General u órgano competente donde consten tales acuerdos.

5.6.2 A criterio de los propios comuneros, dicha autenticación podrá estar a cargo del fedatario de la Oficina Registral o por notario. En aquellos centros poblados donde no exista notario, se podrá solicitar la certificación por el Juez de Paz o Juez de Paz Letrado.

5.6.3 Cuando las inscripciones se efectúen en mérito a mandato judicial se presentará copia certificada de la resolución que declara o constituye el derecho y de los demás actuados pertinentes, acompañados del correspondiente oficio cursado por el Juez competente.

5.6.4 Tratándose de convocatoria judicial, cuando no se cuente con el libro u hojas sueltas de actas certificadas, excepcionalmente, la inscripción podrá efectuarse en mérito de actas extendidas en hojas simples, acompañada de la constancia emitida por quien presidió la sesión, por el órgano legal o estatutariamente facultado para convocarla o por el encargado de ejecutar la convocatoria, expresando el motivo que impide contar con el libro de actas u hojas sueltas certificadas.

5.7 Calificación de los títulos que dan mérito a la inscripción 5.7.1 5.7.2

5.7.3

El Libro de Actas de la comunidad nativa debe constar certificado por notario. En aquellos centros poblados donde no exista notario, se podrá solicitar la certificación por el Juez de Paz o Juez de Paz Letrado.

El Registrador verificará que exista compatibilidad entre el libro en el que está asentada el acta cuya inscripción se solicita y en el que se asentó el acuerdo del mismo órgano que dio mérito a la última inscripción vinculada, tomando en cuenta para ello, la fecha de la sesión, el número del libro y los datos de certificación que le corresponda.

En el caso de los acuerdos contenidos en actas que contengan enmendaduras, testados o entrelineados, podrán inscribirse siempre que se deje constancia antes de la suscripción que

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vale la palabra o palabras enmendadas o entrelíneas o, que no valen la palabra o palabras testadas.

5.8 Contenido del acta de la asamblea general El acta de la asamblea general debe transcribir la sesión de dicho órgano. Para efectos de la calificación, el acta debe contener como mínimo los siguientes aspectos: - La fecha y hora de inicio y conclusión de la asamblea general.

- El lugar en que se llevó a cabo la asamblea, sin necesidad de precisar la dirección correspondiente. - El nombre completo de la persona que presidió la asamblea general. - Los acuerdos adoptados.

- Tratándose de acta en la que conste la elección de junta directiva, deberá indicarse el nombre completo y el documento nacional de identidad (de ser el caso) de los comuneros integrantes de la misma.

5.9 Contenido del estatuto comunal para efectos registrales Para efectos de la inscripción del estatuto comunal bastará con indicar los siguientes aspectos mínimos: - Denominación de la comunidad nativa y domicilio.

- Disposiciones relativas a la convocatoria, quórum, forma de adopción de acuerdos de la asamblea y de la junta directiva. - Conformación y funciones de la junta directiva.

300

- Duración de la junta directiva.

5.10 Reapertura de actas Los acuerdos contenidos en actas suscritas en las que se hayan cometido errores u omisiones podrán inscribirse si se reabren para consignar la rectificación respectiva o los datos omitidos, requiriéndose necesariamente que suscriban al pie las mismas personas que suscribieron el acta reabierta, salvo que la asamblea haya conferido poder al jefe comunal a fin de suscribir en representación de los comuneros el acta reabierta. En el acta se consignará la fecha de la reapertura. No dará mérito a inscripción la reapertura de actas que contengan acuerdos inscritos.

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5.11 Legitimación para convocatorias Para efectos registrales, se presume que la persona legal o estatutariamente facultada o en defecto de esta, el integrante designado por la última junta directiva inscrita de la comunidad nativa, está legitimado para convocar a asamblea general en la que se elijan a los nuevos integrantes de dicho órgano de gobierno, aunque hubiere concluido el período para el cual fueron elegidos. La convocatoria deberá realizarse conforme a las normas estatutarias vigentes.



En el caso del integrante designado por la última junta directiva inscrita de la comunidad nativa, dicha situación se acreditará mediante copia autenticada o certificada del acta de la sesión de la junta directiva que aprueba tal designación.

5.12 Calificación de los acuerdos de la asamblea general Tratándose de la calificación registral de acuerdos de la asamblea general el Registrador verificará la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido a través de las constancias respectivas. Para tal efecto deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

5.12.1 Constancia de la convocatoria: que en la constancia se indique que la convocatoria se ha realizado en la forma prevista en el estatuto y que los integrantes de la comunidad nativa han tomado conocimiento de esta.



5.12.2 Constancia del quórum: que en la constancia se indique el número de los miembros de la comunidad habilitados para concurrir a la asamblea, la fecha del acta materia de calificación, los datos relativos a la certificación de apertura del libro Padrón de Comuneros, y el número de los miembros de la Comunidad.

5.13 Formalidad de las constancias de convocatoria y quórum Tienen el carácter de declaración jurada, se presentan en original y debe indicarse el nombre completo, documento de identidad del legitimado para convocar o establecer el quórum correspondiente.

A decisión de la comunidad nativa, la firma del legitimado deberá contar con la autenticación del fedatario de la Oficina Registral o por notario. En aquellos centros poblados donde no exista notario, se podrá solicitar la certificación por el Juez de Paz o Juez de Paz Letrado. 301

5.14 Asamblea General de Reconocimiento En caso se hayan producido elecciones de juntas directivas que no fueron inscritas oportunamente en los Registros Públicos, se establecerá la exactitud registral mediante una asamblea general de reconocimiento, debiendo tenerse en cuenta en la calificación lo siguiente: 5.14.1 La inscripción de la asamblea general de reconocimiento procede para reconocer uno o más períodos eleccionarios.

5.14.2 Se entenderá como válida la convocatoria efectuada por la persona legal o estatutariamente facultada aún cuando su periodo no se encuentre inscrito. 5.14.3 Es inscribible la asamblea general de reconocimiento de juntas directivas reelectas, no obstante que estas fueron elegidas contraviniendo norma estatutaria que prohíbe la reelección.

5.14.4 El registrador exigirá copia autenticada del acta de la asamblea de reconocimiento por el fedatario de la Oficina Registral o certificada por notario. En aquellos centros poblados donde no exista notario, se podrá solicitar la certificación por el Juez de Paz o Juez de Paz Letrado. Queda a criterio de la comunidad nativa escoger la formalidad que considere pertinente.

5.14.5 El Registrador no requerirá la presentación de copias certificadas ni otra documentación referida a las asambleas realizadas con anterioridad en las que se acordó realizar las elecciones que son materia de reconocimiento. 5.14.6 En el acta de la asamblea general de reconocimiento deberá constar el acuerdo de la asamblea de reconocer las elecciones anteriores no inscritas, inclusive respecto al órgano o integrante del mismo que convoca a la asamblea general de reconocimiento, y la indicación de todos los órganos de gobierno elegidos y su período de funciones aun cuando no concuerden con los establecidos en el estatuto.

5.15 Inscripción de estatuto y primera junta directiva En aquellos casos en que la comunidad nativa se ha inscrito en mérito a la resolución administrativa de reconocimiento sin haber inscrito su estatuto ni su primera junta directiva, bastará con presentar la copia certificada o autenticada del acta de la asamblea general que aprueba tales actos. 302

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Podrá inscribirse la primera junta directiva sin el estatuto, siempre que de la copia certificada del acta de asamblea general se pueda establecer el período de duración de la misma.

Para efecto de inscribir el estatuto y su primera junta directiva no será necesario que las comunidades nativas adjunten la constancia de convocatoria y el quórum.

5.16 Reglas especiales de calificación

5.16.1 Los actos inscribibles previstos en el numeral 5.2 de la presente directiva serán calificados en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, computados desde su ingreso por el Diario.

5.16.2 Teniendo en cuenta que las comunidades nativas gozan de plena autonomía para velar de la mejor manera por sus fines e intereses, éstas podrán establecer el contenido de su estatuto según sus propios usos y costumbres, teniendo como límite lo previsto en la Constitución y la legislación especial que los regula. 5.16.3 No será materia de observación si el estatuto de la comunidad nativa presenta cualesquiera de las siguientes características: i)

ii)

incorpora otros cargos dentro de la junta directiva y/o asigna otras denominaciones, que no estén previstos en el artículo 22º del Reglamento del Decreto Ley Nº 22175; no consignar aspectos relativos al tiempo de duración, disolución y liquidación u otras disposiciones relativas al destino final de sus bienes.

5.16.4 Para inscribir el reconocimiento de la comunidad nativa, no será necesario solicitar la reserva de nombre. En caso que haya una persona jurídica con el mismo nombre de la comunidad nativa, no será impedimento para su inscripción.

En este caso, solo se hará la indicación de la localidad donde se encuentra ubicada la comunidad.

5.17 Responsabilidad del Registrador El Registrador no asumirá responsabilidad por la autenticidad y el contenido de libros u hojas sueltas, actas, constancias de convocatoria

303

6.

y quórum, instrumentos, constancia de inscripción a que alude el segundo párrafo del numeral 5.3 de la presente directiva, ni por la firma, identidad, capacidad o representación de quienes aparecen suscribiéndolos. Tampoco será responsable por la veracidad de los actos y hechos a que se refieren las constancias que se presenten al Registro.

CONTENIDO DE LA DIRECTIVA PARA ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

6.1 Oficina Registral competente Los territorios correspondientes a las comunidades nativas se inscriben en la Sección Especial de Predios Rurales del Registro de Predios de las Oficinas Registrales.

En los casos en que el territorio este ubicado en el ámbito territorial de más de una oficina registral, la inmatriculación se realizará en la oficina registral del domicilio de la comunidad nativa. El Registrador requerirá informe técnico a las áreas de catastro de las oficinas registrales involucradas.

6.2 Inmatriculación del territorio de Comunidades Nativas Para la inmatriculación del territorio de una comunidad nativa se presentarán los siguientes documentos: a)

b)

Título de propiedad otorgado por la Dirección Regional Agraria correspondiente y la resolución que lo sustente.

Plano de demarcación territorial con la correspondiente memoria descriptiva, elaborado y visado por el órgano competente. En el Plano debe constar claramente la distinción entre áreas de propiedad, de cesión en uso y áreas de protección, sin que en ningún caso esta distinción implique solución de continuidad.

6.3 Datos del asiento de inscripción de la inmatriculación El asiento de inscripción de la inmatriculación del territorio comunal contendrá, además de los datos señalados en el artículo 13º del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, los siguientes aspectos: a)

b) 304

El departamento, provincia y distrito donde se encuentra. En el caso que el predio a inmatricular esté ubicado en más de un distrito debe indicarse los nombres de los distritos correspondientes;

El área del territorio que ocupa la comunidad nativa, el área del derecho de propiedad y el área de la cesión en uso. Dichas

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c)

extensiones superficiarias se extenderán en la misma partida registral.

En aquellos casos en que la resolución administrativa expedida por la Dirección Regional correspondiente, incluya áreas cedidas en uso, y áreas de protección, el Registrador procederá a extender en forma simultánea en el rubro b) la descripción de las áreas, linderos y medidas perimétricas correspondientes a cada una de ellas.

6.4 Intervención del área de catastro Los documentos en virtud de los cuales se solicita la inmatriculación del territorio de una comunidad nativa, requerirán previo informe del área de catastro de la zona o zonas registrales en cuyo ámbito territorial se ubique o abarque el territorio comunal. El referido informe se pronunciará sobre los siguientes aspectos: a)

b)

c)

Si en el Registro de Predios se encuentra inmatriculado en todo o en parte la extensión superficial que abarca el territorio de la comunidad nativa, precisando en su caso las partidas de los predios afectados, de acuerdo al avance de la actualización de la Base Gráfica de las oficinas de catastro.

En caso que la oficina de catastro advierta la superposición parcial o total del terreno, deberá indicarse cuál es el área que se superpone, con precisión de los linderos y medidas perimétricas, salvo que no se haya podido determinar con exactitud el área superpuesta, en cuyo caso se precisará su ubicación y el área aproximada. No impide la inmatriculación el informe técnico que señale la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no.

Con los fines de aclarar la documentación exigida en el numeral 6.2 de la presente directiva, se podrá tomar como referencia los linderos fijados entre comunidades o con terceros que signifiquen hitos naturales como ríos y quebradas que hayan sido reconocidos en las actas de colindancias. Si el territorio comunal está localizado en el ámbito territorial de más de una zona registral u oficina registral, el gerente de área o gerente registral respectivo, a solicitud del registrador, concederá la prórroga a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27º del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos.

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6.5 Efectos del informe catastral para la calificación registral En caso de discrepancia entre el plano y la respectiva memoria descriptiva, prima lo establecido en el plano que podrá estar respaldada con la información digital entregada en el momento de su registro.

6.6 Efectos de la duplicidad No existe impedimento para la inscripción de actos posteriores referidos a partidas registrales duplicadas.



En el caso que el informe de catastro concluya que el territorio comunal que se pretende inmatricular se superpone con un Área Natural Protegida, dicha constatación no constituirá impedimento para la inmatriculación. A tal efecto deberá extenderse un asiento de correlación entre la partida del territorio comunal y la partida del Área Natural Protegida. Cuando el informe de catastro advierta que el predio que se pretende inmatricular se superpone parcialmente con una concesión forestal, deberá presentarse la resolución administrativa correspondiente expedida por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre u órgano competente, en virtud de la cual se redimensione o actualice la superficie de dicha concesión, excluyendo con ello el área superpuesta con la comunidad nativa.

6.7 Desistimiento de área superpuesta con territorio comunal inscrito En aquellos casos en que la oficina de catastro advierta que el predio que se pretende inmatricular se superpone parcialmente a otro inscrito, se podrá desistir de inscribir el área superpuesta. En dicho supuesto se podrá efectuar la inscripción de la parte del predio que no se superpone en virtud de nuevo plano y memoria descriptiva con las respectivas formalidades previstas en el numeral 6.2.b) de la presente directiva. En dicho caso se podrá conceder la prórroga a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27º del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos.

7. 306

6.8 Actos de disposición y gravamen sobre el territorio comunal De conformidad con el artículo 11º de la Ley Nº 26505, para efectos de disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme no menos de los 2/3 de todos los miembros de la comunidad nativa. Principio de pro-inscripción Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio 169 de la OIT, que establece que al aplicar la legislación nacional a las Comunidades Nativas se

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8.

9.

deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario; las disposiciones normativas previstas en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas y en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, se aplicarán supletoriamente respecto de aquellos aspectos no regulados por la presente directiva, sólo si facilitan y propician la inscripción de sus actos y derechos. Prórroga automática de la vigencia del asiento de presentación En aquellos casos en que el título presentado sea observado o se encuentre pendiente el pago de los derechos registrales, el plazo de vigencia del asiento de presentación será prorrogado en forma automática hasta por cincuenta (50) días adicionales. La prórroga concedida, no modifica los demás plazos previstos en el Reglamento General de los Registros Públicos en relación con el procedimiento registral de inscripción, salvo el plazo de calificación especial indicado en el numeral 5.16.1 y 6.8 de la presente directiva.

Responsabilidad Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, los Jefes de los Órganos Desconcentrados, los Registradores y demás servidores intervinientes según sea el caso.

307

308

3 Protección de pueblos indígenas en estado de aislamiento

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3.1. Declaran superficie ubicada en los departamentos de Cusco y Ucayali como “Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros” DECLARAN SUPERFICIE UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO Y UCAYALI COMO “RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO A FAVOR DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO Y CONTACTO INICIAL KUGAPAKORI, NAHUA, NANTI Y OTROS” DECRETO SUPREMO Nº 028-2003-AG (Publicado el 26 de julio de 2003)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 2º incisos 1), 2) y 22), que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar; a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado; así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; Que, asimismo la Constitución Política del Perú dispone en su artículo 2º inciso 19), que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural por lo que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación; Que, la Constitución Política del Perú señala en su artículo 89º, que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, precisando que éstas tienen existencia legal y son personas jurídicas, autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece;

Que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, ratificado por el Estado Peruano con Resolución Legislativa Nº 26253, en su artículo 14º inciso 1) precisa que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; y además, en los casos

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apropiados, deberán tomarse las medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; prestándose particular atención a la situación de los pueblos nómades y de agricultores itinerantes;

Que, asimismo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT establece en su artículo 14º incisos 2) y 3), que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión; así como instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados;

Que, la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, dada por Decreto Ley Nº 22175, en su segunda disposición transitoria dispone que para la demarcación del territorio de las comunidades nativas cuando se encuentren en situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes de la comunidad nacional, se determinará un área territorial provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales, hasta que se defina una de las situaciones a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 10º de la citada Ley; Que, en las cabeceras de los ríos afluentes de la margen derecha del río Urubamba, entre el río Ticumpinía hasta el río Mishagua, se identificó la existencia de grupos familiares nativos denominados: Kugapakori, y Nahuas, pertenecientes a los grupos etnolingüísticos Machiguenga y Yaminahua, familias lingüísticas Arawak y Pano, respectivamente, que se caracterizan por ser nómades, dedicados a las actividades de caza, pesca y recolección destinados a su subsistencia, y estar en contacto inicial con la comunidad nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0046-90-AG/DGRAAR, de fecha 14 de febrero de 1990, publicada en fecha 25 de febrero de 1990, se declaró como Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua la superficie de cuatrocientas cuarenta y tres mil ochocientas ochenta y siete hectáreas (443 887 ha.) de tierras ubicadas en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali, respectivamente; con el objeto de garantizar el derecho de los citados grupos étnicos sobre las tierras ocupan de modo tradicional, así como de protegerlos respecto de agresiones o posibles enfrentamientos por parte de terceros; Que, a la fecha se han identificado como pueblos indígenas al interior de la Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua a los pueblos Yora o Nahua de la familia lingüística Pano; Nanti, Kirineri y Machiguenga de la familia lingüística Arawak entre otros aún no identificados;

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Que, asimismo se conoce que estas poblaciones se encuentran en distintos grados de contacto existiendo ya comunidades asentadas como el caso de Marankiato y Montetoni del pueblo Nanti, en tanto que otras se encuentran aisladas voluntariamente como es el caso de Martentari y Piriasentenoi del pueblo Nanti; Kuria, Yopokoriari, Inaroato, Kipatsiari, Manyokiari y otros dos grupos sin nombre identificado entre los ríos Camisea y Paquiria del pueblo Machiguenga; y Serjali-Santa Rosa del pueblo Yora; además de otras no contactadas, las que se supone pertenecerían al pueblo Nanti, situadas en la zona sur-oriental de la reserva; Que, mediante Decreto Supremo Nº 15-2001-PCM se constituyó la “Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas”, encargada de estudiar la situación actual y los problemas de las comunidades nativas de la amazonía a fin de formular propuestas integrales para garantizar la plena vigencia de sus derechos constitucionales y promover su bienestar y desarrollo económico; Que, para lograr su cometido la referida comisión especial multisectorial conformó una Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas, en la que participaron organizaciones indígenas e instituciones interesadas, quienes aportaron diversas propuestas de solución para los problemas que afectan a las comunidades nativas del país;

Que, la Secretaría Técnica de la “Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas”, sobre la base de las propuestas de la Mesa de Diálogo y Cooperación y el trabajo colectivo y participativo desarrollado entre diversos sectores públicos y miembros de la sociedad civil, entre los cuales se encontraron organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, pobladores locales y consultores independientes, elaboró el “Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios”, el cual fue publicado con fecha 24 de julio de 2001; Que, el citado Plan de Acción, en su acápite G objetivo G.1, contempló la necesidad de establecer un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, el cual requiere una serie de medidas especiales orientadas a garantizar su protección, velar por el respeto de sus derechos humanos, garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, y promover las acciones adecuadas para cuando ellos decidan iniciar un proceso de interacción con la sociedad nacional; Que, en atención a lo expuesto, se ha evaluado la necesidad de dotar a la Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua, establecida con Resolución Ministerial Nº 0046-90-AG/DGRAAR, de un mayor nivel de protección legal a la par de establecer, con mayor claridad, las medidas de control y limitaciones al desarrollo de actividades en dicha área, así como designar a las autoridades competentes para garantizar los derechos que asisten a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial localizados en dicha área;

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De conformidad con lo normado por la segunda disposición transitoria de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, dada por Decreto Ley Nº 22175; y, En uso de las facultades previstas en el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú; DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese “Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”, la superficie de cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas setenta y dos y 73/100 hectáreas (456 672,73 ha.) ubicada en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali, respectivamente, delimitada según memoria descriptiva y mapa que integran el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. Artículo 2º.- Precísese que la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros allí presentes, se establece con el propósito de preservar los derechos por los citados grupos sobre las tierras que ocupan de modo tradicional así como su derecho al aprovechamiento con fines de subsistencia de los recursos naturales existentes en dicha área.

Asimismo, precísese que la totalidad de los pueblos indígenas ubicados a su interior concurrirán como beneficiarios mancomunados de la reserva territorial. Artículo 3º.- Garantícese la integridad territorial, ecológica y económica de las tierras comprendidas al interior de la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos, en aislamiento voluntario y contacto inicial, Kugapakori, Nahua, Nanti y otros allí presentes. En tal sentido queda prohibido el establecimiento de asentamientos humanos diferentes a los de los grupos étnicos mencionados en el artículo 2º, al interior de la reserva territorial así como el desarrollo de actividades económicas. Asimismo queda prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales.

Precísese que todo ingreso de terceros, sean éstos públicos o privados, con fines asistenciales, de salud, investigación y otros requiere la autorización previa de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA, así como la puesta en conocimiento de las organizaciones indígenas de la zona. Precísese además que aquellos derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente existentes deberán ejercerse con las máximas consideraciones para

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

garantizar la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan al interior de la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos, en aislamiento voluntario y contacto inicial, Kugapakori, Nahua, Nanti y otros allí presentes, siguiendo las directivas que al respecto deberá establecer la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA. Artículo 4º.- La reserva territorial del Estado establecida en el artículo 1º del presente Decreto Supremo subsistirá hasta que se defina una de las situaciones a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 10º de Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, dada por Decreto Ley Nº 22175.

Precísese en este punto que el total del área establecida como reserva territorial será destinada íntegramente a favor de los pueblos indígenas ubicados a su interior, realizándose la titulación correspondiente previo estudio por parte de las instituciones competentes del Estado; así como el establecimiento de una o varias reservas comunales, de ser el caso, sobre la totalidad de la superficie no titulada a las comunidades.

Artículo 5º.- Encárguese al Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA en coordinación con la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA, el establecimiento de mecanismos de control a fin de cautelar la integridad territorial de la reserva territorial establecida mediante el artículo 1º del presente Decreto Supremo. Asimismo CONAPA tendrá a su cargo la formulación de planes de contingencia y emergencia en caso de contacto con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, debido a que son altamente vulnerables.

Precísese que el control de las rutas de ingreso a la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros allí presentes, será realizada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA a través del personal del contiguo Parque Nacional del Manu, por constituir también rutas de acceso a terceros a esta área natural protegida. Artículo 6º.- Encárguese a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - CONAPA la actuación como tutor provisional para representar a estos pueblos. Asimismo encárguesele la conducción, coordinación y/o autorización de las actividades científicas o humanitarias que requieran desarrollarse al interior de la reserva territorial.

Artículo 7º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de Agricultura, y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil tres.

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ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República BEATRIZ MERINO LUCERO Presidenta del Consejo de Ministros FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA Ministro de Agricultura

ANEXO MEMORIA DESCRIPTIVA RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO A FAVOR DE LOS GRUPOS ÉTNICOS KUGAPAKORI, NAHUA, NANTI Y OTROS 1. UBICACIÓN Las tierras materia de la presente descripción se encuentran políticamente en: Distritos : Echarate y Sepahua Provincias : La Convención y Atalaya Departamentos : Cusco y Ucayali

Geográficamente la reserva está ubicada entre las siguientes coordenadas: Latitud Longitud

2. SUPERFICIE

11º 30” 75º 30”

La citada reserva abarca una extensión superficial de 456 672,73 ha.

3. PERÍMETRO

4.

Dicha superficie se encuentra encerrada en un perímetro de 379 991.84 ML. LÍMITES Y COLINDANCIAS

La demarcación de los límites se realizó sobre la base de la Carta Nacional de escala 1/100,000, preparada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional, hojas 23-q, 23-r, 24-q, 24-r, 25-q 25-r, complementada con el uso de Imágenes de Satélite LANDSAT TM, toda esta información en formato digital y georeferenciado. 316

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Las coordenadas, descritas a continuación, están referidas a la Carta Nacional, que aplica las siguientes características cartográficas, Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), Cuadrícula: 1000 metros, UTM: Zona 18, Proyección: Transversa de Mercator, Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial de 1984. Los límites de las comunidades a que se hace referencia fueron obtenidos de CEDIA en formato digital georeferenciado.

La versión oficial digital de los límites se encuentra en la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA y constituye en lo sucesivo el único documento al que deberá recurrirse en materia de ordenamiento territorial a todo nivel.

Norte: El límite inicia en el punto Nº 1 de coordenadas UTM 747 043,98 E, 8 744 539,19 N punto ubicado en la desembocadura de la quebrada Dos Cabezas en el río Mishahua, el cual continúa por la quebrada Dos Cabezas aguas arriba hasta el punto Nº 2 de coordenadas UTM 747 164,26 E, 8 747 446,68 N, continuando en dirección este por la divisoria de aguas que forman los ríos Mishahua y Dorado, y luego Vinuya y Dorado, hasta alcanzar las cabeceras de este último, y luego por la divisoria de aguas que forman los ríos Sepahua y Vinuya hasta alcanzar el punto Nº 3 de coordenadas UTM 804 057,75 E, 8 747 326,00 N, ubicado en el límite suroeste de la Zona Reservada Alto Purús.

Este: Desde el último punto descrito, el límite prosigue en dirección general sur, por el límite suroeste de la Zona Reservada Alto Purús y luego por el límite oeste del Parque Nacional Manu hasta el punto Nº 4 de coordenadas UTM, 796 800,78 E, 8 666 076,46 N, prosiguiendo desde este punto en dirección sur hasta alcanzar la margen derecha del río Timpia en el punto Nº 5 de coordenadas UTM 793 052,19 E, 8 658,359 N.

Sur: Desde el último punto descrito el límite prosigue en dirección oeste por la divisoria de aguas de los ríos Timpia y Ticumpinia hasta alcanzar el vértice noreste de la comunidad nativa Sababantiari en el punto Nº 6 de coordenadas UTM 754 125,44 E, 8 652 654,00 N, continuando por el límite norte de la comunidad hasta el punto Nº 7 de coordenadas UTM 743 115,66 E, 8 654 008,02 N. Oeste: Desde el último punto descrito, el límite continúa en dirección norte hasta el punto Nº 8 de coordenadas UTM 742 794,50 E, 8 656 769,00 N, ubicado en el límite sur de la comunidad nativa Timpia, continuando en dirección este por el

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límite sur de la comunidad nativa y luego por el límite este hasta el punto Nº 9 de coordenadas UTM 746 991,69 E, 8 669 465,00 N, luego continúa mediante una línea recta de dirección norte hasta el punto Nº 10 de coordenadas UTM 746 831,94 E, 8 672 022 N, y luego por otra línea recta de dirección noroeste hasta el punto Nº 11 de coordenadas UTM 745 547,38 E, 8 673 365,00 N, ubicado en el límite extremo sureste de la comunidad nativa Ticumpinia, continuando por el límite este de dicha comunidad hasta el punto Nº 12 de coordenadas UTM 744 738,44 E, 8 679 842,00 N, punto ubicado en el límite sureste de la comunidad nativa de Cashiriari, continuando por su límite este hasta el punto Nº 13 de coordenadas UTM 744 637,45 E, 8 691 137,22 N, límite sur de la comunidad nativa de Segakiato, continuando por el límite este de dicha comunidad, hasta el punto Nº 14 de coordenadas UTM 740 544,56 E, 8 711 402,00 N, en el límite sur de la comunidad nativa Shivanoreni, continuando por el límite este de esta comunidad hasta el punto Nº 15 de coordenadas UTM 741 381,50 E, 8 720 877,00 N, límite sur de la comunidad nativa Nueva Luz, continuando por el límite este de esta última hasta el punto Nº 16 de coordenadas UTM 743 135,31 E, 8 730 823,98 N, ubicado en el límite noreste de dicha comunidad, desde allí, se continúa mediante una línea recta de dirección noreste hasta alcanzar el punto Nº 1, inicio de la presente descripción.

5. ACCESIBILIDAD

6.

Saliendo de la localidad de Quillabamba se continúa por carretera afirmada hasta el centro poblado de Kiteni de donde se sigue por vía fluvial por el río Urubamba (alto y bajo) hasta la desembocadura de los ríos Timpia, Camisea y Mishahua, los mismos que son navegables por pequeñas embarcaciones que llegan hasta el área reservada. BASE CARTOGRÁFICA

- Imágenes Landsat TM: 1/100,00 - Carta Nacional. Escala 1:100 000 IGN (hojas 23-q, 23-r, 24-q, 24-r, 25-q, 25r).

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3.2. Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL LEY Nº 28736 (Publicada el 18 de mayo de 2006)

CONCORDANCIA: D.S. Nº 008-2007-MIMDES (Reglamento) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL

Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud salvaguardando su existencia e integridad. Artículo 2º.- Definiciones Para efectos de la presente Ley se consideran: a)

Pueblos indígenas.- Aquellos que se autorreconocen como tales, mantienen una cultura propia, se encuentran en posesión de un área de tierra, forman parte del Estado peruano conforme a la Constitución. En éstos se incluye a los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. 319

b)

c) d)

Aislamiento.- Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas. Contacto inicial.- Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste ha comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional.

Reservas indígenas.- Tierras delimitadas por el Estado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y en tanto mantengan tal situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos.

Artículo 3º.- Categorización Para los efectos de la presente Ley: a)

b)

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Se reconoce a un grupo humano la categoría de Pueblo Indígena en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial mediante decreto supremo, el mismo que para su validez requiere de un estudio previo realizado por una Comisión Multisectorial presidida por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA e integrada por la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional y local que corresponda, dos representantes de las Facultades de Antropología de las universidades peruanas, uno de las públicas y otro de las privadas, y por los demás que establezca el reglamento de la presente Ley. Dicho estudio debe contener medios probatorios de la existencia del grupo o grupos humanos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, su identificación, así como la indicación de la magnitud de su población y las tierras en las que habitan.

Las reservas indígenas adquieren tal categoría por decreto supremo sustentado en un estudio adicional al detallado en el literal a) de este artículo, el mismo que para su validez debe señalar plazo de duración renovable las veces que sea necesario, los pueblos indígenas beneficiados y las obligaciones y prerrogativas de las comunidades nativas o pueblos indígenas colindantes. Este estudio es realizado por una Comisión Multisectorial, es dirigido por el INDEPA y cuenta con la opinión del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentre la reserva indígena. Dicho informe debe contener un análisis ambiental, jurídico y antropológico y articular las opiniones técnicas y las estrategias de intervención de los sectores: Salud, Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Energía y Minas, Defensa, Interior y, de ser el caso, Relaciones Exteriores.

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CONCORDANCIA:

D.S. Nº 008-2007-MIMDES (Reglamento), Primera Disp. Compl. y Final

Artículo 4º.- Derechos de los miembros de los pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial El Estado garantiza los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, asumiendo las siguientes obligaciones para con ellos: a)

b) c) d) e) f)

Proteger su vida y su salud desarrollando prioritariamente acciones y políticas preventivas, dada su posible vulnerabilidad frente a las enfermedades transmisibles; Respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de su relación con el resto de la sociedad nacional y con el Estado; Proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida, reconociendo la particular relación espiritual de estos pueblos con su hábitat, como elemento constitutivo de su identidad;

Reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, restringiendo el ingreso de foráneos a las mismas; la propiedad de las poblaciones sobre las tierras que poseen se garantiza cuando adopten el sedentarismo como modo de vida; Garantizar el libre acceso y uso extensivo de sus tierras y los recursos naturales para sus actividades tradicionales de subsistencia; y,

Establecer reservas indígenas, las que se determinarán sobre la base de las áreas que ocupan y a las que hayan tenido acceso tradicional, hasta que decidan su titulación en forma voluntaria.

Artículo 5º.- Carácter intangible de las reservas indígenas Las reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial son intangibles en tanto mantengan la calidad de tales. En ellas: a)

b) c)

No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior; Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas;

No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y siempre que lo permita el correspondiente

321

estudio ambiental. En caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley; y, CONCORDANCIA: d)

D.S. Nº 008-2007-MIMDES (Reglamento), Artículos 33º y 34º

Los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados beneficiarios de la misma.

Artículo 6º.- Autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas No se permite el ingreso de agentes externos a las Reservas Indígenas, a fin de preservar la salud de las poblaciones en aislamiento o contacto inicial, excepto a entes estatales cuando: a)

b) c)

d) e)

Se prevea situaciones de riesgo para la salud de los pueblos indígenas o poblaciones colindantes, o se hayan producido situaciones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, que signifiquen amenaza de epidemia; Se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingreso de personas no autorizadas al interior de las Reservas Indígenas; Se ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía nacional;

Se constate la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o de la biodiversidad; y,

En otras situaciones análogas de riesgo, por acuerdo del Consejo Directivo del INDEPA. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 008-2007-MIMDES (Reglamento), Artículo 38º

Artículo 7º.- Cautela de derechos Corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA, en coordinación con los sectores Salud, Agricultura e Interior, conducir, implementar y supervisar el régimen especial instituido por la presente Ley, el mismo que es parte de la política nacional sobre pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, la cual debe ser aprobada por decreto supremo.

322

Artículo 8º.- Derechos de miembros de Comunidades Nativas aplicables Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial se benefician de todos los derechos que la Constitución y la ley establecen a favor de las Comunidades Nativas.

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Artículo 9º.- Informe Anual Anualmente el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA informará, ante la Comisión Ordinaria competente del Congreso de la República, sobre los objetivos y logros de su gestión en esta materia. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Del Reglamento de la Ley El Poder Ejecutivo aprueba, por decreto supremo, el reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

SEGUNDA.- Situación de las Reservas Indígenas Dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario posteriores a la promulgación de la presente Ley, la Presidencia del Consejo de Ministros adecuará, mediante decreto supremo y aplicando los mecanismos detallados en el artículo 3º, las reservas indígenas existentes considerando la situación actual de las mismas. TERCERA.- Propuesta de creación de reserva indígena Los gobiernos regionales o locales, las organizaciones académicas, indígenas o las comunidades podrán proponer a la Comisión Multisectorial la creación de reservas indígenas. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil seis. MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DÍAZ PERALTA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil seis. 323

DAVID WAISMAN RJAVINSTHI Segundo Vicepresidente de la República Encargado del Despacho de la Presidencia de la República PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente del Consejo de Ministros

324

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3.2.1. Reglamento de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL DECRETO SUPREMO Nº 008-2007-MIMDES (Publicado el 5 de octubre de 2007)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, los pueblos en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, constituyen un sector de la población peruana que se caracteriza por su alta vulnerabilidad frente a agentes externos que amenazan su supervivencia;

Que, el artículo 2º inciso 19) de la Constitución Política del Perú garantiza el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural, asimismo, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación; Que, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vincula al Estado peruano para adoptar medidas efectivas que garanticen los derechos a estos pueblos;

Que, la Ley Nº 28736 - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, es la primera norma legal especializada que establece el régimen especial transectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de la amazonía peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando especialmente, sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad; Que, esta Ley contiene las pautas genéricas para el reconocimiento de estos pueblos y para la categorización de las reservas indígenas, a través de estudios que deberá realizar la Comisión Multisectorial correspondiente;

Que, en el Perú existen diversas poblaciones que se encuentran actualmente en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial que requieren ser reconocidas como tales, para luego proceder a categorizar la reserva indígena que garantice una mayor protección frente a la amenaza de agentes externos;

325

Que, asimismo, existen reservas territoriales creadas bajo la normativa no especializada anterior a la Ley Nº 28736, las cuales deberán adecuarse al nuevo procedimiento y exigencias establecidas en la referida Ley; Que, en virtud a lo expuesto, resulta necesario aprobar la norma reglamentaria que haga aplicable la Ley Nº 28736;

De conformidad con lo previsto en el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 28736; DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28736 Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28736 - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, el cual consta de cuatro (4) títulos, siete (7) capítulos, cuarenta y tres (43) artículos, dos (2) disposiciones complementarias finales, dos (2) disposiciones complementarias transitorias y una (1) disposición complementaria derogatoria; que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo. Artículo 2º.- Normas complementarias El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, mediante Resoluciones Ministeriales, aprobará las normas complementarias que sean necesarias para la aplicación del Reglamento aprobado mediante el presente Decreto Supremo. Artículo 3º.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil siete. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República VIRGINIA BORRA TOLEDO Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

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REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL TÍTULO PRIMERO

: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO SEGUNDO

: EL RÉGIMEN ESPECIAL TRANSECTORIAL DE PROTECCIÓN

TÍTULO TERCERO

: PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL Y LAS RESERVAS INDÍGENAS

CAPÍTULO I

:

CAPÍTULO II

: CATEGORIZACIÓN DE UNA RESERVA INDÍGENA

TÍTULO CUARTO

RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL

:

PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y RESERVAS INDÍGENAS

CAPÍTULO I

:

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO II

:

CAPÍTULO III

:

INTANGIBILIDAD DE LAS RESERVAS INDÍGENAS

CAPÍTULO IV

:

CAPÍTULO V

:

PROHIBICIÓN DE INGRESO A LA RESERVA INDÍGENA

RELACIÓN DE LA RESERVA INDÍGENA CON LAS COMUNIDADES NATIVAS Y LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

DISPOSICIONES FINALES

327

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Finalidad del Reglamento.- El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar la Ley Nº 28736 y establecer los mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

Artículo 2º.- Derechos de los pueblos en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial.- Los derechos aplicables a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, son los contenidos en la Ley Nº 28736 y en la legislación nacional y supranacional sobre la materia. Artículo 3º.- Términos utilizados.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: a)

MIMDES: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

c)

DGPOA: Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano del MIMDES.

b) d) e) f) g) h)

i)

328

VMDS: Viceministerio de Desarrollo Social del MIMDES.

Dirección de Biodiversidad: Dirección de Biodiversidad y Conocimientos Colectivos de la DGPOA del MIMDES. Estudio Previo de Reconocimiento: Estudios de trabajo de campo previos a la categorización de un pueblo en aislamiento y contacto inicial.

Estudio Adicional de Categorización de Reserva: Estudios de trabajo de campo para la creación de una reserva indígena.

Ley: Ley Nº 28736 - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Política Nacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Pueblos en Contacto Inicial: Lineamientos del Estado para la atención y protección de los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, que se encuentran contenidos en el Plan Nacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento o Contacto Inicial de la DGPOA. Protocolo de actuación: Documento aprobado por el MIMDES en coordinación con los Sectores Salud, Agricultura e Interior, que contiene reglas, procedimientos e información que sirven como una guía de tratamiento de situaciones específicas relevantes que deben ser acatadas por agentes

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j) k) l)

m) n)

externos a la reserva indígena en caso de avistamiento o contacto con pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

Pueblo Indígena en Situación de Aislamiento: Pueblo indígena, o parte de él, que no desarrolla relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, ha optado por descontinuarlas.

Pueblo Indígena en Situación de Contacto Inicial: Pueblo indígena, o parte de él, que en base a su decisión se encuentra dentro de un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional.

Régimen Especial Transectorial.- Es un conjunto de políticas públicas articuladas por el MIMDES a través de la DGPOA, en coordinación con los Sectores Salud, Agricultura e Interior, con el propósito de que el Estado garantice la protección y sobrevivencia de los pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial. Reglamento: Reglamento de la Ley Nº 28736.

Reservas Indígenas: Tierras delimitadas por el Estado, a través de un Decreto Supremo, en favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, para proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos. Las reservas indígenas gozan de intangibilidad transitoria en tanto continúe la situación de aislamiento y contacto inicial. TÍTULO SEGUNDO RÉGIMEN ESPECIAL TRANSECTORIAL DE PROTECCIÓN

Artículo 4º.- Ente rector.- El MIMDES a través de la DGPOA es el ente rector del Régimen Especial Transectorial de Protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

Artículo 5º.- Rol del ente rector.- El ente rector evalúa, planifica y supervisa las medidas y acciones destinadas a la protección de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, coordinando para ello con los diversos Sectores del Ejecutivo, en especial con los Sectores Salud, Agricultura e Interior, y con la sociedad civil. Artículo 6º.- Política Nacional sobre Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial.La política nacional y acciones de protección y respeto de los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial se encuentran contenidas en el Plan Nacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, que debe ser elaborado por el MIMDES a través de la DGPOA.

329

El Plan Nacional es vinculante para cada uno de los Sectores del Ejecutivo, siendo el MIMDES el encargado de velar por su cumplimiento. Artículo 7º.- Funciones del MIMDES.- A fin de garantizar el cumplimiento de la Ley así como la normatividad nacional y supranacional sobre la materia. La DGPOA desarrolla las siguientes funciones: a)

b) c) d) e)

f)

g)

h) i) 330

Formular los planes, programas y proyectos de alcance nacional para garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, salvaguardando su existencia e integridad. Difundir y promover el respeto a los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

Mantener actualizados los Registros de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial y de Reservas Indígenas. Estos registros contendrán información técnica que permita adoptar las medidas necesarias de protección. Coordinar con los sectores competentes las acciones de prevención de contactos no deseados, así como establecer los protocolos de actuación correspondientes. Emitir opinión técnica relacionada al componente social, dentro de los plazos de aprobación de los estudios ambientales, de acuerdo a las normas de cada Sector; vinculada a las actividades de exploración y explotación no tradicional de recursos naturales en las reservas indígenas.

Elaborar estudios antropológicos sobre la situación en la que se encuentran los pueblos en aislamiento y contacto inicial y los problemas que afrontan. Los estudios servirán para adoptar las medidas necesarias de protección a sus derechos. En el caso del inciso “e” del artículo 6º de la Ley, el MIMDES podrá autorizar, mediante Resolución Ministerial, el ingreso excepcional de entes estatales competentes siempre que la finalidad se encuentre debidamente justificada en la prevención del riesgo y en la necesidad de protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. La DGPOA coordinará con los entes estatales el control y vigilancia de la reserva indígena. Iniciar las acciones administrativas y penales contra quienes infrinjan las disposiciones de la Ley y el Reglamento.

Incluir dentro del presupuesto institucional los recursos necesarios para la realización de actividades relacionadas con los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

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j)

Las demás que la normatividad y el Reglamento le asignen.

Artículo 8º.- Régimen Especial Transectorial.- El MIMDES a través de la DGPOA articula el Régimen Especial Transectorial en coordinación con todos los Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, correspondientes. Como parte del Régimen Especial Transectorial, en cumplimiento de la Ley, la DGPOA establece los mecanismos para: a)

b)

c)

d) e) f) g)

h)

Coordinar e intercambiar información, según sea el caso, con las entidades del Sector Público, cautelando que éstas, en el ejercicio de sus funciones, no afecten o pongan en riesgo a los pueblos en situación de aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial. Intercambiar información para prevenir que algún organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional o Gobierno Local, al planificar un proyecto de infraestructura vial o de comunicaciones afecte una reserva indígena. Coordinar con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Recursos Naturales y los Gobiernos Regionales y Locales, correspondientes, el control, vigilancia y monitoreo, a fin de evitar el ingreso no autorizado de personas ajenas a las reservas indígenas.

Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de sus Direcciones Regionales de Salud y del Centro Nacional de Salud Intercultural para la atención de servicios de salud adecuados a los pobladores de las reservas indígenas. Coordinar con el Ministerio de Educación para la elaboración, ejecución y seguimiento de planes de educación intercultural.

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de acuerdos bilaterales con los países limítrofes, que garanticen la protección de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Canalizar recursos provenientes del pago de compensaciones económicas u otros ingresos análogos, exclusivamente para la protección y beneficio de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ubicados en reservas indígenas. El MIMDES dictará la normatividad necesaria para que la DGPOA implemente el cumplimiento de esta disposición.

Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas el establecimiento de los lineamientos para la elaboración del Plan de Contingencia previsto en el Decreto Supremo Nº 015-2006-MEM. 331

Artículo 9º.- Participación de la sociedad civil.- Las instituciones del Estado y la sociedad civil participan en la consecución de los objetivos de la Ley y el Reglamento, conforme a la normatividad vigente.

La DGPOA y las organizaciones indígenas amazónicas, establecen mecanismos de coordinación para el intercambio de información sobre los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. TÍTULO TERCERO PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL Y LAS RESERVAS INDÍGENAS CAPÍTULO I RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL Artículo 10º.- Inicio del procedimiento.- El proceso de reconocimiento de un pueblo en aislamiento y contacto inicial se inicia con una solicitud dirigida a la DGPOA del MIMDES, la cual necesariamente debe ser presentada por un Gobierno Regional, Gobierno Local, institución académica, organización indígena amazónica o comunidad nativa. Asimismo, la DGPOA podrá iniciar el proceso de oficio. Recibida la solicitud, la DGPOA derivará la documentación a la Dirección de Biodiversidad para la calificación técnica del pedido, en atención a las pruebas fehacientes y de rigor científico que evidencien la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. La calificación deberá ser comunicada al solicitante en un plazo no mayor de quince (15) días útiles de presentada la solicitud. Con la calificación favorable, la DGPOA del MIMDES remitirá el expediente a la Comisión Multisectorial.

Artículo 11º.- La Comisión Multisectorial.- La Comisión Multisectorial está conformada de la siguiente manera: a.

Un representante de la DGPOA del MIMDES, quien la preside.

c.

Un representante del Ministerio de Agricultura.

b. d. e.

332

Un representante de la Defensoría del Pueblo. Un representante del Ministerio de Salud.

Un representante del Ministerio de Educación.

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f.

g.

h. i.

Un representante del Gobierno Regional en cuya circunscripción se encontrase, el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. En caso la zona involucrara a la jurisdicción de más de un Gobierno Regional, se considerará a un representante de cada uno de ellos.

Un representante del Gobierno Local Provincial, en cuya circunscripción se encontrase el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. En caso la zona involucrara a más de una provincia, se considerará a un representante de cada provincia. Un representante de la Facultad de Antropología de una Universidad Nacional, designada por la Asamblea Nacional de Rectores.

Un representante de la Facultad de Antropología de una Universidad Particular, designada por la Asamblea Nacional de Rectores.

La Dirección de Biodiversidad y Conocimientos Colectivos de la DGPOA actuará como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial. Artículo 12º.- Designación de los miembros de la Comisión Multisectorial.- Los miembros de la Comisión Multisectorial, serán acreditados por las Instituciones correspondientes en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, luego de emitida la calificación favorable efectuada por la Dirección de Biodiversidad y Conocimientos Colectivos de la DGPOA. La acreditación de los representantes de las instituciones se realiza bajo responsabilidad de los titulares de cada entidad. La acreditación de los miembros de la Comisión Multisectorial comprende la designación de un miembro titular y otro alterno por cada institución.

Artículo 13º.- Funcionamiento de la Comisión Multisectorial.- La Comisión Multisectorial, es convocada por el representante de la DGPOA del MIMDES, quien será acreditado mediante Resolución Ministerial. La convocatoria debe realizarse con (15) días calendario de anticipación, salvo casos de emergencia. El quórum válido para sesionar requiere la presencia de no menos de la mitad más uno de sus integrantes.

Los acuerdos se adoptan mediante voto favorable de la mitad más uno de los asistentes. En caso de empate, el Presidente de la Comisión Multisectorial tiene voto dirimente. Artículo 14º.- Plan de Trabajo.- En la primera sesión de la Comisión Multisectorial, la Dirección de Biodiversidad de la DGPOA propondrá el Equipo Técnico de Trabajo

333

de Campo encargado de recoger la información correspondiente para el Estudio Previo de Reconocimiento.

Artículo 15º.- Contenido del Estudio Previo de Reconocimiento.- El Estudio Previo de Reconocimiento debe contener un análisis antropológico que contenga estudios sobre la tradición oral en la zona de influencia, las relaciones de parentesco con posibles comunidades cercanas y las evidencias físicas, con un período de registro no menor de tres años, encontradas por el Equipo Técnico de Trabajo de Campo, que sustenten la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. Asimismo, el Estudio Previo de Reconocimiento debe identificar al pueblo e indicar un estimado de su población y de las tierras que habitan. La Comisión Multisectorial podrá convocar a expertos en el tema para que brinden su opinión, cuando lo considere conveniente. Artículo 16º.- Remisión del Estudio Previo de Reconocimiento a la Dirección General de la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano.- En un plazo no mayor de seis (6) meses, a partir de la calificación favorable a que se refiere el artículo 10º del Reglamento, la Comisión Multisectorial debe presentar documentalmente el Estudio Previo de Reconocimiento a la DGPOA.69

Artículo 17º.- Decreto Supremo de reconocimiento.- En caso el Estudio Previo de Reconocimiento confirmara la existencia de pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, se dispondrá su reconocimiento mediante Decreto Supremo refrendado por el MIMDES. CAPÍTULO II CATEGORIZACIÓN DE RESERVAS INDÍGENAS

Artículo 18º.- Inicio del procedimiento.- Publicado el Decreto Supremo que reconoce la existencia del Pueblo en Aislamiento y Contacto Inicial, el Presidente de la Comisión Multisectorial convocará a sesión dentro del plazo de quince (15) días hábiles. En esta sesión, la Dirección de Biodiversidad y Conocimientos Colectivos de la DGPOA propondrá el Equipo Técnico de Trabajo encargado de recabar la información del Estudio Adicional de Categorización de la Reserva Indígena previsto en el inciso b) del artículo 3º de la Ley. Artículo 19º.- Contenido del Estudio Adicional de Categorización.- El Estudio Adicional de Categorización debe contener un análisis ambiental, jurídico y antropológico así como una propuesta de delimitación territorial, los cuales deben considerar los parámetros de investigación indicados en el artículo 15º del Reglamento y señalar las respectivas coordenadas UTM de la reserva indígena.

[69] De conformidad con la Primera Disposición Complementaria y Disposición Final de la Ley Nº 29253, publicada el 9 de julio de 2008, se precisa que toda referencia normativa efectuada a la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), deberá entenderse al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).

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Artículo 20º.- Opiniones Técnicas a solicitarse.- Para la elaboración del Estudio Adicional de Categorización, la Comisión Multisectorial por intermedio de la DGPOA solicitará las opiniones técnicas y estrategias de intervención del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentre la reserva indígena y de los Sectores a los que se hace referencia en el inciso b) del artículo 3º de la Ley, cuando corresponda.

Artículo 21º.- Entrega del Estudio Adicional de Categorización.- La Comisión Multisectorial, previa aprobación del Estudio Adicional de Categorización, entregará el informe respectivo a la DGPOA, dentro del plazo de 6 meses, a partir de la convocatoria a que se refiere el artículo 18º del Reglamento. Artículo 22º.- Decreto Supremo que asigna la categoría de reserva indígena.- De contar con la información técnica favorable para la asignación de la categoría de reserva indígena, se dispondrá la misma mediante Decreto Supremo refrendado por el MIMDES.

Artículo 23º.- Contenido del Decreto Supremo que asigna la categoría de reserva indígena.- El Decreto Supremo que asigna la categoría de reserva indígena será aprobado de conformidad al inciso “b” del artículo 3º de la Ley. Tendrá como anexos el plano georeferenciado, la memoria descriptiva, los estudios pormenorizados de la reserva indígena y los que por su naturaleza correspondan.

Artículo 24º.- Protección del pueblo en aislamiento y contacto Inicial durante la realización del Estudio Previo de Reconocimiento.- El MIMDES, a través de la DGPOA, comunicará a los Sectores del Régimen Especial Transectorial la realización de los estudios señalados en el artículo 3º de la Ley, a fin de que se implementen los mecanismos y medidas necesarias en las áreas propuestas para la categorización de las reservas indígenas, garantizando la protección de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. TÍTULO CUARTO PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y RESERVAS INDÍGENAS CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 25º.- Titularidad de derechos.- Los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial son titulares de los derechos reconocidos en la Ley y la normatividad nacional y supranacional vigentes, pudiendo aprovechar los recursos naturales existentes al interior de la reserva indígena, para sus actividades tradicionales y de subsistencia, sin interferencia de terceros, sean indígenas o no. La condición de aislamiento y contacto inicial durará en tanto el Pueblo en Aislamiento y Contacto Inicial lo decida de modo libre.

335

Artículo 26º.- Libre decisión de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.El Estado, a través del MIMDES, garantiza el derecho a la libre decisión de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial para mantener tales condiciones. Para ello, la DGPOA deberá aprobar protocolos de actuación que permitan, en lo posible y sin afectar a los habitantes de dichos pueblos, mecanismos de comunicación.

Artículo 27º.- Reservas indígenas.- Las reservas indígenas son espacios geográficos delimitados por el Decreto Supremo de categorización, donde habitan pueblos en situación de aislamiento y/o en situación de contacto inicial. La DGPOA es el organismo del Estado encargado de velar por su protección con recursos económicos que provengan del tesoro público y otras fuentes. Artículo 28º.- Transitoriedad de la reserva indígena.- La intangibilidad de la reserva indígena deberá mantenerse en tanto los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial beneficiados mantengan esta condición.

Artículo 29º.- Evaluación de la reserva indígena.- El MIMDES, a través de la DGPOA, en un plazo máximo de diez años contados a partir de la dación del Decreto Supremo de categorización de la reserva indígena, realizará estudios que permitan actualizar la información sobre el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y de ser el caso proponer la continuidad de la reserva indígena o su extinción. Artículo 30º.- Renovación de la reserva indígena.- La ampliación del plazo de vigencia de la reserva indígena debe contar con el informe favorable de la DGPOA, debiéndose expedir en ambos casos el Decreto Supremo correspondiente refrendado por el MIMDES. Artículo 31º.- Extinción de la reserva indígena.- La reserva indígena se extingue cuando: a)

b) c) d)

El pueblo en aislamiento o contacto inicial decide convertirse en comunidad nativa. El pueblo en aislamiento o contacto inicial ha migrado a otras áreas fuera de la reserva indígena.

El pueblo en aislamiento o contacto inicial se ha integrado a una sociedad mayor, sea o no indígena. Por la desaparición del pueblo indígena en aislamiento o contacto inicial.

La extinción de la reserva indígena se formalizará mediante Decreto Supremo refrendado por el MIMDES, previa opinión favorable de la DGPOA.

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CAPÍTULO II INTANGIBILIDAD DE LAS RESERVAS INDÍGENAS Artículo 32º.- Intangibilidad de la reserva indígena.- Para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, la DGPOA a través del MIMDES garantizará la intangibilidad de la reserva indígena, de acuerdo a Ley, pudiendo permanecer en ella únicamente los habitantes de dichos pueblos. La prohibición de ingreso a la reserva indígena es para cualquier persona que no pertenezca a los pueblos beneficiados así como a los habitantes de otros pueblos indígenas o comunidades nativas.

Artículo 33º.- Excepciones a la intangibilidad de la reserva indígena.- La intangibilidad de la reserva indígena tiene como excepción los supuestos establecidos en el inciso “c” del artículo 5º de la Ley. Artículo 34º.- Aprovechamiento de recursos para la subsistencia de los pueblos en aislamiento o contacto inicial.- Conforme al inciso “c” del artículo 5º de la Ley, está permitido el aprovechamiento de los recursos naturales de una reserva indígena para fines de subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

La DGPOA, emitirá opinión técnica y coordinará con el Instituto Nacional de Recursos Naturales, en caso que los pueblos en situación de contacto inicial, efectúen actividades de aprovechamiento con fines ajenos a su propia subsistencia.

Artículo 35º.- Aprovechamiento de recursos por necesidad pública.- Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley. La opinión técnica, será aprobada por Resolución Vice Ministerial y deberá contener las recomendaciones u observaciones que correspondan. Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad adoptar o coordinar las medidas necesarias con los sectores del Régimen Especial Transectorial de Protección, a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento o contacto inicial.70 [70] Artículo modificado por la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, publicado el 3 de abril de 2012. Texto anterior a la modificación: “Artículo 35º.- Aprovechamiento de recursos por necesidad pública.- Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración y explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente, solicitará a la DGPOA del MIMDES la opinión técnica con ocasión de la elaboración de los estudios ambientales requeridos conforme a Ley. La opinión técnica, será aprobada por Resolución Ministerial y deberá contener las recomendaciones que correspondan. Corresponde a la DGPOA adoptar o coordinar las medidas necesarias con los sectores del Régimen

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Artículo 36º.- Protocolos de actuación.- Toda actividad de exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las reservas indígenas y zonas colindantes establecidos en el decreto supremo que le asigna tal categoría, deben realizarse respetando los Protocolos de Actuación aprobados por la DGPOA del MIMDES, de acuerdo a Ley. CAPÍTULO III PROHIBICIÓN DE INGRESO A LA RESERVA INDÍGENA

Artículo 37º.- Prohibición de ingreso a la reserva indígena.- Se prohíbe el ingreso de cualquier agente externo al pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto Inicial que habita en la reserva indígena. Artículo 38º.- Ingresos excepcionales.- Los ingresos excepcionales previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 6º de la Ley, se efectuarán previa comunicación a la DGPOA del MIMDES, en concordancia con lo establecido en el presente Reglamento. Los ingresos excepcionales serán autorizados mediante Resolución Ministerial, con la opinión favorable de la DGPOA. CAPÍTULO IV RELACIÓN DE LA RESERVA INDÍGENA CON LAS COMUNIDADES NATIVAS Y LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Artículo 39º.- Constitución de un pueblo en aislamiento y contacto inicial en comunidad nativa.- En caso que el pueblo en aislamiento y contacto inicial libremente decida constituirse en comunidad nativa, la DGPOA orientará y asesorará dicho proceso de acuerdo a la normatividad vigente, observando que no se afecten derechos de otros pobladores de la reserva indígena.

Artículo 40º.- Áreas naturales protegidas y pueblos en aislamiento y contacto inicial.- El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA solicitará opinión técnica a la DGPOA antes de categorizar áreas naturales protegidas dentro de las cuales haya la presunción de la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

En caso de comprobarse la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial al interior de áreas naturales protegidas, la DGPOA es la máxima autoridad que garantiza la protección de estos pueblos de acuerdo a Ley y al Reglamento, debiendo el INRENA coordinar previamente cualquier acción a ejecutar. Artículo 41º.- Comunidades nativas y pueblos en aislamiento y contacto inicial.De comprobarse la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial en tierras Especial Transectorial de Protección, a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento o contacto inicial”.

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tituladas a favor de una comunidad nativa, la DGPOA coordinará los mecanismos de protección a favor de tales pueblos. CAPÍTULO V MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Artículo 42º.- Comité de Gestión de Protección.- A fin de garantizar la intangibilidad de la reserva indígena, el MIMDES a través de la DGPOA, convocará a un Comité de Gestión de Protección integrado de la siguiente manera: a)

Un representante de la DGPOA del MIMDES, quien lo presidirá.

c)

Un representante de la Municipalidad Provincial en donde se encuentre la reserva.

b)

d) e) f)

g)

h) i)

Un representante del Gobierno Regional en donde se encuentre la reserva.

Un representante de la Dirección Regional de Salud.

Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Educación. Un representante local de la Policía Nacional del Perú.

Un representante del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Dos representantes indígenas de las comunidades nativas colindantes.

Otras instituciones u organizaciones que el Comité considere conveniente.

Artículo 43º.- Plan de Protección.- A fin de coordinar las acciones del Régimen Especial Transectorial y del Comité de Gestión de Protección, el MIMDES a través de la DGPOA, a los sesenta (60) días naturales de publicado el Decreto Supremo que asigna la categoría de la reserva indígena, publicará en el Diario Oficial El Peruano un Plan de Protección para la reserva indígena, que debe señalar las funciones de cada sector, institución u organización, así como los mecanismos de participación de las instituciones de la sociedad civil que tengan interés en colaborar en la protección de la reserva, para lo cual suscribirán un convenio de cooperación con el MIMDES. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Los mecanismos de protección de la vida e integridad, establecidos en la Ley y en el Reglamento, son aplicables, en lo pertinente, a los pueblos en aislamiento y contacto inicial aún no reconocidos oficialmente mediante decreto supremo, en tanto culminen los estudios a que se refiere el artículo 3º de la Ley.

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Segunda.- El MIMDES, a través de la DGPOA, aprobará las normas complementarias necesarias para la implementación de lo regulado en el presente Reglamento, en coordinación con los Sectores Salud, Agricultura e Interior. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.- Reservas Indígenas existentes.- En un plazo máximo de seis meses de la entrada en vigencia del presente Reglamento, el MIMDES a través de la DGPOA, propondrá la adecuación de las siguientes reservas territoriales existentes: a)

b) c) d) e)

La Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, creada por Decreto Supremo Nº 028-2003-AG.

La Reserva Territorial del Estado a favor pueblos indígenas en aislamiento ubicados en el departamento de Madre de Dios, creada por Resolución Ministerial Nº 427-2002-AG. La Reserva Territorial “Mashco-Piro”, creada por Resolución Directoral Regional Nº 190-97-CTARU/DRA.

La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico Murunahua, creada por Resolución de la Dirección Regional Agraria Nº 189-97-CTARU.

La Reserva Territorial a favor del Grupo Étnico Ishconahua, creada por Resolución Directoral Regional Nº 201-98-CTARU/DRA-OAJ-T.

Durante el plazo de adecuación, se respetarán todos los derechos que corresponden al amparo de las normas de su creación. Segunda.- Sanciones administrativas.- El MIMDES, en un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia del presente Reglamento, remitirá a la Presidencia del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que establezca las infracciones a la Ley y el Reglamento, así como el procedimiento administrativo sancionador a aplicarse. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Deróguese todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

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3.2.2. Crean el Registro de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y el registro de reservas indígenas CREAN EL REGISTRO DE PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL Y EL REGISTRO DE RESERVAS INDÍGENAS RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 004-2013-VMI-MC (Publicada el 21 de junio de 2013)

Lima, 19 de junio de 2013

Visto, el Informe Nº 65-2013-DGIDP-VMI-MC de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos; y el Memorándum Nº 144-2013-VMIMC del Viceministerio de Interculturalidad; y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado. De acuerdo a lo señalado en la citada Ley, una de las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado en el Sector Cultura es la Pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, en concordancia con ello, la citada Ley en su artículo 15º dispone que el Viceministro de Interculturalidad es la autoridad inmediata al Ministro en asuntos de Interculturalidad e Inclusión de las Poblaciones Originarias;

Que, la Ley Nº 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, en su articulo 1º referido al objeto de la Ley, dispone que la citada norma tiene por objeto establecer el régimen especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud salvaguardando su existencia e integridad; Que, el Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, estableciendo en su articulo 4º que El MIMDES a través de la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano

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DGPOA (hoy Viceministerio de Interculturalidad), es el ente rector del Régimen Especial Transectorial de Protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial;

Que, el citado reglamento en su artículo 7º literal c) establece que una de las funciones del ente rector del citado régimen es mantener actualizados los Registros de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial y de las Reservas Indígenas. Estos registros contendrán información técnica que permita adoptar las medidas necesarias de protección; Que, la Segunda Disposición Complementaria y Final del citado reglamento establece que: “El MIMDES, a través de la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano DGPOA (hoy Viceministerio de Interculturalidad), aprobará las normas complementarias necesarias para la implementación de lo regulado en el presente Reglamento...”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2011-MC se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, documento de gestión que permite al Ministerio de Cultura ejecutar sus áreas programáticas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial; la Creación Cultural Contemporánea y Artes Vivas; la Gestión Cultural e Industrias Culturales y la Pluralidad Étnica y Cultural de la Nación; orientado a la mejora de la gestión pública y la construcción de un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, el citado Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, establece en su articulo 76º referido a las funciones de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, que la citada Dirección General tiene entre sus funciones: k) Ejercer la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial; Que, mediante Informe Nº 65-2013-DGIDP-VMI-MC la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos informa al Viceministerio de Interculturalidad la necesidad de crear los Registros de Pueblos en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial y de las Reservas Territoriales, debido a que entre las funciones asignadas al citado Viceministerio le corresponde la actualización de los mismos; Que, mediante Memorándum Nº 144-2013-VMI-MC el Viceministerio de Interculturalidad remite a la Secretaría General del Ministerio de Cultura la propuesta de creación del Registro de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial y el Registro de Reservas Indígenas; 342

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Que, mediante informe Nº 314-2013-OGAJ-SG/MC la Oficina General de Asesoría Jurídica opinó que corresponde al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura emitir la Resolución Viceministerial de creación del Registro de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial y del Registro de Reservas Indígenas; Estando a lo visado por el Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Director General de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos; y

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, Decreto Supremo Nº 001-2011-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Nº 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, el Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial; SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Créase en el marco de la Ley Nº 28736 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, los siguientes registros a cargo del Viceministerio de Interculturalidad: 1. 2.

Registro de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. Registro de Reservas Indígenas.

Artículo 2º.- Disponer que en un plazo de sesenta (60) días, la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos proponga la Directiva correspondiente que regule el procedimiento de inscripción de información en los registros descritos en el artículo 1º de la presente Resolución. Artículo 3º.- Disponer que la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos queda encargada de mantener y actualizar los registros descritos en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.mcultura.gob. pe). 343

Regístrese, comuníquese y publíquese. PAULO CESAR VILCA ARPASI Viceministro de Interculturalidad

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3.3. Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY Nº 29763 (Publicada el 22 de julio de 2011)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

(…)

SECCIÓN PRIMERA CONCEPTOS, ÓRGANOS ESPECIALIZADOS Y DE SUPERVISIÓN, PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

(…)

TÍTULO V ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL

(…)

Artículo 27º.- Categorías de zonificación forestal La zonificación forestal considera las siguientes categorías: (…) d.

Zonas de tratamiento especial Son las áreas que, por su naturaleza biofísica, socioeconómica, cultural y geopolítica, requieren de una estrategia especial para su asignación de uso. Son categorías de estas zonas:

345

1.

(…)

Reservas de tierras para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. Estas reservas se rigen por la Ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, su reglamento y normas complementarias. En ellas no se otorga títulos habilitantes.

Artículo 36º.- Autorización de desbosque (…)

No se autoriza desbosque en reservas de tierras para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. (…)

SECCIÓN SEGUNDA GESTIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE TÍTULO I MANEJO FORESTAL

(…)

Artículo 48º.- Planes de contingencia para encuentros con poblaciones indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. Los títulos habilitantes ubicados en zonas cercanas a las reservas establecidas por el Estado a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, o donde existan reportes sobre su proximidad, requieren planes de contingencia ante un eventual avistamiento o encuentro con dichas poblaciones. El Ministerio de Cultura elabora los lineamientos específicos para este fin y aprueba dichos planes de contingencia, los cuales son requisito previo para la aprobación del plan de manejo según lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

Es obligación de los titulares de los títulos habilitantes reportar al Ministerio de Cultura los avistamientos, vestigios, rastros, objetos o cualquier indicio que denote la presencia de indígenas en aislamiento o contacto inicial a fin de que tome las medidas necesarias, pudiendo incluir recortes y compensaciones de áreas de los títulos habilitantes. (…) 346

4 Consulta Previa

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4.1. Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) LEY Nº 29785 (Publicada el 7 de setiembre de 2011)

CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC (Reglamento)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) TÍTULO I ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 26253. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 1º (Reglamento)

349

Artículo 2º.- Derecho a la consulta Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado.

Artículo 3º.- Finalidad de la consulta La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Artículo 4º.- Principios Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes: a)

b) c)

d)

e)

350

Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.

Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.

Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas. Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados. Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar

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f) g)

propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta.

Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno. Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. TÍTULO II PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS

Artículo 5º.- Sujetos del derecho a la consulta Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo (Reglamento)

Artículo 6º.- Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a través de sus instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Artículo 7º.- Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos. Los criterios objetivos son los siguientes: a)

b) c)

d)

Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.

Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan. Instituciones sociales y costumbres propias.

Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional. 351

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo.

Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo (Reglamento)

TÍTULO III ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 8º.- Etapas del proceso de consulta Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben cumplir las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta: a)

b) c)

d) e) f) g)

Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. Publicidad de la medida legislativa o administrativa.

Información sobre la medida legislativa o administrativa.

Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente.

Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u originarios. Decisión.

Artículo 9º.- Identificación de medidas objeto de consulta Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a

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determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual debe evaluar la procedencia del petitorio.

En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el pedido de las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 10º.- Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance. CONCORDANCIA: D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 8º (Reglamento)

Artículo 11º.- Publicidad de la medida legislativa o administrativa Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios que serán consultadas, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 17º (Reglamento)

Artículo 12º.- Información sobre la medida legislativa o administrativa Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 18º (Reglamento)

Artículo 13º.- Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 19º (Reglamento)

353

Artículo 14º.- Proceso de diálogo intercultural El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso de consulta. Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en un acta de consulta, la cual contiene todos los actos y ocurrencias realizados durante su desarrollo. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículos 20º y 22º (Reglamento)

Artículo 15º.- Decisión La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado peruano. El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 23º (Reglamento)

Artículo 16º.- Idioma Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

354

CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 11º (Reglamento) R.VM. Nº 001-2012-VMI-MC

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TÍTULO IV OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA Artículo 17º.- Entidad competente Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativas relacionadas de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios son las competentes para realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas que contempla la presente Ley. Artículo 18º.- Recursos para la consulta Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios. Artículo 19º.- Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes: a)

b) c) d)

e) f) g)

Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta.

Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular. Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas respecto a una medida administrativa o legislativa.

Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser consultados. Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos indígenas u originarios que son consultados en la definición del ámbito y características de la consulta. Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas. Registrar los resultados de las consultas realizadas.

355

h) i)

Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las lenguas indígenas u originarias. Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento. CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 28º (Reglamento) R.VM. Nº 001-2012-VMI-MC

Artículo 20º.- Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. La base de datos contiene la siguiente información: a)

b) c)

d) e) f)

Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas u originarios se identifican. Referencias geográficas y de acceso.

Información cultural y étnica relevante.

Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera. Sistema, normas de organización y estatuto aprobado.

Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 001-2012-MC, Artículo 29º (Reglamento)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.- Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. SEGUNDA.- La presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.

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TERCERA.- Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas.

CUARTA.- La presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en el diario oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida para ello. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil once. DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en el distrito de Imaza, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil once. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República SALOMÓN LERNER GHITIS Presidente del Consejo de Ministros

357

358

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

4.1.1. Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29785, LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) DECRETO SUPREMO Nº 001-2012-MC (Publicado el 3 de abril de 2012)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación; Que, el artículo 55º de la Constitución Política del Perú establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional;

Que, es objetivo prioritario del Estado garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, así como el pleno acceso a las garantías propias del Estado de Derecho, respetando sus valores, costumbres y perspectivas;

Que, mediante Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, la cual se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253;

Que, a través de la Resolución Suprema Nº 337-2011-PCM, se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de emitir un informe a través del cual se proponga el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29785, con la participación de representantes de organizaciones indígenas de alcance nacional y del Poder Ejecutivo, la cual fue instalada en Lima, el 22 de noviembre de 2011;

359

Que, la Comisión Multisectorial, ha cumplido con emitir un informe final que recoge el proyecto de Reglamento de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuya elaboración se siguieron las etapas previstas en el artículo 8º de la Ley Nº 29785, por lo que, es pertinente su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) artículo 118º de la Constitución Política del Perú, así como el numeral 3) artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consta de treinta (30) artículos y dieciséis (16) Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, los que forman parte integrante del presente Decreto Supremo. Artículo 2º.- Vigencia El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, aplicándose a las medidas administrativas o legislativas que se aprueben a partir de dicha fecha, sin perjuicio de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29785. Respecto a los actos administrativos, las reglas procedimentales previstas en la presente norma se aplican a las solicitudes que se presenten con posterioridad a su publicación. Artículo 3º.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de abril del año dos mil doce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República ÓSCAR VALDÉS DANCUART Presidente del Consejo de Ministros LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ Ministro de Cultura 360

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REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29785, LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Del objeto 1.1

1.2 1.3 1.4

1.5

La presente norma, en adelante “el Reglamento”, tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante “La Ley”, para regular el acceso a la consulta, las características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso.

El derecho a la consulta se ejerce conforme a la definición, finalidad, principios y etapas del proceso establecidos en la Ley y en el Reglamento. El derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado Peruano en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes. El Viceministerio de Interculturalidad, en ejercicio de su función de concertar, articular y coordinar la implementación del derecho de consulta, por parte de las distintas entidades del Estado, toma en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

2.1 El Reglamento se aplica a las medidas administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de las distintas entidades que lo conforman, así como a los Decretos Legislativos que se emitan conforme a lo establecido en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú. Igualmente establece las reglas que deben seguirse obligatoriamente para la implementación de la Ley por parte de todas las entidades del Estado. También se aplica a las medidas administrativas en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo. 2.2 Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas por los gobiernos regionales y locales para los procesos de consulta a su cargo, sin transgredir

361

ni desnaturalizar los objetivos, principios y etapas del proceso de consulta previstos en la Ley y en el presente Reglamento, y en el marco de las políticas nacionales respectivas.

2.3 Los gobiernos regionales y locales sólo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan aprobar conforme las competencias otorgadas expresamente en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, y en tanto dichas competencias hayan sido transferidas. El Viceministerio de Interculturalidad ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida. Artículo 3º.- Definiciones El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco establecido por la Ley y el Convenio 169 de la OIT. Sin perjuicio de ello, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones: a)

b)

c) d)

362

Acta de Consulta.- Instrumento público, con valor oficial, que contiene los acuerdos que se alcance como resultado del proceso de consulta, así como todos los actos y ocurrencias desarrollados durante el proceso de diálogo intercultural. Es suscrita por los funcionarios competentes de la entidad promotora y por los o las representantes del o de los pueblos indígenas. En caso de que los o las representantes no fueran capaces de firmar el acta, estamparán sus huellas digitales en señal de conformidad. Los documentos sustentatorios del acuerdo forman parte del acta de consulta. Afectación Directa.- Se considera que una medida legislativa o administrativa afecta directamente al o los pueblos indígenas cuando contiene aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos.

Ámbito Geográfico.- Área en donde habitan y ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas, sea en propiedad, en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente. Buena Fe.- Las entidades estatales deben analizar y valorar la posición del o los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado, los o las representantes y las organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de actuar de buena fe, centrando la discusión en el contenido de las medidas objeto de consulta, siendo inadmisible las prácticas que buscan impedir o limitar el ejercicio de este derecho, así como la utilización de medidas violentas o coercitivas como

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instrumentos de presión en el proceso de consulta. El principio de buena fe, aplicable a ambas partes, comprende adicionalmente: i.

ii.

iii. iv. v.

e) f)

g)

vi.

Brindar toda la información relevante para el desarrollo del proceso de diálogo. Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado. Cooperar con el desarrollo de la consulta.

Diligencia en el cumplimiento de lo acordado.

Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar el ejercicio del derecho a la consulta. No realizar proselitismo político partidario en el proceso de consulta.

Convenio 169 de la OIT.- Convenio OIT Nro. 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989, ratificado por el Estado Peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253.

Derechos Colectivos.- Derechos que tienen por sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, así como por los tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye, entre otros, los derechos a la identidad cultural; a la participación de los pueblos indígenas; a la consulta; a elegir sus prioridades de desarrollo; a conservar sus costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción especial; a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en el marco de la legislación vigente-; a la salud con enfoque intercultural; y a la educación intercultural. Entidad promotora.- Entidad pública responsable de dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta en el marco establecido por la Ley y el Reglamento. Las entidades promotoras son: i.

ii.

La Presidencia del Consejo de Ministros, para el caso de Decretos Legislativos. En este supuesto, dicha entidad puede delegar la conducción del proceso de consulta en el Ministerio afín a la materia a consultar. Los Ministerios, a través de sus órganos competentes.

363

iii.

h)

i)

j) k)

l)

m) 364

Los Organismos Públicos, a través de sus órganos competentes.

Los gobiernos regionales y locales, a través de sus órganos competentes, también se entenderán entidades promotoras, conforme a lo establecido en los artículos 2º.-2 y 2º.-3 del Reglamento. Enfoque Intercultural.- Reconocimiento de la diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo. Implica reconocimiento y valoración del otro. Medidas Administrativas.- Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En el caso de actos administrativos, el proceso de consulta a los pueblos indígenas se realiza a través de sus organizaciones representativas locales, conforme a sus usos y costumbres tradicionales, asentadas en el ámbito geográfico donde se ejecutaría el acto administrativo. Medidas Legislativas.- Normas con rango de ley que puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Pueblo Indígena u Originario.- Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7º de la Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1º del Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. En adelante se utilizará la expresión “pueblo indígena” para referirse a “pueblo indígena u originario”. Plan de Consulta.- Instrumento escrito que contiene la información detallada sobre el proceso de consulta a realizarse, el que debe ser adecuado a las características de la medida administrativa o legislativa a consultarse y con un enfoque intercultural.

Institución u Organización Representativa de los Pueblos Indígenas.Institución u organización que, conforme los usos, costumbres, normas propias

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

n)

y decisiones de los pueblos indígenas, constituye el mecanismo de expresión de su voluntad colectiva. Su reconocimiento se rige por la normativa especial de las autoridades competentes, dependiendo del tipo de organización y sus alcances. En el Reglamento se utilizará la expresión “organización representativa”.

Representante.- Persona natural, miembro del pueblo indígena, que pudiera ser afectada directamente por la medida a consultar y que es elegida conforme los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos. Cualquier mención a “representante” en el Reglamento se entenderá referida a la forma de participación a que hace referencia el artículo 6º de la Ley. El Plan de Consulta incluye la referencia al número de representantes conforme a los criterios señalados en el numeral 2 del artículo 10º del Reglamento. En el proceso de consulta, los organismos no gubernamentales u otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado sólo podrán ejercer las funciones señaladas en el numeral 3 del artículo 11º del Reglamento.

Artículo 4º.- Contenido de la medida legislativa o administrativa El contenido de la medida legislativa o administrativa que se acuerde o promulgue, sobre la cual se realiza la consulta, debe ser acorde a las competencias de la entidad promotora, respetar las normas de orden público así como los derechos fundamentales y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú y en la legislación vigente. El contenido de la medida debe cumplir con la legislación ambiental y preservar la supervivencia de los pueblos indígenas. TÍTULO II ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 5º.- De la obligación de consultar La obligación de consultar al o los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de la OIT y de la Ley y constituye una responsabilidad del Estado Peruano. Dicha obligación significa que: a)

b)

Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento; buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los o las representantes del o de los pueblos indígenas, formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta; Deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado;

365

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j) 366

Las consultas deben realizarse a través de los o las representantes de las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas directamente afectados, acreditados conforme al numeral 10.1 del artículo 10º del Reglamento;

Las consultas deben realizarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas administrativas o legislativas propuestas. No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta; El derecho a la consulta implica la necesidad de que el pueblo indígena, sea informado, escuchado y haga llegar sus propuestas, buscando por todos los medios posibles y legítimos, previstos en la Ley y en el Reglamento, llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas consultadas mediante el diálogo intercultural. Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo;

La consulta debe tener en cuenta los problemas de accesibilidad que pudieran tener los miembros de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y sus representantes, de llegar al lugar en donde se realice el proceso de consulta. Debe optarse por lugares que por su fácil acceso permitan lograr el máximo de participación;

Atendiendo a la diversidad de pueblos indígenas existentes y a la diversidad de sus costumbres, el proceso de consulta considera las diferencias según las circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural. Se presta especial interés a la situación de las mujeres, la niñez, personas con discapacidad y los adultos mayores; El proceso de consulta debe realizarse respetando los usos y tradiciones de los pueblos indígenas, en el marco de lo establecido por la Constitución y las leyes. La participación de las mujeres, en particular en funciones de representación, se realizará conforme a lo señalado en este inciso;

Los pueblos indígenas deben realizar los procedimientos internos de decisión o elección, en el proceso de consulta, en un marco de plena autonomía, y sin interferencia de terceros ajenos a dichos pueblos, respetando la voluntad colectiva; La obligación del Estado de informar al pueblo indígena, así como la de apoyar la evaluación interna, se circunscribe sólo a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que participen del proceso de consulta.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

k) l)

m)

n)

Las normas de carácter tributario o presupuestario no serán materia de consulta;

No requieren ser consultadas las decisiones estatales de carácter extraordinario o temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales o tecnológicas que requieren una intervención rápida e impostergable con el objetivo de evitar la vulneración de derechos fundamentales de las personas. El mismo tratamiento reciben las medidas que se dicten para atender emergencias sanitarias, incluyendo la atención de epidemias, así como la persecución y control de actividades ilícitas, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes; Son documentos de carácter público, disponibles, entre otros medios, a través de los portales web de las entidades promotoras: El Plan de Consulta, la propuesta de la medida administrativa o legislativa a consultar, el nombre de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y el de sus representantes, el nombre de los representantes estatales, el Acta de Consulta y el Informe de Consulta; y La dación de medidas administrativas o legislativas que contravengan lo establecido en la Ley y el Reglamento, vulnerando el derecho a la consulta, pueden ser objeto de las medidas impugnatorias previstas en la legislación.

Artículo 6º.- Consulta previa y recursos naturales De acuerdo a lo establecido en el artículo 15º del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú; y siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del Estado Peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3º, inciso i) del Reglamento que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencias legales que correspondan en cada caso. Artículo 7º.- Sujetos del derecho a la consulta

7.1 Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. 7.2 Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos indígenas del ámbito geográfico en el cual se ejecutaría dicha medida o que sea afectado directamente por ella. La consulta se realiza a través de sus organizaciones representativas.

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Para ello, los pueblos indígenas nombrarán a sus representantes según sus usos, costumbres y normas propias.

Artículo 8º.- Identificación de los sujetos del derecho

8.1 La entidad promotora identifica al o los pueblos indígenas, que pudieran ser afectados en sus derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa, y a sus organizaciones representativas, a través de la información contenida en la Base de Datos Oficial. 8.2 En caso la entidad promotora cuente con información que no esté incluida en la Base de Datos Oficial, remitirá la misma al Viceministerio de Interculturalidad para su evaluación e incorporación a dicha Base, de ser el caso. Artículo 9º.- Derecho de petición

9.1 El o los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, pueden solicitar su inclusión en un proceso de consulta; o la realización del mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren pueda afectar directamente sus derechos colectivos. El derecho de petición se ejercerá por una sola vez y nunca simultáneamente. El petitorio debe remitirse a la entidad promotora de la medida dentro de los quince (15) días calendario de publicado el Plan de Consulta respectivo, para el caso de inclusión en consultas que se encuentren en proceso. En caso el petitorio tenga como objeto solicitar el inicio de un proceso de consulta, dicho plazo correrá desde el día siguiente de la publicación de la propuesta de medida en el Diario Oficial. En este último supuesto, si la propuesta de medida no se hubiera publicado, el derecho de petición se puede ejercer hasta antes de que se emita la medida administrativa o legislativa. La entidad promotora decidirá sobre el petitorio dentro de los siete (7) días calendario de recibido el mismo, sobre la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable.

9.2 En el supuesto de que se deniegue el pedido, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas pueden solicitar la reconsideración ante la misma autoridad o apelar la decisión. Si la entidad promotora forma parte del Poder Ejecutivo, la apelación es resuelta por el Viceministerio de Interculturalidad, quien resolverá en un plazo no mayor de siete (7) días calendario, sobre la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable, bajo responsabilidad. Con el pronunciamiento de esta entidad queda agotada la vía administrativa. 368

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo.

9.3 En caso de que el pedido sea aceptado y el proceso de consulta ya se hubiera iniciado, se incorporará al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la consulta. Artículo 10º.- Acreditación de representantes

10.1 El o los pueblos indígenas participan en los procesos de consulta a través de sus representantes nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarlos en el proceso de consulta ante la entidad promotora, alcanzando un documento formal de acreditación. El indicado documento debe estar firmado por los responsables del nombramiento de los representantes según corresponda. Las mismas reglas se siguen en caso se realice un cambio de representantes en el proceso de consulta. Este cambio no altera el proceso ni los acuerdos alcanzados hasta dicho momento.

Quien presente el documento formal de acreditación debe ser la persona que aparece registrada en la Base de Datos Oficial como representante de la organización representativa del o los pueblos indígenas.

10.2 El número de representantes designados debe considerar las necesidades del proceso, con enfoque de género y facilitando el diálogo intercultural orientado a la búsqueda de acuerdos. 10.3 La falta de organizaciones representativas o representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta al o los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad incluir dicho supuesto en la Guía Metodológica.

10.4 El o los pueblos indígenas, dentro de los treinta (30) días calendarios de recibido el Plan de Consulta, deben designar a sus representantes, conforme lo regula el presente artículo. El nombre de los o las representantes y los documentos de acreditación son de acceso público. El plazo de designación de los representantes transcurre dentro del plazo de la etapa de información, prevista en el artículo 18º del Reglamento. En caso no llegara la acreditación dentro del plazo, se presumirá que las personas registradas en la Base de Datos son los o las representantes.

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Artículo 11º.- De la participación de facilitadores, intérpretes y asesores en el proceso de consulta 11.1 La Entidad promotora es la responsable de convocar a los facilitadores, facilitadoras e intérpretes previa coordinación con los o las representantes del o de los pueblos indígenas. El Viceministerio de Interculturalidad dictará políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes. 11.2 Los y las intérpretes, facilitadores y facilitadoras deben estar registrados obligatoriamente en el Registro respectivo a cargo del Viceministerio de Interculturalidad. CONCORDANCIA:

R.M. Nº 375-2012-MC

11.3 Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas y sus representantes están facultados a contar con asesores durante todo el proceso de consulta, quienes cumplen tareas de colaboración técnica en el proceso. Los asesores y asesoras no pueden desempeñar el rol de vocería. 11.4 La Guía Metodológica establecerá las pautas de actuación de los facilitadores y facilitadoras, asesores, asesoras e intérpretes. El Viceministerio de Interculturalidad promueve la participación efectiva de las mujeres en dichas funciones. CONCORDANCIA:

R.VM. Nº 001-2012-VMI-MC

Artículo 12º.- De la participación de interesados en las medidas administrativas Cuando la medida administrativa sometida a consulta haya sido solicitada por un administrado, éste puede ser invitado por la entidad promotora, por pedido de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso, con el fin de brindar información, realizar aclaraciones o para evaluar la realización de cambios respecto del contenido de la indicada medida, sin que ello implique que dicho administrado se constituya en parte del proceso de consulta. Artículo 13º.- De la metodología El proceso de consulta se realiza a través de una metodología con enfoque intercultural, de género, participativo y flexible a las circunstancias, en el marco de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Ley y el Reglamento. Se rige por los principios establecidos en la Ley y es acorde con las disposiciones del Reglamento. Para su desarrollo se considerará la Guía Metodológica.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

TÍTULO III DEL PROCESO DE CONSULTA Artículo 14º.- Inicio del proceso El proceso de consulta se inicia con la etapa de identificación de la medida a consultar y del o los pueblos indígenas, conforme lo señalado por la Ley y el Título I de la presente norma.

Artículo 15º.- Reuniones preparatorias Las entidades promotoras pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas, a fin de informarles la propuesta de Plan de Consulta.

También podrán realizar dichas reuniones en casos de procedimientos de especial complejidad que requieran precisiones mayores a las contenidas en el Reglamento.

Artículo 16º.- Del Plan de Consulta El Plan de Consulta debe ser entregado por la entidad promotora a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, junto con la propuesta de la medida a consultar, conteniendo al menos: a)

Identificación del o de los pueblos indígenas a ser consultados;

c)

Los plazos y el tiempo para consultar, los que deberán adecuarse a la naturaleza de la medida objeto de consulta;

b)

d) e)

Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores del proceso de consulta;

Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e idiomas que se utilizarán, y las medidas que faciliten la participación de las mujeres indígenas en el proceso;

Los mecanismos de publicidad, información, acceso y transparencia del proceso, así como el mecanismo para realizar consultas o aclaraciones sobre la medida objeto de consulta.

Artículo 17º.- Etapa de publicidad de la medida Las entidades promotoras de la medida administrativa o legislativa objeto de consulta deben entregarla a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas que serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, considerando el o los idiomas de los pueblos indígenas y sus representantes. Al mismo tiempo deben entregar el Plan de Consulta.

371

Una vez que se haya entregado a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas tanto la propuesta de medida como el Plan de Consulta, culmina esta etapa e inicia la etapa de información. Tal hecho debe constar en el portal web de la entidad promotora. Artículo 18º.- Etapa de información

18.1 Corresponde a las entidades promotoras brindar información al o los pueblos indígenas y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. La etapa de información dura entre treinta (30) y sesenta (60) días calendario, según establezca la autoridad promotora. 18.2 La información debe darse de forma adecuada y oportuna, con el objetivo de que el o los pueblos indígenas cuenten con información suficiente sobre la materia de consulta, así como para evaluar la medida y formular sus propuestas. Se deben usar medios de comunicación cercanos a la población indígena de tal manera que puedan llegar efectivamente a sus organizaciones representativas y a sus representantes, sobre la base de un enfoque intercultural. 18.3 La entidad promotora alentará que el o los pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica que fuera necesaria para la comprensión de la medida. Artículo 19º.- Etapa de evaluación interna

19.1 Las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas y sus representantes deben contar con un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la medida con el fin de realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y sobre la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, calidad de vida y desarrollo de los pueblos indígenas.

19.2 Debe incorporarse dentro de los costos del proceso de consulta el apoyo logístico que debe brindarse a los pueblos indígenas para la realización de la etapa de evaluación interna y conforme lo señalado en el artículo 26º del Reglamento. 19.3 Acabado el proceso de evaluación interna, y dentro del plazo de dicha etapa, los o las representantes del o de los pueblos indígenas deberán entregarle a la entidad promotora, un documento escrito y firmado, o de forma verbal, dejándose constancia en un soporte que lo haga explícito, en el cual podrán indicar su acuerdo con la medida o presentar su propuesta acerca de lo que es materia de consulta, debiendo referirse en particular a las posibles consecuencias directas respecto a las afectaciones a sus derechos colectivos. Si los o las representantes no pudieran firmarlo, pueden colocar su huella digital.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

19.4. En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas señalen que se encuentran de acuerdo con la medida, concluye el proceso de consulta. La autoridad toma el documento indicado en el numeral anterior, en que se señala el acuerdo, como Acta de Consulta. En caso de que los o las representantes de las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas presenten modificaciones, aportes o propuestas, tales servirán para iniciar la etapa de diálogo propiamente dicha. 19.5 En caso los o las representantes del o de los pueblos indígenas no expresen su voluntad colectiva conforme lo señalado en el numeral 19.3 dentro del plazo previsto para la evaluación interna, la entidad promotora entenderá que existe desacuerdo con la medida y convocará a la primera reunión de la etapa de diálogo. En dicha reunión los o las representantes deberán presentar los resultados de la evaluación interna. En caso no pudieran entregarlos, por razones debidamente justificadas, la entidad promotora volverá a citarlos en dicha reunión, y dentro del plazo de la etapa de diálogo, con el fin de recibir dicha evaluación e iniciar la búsqueda de acuerdos, de ser el caso. Si a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los o las representantes del o de los pueblos indígenas no presentaran los resultados de la evaluación interna, sean en forma oral o escrita, se entenderá abandonado el proceso de consulta y se pasará a la etapa de decisión.

19.6 En caso de haber varios representantes del o de los pueblos indígenas, con opiniones divergentes, cada una de ellos podrá emitir sus propias opiniones sobre la medida materia de consulta. Todas las partes, incluso las que señalaron su acuerdo, tienen el derecho de participar en este caso en la etapa de diálogo. 19.7 La evaluación interna debe completarse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Artículo 20º.- Etapa de diálogo

20.1 El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos aspectos en donde se presentan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las presentadas por el o los pueblos indígenas. Esta debe guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar acuerdos sobre la medida objeto de consulta. 20.2 En el caso de medidas legislativas o administrativas de alcance general, la etapa de diálogo se realiza en la sede de la entidad promotora, salvo que las partes elijan una sede distinta, la cual debe contar con las facilidades que permitan el adecuado desarrollo del proceso.

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20.3 En el caso de consulta de actos administrativos, la etapa de diálogo se realizará en un lugar que facilite la participación de los o las representantes del o de los pueblos indígenas.

20.4 Si algún pueblo indígena, que ya es parte del proceso de consulta al haber sido debidamente informado y convocado, no participara en la etapa de diálogo, y en tanto aún no se haya firmado el Acta de Consulta, puede incorporarse al proceso, previa presentación de sus aportes y aceptando el estado en el que se encuentra el proceso al momento de su incorporación, incluyendo los acuerdos que ya se hubieran adoptado.

20.5 La entidad promotora deberá, en caso sea necesario y para el desarrollo de esta etapa, cubrir los costos de los traslados, alimentación y alojamiento de los o las representantes del o de los pueblos indígenas y de los miembros de organizaciones representativas indígenas necesarios para el desarrollo del proceso de consulta; de conformidad con lo señalado en el artículo 26º del Reglamento. 20.6 El período máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones debidamente justificadas y por acuerdo de las partes. 20.7 En el desarrollo de la etapa de diálogo se observarán las siguientes reglas mínimas: a)

b)

El o los pueblos indígenas tienen el derecho de usar su lengua nativa o el idioma oficial. Cuando alguna de las partes desconozca el idioma del interlocutor se contará con los intérpretes respectivos.

Al iniciar la etapa de diálogo, la entidad promotora de la medida legislativa o administrativa debe realizar una exposición sobre los desacuerdos subsistentes al terminar la etapa de evaluación interna sobre la base de los documentos que las partes presentaron al finalizar dicha etapa. Realizada esta presentación se inicia el proceso de búsqueda de consenso.

Artículo 21º.- Suspensión y abandono del proceso de diálogo

21.1 Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que perturbaran el proceso de diálogo, la entidad promotora suspenderá el mismo hasta que se den las condiciones requeridas, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en la legislación. La decisión de suspensión se sustentará en un informe motivado sobre los actos o hechos que afectan el proceso de diálogo, no pudiendo dicha 374

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

suspensión o la suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de quince (15) días calendario. Cumplido ese plazo la entidad promotora podrá convocar al diálogo en un lugar que garantice la continuidad del proceso, en coordinación, de ser posible, con los o las representantes del o de los pueblos indígenas.

En cualquier caso, la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en la legislación, de ser el caso, luego de lo cual se pasará a la etapa de decisión.

21.2 El o los pueblos indígenas pueden desistirse, no continuar, o abandonar el proceso de consulta. Las entidades promotoras deben agotar todos los medios posibles previstos en la Ley y el Reglamento para generar escenarios de diálogo. Si luego de lo señalado no es posible lograr la participación del o de los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, la entidad promotora dará el proceso por concluido, elaborando un informe que sustente la decisión adoptada, dentro del plazo de la etapa de diálogo. Artículo 22º.- Acta de consulta

22.1 En el Acta de Consulta deben constar, de ser el caso, los acuerdos adoptados, señalando expresamente si los mismos son totales o parciales. En caso de no existir acuerdo alguno, o cuando el acuerdo es parcial, debe quedar constancia de las razones del desacuerdo parcial o total.

22.2 El Acta será firmada por los o las representantes del o de los pueblos indígenas y por los funcionarios y funcionarias debidamente autorizados de la entidad promotora. De negarse a firmar el Acta, se entenderá como una manifestación de desacuerdo con la medida, y se pasará a la etapa de decisión.

Artículo 23º.- Etapa de decisión

23.1 La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por el o los pueblos indígenas durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias directas que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos 375

reconocidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados ratificados por el Estado Peruano.

23.2 De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y el o los pueblos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter obligatorio para ambas partes.

23.3 En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos del o de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los o las representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo conste en el Acta de Consulta. Artículo 24º.- Plazo máximo del proceso de consulta El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo es de ciento veinte (120) días calendario; contados a partir de la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la firma del Acta de Consulta. Artículo 25º.- Informe de consulta Culminado el proceso de consulta, la entidad promotora debe publicar en su portal web un Informe conteniendo: a)

La propuesta de medida que se puso a consulta.

c)

Desarrollo del proceso.

b) d) e)

El Plan de Consulta. Acta de Consulta.

Decisión adoptada, de ser el caso.

El Informe Final debe ser remitido a los o las representantes del o de los pueblos indígenas que participaron en el proceso de consulta. Artículo 26º.- Financiamiento del proceso de consulta

26.1 En el caso de medidas legislativas y administrativas de alcance general, corresponde a la entidad promotora financiar los costos del proceso de consulta. 376

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

26.2 En el caso de consultas de actos administrativos, los costos del proceso se incorporan en las tasas que cubren los costos del trámite de la indicada medida. 26.3 Las entidades promotoras identificarán o modificarán en sus TUPA los procedimientos a los que se le aplique el presente artículo. Artículo 27º.- De la consulta de medidas legislativas u otras de alcance general a cargo del Gobierno Nacional

27.1 Las medidas legislativas o administrativas de alcance general, incluyendo los planes y programas, sólo serán consultadas en aquellos aspectos que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 27.2 Para tal fin, se consultará al o los pueblos indígenas, a través de sus representantes elegidos de acuerdo a sus propios usos y costumbres. 27.3 El proceso de consulta a los pueblos indígenas referido en el inciso anterior, se realizará a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la medida.

27.4 Conforme al numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, las medidas reglamentarias no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, por lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, podrían utilizarse los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación, distintos a la consulta, conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT. 27.5 Cuando, de manera excepcional, el Poder Ejecutivo ejercite las facultades legislativas previstas en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú, se consultará aquellas disposiciones del proyecto de Decreto Legislativo que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El Poder Ejecutivo incluirá, en el pedido de delegación de facultades, un período adicional para el desarrollo del proceso de consulta.

27.6 La consulta de los proyectos de Decretos Legislativos se realizará sólo respecto del artículo o artículos que pudieran implicar un cambio en la situación jurídica de un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas. Estarán comprendidos en el proceso de consulta sólo los pueblos indígenas que pudieran ser afectados directamente por el artículo o artículos antes indicados, a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la medida. 377

27.7 La dación de Decretos de Urgencia se rige por las reglas establecidas en el numeral 19 del artículo 118º de la Constitución Política del Perú. TÍTULO IV DE LAS FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA

Artículo 28º.- Funciones del Viceministerio de Interculturalidad Son funciones del Viceministerio de Interculturalidad las establecidas por Ley y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Estas incluyen: 1. 2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta. Asimismo, brinda opinión previa sobre procedimientos para aplicar el derecho a la consulta. Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas y a sus representantes, del o de los pueblos indígenas, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular, en coordinación con las entidades promotoras.

Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades promotoras, sobre la calificación de las medidas legislativas o administrativas proyectadas por dichas entidades, sobre el ámbito de la consulta y la determinación del o de los pueblos indígenas a ser consultados, así como sobre el Plan de Consulta. Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y al o los pueblos indígenas que son consultados en la definición del ámbito y características de la misma.

Elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial relativa a los pueblos indígenas, en donde también se registrarán sus organizaciones representativas.

Registrar los resultados de las consultas realizadas. Para tal fin, las entidades promotoras deben remitirle en formato electrónico, los Informes de Consulta. La información debe servir de base para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta. Crear, mantener y actualizar un Registro de Facilitadores, así como el Registro de Intérpretes de las lenguas indígenas. Dictar una Guía Metodológica para la implementación del derecho de consulta, incluyendo documentos modelo, en el marco de la Ley y el Reglamento. CONCORDANCIA:

378

R.VM. Nº 001-2012-VMI-MC

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 29º.- Base de Datos Oficial 29.1 La Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas y sus organizaciones a que hace referencia la Ley, constituye un instrumento de acceso público y gratuito, que sirve para el proceso de identificación de los pueblos indígenas. No tiene carácter constitutivo de derechos.

29.2 El Viceministerio de Interculturalidad es la entidad responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Cultura se aprueba la directiva que la regula, incluyendo los procedimientos para la incorporación de información en la misma, en particular la disponible en las distintas entidades públicas, así como para la coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. La Resolución Ministerial se aprobará dentro de los treinta (30) días calendario de la entrada en vigencia del Reglamento. 29.3 Todo organismo público al cual se le solicite información para la construcción de la Base de Datos Oficial está en la obligación de brindarla. CONCORDANCIA:

R.M. Nº 202-2012-MC

Artículo 30º.- Deberes del funcionario público en el proceso de consulta Los funcionarios y funcionarias públicos que participen en cualquiera de las etapas del proceso de consulta deberán actuar, bajo responsabilidad, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento, en el marco del principio de Buena Fe. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES Primera.- Aplicación del reglamento Las entidades promotoras deberán aplicar los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de forma inmediata.

Segunda.- Seguimiento La Presidencia del Consejo de Ministros creará una Comisión Multisectorial para el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta, la cual estará integrada por representantes de los sectores del Poder Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del presente Reglamento. Esta Comisión emitirá informes, y podrá plantear recomendaciones para la debida implementación y mejora en la aplicación del derecho a la consulta. Para tal fin, podrá convocar a expertos que colaboren en el desarrollo de sus responsabilidades.

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Tercera.- Progresividad del Registro de Facilitadores e Intérpretes La obligación establecida en el artículo 11º.-2 entrará en vigencia progresivamente conforme lo establezca el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Ministerial, el cual definirá las medidas transitorias que correspondan. En tanto, los facilitadores e intérpretes son propuestos por el Viceministerio de Interculturalidad. Cuarta.- Excepción a derecho de tramitación El presente Decreto Supremo constituye la autorización prevista en el artículo 45º, numeral 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las tasas que cubran el costo del proceso de consulta. Quinta.- Derecho a la participación Conforme a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT, corresponde a las distintas entidades públicas, según corresponda, desarrollar los mecanismos de participación dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán adicionales o complementarios a los establecidos para el proceso de consulta.

Sexta.- Contenidos de los instrumentos del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental El contenido de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental señalados en el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, incluirá información sobre la posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudiera ser generada por el desarrollo del proyecto de inversión.

Sétima.- Garantías a la Propiedad comunal y del derecho a la tierra de los pueblos indígenas El Estado brinda las garantías establecidas por Ley y por la Constitución Política del Perú a la propiedad comunal. El Estado, en el marco de su obligación de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, establecido en la Parte II del Convenio 169 de la OIT, así como al uso de los recursos naturales que les corresponden conforme a Ley, adopta las siguientes medidas: a)

b)

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Cuando excepcionalmente los pueblos indígenas requieran ser trasladados de las tierras que ocupan se aplicará lo establecido en el artículo 16º del Convenio 169 de la OIT, así como lo dispuesto por la legislación en materia de desplazamientos internos.

No se podrá almacenar ni realizar la disposición final de materiales peligrosos en tierras de los pueblos indígenas, ni emitir medidas administrativas que autoricen dichas actividades, sin el consentimiento de los titulares de las mismas, debiendo asegurarse que de forma previa a tal decisión reciban la información adecuada, debiendo cumplir con lo establecido por la legislación

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nacional vigente sobre residuos sólidos y transporte de materiales y residuos peligrosos.

Octava.- Aprobación de medidas administrativas con carácter de urgencia En caso las entidades promotoras requieran adoptar una medida administrativa con carácter de urgencia, debidamente justificado, el proceso de consulta se efectuará considerando los plazos mínimos contemplados en el presente reglamento. Novena.- Protección de pueblos en aislamiento y en contacto inicial Modifíquese el artículo 35º del Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES conforme al siguiente texto:

“Artículo 35º.- Aprovechamiento de recursos por necesidad pública.- Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley. La opinión técnica, será aprobada por Resolución Vice Ministerial y deberá contener las recomendaciones u observaciones que correspondan.

Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad adoptar o coordinar las medidas necesarias con los sectores del Régimen Especial Transectorial de Protección, a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento o contacto inicial.” Décima.- Participación en los beneficios Conforme a lo señalado en el artículo 15º del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas, de acuerdo a los mecanismos establecidos por ley.

Décimo Primera.- Publicación de la Guía Metodológica La Guía Metodológica se publicará en el portal web del Ministerio de Cultura dentro de los treinta (30) días calendario contados desde la entrada en vigencia del Reglamento. El Viceministerio de Interculturalidad realizará actualizaciones periódicas de dicho documento.

Décimo Segunda.- Medidas administrativas complementarias Cuando una medida administrativa ya consultada requiera, para dar inicio a las actividades autorizadas por ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de carácter complementario, estas últimas no requerirán ser sometidas a procesos de consulta.

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Décimo Tercera.- Coordinación en procesos de promoción de la inversión privada En el caso de los procesos de promoción de la inversión privada, corresponderá a cada Organismo Promotor de la Inversión Privada coordinar con la entidad promotora la oportunidad en que ésta deberá realizar la consulta previa, la cual debe ser anterior a la aprobación de la medida administrativa correspondiente.

Décimo Cuarta.- Reinicio de Actividad No requerirá proceso de consulta aquella medida administrativa que apruebe el reinicio de actividad, en tanto no implique variación de los términos originalmente autorizados. Décimo Quinta.- Educación, Salud y Provisión de Servicios Públicos La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento. Décimo Sexta.- Financiamiento La aplicación de la presente norma se hará con cargo al presupuesto institucional de las entidades promotoras correspondientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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4.2. Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY Nº 29763 (Publicada el 22 de julio de 2011)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE TÍTULO PRELIMINAR

(…)

Artículo II. Principios generales Son principios generales aplicables a la gestión forestal y de fauna silvestre -además de los principios, derechos, deberes y disposiciones aprobados en la Constitución Política del Perú, el Acuerdo Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás tratados internacionales- los siguientes: (…) 3.

(…)

Consulta previa libre e informada La aplicación de la presente Ley respeta el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa libre e informada con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de la medida propuesta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otras normas vigentes, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional sobre la materia.

383

SECCIÓN PRIMERA CONCEPTOS, ÓRGANOS ESPECIALIZADOS Y DE SUPERVISIÓN, PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (…)

TÍTULO V ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL

(…)

Artículo 36º.- Autorización de desbosque (…)

Si estos desbosques pudiesen afectar a las comunidades campesinas y nativas, rige el derecho a la consulta previa del Convenio 169 de la OIT. (…)

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5 Administración de Justicia

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5.1. Ley de Rondas Campesinas LEY DE RONDAS CAMPESINAS LEY Nº 27908



(Publicada el 7 de enero de 2003)

CONCORDANCIAS:

D.S. Nº 025-2003-JUS (Reglamento) R. Nº 108-2011-SUNARP-SA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE RONDAS CAMPESINAS

Artículo 1º.- Personalidad jurídica Reconócese personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca. Artículo 2º.- Rondas al interior de la comunidad campesina En los lugares donde existan Comunidades Campesinas y Nativas, las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de la propia Comunidad y se sujetan al Estatuto y a lo que acuerden los Órganos de Gobierno de la Comunidad a los que la Ronda Campesina está subordinada.

Artículo 3º.- Derechos y deberes de los miembros de las Rondas Campesinas Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales denominadas Ronderos y Ronderas, que se encuentren debidamente acreditadas. Tienen los derechos y deberes que la presente Ley y demás normas establezcan.

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Las Rondas Campesinas promueven el ejercicio de los derechos y participación de la mujer en todo nivel. Igualmente, tienen consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, las personas discapacitadas y de los adultos mayores.

Artículo 4º.- Derecho de no discriminación Bajo responsabilidad, las instituciones y autoridades del sector público no pueden establecer formas o modalidades de discriminación, directa o indirecta, en el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los miembros integrantes de las Rondas Campesinas.

Artículo 5º.- Inscripción de las Rondas La Rondas Campesinas elaboran su Estatuto y se inscriben en los Registros Públicos. Asimismo procederá su inscripción en la municipalidad de su jurisdicción a fin de establecer relaciones de coordinación. No podrá existir más de una Ronda Campesina en el mismo ámbito comunal.

Artículo 6º.- Derecho de participación, control y fiscalización Las Rondas Campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a ley. Artículo 7º.- Actividades en beneficio de la paz comunal Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal. Artículo 8º.- Coordinación con autoridades y organizaciones sociales Para el ejercicio de sus funciones las Rondas Campesinas coordinan en el marco de la legislación nacional con las autoridades políticas, policiales, municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública. Asimismo, pueden establecer coordinaciones con las organizaciones sociales rurales y entidades privadas dentro de su ámbito local, regional o nacional.

Artículo 9º.- Coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales Las autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación con los dirigentes de las Rondas Campesinas respetando las autonomías institucionales propias. Los dirigentes de las Rondas pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado.

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DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS Primera.- Día de las Rondas Campesinas Establécese el 29 de diciembre como el “Día de las Rondas Campesinas” y declárase al caserío de Cuyumalca del distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las Rondas Campesinas del Perú. Segunda.- Plazo de reglamentación El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de sesenta días.

Tercera.- Plazo de adecuación Otórgase el plazo de seis meses a partir de la aprobación del Reglamento, para que las Rondas Campesinas existentes se adecuen a la presente Ley. Cuarta.- Derogación de normas Derógase la Ley Nº 24571 y demás normas que se opongan a la presente Ley. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil dos. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil tres. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República LUIS SOLARI DE LA FUENTE Presidente del Consejo de Ministros

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5.1.1. Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas

REGLAMENTO DE LA LEY DE RONDAS CAMPESINAS DECRETO SUPREMO Nº 025-2003-JUS (Publicado el 30 de diciembre de 2003)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27908 se promulgó la Ley de Rondas Campesinas, la que reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal;

Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley, el Poder Ejecutivo conformó una Comisión Multisectorial encargada de elaborar el proyecto del Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, el que fue sometido a consulta ciudadana mediante su prepublicación en el Diario Oficial El Peruano dispuesta mediante Resolución Ministerial Nº 362-2003-JUS de fecha 29 de setiembre 2003, cuyo plazo fue ampliado mediante Resolución Ministerial Nº 380-2003-JUS de fecha 22 de octubre de 2003; Que, como resultado de la prepublicación, se han recibido sugerencias de diversas entidades públicas y privadas, las mismas que han sido consideradas para la elaboración del proyecto de Reglamento; De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política y la Ley Nº 27908 - Ley de Rondas Campesinas; DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento Apruébese el Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas - Ley Nº 27908, que consta de tres (3) títulos, veintitrés (23) artículos, tres (3) disposiciones complementarias y una (1) disposición transitoria.

Artículo 2º.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministro de Justicia, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil tres.

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ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República CARLOS FERRERO COSTA Presidente del Consejo de Ministros

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI Ministra de la Mujer y Desarrollo Social FAUSTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia JOSÉ LEÓN RIVERA Ministro de Agricultura

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN Ministro de Defensa

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN Ministro de Economía y Finanzas Encargado del Ministerio del Interior

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REGLAMENTO DE LA LEY DE RONDAS CAMPESINAS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETO Y FINALIDAD Artículo 1º.- Objeto El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que deben regir la Organización y Funciones de las Rondas Campesinas reconocidas por la Ley Nº 27908.

Artículo 2º.- Definición de Ronda Campesina o Comunal Son Rondas Campesinas, las organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. Son Rondas Comunales, las organizaciones sociales integradas por miembros de las comunidades nativas.

Artículo 3º.- Finalidad de la Ronda Campesina o Ronda Comunal La Ronda Campesina o Ronda Comunal, tiene por finalidad contribuir al desarrollo, la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la Constitución y a las leyes. Colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial.

Las Rondas constituidas al interior de las Comunidades Campesinas o Nativas, colaboran con éstas en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 4º.- Respeto a las Costumbres y Normas Comunales Los integrantes de las Rondas Campesinas o Rondas Comunales, en el cumplimiento de sus deberes y funciones y en el ejercicio del derecho consuetudinario, gozan del respeto de su cultura y sus costumbres, por parte de la autoridad y de la sociedad, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio OIT 169, en la Constitución Política y las leyes. Artículo 5º.- Ámbito de Acción Las comunidades campesinas y las comunidades nativas, están facultadas a constituir dentro del ámbito de su territorio, una sola Ronda Campesina o Ronda Comunal, según corresponda, la que se forma y sostiene a iniciativa exclusiva de la propia comunidad y se sujeta a su Estatuto, y a lo que acuerden los órganos de gobierno de la Comunidad, a la que la Ronda Campesina o Ronda Comunal está subordinada.

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Fuera del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas o Nativas, el ámbito territorial mínimo para la conformación de una Ronda Campesina será el que corresponde al de un caserío. Entiéndase por caserío lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM. CAPÍTULO II CONSTITUCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA RONDA CAMPESINA O RONDA COMUNAL Artículo 6º.- De la Constitución En las comunidades campesinas o comunidades nativas, la Ronda Campesina o Ronda Comunal se constituye por decisión del máximo órgano de gobierno de la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, adoptado de acuerdo a su Estatuto. En los caseríos u otros centros poblados, la Ronda Campesina se constituye por decisión de los pobladores reunidos en asamblea general. El Juez de Paz correspondiente da fe de esta asamblea. Artículo 7º.- Del Estatuto La Ronda Campesina o Comunal, ejerciendo su autonomía, elabora su Estatuto y lo aprueban en Asamblea General. De la misma forma se procederá para la modificación del Estatuto. El Estatuto debe contener, como mínimo: 1.-

La denominación y duración de la Ronda Campesina.

2.-

Los fines.

3.- 4.- 5.- 6.-

En cuanto al domicilio, bastará indicarse el distrito, provincia y departamento de su ubicación.71 La constitución y funcionamiento de la asamblea general consejo directivo y demás órganos. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. Los derechos y deberes de los ronderos y ronderas. Los requisitos para su modificación.

[71] Inciso sustituido por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 012-2008-JUS, publicado el 10 de agosto de 2008. Texto anterior a la sustitución: “1.- La denominación, duración y domicilio de la Ronda Campesina”.

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7.-

Las normas para la disolución y liquidación de la Ronda y las relativas al destino final de sus bienes.

En el Estatuto de las rondas que se constituyen por decisión de los pobladores, además deberá consignarse el nombre del o los caseríos u otros centros poblados que conforman su radio de acción, así como el distrito, la provincia y el departamento al que pertenecen, salvo que coincida con los datos consignados como domicilio.72

Artículo 8º.- Del Empadronamiento Los miembros de la Comunidad Campesina, Comunidad Nativa, así como los pobladores de caseríos u otros centros poblados, que decidan integrarse como Ronderos o Ronderas, se inscriben en el Padrón de Ronderos y Ronderas de la Comunidad Campesina, Comunidad Nativa, caserío u otro centro poblado a que pertenecen. El empadronamiento se realiza cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 18º del presente Reglamento. CAPÍTULO III DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Artículo 9º.- De la inscripción Las Rondas Campesinas y Rondas Comunales se inscriben en el Libro de Rondas Campesinas a cargo de la SUNARP. La SUNARP dictará las medidas complementarias necesarias para su implementación y funcionamiento. CONCORDANCIA:

R. Nº 108-2011-SUNARP-SA

Artículo 10º.- De la inscripción Registro de Rondas Campesinas o Rondas Comunales Para su inscripción en el Libro de Rondas Campesinas, la Ronda Campesina o Comunal, presentará a la Oficina Registral correspondiente una solicitud acompañando para el efecto: 1.-

Copia certificada del Acta donde conste:

- La constitución de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

- La aprobación del Estatuto de la Ronda Campesina o Ronda Comunal así como su texto íntegro. - Designación de la primera junta directiva.

[72] Párrafo incorporado por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 012-2008-JUS, publicado el 10 de agosto de 2008.

395

2.- 3.-

Copia certificada del Padrón de Ronderos y Ronderas. DEROGADO73

Artículo 11º.- Comunicación con fines de coordinación La Ronda Campesina o Ronda Comunal, una vez inscrita en los Registros Públicos, comunica a la Municipalidad correspondiente, su constitución social, con fines de coordinación. CAPÍTULO IV DE LAS FUNCIONES DE LA RONDA CAMPESINA Y RONDA COMUNAL

Artículo 12º.- De las Funciones Son funciones de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, las siguientes: a)

b)

c)

d) e)

f)

Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo.

Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado al que pertenecen, de conformidad con la Constitución y las leyes. Coordinar con las autoridades comunales en el ejercicio de las funciones que ejercen en uso de sus costumbres, respetando los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes.

Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal. Actuar como interlocutor con el Estado.

Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyectos de desarrollo que se implementen dentro del territorio, así como denunciar la inconducta funcional de cualquier autoridad, de acuerdo a ley.

[73] Inciso derogado por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 012-2008-JUS, publicado el 10 de agosto de 2008. Texto derogado: “3.- Plano Perimétrico de su radio de acción”.

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g)

Contribuir a la preservación de su medio ambiente.

i)

Establecer relaciones de coordinación con las organizaciones sociales rurales y entidades privadas.

h)

j) k)

Coordinar en el marco de la legislación nacional, con las autoridades políticas, policiales, municipales, regionales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública.

Promover el ejercicio de los derechos y la participación equitativa de la mujer en todo nivel; tener consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, de las personas discapacitadas y de los adultos mayores.

Prestar servicio de ronda. La organización de grupos, la elección de los responsables, así como la asignación de responsabilidades y frecuencia de atención del servicio de ronda se regula por el Estatuto de cada Ronda Campesina o Comunal.

Artículo 13º.- Resolución de Conflictos La Ronda Campesina y Ronda Comunal, a base de las costumbres de la comunidad campesina, comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden intervenir en la solución de conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial, mediante actuaciones que serán registradas en el libro de ocurrencias que lleva para tal efecto, el mismo que será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente. Los acuerdos adoptados deben respetar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes. Son materias conciliables únicamente las relacionadas con la posesión, el usufructo de la propiedad comunal, bienes y el uso de los diversos recursos comunales. TÍTULO II DE LA ORGANIZACIÓN DE LA RONDA CAMPESINA Y RONDA COMUNAL

Artículo 14º.- De la Organización La Ronda Campesina y Ronda Comunal, se organiza dentro del marco de la Ley Nº 27908, la Ley General de Comunidades Campesinas - Ley Nº 24656 y su reglamento, así como por su propio Estatuto, el que se adecuará a las disposiciones establecidas para las Asociaciones en el Código Civil. Artículo 15º.- Del período de la Junta Directiva La Junta Directiva de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, tiene un mandato de dos (2) años, pudiendo sus miembros ser reelegidos.

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Artículo 16º.- De la Participación de las Mujeres En la elección de la Junta Directiva de la Ronda Campesina y de la Ronda Comunal, se promoverá la participación de las mujeres en cargos directivos, así como la participación de otros miembros, sin discriminación. TÍTULO III DE LOS RONDEROS Y RONDERAS

CAPÍTULO I DE LOS INTEGRANTES DE LAS RONDAS CAMPESINAS Artículo 17º.- Ámbito de su Función Los miembros de la Ronda Campesina y de la Ronda Comunal ejercen sus funciones dentro del ámbito de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío u otro centro poblado al que pertenecen. Pueden coordinar el ejercicio de sus funciones con otras Rondas Campesinas o Rondas Comunales cuando las circunstancias lo requieran. Artículo 18º.- De los Requisitos para ser Rondero o Rondera Para inscribirse como miembro de la Ronda Campesina o Ronda Comunal, deben cumplirse los siguientes requisitos: a)

b) c)

Ser miembro de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío u otro centro poblado.

Haber cumplido 18 años de edad, salvo que siendo menor, haya constituido hogar de hecho o contraído matrimonio. Tener plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles, de acuerdo a lo indicado en el artículo 42º del Código Civil. CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS RONDEROS Y RONDERAS

Artículo 19º.- De los Derechos y Obligaciones Son derechos y obligaciones de los ronderos y ronderas: a)

Participar en las Asambleas Generales, con voz y voto.

c)

Prestar Servicio de Ronda.

b)

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Elegir y ser elegido para los cargos directivos de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

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d) e) f) g) h)

Observar buen trato y lealtad, garantizando el respeto, la unión y la ayuda mutua entre los ronderos.

Respetar los usos y costumbres, en su caso, de la Comunidad Campesina, Comunidad Nativas74 o Centro Poblado o Caserío, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Observar buen trato y respeto hacia la población, particularmente a los niños, mujeres, y ancianos.

Auxiliar, en su caso, a los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa o del Centro Poblado o Caserío, en necesidad de protección. Otros derechos y obligaciones que se determinen en el Estatuto y se acuerden en Asamblea General de la Ronda Campesina y Ronda Comunal.

Artículo 20º.- De las Prohibiciones de los Ronderos y Ronderas Los ronderos y ronderas están prohibidos de: a)

b) c)

Realizar, en el marco de este reglamento y el correspondiente estatuto, actividades no autorizadas o distintas a las funciones de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

Realizar u omitir actos en beneficio de terceros en desmedro de los intereses de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, Caserío u otro centro poblado. Realizar actividades de cualquier índole que se orienten a dividir o debilitar a la Ronda Campesina y Ronda Comunal. CAPÍTULO III DE LAS SANCIONES Y DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE RONDERO O RONDERA

Artículo 21º.- De las Sanciones La infracción de las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento y del Estatuto de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, da lugar a las siguientes sanciones: a)

Amonestación pública.

c)

Expulsión de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

b)

Suspensión en el ejercicio de sus funciones.

[74] En el diario oficial El Peruano dice: “Nativas”, debiendo decir: “Nativa”.

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El Estatuto de la Ronda Campesina o Ronda Comunal, establece los casos de aplicación de cada una de las sanciones antes enunciadas. Artículo 22º.- Del Registro de las Sanciones Las sanciones que se impongan a los ronderos y ronderas son registradas en el Padrón de Ronderos y Ronderas, sin perjuicio de la denuncia correspondiente a la autoridad competente, si fuera el caso. Artículo 23º.- De la Pérdida de la Condición de Rondero o Rondera La condición de Rondero o Rondera, se pierde por las siguientes causales: a)

Muerte.

c)

Por emigrar del Caserío u otro Centro Poblado al que pertenece.

b)

d)

Por pérdida de la condición de miembro de la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa a la que pertenece. Por expulsión acordada por la Asamblea General de Ronderos y Ronderas. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Acceso a la Información.Las Rondas Campesinas o Rondas Comunales pueden solicitar la información que requieran a las entidades del Sector Público, de conformidad con la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segunda.- Respeto a las rondas Campesinas.Las autoridades del Estado, sin excepción, deben respetar y tener en cuenta las actuaciones de las rondas campesinas y comunales en el marco de la Constitución, la Ley y el presente reglamento. El incumplimiento de esta disposición será considerado como una falta conforme a las normas disciplinarias correspondientes.

Tercera.- Aplicación de Normas Supletorias.Para las Rondas Campesinas o Comunales creadas por las Comunidades Campesinas o Nativas en todo lo no previsto en el presente Reglamento, será de aplicación lo establecido en el Estatuto de la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa que haya creado a la Ronda Campesina o Ronda Comunal. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Dentro del plazo de seis meses de publicado el presente Reglamento, las Rondas Campesinas y Rondas Comunales se adecuarán a las disposiciones de la Ley de Rondas Campesinas - Ley Nº 27908. 400

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5.2. Directiva Nº 003-2011-SUNARP-SA - Directiva que establece los criterios registrales para la inscripción de las rondas campesinas y rondas comunales DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS Y RONDAS COMUNALES DIRECTIVA Nº 003-2011-SUNARP-SA Aprobada por Resolución del Superintendente Adjunto de los Registros Publicos Nº 108-2011-SUNARP-SA

1.

(Publicada el 14 de diciembre de 2011)

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

El 7 de enero del 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley de Rondas Campesinas, Ley Nº 27908 (en adelante, la Ley). Por Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, se aprobó el Reglamento de la mencionada Ley (en adelante, el Reglamento) en cuyo artículo 9º se establece que las Rondas Campesinas y Rondas Comunales se inscriben en el Libro de Rondas Campesinas a cargo de la SUNARP. Asimismo, se dispone que la SUNARP dictara las medidas complementarias necesarias para su implementación y funcionamiento.

Mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 072-2004-SUNARP-SN del 20 de febrero de 2004 se implementó el Libro de Rondas Campesinas a que se refiere el artículo 9º del Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS y se establecieron los criterios para la inscripción de los actos constitutivo y de adecuación de las Rondas Campesinas y Rondas Comunales.

La Directiva precitada, recoge los requisitos previstos en el Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, estableciendo que para la inscripción de las rondas en el Registro se debe presentar, entre otros documentos, los planos perimétricos de sus radios de acción.

No obstante, habiéndose advertido que este requisito deviene en innecesario, que resulta difícil y costosa su elaboración y que genera una gran dificultad para que las rondas puedan lograr su inscripción y así adquirir personalidad jurídica, mediante Decreto Supremo Nº 012-2008-JUS se modificó el Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, eliminándose el requisito de su presentación.

401

Además, mediante esta norma modificatoria se incorporó como nuevo requisito que en el Estatuto de las rondas que se constituyen por decisión de los pobladores, debe consignarse el nombre del o los caseríos u otros centros poblados que conforman el radio de acción de las rondas, así como el distrito, la provincia y el departamento al que pertenecen, salvo que éste coincida con los datos consignados como domicilio.

Por otro lado, se debe señalar que el Reglamento antedicho, y por ende, la Directiva establecen que para la inscripción en el registro debe presentarse el Padrón de Ronderos y Ronderas; sin embargo, habiéndose determinado en sede registral que para la calificación de la validez de dichas convocatorias y el quórum requerido para la adopción de acuerdos, resulta suficiente la presentación de constancias o certificaciones que sean expedidas por el representante debidamente autorizado; carece de razón requerir el Padrón de Ronderos y Ronderas; máxime teniendo en cuenta que la constancia de quórum, que tiene carácter de declaración jurada y que se emite con las responsabilidades correspondientes de las personas que las formulan, incluye la información relativa al número de los miembros habilitados y a los nombres completos de los miembros que participan en la adopción de acuerdos en sesiones. Asimismo, se debe considerar que mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 086-2009-SUNARP-SN del 30 de marzo de 2009 se aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias, en el que se concentran y consolidan los criterios que se venían aplicando en la calificación de los títulos referidos a las personas jurídicas no societarias (asociaciones, comités, fundaciones, cooperativas, comunidades campesinas y nativas, organizaciones sociales de base, personas jurídicas creadas por ley y las reguladas por leyes especiales). A través de este texto normativo, se homogenizaron numerosos aspectos que forman parte de los alcances de la calificación de los actos inscribibles referentes a las personas jurídicas no societarias y se reguló con precisión la información que deben contener los distintos documentos que fundamentan de manera directa e inmediata la inscripción, así como aquellos que coadyuvarán a que ésta se realice, y que en conjunto, conformarán el título inscribible, según sea el caso. Considerando la estrecha relación existente entre las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas con las Rondas Campesinas Subordinadas y las Rondas Comunales, respectivamente, resulta conveniente integrar en la regulación de éstas últimas, algunos de los lineamientos previstos en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias.

Así también, por medio de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 142-2011-SUNARP-SN del 31 de mayo de 2011 fue 402

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

modificada la Segunda Disposición Complementaria y Final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias referente a la inscripción de nombramiento de integrantes de órganos y de representantes de las Comunidades Nativas, introduciendo en cuanto a la formalidad del título, la posibilidad que las copias de actas y fojas de los libros de actas de la Comunidad puedan ser certificadas no sólo por notario público y juez de paz sino también por fedatario de la SUNARP, restituyendo la facultad que anteriormente contemplaba la Resolución Nº 042-2002-SUNARP-SN, actualmente derogada.

Por las consideraciones antes expuestas, resulta necesario reestructurar y actualizar las disposiciones de la Directiva Nº 003-2004-SUNARP-SN aprobada por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 072-2004-SUNARP-SN del 20 de febrero de 2004, lo cual redundará en la simplificación y fluidez del procedimiento de inscripción de los actos celebrados por las Rondas Campesinas y Comunales.

2. OBJETO

Establecer criterios para la inscripción de las Rondas Campesinas y Rondas Comunales congruentes con el marco legal aplicable a las Comunidades Campesinas y Nativas.

3. ALCANCE

4.

Todos los órganos desconcentrados que integran los Registros Públicos. BASE LEGAL - - - - - -

Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas.

Decreto Supremo Nº 003-79-AA, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Decreto Supremo Nº 008-91-TR, Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas.

Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas. 403

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Directiva Nº 005-2001-SUNARP-SN, aprobada mediante la Resolución Nº 157-2001-SUNARP-SN de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Directiva Nº 003-2004-SUNARP-SN, aprobada mediante la Resolución Nº 072-2004-SUNARP-SN de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Decreto Supremo Nº 012-2008-JUS que modificó el Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 086-2009-SUNARP-SN del 30 de marzo de 2009 que aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 142-2011-SUNARP-SN del 31 de mayo de 2011 que modificó la Segunda Disposición Complementaria y Final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias.

5. CONTENIDO

5.1. Del Libro de Rondas Campesinas En el Libro de “Rondas Campesinas” del Registro de Personas Jurídicas se inscribirán:

a) Las Rondas Campesinas conformadas al interior de las Comunidades Campesinas, que para efectos de esta directiva se denominarán Rondas Campesinas subordinadas. b) Las Rondas Campesinas integradas por pobladores rurales, que para efectos de esta directiva se denominarán Rondas Campesinas independientes.

c) Las Rondas Comunales integradas por miembros de las comunidades nativas.

5.2. De la partida registral

En el Libro de Rondas Campesinas, se abrirá una partida registral cuando se inscriba el acto constitutivo de la Ronda Campesina o Comunal o su adecuación a la Ley Nº 27908 - Ley de Rondas Campesinas. 404

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Cuando se efectúe la apertura de la partida registral de una Ronda Campesina subordinada o de una Ronda Comunal, simultáneamente, se extenderán anotaciones de correlación tanto en esta nueva partida como en la partida registral de la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, según sea el caso, indicando que la Ronda registrada en dicha partida está subordinada a la Comunidad (Campesina o Nativa) cuya denominación y datos de inscripción también se consignarán.

5.3. Actos inscribibles

Los actos inscribibles en el Libro de Rondas Campesinas son:

a) El acto constitutivo y el estatuto de la Ronda Campesina o Ronda Comunal.

b) La adecuación de la Ronda Campesina o Ronda Comunal a la Ley Nº 27908 - Ley de Rondas Campesinas. c) Las modificaciones del estatuto.

d) El nombramiento de los integrantes de la junta directiva y de los demás representantes o apoderados, su remoción, suspensión, renuncia, el otorgamiento de facultades, su modificación, revocación, sustitución y delegación. e) La disolución, los acuerdos de los liquidadores que por su naturaleza sean inscribibles y la extinción de las Rondas Campesinas o Rondas Comunales. f) Las resoluciones judiciales o laudos arbitrales referidos a la validez del acto constitutivo inscrito o los acuerdos inscribibles de la persona jurídica.

g) En general, los demás actos que modifiquen el contenido de los asientos registrales o cuya inscripción esté prevista por disposición legal.

5.4. Denominación de las Rondas

Para efectos de la verificación de denominaciones idénticas o similares a la denominación de la Ronda Campesina subordinada o la Ronda Comunal, el Registrador tomará en cuenta la denominación de la Comunidad Campesina o Nativa, según el caso, a la que está subordinada así como el ámbito territorial en el que desarrolla sus actividades. 405

En la partida registral de la Ronda Campesina subordinada o de la Ronda Comunal, además de consignar la denominación de la Ronda se deberá indicar la denominación de la Comunidad Campesina o Nativa, según el caso, a la que está subordinada, el distrito, la provincia y el departamento en la que ésta se ubica; información que también debe constar en el estatuto de la Ronda.

En la partida registral de la Ronda Campesina independiente, además de consignar la denominación de la Ronda, se deberá indicar el nombre del o de los caseríos u otros centros poblados, el distrito, la provincia y el departamento que conforman su radio de acción o ámbito territorial; salvo que coincidan con los datos consignados como domicilio; información que también debe constar en el estatuto de la Ronda.

5.5. Acto previo

Para la inscripción del acto constitutivo de las Rondas Campesinas subordinadas o Rondas Comunales, se requiere que, previamente, se encuentre inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la misma Oficina Registral, la comunidad y su respectiva directiva comunal, junta directiva o consejo directivo, según sea el caso, con mandato vigente.

5.6. De la inscripción del acto constitutivo de las Rondas Campesinas subordinadas y de las Rondas Comunales

La inscripción del acto constitutivo de las Rondas Campesinas subordinadas y de las Rondas Comunales, se efectúa en mérito a la siguiente documentación:

1) Copia certificada del Acta de Asamblea General de la Comunidad en la que se apruebe la constitución de la Ronda y que incluya el nombre completo y documento de identidad de las personas naturales que participan en el acto de constitución; la voluntad de constituir la persona jurídica, su nombre y su domicilio en el territorio peruano; el lugar y la fecha del acto constitutivo; la suscripción por las personas que participan en el acto de constitución o por sus representantes y la convocatoria a la primera Asamblea General de Ronderos y Ronderas.

2) Copia certificada del Acta de la primera Asamblea General de Ronderos y Ronderas en la que conste la adopción de los siguientes acuerdos:

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a) La aprobación del Estatuto de la Ronda que regirá su funcionamiento, cuyo texto íntegro formará parte del acta; el cual debe precisar:

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

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La denominación y duración de la Ronda Campesina.

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Los fines.

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En cuanto al domicilio, bastará indicarse el distrito, provincia y departamento de su ubicación. La constitución y funcionamiento de la asamblea general de Ronderos y Ronderas, de la junta o consejo directivo y demás órganos, dejando constancia que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15º del Reglamento de la Ley De Rondas Campesinas, la junta o consejo directivo de la Ronda Campesina y Ronda Comunal tiene un mandato de dos (2) años, pudiendo sus miembros ser reelegidos. Asi también debe precisar si una vez vencido el período de ejercicio del consejo directivo, éste continuará o no en funciones. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. Los derechos y deberes de los Ronderos y Ronderas. Los requisitos para su modificación.

Las normas para la disolución y liquidación de la Ronda y las relativas al destino final de sus bienes.

En el Estatuto de las rondas que se constituyen por decisión de los pobladores, además deberá consignarse el nombre del o los caseríos u otros centros poblados que conforman su radio de acción, así como el distrito, la provincia y el departamento al que pertenecen, salvo que coincida con los datos consignados como domicilio;

b) La elección de la primera Junta o Consejo Directivo de la Ronda, los nombres completos y documento de identidad de las personas naturales integrantes de la primera junta o consejo directivo. No será exigible la designación de los integrantes de los otros órganos previstos en el estatuto, salvo que entre sus facultades figure la de sustituir a la junta o el consejo directivo en determinadas circunstancias.

3) Copia certificada del Padrón de Ronderos o Ronderas o en su defecto constancia de convocatoria y quórum.

407

5.7. De la inscripción de la adecuación de las Rondas Campesinas subordinadas y Rondas Comunales La inscripción de la adecuación de las Rondas Campesinas subordinadas y de las Rondas Comunales, a la Ley Nº 27908-Ley de Rondas Campesinas, se efectúa en mérito a la siguiente documentación:

1) Copia certificada del Acta de Asamblea General de la Comunidad, en la que conste la aprobación del acuerdo de adecuación de la Ronda y la convocatoria a la Asamblea General de Ronderos y Ronderas.

2) Copia certificada del Acta de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas en la que conste la aprobación del Estatuto adecuado de la Ronda, cuyo texto íntegro formará parte del acta. 3) Copia certificada del Padrón de Ronderos o Ronderas o en su defecto constancia de convocatoria y quórum.

5.8. De la inscripción del acto constitutivo de Rondas Campesinas independientes

La inscripción del acto constitutivo de Rondas Campesinas independientes, se efectúa en mérito a la siguiente documentación:

1) Copia certificada del Acta de Asamblea General de los pobladores rurales del (de los) caserío(s), o del centro poblado que conformarán su radio de acción, en la que conste la aprobación del acuerdo de:

a) La constitución de la Ronda, indicando que los asistentes a la Asamblea General de Pobladores son pobladores rurales del caserío, centro poblado u otra circunscripción territorial, según corresponda, y que representan más del 50% de su población y que el acuerdo de la constitución de la Ronda ha sido adoptado con el voto de más del 50% de los asistentes. Asimismo, que incluya el nombre completo y documento de identidad de las personas naturales que participan en el acto de constitución. La voluntad de constituir la persona jurídica, su nombre y su domicilio en el territorio peruano; el lugar y la fecha del acto constitutivo; y, la suscripción por las personas que participan en el acto de constitución o por sus representantes.

408

b) La aprobación del Estatuto de la Ronda que regirá su funcionamiento, cuyo texto íntegro formará parte del acta; el cual debe precisar:

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

-

La denominación y duración de la Ronda Campesina.

-

Los fines.

-

-

- - - - -

En cuanto al domicilio, bastará indicarse el distrito, provincia y departamento de su ubicación. La constitución y funcionamiento de la asamblea general de Ronderos y Ronderas, de la junta o consejo directivo y demás órganos, dejando constancia que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15º del Reglamento de la Ley De Rondas Campesinas, la junta o consejo directivo de la Ronda Campesina y Ronda Comunal tiene un mandato de dos (2) años, pudiendo sus miembros ser releegidos. Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. Los derechos y deberes de los Ronderos y Ronderas. Los requisitos para su modificación.

Las normas para la disolución y liquidación de la Ronda y las relativas al destino final de sus bienes.

En el Estatuto de las rondas que se constituyen por decisión de los pobladores, además deberá consignarse en forma precisa el nombre del o los caseríos u otros centros poblados que conforman su radio de acción, o si existen algunos centros poblados dentro del caserío que no forman parte de la constitución; así como el distrito, la provincia y el departamento al que pertenecen, salvo que coincida con los datos consignados como domicilio.

c) La elección de la primera junta o consejo directivo de la Ronda, los nombres completos y documento de identidad de las personas naturales integrantes de la primera junta o consejo directivo. No será exigible la designación de los integrantes de los otros órganos previstos en el estatuto, salvo que entre sus facultades figure la de sustituir a la junta o el consejo directivo en determinadas circunstancias.

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2) La certificación del Juez de Paz dando fe de la realización de la Asamblea General de los pobladores rurales a que se refiere el numeral anterior y de lo siguiente:

a) Que los asistentes a la Asamblea General de Pobladores son pobladores rurales del caserío, centro poblado u otra circunscripción territorial, según corresponda, y que representan más del cincuenta por ciento (50 %) de su población. b) Que el acuerdo de la constitución de la Ronda ha sido adoptado con el voto de más del cincuenta por ciento (50%) de los asistentes.

3) Copia certificada del Padrón de Ronderos o Ronderas o en su defecto constancia de convocatoria y quórum.

5.9. De la inscripción de la adecuación de Rondas Campesinas independientes

La inscripción de la adecuación a la Ley Nº 27908-Ley de Rondas Campesinas, de las Rondas Campesinas independientes, se efectuará en mérito a la siguiente documentación:

1) Copia certificada del Acta de Asamblea General de los pobladores rurales del caserío, centro poblado o de otra circunscripción territorial, en la que se apruebe la adecuación de la Ronda y la convocatoria a la Asamblea General de Ronderos y Ronderas, así como la designación de la o las personas encargadas de convocarla y presidirla. 2) Certificación del Juez de Paz dando fe de la realización de la Asamblea General a que se refiere el numeral anterior.

3) Copia certificada del Acta de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas, en la que conste la adopción del acuerdo de aprobación del Estatuto adecuado de la Ronda, cuyo texto íntegro formará parte del acta.

4) Copia certificada del Padrón de Ronderos o Ronderas o en su defecto constancia de convocatoria y quórum.

5.10. De la acreditación de la convocatoria y quórum

410

La convocatoria y el quórum se acreditarán a través de constancias suscritas por:

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

a) En el caso de las Asambleas Generales de Constitución o Adecuación de las Rondas Campesinas subordinadas y de las Rondas Comunales: Por el Presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina o el Jefe de la Comunidad Nativa, según corresponda, los que deberán tener mandato vigente e inscrito en la partida de la Comunidad. b) En el caso de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, por la o las personas designadas para convocarla y presidirla. c) En las Asambleas Generales de las Rondas, que se realicen con posterioridad a la aprobación de su Estatuto, por el Presidente de su junta o consejo directivo, salvo disposición estatutaria distinta. d) En ausencia o impedimento de los citados, firmará la constancia quien legal o estatutariamente los sustituya.

Las constancias mencionadas se presentarán en original, con firma certificada por notario, juez de paz o fedatario de cualquier órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, tienen el carácter de declaración jurada y son de responsabilidad de quienes las expiden, debiendo indicar el nombre completo, documento de identidad y domicilio real del declarante. Su contenido debe ceñirse en cada caso a lo prescrito en esta Directiva.

5.11 Del contenido de la constancia de convocatoria

La constancia de convocatoria deberá contener lo siguiente:

a) La forma y la anticipación con la que se realiza la convocatoria, con precisión del o los medios utilizados.

b) Nombre completo de la persona que efectúa la convocatoria y su cargo. Cuando la convocatoria sea realizada por un órgano colegiado, deberá indicarse el nombre completo y cargo de la persona que ejecuta la convocatoria a nombre del órgano colegiado de acuerdo a facultades legales o estatutarias.

c) En el caso que se requiera contar con cargos de recepción de la convocatoria, el declarante señalará que cuenta con dichos cargos. En el caso de no tener la obligación de contar con dichos cargos, se precisará que los miembros o los integrantes del órgano de la persona jurídica tomaron conocimiento de la convocatoria; y,

411

d) La reproducción de los términos de la convocatoria. Los datos relativos a la fecha, hora de inicio y lugar de la sesión, así como los temas a tratar deben corresponder con los que constarán en el acta. En caso que la Comunidad Nativa no tenga estatuto, en la constancia deberá indicarse que la convocatoria se efectuó de acuerdo a sus costumbres.

En el caso de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, en la constancia deberá indicarse que la convocatoria se efectuó de conformidad con lo acordado en la Asamblea General de Pobladores. 5.12 Del contenido de la constancia de quórum La constancia sobre el quórum deberá indicar lo siguiente:

a) El número de los miembros o delegados que se encontraban habilitados para concurrir a la sesión.

b) Los datos de certificación de apertura del Padrón de miembros en que se basa para emitir la constancia, tales como el número de orden en el registro cronológico de certificación, la fecha de su certificación, el nombre completo y cargo de la persona que lo certificó, y el número del libro si lo tuviere y demás información que permita determinar que se trata del libro padrón vigente. c) El nombre completo de los miembros que asistieron a la sesión.

En caso que la Comunidad Nativa no tenga Estatuto, en la constancia jurada deberá indicarse que el quórum fue verificado y calculado de acuerdo a sus costumbres.

En el caso de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, en la constancia deberá indicarse que el quórum fue verificado y calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44º del Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas.

5.13 De la calificación de la validez de los acuerdos de Asamblea General:

412

Tomando como base el contenido de las actas y constancias, el Registrador calificará la convocatoria, quórum y mayoría teniendo en cuenta lo siguiente:

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

a) En la Asamblea General de Constitución o de Adecuación de las Rondas:

a.1) En el caso de las Rondas Campesinas subordinadas será de aplicación lo dispuesto en el Estatuto de la Comunidad, o, supletoriamente los artículos 42º, 44º y 46º del Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. a.2) En el caso de las Rondas Comunales, será de aplicación lo dispuesto en el Estatuto de la Comunidad Nativa y, de no existir éste, lo establecido por sus costumbres.

b) En el caso de la Asamblea General de Ronderos y Ronderas, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, serán de aplicación, en lo que corresponda, los artículos 44º y 46º del Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. La convocatoria se efectuará de conformidad con lo acordado en la Asamblea General de Pobladores.

5.14. De la aplicación de las constancias a otros órganos de las rondas

Las disposiciones contenidas en los numerales 5.11 y 5.12 resultan aplicables también para la acreditación de la convocatoria y quórum de las juntas o consejos directivos de las Rondas.

5.15. De la presentación de copias certificadas

Las actas a que se refieren los numerales 5.6 al 5.9, serán presentados al Registro en copia certificada por notario, juez de paz o fedatario de algún órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Asimismo, el fedatario de cualquier órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos podrá certificar la copia de la foja del Libro de Actas en la que conste la certificación de su apertura.

Para la inscripción de los acuerdos contenidos en las actas, es necesario que éstas contengan como mínimo la información siguiente: Para la inscripción de los acuerdos contenidos en actas, el Registrador verificará que en éstas se consignen como mínimo la información siguiente: el órgano que sesionó; la fecha y hora de inicio y conclusión de la sesión; el lugar de la sesión; el nombre completo de la persona que presidió la sesión y de la persona que actuó como secretario; tratándose de actas en las que consten procesos electorales

413

conducidos por órgano electoral o sesiones de juntas o consejos directivos u órganos similares, deberá constar el nombre de los integrantes del órgano electoral o consejo directivo que asistieron; los acuerdos con la indicación del número de votos con el que fueron aprobados, salvo que se haya aprobado por unanimidad, en cuyo caso bastará consignar dicha circunstancia; y, la firma de quien presidió la sesión y de quien actuó como secretario, y, en su caso, las demás firmas que deban constar en el acta conforme a las disposiciones legales, estatutarias, o a lo que acuerde el órgano que sesione.

6. RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, los Jefes de los Órganos Desconcentrados, el Tribunal Registral y los Registradores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

414

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

5.3. Ley de Justicia de Paz LEY DE JUSTICIA DE PAZ LEY Nº 29824 (Publicada el 3 de enero de 2012)

CONCORDANCIA: D.S. Nº 007-2013-JUS (Reglamento) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: (…) (…)

LEY DE JUSTICIA DE PAZ

TÍTULO I RÉGIMEN DEL JUEZ DE PAZ

CAPÍTULO II DEBERES, DERECHOS, FACULTADES Y PROHIBICIONES

(…)

Artículo 6º.- Facultades El juez de paz tiene la facultad de: (…) 8.

(…)

Solicitar el apoyo de otras instituciones del Estado y de las rondas campesinas para la ejecución de sus decisiones.

415

TÍTULO II COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO, EJECUCIÓN FORZADA Y DESPACHO (…)

CAPÍTULO III EJECUCIÓN FORZADA DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SENTENCIAS

(…)

Artículo 34º.- Apoyo de autoridades locales (…)

En caso de que no exista comisaría o alguna dependencia policial en el centro poblado donde se desempeña el juez de paz, esta obligación corresponde a las rondas campesinas, a los gobernadores y tenientes gobernadores o a quienes designen las autoridades de las comunidades campesinas y nativas.

Artículo 35º.- Sanciones comunitarias La ejecución de las sanciones comunitarias se realiza en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la gobernación, la tenencia de gobernación, la municipalidad distrital, la ronda campesina o la directiva comunal. El juez de paz debe coordinar en forma preventiva con las autoridades locales que corresponda, los servicios comunales que requieran ser atendidos a través de las sanciones comunitarias. (…)

CAPÍTULO IV DESPACHO DEL JUZGADO DE PAZ

(…)

Artículo 40º.- Local (…)

En los centros poblados en los que no existan municipalidades, pero cuenten con juzgado de paz, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas respectivas, deben facilitar un local para este propósito. (…) 416

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

TÍTULO V COORDINACIÓN CON ACTORES DE JUSTICIA COMUNITARIA Artículo 60º.- Coordinación en la administración de justicia En los centros poblados donde coexistan juzgados de paz con organizaciones comunales como las rondas campesinas, comunidades campesinas o comunidades nativas, deben trabajar coordinadamente para una adecuada administración de justicia de conformidad con el artículo 149º de la Constitución Política del Perú. Artículo 61º.- Apoyo a los juzgados de paz En los lugares donde no exista comisaría o delegación policial, las rondas campesinas coordinarán con los jueces de paz la ejecución de las sanciones comunitarias y los mandatos de comparecencia. En caso de no existir rondas campesinas, el apoyo corresponde a los gobernadores o tenientes gobernadores.

Artículo 62º.- Resolución de casos derivados de la justicia comunal Los jueces de paz resuelven los casos que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas les deriven, siempre que se encuentren dentro de su competencia. Artículo 63º.- Coordinación para la aplicación de sanciones comunitarias Las autoridades de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas y comunidades nativas, organizaciones e instituciones que brindan atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como las municipalidades podrán coordinar con los jueces de paz para la aplicación de sanciones comunitarias.

Artículo 64º.- Respeto a las decisiones de jueces de paz Las rondas campesinas y las autoridades de las comunidades campesinas o nativas deben respetar y hacer respetar las actas de conciliación y sentencias de los juzgados de paz. (…)

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418

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

5.3.1. Reglamento de la Ley Nº 29824 - Ley de Justicia de Paz REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29824 - LEY DE JUSTICIA DE PAZ DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-JUS (Publicado el 26 de junio de 2013) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que, la Primera Disposición Final de la Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz estableció que el Poder Ejecutivo aprobará el Reglamento de esta Ley mediante Decreto Supremo;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0085-2012-JUS, del 21 de marzo de 2012, se constituyó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el anteproyecto del Reglamento de la Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz; Que, el mencionado Grupo de Trabajo elaboró un anteproyecto del Reglamento de la Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual fue prepublicado en el portal institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de treinta (30) días naturales, con el fin de ponerlo en conocimiento de la comunidad en general, recibir sus comentarios y aportes e incorporarlos a la propuesta de Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú; los artículos 11º y 13º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el artículo 10º de la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual consta de siete (7) títulos, trece (13) capítulos y setenta y cinco (75) artículos, el cual forma parte integrante del presente Decreto Supremo. Artículo 2º.- Publicación El presente Decreto Supremo y el Reglamento aprobado deberán ser publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe).

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Artículo 3º.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Primera.- El Poder Judicial efectuará los requerimientos financieros al Tesoro Público y hará las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático que resulten necesarias, sin afectar las actividades de fortalecimiento de la Justicia de Paz previstas para el presente ejercicio 2013, a efectos del otorgamiento de los derechos del Juez de Paz contenidos en la ley y el presente Reglamento, en un plazo que no exceda los noventa (90) días computados desde de la vigencia del presente Reglamento. El pago a favor de los Jueces de Paz por concepto de servicios de exhortos y otras actuaciones a cargo de los respectivos juzgados es aplicable desde la vigencia del presente Reglamento, considerando los correspondientes fondos recaudados por el Poder Judicial. Segunda.- El Poder Judicial formula, aprueba y publica el Manual Explicativo de la Ley Nº 29824 y del presente Reglamento dentro de los noventa (90) días naturales contados desde de la vigencia del presente Reglamento. Tercera.- El Poder Judicial asignará recursos financieros, materiales y humanos a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz para la implementación integral de las disposiciones de la Ley Nº 29824 y del presente Reglamento. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Primera.- En los lugares en los que se haya creado uno o más Juzgados de Paz sin cumplir con las exigencias previstas en la ley y el presente Reglamento, las autoridades municipales, locales o comunales, están en la obligación de proporcionar el local máximo en el plazo de un (1) año, bajo responsabilidad.

Segunda.- A efectos de cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria de la Ley, el Poder Judicial, a través de las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia, prorrogará a cuatro (4) años el período de designación de los Jueces de Paz elegidos y seleccionados en los años 2011 y 2012. 420

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil trece. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA Ministro de Justicia y Derechos Humanos

421

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ (…)

TÍTULO II JUSTICIA DE PAZ

(…)

Artículo 5º.- Criterios para la decisión del Juez de Paz El Juez de Paz resuelve y concilia de acuerdo a su leal saber y entender, pudiendo emplear usos, costumbres y tradiciones locales, sin transgredir los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, así como las leyes vigentes si resulta necesario. (…)

Artículo 7º.- Apoyo a la Justicia de Paz 7.1 El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las demás instituciones públicas, así como las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas están obligados a colaborar con el Juez de Paz cuando éste lo requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones. (…)

(…)

TÍTULO IV PROCESOS ANTE EL JUZGADO DE PAZ

CAPÍTULO III SANCIONES COMUNITARIAS Y COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNALES

Artículo 37º.- Sanción comunitaria 37.1 El Juez de Paz está facultado para interponer sanciones comunitarias que tienen básicamente un carácter recuperador, educador y reparador.

37.2 La sanción comunitaria puede ser de diferente tipo: trabajo comunitario, reproche público, multa comunitaria, privación de participación en actividades 422

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

comunales, u otras contempladas en el derecho consuetudinario de la comunidad.

37.3 La sanción comunitaria se ejecutará dentro de su jurisdicción y no puede afectar los derechos fundamentales del sancionado. Artículo 38º.- Ámbito de aplicación de la sanción comunitaria Las sanciones comunitarias se llevarán a cabo dentro de la jurisdicción del Juzgado de Paz, siguiendo las costumbres del lugar y el criterio del Juez de Paz. La sanción no podrá afectar los derechos fundamentales del sancionado. Artículo 39º.- Modalidad de la sanción comunitaria El Juez de Paz coordinará anticipadamente con las autoridades e instituciones de la localidad para definir la modalidad de sanciones comunitarias que aplicará en su jurisdicción. Artículo 40º.- Criterios de graduación de la sanción comunitaria

40.1 El Juez de Paz graduará la sanción comunitaria teniendo en consideración la gravedad de la conducta reprobada, el perjuicio que ha causado, el número de personas perjudicadas y la intensidad con la que afecta la armonía comunal.

40.2 Al imponer la sanción comunitaria, el Juez de Paz considerará el estado de salud, la edad, la ocupación u oficio del sancionado, así como los demás factores que viabilicen su respectivo cumplimiento. 40.3 La sanción comunitaria no implicará que el sentenciado deje de realizar las tareas que le permiten obtener su propio sustento.

Artículo 41º.- Finalidad de la sanción comunitaria Cuando el sentenciado hubiera afectado derechos de terceros, el sancionado realizará, preferentemente, un servicio comunitario que genere la compensación por el daño causado. En los demás casos, la sanción buscará generar un beneficio para la comunidad.

Artículo 42º.- Vigilancia del cumplimiento de la sanción comunitaria La vigilancia del cumplimiento de las sanciones podrá ser delegada a las autoridades policiales, comunales o ronderas o a la institución que reciba al sentenciado para el cumplimiento de la sanción comunitaria. Artículo 43º.- Coordinación con la justicia comunitaria El Juez de Paz podrá derivar casos a la justicia comunitaria y podrá también aplicar el derecho consuetudinario, siempre que no vulnere los derechos fundamentales.

423

TÍTULO V JUZGADO DE PAZ CAPÍTULO I CREACIÓN, SUPRESIÓN Y NOMINACIÓN Artículo 44º.- Creación del Juzgado de Paz 44.1 En los centros poblados y en las comunidades campesinas o nativas que cuenten con ochocientas (800) o más habitantes podrá crearse un Juzgado de Paz.

44.2 Por excepción, y previa evaluación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, podrá crearse un Juzgado de Paz en centros poblados o comunidades campesinas o nativas que cuenten con menos población con el fin de que puedan acceder al servicio de justicia. Artículo 45º.- Solicitud de supresión de un Juzgado de Paz Una comunidad campesina o nativa puede solicitar la supresión del Juzgado de Paz si su presencia altera negativamente la organización comunal. Artículo 46º.- Conveniencia de instalar un Juzgado de Paz en una comunidad indígena Si una comunidad campesina o comunidad nativa solicita la creación de un Juzgado de Paz en su circunscripción, el Consejo Ejecutivo Distrital verificará previamente que la competencia material del Juzgado de Paz satisfaga realmente las expectativas de justicia de la población y no entre en conflicto con el sistema de normas y procedimientos que utiliza tradicionalmente la comunidad para la solución de sus conflictos. (…)

CAPÍTULO III HORARIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA

(…)

Artículo 53º.- Local del Juzgado de Paz (…)

53.2 En los centros poblados o comunidades campesinas o nativas que no cuenten con municipalidades, dicho local será proporcionado por sus autoridades locales o comunales. 424

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

53.3 El compromiso de proporcionar el local será asumido por la municipalidad, la autoridad del centro poblado o la comunidad campesina o nativa al momento de presentar la solicitud de creación del Juzgado de Paz. (…)

425

426

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

5.4. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DECRETO SUPREMO Nº 017-93-JUS (Publicado el 2 de junio de 1993)

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (Publicado el 20 de julio de 1993)

SECCIÓN SEGUNDA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL (...)

TÍTULO I ORGANOS JURISDICCIONALES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26º.- Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: (...) 5.

(....)

Los Juzgados de Paz.

Artículo 59º.- Apelación de Resoluciones

Las resoluciones de los juzgados de Paz son conocidas en grado de apelación por el Juez de Paz Letrado. Las emitidas por este último, por los Juzgados Especializados o Mixtos.

Las resoluciones emitidas por los Juzgados de Paz serán examinadas tomando en cuenta también las particularidades culturales y sociales, así como el criterio de justicia del Juez de Paz75.

[75]

Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28434, publicado el 28 de diciembre de 2004. Texto anterior a la modificación: “Apelación de Resoluciones Artículo 59º.- Las resoluciones de Juzgados de Paz Letrados y Juzgados de Paz, son conocidas en grado de apelación por los respectivos Juzgados Especializados o Mixtos. “

427

(...)

CAPÍTULO VI SALA PLENA DE LA CORTE SUPERIOR

Artículo 96º.- Funciones y Atribuciones: Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital: (...)

18.

(...)

Resolver en última instancia las apelaciones contra las sanciones de apercibimiento, multa o suspensión contra los Jueces Especializados o Mixtos, de Paz Letrado, de Paz, Auxiliares de Justicia, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial y las que imponga el Director de Administración del Poder Judicial; SECCIÓN CUARTA RÉGIMEN DE LOS MAGISTRADOS TÍTULO II CAPÍTULO ÚNICO REQUISITOS ESPECIALES

(...)

Artículo 183º.- Juez de Paz:

Para ser juez de Paz se requiere 1.

Ser mayor de treinta años;

3.

Haber cursado, cuando menos, instrucción primaria completa;

2. 4. 5.

Ser vecino de lugar donde ha de ejercer el cargo; Tener profesión u oficio conocidos; y

Conocer además del castellano, el idioma quechua o aymara o cualquier otro dialecto, si en el lugar donde va a actuar, predomina uno de ellos.

El Consejo Ejecutivo Distrital puede disponer que se prescinda de los requisitos señalados en los incisos 3) y 5), en caso de no encontrarse personas que los reúna. 428

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

5.5. Aprueban Hoja de Ruta de la justicia intercultural elaborada por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz APRUEBAN HOJA DE RUTA DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL ELABORADA POR LA COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE JUSTICIA INDÍGENA Y JUSTICIA DE PAZ RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 499-2012-P-PJ (Publicada el 22 de diciembre de 2012)

Lima, 17 de diciembre de 2012 VISTO:

El informe del Coordinador General del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial Nº 544-2012-GA-P-PI, del 27 de setiembre de 2012, referido a la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, la cual a su vez implica el establecimiento de algunos importantes consensos sobre la Justicia de Paz; CONSIDERANDO:

Primero.- Que es importante seguir desarrollando la posición institucional del Poder Judicial en su relación con la Justicia Especial, en un contexto de interculturalidad y de protección efectiva de los derechos de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas; Segundo.- Que para dichos efectos, se conformó la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, presidida por el Doctor Víctor Prado Saldarriaga creada mediante Resolución administrativa Nº 202-2011-P-PJ, del 11 de mayo del 2001;

Tercero.- Que dicha Comisión de trabajo tenía el propósito que sus integrantes desarrollen y monitoreen los componentes, acciones y tareas concretas de una hoja de ruta del Poder Judicial en su interrelación con la Justicia Indígena, tanto en lo referente al mutuo conocimiento de los sistemas de justicia a nivel sociológico y legal, a la coordinación entre sistemas de justicia y la resolución de conflicto entre ellos, y la articulación de estas labores con aquellas propias de la Justicia de Paz;

429

Cuarto.- Que, uno de los productos del trabajo de la Comisión sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz fue la elaboración de la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural elaborada en el año 2011;

Quinto.- Que estando a lo reseñado, resulta conveniente se tome en consideración lo estipulado en la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural elaborada por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz. De conformidad con las facultades previstas en el inciso 4 del artículo 76º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27465; SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural elaborada por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, con el propósito de continuar con la promoción y consolidación de un sistema de justicia intercultural, que responda a la realidad pluriétnica y cultural de nuestro país. Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y en la página web institucional del Poder Judicial para el cumplimiento de los fines de publicidad y transparencia respectivos. Artículo Tercero.- Trascribir la presente Resolución al Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial, al Centro de Investigaciones Judiciales, a la Oficina Nacional de Justicia de Paz, a las Presidencia de las Cortes Superiores del país; y a los interesados, para los fines pertinentes. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO Presidente

HOJA DE RUTA DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL

El Poder Judicial está decidido a promover y consolidar un sistema de justicia intercultural, que responda a la realidad pluriétnica y cultural de nuestro país. Para desarrollar ese objetivo institucional se han impulsado, en los últimos años, políticas y prácticas, jurisdiccionales y administrativas, a la vez que se han creado espacios de interacción con otras autoridades representativas de la justicia especial comunal y ronderil.

En tal contexto, mediante Resolución Administrativa Nº 150-2004-CE-PJ, se creó la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (Onajup), como un órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, entre los años 2009 y 2012, se inauguraron escuelas de justicia intercultural en los distritos judiciales de Amazonas,

430

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno y San Martín; además se convocó a cuatro congresos internacionales sobre justicia intercultural, en La Merced, Cajamarca, Huaraz y Lima.

En esta misma línea de acción, hacia finales de 2009, la Corte Suprema de Justicia adoptó el Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, reconociendo formalmente las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas; y, en julio de 2010, a través de la Resolución Administrativa Nº 266-2010-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo dispuso la adhesión del Poder Judicial a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, entre cuyos destinatarios se cuentan a las personas integrantes de comunidades indígenas.

Finalmente, en mayo de 2011, mediante Resolución Administrativa Nº 202-2011P-PJ, se creó la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz, la cual elaboró dos anteproyectos legislativos, uno sobre Justicia de Paz, el cual fue promulgado como Ley Nº 29824 en enero de 2012, y el otro sobre Coordinación Intercultural de la Justicia, que está actualmente en debate en el Congreso de la República. Sobre estos antecedentes, el Poder Judicial proyecta ahora una hoja de ruta, que contiene sus más inmediatos compromisos y acciones, para fortalecer en los próximos años la justicia intercultural en el Perú. 1.-

Ruta de la justicia intercultural



El desarrollo y la consolidación de un sistema de justicia intercultural en el Perú deben tener especial cuidado en no limitar derechos constitucionales, afectar prácticas originarias o propias, así como avalar niveles o ideologías de subordinación.

2.-

3.-

Comunicación entre los sistemas de justicia

El Poder Judicial debe ejercer y fomentar una práctica de acercamiento permanente con los administradores y usuarios de la jurisdicción especial comunal y ronderil, por tanto les brindará oportunamente el apoyo que le sea requerido, practicará con ellos el intercambio mutuo de experiencias y conocimientos; reconociendo, además, plena validez a sus instrumentos de resolución de controversias o comunicación de decisiones. Reestructuración de la Oficina Nacional de Justicia de Paz

Creación de una Dirección Nacional de Justicia Intercultural, reestructurando para ello la Oficina Nacional de Justicia de Paz, la cual se denominará en adelante Oficina Nacional de Justicia Indígena y Justicia de Paz.

431

La Dirección Nacional de Justicia Intercultural tiene como objetivo funcional esencial contribuir al reconocimiento e interacción de los sistemas de justicia que operan en el país. Para el cumplimiento de ese objetivo le corresponde a esta Dirección: a)

b) c) d) e) f) g) h) i)

Integrar y coordinar los distintos programas y órganos del sistema judicial que desarrollan acciones de promoción de la interculturalidad, a nivel local, regional y nacional.

Promover la investigación científica y la sistematización de los conocimientos sobre los sistemas de justicia que operan en el país. Formular políticas que activen vías de coordinación y colaboración entre los sistemas de justicia.

Facilitar, coordinar y monitorear la interacción de los sistemas de justicia del país. Proponer mejoras o reformas al proceso de interacción de los sistemas de justicia. Impulsar la realización de plenos interculturales entre autoridades de los sistemas de justicia a fin de definir mejores prácticas de interacción.

Desarrollar programas de colaboración y capacitación para las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, relacionados con las prácticas de la justicia intercultural. Promover programas de formación sobre justicia intercultural para los operadores del Poder Judicial, a nivel local, regional y nacional.

Desarrollar programas de sensibilización para la tutela judicial efectiva de ancianos, mujeres y niños que pertenecen a los núcleos sociales que integran las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.

Para la planificación e implementación de cada una de estas actividades, la Dirección Nacional de Justicia Intercultural impulsará y suscribirá acuerdos o convenios con instituciones públicas y privadas, afines al cumplimiento de sus objetivos.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

4.-

Formación intercultural sobre los sistemas de justicia

5.-

Planeamiento para la adecuada gestión administrativa de los programas sobre justicia intercultural





6.-

7.-

Propiciar espacios de información, formación e investigación sobre la justicia intercultural, a través de módulos de capacitación especializada, a aplicarse en la Academia de la Magistratura (AMAG) e instituciones universitarias del país.

El planeamiento de las actividades administrativas del Poder Judicial, incluyendo las que realizan la Gerencia General del Poder Judicial, las Administraciones de las Cortes Superiores y las propias de gestión del despacho judicial, deberán considerar aspectos relativos al desarrollo de la justicia intercultural, incluyendo la realización de acciones de capacitación del personal administrativo en los principios básicos de la interculturalidad vinculada al servicio de justicia. Observatorio de justicia intercultural

Creación e implementación de un observatorio estratégico, dotado de órganos e instrumentos técnicos para el diagnóstico y seguimiento de los programas y acciones que resulten adecuados para la consolidación de un enfoque intercultural de la justicia en el Perú.

La información que proporcione el uso de estas herramientas alimentará propuestas jurisprudenciales, administrativas y/o legislativas para la prevención y solución de posibles conflictos entre los sistemas de justicia. Articulación con la justicia de paz

La Justicia de Paz es la instancia básica del Poder Judicial. Los jueces de paz actúan sobre todo en zonas rurales, donde a menudo coinciden funcionalmente con instituciones de la justicia especial comunal. Por tanto, se debe consolidar la articulación funcional y práctica entre estas dos instituciones del sistema de justicia intercultural, para asegurar su actuación conjunta y eficiente.

433

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6 Salud

436

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

6.1. Ley General de Salud LEY GENERAL DE SALUD LEY Nº 2684276 77 (Publicada el 20 de julio de 1997)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la ley siguiente: (…)

LEY GENERAL DE SALUD

TÍTULO PRELIMINAR

(…)

XVII. (…)

La promoción de la medicina tradicional es de interés y atención preferente del Estado.

[76] Véase, además, los siguientes dispositivos legales relacionados con el tema: Resolución Ministerial Nº 598-2005-MINSA, Aprueban “Norma técnica para la atención de pacto vertical con adecuación intercultural”, publicada el 5 de agosto de 2005. Resolución Ministerial Nº 797-2007-MINSA, Aprueban la “Guía Técnica: Relacionamiento para casos de interacción con indígenas en aislamiento o en contacto reciente”, publicada el 27 de setiembre de 2007. Resolución Ministerial Nº 798-2007-MINSA, Aprueban la “Guía Técnica: Atención de salud a indígenas en contacto reciente y en contacto inicial en riesgo de alta morbimortalidad”, publicada el 27 de setiembre de 2007. Resolución Ministerial Nº 799-2007-MINSA, Aprueban "Norma Técnica de Salud: Prevención, contingencia ante el contacto y mitigación de riesgos para la salud en escenarios con presencia de indígenas en aislamiento y en contacto reciente", publicada el 27 de setiembre de 2007. (*) (*)

Todas estas normas y guías técnicas se pueden encontrar en el portal oficial web del Ministerio de Salud, sito: www.minsa.gob.pe

[77] Por otro lado, también, téngase presente el siguiente informe: La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado. Informe Defensorial Nº 134. Defensoría del Pueblo: Lima, 2008. Disponible en: http:// www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=20&v=2311

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7 Educación

440

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

7.1. Ley General de Educación LEY GENERAL DE EDUCACIÓN LEY Nº 2804478 (Publicada el 29 de julio de 2003)

CONCORDANCIA: D.S. Nº 011-2012-ED EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: (…)

(…)

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

TÍTULO II UNIVERSALIZACIÓN, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO IV LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

(…)

Artículo 19º.- Educación de los pueblos indígenas De conformidad con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la Constitución Política y la presente ley, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto

[78] Véase, además, la Resolución Ministerial Nº 0008-2012-ED, publicada el 10 de enero de 2012, mediante la cual se crea el Registro Nacional de Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe del Perú a cargo de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, dependiente del Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación; y, se aprueba la “Directiva que establece los Procedimientos para la Identificación, Reconocimiento y Registro de las Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe - EIB”.

441

de la comunidad nacional. Para ello establece programas especiales que garanticen igualdad de oportunidades y equidad de género en el ámbito rural y donde sea pertinente. CONCORDANCIA:

(…)

442

R.S. Nº 0122-2007-ED

8 Uso y aprovechamiento de Recursos Naturales

444

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

8.1. Ley Forestal y de Fauna Silvestre LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY Nº 29763 (Publicada el 22 de julio de 2011)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

(…)

SECCIÓN SEGUNDA GESTIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

(…)

TÍTULO II ACCESO AL APROVECHAMIENTO EN ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

(…)

CAPÍTULO III OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN TIERRAS DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Artículo 65º.- Exclusividad en el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales por parte de las comunidades Se reconoce la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre por parte de las comunidades campesinas y nativas dentro de sus tierras tituladas o cedidas en uso.

445

Artículo 66º.- Permisos de aprovechamiento forestal en tierras de comunidades nativas y campesinas Para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en tierras de comunidades nativas y campesinas, sean tituladas, posesionadas o bajo cesión en uso, la comunidad solicita permiso de aprovechamiento a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal y el plan de manejo. Dicha acta acredita la representatividad del solicitante y el acuerdo del plan de manejo. Para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el plan de manejo se basa en la zonificación interna aprobada por la asamblea comunal. En esta zonificación se determina el área destinada a producción permanente de madera o bosque comunal de producción.

No requiere ningún permiso el aprovechamiento para uso doméstico, autoconsumo o fines de subsistencia ni para actividades de ecoturismo.

El reglamento establece las condiciones para el otorgamiento de permisos de acuerdo a la intensidad de uso, así como la escala apropiada que no requiere permiso de aprovechamiento. (…)

SECCIÓN TERCERA GESTIÓN DE FAUNA SILVESTRE TÍTULO I ASPECTOS GENERALES

(…)

Artículo 86º.- Planes e instrumentos de gestión de fauna silvestre La autoridad regional forestal y de fauna silvestre aprueba planes e instrumentos de gestión. Estos planes e instrumentos pueden ser de manejo para áreas e instalaciones, de manejo de fauna, de conservación y aprovechamiento sostenible de especies clave, de reintroducción, de repoblamiento, de captura o colecta para plantel reproductor, de caza comercial, de monitoreo y evaluación poblacional y de protocolo de liberación al medio silvestre. Asimismo, calendarios regionales de caza comercial, calendarios regionales de caza deportiva, lista de especies amenazadas y de especies no susceptibles al aprovechamiento de subsistencia, entre otros.

Todo aprovechamiento de fauna silvestre, con excepción del uso para autoconsumo de comunidades y pobladores rurales, cuenta con un plan de manejo aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre correspondiente o estar comprendido en el respectivo calendario de caza, según lo establezca el reglamento. Se requiere evaluaciones de impacto ambiental en los casos que así lo establezca el reglamento.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Se prohíbe el aprovechamiento del recurso fauna silvestre sin la debida autorización, salvo con fines de subsistencia de las comunidades campesinas y nativas y otras poblaciones rurales, para las cuales sea fuente tradicional de alimentación, según lo establezca el reglamento. La asamblea comunal aprueba los calendarios de caza comunales como instrumentos de gestión que son reconocidos automáticamente por la autoridad competente. Artículo 87º.- Pago por derecho de aprovechamiento de fauna silvestre (…)

Las comunidades campesinas y nativas y otras poblaciones rurales, para las cuales la fauna silvestre es fuente tradicional de alimentación, de uso doméstico o de autoconsumo, no pagan derecho de aprovechamiento. (…)

TÍTULO III ÁREAS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

(…)

Artículo 91º.- Áreas de manejo de fauna silvestre en predios privados y en predios de comunidades nativas o campesinas En territorios de comunidades nativas o campesinas, sea en tierras tituladas, posesionadas o cedidas en uso, así como en predios privados, a solicitud del titular, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga permisos para áreas de manejo de fauna silvestre. En el caso de estas comunidades, esta solicitud es aprobada de manera previa por la asamblea de la comunidad de acuerdo a la ley de la materia, su estatuto y sus usos y costumbres. (…)

TÍTULO VI CAZA

Artículo 102º.- Caza de subsistencia La caza de subsistencia es la que se practica exclusivamente para la subsistencia del cazador y de su familia. Está permitida solo a los integrantes de las comunidades campesinas y nativas. En el caso de los pobladores rurales, se realiza en ámbitos autorizados por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Las autoridades comunales, mediante acuerdos internos, regulan y administran el aprovechamiento de las especies de fauna silvestre en el ámbito de sus tierras

447

en función al número de habitantes, área de la comunidad y situación de la conservación de la fauna silvestre, respetando las regulaciones sobre especies amenazadas y asegurando la conservación del recurso, estableciendo un listado de especies susceptibles de ser empleadas para la caza para consumo doméstico fijando temporadas y cuotas, siendo este el instrumento de gestión reconocido por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. (…)

SECCIÓN CUARTA ECOSISTEMAS FORESTALES TÍTULO I MODALIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE

Artículo 109º.- Servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre Los beneficios provenientes del aprovechamiento económico de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre forman parte de los títulos habilitantes.

Los titulares de predios privados y las comunidades campesinas y nativas que no tengan título habilitante para tal aprovechamiento acceden a los beneficios de estos servicios a través de un permiso aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Para el acceso a los beneficios de los servicios de los ecosistemas provenientes de plantaciones forestales en predios privados o comunales, no se requiere permiso. (…)

SECCIÓN QUINTA PLANTACIONES FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES TÍTULO I GESTIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES

(…)

Artículo 113º.- Plantaciones en tierras privadas o comunales Las plantaciones forestales en tierras privadas o comunales no requieren autorización de ninguna autoridad. 448

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Sus frutos, productos o subproductos, sean madera u otros, son de propiedad de los titulares de dichas plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de aprovechamiento ni requieren plan de manejo.

Las plantaciones se inscriben consignando información de ubicación, superficie, especies, número de árboles y demostrando el derecho sobre el área de la plantación. La inscripción se realiza en el Registro Nacional de Plantaciones, conducido por el Serfor en forma descentralizada, a través de las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre, mediante un procedimiento simple, gratuito y automático. En tierras con aptitud forestal y de protección, los propietarios privados y las comunidades campesinas o nativas están prohibidos de deforestar para instalar plantaciones. (…)

TÍTULO II FINALIDAD DE LAS PLANTACIONES

(…)

Artículo 118º.- Criterios técnicos y evaluación del impacto ambiental El Serfor define los criterios técnicos para el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales en tierras del Estado.

Para el establecimiento de plantaciones forestales en tierras públicas, comunales o privadas, se requiere la aprobación de una evaluación de impacto ambiental en los casos que corresponda, según lo establece el reglamento de la presente Ley en concordancia con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. (…)

SECCIÓN SEXTA GESTIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. RÉGIMEN DE CONTROL TÍTULO I TRANSPORTE, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (…) 449

Artículo 121º.- Transporte, transformación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre (…)

El presente artículo no afecta los productos forestales o de fauna silvestre provenientes de actividades de uso doméstico, autoconsumo o fines de subsistencia debidamente autorizadas por la autoridad comunal. (…)

TÍTULO II PROMOCIÓN, FINANCIAMIENTO, CERTIFICACIÓN E INVERSIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Artículo 131º.- Promoción de las actividades forestales y de fauna silvestre El Estado promueve el desarrollo de las actividades forestales y de fauna silvestre a nivel nacional procurando su competitividad bajo un enfoque ecosistémico que genere mayores beneficios sociales y económicos. Las actividades de promoción consideran especialmente lo siguiente: (…) c.

(…)

Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales. En comunidades campesinas y nativas, se promueven proyectos de reforestación, restauración, servicios ambientales, bionegocios y manejo forestal comunitario con fines ambientales y comerciales.

Artículo 134º.- Financiamiento de las actividades forestales y de fauna silvestre Las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silvestre registrables pueden ser objeto de hipoteca, fideicomisos o de constitución de otros derechos reales que se inscriben en el registro respectivo. Las plantaciones forestales inscritas en el Registro Nacional de Plantaciones conducido por el Serfor pueden ser objeto de hipoteca u otros derechos reales de garantía siguiendo el procedimiento previsto en la ley de la materia.

En caso de comunidades nativas y campesinas, estas modalidades de financiamiento son aprobadas previamente por la asamblea comunal. (…) 450

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

TÍTULO III INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y EDUCACIÓN (…)

Artículo 141º.- Educación y formación forestal y de fauna silvestre El Estado, ejerciendo su obligación educativa, promueve: (…) c.

(…)

La formación y capacitación de profesionales y técnicos de la administración pública y de las comunidades campesinas y nativas y de los actores del sector privado vinculados a la materia para asegurar acceso equitativo a las oportunidades de ejercicio técnico y profesional.

Para tales efectos, el Estado: (…) 4.

(…)

Promueve y ejecuta, con participación de los pueblos indígenas, al amparo del Convenio 169 de la OIT, a favor de éstos, asistencia técnica, programas y otras iniciativas interculturales de formación profesional y técnica en materia forestal y de fauna silvestre. TÍTULO V RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL

(…)

Artículo 147º.- Acciones de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre (…)

Los gobiernos regionales, dentro de su ámbito y en coordinación con los gobiernos locales y la sociedad civil -incluyendo a las comunidades campesinas y nativas-, establecen estrategias para la prevención de la tala y comercio ilegal de la madera. Artículo 148º.- Monitoreo, control y vigilancia comunales En el interior de las comunidades, sus miembros realizan actividades de monitoreo, control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades comunales, en coordinación con la autoridad regional forestal

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y de fauna silvestre, otras entidades públicas responsables y las organizaciones campesinas y nativas. Los miembros de la comunidad designados por la asamblea comunal, y registrados ante la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, pueden constituirse como comités de vigilancia y control forestal comunitario, actuando en su ámbito como custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.

En su calidad de custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, los comités pueden intervenir los productos forestales y de fauna silvestre hallados o transportados en el interior de su comunidad, para luego informar a la dependencia más cercana de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sobre cualquier eventual incumplimiento de la normativa forestal y de fauna silvestre que hayan detectado, a efectos de que dicha autoridad realice las investigaciones necesarias. La forma de organización de los comités de vigilancia y control forestal comunitario se rige por el estatuto y reglamentos internos de la comunidad.

Para los fines del presente artículo, los comités de vigilancia y control forestal comunitario pueden solicitar el inmediato auxilio a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, según corresponda, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las autoridades competentes del sector forestal. Fuera de las tierras comunales, las organizaciones indígenas, comunidades y población local participan en el control de los recursos forestales y de fauna silvestre como parte de los comités de gestión forestal y de fauna silvestre.

En atención a las tareas de control que estas desarrollan, el Estado promueve la participación de las comunidades campesinas y nativas en los beneficios generados a partir de los proyectos sobre conservación de bosques. (…) (…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

DUODÉCIMA.- Lo dispuesto en el Título IV de la Sección Segunda de la presente Ley es aplicable, en lo que corresponde, a poblaciones indígenas asentadas en la Amazonía y constituidas como comunidades campesinas. (…)

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9 Identidad étnica y cultural

454

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

9.1. Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS LEY Nº 27811 (Publicada el 10 de agosto de 2002)

CONCORDANCIAS: Ley Nº 28296, 2da. Disp. Final D.S. Nº 002-2009-MIMDES D.S. Nº 031-2009-PCM EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS TÍTULO I DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE SUS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS

Artículo 1º.- Reconocimiento de derechos El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos. TÍTULO II DE LAS DEFINICIONES

Artículo 2º.- Definiciones Para los efectos del presente dispositivo se entenderá por:

455

a)

b)

c)

d)

e)

456

Pueblos indígenas.- Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las comunidades campesinas y nativas.

La denominación “indígenas” comprende y puede emplearse como sinónimo de “originarios”, “tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos” u otros vocablos. Conocimiento colectivo.- Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica.

El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo.

Consentimiento informado previo.- Autorización otorgada, dentro del marco del presente régimen de protección, por la organización representativa de los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo, de conformidad con las normas por ellos reconocidas, para la realización de determinada actividad que implique acceder y utilizar dicho conocimiento colectivo, previo suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el valor del mismo.

Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos.- Acuerdo expreso celebrado entre la organización representativa de los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo y un tercero que incorpora términos y condiciones sobre el uso de dicho conocimiento colectivo. Estos contratos pueden constituir un anexo al contrato mencionado en el Artículo 34º de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece un Régimen Común sobre acceso a los recursos genéticos.

Recursos biológicos.- Recursos genéticos, organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

TÍTULO III DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN Artículo 3º.- Ámbito de protección de la norma El presente dispositivo establece un régimen especial de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.

Artículo 4º.- Excepciones al régimen El presente régimen no afectará el intercambio tradicional entre pueblos indígenas de los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen. TÍTULO IV DE LOS OBJETIVOS

Artículo 5º.- Objetivos del régimen Son objetivos del presente régimen: a)

b) c) d) e)

f)

Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos.

Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad. Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas.

Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente, en el marco del presente régimen.

Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y nivel inventivo de dichas invenciones. TÍTULO V DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6º.- Condiciones para el acceso a los conocimientos colectivos Los interesados en acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicación científica, comercial e industrial deberán solicitar el consentimiento informado

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previo de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que posean un conocimiento colectivo.

La organización representativa de los pueblos indígenas, cuyo consentimiento informado previo haya sido solicitado, deberá informar que está entrando en una negociación al mayor número posible de pueblos indígenas poseedores del conocimiento y tomar en cuenta sus intereses e inquietudes, en particular aquellas vinculadas con sus valores espirituales o creencias religiosas.

La información que proporcione se limitará al recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo objeto de la negociación en curso, en salvaguarda de los intereses de la contraparte en mantener secretos los detalles de la negociación.

Artículo 7º.- Acceso con fines de aplicación comercial o industrial En caso de acceso con fines de aplicación comercial o industrial, se deberá suscribir una licencia donde se prevean condiciones para una adecuada retribución por dicho acceso y se garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados del mismo. Artículo 8º.- Porcentaje destinado al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Se destinará un porcentaje no menor al 10% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos desarrollados a partir de un conocimiento colectivo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se refieren los Artículos 37º y siguientes. Las partes podrán acordar un porcentaje mayor, en función del grado de utilización o incorporación directa de dichos conocimientos en el producto final resultante, el grado de aporte de dichos conocimientos a la reducción de los costos de investigación y desarrollo de los productos derivados, entre otros.

Artículo 9º.- Rol de las generaciones presentes Las generaciones presentes de los pueblos indígenas preservan, desarrollan y administran sus conocimientos colectivos en beneficio propio y de las generaciones futuras. Artículo 10º.- Naturaleza colectiva de los conocimientos Los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen son aquellos que pertenecen a un pueblo indígena y no a individuos determinados que formen parte de dicho pueblo. Pueden pertenecer a varios pueblos indígenas.

Estos derechos son independientes de aquellos que puedan generarse al interior de los pueblos indígenas y para cuyo efecto de distribución de beneficios podrán apelar a sus sistemas tradicionales. 458

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Artículo 11º.- Conocimientos colectivos y patrimonio cultural Los conocimientos colectivos forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Artículo 12º.- lnalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos Por ser parte de su patrimonio cultural, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos colectivos son inalienables e imprescriptibles.

Artículo 13º.- Conocimientos colectivos que están en el dominio público A efectos del presente régimen, se entenderá que un conocimiento colectivo se encuentra en el dominio público cuando haya sido accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas, a través de medios de comunicación masiva, tales como publicaciones, o cuando se refiera a propiedades, usos o características de un recurso biológico que sean conocidos masivamente fuera del ámbito de los pueblos y comunidades indígenas.

En los casos en que estos conocimientos hayan entrado en el dominio público en los últimos 20 años, se destinará un porcentaje del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos desarrollados a partir de estos conocimientos colectivos, al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se refieren los Artículos 37º y siguientes. Artículo 14º.- Representantes de los pueblos indígenas Para efectos de este régimen, los pueblos indígenas deberán ser representados a través de sus organizaciones representativas, respetando las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas. TÍTULO VI DE LOS REGISTROS DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 15º.- Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas podrán ser inscritos en tres tipos de registros: a)

b) c)

Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas. 459

El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas estarán a cargo del Indecopi.

Artículo 16º.- Objeto de los Registros de Conocimientos Colectivos Los Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas tienen por objeto, según sea el caso: a)

b)

Preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y sus derechos sobre ellos; y

Proveer al Indecopi de información que le permita la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, con relación a sus conocimientos colectivos.

Artículo 17º.- Carácter del Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas contendrá los conocimientos colectivos que se encuentran en el dominio público.

El Indecopi deberá registrar los conocimientos colectivos que están en el dominio público en el Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Artículo 18º.- Carácter del Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas El Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas no podrá ser consultado por terceros.

Artículo 19º.- Registro a solicitud de los pueblos indígenas Cada pueblo, a través de su organización representativa, podrá inscribir ante el Indecopi, en el Registro Nacional Público o en el Registro Nacional Confidencial, los conocimientos colectivos que posea.

Artículo 20º.- Solicitudes de registro de conocimientos colectivos Las solicitudes de registro de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas se presentarán ante el Indecopi, a través de sus organizaciones representativas, y deberán contener: a)

Identificación del pueblo indígena que solicita el registro de sus conocimientos;

c)

Indicación del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo, pudiendo utilizarse el nombre indígena;

b)

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Identificación del representante;

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d)

Indicación del uso o usos que se dan al recurso biológico en cuestión;

f)

Acta en la que figura el acuerdo de registrar el conocimiento por parte del pueblo indígena.

e)

Descripción clara y completa del conocimiento colectivo objeto de registro; y

La solicitud deberá ser acompañada de una muestra del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo objeto de registro. En aquellos casos en que la muestra sea de difícil transporte o manipulación, el pueblo indígena que solicita el registro podrá requerir al Indecopi que le exima de la presentación de dicha muestra y le permita presentar, en su lugar, fotografías en las que se puedan apreciar las características del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo. Dicha muestra, o en su caso, dichas fotografías, deberán permitir al Indecopi identificar de manera fehaciente el recurso biológico en cuestión y hacer constar en el expediente el nombre científico del mismo. Artículo 21º.- Trámite de la solicitud El Indecopi verificará, en el plazo de diez (10) días de presentada la solicitud, que la misma consigne todos los datos especificados en el artículo anterior.

En caso de que se haya producido alguna omisión, notificará al pueblo indígena que solicita el registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6) meses, prorrogables a su solicitud, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud. Una vez que el Indecopi haya verificado que la solicitud consigne todos los datos especificados en el artículo anterior, procederá a registrar el conocimiento colectivo en cuestión.

Artículo 22º.- Envío de representantes del Indecopi Para facilitar el registro de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, el Indecopi podrá enviar representantes debidamente acreditados a los diferentes pueblos indígenas con el fin de recabar la información necesaria para dar trámite a las solicitudes de registro que deseen presentar.

Artículo 23º.- Obligación del Indecopi de enviar la información contenida en el Registro Nacional Público a las principales Oficinas de Patentes del mundo Con el fin de objetar solicitudes de patente en trámite, cuestionar patentes concedidas o influir en general en el otorgamiento de patentes relacionadas con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el Indecopi deberá enviar la información contenida en el Registro Nacional Público, a las principales Oficinas de Patentes del mundo, a efectos de que sea tomada en cuenta como antecedente en el examen de novedad y nivel inventivo de las solicitudes de patente.

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Artículo 24º.- Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Los pueblos indígenas podrán organizar Registros Locales de Conocimientos Colectivos, de conformidad con sus usos y costumbres. El Indecopi prestará asistencia técnica para la organización de estos registros, a solicitud de los pueblos indígenas. TÍTULO VII DE LAS LICENCIAS

Artículo 25º.- Inscripción obligatoria de contratos de licencia Los contratos de licencia deberán inscribirse en un registro que para estos efectos llevará el Indecopi. Artículo 26º.- Obligatoriedad de forma escrita de los contratos de licencia La organización representativa de los pueblos indígenas que poseen un conocimiento colectivo podrá otorgar a terceras personas licencias de uso de dicho conocimiento colectivo sólo mediante contrato escrito, en idioma nativo y castellano, y por un plazo renovable no menor de un año ni mayor de 3 años. Artículo 27º.- Contenido del contrato de licencia A efectos del presente régimen, los contratos deberán contener por lo menos las siguientes cláusulas: a)

Identificación de las partes.

c)

El establecimiento de las compensaciones que recibirán los pueblos indígenas por el uso de su conocimiento colectivo. Estas compensaciones incluirán un pago inicial monetario u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y un porcentaje no menor del 5% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos desarrollados directa e indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de ser el caso.

b)

d) e)

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Descripción del conocimiento colectivo objeto del contrato.

El suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento colectivo y, de ser el caso, el valor del mismo. La obligación del licenciatario de informar periódicamente, en términos generales, al licenciante acerca de los avances en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos colectivos objeto de la licencia.

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f)

La obligación del licenciatario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas en relación con sus conocimientos colectivos vinculados a los recursos biológicos.

En caso de que en el contrato se pacte un deber de reserva, el mismo deberá constar expresamente. El Indecopi no registrará los contratos que no se ajusten a lo establecido en este artículo. Artículo 28º.- Solicitudes de registro de contrato de licencia. Confidencialidad del contrato Las solicitudes de registro de un contrato de licencia que se presenten ante el Indecopi deberán contener: a)

b) c)

d)

Identificación de los pueblos indígenas que son parte en el contrato y de sus representantes; Identificación de las demás partes en el contrato y de sus representantes. Copia del contrato; y

Acta en la que figura el acuerdo de celebrar el contrato de licencia por parte de los pueblos indígenas que son parte en el contrato.

El contrato no podrá ser consultado por terceros, salvo con autorización expresa de ambas partes. Artículo 29º.- Trámite de la solicitud El Indecopi verificará, en el plazo de diez (10) días de presentada la solicitud, que la solicitud consigne todos los datos especificados en el artículo anterior.

En caso de que se haya producido alguna omisión, notificará a quien solicita el registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6) meses, prorrogables a su solicitud, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud. Artículo 30º.- Verificación del contenido del contrato A efectos de inscribir una licencia, el Indecopi, dentro del plazo de treinta (30) días de presentada la solicitud, verificará si se cumplen las cláusulas mencionadas en el Artículo 27º.Artículo 31º.- Información adicional acerca del impacto ambiental El Indecopi, a solicitud de parte, o de oficio, solicitará información adicional, en aquellos casos en que considere que exista el riesgo de afectar el equilibrio ambiental

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en los territorios que habitan los pueblos indígenas como consecuencia del contrato cuyo registro se solicita. El registro del contrato será denegado de verificarse dicho riesgo y en caso de que las partes no se comprometan a tomar las medidas necesarias para evitarlo, a satisfacción de la Autoridad Nacional Competente en materia de medio ambiente. Artículo 32º.- Alcance de las licencias de uso La licencia de uso de conocimiento colectivo de un pueblo indígena no impedirá a otros utilizarlo ni otorgar licencias sobre este mismo conocimiento. Esta licencia tampoco afectará el derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir utilizando y desarrollando conocimientos colectivos. Artículo 33º.- Prohibición de conceder sublicencias Sólo se podrán conceder sublicencias con autorización expresa de la organización representativa de los pueblos indígenas que otorga la licencia. TÍTULO VIII DE LA CANCELACIÓN DE REGISTRO Artículo 34º.- Causales de cancelación de registro El Indecopi podrá cancelar, de oficio o a solicitud de parte, un registro de conocimiento colectivo o de licencia de uso, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: a)

b)

Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones del presente régimen.

Se compruebe que los datos esenciales contenidos en la solicitud son falsos o inexactos.

Las acciones de cancelación que se deriven del presente artículo podrán iniciarse en cualquier momento. Artículo 35º.- Solicitud de cancelación de registro La solicitud de cancelación de registro deberá consignar o adjuntar, según el caso, lo siguiente: a)

Identificación de quien solicita la cancelación;

c)

Registro materia de la cancelación;

b) d)

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Identificación del representante o apoderado, de ser el caso; Indicación del fundamento legal de la acción;

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e)

Pruebas que acrediten las causales de cancelación invocadas;

g)

En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios; y,

f)

h)

Domicilio donde se notificará al titular del registro cuya cancelación se solicita; Copias de la solicitud y sus recaudos para el titular del registro.

Artículo 36º.- Trámite de la solicitud La solicitud de cancelación se trasladará al titular del registro, a quien se le concederá un plazo de treinta (30) días para hacer su descargo. Luego de este plazo, el Indecopi resolverá con o sin la contestación respectiva. TÍTULO IX DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Artículo 37º.- Objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Créase el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas con el objeto de contribuir al desarrollo integral de los pueblos indígenas a través del financiamiento de proyectos y otras actividades. Este Fondo gozará de autonomía técnica, económica, administrativa y financiera.

Artículo 38º.- Acceso a los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas Los pueblos indígenas tienen derecho a acceder a los cursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de sus organizaciones representativas y por medio de proyectos de desarrollo, previa evaluación y aprobación del Comité Administrador. Artículo 39º.- Administración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será administrado por 5 representantes de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y 2 representantes de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, los mismos que conformarán el Comité Administrador.

Este Comité deberá utilizar, en la medida de lo posible, los mecanismos tradicionalmente empleados -por los pueblos indígenas- para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente.

El Comité Administrador deberá informar trimestralmente a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas sobre los recursos recibidos. 465

Artículo 40º.- Obligación de presentar declaraciones juradas de los miembros del Comité Administrador Los miembros del Comité Administrador, al momento de asumir sus cargos y anualmente, deberán presentar a la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, una declaración jurada de bienes y rentas. Artículo 41º.- Recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se obtendrán del Presupuesto Público, de la cooperación técnica internacional, de donaciones, del porcentaje de los beneficios económicos a que se refieren los Artículos 8º y 13º, de las multas a que se refiere el Artículo 62º, así como de otros aportes. TÍTULO X DE LA PROTECCIÓN QUE CONFIERE ESTE RÉGIMEN Artículo 42º.- Derechos de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos El pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal conocimiento colectivo sin su consentimiento y de manera desleal, en la medida en que este conocimiento colectivo no se encuentre en el dominio público.

Asimismo, estará protegido contra la divulgación sin autorización en caso de que un tercero haya tenido acceso legítimamente al conocimiento colectivo pero con deber de reserva.

Artículo 43º.- Acciones por infracción de derechos de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos pueden interponer acción por infracción contra quien infrinja los derechos que se precisan en el artículo anterior. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que estos derechos puedan ser infringidos. Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión del Indecopi.

Artículo 44º.- Inversión de la carga de la prueba En los casos en que se alegue una infracción a los derechos de un pueblo indígena poseedor de determinado conocimiento colectivo, la carga de la prueba recaerá en el denunciado.

Artículo 45º.- Acciones reivindicatorias e indemnizatorias Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos podrán iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que les confiera la legislación vigente contra el tercero que, de manera contraria a lo establecido en este régimen, hubiere utilizado, directa o indirectamente, dichos conocimientos colectivos.

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Artículo 46º.- Solución de discrepancias entre pueblos indígenas Para solucionar las discrepancias que pudieran generarse entre los pueblos indígenas en el marco de aplicación de este régimen, tales como aquéllas relacionadas con el cumplimiento por parte del pueblo indígena que ha negociado un contrato de licencia de uso de sus conocimientos colectivos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 6º de la presente Ley, éstos podrán recurrir al derecho consuetudinario y a sus formas tradicionales de solución de conflictos, pudiendo contar con la mediación de una organización indígena superior. TÍTULO XI DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN Artículo 47º.- Contenido de la denuncia Los pueblos indígenas que deseen interponer una acción por infracción deberán presentar, a través de su organización representativa y ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, una solicitud que deberá contener: a)

b)

c)

d) e) f)

La identificación de la organización representativa de los pueblos indígenas que interponen la acción y de sus representantes; La identificación y domicilio de la persona que estuviere ejecutando la infracción;

La indicación del número de registro que ampara el derecho del pueblo indígena denunciante o, en su defecto, la descripción del conocimiento colectivo e indicación del recurso biológico sobre el cual versa el conocimiento colectivo materia de la acción; La descripción de los hechos constitutivos de la infracción, con indicación del lugar y de los medios utilizados o presumiblemente utilizados, y cualquier otra información relevante; La presentación u ofrecimiento de pruebas; y

La indicación expresa de la medida cautelar que se solicita.

Artículo 48º.- Trámite de la denuncia Una vez admitida a trámite la denuncia, se trasladará la misma al denunciado, a fin de que éste presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la notificación, vencido el cual la autoridad administrativa del Indecopi declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado. En el caso de los procedimientos de oficio, el plazo para la presentación de descargos correrá a partir de la fecha en la que la autoridad administrativa notifica al denunciado los hechos materia de investigación, así como la tipificación y descripción de la presunta

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infracción. La autoridad administrativa del Indecopi podrá realizar las inspecciones e investigaciones que considere necesarias, antes de enviar dicha comunicación. La notificación de la denuncia podrá efectuarse simultáneamente con la realización de una inspección, ya sea a pedido del denunciante o de oficio, en caso de que la autoridad administrativa del Indecopi considere que su actuación sea pertinente.

Artículo 49º.- Medidas cautelares En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la autoridad administrativa del Indecopi podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva: a)

La cesación de los actos materia de la acción;

c)

La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país y la salida del país de los productos desarrollados a partir del conocimiento colectivo materia de la acción;

b)

d) e)

El decomiso, el depósito o la inmovilización de los productos desarrollados a partir del conocimiento colectivo materia de la acción;

El cierre temporal del establecimiento del denunciado; y

Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto materia de la acción o que tenga como finalidad la cesación de éste.

La autoridad administrativa del Indecopi podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada.

El afectado por una medida cautelar podrá solicitar ante el Indecopi su modificación o levantamiento, si aporta nuevos elementos de juicio que lo justifiquen.

Artículo 50º.- Incumplimiento de la medida cautelar Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenada por la autoridad administrativa del Indecopi no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea la autoridad administrativa del Indecopi al emitir resoluciones finales. Dicha multa deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, se podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta que se cumpla la medida cautelar ordenada y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Las 468

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multas impuestas no impiden a la autoridad administrativa del Indecopi imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento.

Artículo 51º.- Conciliación En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, la autoridad administrativa competente del Indecopi podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la autoridad administrativa del Indecopi podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros. Artículo 52º.- Mecanismos alternativos de solución de conflictos En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, las partes podrán someterse a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros. Si las partes decidieran someterse a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio del Indecopi. En cualquier caso, la autoridad administrativa del Indecopi podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros. Artículo 53º.- Medios probatorios Las partes podrán ofrecer los siguientes medios probatorios: a)

Pericia;

c)

Inspección.

b)

Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y vídeo, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado; y,

Excepcionalmente podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a criterio de la autoridad administrativa competente, éstas revisten especial importancia para la resolución del caso.

Artículo 54º.- Inspección En caso de que fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por la autoridad administrativa competente del Indecopi. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado,

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su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.

Artículo 55º.- Auxilio de la Policía Nacional Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de las diligencias, la autoridad administrativa del Indecopi podrá requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación previa, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 56º.- Actuación de medios probatorios. Insuficiencia de pruebas Si de la revisión de la información presentada, la autoridad administrativa del Indecopi considera necesario contar con mayores elementos de juicio, notificará a las partes a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en el plazo que aquélla determine, o actuará las pruebas de oficio que considere necesarias. Las partes deberán absolver las observaciones por escrito, acompañando los medios probatorios que consideren convenientes. Artículo 57º.- Informe oral La autoridad administrativa del Indecopi pondrá en conocimiento de las partes que lo actuado se encuentra expedito para resolver. Las partes podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta, dentro del plazo de cinco (5) días. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la autoridad administrativa del Indecopi, según la importancia y trascendencia del caso. Artículo 58º.- Base de cálculo para las multas El monto de las multas que aplique la autoridad administrativa del Indecopi será calculado en base a la UIT vigente en el día del pago voluntario, o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza coactiva.

Artículo 59º.- Reducción de la multa La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. Artículo 60º.- Gastos por actuación de medios probatorios Los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán asumidos inicialmente por el Indecopi. En todos los casos, la resolución final determinará sí los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, y reembolsados al Indecopi, de manera adicional a la sanción que haya podido imponerse.

Artículo 61º.- Registro de sanciones El Indecopi llevará un registro de las sanciones aplicadas, con la finalidad de informar al público, así como para detectar casos de reincidencia.

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Artículo 62º.- Sanciones Las infracciones a los derechos de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos darán lugar a la aplicación de una sanción de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

Las multas que podrán establecerse serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada, teniendo en consideración el beneficio económico obtenido por el infractor, el perjuicio económico ocasionado a los pueblos y comunidades indígenas y la conducta del infractor a lo largo del procedimiento. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de tres (3) días con lo ordenado en la resolución que pone fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo precedente, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, se podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. TÍTULO XII DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y DEL CONSEJO ESPECIALIZADO EN LA PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS INDÍGENAS Artículo 63º.- Autoridad Nacional Competente La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecopi conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa. Artículo 64º.- Funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías Serán funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi: a)

b)

Llevar y mantener el Registro de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

Llevar y mantener el Registro de Licencias de Uso de Conocimientos Colectivos.

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c) d)

Evaluar la validez de los contratos de licencias sobre conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la opinión del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas. Ejercer las demás funciones que se le encargan mediante el presente dispositivo.

Artículo 65º.- Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas El Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas estará integrado por 5 (cinco) personas especializadas en el tema, 3 (tres) designadas por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y 2 (dos) designadas por la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, quienes asumirán el cargo de miembros de este Consejo de manera ad honórem. Artículo 66º.- Funciones del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas Serán funciones del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas: a)

Monitorear y hacer seguimiento de la aplicación de este régimen de protección;

c)

Emitir opinión en cuanto a la validez de los contratos de licencias sobre conocimientos colectivos de los pueblos indígenas;

b)

d) e)

Apoyar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, en el desempeño de sus funciones;

Brindar asesoría a los representantes de los pueblos indígenas que así lo soliciten en asuntos vinculados con este régimen, en particular, en la elaboración y ejecución de proyectos, en el marco de este régimen; y

Supervisar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, podrá exigir al Comité Administrador cualquier tipo de información relacionada con la administración del Fondo, ordenar inspecciones o auditorías, examinar sus libros, documentos y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus reuniones. La resolución que ordene la práctica de una auditoría deberá ser motivada. Estará facultada para imponerles sanciones, tales como la amonestación, la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones o la separación definitiva de sus cargos, en caso de que infrinjan las disposiciones del presente régimen o su reglamento, o que incurran en hechos que afecten los intereses 472

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de los pueblos y comunidades indígenas, sin perjuicio de las sanciones penales o de las acciones civiles que correspondan. TÍTULO XIII RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 67º.- Recurso de reconsideración Contra las resoluciones expedidas por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.

Artículo 68º.- Recurso de apelación Procede interponer recurso de apelación únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. No procede interponer recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia que imponen medidas cautelares o preventivas. Artículo 69º.- Sustento de recurso de apelación Los recursos de apelación se interpondrán cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo ser sustentados por ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Oficina deberá conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa. TÍTULO XIV PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 70º.- Trámite en segunda instancia Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 71º.- Medios probatorios e informe oral No se admitirán medios probatorios, salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal. Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.- Independencia de la legislación vigente en materia de propiedad intelectual Este régimen especial de protección es independiente de lo previsto en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los Decretos Legislativos Núms. 822 y 823 y en el Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI. SEGUNDA.- Presentación del contrato de licencia para obtener una patente de invención En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente en Perú, la autoridad competente solicitará una copia del contrato de licencia, como parte del procedimiento de concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentre en el dominio público. El incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente será causal de la imposición de sanciones establecidas en el artículo 120º-A del Decreto Legislativo Nº 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza dicho conocimiento colectivo.79 DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Conformación del Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas La designación de los miembros del Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estará a cargo de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Reglamento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas alcanzarán un proyecto de Reglamento al Comité de Administración del Fondo para el Desarrollo

[79] Disposición modificada por el Artículo 13º de la Ley Nº 29316, publicada el 14 de enero de 2009. Texto anterior a la modificación: “SEGUNDA.- Presentación del contrato de licencia como requisito para obtener una patente de invención En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante estará obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, a menos de que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio público. El incumplimiento de esta obligación será causal de denegación o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestión”.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

de los Pueblos Indígenas a que se contrae el Artículo 39º de la presente Ley, para su aprobación. Dicho Reglamento deberá regular la organización y funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el cual se determinará el monto o porcentaje máximo de los recursos del fondo que se podrá destinar a sufragar los gastos que irrogue su administración. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil dos. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil dos. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República LUIS SOLARI DE LA FUENTE Presidente del Consejo de Ministros

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10 Preservación de las lenguas originarias

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

10.1. Ley para la Educación Bilingüe Intercultural LEY PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL LEY Nº 2781880 (Publicada el 16 de agosto de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

Artículo 1º.- El Estado y el reconocimiento de la diversidad cultural El Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y fomenta la educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación diseñará el plan nacional de educación bilingüe intercultural para todos los niveles y modalidades de la educación nacional, con la participación efectiva de los pueblos indígenas en la definición de estrategias metodológicas y educativas, en lo que les corresponda.

Artículo 2º.- Plan Nacional de Educación Bilingüe El Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural deberá incorporar, la visión y el conocimiento indígenas. La educación para los pueblos indígenas debe ser igual en calidad, eficiencia, accesibilidad y en todos los demás aspectos previstos para la población en general. El Estado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a participar en la administración de los sistemas e instituciones estatales de educación bilingüe intercultural, así como en los centros y programas de preparación de maestros bilingües interculturales.

[80] Véase, además, el siguiente dispositivo legal relacionado con el tema: Resolución Directoral Nº 175-2005-ED, Lineamientos de Política de Educación Bilingüe Intercultural. Disponible en: www.minedu.gob.pe

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Artículo 3º.- Instituciones educativas Los pueblos indígenas, en coordinación con las instancias estatales competentes, tienen derecho a crear y controlar sus propias instituciones educativas y a desarrollarlas desde su visión, valores y conocimiento tradicional, sin perjuicio del derecho de los pueblos indígenas a acceder a la educación impartida por el Estado e instituciones privadas. El Estado establecerá los medios y recursos necesarios para este fin. Artículo 4º.- Docencia bilingüe Es deber del Ministerio de Educación promover en las instituciones educativas para los pueblos indígenas la incorporación, por nombramiento o contrato, de personal docente indígena hablante de la lengua del lugar donde ejercerán función docente, para un proceso efectivo de aprendizaje y preservación de los idiomas y las culturas indígenas, debiendo definir el perfil del docente de Educación Bilingüe Intercultural y autorizar a los centros capacitados para impartir dicha educación. Los docentes de Educación Bilingüe Intercultural deberán dominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como el castellano.

Artículo 5º.- Planes de estudio Es deber del Ministerio de Educación promover la elaboración y aplicación de planes de estudio y contenidos curriculares que reflejen la pluralidad étnica y cultural de la nación en todos los niveles educativos. Se prestará particular atención a las necesidades, intereses y aspiraciones de los pueblos indígenas en sus respectivas zonas.

Artículo 6º.- Medios de expresión y comunicación social Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de expresión y comunicación social y dar a conocer sus manifestaciones culturales, idiomas, necesidades y aspiraciones. Asimismo, el Estado promoverá prioritariamente el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación social que son estatales e incentivará lo propio frente a los órganos privados, a fin de asegurar el desarrollo y preservación de la diversidad cultural de la Nación. Artículo 7º.- Eliminación de la discriminación racial El Ministerio de Educación deberá adoptar las medidas necesarias para eliminar dentro del sistema educativo nacional y al interior de los centros educativos la discriminación, los prejuicios y los adjetivos que denigren a las personas integrantes de los pueblos indígenas. Las autoridades educativas promoverán la tolerancia, la comprensión, y la construcción de una relación de justicia entre los pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad.

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DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única.- La Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, en coordinación con el Comité Consultivo Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, elevará a la Alta Dirección del Ministerio de Educación, dentro del plazo de 90 días de publicada la presente ley, los lineamientos de política a ser incorporados en el plan nacional de educación. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil dos. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dos. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República LUIS SOLARI DE LA FUENTE Presidente del Consejo de Ministros GERARDO AYZANOA DEL CARPIO Ministro de Educación

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10.2. Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú LEY QUE REGULA EL USO, PRESERVACIÓN, DESARROLLO, RECUPERACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ LEY Nº 29735 (Publicada el 5 de julio de 2011)

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL USO, PRESERVACIÓN, DESARROLLO, RECUPERACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Objeto de la Ley 1.1 La presente Ley tiene el objeto de precisar el alcance de los derechos y garantías individuales y colectivas que, en materia lingüística, se establecen en el artículo 48º de la Constitución Política del Perú. 1.2

Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad, por tanto gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones.

Artículo 2º.- Declaración de interés nacional Declárase de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del país.

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Artículo 3º.- Definición de lenguas originarias Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Artículo 4º.- Derechos de la persona 4.1 Son derechos de toda persona: a)

Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva.

c)

Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.

b) d) e) f)

g) h) i)

Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística.

Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen. Mantener y desarrollar la propia cultura.

Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales.

Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito. Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad.

Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio peruano.

4.2 La titularidad individual de estos derechos no impide el ejercicio colectivo de los mismos. De igual modo, el ejercicio de estos derechos no está supeditado a la aprobación del Mapa Etnolingüístico del Perú o el establecimiento del Registro Nacional de Lenguas Originarias, a que se refieren los artículos 5º y 8º.CAPÍTULO II MAPA ETNOLINGÜÍSTICO DEL PERÚ

Artículo 5º.- Formulación 5.1 El Ministerio de Educación es responsable de elaborar, oficializar y actualizar periódicamente, mediante decreto supremo, el Mapa Etnolingüístico del

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Perú, como herramienta de planificación que permite una adecuada toma de decisiones en materia de recuperación, preservación y promoción del uso de las lenguas originarias del Perú.

5.2 El Mapa Etnolingüístico del Perú determina el número de comunidades campesinas o nativas que pertenecen a un grupo etnolingüístico. Para determinar el número de personas que hablan lenguas originarias, el Ministerio de Educación establece, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los procedimientos necesarios para realizar los análisis cualitativos y cuantitativos y determinar el carácter predominante de una lengua originaria. Artículo 6º.- Criterios

6.1 Para determinar el carácter predominante de una lengua originaria, son criterios cualitativos: a)

b) c)

Los vínculos históricos de un distrito, provincia o región, según sea el caso, con una lengua originaria. La identificación personal y social de los ciudadanos con una lengua originaria y su percepción de la misma como bien cultural.

El interés de la persona de emplear la lengua originaria como el mejor vehículo de expresión ciudadana.

6.2 De igual modo, son criterios cuantitativos: a)

b)

La concentración espacial de ciudadanos que hablan una lengua originaria en un distrito, una provincia o una región.

Los recursos humanos de los que se dispone en un distrito, una provincia o una región para implementar una lengua originaria como oficial.

6.3 El Ministerio de Educación pondera los criterios cualitativos y cuantitativos teniendo como principio general la extensión permanente de los derechos a la igualdad idiomática, la identidad y la dignidad cultural de todos los ciudadanos del país, el resguardo del principio que ampara la igualdad de oportunidad entre ellos y la eliminación de las desventajas derivadas de la discriminación a las lenguas originarias. Artículo 7º.- Zonas de predominio Son zonas de predominio, para efectos de lo dispuesto en el artículo 48º de la Constitución Política del Perú, el distrito, como unidad mínima, la provincia o la región.

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Artículo 8º.- Registro Nacional de Lenguas Originarias 8.1 El Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura (INC), implementa el Registro Nacional de Lenguas Originarias, en donde registra las lenguas originarias contenidas en el Mapa Etnolingüístico del Perú, especificando en qué ámbitos, distrital, provincial o regional, son predominantes.

8.2 Las lenguas originarias que se inscriben en el Registro Nacional de Lenguas Originarias constituyen Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. 8.3 En el Registro Nacional de Lenguas Originarias deben constar las lenguas extintas y aquellas que se encuentran en proceso de erosión o peligro de extinción. CAPÍTULO III IDIOMAS OFICIALES

Artículo 9º.- Idiomas oficiales Son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias en los distritos, provincias o regiones en donde predominen, conforme a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas Originarias.

Artículo 10º.- Carácter oficial El que una lengua originaria sea oficial, en un distrito, provincia o región, significa que la administración estatal la hace suya y la implementa progresivamente en todas sus esferas de actuación pública, dándole el mismo valor jurídico y las mismas prerrogativas que al castellano. Los documentos oficiales que emite constan tanto en castellano como en la lengua originaria oficial, cuando esta tiene reglas de escritura, teniendo ambos el mismo valor legal y pudiendo ser oponibles en cualquier instancia administrativa de la zona de predominio. CAPÍTULO IV PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ

Artículo 11º.- Política nacional 11.1 Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Su diseño, formulación e implementación cuenta con la participación de las organizaciones de representación de los pueblos originarios, andinos y amazónicos reconocidas. 486

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

11.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan deben concordarse con las políticas nacionales de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad; de Educación Intercultural y Bilingüe; y de Educación Rural. Asimismo, toman en cuenta los contextos socioculturales existentes a nivel regional y local. Artículo 12º.- Lineamientos de la política nacional

La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se sustenta en los siguientes lineamientos: a)

b) c)

d) e)

f)

g)

h)

Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son vehículos del patrimonio cultural inmaterial. La lengua es el fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural.

Las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios del Perú. Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos.

El Estado, a través de las instancias sectoriales correspondientes, garantiza la multifuncionalidad de las lenguas originarias y su calidad de patrimonio cultural inmaterial e integra su salvaguardia en los programas de planificación educativa, cultural y de investigación. El proceso de elaboración de políticas lingüísticas se realiza con la participación de las organizaciones de representación de los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto, aportando al desarrollo e implementación de la educación bilingüe intercultural en el Sistema Educativo Nacional.

El Estado asegura, a través de los programas estatales de educación primaria, secundaria y universitaria, el derecho de todas las personas a hablar una o más lenguas originarias; y el de quienes tienen como lengua materna una lengua originaria puedan aprender el castellano, sin que ello implique el reemplazo de una lengua por otra.

El Estado, a través de sus medios de comunicación, promueve y difunde programas en lenguas originarias, así como campañas orientadas a rescatar y revalorar las tradiciones, expresiones orales y patrimonio oral del país.

Artículo 13º.- Políticas regionales

13.1 Los gobiernos regionales, mediante ordenanza y dentro del marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad,

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aprueban sus propias políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Su diseño, formulación e implementación se realiza con el mismo procedimiento establecido para la política nacional.

13.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan, deben concordarse con las políticas regionales de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Artículo 14º.- Lenguas originarias en erosión y peligro de extinción

14.1 En el marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se deben identificar las causas que generan la erosión progresiva y la extinción del patrimonio oral, así como prever las medidas necesarias para evitar la pérdida definitiva de las lenguas originarias.

14.2 Las lenguas originarias en peligro de extinción reciben atención prioritaria en los planes, programas y acciones públicas de planificación lingüística, orientados a rescatar dichas lenguas.

14.3 El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y las universidades promueven y priorizan, la investigación y difusión de lenguas originarias en peligro de extinción. Artículo 15º.- Uso oficial

15.1 El Estado promueve el estudio de las lenguas originarias del Perú, procurando reforzar su uso en el ámbito público.

15.2 Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos implementan, de modo planificado y progresivo, políticas y programas de capacitación o contratación para que en las zonas del país donde una lengua originaria sea predominante sus funcionarios y servidores públicos, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú se puedan comunicar con suficiencia en esa lengua.

15.3 Las entidades públicas implementan progresivamente la publicación, en sus respectivas páginas web o portales, de las normas legales de su ámbito que incidan directamente en el quehacer de los integrantes de los pueblos originarios, en forma escrita y oral, en sus lenguas originarias; asimismo, difunden las normas que afectan derechos o establecen beneficios a favor de las comunidades, a través de los mecanismos orales o escritos, que resulten idóneos, según cada caso concreto. Artículo 16º.- Enseñanza El Estado garantiza y promueve la enseñanza de las lenguas originarias en la educación primaria, secundaria y universitaria, siendo obligatoria en las zonas en

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que son predominantes, mediante el diseño e implementación de planes, programas y acciones de promoción y recuperación de las lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Artículo 17º.- Medidas contra la discriminación El Estado implementa medidas efectivas que impidan la discriminación de las personas por el uso de las lenguas originarias.

Artículo 18º.- Recopilación y publicación de investigaciones El Estado promueve la investigación, el conocimiento y la recuperación de las lenguas originarias, así como la publicación de investigaciones y recopilaciones de literatura y tradición orales, en ediciones bilingües, a través de las instituciones nacionales de investigación, como medio para preservar el sistema del saber y conocimientos tradicionales y la cosmovisión de los pueblos originarios. Artículo 19º.- Toponimia El Instituto Geográfico Nacional mantiene las denominaciones toponímicas en lenguas originarias en los mapas oficiales del Perú. Artículo 20º.- Mecanismos de consulta y participación ciudadana

20.1 En el desarrollo de proyectos de inversión en tierras de comunidades campesinas o comunidades nativas, los mecanismos de consulta y participación ciudadana se realizan en la lengua originaria que predomina en dicha zona. 20.2 Todas las comunidades campesinas o nativas tienen el derecho a solicitar que los acuerdos, convenios y toda aquella información o documentación que se les entrega, distribuye o deben suscribir esté en español y en su lengua originaria, siempre que ello sea factible. CAPÍTULO V NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Artículo 21º.- Reglas de escritura uniforme 21.1 El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe y la Dirección de Educación Rural, proporciona asistencia técnica, evalúa y oficializa las reglas de escritura uniforme de las lenguas originarias del país. 21.2 Las entidades públicas emplean versiones uniformizadas de las lenguas originarias en todos los documentos oficiales que formulan o publican.

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CAPÍTULO VI LENGUAS ORIGINARIAS EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Artículo 22º.- Educación intercultural bilingüe Los educandos que poseen una lengua originaria como lengua materna tienen el derecho a recibir una educación intercultural bilingüe en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, incluyendo los que se encuentran en proceso de recuperación de su lengua materna.

Artículo 23º.- Alfabetización intercultural Los programas de alfabetización en zonas rurales andinas y amazónicas se implementan mediante la modalidad intercultural bilingüe. Artículo 24º.- Sensibilización sobre la pluriculturalidad Los materiales de estudio, los programas de enseñanza y capacitación profesional, así como los programas que emiten los medios de comunicación deben difundir el patrimonio y la tradición oral del Perú, como esencia de la cosmovisión e identidad de las culturas originarias del país, a fin de sensibilizar sobre la importancia de ser un país pluricultural y multilingüe y fomentar una cultura de diálogo y tolerancia. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Anualmente, el Ministro de Educación informa en las comisiones ordinarias competentes en los temas de pueblos originarios y educación del Congreso de la República sobre los objetivos y logros en la aplicación de la presente Ley. SEGUNDA.- El Ministerio de Educación realiza las acciones necesarias a fin de contar con un mapa etnolingüístico actualizado y aprobado por decreto supremo, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

TERCERA.- El Ministerio de Educación comunica a la Presidencia del Consejo de Ministros y, por intermedio de esta, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia de la República y a los titulares de todos los organismos constitucionalmente autónomos respecto de los distritos, provincias o regiones en donde, conforme al Registro Nacional de Lenguas Originarias, además del castellano hay una o más lenguas originarias oficiales. La Presidencia del Consejo de Ministros oficializa las lenguas oficiales mediante decreto supremo con carácter declarativo. El uso de tales lenguas como oficiales no está supeditado a la existencia de norma legal alguna, sino a su inscripción en el Registro Nacional de Lenguas Originarias. CUARTA. Deróganse el Decreto Ley 21156, Ley que Reconoce el Quechua como Lengua Oficial de la República, y la Ley 28106, Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes. 490

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contado a partir de la vigencia de la presente Ley, aprueba las normas reglamentarias necesarias para su aplicación. POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108º de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla. En Lima, a los dos días del mes de julio de dos mil once. CÉSAR ZUMAETA FLORES Presidente del Congreso de la República

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

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11 Participación Política

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

11.1. Ley de Elecciones Municipales LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES LEY Nº 26864 (Publicada el 14 de octubre de 1997)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la ley siguiente:

LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES

(…)

TÍTULO III DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS

(…)

Artículo 10º.- Inscripción de listas de candidatos81 Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales a que se refiere el artículo precedente deben presentar su solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y regidores, hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes.

[81] Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 27734, publicada el 28 de mayo de 2002. Texto anterior a la modificación: “Artículo 10º.- El plazo para presentar la solicitud de inscripción de la Lista de Candidatos a Alcalde y Regidores que pertenezcan a un Partido Político, Alianza de Partidos o Lista Independiente, vence sesenta (60) días naturales antes de la fecha de las elecciones. Los candidatos deben presentar su solicitud de inscripción ante la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, adjuntando un documento que contenga el nombre del Partido Político, Alianza de Partidos o Lista Independiente, su símbolo y la relación completa de todos los candidatos. La referida Oficina, luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales, remitirá la solicitud al Jurado Electoral correspondiente, para su inscripción. La Lista de Candidatos se presenta en un solo documento y debe contener: 1. Los apellidos, nombres y firmas de los candidatos, tal como figuran en su Documento Nacional de Identidad, así como el número del mismo y sus respectivos domicilios reales. 2. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a Regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un 25% de hombres o mujeres. Corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la verificación de firmas de adherentes para la inscripción de las organizaciones políticas”. (*)

(*) Último párrafo agregado por el Artículo 2º de la Ley Nº 27706, publicada el 25 de abril de 2002.

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La lista de candidatos se presenta en un solo documento y debe contener: 1. 2. 3.

4. 5. (…)

Nombre de la Organización Política o Alianzas Electorales nacional, regional o local.

Los apellidos, nombres, firma, tal como figura en el documento nacional de identidad, número de éste y el domicilio real. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, no menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de veintinueve (29) años de edad y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones.82 Acompañar una propuesta de Plan de Gobierno Municipal Provincial o Distrital según corresponda, la cual será publicada, junto con la lista inscrita por el Jurado Electoral Especial en cada circunscripción. El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra lista de la misma u otra circunscripción, así como tampoco podrá postular a más de un cargo.

[82] Numeral modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 28869, publicada el 12 de agosto de 2006.



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Texto Anterior a la modificación: “3. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de Comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones”.

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11.2. Ley de Elecciones Regionales LEY DE ELECCIONES REGIONALES LEY Nº 27683 (Publicada el 15 de marzo de 2002) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO;

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE ELECCIONES REGIONALES

(…)

TÍTULO III INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS

(…)

Artículo 12º.- Inscripción de listas de candidatos Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar conjuntamente una fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia y una lista al consejo regional, acompañada de una propuesta de plan de gobierno regional que es publicada junto con la lista por el jurado especial en cada circunscripción. La lista de candidatos al consejo regional debe estar conformada por el número de candidatos para cada provincia, incluyendo igual número de accesitarios. La relación de candidatos titulares considera los siguientes requisitos: 1. 2.

No menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres.

No menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos jóvenes menores de veintinueve (29) años de edad.

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3.

Un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios en cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para tal efecto, un mismo candidato puede acreditar más de una cualidad.

La inscripción de dichas listas puede hacerse hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre una lista inscrita no puede figurar en otra lista de la misma u otra circunscripción y tampoco puede postular a más de un cargo.83 CONCORDANCIA:

R. Nº 1235-2006-JNE

[83] Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley Nº 29470, publicada el 14 de diciembre de 2009. Texto anterior a la modificación: “Artículo 12º.- Inscripción de listas de candidatos Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar en una lista candidatos a la presidencia, vicepresidencia y al Consejo Regional, acompañada de una propuesta de Plan de Gobierno Regional la cual será publicada junto con la lista del Jurado Especial en cada circunscripción. La lista de candidatos al Consejo Regional debe estar conformada por un candidato de cada provincia en el orden en el que el partido político o movimiento lo decida, incluyendo un accesitario en cada caso; también por no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. La inscripción de dichas listas podrá hacerse hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra lista de la misma u otra circunscripción, así como tampoco podrá postular a más de un cargo”.

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11.3. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY Nº 27867 (Publicada el 18 de noviembre de 2002)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES

(…)

TÍTULO II ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CAPÍTULO I ESTRUCTURA ORGÁNICA

(…)

Artículo 11º-A.- Composición y funcionamiento del Consejo de Coordinación Regional El Consejo de Coordinación Regional tendrá la composición y funcionamiento siguiente: a.

Composición El Consejo de Coordinación Regional está conformado por: 1. 2.

El Presidente Regional quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el Vicepresidente Regional. Los Alcaldes Provinciales de la Región.

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3.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

La proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil será de 60% y 40% respectivamente. El Consejo Regional invitará a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil, en las mismas proporciones de 60% y 40% establecidas para los miembros plenos. b.



c.

(…)

Al menos la tercera parte de los representantes de la sociedad civil deberá corresponder a instituciones de empresarios y productores.

Representantes de la sociedad civil Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 años, por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel regional y provincial, según corresponda, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto el Gobierno Regional. Para registrarse deberán acreditar personería jurídica y un mínimo de 3 años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente.

Las organizaciones de la sociedad civil que podrán participar son, entre otras: organizaciones de productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales; universidades, iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones de mujeres y jóvenes.

Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y regional.

Régimen de sesiones El Consejo de Coordinación Regional se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Presidente Regional. Puede ser convocado para opinar sobre cualquier asunto o consulta que requiera el Gobierno Regional. Siendo su naturaleza la concertación y la consulta, sus acuerdos se toman por consenso. Los representantes del Consejo de Coordinación Regional en ningún caso perciben dietas, viáticos u otro tipo de asignación del Gobierno Regional. La Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional actuará como secretaría técnica, debiendo oportunamente presentar los documentos para su análisis.84

[84] Artículo incorporado por el Artículo 3º de la Ley Nº 27902, publicada el 1 de enero de 2003.

500

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

11.4. Ley Orgánica de Municipalidades

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 (Publicada el 27 de mayo de 2003)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

(…)

TÍTULO VII LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADOS Y LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

(…)

CAPÍTULO II CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL

ARTÍCULO 98º.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN El Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades Provinciales. Está integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores provinciales; por los Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley. 501

La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo Concejo Municipal Provincial y la totalidad de los Alcaldes Distritales de la jurisdicción provincial que corresponda.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad Provincial, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente. Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital. (…)

CAPÍTULO III CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

ARTÍCULO 102º.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN El Consejo de Coordinación local Distrital es un órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades Distritales. Está integrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley. La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo Concejo Municipal Distrital y la totalidad de los Alcaldes de Centros Poblados de la jurisdicción distrital que corresponda. En el caso de jurisdicciones municipales que no cuenten con municipalidades de centros poblados o su número sea inferior al 40% del número legal de miembros del respectivo concejo municipal distrital, la representación de la sociedad civil será del 40% sobre dicho número legal.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente. 502

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital. (…)

CAPÍTULO IV LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES ARTÍCULO 106º.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN La junta de delegados vecinales comunales es el órgano de coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la provincia y que están organizadas, principalmente, como juntas vecinales. Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las comunidades nativas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades regulan su participación, de conformidad con el artículo 197º de la Constitución Política del Estado. (…)

TÍTULO XI LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN ZONAS RURALES CAPÍTULO ÚNICO DEFINICIÓN, COMPETENCIAS Y DESARROLLO DE MUNICIPIOS EN ZONAS RURALES

(…)

ARTÍCULO 144º.- PARTICIPACIÓN VECINAL Para efectos de la participación vecinal, las municipalidades ubicadas en zonas rurales deben promover a las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades nativas y afroperuanas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en el marco del respeto a los derechos humanos. Deben igualmente asesorar a los vecinos, a sus organizaciones sociales y a las comunidades campesinas en los asuntos de interés público, incluyendo la educación y el ejercicio de los derechos humanos. Las municipalidades garantizarán la convocatoria a las comunidades nativas y afroperuanas para las sesiones del concejo municipal, bajo responsabilidad.

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ARTÍCULO 145º.- SEGURIDAD CIUDADANA Para la elaboración del sistema de seguridad ciudadana se convocará y concertará con las organizaciones sociales, vecinales o comunales, las rondas urbanas y campesinas, los comités de autodefensa y las comunidades campesinas, nativas y afroperuanas. (…)

504

12 Inversión

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12.1. Facultan la constitución de empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios por iniciativa de comunidades y rondas campesinas, comunidades nativas y otros centros poblados rurales FACULTAN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS COMUNALES Y MULTICOMUNALES DE SERVICIOS AGROPECUARIOS POR INICIATIVA DE COMUNIDADES Y RONDAS CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y OTROS CENTROS POBLADOS RURALES. DECRETO SUPREMO Nº 045-93-AG (Publicado el 30 de diciembre de 1993)

CONCORDANCIAS:

C.C., Libro I, Secciones Primera y Cuarta D.S. Nº 051-2010-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que uno de los objetivos del Estado es promover la reactivación socioeconómica y el desarrollo integral de todas las comunidades asentadas en las zonas rurales de las áreas deprimidas. Por tanto, es necesario propiciar la modernización del ámbito rural y la superación de la atomización de las organizaciones campesinas de carácter local, introduciendo y fomentando mecanismos de manejo y gestión empresarial para lograr el incremento de la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas que desarrollen, aprovechando las tradiciones y avances tecnológicos nativos que sirvan para dicho propósito; Que el Decreto Legislativo Nº.- 653 ­Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario-, del 1de agosto de 1991, promueve el pluralismo económico; Que es necesario extender este principio al espíritu de la Ley Nº 24656 ­Ley General de Comunidades Campesinas-, publicada el 14 de abril de 1987, y del Decreto Supremo Nº 004-92-TR, para beneficiar con la alternativa de las empresas comunales y multicomunales, además de las comunidades campesinas, a las rondas campesinas, comunidades nativas, grupos campesinos, parcialidades, distritos, caseríos y otros centros poblados rurales con economía preponderantemente agropecuaria, agroindustrial y/o artesanal;

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De conformidad con lo prescrito en el inciso 11) del Artículo 211º de la Constitución Política del Perú; DECRETA:

Artículo 1º.- Facúltase la constitución de Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios como personas jurídicas de derecho privado y de responsabilidad limitada, que podrán constituirse libre y voluntariamente en las regiones de costa, sierra y selva del territorio nacional, por iniciativa de las comunidades campesinas, rondas campesinas, comunidades nativas, grupos campesinos, parcialidades, distritos, caseríos y otros centros poblados rurales debidamente reconocidos, con economía preponderantemente agropecuaria, agroindustrial y/o artesanal. Estas empresas se constituirán con el objeto de promover la elevación del nivel de vida de sus integrantes y propiciar el desarrollo integral de su ámbito de influencia, asumiendo el rol de interlocutor válido frente a las actividades y programas rurales impulsados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sean éstas nacionales o extranjeras. Su constitución se efectúa bajo los alcances de la Ley Nº 24656, del presente Decreto Supremo y el Estatuto de cada empresa.

Artículo 2º.- El Estado, con el fin de propiciar mayor eficiencia en la gestión empresarial de las organizaciones campesinas mencionadas en el artículo anterior, apoyará preferentemente aquellas empresas multicomunales que agrupen al mayor número de comunidades campesinas, rondas campesinas, comunidades nativas, parcialidades, distritos, caseríos y otros centros poblados rurales dentro de un ámbito de influencia geográficamente significativo. En el caso de las empresas comunales apoyará preferentemente a las que reúnan al mayor número de comuneros o miembros de las otras organizaciones locales mencionadas en el Artículo 1º, propiciando que se integren a corto o mediano plazo a una empresa de servicios agropecuarios de carácter multicomunal.

No podrá existir más de una empresa multicomunal de servicios agropecuarios dentro de una misma jurisdicción política provincial. Artículo 3º.- Para la constitución de la empresa comunal será necesario contar con la decisión y participación de un número no menor al 60% de los miembros de la organización promotora.

Artículo 4º.- Los requisitos mínimos para ser socio de la empresa comunal de servicios agropecuarios son los siguientes:

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a) b) c)

d)

Ser comunero calificado, campesino, rondero, productor agrario o ciudadano con residencia en el ámbito de influencia de la empresa. Efectuar la aportación que se haya acordado en la asamblea de constitución.

Estar hábil en sus derechos civiles y no tener adeudos morosos ante el Estado, la comunidad y/o terceros. Cumplir con los estatutos y reglamentos de la empresa.

Artículo 5º.- Las empresas multicomunales de servicios agropecuarios de carácter provincial requieren para su organización la condición mínima siguiente: a)

Que las organizaciones socias tengan personería jurídica.

c)

Contar con la participación del 50% de cualquiera de las organizaciones señaladas en el presente dispositivo legal, que se encuentren ubicadas en una misma provincia, cuenca, subcuenca, valle, margen amplio de un río o ámbito afín, las cuales deberán estar representadas por sus delegados.

b)

Que hayan efectuado la aportación acordada en la asamblea de constitución.

La asamblea de constitución deberá estar dirigida por un director de debates y un secretario de actas elegidos por la mayoría de promotores de la empresa.

Artículo 6º.- En situaciones excepcionales de carácter socioeconómico, geográfico y cultural, se podrá constituir empresas multicomunales de servicios agropecuarios a nivel distrital, cuenca o microcuenca; siempre y cuando no exista una empresa de carácter provincial dentro del mismo ámbito de influencia. Para su constitución se requerirá la participación de un número no menor del 60% de las organizaciones promotoras pertenecientes a su jurisdicción. Artículo 7º.- En la Asamblea de Constitución de la empresa comunal o multicomunal de servicios agropecuarios se adoptará los siguientes acuerdos: a)

b) c)

La representación de los asociados en la Asamblea de Constitución y en la dirección de la empresa se determinará según su grado de aportación económica. El monto del capital con el cual la empresa iniciará sus operaciones.

Aprobar el estatuto de la empresa comunal o multicomunal de servicios agropecuarios. 509

d)

Elegir a la primera Junta de Administración de la empresa, la cual estará conformada por los siguientes miembros: - Presidente - Secretario de actas y archivos - Secretario de economía - Vocal y

e)

- Un fiscal, que necesariamente será autoridad de la comunidad u organización local, en la empresa comunal; y un fiscal por cada organización en la empresa multicomunal.

En el caso de la empresa multicomunal de servicios agropecuarios que cuente con más de tres organizaciones socias, el número de fiscales en la Junta de Administración no deberá ser mayor de tres (3). Dicho cargo será ejercido en forma rotativa, en la modalidad y el tiempo que señale el Estatuto de la empresa.

Artículo 8º.- La gerencia es el órgano responsable de la gestión económica, financiera y administrativa; y está a cargo de un gerente o administrador nombrado por la Junta de Administración.

Artículo 9º.- Para obtener la personería jurídica de una empresa comunal o multicomunal de servicios agropecuarios será necesaria su inscripción en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina de los Registros Públicos del lugar de su domicilio, acompañando para dicho efecto dos (2) copias certificadas por Notario Público, a falta de éste, por Juez de Paz, del acta de la asamblea de constitución y del estatuto aprobado. Dicha inscripción no está sujeta a pago alguno. Artículo 10º.- Las empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios podrán realizar las siguientes operaciones: a)

b)

510

Desarrollar actividades de producción agropecuaria, comercialización, agroindustria, artesanía, acuicultura u otras actividades extractivas, de transformación y/o de servicios. Recibir aportaciones para el capital, representado por Certificados de Aportación únicamente de sus asociados, en dinero, bienes, especies o jornadas laborales debidamente valorizadas previo acuerdo de la asamblea general.

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c) d) e) f) g)

h) i) j) k) l) m) n) o)

Recibir únicamente de sus asociados, en calidad de depósito de ahorro, los excedentes financieros que hubiesen, los cuales deberán ser invertidos en actividades rentables que permitan su capitalización.

Administrar en calidad de préstamo o donación líneas de financiamiento en bienes o especies y/o en dinero, captadas de entidades estatales y privadas, nacionales e internacionales, con el objeto de apoyar el desarrollo rural. Conceder, únicamente a sus asociados, servicios de financiamiento para el desarrollo de sus actividades productivas y afines. Brindar servicios de alquiler de maquinaria y equipo, prioritariamente a sus asociados.

Promover entre sus asociados el trabajo empresarial de sus áreas agropecuarias y forestales, como unidades técnico-productivas, buscando la eficiencia y la modernización, sin afectar al equilibrio del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Brindar apoyo técnico para la elaboración de estudios sobre proyectos de inversión, así como promover y desarrollar acciones de asistencia técnica a sus asociados.

Apoyar la producción y el mejoramiento de semillas u otros materiales genéticos, así como el fortalecimiento integral de la actividad agropecuaria.

Realizar actividades de conservación de aguas y suelos, y desarrollo de pequeñas obras de riego. Promover actividades de transferencia de tecnología adecuada a las condiciones naturales de su ámbito de influencia. Impulsar proyectos de recuperación y mejoramiento de la tecnología tradicional.

Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras, trochas y caminos.

Apoyar acciones de reforestación y mejoramiento e instalación de pastos, así como de conservación y aprovechamiento racional de la fauna y la flora silvestres.

Ejecutar tareas de proyección social, en apoyo del desarrollo socioeconómico de sus asociados, mediante habilitación de servicios de asesoría legal, técnica 511

p)

y económico-financiera, postas sanitarias, comedores populares, cunas maternales, centros recreacionales, bibliotecas u otros. Realizar cualquier actividad propia de su naturaleza y fines.

Cuando el volumen de sus operaciones lo justifique podrán establecer organizaciones empresariales especificas, con sus propia administración, pero siempre dependiendo de la empresa matriz. Artículo 11º.- Los certificados de aportación otorgan al titular derecho a voto en las decisiones de la empresa, así como en la participación de la distribución de utilidades acordada por la asamblea general, en proporción directa con el número de participaciones que posee el asociado. Cada participación da derecho a un voto. Las aportaciones suscritas y no pagadas no dan derecho a voto. Artículo 12º.- Los certificados de aportación de las empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios están sujetos a las normas y limitaciones siguientes: a)

b)

c)

d) e) f)

512

Cada empresa comunal o multicomunal de servicios agropecuarios, según sea el caso, determinará el monto mínimo de certificados de aportación que los asociados depositarán en la forma y el tiempo que se acuerde durante el año calendario.

Los certificados de aportación y la capitalización y revaluación que tenga el asociado, podrán ser redimidos a su retiro de la empresa. También podrán ser transferidos libremente, a precios de mercado, a otros asociados y, en segunda opción, a terceros, preferentemente campesinos. Los certificados de aportación, así como la capitalización y revaluación que tengan los asociados, podrán ser aplicados para amortizar o cancelar las deudas exigibles por préstamos u otras obligaciones contraídas por aquellos con la empresa.

Los certificados de aportación de la empresa comunal serán otorgados en forma individual a sus socios. En el caso de la empresa multicomunal, dichos certificados serán entregados a cada una de las organizaciones socias; las cuales, de acuerdo con su reglamento, distribuirán los beneficios que hubieran entre sus asociados.

La participación de cada socio, directa e indirectamente, en el capital de la empresa comunal no podrá exceder, en todo momento, del diez por ciento (10%) del mismo, y del veinte por ciento (20%) en el caso de la empresa

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

g)

multicomunal. Estos límites podrán ser modificados por el máximo órgano de gobierno de la empresa. Todas las demás que señalen sus estatutos.

Artículo 13º.- Los remanentes económicos o utilidades de la empresa comunal o multicomunal de servicios agropecuarios se distribuyen en forma proporcional al monto de las participaciones que tengan los asociados.

Artículo 14º.- Las empresas comunales o multicomunales de servicios agropecuarios estarán obligadas a presentar ante sus asambleas de socios o de delegados, según sea el caso, cuando menos dos veces al año, el balance general, el estado de ganancias o pérdidas u otra información económica-financiera que estime conveniente la respectiva asamblea. Dicho informe deberá constar en el libro de actas de la empresa, debiendo presentarse sus resultados en las fechas que señale el estatuto.

Artículo 15º.- El Ministerio de Agricultura promoverá la creación de las empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios, estableciendo un registro de las mismas. Asimismo, podrá ejecutar o encargar al sector privado, acciones de capacitación y asistencia técnica para la organización, el impulso inicial y la consolidación de dichas empresas. También podrán efectuar acciones de supervisión cuando lo estime conveniente. Artículo 16º.- Derógase el Título XII del Reglamento del Título VII - Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-92-TR; así como las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 17º.- Dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, las Cajas Comunales de Crédito que vienen funcionando, se adecuarán a la presente norma. Artículo 18º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventitrés. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA Ministro de Agricultura

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12.2. Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas LEY DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS TIERRAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS LEY Nº 2650585 (Publicada el 18 de julio de 1995)

CONCORDANCIA: D.S. Nº 011-97-AG (Reglamento) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO; Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1º.- La presente Ley establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

Artículo 2º.- El concepto constitucional “tierras” en el régimen agrario, comprende a todo predio susceptible de tener uso agrario. Entre otras, están comprendidas las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras con recursos forestales y de fauna, las tierras eriazas, así como, las riberas y márgenes de álveos y cauces de ríos, y en general, cualquier otra denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. El régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente Ley.

[85] La Sétima Disposición Complementaria Final y la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1064, publicado el 28 de junio de 2008, señaló que la presente Ley quedaría derogada -con excepción de lo previsto en su Artículo 10º- al día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano, del Reglamento del citado Decreto Legislativo. Posteriormente, de conformidad con el Artículo 3º de la Ley Nº 29376, publicada el 11 de junio de 2009, se da fuerza de ley y se restituye el texto de la presente Ley, sus modificatorias y demás normas complementarias, así como su Reglamento. Asimismo, por lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ley Nº 29382, publicada el 19 de junio de 2009, se derogó el mencionado Decreto Legislativo Nº 1064.

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Artículo 3º.- Las garantías previstas en los Artículos 70º y 88º de la Constitución Política significan que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras distintas a las establecidas en el texto de la presente Ley.

Las áreas naturales protegidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre mantienen su intangibilidad. Se mantienen igualmente vigentes las normas referidas a la protección del patrimonio inmobiliario de carácter histórico y arqueológico del país. Artículo 4º.- El Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera el libre acceso a la propiedad de las tierras, cumpliendo con las normas del derecho sustantivo que las regula. En caso de extranjeros la propiedad de las tierras situadas en zona de frontera está sujeta a lo establecido en el Artículo 71º de la Constitución Política.

Artículo 5º.- El abandono de tierras, a que se refiere el Artículo 88º segundo párrafo de la Constitución Política del Perú, sólo se refiere a las tierras adjudicadas en concesión por el Estado, en los casos de incumplimiento de los términos y condiciones de aquella. Artículo 6º.- Las acciones judiciales que impliquen derechos sobre tierras que están destinadas a uso agrícola, ganadero y forestal, se sujetan al trámite de los procesos establecidos en el Código Procesal Civil, según su naturaleza y cuantía. Artículo 7º.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley.

En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos, según valorización que incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará por Resolución Suprema refrendada por los Ministros de Agricultura y de Energía y Minas.

Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos.86 CONCORDANCIA: D.S. Nº 017-96-AG (Reglamento)

[86] Artículo sustituido por el Artículo 1º de la Ley Nº 26570, publicada el 4 de enero de 1996. Texto anterior a la sustitución: “Artículo 7º.- Sin acuerdo previo con el propietario de las tierras, no procede establecer derechos de explotación minera. En caso que el yacimiento sea considerado por acuerdo del Consejo de Ministros de interés nacional, previo informe del Ministerio de Energía y Minas, el propietario será compensado previamente, por el titular del derecho minero con el justiprecio y la indemnización correspondiente”.

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Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Artículo 8º.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización empresarial que decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún requisito administrativo previo. Artículo 9º.- Las empresas asociativas campesinas son libres para contratar y asociarse con cualquier otra empresa incluso con aquellas que se encuentran regidas por la Ley General de Sociedades. Esta norma modifica la Ley General de Cooperativas conforme a su Artículo 122º.Artículo 10º.- Las Comunidades Campesinas y la Comunidades Nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente Ley. Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas: a)

b)

Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más de un año, el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año. Para los efectos de la adquisición por el actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el documento extendido por la Comunidad a su favor. Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.87

[87] De conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 29261, publicada el 21 de setiembre de 2008, se restituye la vigencia del presente artículo, con su texto original. Textos anteriores a la sustitución: “Artículo 10º.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente Ley. Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas y Nativas, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas: a) Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más de un año, el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año. Para los efectos de la adquisición por el actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el documento extendido por la Comunidad a su favor. b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente. (*) (*) Literal modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 1073, publicado el 28 de junio de 2008, cuyo texto es el siguiente: b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año”.

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Artículo 11º.- Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad.88

Artículo 12º.- El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días de la vigencia de la presente Ley determinará mediante Decreto Supremo las zonas de protección ecológica en la Selva. Dichas zonas sólo podrán ser materia de concesión sujetas a las normas de protección del medio ambiente. Esta limitación no comprende las tierras de las comunidades campesinas y nativas, las zonas urbanas y sub-urbanas, ni la propiedad constituida antes de la promulgación de la presente Ley. Tampoco comprende el área entregada en posesión según certificados extendidos por el Ministerio de Agricultura a la fecha de la vigencia de la presente Ley.

Artículo 13º.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto Legislativo reglamente un impuesto sobre la propiedad de la tierra que exceda del límite de tres mil hectáreas. Quedan fuera del ámbito de dicho tributo las comunidades campesinas y nativas, así las extensiones de tierras objeto de propiedad no estatal a la fecha de vigencia de la presente Ley. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Las causales de necesidad pública que la Ley puede invocar para proceder a la expropiación de un predio se circunscribirán a la ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos y se regirán por las disposiciones de la Ley General de Expropiación, Decreto Legislativo Nº 313, y el Código Procesal Civil. El valor de las tierras expropiadas será el de mercado y el pago será previo, en dinero efectivo.

Segunda.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, el Estado procederá a la venta o concesión de las tierras eriazas de su dominio en subasta pública, excepto de aquellas parcelas de pequeña agricultura, las cuales serán adjudicadas mediante compraventa, previa calificación de los postulantes por parte del Ministerio de Agricultura. De igual forma y por única vez, aquellas tierras que al 28 de julio de 2001, hayan estado en posesión continua, pacífica y pública, por un plazo mínimo de un año, de pequeños agricultores, asociaciones y comités constituidos con fines agropecuarios y en las cuales se hayan realizado en forma [88] La Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1015, publicado el 20 de mayo de 2008 derogó el presente artículo. No obstante, de conformidad con el Artículo 2º de la Ley Nº 29261, publicada el 21 de setiembre de 2008, se restituye la vigencia del presente artículo, con su texto original.

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permanente actividades agropecuarias, podrán ser dadas en propiedad por adjudicación directa en beneficio de los posesionarios señalados, conforme al reglamento que elaboren los organismos respectivos, teniendo 30 días contados a partir de la vigencia de la ley para inscribirse ante la autoridad competente.89 CONCORDANCIA:

D.S. Nº 026-2003-AG (Reglamento)

Tercera.- Todas las tierras del Estado de la región de la Costa habilitadas mediante proyectos de irrigación desarrollados con fondos públicos serán adjudicadas en subasta pública. Las tierras de propiedad privada de la referida región, que se beneficien con las obras de irrigación o drenaje ejecutadas con recursos públicos pagarán al Estado en forma proporcional el costo de las mejoras introducidas. DISPOSICIONES FINALES

Primera.- DEROGADO90 Segunda.- El Estado garantiza los derechos de los actuales posesionarios debidamente calificados, sobre las tierras que fueron afectadas o expropiadas con fines de Reforma Agraria.91 Tercera.- La presente Ley se aprueba por mayoría calificada de acuerdo con lo previsto en el Artículo 106º de la Constitución Política del Perú y su modificación o derogación se efectuará a través de otra norma legal expedida por el Congreso cumpliendo la misma formalidad. [89] Segunda Disposición modificada por la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 27887, publicada el 18 de diciembre de 2002. Texto anterior a la modificación: “Segunda.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, el Estado procederá a la venta de las tierras eriazas de su dominio en subasta pública.” (*) (*) Disposición sustituida por el artículo 1º de la Ley Nº 26681, publicada el 10 de noviembre de 1996. “Segunda.- A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Estado procederá a la venta o concesión de las tierras eriazas de su dominio en subasta pública”. [90] Disposición derogada por la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 26597, publicada el 24 de abril de 1996. Texto anterior a la derogación: “Primera.- Dase por concluidas las acciones administrativas y judiciales sobre tierras en las que es parte el Estado, seguidas al amparo de las disposiciones legales del derogado Texto Único Concordado del Decreto Ley Nº 17716, ampliatorias, modificatorias y conexas, y Decreto Legislativo Nº 653, en cualquier estado del proceso”. [91] Disposición Final sustituida por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 26597, publicada el 24 de abril de 1996. Texto anterior a la sustitución: “Segunda.- El Estado garantiza los derechos de los actuales posesionarios debidamente calificados, sobre las tierras que fueron afectadas o expropiadas conforme a las normas señaladas en la disposición anterior. Queda a salvo el derecho del propietario o ex propietario de éstas para reclamar el pago de su valor sólo mediante el otorgamiento de tierras eriazas del Estado de libre disponibilidad. Facúltase al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto Legislativo establezca las regulaciones necesarias para el cumplimiento de este artículo”.

519

Cuarta.- Deróganse todas las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas periféricas y cambio de uso o propiedad de tierras agrícolas, así como toda otra norma que se oponga a la presente Ley.92 DISPOSICIÓN TRANSITORIA Primera.- La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante Decretos Supremos con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de 90 días, computado a partir de su vigencia.

Segunda.- Durante el plazo a que se refiere el primer párrafo del Artículo 12º no podrán otorgarse concesiones ni derechos de propiedad sobre las áreas no comprendidas en el tercer párrafo del referido Artículo 12º.Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco. JAIME YOSHIYAMA Presidente del Congreso Constituyente Democrático

CARLOS TORRES Y TORRES LARA Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER Presidente del Consejo de Ministros

[92] Rectificado por Fe de Erratas publicada el 21 de julio de 1995.

520

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

12.2.1. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 26505, referida a la inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 26505, REFERIDA A LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN TIERRAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DECRETO SUPREMO Nº 011-97-AG93 (Publicado el 13 de junio de 1997)

CONCORDANCIAS:

Ley Nº 24656 Ley Nº 26505

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que es necesario aprobar el Reglamento de la Ley Nº 26505; De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y la Primera Disposición Transitoria de la Ley citada; y, Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase el adjunto Reglamento de la Ley Nº 26505, el mismo que consta de ocho (8) Títulos, veintisiete (27) Artículos, dos (2) Disposiciones Complementarias, una (1) Disposición Transitoria y Una (1) Disposición Final. Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Agricultura. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República

[93] De conformidad con el Artículo 3º de la Ley Nº 29376, publicada el 11 de junio de 2009, se da fuerza de ley y se restituyese el texto de la Ley Nº 26505, sus modificatorias y demás normas complementarias, y se restituye su Reglamento.

521

ALBERTO PANDOLFI ARBULU Presidente del Consejo de Ministros RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 26505 ÍNDICE TÍTULO I

:

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II

:

DE LAS TIERRAS

CAPÍTULO I : CAPÍTULO II : TÍTULO III



:

DEL DERECHO DE PROPIEDAD

DE LAS TIERRAS ERIAZAS, DEFINICIÓN, INCORPORACIÓN AL DOMINIO DEL ESTADO Y TRANSFERENCIA

DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN LA AMAZONÍA

TÍTULO IV



:

DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

TÍTULO V



:

DE LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA ANTERIOR A LA LEY Nº 26505

TÍTULO VI

:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

TÍTULO VII

:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TÍTULO VIII

:

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

522

Artículo 1º.- Cuando en el texto del presente Reglamento se hace mención a la Ley, se refiere a la Ley Nº 26505.

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La mención a la dependencia del Ministerio de Agricultura está referida a las Direcciones Regionales o Subregionales Agrarias o al Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT.

Para el caso del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, debe entenderse que la dependencia del Ministerio de Agricultura es el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, estando dicho Proyecto facultado a ampliar su ámbito de competencia a otras Regiones o Subregiones Agrarias mediante Resolución Directoral Ejecutiva, en cuanto a lo establecido en los Artículos 17º y 18º del Decreto Supremo Nº 011-97-AG.

Las Direcciones Regionales y Subregionales Agrarias seguirán siendo competentes mientras que el PETT no les notifique la Resolución Directoral Ejecutiva a que se refiere el párrafo anterior. La mención a los Registros Públicos está referida al respectivo órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

La mención al Registro Predíal corresponde al Registro Predial Urbano, cuya competencia alcanza a los predios ubicados en el ámbito del departamento de Lima o en la Provincia Constitucional del Callao.94

Artículo 2º.- El presente Reglamento es aplicable a las tierras de uso agrícola y de pastoreo, a las tierras eriazas con aptitud agropecuaria y en general a todo predio susceptible de tener uso agropecuario. Las tierras con aptitud forestal y de fauna se rigen por sus propias normas. TÍTULO II DE LAS TIERRAS CAPÍTULO I DEL DERECHO DE PROPIEDAD Artículo 3º.- El derecho de propiedad sobre las tierras en el régimen agrario y los demás derechos reales que le son inherentes, se regulan por las normas del Código

[94] Artículo sustituido por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 033-99-AG, publicado el 22 de setiembre de 1999. Texto anterior a la sustitución: “Artículo 1º.- Cuando en el texto del presente Reglamento se hace mención a la Ley, se refiere a la Ley Nº 26505. La mención a la dependencia del Ministerio de Agricultura está referida a las Direcciones Regionales Agrarias o Direcciones Subregionales Agrarias o a la Unidad Agraria Departamental Lima-Callao. La mención a los Registros Públicos está referida al respectivo órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. La mención al Registro Predial corresponde al Registro Predial Urbano, cuya competencia alcanza a los predios ubicados en el departamento de Lima o en la Provincia Constitucional del Callao”.

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Civil y la Ley Nº 26505, encontrándose libre de cualquier limitación respecto de su extensión o ejercicio, de conformidad con el Artículo 3º de la Ley.

Artículo 4º.- Las tierras que pueden ser otorgadas a la inversión privada son todas aquellas susceptibles de tener aprovechamiento agropecuario. Artículo 5º.- Las garantías al derecho de propiedad reconocidas en el Artículo 70º y 88º de la Constitución y en la Ley, implican que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras distintas a las establecidas en ellas. Las áreas naturales protegidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre mantienen su intangibilidad. Se mantienen igualmente vigentes las normas referidas a la protección del patrimonio mobiliario de carácter histórico y arqueológico del país.

Artículo 6º.- La adquisición de tierras o la constitución de cualquier derecho real sobre ellas dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país en favor de extranjeros, sólo podrá efectuarse si previamente por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se hubiere declarado de necesidad pública su otorgamiento. La solicitud sobre estas tierras se presenta ante el Ministerio de Agricultura, el que, con opinión favorable de dicho Sector y la de los Ministerios de Defensa y del Interior, se remitirá al Consejo de Ministros, para su aprobación. CAPÍTULO II DE LAS TIERRAS ERIAZAS, DEFINICIÓN, INCORPORACIÓN AL DOMINIO DEL ESTADO Y TRANSFERENCIA Artículo 7º.- Son tierras eriazas con aptitud agropecuaria, las no explotadas por falta o exceso de agua. Artículo 8º.- No se consideran tierras eriazas con aptitud agropecuaria: a)

b) c) d) 524

Las tierras de protección, entendiéndose por tales las que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo, pastoreo o producción forestal.

Las que constituyen patrimonio arqueológico de la nación y aquellas destinadas a la defensa o seguridad nacional.

Las eriazas que se encuentren dentro de los planos aprobados para fines de expansión urbana y las incluidas en el inventario de tierras con fines de vivienda a que se refiere el Artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 803. Las tierras ribereñas al mar que se rigen con arreglo a su normatividad; y,

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e)

Los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento.

Artículo 9º.- Las tierras eriazas con aptitud agropecuaria son de dominio del Estado, salvo aquellas sobre las que exista título de propiedad privada o comunal.

Artículo 10º.- Las tierras eriazas con aptitud agropecuaria serán identificadas y delimitadas por el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Los planos correspondientes se elaborarán de acuerdo con la información técnica y legal existente, así como con la que le proporcionen las demás instituciones públicas y privadas, en lo que concierna a sus planes y proyectos, de conformidad con sus respectivas competencias sectoriales, recabándose además la información existente en los Registros Públicos.

Los citados planos de tierras eriazas, con indicación del distrito y provincia en que se ubiquen, incluirán la conformación de los centros poblados existentes, los terrenos de propiedad privada o comunal, la indicación de las reservas con fines de expansión urbana y otras sectoriales vigentes, junto con la delimitación de las tierras susceptibles de uso agrario. Tales planos se harán de conocimiento público en los locales del Ministerio de Agricultura del ámbito regional respectivo así como mediante avisos publicados por tres días interdiarios en el Diario Oficial El Peruano y en uno de la localidad. Artículo 11º.- Dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado a partir de la fecha de la publicación del último aviso a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona natural o jurídica que se sienta afectada, podrá formular oposición amparada en pruebas instrumentales ante la respectiva dependencia del Ministerio de Agricultura. Bajo responsabilidad, las oposiciones se resolverán en un plazo máximo de veinte (20) días. Si fuera favorable al opositor, se separará el área del predio en cuestión por constituir propiedad privada o por haberse constituido derecho preferente con anterioridad a la dación de la Ley o por ser áreas comprendidas en el Artículo 8º de este Reglamento, excluyéndose del proceso de subasta. La resolución que desestime la oposición es apelable y será absuelta por el Ministro de Agricultura, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de recibido el expediente. Con la absolución del grado, queda agotada la vía administrativa.

Artículo 12º.- Agotada la vía administrativa, o de no haberse producido oposición, el respectivo órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura, gestionará ante los Registros Públicos o el Registro Predial, según corresponda, la inscripción del predio al dominio del Estado para los efectos de iniciarse el procedimiento de su venta en subasta pública, reservando la inscripción de aquellas tierras eriazas cuya identificación sea objeto de impugnación judicial. 525

Los planos definitivos de tierras eriazas se aprueban mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura y entregados a la COPRI para su difusión en el proceso de venta o concesión de dichas tierras. Artículo 13º.- La Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI, es la encargada de vender u otorgar en concesión las tierras eriazas de dominio del Estado, a ser destinadas preferentemente para el incremento de la producción agraria.

La venta o concesión de lotes mayores de 20 ha. requiere un compromiso de inversión del adjudicatario, debidamente garantizado. Los contratos de compraventa y de concesiones incluyen una cláusula de sometimiento a arbitraje.95 Artículo 14º.- La venta de las tierras habilitadas para Proyectos de Irrigación con fondos públicos que se realice mediante subasta pública, se lleva a cabo por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI.

Artículo 15º.- Quienes a la fecha de publicación de la Ley se dedicaran a alguna actividad agropecuaria dentro del área de los Proyectos Especiales Hidráulicos ejecutados con fondos públicos, pueden adquirir la propiedad de las áreas que explota, solicitándolas directamente al Proyecto Especial respectivo, el que fija el precio de ellas y previa constatación otorga el título de propiedad correspondiente, en coordinación con el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT del Ministerio de Agricultura.

[95] Artículo sustituido por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 027-99-AG, publicado el 30 de julio de 1999. Texto anterior a la sustitución: “Artículo 13º.- La Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI es la encargada de vender u otorgar en concesión las tierras eriazas a que se refiere el artículo anterior, pudiendo exigir al adjudicatorio compromiso de inversión. El incumplimiento de dicho compromiso dará lugar, en los casos de tierras otorgadas en concesión, a la causal de abandono, a que se refiere el Artículo 5º de la Ley. Para el caso de las tierras dadas en compraventa, los contratos respectivos incorporan condiciones resolutorias expresas, al amparo del Artículo 1430º del Código Civil, las que operarán de pleno derecho cuando el comprador incumpla con el compromiso de inversión. Los contratos de concesiones y de compraventa incluyen una cláusula de sometimiento a arbitraje”. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 020-98-AG, publicado el 6 de noviembre de 1998, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 13º.- La Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI es la encargada de vender u otorgar en concesión las Tierras eriazas para el incremento de la producción agraria. La venta o concesión de lotes mayores a 20 há. requiere un Compromiso de Inversión del adjudicatario, debidamente garantizado. El incumplimiento de las condiciones de la concesión de Tierras eriazas dará lugar a la causal de abandono a que se refiere el Artículo 5º de la Ley. Los contratos de compraventa y de concesiones incluyen una cláusula de sometimiento a arbitraje”.

526

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En el caso que dichas tierras no sean adquiridas por sus ocupantes en el plazo que establezca el Proyecto Especial respectivo, se adjudican en subasta pública.96

Artículo 16º.- Las dependencias del Ministerio de Agricultura, mantienen el inventario de tierras eriazas con aptitud agropecuaria a que se refiere el Artículo 7º del presente Reglamento, incorporadas al dominio del Estado dentro de su jurisdicción y verifican el cumplimiento de los contratos de adjudicación de dichas tierras eriazas con fines agrarios, haciendo de conocimiento del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Artículo 17º.- Los posesionarios de tierras eriazas de propiedad del Estado que las hayan habilitado con anterioridad a la publicación de la Ley y destinadas íntegramente a alguna actividad agropecuaria, pueden regularizar su situación jurídica, solicitándola a la respectiva dependencia del Ministerio de Agricultura, el que, efectuada la constatación correspondiente, otorga el contrato de compraventa a precio de arancel de tierras eriazas; previa expedición de Resolución Ministerial que incorpore esas tierras al dominio del Estado. En el caso de que dichos posesionarios no regularizaran su situación jurídica dentro del plazo de treinta (30) días de notificados por el órgano respectivo del Ministerio de Agricultura, los terrenos pasarán a ser adjudicados en subasta pública por la COPRI. Esta regla no es de aplicación para los casos en que se afecte el derecho de terceros o exista controversia judicial en trámite o para quienes ocupan de hecho áreas a las que se refiere el Artículo 8º del presente Reglamento. CONCORDANCIA:

D.S. Nº 032-2008-VIVIENDA, Segunda Disp. Comp. Trans.

Artículo 18º.- Los adjudicatarios de tierras eriazas obtenidas con arreglo a la legislación anterior a la Ley para desarrollar proyectos de naturaleza agraria que hayan cumplido con ejecutar las obras dentro del plazo contractual, solicitarán a la respectiva dependencia del Ministerio de Agricultura, el levantamiento de la reserva de dominio a favor del Estado, que se dispondrá mediante Resolución Ministerial, previa constatación de la ejecución de las obras de acuerdo al proyecto de factibilidad respectivo. [96] Artículo modificado por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 050-2002-AG, publicado el 5 de octubre de 2002. Texto anterior a la modificación: “Artículo 15º.- Quien a la fecha de publicación de la Ley se dedicara a alguna actividad productiva en los términos previstos en el Artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 667, dentro del área de los proyectos de irrigación ejecutados con fondos públicos, puede adquirir la propiedad de las áreas que explota, solicitándolas directamente al Proyecto de Inversión correspondiente, el que fija el precio de ellas; otorgándose el título de propiedad correspondiente a través del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT del Ministerio de Agricultura. En el caso que dichas tierras no sean adquiridas por sus ocupantes en el plazo que establezca el Proyecto de Inversión respectivo, se adjudican en subasta pública”.

527

TÍTULO III DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN LA AMAZONÍA Artículo 19º.- Las zonas de protección ecológica en la Amazonía, conforme al Artículo 12º de la Ley, son aquellas áreas geográficas con especiales características ambientales de suelos, aguas, diversidad biológica, valores escénicos, culturales, científicos y recreativos, sujetas exclusivamente al uso sostenible compatible con su naturaleza. Dichas zonas comprenden las siguientes áreas: a)

b) c) d)

Las áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE), creado por Decreto Supremo Nº 010-90-AG, las zonas reservadas y las áreas naturales protegidas establecidas por los Gobiernos Regionales, ubicadas en la Amazonía, regidas por las normas legales de la materia. Las tierras de protección en laderas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras. Las áreas de pantanos, aguajales y cochas determinadas en el Mapa Forestal del Perú. Las áreas adyacentes a los cauces de los ríos, según la delimitación establecida por la Autoridad de Aguas.

Artículo 20º.- Las concesiones para fines no agropecuarios ni forestales que otorguen los Sectores de acuerdo a su competencia, para el desarrollo de actividades dentro de las zonas de protección ecológica, deben sujetarse estrictamente a las normas de protección del medio ambiente. El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), en el plazo de sesenta (60) días hábiles de recibido el expediente respectivo, emitirá opinión técnica previa a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) por la autoridad sectorial competente. Si transcurrido ese plazo el INRENA no emitiera opinión, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada. En caso que se susciten controversias entre las opiniones técnicas del INRENA y de la autoridad sectorial correspondiente, el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM será el encargado de definir en última instancia.

Artículo 21º.- El establecimiento de las zonas de protección ecológica de la selva no afecta los derechos adquiridos en esas zonas con anterioridad a la expedición de la Ley. El ejercicio de esos derechos, se sujeta a las normas de protección del medio ambiente.

Artículo 22º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, queda encargado de elaborar y difundir el mapa oficial

528

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de las zonas de protección ecológica de la Amazonía, así como los criterios utilizados para la determinación de dichas zonas.

Artículo 23º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título, así como de elaborar y mantener actualizado el catastro de las zonas de protección ecológica de la Amazonía. TÍTULO IV DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Artículo 24º.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas. La propiedad de las tierras de las Comunidades Nativas es imprescriptible.

Artículo 25º.- El Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural-PETT, elabora el catastro de las Comunidades Nativas y les otorga el correspondiente título de propiedad, en ambos casos, en forma gratuita. TÍTULO V DE LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA ANTERIOR A LA LEY Artículo 26º.- Con la publicación de la Ley, quedan concluidos los siguientes procedimientos administrativos: a)

b) c) d)

Los de abandono de tierras agrícolas, seguidos en aplicación del Artículo 8º del Texto Único Concordado del Decreto Ley Nº17716 y Artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 653. Los relativos al cambio de uso de tierras agrícolas periféricas. La calificación de campesinos ocupantes de tierras en proceso de habilitación urbana para efectos indemnizatorios.

Los relativos a la venta directa de tierras rústicas así como los de adjudicación directa de tierras eriazas o irrigadas con fondos públicos, salvo las excepciones que prevé el presente reglamento. Los relativos a calificación de campesinos como beneficiarios de la legislación de la reforma agraria para fines de adjudicación de tierras.

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Artículo 27º.- Igualmente se declara caduco el derecho de los denunciantes en los procedimientos de abandono de tierras rústicas procesados en aplicación del Artículo 8º del Texto Unico Concordado del Decreto Ley Nº 17716 y Artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 653. Las tierras que hubieran sido incorporadas al dominio del Estado en un procedimiento de abandono anterior a la Ley, serán vendidas en subasta pública. TÍTULO VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Quedan sin efecto todas las disposiciones legales que establezcan reservas de propiedad, uso, usufructo, comodato, posesión u otra modalidad de derecho real sobre tierras a que se refiere el Artículo 2º de este Reglamento en favor de cualquier entidad o institución del Estado y del sector público nacional que no hayan cumplido con ejecutar los fines para los cuales se efectuó la mencionada reserva, con excepción de las asignadas por ley, las que corresponden a las Fuerzas Armadas y a los Proyectos Especiales Hidráulicos, así como las tierras para fines de viviendas incluidas en el inventario a que se refiere el Artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 803, las que forman parte del área de expansión urbana a que se refiere el Artículo 22º de dicho Decreto Legislativo y la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades. Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo precedente las reservas naturales, las áreas naturales protegidas, las que contengan restos arqueológicos o históricos, previa opinión favorable del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA del Ministerio de Agricultura o del Instituto Nacional de Cultura, según corresponda.

Segunda.- Todos los actos que realice la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI serán ejecutados de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 674, normas complementarias, modificatorias, reglamentarias así como por sus directivas internas. En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, la COPRI podrá nombrar los Comités Especiales que considere necesarios para efecto de llevar adelante las subastas de las tierras. TÍTULO VII DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Ministerio de Economía y Finanzas propondrá la regulación del impuesto a que se refiere el Artículo 13º de la Ley. TÍTULO VIII DISPOSICIÓN FINAL

Derógase el Decreto Supremo Nº 011-96-AG y aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a este reglamento. 530

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12.3. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA LEY Nº 2703797 (Publicada el 30 de diciembre de 1998)

CONCORDANCIA:

D.S. Nº 103-99-EF (Reglamento)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA CAPÍTULO I DE LA FINALIDAD Y ALCANCES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. Artículo 2º.- Base Constitucional De conformidad con los Artículos 68º y 69º de la Constitución Política del Perú, el Estado fomenta el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación orientada a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. (…)

[97] De conformidad con el Artículo 1º de la Ley Nº 29742, publicada el 9 de julio de 2011, se restituyó la plena vigencia y aplicabilidad de la presente ley, así como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

531

Artículo 4º.- Principios para la Promoción de la Inversión en la Amazonía Es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos, promover la inversión en la Amazonía, respetando los siguientes principios: a)

b) c)

La conservación de la diversidad biológica de la Amazonía y de las áreas naturales protegidas por el Estado. El desarrollo y uso sostenible, basado en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, materiales, tecnológicos y culturales.

El respeto de la identidad, cultura y formas de organización de las comunidades campesinas y nativas. CAPÍTULO II DE LA ACTUACIÓN DEL ESTADO Subcapítulo I Rol del Estado

Artículo 5º.- Rol del Estado 5.1 El Estado cumple un rol de promoción de la inversión privada, mediante la ejecución de obras de inversión pública y el otorgamiento al sector privado de concesiones de obras de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, turística y de energía; así como el desarrollo de las actividades forestal y acuícola en la Amazonía de acuerdo a la legislación vigente, respetando los derechos reales de las comunidades campesinas y nativas.

5.2 Asimismo, el Estado cumple un rol de promoción social, asegurando el acceso a salud, educación, nutrición y justicia básicas en la zona, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población amazónica. Para tal fin se promoverán los programas y proyectos de desarrollo socio-económico que revaloricen la identidad étnica y cultural de las comunidades campesinas y nativas. Subcapítulo II De la Promoción de la Inversión Privada

Artículo 6º.- Comité Promotor de la Inversión Privada 6.1 Créase el Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión Privada en la Amazonía, conformado por tres miembros, designados mediante Resolución Suprema, uno de cuyos miembros representa al Poder Ejecutivo, quien lo presidirá. 532

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6.2 Mediante acuerdo del Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión Privada en la Amazonía se aprobará el Plan Referencial de Concesiones de la Amazonía, en el cual se determinará, los programas y proyectos, que por su gran envergadura serán concesionados bajo los mecanismos y procedimientos que establezca dicho Comité. 6.3 Para tal fin, el Comité Ejecutivo cuenta con las facultades establecidas para la COPRI y PROMCEPRI en los Decretos Legislativos Nºs. 674 y 839, sus modificatorias y complementarias, respectivamente.

6.4 Asimismo, el Comité Ejecutivo coordinará con los sectores correspondientes la evaluación y aprobación de los Proyectos de Inversión a que se refiere la quinta disposición complementaria de la presente Ley. 6.5 La Presidencia del Consejo de Ministros proporcinará al Comité Ejecutivo el apoyo y financiamiento requerido para el desenvolvimiento de sus labores. Subcapítulo III De la Inversión Pública

Artículo 7º.- Acciones del Sector Público 7.1 Los sectores de Agricultura, Energía, Educación, Pesquería, Salud, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y el de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, destinarán a gastos de capital en la Amazonía no menos del 10% (diez por ciento) de su asignación presupuestal para gastos de capital, en cada ejercicio. 7.2 Asimismo, los sectores señalados en los artículos siguientes destinarán prioritariamente dicha asignación al financiamiento de los programas y proyectos que se establecen en el presente subcapítulo.

Artículo 8º.- Agricultura En el sector Agricultura se continuará con la ejecución de los proyectos especiales de la Amazonía: Jaén-San Ignacio-Bagua, Alto Mayo, Huallaga Central-Bajo Mayo, Alto Huallaga, Río Putumayo, Pichis Palcazu y Madre de Dios, conforme a sus respectivos presupuestos. Se apoyará la planificación y la estrategia nacional para la conservación de áreas naturales protegidas. Asimismo, se llevará a cabo programas de desarrollo y cultivos alternativos, programas de saneamiento y titulación de predios y programas de sanidad animal y vegetal, con especial énfasis en el café y el cacao. Artículo 9º.- Transporte y Comunicaciones El sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción ejecutará estudios y obras de infraestructura que se indican:

533

a) b) c)

d)

Obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura portuaria y aeroportuaria de la región. Culminación de los corredores viales de penetración a la Selva.

Asignación de recursos para proveer de servicio de telecomunicaciones preferentemente a las zonas rurales de la Amazonía. Estudios de navegabilidad en los ríos amazónicos.

Artículo 10º.- Energía

10.1 El sector Energía realizará las acciones necesarias para asegurar la interconexión eléctrica de los departamentos de San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas al sistema eléctrico nacional y para reforzar el sistema térmico de generación eléctrica del departamento de Loreto hasta las localidades de Nauta y Requena.

10.2 También se desarrollará inversiones en sistemas eléctricos en poblados aislados y se impulsará la implementación de paneles solares para pequeñas poblaciones rurales. (…)

534

SECCIÓN SEGUNDA JURISPRUDENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

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TÍTULO I: JURISPRUDENCIA TÍTULO I JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: INTERNACIONAL: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

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1. Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: James Anaya y otros. Demandado: Estado de Nicaragua. Fecha de sentencia: 31 de agosto de 2001.

Derechos invocados: Derecho a la protección judicial efectiva y a la propiedad.

Sumilla: En el presente caso, se evalúa la conducta del Estado de Nicaragua, que es acusado por la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni de ser el responsable de alteraciones ambientales, sociopolíticas y culturales ocurridas en su territorio. De los hechos, se constata que el Estado concesionó de forma inconsulta dicho territorio a la compañía SOLCARSA para fines de construcción de carreteras y de explotación maderera. Al respecto, la Corte IDH señaló que se vulneró el derecho de la comunidad de poder contar con los procedimientos y mecanismos legales adecuados para atender sus reclamos y su solicitud de formalización de propiedad. En tal sentido, la Corte consideró que el Estado vulneró el derecho a la propiedad histórica que posee la comunidad Mayagna sobre dicha zona.

Derecho a la propiedad judicial efectiva

“Este Tribunal ha afirmado, asimismo, que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo [25 de la Convención] no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad (…) Ahora bien, pareciera que el procedimiento para la titulación de tierras ocupadas por grupos indígenas no está claramente regulado en la legislación nicaragüense. (…) Por otra parte, está probado que desde 1990 no se han titulado tierras a comunidades indígenas (…) En razón de lo expuesto, esta Corte considera que en Nicaragua no existe un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras comunales indígenas”. (Párr. 115, 123 y 124) Derecho a la propiedad comunal “El artículo 21º de la Convención Americana reconoce el derecho a la propiedad privada. A este respecto establece: a) que “[t]oda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” (…) Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas cosas materiales

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apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”. (Párr. 143 y 144) “Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29º.-b de la Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos-, esta Corte considera que el artículo 21º de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal (…) Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. (…) la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. (Párr. 148 y 149)

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2. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala (Sentencia de Reparaciones) Demandante: Miembros de la comunidad indígena Yakye Axa (Reparaciones). Demandado: Estado de Guatemala. Fecha de sentencia: 19 de noviembre de 2004.

Derechos invocados: Derecho a la integridad personal, derecho a las garantías judiciales, derecho a la protección de la honra y de la dignidad, derecho a la libertad de conciencia y religión, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de asociación, derecho a la igualdad ante la ley y derecho a la protección judicial.

Sumilla: Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la masacre de 268 personas en Plan de Sánchez, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Artículo 3º de la CADH)

“Este Tribunal observa que las víctimas del presente caso pertenecientes al pueblo indígena maya, de la comunidad lingüística achí, poseen autoridades tradicionales y formas de organización comunitaria propias, centradas en el acuerdo de voluntades colectivas y el respeto. Tienen sus propias estructuras sociales, económicas y culturales. Para los miembros de estas comunidades la armonía con el ambiente se expresa por la relación espiritual que tienen con la tierra, la forma de manejo de los recursos y el profundo respeto a la naturaleza. Las tradiciones, ritos y costumbres tienen un lugar esencial en su vida comunitaria. Su espiritualidad se refleja en la estrecha relación entre los vivos y los muertos, y se expresa a partir de la práctica de los rituales de entierro, como una forma de permanente contacto y solidaridad con sus antepasados. La transmisión de la cultura y del conocimiento es un rol asignado a los ancianos y las mujeres”. (Párr. 85)

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3. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname Caso de la Comunidad Moiwana vs Suriname (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Organización de derechos humanos Moiwana ’86 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demandado: Estado de Suriname. Fecha de sentencia: 15 de junio del 2005. Derechos invocados: Integridad personal, Protección Judicial, Garantías Judiciales y Obligación de Respetar los Derechos.

Sumilla:

El 29 de noviembre de 1986; la comunidad de Moiwana fue atacada por personal militar del Estado de Suriname. 40 miembros de la comunidad fueron asesinados en dicha intervención. El ataque a esta comunidad es una de las violaciones de derechos humanos más notorias en Suriname. Los perpetradores estaban organizados, entrenados y armados por el personal militar estatal. En general, fue un período problemático para Suriname oriental; violaciones graves ocurrieron en esas áreas, las cuales fueron campos de batalla importantes durante el conflicto armado interno.

Derecho a la integridad personal (Artículo 5º)

“En cuanto al presente caso, el Tribunal decidió anteriormente que no tiene competencia para examinar los hechos del 29 de noviembre de 1986. Sin embargo, tiene competencia para examinar el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, que se traduce aquí en la obligación de investigar las posibles violaciones al artículo 5º de la Convención”. (Párr. 92). “La falta de cumplimiento de esta obligación ha impedido a los miembros de la comunidad Moiwana honrar adecuadamente a sus seres queridos fallecidos y ha implicado la separación forzosa de éstos de sus tierras tradicionales, situaciones que afectan los derechos de estos miembros consagrados en el artículo 5º de la Convención. Además, se ha afectado la integridad personal de los miembros de la comunidad por el sufrimiento que les ha causado la obstaculización, a pesar de sus esfuerzos persistentes, para obtener justicia por el ataque a su aldea, particularmente a la luz del énfasis de los N’djuka en sancionar apropiadamente las violaciones cometidas”. (Párr. 93). 543

“A pesar de los diversos esfuerzos de los miembros de la comunidad y de sus representantes legales, así como de la clara evidencia de la responsabilidad del Estado, no existe indicación alguna de que haya habido una investigación seria y completa sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986, como se analizará en la sección correspondiente a los artículos 8º y 25º de la Convención Americana (infra párrs. 139 a 164). Asimismo, los miembros de la comunidad no han recibido reparación alguna por esos hechos (supra párr. 86.33). Tal ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia para víctimas y sus familiares; incluso, en el presente caso, ha creado en los miembros de la comunidad la convicción de que el Estado los discrimina activamente. Por ejemplo, Antonia Difienjo señaló que “en comparación con otros en el país, […] nosotros no tenemos los mismos derechos en Suriname”. Stanley Rensch expresó que existe “un apoyo insuficiente a la idea […] de que los Maroons se merezcan el mismo tipo de protección legal en el país”. (Párr. 94) “Por esta razón, una de las principales fuentes de sufrimiento para los miembros de la comunidad es que ignoran lo que aconteció con los restos de su seres queridos y, como resultado, no pueden honrarlos y enterrarlos según los principios fundamentales de la cultura N’djuka. Además, la Corte observa que los miembros de la comunidad se han visto afectados emocionalmente por la información de que algunos cadáveres fueron incinerados en una funeraria de Moengo. Tal como lo declaró el señor Willemdam, “esa es una de las peores cosas que nos podría ocurrir, quemar el cuerpo de alguien que murió”. (Párr. 100) Derecho a la libre circulación (Artículo 22º) “La Corte nota que Suriname ha objetado que los miembros de la comunidad hayan sufrido restricciones a su circulación o residencia; al respecto, el Estado afirma que pueden circular libremente a través del territorio del país. Sin perjuicio de que pueda existir en Suriname una norma que establezca este derecho, sobre lo cual esta Corte no ve necesidad de pronunciarse, en este caso la libertad de circulación y de residencia de los miembros de la comunidad se encuentra limitada por una restricción de facto muy precisa, que se origina en el miedo fundado descrito anteriormente, que los aleja de su territorio ancestral”. (Párr. 119) “Por tanto, el Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios que permitirían a los miembros de la comunidad regresar voluntariamente, en forma segura y con dignidad, a sus tierras tradicionales, con respecto a las cuales tienen una dependencia y apego especiales – dado que objetivamente no hay ninguna garantía de que serán respetados sus derechos humanos, particularmente los derechos a la vida e integridad personal. Al no establecer tales elementos – incluyendo, sobre todo, una investigación penal efectiva para poner fin a la 544

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impunidad reinante por el ataque de 1986 – Suriname no ha garantizado a los miembros de la comunidad su derecho de circulación y residencia. Asimismo, el Estado ha privado efectivamente a los miembros de la comunidad que todavía se encuentran exiliados en la Guyana Francesa de sus derechos a ingresar a su país y permanecer en él”. (Párr. 120)

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4. Caso comunidad Yakye Axa vs. Paraguay Caso comunidad Yakye Axa vs. Paraguay (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Miembros de la comunidad indígena Yakye Axa. Demandado: Estado de Paraguay. Fecha de sentencia: 17 de junio de 2005.

Derechos invocados: Derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales, derechos del niño, derecho a la propiedad privada y el derecho a la protección judicial. Sumilla: El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Yakye Axa, lo cual generó numerosas afectaciones a sus miembros.

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Artículo 3º de la CADH)

“La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer operativos los derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo históricamente y no a partir de su nacimiento como personas jurídicas. Sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con un formalismo legal, sino a la comunidad en sí misma que la propia Constitución paraguaya reconoce como preexistente al Estado”. (Párr. 82) “La comunidad indígena, para la legislación paraguaya, ha dejado de ser una realidad fáctica para pasar a convertirse en sujeto pleno de derechos, que no se reducen al derecho de sus miembros individualmente considerados, sino se radican en la comunidad misma, dotada de singularidad propia. La personería jurídica, por su parte, es el mecanismo legal que les confiere el estatus necesario para gozar de ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo la propiedad comunal, y exigir su protección cada vez que ellos sean vulnerados”. (Párr. 83)

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Derecho a la propiedad privada (Artículo 21º de la CIDH) “La Corte concuerda con el Estado en el sentido de que tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el artículo 21º de la Convención Americana. No obstante, el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad”. (Párr. 143) “Ahora bien, cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, la propia Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir las restricciones admisibles al goce y ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática”. (Párr. 144) “Al aplicar estos estándares a los conflictos que se presentan entre la propiedad privada y los reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural”. (Párr. 146) “Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”. (Párr. 147) “La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas”. (Párr. 154) 548

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5. Caso Yatama vs. Nicaragua Caso Yatama vs. Nicaragua (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Miembros del grupo YATAMA. Demandado: Estado de Nicaragua. Fecha de sentencia: 23 de junio de 2005.

Derechos invocados: Derecho a la participación política.

Sumilla: En el presente caso se evalúa la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense por la exclusión de la organización indígena YATAMA de participar en las elecciones municipales de 2000. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró responsable al Estado de vulnerar los derechos políticos y el derecho a la igualdad ante la ley.

Derecho a la participación política (Artículo 23º de la CADH)

“La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. (…) La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (…)”. (Párr. 206) “Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo”. (Párr. 207) “La Corte estima que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos 549

y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos consagrados en la Convención”. (Párr. 225) “Las violaciones a los derechos de los candidatos propuestos por YATAMA son particularmente graves porque, como se ha dicho, existe una estrecha relación entre el derecho a ser elegido y el derecho a votar para elegir representantes (…) la referida exclusión significó que los candidatos propuestos por YATAMA no figuraran entre las opciones al alcance de los electores, lo cual representó directamente un límite al ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la más amplia y libre expresión de la voluntad del electorado, lo cual supone una consecuencia grave para la democracia (…)”. (Párr. 226) “Para valorar el alcance de dicha afectación es preciso tomar en cuenta que YATAMA contribuye a establecer y preservar la identidad cultural de los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica. Su estructura y fines están ligados a los usos, costumbres y formas de organización de dichas comunidades. Como consecuencia de ello, al haber excluido la participación de los candidatos de YATAMA se afectó particularmente a los miembros de las comunidades indígenas y étnicas que estaban representados por dicha organización en las elecciones municipales de noviembre de 2000, al colocarlos en una situación de desigualdad en cuanto a las opciones entre las cuales podían elegir al votar, pues se excluyó de participar como candidatos a aquellas personas que, en principio, merecían su confianza por haber sido elegidas de forma directa en asambleas, de acuerdo a los usos y costumbres de dichas comunidades, para representar los intereses de los miembros de éstas. Dicha exclusión incidió en la carencia de representación de las necesidades de los miembros de las referidas comunidades en los órganos regionales encargados de adoptar políticas y programas que podrían influir en su desarrollo”. (Párr. 227)

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6. Caso Comunidad Indígenas Sawhoyamaxa vs. Paraguay Caso Comunidad Indígenas Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. Demandado: Estado de Paraguay. Fecha de sentencia: 29 de marzo de 2006.

Derechos invocados: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a las garantías judiciales, derechos del niño, derecho a la propiedad privada y derecho a la protección judicial.

Sumilla: El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa, lo cual generó numerosas afectaciones a sus miembros.

Derecho a una protección judicial efectiva (Artículo 25º de la CADH)

“En lo que respecta a las alegadas violaciones a los artículos 1º.-1 y 2º de la Convención, la Corte recuerda que el Estado está en la obligación de instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados. Para ello, la obligación general de garantía establecida en el artículo 1º.-1 de dicho tratado impone a los Estados el deber de asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos”. (Párr. 109) Derecho a la propiedad privada (Artículo 21º de la CADH) “(…) Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21º de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar

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y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21º de la Convención para millones de personas”. (Párr. 120) “De lo anterior se concluye que: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas. El presente caso se encuadra dentro del último supuesto”. (Párr. 128) “(…) la Corte considera que el mero hecho de que las tierras reclamadas estén en manos privadas, no constituye per se un motivo “objetivo y fundamentado” suficiente para denegar prima facie las solicitudes indígenas. En caso contrario, el derecho a la devolución carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales, limitándose únicamente a esperar la voluntad de los tenedores actuales, y forzando a los indígenas a aceptar tierras alternativas o indemnizaciones pecuniarias. Sobre el particular, la Corte ha señalado que cuando existan conflictos de intereses en las reivindicaciones indígenas, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro (…)”. (Párr. 138) “Si bien el Paraguay reconoce en su ordenamiento el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras y recursos naturales de los indígenas, el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de dicho derecho carece prácticamente de sentido si no se ha delimitado físicamente y entregado las tierras por falta de medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar el uso y goce efectivo de tal derecho por parte de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. Con ello se ha amenazado el libre desarrollo y transmisión de su cultura y prácticas tradicionales”. (Párr. 143) “(…) Si por motivos objetivos y fundamentados, la devolución de las tierras ancestrales a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa no fuera posible, el Estado deberá entregarles tierras alternativas, electas de modo consensuado con la comunidad indígena en cuestión, conforme a sus propias formas de consulta y

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decisión, valores, usos y costumbres. En uno u otro caso, la extensión y calidad de las tierras deberán ser las suficientes para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la propia forma de vida de la Comunidad”. (Párr. 212) “De igual forma, el Tribunal observa que la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa en particular (supra párr. 133), implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad y en el patrimonio cultural por transmitirse a las futuras generaciones”. (Párr. 222)

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7. Caso Escué Zapata vs. Colombia Caso Escué Zapata vs. Colombia (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Germán Escué Zapata y sus familiares. Demandado: Estado de Colombia. Fecha de sentencia: 4 de julio de 2007.

Derechos invocados: Derecho a la vida; derecho a la integridad personal; y, derecho a la libertad personal.

Sumilla: En el presente caso se evalúa la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la detención, maltratos y ejecución extrajudicial de Germán Escué Zapata, Cabildo Gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca; así como, por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró responsable al Estado por vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal.

Derecho a la vida (Artículo 4º de la CADH) “La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4º, relacionado con el artículo 1º.-1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad. (Párr. 40)

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Derecho a la integridad personal (Artículo 5º de la CADH) “Conforme a la prueba aportada y a la confesión del Estado, la víctima fue golpeada por militares mientras era acusada de ser guerrillero y presionada a confesar dicha condición y la supuesta posesión de armas. Asimismo, fue llevada hacia las montañas y momentos antes de su ejecución se le pidió que corriera, a lo que la víctima contestó que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutada, lo que en efecto ocurrió inmediatamente después (…). De ese modo, además de los maltratos físicos perpetrados mientras la víctima era detenida, ésta también padeció el sufrimiento de caminar por algún tiempo sin saber su destino y el desenlace de la operación militar, intimidada por un grupo de militares armados y bajo el miedo de ser privada de su vida”. (Párr. 69). Derecho a la libertad personal (Artículo 7º de la CADH) “(…) el Estado afirmó que el señor Escué Zapata fue detenido después de que los miembros del Ejército encontraron una granada de fabricación casera en su residencia. No obstante, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad personal”. (Párr. 84). “De las pruebas aportadas por las partes y considerando la confesión del Estado, la Corte tiene por probado que el 1 de febrero de 1988, en horas de la noche, miembros del Ejército Nacional, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata (…) Por lo anterior, la Corte considera que el señor Escué Zapata fue detenido ilegalmente por miembros del Ejército Nacional (…), ejecutado momentos más tarde por sus captores, no siendo necesario, por ende, determinar si la víctima fue trasladada sin demora ante la autoridad judicial competente; si fue informada de los motivos de su detención; y mucho menos definir si el acto de detención fue irrazonable, imprevisible o carente de proporcionalidad. Evidentemente la detención del señor Escué Zapata constituyó un acto ilegal, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlo a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley, sino ejecutarlo (…)”. (Párr. 85-86).

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8. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Miembros del Pueblo Saramaka. Demandado: Estado de Surinam. Fecha de sentencia: 28 de noviembre de 2007.

Derechos invocados: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la propiedad privada y derecho a la protección judicial.

Sumilla: El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber adoptado medidas efectivas que reconozcan el derecho de propiedad comunal del pueblo Saramaka, así como la falta de recursos adecuados y efectivos para cuestionar dicha situación.

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Artículo 3º de la CADH)

“(…) Por ello, este Tribunal declara que se debe considerar a los miembros del pueblo Saramaka como una comunidad tribal y que la jurisprudencia de la Corte respecto del derecho de propiedad de los pueblos indígenas también es aplicable a los pueblos tribales dado que comparten características sociales, culturales y económicas distintivas, incluyendo la relación especial con sus territorios ancestrales, que requiere medidas especiales conforme al derecho internacional de los derechos humanos a fin de garantizar la supervivencia física y cultural de dicho pueblo”. (Párr. 87) “La Corte considera que el derecho a que el Estado reconozca su personalidad jurídica es una de las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones. Ésta es la consecuencia natural del reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los grupos indígenas y tribales a gozar de ciertos derechos de forma comunitaria”. (Párr. 174) “A fin de garantizar la no repetición de la violación a los derechos de los miembros del pueblo Saramaka al reconocimiento de la personalidad jurídica, propiedad y protección judicial, el Estado debe llevar a cabo las siguientes medidas:

a) delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros

del pueblo Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, y a 557

través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto no se lleve a cabo dicha delimitación, demarcación u otorgamiento de título colectivo respecto del territorio Saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka, a menos que el Estado obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo (…)”. ( Párr. 196) Derecho a la propiedad privada (Artículo 21º de la CADH) “(…) Dicha protección de la propiedad en los términos del artículo 21º de la Convención, leído en conjunto con los artículos 1º.-1 y 2º de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente”. (Párr. 92) “(…) el artículo 41º de la Ley de Gestión Forestal de 1992 establece también que los derechos consuetudinarios de los habitantes tribales, respecto de sus aldeas y asentamientos, así como de las parcelas agrícolas, serán respetados “en la mayor medida posible”. Esta disposición limita, en forma inadecuada, el alcance del “respeto” al derecho al territorio de los miembros del pueblo Saramaka a, únicamente, sus “aldeas, asentamientos y parcelas agrícolas”. Dicha limitación no tiene en cuenta la relación que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con el territorio en su conjunto y no sólo con sus aldeas, asentamientos y parcelas agrícolas. De acuerdo con el análisis de esta Corte, el deber del Estado es aún mayor a fin de garantizar y proteger los derechos a la propiedad de los integrantes del pueblo Saramaka”. (Párr. 115) “(…) La Corte ha sostenido, en otras ocasiones, que más que un privilegio para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, los integrantes de pueblos indígenas y tribales deben obtener el título de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra. Este título debe ser reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica. A fin de obtener dicho título, el territorio que los miembros del pueblo Saramaka han usado y ocupado tradicionalmente debe ser primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas con dicho pueblo y con los pueblos vecinos (…)”. (Párr. 116) “(…) De allí la necesidad de proteger las tierras y los recursos que han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo. Es decir, el objetivo y el

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fin de las medidas requeridas en nombre de los miembros de los pueblos indígenas y tribales es garantizar que podrán continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados”. (Párr. 122) Derecho a la consulta (Artículos 6º, 15º y 17º del Convenio 169 de la OIT) “(…) la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria (…)”. (Párr. 134) Derecho a la propiedad privada (Artículo 21º de la CADH) “(…) el artículo 21º de la Convención no prohíbe per se la emisión de concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales en territorios indígenas o tribales. Sin embargo, si el Estado quisiera restringir, legítimamente, los derechos a la propiedad comunal de los miembros del pueblo Saramaka, debe consultar con las comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente, compartir los beneficios razonables con ellas, y realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social (…)”. (Párr. 144) “En virtud de todas las consideraciones mencionadas, la Corte concluye lo siguiente: primero, que los integrantes del pueblo Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia; 559

segundo, que el Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de recursos naturales que se hallan dentro del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka, si realiza o supervisa evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos naturales, y por último, que las concesiones ya otorgadas por el Estado no cumplieron con estas garantías (…)”. (Párr. 159)

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9. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala Caso Tiu Tojín vs Guatemala (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (ONG). Demandado: República de Guatemala. Fecha de sentencia: 26 de noviembre de 2008.

Derechos invocados: Derecho a la Vida, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Garantías Judiciales y Protección Judicial en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos.

Sumilla: El 29 de agosto de 1990, personal del Ejército guatelmateco y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil detuvieron en el Municipio de Chajul, Departamento del Quiché a María Tiu Tojín y su hija Josefa, desconociéndose su paradero desde esa fecha. De acuerdo con los demandantes, el Estado no ha dado cumplimiento a su deber de investigar estos hechos con la debida diligencia. En opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presente caso refleja “los abusos cometidos durante el conflicto [armado] interno por la fuerzas militares contra el pueblo indígena maya, los integrantes de las organizaciones dedicadas a la promoción de sus derechos y las comunidades de población en resistencia”.

Derecho de acceso a la justicia (Artículo 8º) “En lo que se refiere al ejercicio del derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8º de la Convención Americana, la Corte ha establecido, inter alia, que “es preciso que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada representación o gestión de los intereses o las pretensiones de aquellos cuyos derechos u obligaciones estén bajo consideración judicial”. Asimismo, esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer obstáculos a las personas que acudan a los jueces o tribunales con el fin de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o práctica del orden interno que dificulte el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8º.-1 de la Convención (…)”. (Párr. 95) 561

“Como lo ha establecido en otras ocasiones este Tribunal, y conforme al principio de no discriminación consagrado en el artículo 1º.-1 de la Convención Americana, para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de pueblos indígenas, “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”. (Párr. 96) “(…) para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas -en tanto miembros del pueblo indígena Maya- (…) el Estado debe asegurar que aquellas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin. Asimismo, el Estado deberá garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas del presente caso no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación del presente caso. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte considera necesario ordenar al Estado el pago de una suma por concepto de gastos futuros, como una forma de garantizar que las víctimas puedan actuar en el proceso penal abierto ante la justicia ordinaria (infra párr. 128)”. (Párr. 100)

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10. Caso Chitay Nech y Otros vs. Guatemala Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Florencio Chitay Nech y sus familiares. Demandado: Estado de Guatemala. Fecha de sentencia: 25 de mayo de 2010.

Derechos invocados: Derecho a la vida; derecho a la integridad personal; y, derecho a la libertad personal.

Sumilla: En el presente caso se evalúa la responsabilidad del Estado guatemalteco en la desaparición de Florencio Chitay Nech, indígena maya quien fuera dirigente político y alcalde municipal, desaparecido desde 1981. Pese a haberse interpuesto una serie de recursos no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró responsable al Estado de la desaparición forzada de Chitay Nech por parte de agentes estatales, así como por vulnerar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Derecho a la vida, integridad y libertad personal (Artículo 4º, 5º, 7º de la CADH)

“Al analizar un supuesto de desaparición forzada se debe tener en cuenta que la privación de la libertad del individuo sólo debe ser entendida como el inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la víctima. El análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso en consideración ante la Corte (…)”. (Párr. 89) “En este sentido, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía imponen la obligación de investigar el caso ex oficio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva (…). Sin perjuicio de ello, en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, debía denunciarlo inmediatamente”. (Párr. 92) 563

“En consideración de lo anterior, el Tribunal concluye que Florencio Chitay fue detenido de manera ilegal y por ser considerado “enemigo interno”, en razón de su calidad de líder cooperativista y dirigente político (…). Asimismo, se puede determinar que la detención y posterior desaparición de Florencio Chitay fue ocultada por las autoridades, en la medida que éstas no iniciaron una investigación seria y efectiva ante la desaparición ocurrida, omitiendo su deber de garantía de los derechos vulnerados y sin dar hasta la fecha respuesta sobre el paradero del señor Chitay Nech”. (Párr. 93).

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11. Caso Kichway de Sarayaku vs. Ecuador Caso Kichway de Sarayaku vs. Ecuador (Sentencia de Fondo y Reparaciones) Demandante: Mario Melo Cevallos y CEJIL, representante del pueblo Sarayaku. Demandado: Estado de Ecuador. Fecha de sentencia: 27 de junio de 2010.

Derechos invocados: Derecho a la consulta, derecho a la vida e integridad personal, derecho a la identidad cultural, derecho a la propiedad comunal. Sumilla:

En el presente caso se evalúa el reclamo de la comunidad nativa Kichway de Sarayaku frente al Estado ecuatoriano, debido a la explotación inconsulta e imprevista que realiza la Compañía General de Combustible (CGC) dentro del territorio donde la mencionada comunidad habita. Dicha situación se produce como resultado de la concesión que le otorgó el Estado ecuatoriano a CGC para la exploración de hidrocarburos. En efecto, de los hechos se pudo constatar que el proyecto causó daños al ecosistema y destruyó lugares considerados santuarios para la comunidad, además de colocar material explosivo (pentolito) que puso en riesgo la vida de las personas. Por tanto, la Corte declaró vulnerados los derechos a la consulta previa, a la vida e integridad personal y a la identidad cultural, entre otros, estableciendo responsabilidades en el Estado ecuatoriano.

Derecho a la propiedad comunal

“Entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Estas nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21º de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas. (…)Es decir, el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con la protección de los recursos naturales que se

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encuentran en el territorio. Por ello, la protección de los territorios de los pueblos indígenas y tribales también deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez permite mantener su modo de vida.” (Párr. 145 y 146) Derecho a la consulta “La obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses, está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (…) Esto implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. (…) En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas no sean obviados en cualquier otra actividad o acuerdos que haga con terceros privados o en el marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses. Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control en su aplicación y desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de los órganos judiciales correspondientes.” (Párr. 166 y 167) Derecho a la identidad cultural “La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización. En el mismo sentido, el Convenio Nº 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los Pueblos indígenas a “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. (…) En el presente caso, no ha sido controvertido que la empresa afectó zonas de alto valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku. (...) Los trabajos de la petrolera ocasionaron la suspensión, en algunos periodos, de actos y ceremonias ancestrales culturales del pueblo Sarayaku, tales como la Uyantsa,

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su festividad más importante que tiene lugar cada año en febrero, lo que afectó la armonía y espiritualidad de la comunidad.”(párr. 217 y 218) Derecho a la vida e integridad personal “Es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que razonablemente podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo (…) En el presente caso, la empresa petrolera realizó, con la aquiescencia y protección del Estado, el desbroce de senderos y sembró cerca de 1400 kg. de explosivo pentolita en el bloque 23, que incluye el territorio Sarayaku. Por ende, ha sido un riesgo claro y comprobado, que correspondía al Estado desactivar, como en efecto fue ordenado mediante las medidas provisionales.” (párr. 245 y 248)

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12. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demandado: República del Paraguay. Fecha de sentencia: 24 de agosto del 2010.

Derechos invocados: Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, Derecho a la Vida, Garantías Judiciales, Derechos del Niño, Derecho a la Propiedad Privada y Protección Judicial.

Sumilla: En 1990, los miembros de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek iniciaron el trámite para la recuperación de sus tierras tradicionales. No obstante, pese a que la comunidad había cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la legislación paraguaya, hasta la fecha de la presentación de la demanda “no se había logrado una solución definitiva” al petitorio presentado por ella. Frente al fracaso de la vía administrativa, los líderes de la Comunidad acudieron directamente al Congreso de la República el 23 de junio de 1999 para solicitar la expropiación de las tierras en reivindicación. El 16 de noviembre de 2000 la Cámara de Senadores de Paraguay rechazó el proyecto de ley de expropiación de las tierras reclamadas por los demandantes. De acuerdo con los demandantes, el área reclamada por las víctimas es parte de su hábitat tradicional desde tiempos inmemoriales, por lo que tienen derecho a recuperar estas tierras o a obtener otras de igual extensión y calidad, de forma tal que se garantice su derecho a preservar y desarrollar su identidad cultural.

El derecho a la propiedad comunitaria (Artículo 21º)

“Este Tribunal ha considerado que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21º de la Convención Americana”. (Párr. 85)

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“(…) la Corte ha señalado que los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merece igual protección del artículo 21º de la Convención. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21º de la Convención para millones de personas”. (Párr. 87) “El Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas; 4) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe, y 5) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. (Párr. 109) “Con respecto a la posibilidad de recuperar las tierras tradicionales, en anteriores oportunidades la Corte ha establecido que la base espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales, por lo que mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación de dichas tierras permanecerá vigente. Si esta relación hubiera dejado de existir, también se extinguiría ese derecho”. (Párr. 112) Relación de los indígenas con sus tierras tradicionales “Para determinar la existencia de la relación de los indígenas con sus tierras tradicionales, la Corte ha establecido que: i) ella puede expresarse de distintas maneras según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y ii) la relación con las tierras debe ser posible. Algunas formas de expresión de esta relación podrían incluir el uso o presencia tradicional, a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres, y cualquier otro elemento característico de su cultura. El segundo 570

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elemento implica que los miembros de la Comunidad no se vean impedidos, por causas ajenas a su voluntad, a realizar aquellas actividades que revelan la persistencia de la relación con sus tierras tradicionales. (Párr. 113) “En lo que respecta a pueblos indígenas, el Tribunal ha sostenido que para garantizar el derecho de sus miembros a la propiedad comunitaria los Estados deben establecer “un recurso efectivo con las garantías de debido proceso […] que les permita reivindicar sus tierras tradicionales”. (Párr. 142) “La Corte reitera nuevamente que ante tierras explotadas y productivas es responsabilidad del Estado, a través de los órganos nacionales competentes, determinar y tener en cuenta la especial relación de los miembros de la comunidad indígena reclamante con dicha tierra, al momento de decidir entre ambos derechos. De lo contrario, el derecho de reivindicación carecería de sentido y no ofrecería una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales. Limitar de esta forma la realización efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de las comunidades indígenas no sólo viola las obligaciones del Estado derivadas de las disposiciones de la Convención relativas al derecho a la propiedad, sino que también compromete la responsabilidad del Estado en relación a la garantía de un recurso efectivo y constituye un trato discriminatorio que produce exclusión social”. (Párr. 149) Participación en la formulación de políticas “Al respecto, la Corte considera que a fin de garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, de conformidad con el artículo 1º.-1 de la Convención, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de la Comunidad, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras, para así evitar que ello implique una denegación de su subsistencia como pueblo indígena. Ello es cónsono con las disposiciones del Convenio No. 169 de la OIT, del cual Paraguay es Estado parte”. (Párr. 157) Derecho a la identidad cultural (Artículo 21º.-1) “En suma, este Tribunal observa que los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek han sufrido diversas afectaciones a su identidad cultural que se producen primordialmente por la falta de su territorio propio y los recursos naturales que ahí se encuentran, lo cual representa una violación del artículo 21º.-1 de la Convención en relación con el artículo 1º.-1 de la misma. Estas afectaciones son 571

una muestra más de la insuficiencia de la visión meramente “productiva” de las tierras a la hora de ponderar los derechos en conflicto entre los indígenas y los propietarios particulares de las tierras reclamadas”. (Párr. 182) Derecho a la vida digna (Artículo 4º.-1) “En suma, este Tribunal destaca que la asistencia estatal brindada a raíz del Decreto No. 1830 de 17 de abril de 2009 no ha sido suficiente para superar las condiciones de especial vulnerabilidad que dicho Decreto comprobó existían en la Comunidad Xákmok Kásek”. (Párr. 214) “Esta situación de los miembros de la Comunidad está estrechamente vinculada a la falta de sus tierras. En efecto, la ausencia de posibilidades de autoabastecimiento y auto-sostenibilidad de sus miembros, de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, los lleva a depender casi exclusivamente de las acciones estatales y verse obligados a vivir de una forma no solamente distinta a sus pautas culturales, sino en la miseria. Así lo indicó Marcelino López, líder de la Comunidad, “[s]i tenemos nuestra tierra también va a mejorar todo y sobre todo vamos a poder vivir abiertamente como indígenas, de lo contrario será muy difícil vivir”. (Párr. 215) “Debe tenerse en cuenta en este punto que, tal y como lo afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, “la pobreza limita gravemente, en la práctica, la capacidad de una persona o un grupo de personas de ejercer el derecho de participar en todos los ámbitos de la vida cultural y de tener acceso y contribuir a ellos en pie de igualdad y, lo que es más grave, afecta seriamente su esperanza en el porvenir y su capacidad para el disfrute efectivo de su propia cultura”. (Párr.216) “En consecuencia, la Corte declara que el Estado no ha brindado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo especial, real e inmediato para un grupo determinado de personas, lo que constituye una violación del artículo 4º.-1 de la Convención, en relación con el artículo 1º.-1 de la misma, en perjuicio de todos los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek. (Párr. 217) Personalidad Jurídica “La Corte ha considerado que el contenido propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es que se reconozca a la persona en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales, [lo cual] implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de 572

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deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de [los] derechos y deberes [civiles y fundamentales]. (Párr. 248) “Este derecho representa un parámetro para determinar si una persona es titular o no de los derechos de que se trate, y si los puede ejercer, por lo que desconocer aquel reconocimiento hace al individuo vulnerable frente al Estado o particulares. De este modo, el contenido del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica refiere al correlativo deber general del Estado de procurar los medios y condiciones jurídicas para que ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares”. (Párr. 249) “Sin embargo, en aplicación del principio de efecto útil y de las necesidades de protección en casos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, este Tribunal ha observado el contenido jurídico más amplio de este derecho, al estimar que el Estado se encuentra especialmente “obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley”. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa la Corte consideró que sus miembros habían “permanecido en un limbo legal en que, si bien nacieron y murieron en el Paraguay, su existencia misma e identidad nunca estuvo jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica”. (Párr. 250) Diversidad cultural de niños, niñas y adolescentes (Artículo 19º) “Con respecto a la identidad cultural de los niños y niñas de comunidades indígenas, el Tribunal advierte que el artículo 30º de la Convención sobre los Derechos del Niño establece una obligación adicional y complementaria que dota de contenido al artículo 19º de la Convención Americana, y que consiste en la obligación de promover y proteger el derecho de los niños indígenas a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia religión y su propio idioma”. (Párr. 261) “Asimismo, este Tribunal estima que dentro de la obligación general de los Estados de promover y proteger la diversidad cultural se desprende la obligación especial de garantizar el derecho a la vida cultural de los niños indígenas”. (Párr. 262) “En ese sentido, la Corte considera que la pérdida de prácticas tradicionales, como los ritos de iniciación femenina o masculina y las lenguas de la Comunidad, y los perjuicios derivados de la falta de territorio, afectan en forma particular el desarrollo e identidad cultural de los niños y niñas de la Comunidad, quienes no

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podrán siquiera desarrollar esa especial relación con su territorio tradicional y esa particular forma de vida propia de su cultura si no se implementan las medidas necesarias para garantizar el disfrute de estos derechos”. (Párr. 263) Principio de no discriminación “En lo que respecta a pueblos indígenas, la Corte en su jurisprudencia ha establecido específicamente que es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”. (Párr. 270) “Además, el Tribunal ha señalado que “los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto”. Los Estados están obligados “a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”. (Párr. 271) “En el presente caso está establecido que la situación de extrema y especial vulnerabilidad de los miembros de la Comunidad se debe, inter alia, a la falta de recursos adecuados y efectivos que en los hechos proteja los derechos de los indígenas y no sólo de manera formal; la débil presencia de instituciones estatales obligadas a prestar servicios y bienes a los miembros de la Comunidad, en especial, alimentación, agua, salud y educación; y a la prevalencia de una visión de la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados por sobre los reclamos territoriales indígenas, desconociéndose, con ello, su identidad cultural y amenazando su subsistencia física. Asimismo, quedó demostrado el hecho de que la declaratoria de reserva natural privada sobre parte del territorio reclamado por la Comunidad no tomó en cuenta su reclamo territorial ni tampoco fue consultada sobre dicha declaratoria”. (Párr. 273) “Todo lo anterior evidencia una discriminación de facto en contra de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, marginalizados en el goce de los derechos que el Tribunal declara violados en esta Sentencia. Asimismo, se evidencia que el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias para revertir tal exclusión”. (Párr. 274)

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13. Caso Fernández Ortega y otros vs. México Caso Fernández Ortega y otros vs. México (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Inés Fernández Ortega, Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demandado: Estados Unidos Mexicanos. Fecha de sentencia: 30 de agosto del 2010.

Derechos invocados: Integridad Personal, Garantías Judiciales, Protección Judicial, Protección de la Honra y de la Dignidad.

Sumilla: El 22 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega fue intervenida en su domicilio por un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armamento militar. Uno de ellos la tiró al suelo y una vez allí otro la violó sexualmente. Estos hechos se produjeron en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. En el estado de Guerrero un importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen en municipios de gran marginación y pobreza. En general, la población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, reflejada en diferentes ámbitos, como la administración de justicia y los servicios de salud, particularmente, por no hablar español y no contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para acceder a un abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también por ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso.

Derecho a la integridad personal (Artículo 5º de la CADH) La Corte valora positivamente la existencia de diversas acciones y cursos de capacitación desarrollados por el Estado. Al respecto, considera que lso mismos deben incluir, en lo pertinente, el estudio de las disposiciones previstas en el el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, deben poner énfasis en la atención de presuntas víctimas de violación sexual, particularmente cuando pertenecen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad como las mujeres indígenas. (Párr. 259) 575

Derecho a contar con intérprete (Artículo 8º) “La Corte consideró probado que la señora Fernández Ortega no contó con un intérprete provisto por el Estado a fin de presentar su denuncia y tampoco recibió en su idioma información sobre las actuaciones derivadas de su denuncia. Para poder poner en conocimiento de las autoridades el delito que la había afectado y acceder a información debió recurrir a una persona conocida que hablaba español. Por otra parte, en ocasiones posteriores que convocó a la víctima, el Estado dispuso la presencia de un intérprete y además informó que se encontraba implementando un programa de formación de intérpretes indígenas en Guerrero. La Corte valora positivamente ambas medidas adoptadas por México. Sin embargo, la imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momentos iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad de la señora Fernández Ortega, basada en su idioma y etnicidad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8º.-1 y 25º de la Convención Americana, en relación con el artículo 1º.-1 del mismo instrumento. (Párr.201)

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14. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México Caso Rosendo Cantú y otra vs. México (Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra. Demandado: Estado de México. Fecha de sentencia: 31 de agosto de 2010.

Derechos invocados: Derecho a la integridad personal, derecho a las garantías judiciales, derecho a la protección de la honra y de la dignidad, derechos del niño, derechos a la igualdad ante la ley y derecho a la protección Judicial.

Sumilla: En el presente caso, la Corte IDH evalúa la responsabilidad del Estado mexicano por la violación sexual y tortura en perjuicio de la demandante, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos hechos. Derecho a la integridad personal (Artículo 5º de la CADH)

“La Corte valora positivamente la existencia de diversas acciones y cursos de capacitación desarrollados por el Estado. Al respecto, considera que los mismos deben incluir, en lo pertinente, el estudio de las disposiciones previstas en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, y deben poner énfasis en la atención de presuntas víctimas de violación sexual, especialmente cuando pertenecen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad como las mujeres indígenas y los niños”. (Párr. 245) Derecho a las garantías judiciales (Artículo 8º de la CADH) “(…) el Estado dispuso la presencia de un intérprete y además informó que se encontraba implementando un programa de formación de intérpretes indígenas en Guerrero. La Corte valora positivamente ambas medidas adoptadas por México. Sin embargo, la imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momentos iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad de la señora Rosendo Cantú, basada en su idioma y etnicidad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado

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incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8º.-1 y 25º de la Convención Americana, en relación el artículo 1º.-1 del mismo instrumento”. (Párr. 185) “(…) De conformidad con sus obligaciones convencionales, efectivamente, el Estado debió haber adoptado medidas especiales a favor de la señora Rosendo Cantú, no sólo durante la denuncia penal, sino durante el tiempo en que, siendo una niña, estuvo vinculada a las investigaciones ministeriales seguidas con motivo del delito que había denunciado, máxime por tratarse de una persona indígena, pues los niños indígenas cuyas comunidades son afectadas por la pobreza se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad (…)”. (Párr. 201) “La Corte reitera que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima en todas las etapas. En un caso como el presente en el que la víctima, mujer e indígena, ha tenido que enfrentar diversos obstáculos en el acceso a la justicia, el Estado tiene el deber de continuar proporcionando los medios para que acceda y participe en las diligencias del caso, para lo cual debe asegurarle la provisión de intérprete y apoyo desde una perspectiva de género, en consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad. Finalmente, en caso que la señora Rosendo Cantú preste su consentimiento, los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca la verdad de los hechos”. (Párr. 213)

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15. Caso Masacres de Rio Negro vs. Guatemala Caso Masacres de Rio Negro vs. Guatemala (Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) Demandante: Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces (en adelante “ADIVIMA”). Demandado: Estado de Guatemala. Fecha de sentencia: 4 de septiembre de 2012.

Derechos invocados: Derecho a la vida; derecho a la integridad personal; y, derecho a la libertad personal; derecho a la protección de la honra y de la dignidad; prohibición de la esclavitud y servidumbre; libertad de conciencia y de religión; derecho de circulación y de residencia; garantías judiciales.

Sumilla: En el presente caso se evalúa la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por las masacres de Río Negro ocurridas en el contexto de conflicto armado interno entre 1962 y 1996. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró responsable al Estado por vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal. Derecho a la vida, integridad y libertad personal (Artículo 4º, 5º, 7º de la CADH)

“La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada (…)”. (Párr. 115) “(…) la Corte ha estimado que el Estado colocó a las personas en una grave situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y vida”. (Párr. 116) Derecho a la integridad personal (Literal 1 del Artículo 5º de la CADH) “(…) el Tribunal ha reiterado que los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las del presente caso, pueden, a su vez, ser víctimas de violaciones a su integridad personal. Así, en este tipo de casos la Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento y angustia adicionales que éstos han

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padecido a causa de las actuaciones u omisiones posteriores de las autoridades estatales con respecto a la investigación de los hechos y debido a la ausencia de recursos efectivos (…)”. (Párr. 240) “De este modo, es claro que las víctimas sobrevivientes de las masacres de Río Negro padecen un profundo sufrimiento y dolor como resultado de la impunidad en que se encuentran los hechos, los cuales se enmarcaron dentro de una política de estado de “tierra arrasada” dirigida hacia la destrucción total de dicha comunidad (…)”. (Párr. 244) Derecho de protección de la honra y de la dignidad (Artículo 11º de la CADH) “(…) la Corte ha considerado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas (…)”. (Párr. 132) “(…) En ese sentido, de los hechos del presente caso se desprende que la señora Uscap Ivoy en varias ocasiones fue víctima de violaciones sexuales por parte de patrulleros y militares, siendo aún menor de edad (…) Sobre esto, la Corte observa que la perita Rosalina Tuyuc señaló durante la audiencia pública que “la violación sexual significa, para la mujer maya,…] la deshonra, las críticas, los señalamientos y la vergüenza que de alguna manera ocasiona dentro de la familia y la vecindad”. (Párr. 134) Prohibición de la esclavitud y servidumbre (Artículo 6º de la CADH) “De este modo, la Corte considera importante señalar que, entre las medidas especiales de protección que deben adoptar los Estados a favor de los niños indígenas, se encuentra la de promover y proteger el derecho de éstos a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia religión y su propio idioma (…)”. (Párr. 143) “De las declaraciones rendidas ante instancias internas y ante este Tribunal, es claro que las personas que fueron sustraídas de la comunidad de Río Negro durante la masacre de Pacoxom y que fueron obligadas a trabajar en casas de patrulleros de las autodefensas civiles han sufrido un impacto agravado en su integridad psíquica cuyas consecuencias se mantienen hasta el día de hoy (…)”. (Párr. 150)

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Libertad de conciencia y  de religión (Artículo 12º de la CADH) “La Convención Americana no contempla explícitamente el derecho de “enterrar a los muertos”. La Corte Interamericana ha abordado este tema no como un derecho sustantivo, sino en el marco de las reparaciones en casos de desapariciones forzadas, principalmente, como consecuencia de la vulneración de algún otro derecho que sí esté previsto en la Convención. Así, por ejemplo, el Tribunal ha ordenado que, de encontrarse los restos de una persona desaparecida, éstos sean entregados a sus familiares y que el Estado cubra los gastos funerales o de sepultura (…)”. (Párr. 155) “(…) el perito Alfredo Itzep Manuel resaltó que “los Mayas Achís de Río Negro actuales tienen mayor relación con los sitios de Los Encuentros, Pachelaj, Los Mojones y el Cerro Choquián […]”. Sin embargo, para ellos, la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy “supuso el cierre o la tapada del agua, que significa el cierre a la vida misma de los seres humanos”. En tal sentido, refirió que los miembros de la comunidad de Río Negro sobrevivientes de las masacres perdieron el contacto con sus tierras sagradas, pues muchos de estos sitios sagrados para los actuales mayas achí quedaron inundados con la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, entre ellos, Los Encuentros. Éste es uno de los lugares a los cuales acudían a realizar sus rituales”. (Párr. 159) “(…) Esta Corte ya ha señalado que la relación especial de los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales no estriba solamente en que constituyen su principal medio de subsistencia, sino un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad o integridad cultural, el cual es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática, como la de Guatemala”. (Párr. 160) Derecho de circulación y de residencia (Artículo 22º de la CADH) “En este sentido, esta Corte ha señalado que el derecho de circulación y de residencia puede ser vulnerado por restricciones de facto si el Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios que permiten ejercerlo , por ejemplo cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias, para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales (…)”. (Párr. 175) “Además, (…) la relación de los indígenas con el territorio es esencial para mantener sus estructuras culturales y su supervivencia étnica y material, el (…)

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desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, “por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural […], genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, por lo cual es indispensable que los Estados adopten medidas específicas de protección considerando las particularidades propias de los pueblos indígenas, así como su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres para prevenir y revertir los efectos de dicha situación”. (Párr. 177) “(…) los miembros de la comunidad de Río Negro se vieron obligados a huir de sus tierras ancestrales a partir de las masacres perpetradas en su contra en los años 1980 y 1982. Asimismo, el Tribunal ha acreditado que la mayoría de las personas que sobrevivieron las referidas masacres y la posterior persecución por parte del Estado fueron reasentadas por el gobierno, como el mismo Estado lo reconoció (supra párr. 17, inciso g), en la colonia de Pacux, donde residen actualmente (…)”. (Párr. 178) Garantías judiciales (Artículo 8º de la CADH) “La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8º y 25º de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Asimismo, el Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables”. (Párr. 191) “Si bien la Corte ha establecido que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. (Párr. 192) “(…) la Corte considera pertinente señalar que dentro del proceso penal iniciado en 1993 para investigar las masacres cometidas en el cerro Pacoxom y en Agua Fría (…), aproximadamente 11 y 13 años después de sucedidos los hechos, se encuentran varios testimonios de víctimas sobrevivientes que dan cuenta de los hechos sucedidos en las masacres de la capilla de Río Negro y en Los Encuentros. Además, los hechos han sido ampliamente abordados y documentados por órganos estatales, tales como la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala que en su Informe Memoria del Silencio, destina un apartado para el análisis específico del “Caso de Río Negro”. (Párr. 195)

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“De esta manera, diversas autoridades estatales han tenido conocimiento de tales hechos y, no obstante, no se ha iniciado investigación alguna, a pesar de ser una obligación que debe ser cumplida por el Estado de oficio. Por lo tanto, luego de casi 30 años, estos hechos se encuentran en total impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. (Párr. 196)

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TÍTULO II: JURISPRUDENCIA NACIONAL TÍTULO II Y JURISPRUDENCIA NACIONAL Y ACUERDOS ACUERDOS PLENARIOS PLENARIOS

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CAPÍTULO I JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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1. Expediente Nº 03343-2007-PA/TC Sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC Demandante: Jaime Hans Bustamante Johnson. Demandados: OXI, REPSOL, PETROBRAS. Fecha de publicación: 20 de febrero de 2009.

Derechos invocados: Derecho al medio ambiente equilibrado, derecho a la identidad étnica y cultural, derecho a la consulta, derecho al uso adecuado de recursos naturales.

Sumilla: En el caso Cordillera Escalera, se evalúa la pertinencia de continuar con el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 103. Así, un ciudadano reclama que el mencionado proyecto realizado por tres empresas del rubro se encuentra en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, arriesgando la biodiversidad biológica, los recursos sostenibles y el agua para las comunidades de la zona. El TC desarrolla el concepto de Constitución Ecológica como un conjunto de principios que ordenan el desarrollo sostenible, la prevención de riesgos y la responsabilidad social de las empresas. En consecuencia, el TC ordena suspender la última fase del proyecto, en la medida que no se cuenta con un Plan Maestro que prevea reglas para el aprovechamiento adecuado de recursos y la protección del lugar. Derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado

“Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional comparada se ha denominada al conjunto de disposiciones de la Carta fundamental, referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, Constitución Ecológica (…) Así, el artículo 66º de la Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por su parte, el artículo 67º de la Constitución dispone que el Estado determina la política nacional del ambiente (…) De ahí que se derive un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar y promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia”. (F.J. 8 y 9)

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Derecho a la identidad étnica y cultural “(E)l artículo 2º, inciso 2 de la Constitución, se infiere un reconocimiento de la tolerancia a la diversidad como valor inherente al texto constitucional, lo que debe comprenderse, a su vez, como una aspiración de la sociedad peruana. En tal sentido, los individuos no pueden ser arbitrariamente diferenciados perjudicándoseles por motivos basados, entre otros, por su opinión, religión o idioma. Así, toda fuerza homogeneizadora que no respete o que amenace las singularidades de las personas identificables bajo algún criterio de relevancia constitucional debe ser erradicada. Esto es, reconocer a la unidad dentro de la diversidad y a la igualdad como un derecho a la diferencia. Si bien este tipo de cláusulas proponen una tutela adecuada al individuo, lo específico y complejo de la protección de los grupos minoritarios ha significado que se planteen medidas constitucionales específicas para la defensa de las minorías étnicas. (F.J. 25 y 26) “A propósito de lo expuesto, es interesante tomar en cuenta la Resolución Ministerial Nº 159-2000-PROMUDEH, que enumera una serie de manifestaciones de tal derecho. Así, se reconoce que el derecho a la identidad étnica es: (…) el conjunto de valores, creencias, instituciones y estilos de vida que identifican a un Pueblo Indígena, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa” y que tal derecho comprende: “a. El derecho a decidir sobre su propio desarrollo. b. El respeto a sus formas de organización. c. El derecho a ser escuchados y consultados en forma previa a toda acción o medida que se adopte y que pueda afectarles. d. El derecho a participar en la formulación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, regional o local que pueda afectarles. (…) Sin perjuicio de ello, y como ya se observó, algunas de estas facultades han sido reconocidas en nuestro ordenamiento de manera autónoma, enfatizándose con ello su relevancia y alcance”. (F.J. 30) Derecho a la consulta “Es de resaltar que las situaciones jurídicas de ventaja y de desventaja son reconocidas a los grupos étnicos, tomando en cuenta la realidad y las concepciones que ellos guardan sobre el mundo que los rodea. Así, a partir de ello, se debe disponer una tutela adecuada a su contexto y necesidades. Por ejemplo, la relación entre los pueblos indígenas y la tierra resulta ser una manifestación singular de tales pueblos, en consecuencia, el artículo 13º de la Convención 169 establece que el término “tierras”, para el caso de los pueblos indígenas, incluye el concepto de “territorio” ya que la unidad de la comunidad a su territorio excede la noción de propiedad patrimonial. Se piensa así en un dominio espiritual y cultural de la tierra. La Corte Interamericana lo ha señalado de esta forma en la sentencia del Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua. (…) Esta libre determinación, juntamente con la concepción que los pueblos indígenas tienen 590

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sobre la tierra, sirve de base para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa. Este derecho, que viene a ser una concretización también del artículo 2º.17 de la Constitución, se encuentra explícitamente recogido en los artículos 6º y 7º del Convenio N.º 169. El artículo 6º, literal a), indica que cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, el Gobierno tendrá que consultar previamente y mediante los procedimientos apropiados e instituciones representativas. Tales consultas deberán efectuarse de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento de las medidas propuestas”. (F.J. 32 y 33) Derecho al uso adecuado de recursos naturales y protección de la biodiversidad “En la medida que la protección del medio ambiente constituye una preocupación principal de las actuales sociedades, se impone la necesidad de implementar fórmulas que permitan la conciliación de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos con la necesaria conservación de los recursos y elementos ambientales que se interrelacionan con el entorno natural y humano. Se busca, con ello, preterir formas de exploración y explotación de hidrocarburos irrazonables, que en sí mismas puedan ser destructivas y no sostenibles para el desarrollo regional y el beneficio de las generaciones presentes y futuras involucradas. Ello exige que el Estado controle el uso racional de los recursos naturales dentro de un desarrollo económico armónico, criterio que el Tribunal Constitucional busca enfatizar en esta sentencia”. (F.J. 60)

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2. Expediente Nº 04611-2007-PA/TC Sentencia recaída en el Expediente Nº 04611-2007-PA/TC Demandante: Comunidad Sawawo Hito 40. Demandado: Roy Maynas Villacrez. Fecha de publicación: 15 de abril de 2010.

Derechos invocados: Derecho al honor, derecho a la personalidad jurídica de las comunidades.

Sumilla: En el presente caso, se analiza el reclamo de la comunidad nativa Sawawo contra un periódico local por publicar informaciones falsas respecto a su accionar. Al respecto, el TC señaló que en la medida que el nombre y la imagen eran formas de reconocimiento de identidad personal, estas no podrían ser invocadas por la organización; por el contrario, el honor si era un derecho que merecía tutela. En efecto, el TC reconoce dicha titularidad a las comunidades campesinas y nativas como protección de su buen nombre colectivo. Asimismo, señaló que la legitimidad para obrar que tienen las comunidades no se sustenta en la inscripción en Registros Públicos, sino que su solo reconocimiento constitucional legitima la defensa de sus derechos. Por ende, el TC consideró vulnerado el derecho al honor de la comunidad y ordenó al periódico que se encargue de publicar una carta notarial de desagravio. Derecho al honor:

“Dentro del Estado social y democrático de derecho, las personas jurídicas en general son titulares de derechos fundamentales en la medida que su naturaleza permita su ejercicio, naturaleza tanto del derecho como de la persona jurídica. (…) El Tribunal entiende que, en la medida en que las organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto de que se realicen y defienden sus intereses, esto es, actúen en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de estas últimas se extienden a las personas jurídicas, como es el caso del honor”. (F.J. 23 y 24) “El honor es un derecho único que engloba también la buena reputación, reconocida constitucionalmente. (...) Y si bien tiene una base en la dignidad humana y, por lo tanto, se cuestionaría su reconocimiento a favor de la persona jurídica, el honor se ha entendido como (…) la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los sistemas sociales (…). A partir de los conceptos vertidos, este Colegiado retoma el tema relativo a la inclusión

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de la protección del honor a favor de las personas jurídicas. Es cierto que en jurisprudencia tal reconocimiento existe, pero lo hace relacionándolo con buena reputación; incluso es imposible desligar la dignidad humana de la protección del honor. Entonces, ¿cómo así una persona jurídica como la demandante puede tener derecho al honor? El honor, como concepto único, también es aplicable a las personas jurídicas. Si su capacidad para interactuar en la sociedad se ve mellada, debe originarse la defensa del honor”. (F.J. 37 y 38) Derecho a la personalidad jurídica de las comunidades nativas: “En consecuencia, la Norma Fundamental, en forma excepcional y privilegiada, ha otorgado a (l)as comunidades personería jurídica erga omnes en forma directa, sin la necesidad de realizar la inscripción previa en algún registro para afirmar su existencia, al representar una forma de universitates personarum. El acto administrativo de inscripción es entonces, a diferencia de lo que ocurre con las personas jurídicas de derecho privado, declarativo y no constitutivo. (...) No es posible que se pueda colocar a la comunidad en una situación de indefensión tal que, por temas netamente formales (incumplimiento de acto administrativo declarativo), terminen desconfigurando lo señalado en la Constitución, en concordancia válidamente aceptada con el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales”. (F.J. 25 y 26)

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3. Expediente Nº 05427-2009-PC/TC Sentencia recaída en el Expediente Nº 05427-2009-PC/TC Demandante: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Demandados: Ministerio de Energía y Minas. Fecha de publicación: 23 de agosto de 2010.

Derechos invocados: Convenio Nº 169 de la OIT y adecuación de normas, reglamentos y directivas al texto del mencionado tratado internacional.

Sumilla: El 3 de agosto de 2007, la Asociación recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas a fin de que dé cumplimiento al Convenio Nº 169 de la OIT. Pese a que el citado Convenio fue suscrito por el Estado peruano y ratificado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 26253 –promulgada y publicada el 2 de diciembre de 1993–, el Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido con adecuar su normatividad interna de acuerdo con el contenido de dicho tratado, particularmente en los temas relativos al derecho de consulta, tierras, territorios y recursos naturales. Jerarquía normativa del Convenio Nº 169 de la OIT:

“No obstante ello, es preciso advertir que la asociación recurrente entiende que la obligación de la entidad demandada consistente en emitir “reglamentos” o “directivas” en el presente caso, no se deriva de alguna ley o norma de rango legal que lo disponga así expresamente; sino que, en realidad, estima que la fuente directa de tal deber es el propio Convenio Nº 169, por ser éste un tratado internacional que ha sido debidamente ratificado por el Estado peruano”. (F.J. 8) “Esta definición de la fuente normativa donde se encuentra inserto el deber de emisión o adecuación de los reglamentos del Ministerio de Energía y Minas trae aparejado, sin embargo, un problema de orden procesal. Y es que, de acuerdo a la configuración constitucional y legal del proceso de cumplimiento, éste se haya arbitrado para ordenar el cumplimiento de normas legales o actos administrativos, mas no de normas de rango constitucional, como es el caso del Convenio Nº 169 de la OIT. Al respecto, debe recordarse que, conforme lo ha señalado este Colegiado en reciente jurisprudencia, el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional y forma parte del parámetro o bloque de constitucionalidad, con la consiguiente posibilidad no sólo de resistir infracciones provenientes de fuentes

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infraconstitucionales (fuerza pasiva), sino de innovar nuestro ordenamiento jurídico, incorporando en éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por aquél a título de derechos de rango constitucional (fuerza activa) (STC 00222009-PI/TC, Caso Tuanama, FJ. 10)”. (F.J. 9) Contenido del derecho a la consulta previa “Como se puede apreciar, el derecho a la consulta previa e informada, tal cual se encuentra regulado en el Convenio 169, permite que a través del diálogo intercultural los pueblos indígenas sean tomados en cuenta al momento de la adopción de medidas que puedan afectar sus derechos o intereses. Dicha interacción tiene como finalidad incluir a un grupo humano históricamente postergado en el proceso de toma de decisiones públicas, y simultáneamente, busca otorgarle al Estado (o, eventualmente, al particular) aquella legitimidad que sus decisiones requieren para gozar de sostenibilidad en el tiempo. De esta forma, se garantiza que el desarrollo económico impulsado legítimamente desde el Estado, no se contraponga, sino antes bien, se armonice con el derecho de los pueblos indígenas a su bienestar y desarrollo”. (F.J. 57) “Sobre este aspecto, resulta particularmente esclarecedora la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam ha resumido el contenido del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en los siguientes términos: (…) al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (…) Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones” [Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, del 28 de noviembre de 2007, considerando 133]”. (F.J. 59) 596

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4. Expediente Nº 0022-2009-PI/TC Sentencia recaída en el Expediente Nº 0022-2009-PI/TC Demandante: Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más de 5000 ciudadanos. Demandado: Presidencia del Consejo de Ministros. Fecha de publicación: 17 de junio de 2010. Dispositivo cuestionado: Decreto Legislativo N.º 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Sumilla: En el presente caso, se cuestiona el Decreto Legislativo N.º 1089, toda vez que este fue aprobado sin haberse realizado una consulta previa e informada a los pueblos indígenas, tal como se encuentra estipulado en los artículos 6º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 19º del Convenio Nº 169 de la OIT y los artículos 19º, 30º y 32º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, los demandantes señalaron que se había vulnerado los artículos 70º, 88º y artículo 118º, numeral 1, de la Constitución Política del Perú. Al respecto, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el dispositivo impugnado toda vez que este no resultaba aplicable para los pueblos indígenas. Derecho a la consulta

“Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular interés ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consultadas, podrían ser materia de cuestionamientos. Así, de la propia normativa del convenio se extraen las principales características de este derecho, a saber: a) la buena fe, b) la flexibilidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementación previa del proceso de consulta. Estas características son también principios orientadores, así, en caso de presentarse vacíos en la legislación se tendrá que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos elementos se encuentran ausentes, la afectación del derecho de consulta se tendrá que comprender como una de tipo arbitraria y por lo tanto inconstitucional”. (F.J. 26) “Este Tribunal Constitucional estima que el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a la consulta. El principio de buena fe, debe ser comprendido como aquel que busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo

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acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con el se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas tanto para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de consulta. Este principio debe verse concretado en las tres etapas elementales en que puede estructurarse el proceso de consulta, a saber: 1) determinación de la afectación directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementación de la medida. El respeto del principio de buena fe debe ser materializado a lo largo de estas tres etapas”. (F.J. 27) “Acerca de la última etapa, de nada servirá arribar a los consensos si es que luego, en la ejecución de lo consultado, se pretende hacer caso omiso a los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe, exige que no se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad de representación de los pueblos indígenas incorporándolos como grupos pluralistas en la dinámica participativa de la democracia”. (F.J. 29) “Asimismo, es importante subrayar que los pueblos indígenas deben contar con un plazo adecuado y razonable a fin de que puedan reflexionar acerca de la situación ante la cual se encuentran. Se garantiza así el desarrollo del proceso de diálogo. Esos plazos pueden variar dependiendo de la medida que se esté consultando. Frente a este tipo de situaciones el principio de flexibilidad tendrá que activarse a fin de adaptar la consulta a cada situación”. “El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta”. (F.J. 37) “En lo que al primer supuesto importa, resulta evidente que si se cumple la condición establecida en el convenio, esto es, si se prevé que una medida legislativa o administrativa será susceptible de afectar directamente a algún pueblo indígena y no se realiza la consulta, es manifiesto que el derecho de consulta sería pasible de ser afectado”. (F.J. 38) “En lo que respecta al segundo supuesto indicado, debe comprenderse que si la consulta se lleva a cabo sin que se cumpla con las características esenciales establecidas es evidente que se estaría vulnerando el derecho de consulta. Por ejemplo, la realización de la consulta sin que la información relevante haya sido entregada al pueblo indígena o que no se le haya dado un tiempo razonable para poder ponderar los efectos de la medida materia de la consulta. De generarse estas situaciones procedería su cuestionamiento ante las entidades respectivas”. (F.J. 39) 598

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“El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los acuerdos arribados en el proceso. La consulta realizada a los pueblos indígenas tiene como finalidad llegar a un acuerdo, ello no implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indígenas. En tal sentido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, posteriormente este es desvirtuado, los afectados podrán interponer los recursos pertinentes a fin de que se cumpla con los acuerdos producto de la consulta. Y es que en tales casos, el principio de buena fe se habrá visto afectado. Así, si bien los pueblos indígenas no pueden vetar la ejecución de la medidas consultadas, los consensos arribados en la negociación deben ser respetados de lo contrario, se estaría desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta”. (F.J. 40) Derecho de propiedad “Por lo expuesto, es de suma relevancia que el Estado refuerce y dinamice las labores de limitación de los territorios indígenas a fin de brindar una apropiada protección jurídica a los pueblos indígenas, mediante la concretización de los derechos de propiedad de los territorios que cada comunidad ocupa. Con ello también se estaría promoviendo la seguridad jurídica puesto que al momento de lotizar o emprender estudios y acciones con miras a desarrollar la exploración y explotación de recursos naturales se tendría una adecuada perspectiva de la realidad y de cuales son los pasos necesarios a fin de llevar a cabo ese tipo de procesos sin vulnerar derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La apertura económica del mercado pasa por brindar seguridad a los agentes a través de la información sobre las “reglas de juego” las que, en el fondo, no son más que la normativa dirigida a procurar el bien común, así como tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro del imprescindible respeto por la lógica de la economía social de mercado. Con ello se pretende alcanzar el difícil equilibrio entre inversión, justicia y progreso”. (F.J. 44) “Dentro del respeto de las costumbres, es decir, la manifestación de la identidad de los pueblos indígenas, pueden existir prácticas que incluyan el no habitar durante determinado tiempo cierto sector de su territorio debiendo observarse cada caso bajo el principio de razonabilidad. El artículo 89º de la Constitución debe interpretarse dentro del resto de enunciados constitucionales y del Convenio Nº 169. Así, en virtud del principio de unidad de la Constitución y el principio de unidad integradora, desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal [Exp. Nº 05854-2005-PA/TC, f. 12], el resultado de la interpretación constitucional debe considerar la identidad indígena de quien detenta la propiedad y tomar en cuenta sus costumbres”. (F.J. 45) “De tal manera, frente a un caso relativo a territorio indígena, no pueden aplicarse criterios propios de un contexto urbano, dejando a un lado la costumbre de los pueblos indígenas, puesto que ello devendría en una posible vulneración del

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derecho fundamental de tales pueblos y de sus integrantes. Esto se explica en parte por el tipo de relación existente entre los pueblos indígenas y el territorio ancestral en el que habitan. Es por ello que el artículo 14º del Convenio Nº 169, ordena tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. (F.J. 46)

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5. Expediente Nº 06316-2008-PA/TC Sentencia recaída en el Expediente Nº 06316-2008-PA/TC Demandante: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Demandados: Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO S.A., BARRETT RESOURCE PERÚ CORPORATION y REPSOL YPF. Fecha de publicación: 30 de junio de 2010. Derechos invocados: Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al bienestar, derecho a la integridad cultural, derecho a la identidad étnica, derecho a un ambiente equilibrado, derecho a la propiedad y a la posesión ancestral, así como el derecho al territorio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario.

Sumilla: En el presente caso, el Tribunal Constitucional analizó el petitorio formulado por AIDESEP, el cual tuvo por objeto que dicho Colegiado declare la suspensión y/o anulación de todos los actos de exploración y/o explotación de hidrocarburos, relativos a los Lotes 67 y 39 ubicados en el departamento de Loreto, en la medida que podría afectar diversos derechos fundamentales de los siguientes pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario: waorani (tagaeri-taromenane), pananujuri (arabela) y aushiris o abijiras, incluidos en el ámbito geográfico de la “Propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre”. Al respecto, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo, bajo el argumento que no se había acreditado la existencia de la comunidad en aislamiento voluntario o no contactado. No obstante, dicho Colegiado reconoció que los derechos de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho inalienable a ser consultados conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Derecho a la consulta

“Este Colegiado considera que el derecho de consulta es un derecho habilitante para la garantía de los demás derechos que se reconoce a las comunidades, porque les permite espacios para el diálogo y la inclusión en los proyectos que tendrán directa implicancia en el territorio donde se asientan. El referido Convenio 169 precisa una serie de derechos y obligaciones por parte de los Estados firmantes del Convenio, a efectos de dar la mayor cobertura posible al derecho de consulta como mecanismo de participación de las comunidades en los beneficios que genere la inversión privada en sus territorios, en procura de su propio desarrollo y pleno respeto a su identidad étnica”. (F.J. 18) 601

“(…) cuando nuestra propia ley fundamental reconoce a la consulta previa como el mecanismo de participación que le permite a las comunidades nativas decidir sobre cuáles son las prioridades en su proceso de desarrollo y preservación de su cultura, está promoviendo, de un lado, la participación ciudadana en el ejercicio del poder político y, por otro, está permitiendo que las opiniones de las comunidades nativas se traduzcan, real y efectivamente, en las decisiones que se pudieran tomar con relación a ellas mismas, preservando de este modo su cultura, sus costumbres y formas de vida y su propia identidad; pero en ningún caso habilitándolas para excluir la presencia del Estado y del Derecho en sus territorios”. (F.J. 21) “(…) es claro que la exigencia que impone el Convenio 169 de la OIT es la de una consulta previa, pública, neutral y transparente, cuya convocatoria debe hacerse en el propio idioma de las comunidades correspondientes y con la supervisión de las entidades estatales que garanticen la calidad de la información brindada, y con niveles razonables de participación de los integrantes de la comunidad y sus representantes, consulta que no puede reducirse a que se relegue a los integrantes de la comunidad a simples receptores de información, sino que debe fomentar su participación apelando a sus puntos de vista sobre las cuestiones materia de la consulta”. (F.J. 25) “Es por ello que este Colegiado considera que el derecho de consulta debe ser en este caso puesto en práctica de forma gradual por parte de las empresas involucradas y bajo la supervisión de las entidades competentes. Con esto el Tribunal ha de disponer que se ponga en marcha un plan de compromisos compartidos entre las empresas privadas involucradas, que no verán paralizadas sus acciones, y las propias comunidades y sus dirigentes, que tampoco pueden renunciar a sus derechos y que deben ser restablecidos en el más corto plazo posible, abriendo el diálogo a efectos de construir un espacio de armonía y confianza mutua. Resulta entonces impostergable que el Ministerio de Energía y Minas convoque a las empresas involucradas a efectos de implementar, en el marco de la legislación vigente y de la STC 0022-2009-PI/TC, mecanismos adecuados y eficaces de consulta, que permitan que las comunidades expresen sus preocupaciones y sean debidamente informadas sobre el avance de los procesos de explotación de los recursos, así como sobre el impacto que estos procesos generan en su vida”. (F.J. 30)

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6. Expediente Nº 01126-2011-HC/TC Sentencia recaída en el Expediente Nº 01126-2011-HC/TC Demandante: Juana Payaba Cachique. Demandados: División de Seguridad del Estado de la PNP – Tambopata; Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Tambopata; Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Fecha de sentencia: 11 de septiembre de 2012. Derechos invocados: Derecho a la propiedad de la tierra comunal; derecho a la autonomía comunal.

Sumilla: En el presente caso se evalúa la vulneración a los derechos a la propiedad y autonomía comunal de la Comunidad Nativa Tres Islas, conformada por los pueblos indígenas shipibo y ese`eja de las familias lingüísticas pano y tacana de la sub-cuenca del Río Madre de Dios en el Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios, por parte de las empresas de transporte los mineros S.A.C. y los pioneros S.R.L. Constitución, multiculturalismo y realidad social:

“El multiculturalismo puede ser comprendido de dos maneras: como la descripción u observación de determinada realidad social, y también como una política de Estado que en base al reconocimiento de tal realidad, pretende reconocer derechos especiales a minorías estructuradas e identificadas en torno a elementos culturales. Este Tribunal ha dicho que “la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no desconozca la existencia de pueblos y culturas originarios y ancestrales del Perú” [STC 0042-2004-AI/TC, fundamento 1]. Tal reconocimiento constitucional no es una mera declaración formal de principios sin consecuencias tangibles; por el contrario, implica un cambio relevante en la propia noción del Estado y la sociedad. Así, la inclusión de la perspectiva multicultural (o intercultural) en la Constitución, implica un giro copernicano en el concepto de Nación y, por consiguiente, de la identidad nacional”. (F.J. 13) Derecho a la propiedad de la tierra comunal (Artículo 88º y 89º de la CPP) “Y si bien la Constitución hace referencia a la protección de las tierras de las comunidades campesinas y nativas [artículo 88º y 89º de la Constitución], sin recoger el concepto de “territorio” de forma expresa, el Convenio 169 establece en 603

su artículo 13º que la utilización del término “tierras” debe incluir el concepto de “territorios”. La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que el primero se encuentra dentro de una dimensión civil o patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los pueblos indígenas, que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el territorio de la República del Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de conquista y colonización, mantienen sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o partes de ellas”. (F.J.22) “(…) En efecto, la Constitución establece una garantía expresa sobre la propiedad de la tierra en forma comunal o cualquier otra forma asociativa [artículo 88º]. Y además prescribe en el artículo 89º que las comunidades campesinas y nativas deciden sobre el uso y la libre disposición de sus tierras, desprendiéndose de ello la facultad para decidir quiénes ingresan a sus territorios. Así, tales herramientas legales permiten ejercer su derecho a la propiedad de su territorio. En tal sentido, resulta claro que las comunidades nativas y campesinas tienen el legítimo derecho de, en virtud del derecho a la propiedad, controlar intrusiones a su propiedad. Cabe precisar, no obstante, que tal derecho de propiedad, como cualquier otro derecho en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho, se encuentra limitado por otros bienes constitucionales, como lo son los establecidos en los artículos 66º, 67º, 70º y 72º, entre otros”. (F.J. 25) Derecho a la autonomía comunal “Como ya se estableció, la función jurisdiccional reconocida a las comunidades campesinas y nativas (Artículo 149º) es una manifestación de la autonomía reconocida a tales las comunidades, pero, y esto debe resaltarse, no es la única. Por el contrario, existen otras formas en que esta autonomía es manifestada, como por ejemplo la manera en que usan o disponen de sus tierras, lo que incluye la determinación de quiénes ingresan al territorio de la comunidad. Como ya se ha anotado, esta protección a la propiedad de la tierra comunal permite el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades nativas y campesinas, puesto que brinda un espacio material indispensable para el sostenimiento de la comunidad”. (F.J. 42)

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CAPÍTULO II ACUERDOS PLENARIOS DEL PODER JUDICIAL

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1. Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS ACUERDO PLENARIO Nº 1-2009/CJ-116 (Publicado el 8 de enero de 2010) FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116º TUO LOPJ ASUNTO: RONDAS CAMPESINAS Y DERECHO PENAL Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES 1º

Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2º.- Con esta finalidad se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

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2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de Derecho penal y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3º.- En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico penal de los diferentes delitos imputados a los que integran Rondas Campesinas o Comunales, en especial los delitos de secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y usurpación de autoridad, en relación con los artículos 2º.- 19º, 89º y 149º de la Constitución, y el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, del 27 de junio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de diciembre de 1993, así como -en particular- los artículos 14º, 15º, 20º.-8, 21º, 45º.-2 y 46º.-8 y 11º del Código Penal -en adelante, CP-. Al respecto es de observar dos datos importantes. En primer lugar, que con gran frecuencia la conducta penal atribuida a quienes integran las Rondas Campesinas se desarrolla en un ámbito rural, aunque en no pocos casos -siendo rurales- en áreas colindantes o de fácil comunicación y acceso con zonas urbanas donde ejercen jurisdicción los jueces del Poder Judicial. En segundo lugar, que los delitos imputados, según se anotó, se refieren a tipologías donde la violencia y la coacción son medios comunes de comisión, los cuales por su naturaleza tienen en la legislación vigente penas muy altas.

Las diversas Salas Penales de este Supremo Tribunal en numerosas ocasiones se han pronunciado sobre los puntos objeto de controversia, pero han utilizado diversos niveles de razonamiento y sustentado sus decisiones en variadas perspectivas jurídicas y fundamentos dogmáticos, a veces con resultados contradictorios. Constituyen una muestra de lo expuesto, entre otras, las Ejecutorias Supremas número 1722-2009/La Libertad, del 7 de julio de 2009; 5124-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 5184-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 625-2008/Amazonas, del 21 de abril de 2008; 40002007/Huara, del 14 de marzo de 2008; 1836-2006/Amazonas, del 4 de julio de 2006; 752-2006/Puno, del 17 de mayo de 2006; 2164-2005/Cajamarca, del 26 de abril de 2006; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 2004; 975-2004/ San Martín, del 9 de junio de 2004; y 4160-96/Ancash, del 7 de noviembre de 1997. Por tanto, en aras de garantizar el valor seguridad jurídica y el principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho, es del caso unificar en el presente Acuerdo Plenario.

4º.- En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en

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el artículo 116º de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.

5º.- La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se ratificó como Jueces Supremos ponentes a los señores VALDEZ ROCA y RODRÍGUEZ TINEO, quienes, con el concurso de los señores SAN MARTÍN CASTRO y PRADO SALDARRIAGA, expresan el parecer del Pleno. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales 6º.- La Constitución, de un lado, reconoce como derecho individual de máxima relevancia normativa la identidad étnica y cultural de las personas, así como protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación (artículo 2º.- 19) -a través de la norma en cuestión, la Constitución, propiamente, establece un principio fundamental del Estado-. De otro lado, la Carta Política afirma dos derechos fundamentales colectivos: (i) el derecho a la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas, y a su existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley (artículo 89º); y (ii) el derecho de una jurisdicción especial comunal respecto de los hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona (artículo 149º). El reconocimiento de la referida jurisdicción es, en buena cuenta, un desarrollo del principio de pluralidad étnica y cultural sancionado por el artículo 2º.- 19 de la Ley Fundamental.

Todos estos artículos, como es obvio, deben ser analizados desde una perspectiva de sistematización e integración normativa, con el necesario aporte del “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989”-en adelante, el Convenio-, del 27 de junio de ese año, aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de diciembre de 1993, y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas -en adelante, la Declaración-, aprobada por

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la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. El propósito del Convenio, y también de la Declaración, es garantizar el respeto tanto del derecho de esos pueblos a su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones (artículo 2º, “b” del Convenio, artículo 5º de la Declaración), como el derecho individual de sus miembros a participar en esta forma de vida sin discriminaciones. La Declaración estipula, con toda precisión, que tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras, instituciones y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (artículo 34º). El Convenio, tiene expuesto el Tribunal Constitucional, viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes (STC número 33432007-PA/TC, del 19 de febrero de 2009).

La diversidad cultural del Perú -o su realidad pluricultural- está plenamente reconocida por la Constitución. Ninguna persona puede ser discriminada por razón de su cultura, con todo lo que ello representa en cuanto principio superior de nuestro ordenamiento jurídico. El reconocimiento -validez y práctica- tanto del derecho consuetudinario -que es un sistema normativo propio, entendido como conjunto de normas y potestad de regulación propiacomo de la organización autónoma de sus instituciones para la decisión de los asuntos que reclaman la intervención de la jurisdicción comunal, es evidente conforme al artículo 149º de la Constitución, aunque con una limitación material relevante: interdicción de vulneración de los derechos fundamentales, al punto que dispone la necesaria coordinación con las estructuras estatales en materia de impartición de justicia.

Por consiguiente, el pluralismo jurídico -entendido como la situación en la que dos o más sistemas jurídicos coexisten (o, mejor dicho, colisionan, se contraponen y hasta compiten) en el mismo espacio social [ANTONIO PEÑA JUMPA: La otra justicia: a propósito del artículo 149º de la Constitución peruana. En Desfaciendo Entuertos, Boletín Nº 3-4, Octubre 1994, IPRECON, página 11], ha de ser fundado en los derechos humanos y debe ser respetuoso del derecho a la diferencia.

7º.- El artículo 149º de la Constitución exige una lectura integradora y en armonía con los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección funcional, a fin de establecer con toda justicia si las Rondas Campesinas y Comunales son o no sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial.

El citado artículo constitucional prescribe lo siguiente: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas,

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pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial” [los resaltados en negrita son nuestros]. Una primera lectura, meramente literal del texto normativo en cuestión, podría concluir que las Rondas Campesinas, en primer lugar, para ser tales, deben surgir y ser parte de las Comunidades Campesinas y Nativas -nacen de ellas e integran su organización-; y en segundo lugar, que no ejercen por sí mismas funciones jurisdiccionales, pues su papel sería meramente auxiliar o secundario. La realidad social, sin embargo, revela que las Rondas Campesinas surgieron a mediados de la década de los setenta del siglo pasado -aunque con antecedentes remotos en las guardias rurales de fines del Siglo XIX y en las rondas de hacienda de las primeras décadas del siglo XX [FERNANDO BAZÁN CEDRÁN: Rondas Campesinas: la otra justicia]-, siempre por decisión de los propios campesinos o vecinos de un sector, estancia o caserío, como una necesidad comunal o colectiva de protección, no sólo desde las propias Comunidades sino también de aquellas poblaciones rurales andinas que carecían de Comunidades Campesinas y necesitaban expresar su organización comunal y consolidar los espacios de afirmación de su identidad colectiva. Las Rondas Campesinas, en consecuencia y vistas desde una perspectiva general, forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que existen -estén o no integradas a Comunidades Campesinas y Nativas preexistentes[RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO: Rondas Campesinas y pluralismo legal: necesidad de reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo. En: http:// www.alertanet.org/ryf-defensoria.htm].

Como tales, las Rondas Campesinas, que se inscriben dentro del contexto de las formas tradicionales de organización comunitaria y de los valores andinos de solidaridad, trabajo comunal e idea del progreso [JOSÉ HILDEBRANDO RODRÍGUEZ VILLA: Peritaje Antoprológico en la causa número 22007-00730, Cajamarca, 21 de noviembre de 2007, página 58], han asumido diversos roles en el quehacer de esos pueblos -tales como seguridad y desarrollo- y, entre ellos, también se encuentra, sin duda alguna, los vinculados al control penal en tanto en cuanto -presupuesto necesario para su relevancia jurídica- aplican las normas del derecho consuetudinario que les corresponda y expresen su identidad cultural. Son una respuesta comunal, entre otras expresiones socio culturales, ante el problema de la falta de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental procesal que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales. Según algunos científicos sociales la justicia que aplican puede definirse como “reconciliadora” y ejercen mecanismos tradicionales de resolución de conflictos [JOHN GIGLITZ: Rondas Campesinas y Violencia. En: Justicia y Violencia en las Zonas Rurales, IDL, Lima, 2003, página 146];

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sus juicios cuentan con ciertas formalidades, pero carecen de la rigidez que caracteriza a la administración de justicia formal [FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Mecanismos alternativos de solución de conflictos. En: Revista Pena y Estado, año 4, número cuatro, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, página 113].

Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, desde la perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos comunes y se diferencian de otros grupos humanos -sienten que su comportamiento se acomoda al sistema de valores y a los normas de su grupo social, su conducta observable reflejan necesidad de identidad y de pertenencia-; así, incluso, se autodefinen como herederos de los Ayllus (pueblo inca) y como parte de los pueblos indígenas- [¿QUÉ SON LAS RONDAS CAMPESINAS?, martes 6 de enero de 2009. En: http://cunarc.blogspot. com/2009/01/qu-son-las-rondas-campesinas.html]. Desde la perspectiva objetiva, como elementos materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de actuación propios que los distinguen de otros colectivos sociales -su existencia tiene una vocación de permanencia-. Son expresiones del mundo rural -de algunos sectores de la población rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados-, tienen características comunes en su organización, siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las amenazas a su entorno con ciertos patrones comunes -organizan de cierto modo la vida en el campo-, y han definido -aún cuando con relativa heterogeneidad- las medidas y procedimientos correspondientes basados en sus particulares concepciones. Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique con absoluta rigurosidad, caso por caso y no darlo como sentado, la existencia en los asuntos de su competencia de estos elementos, obviamente con ayuda pericial -la pericia, es necesario enfatizarlo, ilustra o auxilia, pero no define; ofrece al juzgador toda la información técnica y científica necesaria para resolver el caso [MICHELE TARUFFO: La prueba, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008, página 90]-, pues lo que el Estado democrático reconoce es una organización o institución determinada y el ejercicio legítimo del derecho consuetudinario -normas vigentes y válidas para el grupo social, en el marco de su referente cultural [RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO: Apuntes sobre el artículo 149º de la Constitución peruana: alcances, límites, consecuencias y retos. En: Desfaciendo Entuertos, Lima, octubre 1994, página 21]- en su espacio geográfico, no una organización que sin esos elementos definidores ejerce sin más la potestad jurisdiccional.

8º.- En la medida que la propia Constitución afirma el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, así como que el Convenio ratifica el derecho

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de los pueblos históricos a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad (artículo 1º), entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas -según se tiene expuesto- son la expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales de las poblaciones donde actúan, será del caso entender -en vía de integración- que pueden ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo reconocimiento efectivo, desde luego, estará condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego se precisarán. No hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación [JUAN CARLOS RUIZ MOLLEDA: ¿Por qué deben reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas?, IDL, Lima, mayo 2008, páginas 24-25].

Si el fundamento del artículo 149º de la Constitución es que los pueblos con una tradición e identidad propias en sede rural resuelvan sus conflictos con arreglo a sus propias normas e instituciones -el artículo 8º.-2 del Convenio fija como pauta que dichos pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias-, es obvio que al ser las Rondas Campesinas parte de ese conglomerado social y cultural, actúan en un espacio geográfico predeterminado y lo hacen conforme al derecho consuetudinario -cuya identificación y definición previa es tarea central del juez-, deben tener, como correlato, funciones jurisdiccionales en lo que le es privativo [Conforme: DEFENSORÍA DEL PUEBLO: El reconocimiento estatal de las Rondas Campesinas, Lima, octubre, 2004, páginas 23/28]. Las Comunidades Campesinas y Nativas, en suma, no son los únicos titulares del derecho a la identidad cultural y del derecho consuetudinario. Es cierto que el artículo 1º de la Ley número 27908 -en igual sentido el Reglamento de esa Ley (Decreto Supremo número 25-2003-JUS, del 30.12.2003)- ratifica las funciones de seguridad de las Rondas Campesinas dentro de su ámbito territorial y precisa que estas últimas apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, y colaboran con la solución de conflictos. Sin embargo, en vía de integración y según los parámetros constitucionales ya abordados, ha de entenderse que las funciones referidas al control del orden y a la impartición de justicia son insitas a las Rondas Campesinas tanto si éstas se originan en el seno de las citadas Comunidades y son expresión de ellas en la medida que sus normas internas lo autoricen, cuanto si surgen en aquellos espacios geográficos rurales en los que no existe Comunidades Campesinas, puesto que, como el propio artículo 1º preceptúa, son formas autónomas y democráticas de organización comunal. Cabe resaltar que en muchos casos las funciones jurisdiccionales en cuestión se dan no solo como un intento de reivindicar y afirmar sus propias esferas, sino que vienen “propiciadas” por la ausencia o casi nula existencia de presencia estatal.

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§ 2. Alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera 9º.- El primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se discute en sede penal una imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la presunta comisión de un hecho punible con ocasión de su actuación como rondero consiste en establecer si resulta de aplicación el artículo 149º de la Constitución, es decir, si es de aplicación el denominado “fuero especial comunal”, en tanto en cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria.

Desde dicha norma constitucional es posible -a tono, por ejemplo y en lo pertinente, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-552/03, del 10 de julio de 2003)- identificar los siguientes elementos que comporta la jurisdicción especial comunal-ronderil: A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Como ha quedado expuesto en los párrafos anteriores, las Rondas Campesinas tienen este atributo socio cultural. B.

C.

D.

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Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa organización comunal que, entre otras múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con capacidad de control social.

Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas. Esas normas, en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad jurídica, han de tener como fundamento y límite la protección de la cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan la aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva Ronda Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación de la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento constitucional de la respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina: las conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta.

A estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho consuetudinario que debe aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar

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los derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil.

10º.- El fuero comunal-rondero se afirmará, por tanto, si concurren los elementos y el factor antes indicado. El elemento objetivo es básico al igual que el factor de congruencia, por lo que es del caso efectuar mayores precisiones.

El primero, el elemento objetivo, está referido -con independencia de lo personal: el agente ha de ser un rondero, y territorial: la conducta juzgada ha de haber ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la respectiva Ronda Campesina, necesariamente presentes- a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva.

A.

B.

C.

Será del caso establecer, como primer paso, la existencia de una concreta norma tradicional que incluya la conducta juzgada por la Ronda Campesina. Esa norma tradicional, como ha quedado expuesto, sólo podrá comprender la defensa y protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad donde actúa la Ronda Campesina.

Si el sujeto -u objeto- pasivo de la conducta pertenece también a la comunidad y los hechos guardan relación con la cosmovisión y la cultura rondera -se trata, por tanto, de conflictos puramente internos de las Rondas Campesinas-, no cabe sino afirmar la legitimidad constitucional de esa conducta -y, por ende, la exclusión del Derecho penal-, en tanto en cuanto, claro está, los actos cometidos no vulneren los derechos fundamentales.

En cambio, frente a personas que no pertenecen a la cultura o espacio cultural de actuación de las Rondas Campesinas -se presenta, en tal virtud, un conflicto de naturaleza intercultural- la solución no puede ser igual. La legitimidad de la actuación comunal-rondera estará condicionada no sólo a la localización geográfica de la conducta sino también al ámbito cultural, esto es, (i) que la conducta del sujeto afecte el interés comunal o de un poblador incluido en el ámbito de intervención de la Ronda Campesina y esté considerada como un injusto por la norma tradicional -cuya identificación resulta esencial para el órgano jurisdiccional-; y (ii) que -entre otros factores vinculados a la forma y circunstancias del hecho que generó la intervención de las Rondas Campesinas y al modo cómo reaccionaron las autoridades ronderas, objeto de denuncia o proceso penal- el agente de la conducta juzgada por el fuero comunalrondero haya advertido la lesión o puesta en peligro del interés comunal o de sus miembros y/o actuado con móviles egoístas para afectar a la institución comunal u ofendido a sabiendas los valores y bienes jurídicos tradicionales de las Rondas Campesinas o de sus integrantes.

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11º.- El segundo, el factor de congruencia, exige que la actuación de las Rondas Campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales -se trata de aquellos derechos fundamentales en los que existe suficiente consenso intercultural-, entendiendo por tales, como pauta general, los derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de máximo conflicto o estados de excepción. La premisa es que los derechos fundamentales vinculados a la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en este caso el derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera absoluta, y que existen otros derechos individuales y colectivos con los cuales deben ponderarse los derechos fundamentales antes citados [RENE PAÚL AMRY: Defensa cultural y pueblos indígenas: propuestas para la actualización del debate. En: Anuario de Derecho Penal 2006, página 95]-. Entre los derechos fundamentales de primer orden, inderogables, es de citar, enunciativamente, la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y de las penas -bajo la noción básica de ‘previsibilidad’ para evitar vulnerar el derecho a la autonomía cultural (Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996)-. Estos derechos, en todo caso, han de ser interpretados, desde luego, de forma tal que permitan comprender, en su significado, las concepciones culturales propias de las Rondas Campesinas en donde operan y tienen vigencia.

12º.- La violación de los derechos humanos presenta dos situaciones, sea que ésta se deba (i) a lo previsto en las mismas reglas consuetudinarias o (ii) a los abusos que cometen las autoridades de las Rondas Campesinas por no respetar el derecho consuetudinario [JOSÉ HURTADO POZO/JOSEPH DU PUIT: Derecho penal y diferencias culturales: perspectiva general sobre la situación en el Perú. En: Derecho y pluralidad cultural, Anuario de Derecho Penal 2006, Fondo Editorial PUCP-Universidad de Friburgo, Lima, 2007, páginas 235/236]. En ambos supuestos, ante una imputación por la presunta comisión de un hecho punible atribuida a los ronderos, corresponderá a la justicia penal ordinaria determinar, en vía de control externo de la actuación conforme a los derechos humanos de las autoridades comunales si, en efecto, tal situación de ilicitud en el control penal comunal rondero se ha producido y, en su caso, aplicar -si correspondiere- la ley penal a los imputados.

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En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable -plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los

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ronderos; (iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa -lo que equivale, prácticamente, a un linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas de violencia física extrema -tales como lesiones graves, mutilacionesentre otras.

§ 3. El rondero ante el Derecho penal

13º.- El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado a las reservas que dimanan del propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes e intereses constitucionalmente protegidos. Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos [RENE PAÚL AMRY: Obra citada, página 97]: A. B.

Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita (interpretación del tipo conforme a la Constitución).

Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el artículo 20º.-8 del Código Penal -en adelante, CP-: cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho.

Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. Desde el primer caso -supuesto de atipicidad de la conducta- se descarta de plano, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones (artículo 361º CP) en la medida de que el rondero actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro (artículo 152º CP) puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional -detención coercitiva o imposición de sanciones-. Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y -en principio- la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad organizada) asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias agravantes o de integración criminal (artículos 186º, párrafo 2, inciso 1, y 317º CP). Efectivamente su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables, que involucra a personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva -uno de los atributos esenciales de la jurisdicción-.

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En estas condiciones, es de enfatizar que no es asimilable la actuación y la conducta, siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo y cuya presencia relevante en las estadísticas de la criminalidad nacional determinó las modificaciones y reformas del artículo 152º CP, caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante de las penas conminadas y de los rigores de su cumplimiento.

14º.- Cuando no sea posible esta primera posibilidad -la atipicidad de la conducta-, será del caso recurrir al análisis de la procedencia de la causa de justificación centrada, con mayor relevancia, en el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20º.-8 CP). Aquí se tendrá en cuenta el presupuesto -situación de amenaza a los bienes jurídicos antes citados- y los límites o condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional comunal-rondera ya analizados.

El respectivo test de proporcionalidad es el que debe realizarse para cumplir este cometido, para lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos comprometidos con la conducta ejecutada por los ronderos en relación con el derecho a la identidad cultural y al fuero comunal rondero, prevaleciendo siempre los intereses de más alta jerarquía en el caso concreto, que exige la no vulneración del núcleo esencial de los derechos fundamentales.

15º.- Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o si, en aplicación del test de proporcionalidad enunciado, la conducta analizada no está justificada, esto es, afirmado el injusto objetivo, será del caso considerar el conjunto de factores culturales en la escala individual del sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis en mención requiere, como presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la Ronda Campesina, la autoridad rondera que actuó -la condición de tal del rondero incriminado-, su nivel de representación y funciones, y las características y alcances de la norma consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede determinarse mediante pericias culturales o antropológicas. En este nivel del examen del caso es de tener en cuenta que los patrones o elementos culturales presentes en la conducta del rondero tienen entidad para afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o su atribución o culpabilidad, al punto que pueden determinar -si correspondiere- (i) la impunidad del rondero, (ii) la atenuación de la pena, o (iii) ser irrelevantes.

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El agente, entonces, como consecuencia de su patrón cultural rondero puede actuar (i) sin dolo -error de tipo- al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para el bien jurídico; (ii) por error de prohibición porque desconoce la ilicitud de su comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva; o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad de comportarse de acuerdo a aquella

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comprensión [IVÁN MEINI: Inimputabilidad penal por diversidad cultural. En: Imputación y responsabilidad penal, ARA Editores, Lima, 2009, páginas 69/70]. Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención de pena por diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los artículos 14º y 15º del CP.

Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de ronderos es de muy difícil concurrencia -aunque no imposible ni inusitado- los casos de error de tipo y, en muchos supuestos, las prescripciones del artículo 15º CP -que entraña un problema no de conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de comportarse de acuerdo con cánones culturales que al sujeto le resultan extraños-, porque los ronderos, como regla ordinaria, son individuos integrados al Estado total o parcialmente en cuya virtud al tener contacto con la sociedad “oficial” como parte de su modo de vida, aunque sea parcialmente, se les puede exigir algún tipo de conducta acorde a las normas del Estado, por lo que puede intentar motivar su conducta y, por ende, desaprobarla cuando sea contraria a los intereses predominantes de la sociedad con la cual se relaciona [JUAN LUIS MODELL GONZÁLEZ: Breves consideraciones sobre la posible responsabilidad penal de sujetos pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados. En: Anuario de Derecho Penal 2006, página 283].

16º.- Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, ésta última sin embargo puede tener entidad para atenuarla en diversos planos según la situación concreta en que se produzca. En los niveles referidos a la causa de justificación (artículo 20º.-8 CP), al error de tipo o de prohibición (artículo 14º CP) o a la capacidad para comprender el carácter delictivo del hecho perpetrado o de determinarse de acuerdo a esa comprensión (artículo 15º CP) -vistos en este último caso, según las opciones dogmáticas reconocidas por la doctrina, desde la imputabilidad, la exigibilidad e, incluso, de las alteraciones de la percepción que se expresan en los valores culturales incorporados en la norma penal, en cuya virtud, en cuya virtud se afirma que el miembro de la comunidad minoritaria con valores culturales distintos a los hegemónicos plasmados en el derecho penal carece de la percepción valorativa de la realidad que sí tiene la mayoría [JUAN MARÍA TERRADILLOS BASOCO: Culpabilidad-responsabilidad. En: Problemas Fundamentales de la Parte General del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO, Editor), Fondo Editorial PUCP-Universidad de Friburgo, Lima, 2009, página 353]-, si el grado de afectación no es lo suficientemente intenso o no se cumplen todos los requisitos necesarios para su configuración, será de aplicación, según el caso: A.

La atenuación de la pena por exención incompleta conforme al artículo 21º CP, o por la vencibilidad del error prohibición según el artículo 14º in fine última frase CP, o por los defectos de la comprensión -o de

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B.

determinarse según esa comprensión- como lo previene la última frase del artículo 15º CP.

La sanción por delito culposo si tal figura penal se hallare prevista en la ley por la vencibilidad del error de tipo, atento a lo dispuesto por el artículo 14º primer párrafo última frase CP.

17º.- Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado, el Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los artículos 45º.-2 y 46º.-8º y 11º CP -compatibles con el artículo 9º.-2 de la Convención, que exige a los tribunales penales tener en cuenta las costumbres de los pueblos indígenas, el contexto socio cultural del imputado-; y, de otro lado, directivamente, el artículo 10º de la Convención, que estipula tanto que se tenga en cuenta las características económicas, sociales y culturales del individuo y dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento -principio de adecuación de las medidas de reacción social-. III. DECISIÓN

18º.- En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ACORDARON:

19º. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7º al 17º.-

20º. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22º de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116º del citado estatuto orgánico. 21º. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase saber. Ss.

GONZALES CAMPOS SAN MARTÍN CASTRO LECAROS CORNEJO PRADO SALDARRIAGA 620

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RODRÍGUEZ TINEO VALDEZ ROCA BARRIENTOS PEÑA BIAGGI GÓMEZ MOLINA ORDOÑEZ BARRIOS ALVARADO PRÍNCIPE TRUJILLO NEYRA FLORES BARANDIARAN DEMPWOLF CALDERÓN CASTILLO ZEVALLOS

621

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[ ÍNDICE ANALÍTICO ] ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Acceso a la justicia estatal, 561-562, 577-578, 582, 615 Competencia de autoridades comunales, 105 Delitos ambientales, 115-119

El Juez de Paz puede derivar casos a la justicia comunitaria, 423

Error de comprensión culturalmente condicionado, 113, 623-624

Hoja de ruta del Poder Judicial sobre la justicia intercultural, 429-433 Igualdad de tratamiento ante la ley, 42, 47

No es competente la jurisdicción penal, cuando ya intervino la jurisdicción comunal, 127 Obligación de atender denuncias de miembros de comunidades nativas, 245 Procesos judiciales contra la discriminación, 48 Rondas campesinas, 611-625

Sanciones alternativas a la cárcel para los indígenas, 60

Tribunales estatales tomarán en cuenta la cultura de los implicados, 60, 113, 245, 623

AMAZONÍA

Promoción de su desarrollo, 103

Comunidades campesinas en la Amazonía, 191-192

ANCIANOS, 80, 399, 432, 541 APARTHEID, 46

ASIMILACIÓN FORZADA, 77

ASISTENCIA FINANCIERA, 85, 191

ASISTENCIA TÉCNICA, 85, 164, 210, 302, 304, 355, 372, 378, 451, 462, 489, 511, 513 AUTOGOBIERNO, 76

AUTONOMÍA, 76, 110, 153, 161, 194,199, 287, 294-307, 303, 387, 394, 503

En los procesos de consulta previa, 366

Para administrar el patrimonio comunal, 194

623



Reconocimiento constitucional, 104

Se expresa en determinar quién ingresa al territorio de la comunidad 607

CATASTRO, 110-111, 155, 184, 188, 222-225, 230, 232, 238, 243, 304-307, 523, 526, 529 CAZA, 65, 117, 243, 254, 312, 446-448, 570 CIUDADANÍA, 45, 58, 60, 84, 101, 102, 139 COLOMBIA, 555-556,

Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, 618, 620

COMUNIDADES CAMPESINAS

Anexos, 154, 179, 189-190. 195

Asamblea General 110, 156-159, 161, 169-180, 183-191, 195-199, 201-207, 213, 222, 406, 408, 244, 257, 518 Bienes de la comunidad, 115, 160-161, 181, 185, 189, 194-197, 200 Comités especializados, 158, 179, 183, 186, 187, 188-189 Comuneros calificados, 156, 157, 171, 174, 176-178 Comuneros integrados, 155, 173-174 Comuneros no calificados, 175

Comunidades campesinas en la Amazonía, 191-192 Definición, 109, 154

Derechos de los comuneros, 174-176

Directiva comunal, 158-160, 181-188, 190, 191, 194, 195, 196, 198, 199 Elecciones, 182, 184, 190-191

Exoneraciones de impuestos, 162 Existencia legal, 104, 109, 154 Funciones, 154-155

Fusión de comunidades campesinas, 171-172

Inscripción de otras organizaciones como comunidades 172-173 Integración de nuevos comuneros, 159

Obligaciones de los comuneros, 176-177, 161, 164, 167

Patrimonio comunal, 193-194. Véase también Bienes y Rentas Pérdida de la condición de comunero, 178, 252 624

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Personería jurídica, 154, 161, 165, 169-173



Régimen promocional, 162-164



Principios que las rigen, 154, 198 Rentas, 160-161, 185, 187, 194 Sanciones177-178

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA COSTA, 221-238

Adjudicación de las tierras en propiedad individual, 222-224 Declaración de abandono legal, 226-227, 231-233, 235-238

COMUNIDADES NATIVAS

Asamblea General, 110, 285, 289, 290, 298-303, 306, Cesión en uso de tierras forestales, 243, 253 Definición, 109, 243

Demarcación de comunidad, 243, 252-254, 259, 288, 295, 304 Dentro de los Parques Nacionales, 244

Derechos de los precarios o mejoreros, 244, 253, 255

El Estado garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas, 243 Existencia legal, 109, 243, 291, 294 Exoneración de impuestos, 245

Inscripción en SUNARP es un acto declarativo y no constitutivo, 594 Miembro de comunidad nativa, 243, 252 Migraciones estacionales, 61, 243

Pérdida de condición de comunero, 243, 252 Prioridad en concesiones forestales 245

Procedimiento para inscripción en SUNARP, 291-307

CONCESIONES MINERAS

Inhabilitación para recibir concesiones a quienes cometen delitos ambientales, 116 Prioridad a las comunidades campesinas, 157

CONDICIONES DE VIDA, 59

CONOCIMIENTOS INDÍGENAS, 83, 141, 142, 146, 289, 455-475 625

Protección de conocimientos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, 455-475

CONSENTIMIENTO, 59, 62, 77, 78, 80, 82, 146, 365, 366, 380, 383, 456, 457, 458, 466, 558, 591 Antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras y territorios, 83

Necesario para almacenamiento de productos tóxicos o peligrosos 82, 340 Previo, libre e informado para casos de desplazamiento, 77

Respecto a la difusión de los conocimientos tradicionales, 456, 457, 458, 466

CONSULTA, 80, 142, 146, 295, 349-357, 359-382, 383-384, 489, 552. 557-559, 565567, 574, 589-591,597, 599-601, 603-604 Abandono del diálogo, 374

Acreditación de representantes, 366, 369

Acta de consulta, 354, 362, 365, 367, 373-375 Base de datos, 355, 368-369, 378-379

Consulta de Decretos Legislativos, 377

Consulta de leyes y otras normas generales, 377

Criterios de identificación de los pueblos indígenas, 351-352

De buena fe, 59, 80, 83, 350, 362-363, 365, 373, 375, 379, 559, 591, 597, 599601 Decretos de Urgencia, 378 Definiciones, 362-365

Derecho de petición, 316, 368-369

Etapas del proceso, 352-354, 371-376 Finalidad, 350

Financiamiento, 355, 376-377

Identificación de las medidas a ser consultadas, 352-353, 371

Identificación de los pueblos a ser consultados, 353, 355, 368, 371, 379 Idioma, 354, 371, 374

Información de la medida, 380-381

Intérpretes 354, 356, 370, 374, 378, 380 Medidas administrativas urgentes, 381 626

Normas que no están sometidas al proceso de consulta, 367

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Obligaciones estatales, 355-356, 365-367, 379 Principios, 350-351

Publicidad de la medida 353, 371-372

Se aplica en caso de desbosque que pueda afectar a comunidades campesinas y nativas, 384 Se les debe consultar antes de regular su capacidad de enajenar tierras, 63 Sujetos del derecho, 351, 367-368 Suspensión del diálogo, 374-375

Viceministerio de Interculturalidad, 356, 361, 362, 368-370, 378-381

CONTROVERSIAS ENTRE INDÍGENAS Y EL ESTADO, 85 CONVENIO 169 DE LA OIT

Aplicado para la creación de una zona reservada para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, 312-313 Invocado en el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, 613-617

Invocado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 559, 566, 571, 590-591, 594

Invocado en las sentencias del Tribunal Constitucional, 595-597, 599, 601602, 606 Jerarquía normativa en el Perú, 595-596

La Ley de Consulta Previa se aplica e interpreta de acuerdo al Convenio, 349, 362-364, 367, 377, 380-381 Sus principios se aplican en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 145-147, 383 Las rondas campesinas deben respetar los derechos humanos como indica el Convenio, 393, 396 Sus principios son aplicados por la SUNARP, 395-296, 306-307 Texto completo, 55-71

COSMOVISIÓN INDÍGENA, 287-289, 292, 295, 489-490, 581

Un enfoque ecosistémico debe tomar en cuenta la cosmovisión indígena, 146-147



Aplicadas al demarcar las tierras de las comunidades nativas, 254

COSTUMBRES, 56, 57, 59, 60, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 142, 154, 155, 176-178, 181, 243, 257, 447, 462,

627

Aplicadas al inscribir a las comunidades nativas, 292, 295, 317

El juez debe tomarlas en cuenta al sentenciar a una persona indígena, 60, 114, 245, 624

En las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 541, 548, 550, 551, 553, 559, 562, 565, 566, 570, 571, 574, 582, 595 En las sentencias del Tribunal Constitucional, 597, 600

En los procesos de consulta previa, 351, 364-366, 368, 369, 377

Error de comprensión culturalmente condicionado, 113, 619-620

Existe el derecho a conservarlas, si no son incompatibles con los derechos humanos, 363 Impedir que extraños aprovechen las costumbres indígenas para apropiarse o acceder a sus tierras, 63 Jueces de Paz pueden aplicarlas si no vulneran los derechos humanos, 422 Jueces de Paz pueden imponer sanciones según las costumbres, 423

Pueden mantenerse en relación a niños y adolescentes, si no son contrarias a normas de orden público, 121-122 Rigen en las empresas comunales, 196, 198

Rigen para la administración de los bienes de las comunidades campesinas, 194 Rigen para la administración de las tierras de las comunidades nativas, 289 Rigen para los cargos en las comunidades campesinas, 182 Rondas campesinas y costumbres, 388, 393, 396, 397, 399

Se prohíbe actividades contrarias a las costumbres de los pueblos indígenas en aislamiento en las áreas reservadas, 321 Son un criterio para determinar si una población es indígena, 351

CULTURA, 65, 67, 68, 77-79, 83, 84, 154, 155, 288, 294 De los pueblos indígenas en aislamiento, 321

Derecho de las minorías a tener su propia vida cultural, 52

Error de comprensión culturalmente condicionado, 113, 615-616 Es un criterio para determinar si una población es indígena, 351

Estado debe tomar medidas especiales para que los niños indígenas puedan vivir según su cultura, 580 Presente en los procesos de consulta previa, 353, 356, 364, 371 628

Protección contra la asimilación forzada, 77

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Respeto de la cultura de las rondas campesinas, siempre que no vulneren derechos humanos, 393 Respeto de las culturas indígenas, 58-61 Restitución de bienes culturales, 78

Se tomará en cuenta cuando se apelen resoluciones de Jueces de Paz, 427

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS

Sus principios se aplican en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 145, 383 Texto completo, 73-86

DEFINICIONES

De comunidades campesinas, 109, 154 De comunidades nativas, 109, 243 De pueblos indígenas, 56, 364

De pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, 329 De pueblos tribales, 56

DELITOS AMBIENTALES, 115-119

Es un agravante cuando un delito contra los recursos naturales se comete en tierras de una comunidad nativa o campesina o un pueblo indígena, 119

Los autores de delitos ambientales están inhabilitados para recibir concesiones mineras, 116

DERECHO CONSUETUDINARIO, 59, 562. 574, 582

Competencia de autoridades comunales, 105

Debe tomarlo en cuenta la SUNARP al inscribir a las comunidades nativas, 395, 306-307 Ejercido por las rondas campesinas, 393, 609-620

El Juez de Paz lo puede aplicar, siempre que no viole derechos fundamentales, 423 El Juez de Paz puede derivar casos a la justicia comunitaria, 423

Error de comprensión culturalmente condicionado, 113, 619-620 Hoja de ruta sobre la justicia intercultural, 429-433

Lo toma en cuenta el Juez de Paz al aplicar sanciones comunitarias, 421-422

No es competente la jurisdicción penal, cuando ya intervino la jurisdicción comunal, 127 629

No puede vulnerar derechos fundamentales, 105, 610-611 Regula el trabajo comunal, 154

Regula las relaciones laborales en las empresas comunales, 198

Relacionado al ejercicio del derecho de propiedad de la tierra, 548, 557-558, Sanciones alternativas a la cárcel, 60

Se aplica en discrepancias dentro de los indígenas sobre el uso de conocimientos tradicionales, 467 Tribunales estatales tomarán en cuenta la cultura de los implicados, 60, 113, 245, 624

DERECHOS HUMANOS

Derecho a la igualdad, 42, 45-48, 57, 64, 66, 67, 86, 90, 99, 122, 138, 154, 156, 441-442, 485, 487, 549-550, 572, 573, 590, 612, 617 Derecho a la integridad física y mental, 76, 120, 396 Derecho a la libertad (véase libertad)

Derecho a la participación, 356, 380, 549 Derecho a la seguridad personal, 47

Derecho a la vida, 76, 99, 319, 354, 366, 376, 544, 555, 561-562, 563-564, 565, 567, 572, 573, 579-581 Derechos de los indígenas en tanto pueblos, 76 Derechos laborales, 48, 59, 63-64, 79, 245, 246 Derechos políticos, 47, 101, 549-550

Indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de los derechos humanos, como pueblos y personas, 76

Rondas campesinas deben respetarlos, 402, 407, 410, 609, 611, 615-616, 618

DESARROLLO

El Estado declara de interés nacional el desarrollo integral de las comunidades campesinas, 139 Las comunidades campesinas ejecutan sus planes de desarrollo, 154 Los indígenas trazarán sus propias prioridades, 59, 81, 83 Los indígenas participarán en los planes de desarrollo, 59

Planes de desarrollo concertados con las comunidades campesinas y nativas, 501 630

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los indígenas deben participar, 559, 597

DESCENTRALIZACIÓN

Direcciones Regionales tienen función de demarcar y titular comunidades, 217

Participación de las comunidades campesinas y nativas en los Consejos Regionales, 105, 123, 136, 137

DESPLAZAMIENTO

Aplicación de normas nacionales sobre desplazamientos internos, 394 Causa mucha vulnerabilidad a los pueblos indígenas, 582 Indemnización por desplazamiento, 62 Prohibición del traslado forzoso, 77

Requiere el consentimiento libre, previo e informado, 77

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Condena de propaganda racista, 46-47, 77, 91

Debe evitarse en el ámbito educativo, 48-49, 67, 78, 480 Debe evitarse en el ámbito laboral, 48, 63, 64, 79, 80 Debe evitarse en el ámbito de la salud, 48, 81 Definición, 45

El Estado debe prohibirla, 46

El Estado no debe fomentarla, 46 El Estado no debe practicarla, 45

El Estado debe proteger a las personas contra la discriminación, 50 El Estado debe sancionarla, 47 Delito de discriminación, 120

Hacia los idiomas indígenas, 485, 489 Luchar contra los prejuicios, 79

Prohibida por normas nacionales, 99, 136, 137, 388

Prohibida por normas internacionales, 45, 52, 54, 57, 57, 58, 63, 76, 80, 86, 90 Prohibida por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 571, 573-574 Promoción de condiciones de igualdad, 46

631

Propaganda discriminatoria, 46, 73, 86

Protección contra la discriminación, 48 Recursos legales efectivos, 48-49

ECUADOR, 565-567 EDUCACIÓN

Control de los sistemas educativos por los propios indígenas, 78 Educación bilingüe intercultural, 101, 441, 479-481, 487, 490 Sin discriminación, 48-49, 67, 78, 480

Transferencia a los indígenas de los programas educativos, 67

EMPRESAS COMUNALES, 154-155, 158, 161-163, 176, 194-208, 210, 507-513. ESPIRITUALIDAD, 58, 59, 68, 79, 83, 84, 458, 614 Ceremonias espirituales y religiosas, 78

Estado debe tomar medidas especiales para que los niños indígenas puedan vivir según su religión, 580 Lugares de culto, 78, 581

Relación con la tierra, 61, 81, 288, 321, 540-541, 567, 570, 590 Repatriación de restos funerarios, 78

Restitución de bienes espirituales, 73 Rituales funerarios, 541

ESTATUTOS COMUNALES, 110, 155, 156, 158-160, 165, 170-171, 174-192, 297298, 330-302, 412, 447, 452,

ESTILOS DE VIDA, 141, 351, 590 EXPROPIACIÓN, 569

Previo pago del justiprecio en dinero, 156, 518

Valor de las tierras será el que establece el mercado, 472

FRONTERAS

Contacto entre pueblos indígenas separados por fronteras nacionales, 68, 84



Condenado a nivel internacional, 77

GENOCIDIO 632

Delito de genocidio, 119

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

GOBIERNOS REGIONALES

Relación con las comunidades campesinas y nativas, 105, 123, 136, 137, 217218 Saneamiento físico legal de las tierras comunales, 138

GUATEMALA, 541, 561-562, 563-564, 579-583

HIDROCARBUROS, 246,516, 565-567, 589-591

HISTORIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 66, 68, 78, 79, 548

IDENTIDAD CULTURAL, 57, 100, 104, 120, 122, 139, 141, 142, 154, 350, 363, IDIOMAS

Derecho a usar idiomas indígenas, 52, 78, 573, 604 En la administración de justicia, 90

En la educación, 67, 78-79, 122, 101, 441, 479-481, 487, 490 En los contratos sobre conocimientos tradicionales, 462

En los procesos de consulta previa, 354, 356, 371, 374, 378

Estado debe proporcionar intérpretes, 90, 100, 345, 331, 522-523, 524-525, 575-577 Estado debe tomar medidas especiales para que los niños indígenas puedan practicar su idioma, 580 Idiomas indígenas son oficiales, 102

Indígenas deben tener la posibilidad de aprender la lengua nacional o alguno de los idiomas oficiales, 64 Preservación de lenguas indígenas, 483-491

Requisito para ser integrante de la directiva de la comunidad campesina, 159, 182, 257 Requisito para ser Juez de Paz, 428

Traducir información fundamental sobre todos los derechos que corresponden a los indígenas, 64

IGUALDAD, 42, 45-48, 66, 85, 122, 138, 154, 156, 485, 487, 549-550, 572, 573, 590, 608, 613 En el ámbito laboral, 48, 63, 64, 79, 80

En el ejercicio de los derechos fundamentales, 57, 86, 90, 99 En la educación, 48-49, 67, 78, 441-442, 480

633

INCLUSIÓN Responsabilidad de los gobiernos regionales, 137-138 Principio de la Ley Forestal y de Fauna, 146

INDEMNIZACIONES, 62, 77, 82,

Por actividades extractivas que se realicen en las tierras indígenas, 62 Por el desplazamiento, 62, 77

Por el uso de sus conocimientos colectivos, 466

Por haber sido privados de sus medios de subsistencia y desarrollo, 75 Por haber sido privados de sus tierras y recursos, 82 Por la asimilación forzada, 77

Por la servidumbre minera o de hidrocarburos, 516

Será en tierras o recursos de igual calidad, en la medida de lo posible, 82, 569

INTERCULTURALIDAD, 136, 146, 350, 484, 487-488, 489

Educación bilingüe intercultural, 101, 441 (nota al pie 77), 479-481, 488490 Iniciativas interculturales de formación profesional y técnica, 451 Justicia intercultural 429-433

Principio de la Ley Forestal y de Fauna, 146

Principio del proceso de consulta, 350, 364, 366, 386-387

JUECES DE PAZ, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 159, 415-417, 420, 433

Autoridades comunales y ronderas respetan y hacen respetar actas y sentencias, 416, 422

Comunidades campesinas y nativas facilitan locales para su trabajo, 416, 420, 424 Coordinan con autoridades comunales y rondas campesinas, 416-417 Deben hablar el idioma local, 428

Ejercen jurisdicción civil, 125-126

Ejercen jurisdicción en materia de familia, 122-123 Ejercen jurisdicción penal, 128

Competencia en procesos de hábeas corpus, 129 634

Las comunidades pueden solicitar que se instale o se suprima el Juzgado, 424

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Resuelven según las costumbres locales, 422 Sanciones comunitarias, 416-417, 422-423

Se tomará en cuenta las particularidades culturales, cuando sus resoluciones sean apeladas, 427

JUSTICIA COMUNAL (Véase derecho consuetudinario) JUSTICIA INDÍGENA (Véase derecho consuetudinario) JUSTICIA INTERCULTURAL 429-433

LIBERTAD, 42, 45, 46, 48, 57-58, 76-77, 85-86, 90 Libertad de asociación, 48

Libertad de expresión, 48, 79, 91 Libertad de pensamiento, 48 Libertad de religión, 48, 581

Libertad de tránsito, 47, 544-545, 581-582 Libertad sindical, 64

Rondas campesinas están prohibidas de realizar detenciones arbitrarias, 620

LIBRE DETERMINACIÓN, 76, 590-591 LITERATURA INDÍGENA, 78, 83, 489

MATERIALES PELIGROSOS O TÓXICOS, No se pueden almacenar en territorios indígenas sin su consentimiento, 82, 380-381

MATRIMONIO, 48

Puede celebrarse ante las autoridades comunales, 111

MEDICINA TRADICIONAL, 66, 81, 83, 437 MEDIDAS ESPECIALES

Cuando los indígenas enfrenten situaciones de grave vulnerabilidad, 562, 582 No deben buscar una situación de desigualdad o segregación, 46

No deben ser contrarias a la voluntad de los pueblos indígenas, 58

Para garantizar que los indígenas disfruten su derecho a la tierra, 380-381, 557-558 Para garantizar que los niños indígenas puedan vivir según su cultura, idioma y religión, 580

635

Para mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos indígenas, 80

Para proteger a los niños indígenas de trabajos peligrosos y explotación, 79 Para proteger los derechos laborales de los trabajadores indígenas, 63-64 Naturaleza temporal, 45

MEDIO AMBIENTE, 58-59, 68, 82-83,103, 464, 511, 518, 528, 589, 591 Delitos ambientales, 115-119

Derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas deben ser salvaguardados en la política ambiental, 142

En las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 541, 559-560, 566-567, 597

Estudios y proyectos ambientales evitarán perjudicar la integridad de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, 142 Los procesos de consulta se realizan respetando la legislación ambiental, 365 Un enfoque ecosistémico debe tomar en cuenta la cosmovisión indígena, 146-147 Zonas de protección ecológica en la Amazonía, 528-529

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Acceso sin discriminación, 79

Acceso prioritario a medios de comunicación estatales, 480

Para que los indígenas conozcan sus derechos y obligaciones, 67

Debe promoverse que reflejen y difundan las culturas y tradiciones indígenas, 79, 487, 490 Debe promoverse que los indígenas tengan sus propios medios de comunicación, 79,480 Deben ser usados en los procesos de consulta previa, 372 En idiomas indígenas, 79

En la difusión de conocimientos tradicionales, 459

MÉXICO, 575-576, 577-578 MILITARES

Actividades militares en tierras indígenas, 82-83



Deben conocer los idiomas indígenas, 488

636

Deben colaborar con los Jueces de Paz, 422

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

MUJERES, 57, 64, 80, 155, 173-174, 500, 541, 575-578 (debe incluirse el párrafo 259 de la sentencia en la página 575) Estado debe garantizar la tutela judicial efectiva de las mujeres que pertenecen a comunidades campesinas y nativas, 432

Los derechos y libertades que contempla la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas se aplican a hombres y mujeres, 85

Participación de mujeres indígenas en los procesos de consulta previa, 366, 369-370 Participación electoral, 496-497

Rondas campesinas deben respetar sus derechos y participación, 388, 397399

MUNICIPALIDADES

Apoyan la ejecución de las sanciones comunitarias dispuestas por el Juez de Paz, 416, 417 Elecciones municipales, 495-496

Fortalecen la identidad de población campesina y nativa, 139

Participación de las comunidades campesinas y nativas en las instancias municipales, 501-504 Proporcionan locales a los Jueces de Paz, 420, 424-425

Pueden delegar la administración de servicios públicos a las comunidades campesinas, 194 Representación indígena en los Concejos Municipales, 105

NACIONALIDAD, 45, 48, 76

NICARAGUA, 539-540, 549-550 NÓMADES, 61, 312, 570

NIÑOS, 67, 77-80, 121, 388, 397, 399, 432, 573, 577, 578

Comunidades nativas y campesinas conservan sus costumbres en relación a los niños, siempre que no sean contrarias a normas de orden público, 121122 Derecho a la vida cultural de los niños indígenas, 573

El traslado forzado de niños es una forma de genocidio, 120

Estados deben proteger a niños indígenas de trabajos peligrosos y explotación, 79

PADRÓN DE COMUNEROS, 110-111, 155, 157, 159, 171, 172, 174, 179, 182, 184, 186, 188, 257, 301 637

PARAGUAY, 547-548, 551-553, 569-574 PARQUES NACIONALES

Comunidades nativas dentro de los parques, 244

PARTICIPACIÓN

En el reconocimiento del derecho a la tierra, 82

En el saneamiento físico y legal de la propiedad agraria, 138

En el uso de los recursos naturales existentes en sus tierras, 61-62, 142143, 452 En la gestión forestal, 146

En la política ambiental y el ordenamiento territorial ambiental, 142 En la política lingüística, 486, 487, 489 En la seguridad ciudadana, 504

En las decisiones que les afecten, 57-59, 80, 85 (Véase también consentimiento y consulta previa) En los beneficios económicos, 59

En los programas educativos, 67, 479

En los programas de salud, vivienda y otros, 81

PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 76, 100-101

En el Consejo de Coordinación Local Distrital, 502-503

En el Consejo de Coordinación Local Provincial, 501-502 En el Consejo de Coordinación Regional, 500 En el proceso de descentralización, 105

En la toma de decisiones que inciden o pueden incidir en los derechos de los indígenas, 549 En las elecciones municipales, 105, 496 En las elecciones regionales, 105, 498 En los gobiernos locales, 503

En los gobiernos regionales, 136, 451-452

En los planes o decisiones que afecten los derechos sobre las tierras indígenas, 80 Promovida por la educación que reciben los niños indígenas, 67 638

Según las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 549550

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

PERSONALIDAD/PERSONERÍA JURÍDICA De las comunidades campesinas, 154, 165, 169-171, 500, 502 De las comunidades nativas 243, 294, 311, 502, 594, De las rondas campesinas, 387, 401

De los pueblos indígenas, 541, 547, 557

POBREZA, 146, 572, 578

POSESIÓN, 61, 63, 81-82, 169, 170, 172, 192, 213, 223, 236-237, 319, 321, 352 Carencia de títulos sobre las tierras que poseen las comunidades, 213 De las tierras forestales, 446, 447

Elemento para declarar a un grupo como indígena, 352

La posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas, 552 La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado, 552, 570 La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro, 552, 570 Posesión colectiva, 570

Presunción de que las tierras poseídas son de propiedad comunal, 110

PROFESIONALES

Garantizar medios de formación profesional, 48, 65, 80, 451

Preferencia a los profesionales indígenas en la comunidades nativas, 244

PROPAGANDA

Los Estados deben prohibir y sancionar toda propaganda racista, 46-47, 77, 91

PROPIEDAD, 61

Colectiva, 570

Debe ser delimitada para que se haga efectiva su protección, 548, 557-558, 570 Herencia, 48

La defensa de la propiedad considerada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, permite defender la propiedad de las tierras y territorios indígenas, 539-540, 548, 551-553, 558-559, 565-566, 569-570 Modalidades de transmisión de propiedad, 62

639

Presunción de que las tierras poseídas son de propiedad comunal, 110 Sanción a la usurpación, 114-115

PROPIEDAD INTELECTUAL (Véase conocimientos indígenas) PUEBLOS EN AISLAMIENTO, 118, 320-322, 328-339, 343, 346, 456 Aprovechamiento de recursos naturales, 395

Autorización de ingreso a las reservas, 336, 352 Definición, 320, 329,

Derechos, 321-322, 328, 330, 335

Explotación de recursos naturales, 337, 367, 381 Extinción de la reserva indígena, 336

Intangibilidad de las reservas, 336-337, 339

Interacción con el personal del sector Salud, 437 (nota al pie 75)

Muestra de una norma de reconocimiento de un área reservada para pueblos en aislamiento, 311-318 No puede haber desbosque en las zonas reservadas, 346

Planes de contingencia para avistamientos o encuentros, 315, 331, 346

Posibilidad de que el pueblo aislado o en contacto inicial decida terminar esta situación, 335-336 Proceso de reconocimiento, 332-334

Registro de pueblos en aislamiento y reservas, 343-344 Reservas existentes hasta el año 2013, 340

RECURSOS NATURALES,

Acceder a ellos para necesidades de subsistencia, 142, 314, 321, 335, 337, 446, 447, 450, 559-560. Acceder a ellos para sus usos rituales, 142

Delitos contra los recursos naturales, 117-119 Derechos sobre los recursos naturales, 61-62

Indemnización por despojo de sus recursos naturales, 82

La protección de los territorios indígenas implica el control y uso de los recursos naturales, 565-566

No están prohibidas las concesiones para aprovechar recursos naturales en las tierras indígenas, 559 640

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Participación de las comunidades campesinas y nativas en la gestión forestal, 146

Participación de los indígenas en el uso de los recursos naturales existentes en sus tierras, 61-62, 142-143, 381, 452 Participación de los indígenas en los beneficios que generen los recursos naturales, 61-62, 142-143, 146, 381 Permiten determinar el territorio indígena, 314

Prioridad en el aprovechamiento sostenible, 146 Son propiedad de la nación, 103

Uso racional, 154, 259, 279, 511, 532, 591

RENIEC/REGISTROS CIVILES

Autoriza a las comunidades campesinas y nativas a inscribir nacimientos, 134 Registros de Estado Civil a cargo del agente municipal, 245

RIBEREÑOS

Posibilidad que se conviertan en comunidad campesina, 191-192

RONDAS CAMPESINAS

Ámbito de acción, 398-399

Apoyan a los Jueces de Paz, 417, 422

Autoridades ronderas respetan y hacen respetar actas y sentencias de Jueces de Paz, 415-417, 422 Coordinación con la jurisdicción ordinaria, 417 Coordinación con los Jueces de Paz, 417

Deben respetar los derechos humanos 393, 396, 397, 609-611, 614-615, 618 Derecho de participación, 388

Derechos y obligaciones de los ronderos, 398-399

En la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, 431-432 En la seguridad ciudadana, 504

Función jurisdiccional, 611-625 Funciones, 396-397

Inscripción en la SUNARP, 388, 395, 404-414 641

Municipalidades promueven que participen en la seguridad de las zonas rurales, 504 Pérdida de la condición de comunero, 243, 252

Personalidad jurídica, 387, 401 Resolución de conflictos, 397 Sanciones, 416-417

SALUD, 59, 66, 82, 101, 363, 382

Guías del Ministerio de Salud, 437

Medicina tradicional, 66, 81, 83, 437 Participación en los programas, 81 Salud mental, 66

Sin discriminación, 48, 80

SUBSUELO, 61, 381,

SUNARP/ REGISTROS PÚBLICOS, 112, 162, 165, 169-171, 173, 192, 195, 213-215, 221, 224, 230, 236-238, Exoneración de pagos registrales, 147

Inscripción de las comunidades nativas, 291-307

Inscripcion de las rondas campesinas, 401-414, 388, 395-396

SURINAM, 543-545, 557-560

TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 156, 160, 163, 169-170, 210, 447

Abarca también el área donde los indígenas realizan actividades según sus tradiciones culturales, 294 El territorio comunal está formado por las tierras que la comunidad viene poseyendo, 211

El Estado garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas, 153 No son parte del territorio de las comunidades campesinas 212 Procedimientos de deslinde y titulación 211-216

TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, 243, 244, 252-256, 304-306, 447 Indígenas son autónomos para determinar quién ingresa al territorio de la comunidad 607

TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, 59, 61, 81-83 642

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Afectar el territorio implica también una afectación a la identidad cultural y la supervivencia, 548

Consecuencias de perder el territorio, 571-574

Criterio objetivo para determinar si una población es indígena, 351

Cubre la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan, 61 Debe ser demarcados para que se haga efectiva su protección, 548, 557558, 601-602 Diferencia con el concepto de tierras, 606-607

Los indígenas tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios, 494 Para que estén protegidos, los indígenas deben poder controlar y usar los recursos naturales, 565-566 Relación espiritual de los indígenas, 61, 81, 288, 321, 540-541, 567, 570, 590 Resarcimiento por privarles de sus territorios, 77

Se refiere a la totalidad de la tierra y recursos naturales que los pueblos indígenas utilizan tradicionalmente, incluyendo el área para actividades culturales, 294

TIERRAS, 59, 61-63, 77, 81-83, 76-78, 97, 142, 146, 161, 172, 181, 380, 445-446,

Bosques en tierras comunales, 287-290



Cometer otros delitos ambientales en tierras comunales es un agravante,



Cometer actos de minería ilegal en tierras comunales es un agravante, 116 119

Consultarles si se quiere regular su capacidad de enajenar tierras, 63

Deslinde y titulación de las tierras de las comunidades campesinas, 211216 Diferencia con el concepto de territorio, 606-607

Entrega de tierras adicionales si las necesitan, 63, 156, 243 Expropiación, 156, 472, 518,

Extinción de la posesión familiar, 142

Imprescriptibles, 104, 110, 138, 156, 225 Inalienables, 110, 138, 156, 225

643



Indemnización por despojo de sus tierras, 73



Indígenas que perdieron sus tierras deben recibir otras similares, 503



Indígenas desplazados mantienen derecho sobre sus tierras, 503 Inembargables, 110, 138, 156, 225 Libre disposición, 104

Padrón de uso de tierras, 188

Preferencia a las comunidades campesinas para adquirir las tierras colindantes

Presunción de que las tierras poseídas son de propiedad comunal, 104 Prohibición del acaparamiento, 157

Relación espiritual con la tierra, 61, 76, 494, 498

Sanciones a intrusos y usurpadores de las tierras indígenas 63, 114 Tierras abandonadas pasan al Estado, 104

Tierras de las comunidades campesinas de la costa, 221-238

Tierras forestales otorgadas solamente bajo cesión en uso a las comunidades nativas, 257 Tierras indígenas ocupadas por terceros de buena fe, 552 Venta de tierras comunales, 142

TRABAJO

Debe evitarse la explotación laboral de los indígenas (Véase derechos laborales) Trabajo comunal, 104, 153, 154, 160, 191, 615

TRADICIÓN ORAL, 78, 83

TRADICIONES, 56, 57, 67, 77-79, 81-85, 154, 155, 194, 245, 366, 422, 487, 541, 548, 557, 559, 571, 572, 575, 616

TRATADOS INTERNACIONALES, 69, 84, 142, 145, 147, 354, 362, 363, 376, 383, 441, 595 USURPACIÓN, 63, 114

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

644

Por parte del Estado, 538-583

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

[ ÍNDICE ] Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - Henry José Avila Herrera Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - Tommy Deza Sandoval Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico

Resolución Ministerial Nº 0209-2013-JUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Guía del lector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Principio del Servidor Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Abreviaturas de las concordancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Normas concordadas con el “Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas” . . . . . . . . . . 29 SECCIÓN PRIMERA: NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

TÍTULO I: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL CAPÍTULO I NORMATIVA UNIVERSAL 1. Declaración Universal de Derechos Humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (Artículo 2º, Numeral 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 (Artículo 7º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 645

Parte I (Artículo 1º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 2º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 3º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 4º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 5º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 6º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 7º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 2º, Numeral 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 26º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 27º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 45 46 46 47 48 49

51 52 52 52

4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. . . . . . . . . . . 53 (Artículo 2º, Numeral 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5. Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 CAPÍTULO II NORMATIVA REGIONAL

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 1º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 8º, Literal a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artículo 13º, Numeral 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÍTULO II:

89 90 90 91

MARCO NORMATIVO NACIONAL CAPÍTULO I MARCO NORMATIVO GENERAL Sub Capítulo I Constitución Política del Perú 1. Constitución Política del Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 646

Título I: De la persona y de la sociedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas



Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 (Artículo 2º, Incisos 1, 2, 13, 17 y 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99



Capitulo III: De los derechos políticos y de los deberes. . . . . . . . . . . . . . . . . 101 (Artículo 31º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101



Capítulo II: De los derechos sociales y económicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 (Artículo 9º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 (Artículo 17º, último párrafo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Título II: Del Estado y la Nación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Capítulo I: Del Estado, la nación y el territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 (Artículo 48º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Título III: Del Régimen Económico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Capítulo II: Del ambiente y los recursos naturales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 (Artículo 66º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 (Artículo 67º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 (Artículo 68º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 (Artículo 69º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103





Capítulo VI: Del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 (Artículo 88º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 (Artículo 89º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Título IV: De la estructura del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Capítulo VIII: Poder Judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 (Artículo 139º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 (Artículo 149º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Capítulo XIV: De la descentralización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (Artículo 191º, último párrafo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Sub Capítulo II Códigos

1. Código Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Decreto Legislativo Nº 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Libro I: Derechos de las personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Sección Cuarta: Comunidades campesinas y nativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Título Único: Disposiciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 (Artículo 134º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 (Artículo 135º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 (Artículo 136º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

647



(Artículo 137º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 (Artículo 138º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 (Artículo 139º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Libro III: Derecho de Familia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Sección Segunda: Sociedad Conyugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Título I: El matrimonio como acto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Capítulo Tercero: Celebración del Matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 (Artículo 262º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Libro IX: Registros Públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Título III: Registro de personas jurídicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 (Artículo 2024º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 (Artículo 2026º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

2. Decreto Legislativo Nº 635 Código Penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Libro Primero: Parte general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Título II: Del Hecho punible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Capítulo I: Bases de punibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 (Artículo 15º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Título III: De las penas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Capítulo II: Aplicación de la pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 (Artículo 45º, Numeral 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Título V: Delitos contra el patrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capítulo VIII: Usurpación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 (Artículo 202º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 (Artículo 204º, Numeral 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Título XIII: Delitos ambientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Capítulo I: Delitos de contaminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 (Artículo 307º-A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 (Artículo 307º-B, Numeral 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 (Artículo 307º-C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 (Artículo 307º-F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

648



Capítulo II: Delitos contra los recursos naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 (Artículo 308º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 (Artículo 308º-A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 (Artículo 308º-B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 (Artículo 308º-C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 (Artículo 308º-D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas



(Artículo 309º, Numeral 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 (Artículo 310º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 (Artículo 310º-A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 (Artículo 310º-B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 (Artículo 310º-C, Numeral 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119



Capítulo IV: Discriminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 (Artículo 323º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Titulo XIV-A: Delitos contra la humanidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Capítulo I: Genocidio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 (Artículo 319º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3. Ley Nº 27337 Código de los niños y adolescentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Título Preliminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 (Artículo VII: Fuentes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Libro Primero: Derechos y libertades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Capítulo II: Derechos económicos, sociales y culturales. . . . . . . . . . . . . . . . 122 (Artículo 15º, Literales d y e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Libro Tercero: Instituciones familiares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Titulo I: La familia y los adultos responsables de los niños y adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Capitulo IV: alimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 (Artículo 96º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4. Resolucion Ministerial Nº 010-93-JUS Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Sección Segunda: Sujetos del Proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Titulo I: Órganos judiciales y sus auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Capitulo I: Juzgados y Cortes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (Artículo 49º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Sección Quinta: procesos contenciosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Titulo III: Proceso sumarísimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Capitulo I: Disposiciones Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (Artículo 547º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5. Decreto Legislativo Nº 957 Código Procesal Penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Libro I: Disposiciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Sección III: La Jurisdicción y competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

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Título I: La Jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 (Artículo 16º, Inciso 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 (Artículo 18º, Inciso 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6. Ley Nº 28237 Código Procesal Constitucional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Titulo II: Proceso de hábeas corpus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Capítulo II: Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 (Artículo 29º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Sub Capítulo III Leyes

1. Ley Nº 26497 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. . . . . . . . . 133 Título II: De las funciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 (Artículo 8º, Literal e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Titulo VI: De las inscripciones en el Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 (Artículo 51º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Título II: Finalidad, principios y objetivos de la descentralización. . . . . . . . . . . 135 Capítulo III: Objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 (Artículo 6º, Objetivos a nivel social, Literal c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

3. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Título I: Disposiciones Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 (Artículo 8º, Numeral 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Título IV: Funciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Capítulo II: Funciones Específicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 (Artículo 51º, Literal n). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 (Artículo 60º, Literal g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

4. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 650

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

Título V: Las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Capítulo II: Las competencias y funciones específicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 (Artículo 82º, Numeral 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5. Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Título I: Política nacional del ambiente y gestión ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Capítulo 2: Política nacional del ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 (Artículo 11º, Literal d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..141

Título II: De Los sujetos de la gestión ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Capítulo 3: Población y ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 (Artículo 70º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 (Artículo 72º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

6. Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Título Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 (Artículo II, Incisos 1-6 y 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 CAPÍTULO II MARCO NORMATIVO POR MATERIA

1. Comunidades Campesinas 1.1. Ley Nº 24656 Ley General de Comunidades Campesinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1.1.1.

1.1.2.

Decreto Supremo Nº 008-91-TR Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas.. . 167

Decreto Supremo Nº 004-92-TR Reglamento del Título VII - Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

1.2. Ley Nº 24657 Declaran de necesidad nacional e interés social, el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas. . . . . . . . . . . . . . . 211 1.3. Decreto Ley Nº 25891 Transfieren las funciones y actividades comprendidas en la Ley General de Comunidades Campesinas y en la Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva. . . . . . . . . . . . . . 217

651

1.4. Ley Nº 26845 Ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1.4.1.

Decreto Supremo Nº 038-99-AG Precisan contenido de formato de contratos de transferencia de derechos, a que se refiere el Art. 9º de la Ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa . . . . . 229

1.5. Ley Nº 28685 Ley que regula la declaración del abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones informales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1.5.1.

Decreto Supremo Nº 016-2006-AG Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28685, Ley que regula la declaración de abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la costa, ocupadas por asentimientos humanos y otras posesiones informales. . . . . . . . 235

2. Comunidades Nativas 2.1. Decreto Ley Nº 22175 Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de la selva y ceja de selva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 (Artículos 1º - 42º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2.1.1. 2.1.2.

Decreto Supremo Nº 003-79-AA Reglamento de la Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones selva y ceja de selva. . . . . . . . 251 (Artículos 1º - 69º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Decreto Supremo Nº 002-79-AA Reglamento de aprovechamiento forestal en bosques nacionales de la Ley de Comunidades Nativas. . . . . . . . . . . . . . . . . 273

2.2. Decreto Supremo Nº 052-2001-AG Declaran prioritaria y autorizan atención de solicitudes presentadas por las Comunidades Nativas de Selva y Ceja de Selva para el aprovechamiento de recursos forestales en sus tierras. . . . . . . . . . . . . . . . . 283

652

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

2.3. Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Sección Segunda: Gestión de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Título IV: Bosques en tierras de Comunidades nativas. . . . . . . . . . . . . 287 (Artículo 75º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 (Artículo 76º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 (Artículo 77º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 (Artículo 78º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 (Artículo 79º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 (Artículo 80º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 (Artículo 81º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 (Artículo 82º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 (Artículo 83º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 (Artículo 84º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

2.4. Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 122-2013-SUNARP-SN Directiva Nº 05-2013-SUNARP/SN “Directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas”. . . . . . . 291

3. Protección de pueblos indígenas en estado de aislamiento

3.1. Decreto Supremo Nº 028-2003-AG Declaran superficie ubicada en los departamentos de Cusco y Ucayali como reserva territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 3.2. Ley Nº 28736 Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 3.2.1.

3.2.2.

Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES Reglamento de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Resolución Viceministerial Nº 004-2013-VMI-MC Crean el Registro de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y el Registro de reservas indígenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 653

3.3. Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Sección Primera: Conceptos, órganos especializados y de supervisión, planificación y forestal y de fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Título V: Zonificación y ordenamiento forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 (Artículo 27º, Inciso d, Numeral 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 (Artículo 36º, párrafo 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Sección Segunda: Gestión de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Título I: Manejo forestal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 (Artículo 48º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

4. Consulta Previa

4.1. Ley Nº 29785 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 4.1.1.

Decreto Supremo Nº 001-2012-MC Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

4.2. Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Título Preliminar: Principios Generales (Artículo 2º, numeral 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Sección Primera: Conceptos, órganos especializados y de supervisión, planificación y zonificación forestal y de fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . 384 Título V: Zonificación y ordenamiento forestal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 (Artículo 36º, párrafo 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

5. Administración de Justicia

5.1. Ley Nº 27908 Ley de Rondas Campesinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 5.1.1.

654

Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas. . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

5.2. Resolución del Superintendente Adjunto de los Registros Públicos Nº 108-2011-SUNARP-SA Directiva Nº 003-2011-SUNARP-SA - Directiva que establece los criterios registrales para la inscripción de las rondas campesinas y rondas comunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

5.3. Ley Nº 29824 Ley de Justicia de Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Título I: Régimen del Juez del Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Capítulo II: Deberes, derechos, facultades y prohibiciones. . . . . . . . . 415 (Artículo 6º, Numeral 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Título II: Competencia, procedimiento, ejecución forzada y despacho. Capítulo III: Ejecución forzada de actos de conciliación y sentencia (Artículo 34º, párrafo 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 (Artículo 35º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Capítulo IV: Despacho del Juez de Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 (Artículo 40º, párrafo 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Título V: Coordinación con actores de Justicia Comunitaria (Artículo 60º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 (Artículo 61º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 (Artículo 62º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 (Artículo 63º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 (Artículo 64º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

5.3.1.

Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS Reglamento de la Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz. . . . . . . . 419

Título II: Justicia de Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 (Artículo 5º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 (Artículo 7º, Numeral 7.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Título IV: Procesos ante el Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Capítulo III: Sanciones comunitarias y coordinación con las autoridades comunales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 (Artículo 37º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 (Artículo 38º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 (Artículo 39º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 (Artículo 40º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 (Artículo 41º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 (Artículo 42º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 (Artículo 43º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

655



Título V: Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Capítulo I: Creación, supresión y nominación. . . . . . . . . . . . . . . . . 424 (Artículo 44º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 (Artículo 45º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 (Artículo 46º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Capítulo III: Horario de atención y logística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 (Artículo 53º, Numerales 53.2 y 53.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

5.4. Decreto Supremo Nº 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial. . . . . . . . . . . . 427

Sección Segunda: Organización del Poder Judicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Titulo I: Órganos jurisdiccionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Capítulo I: Disposiciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 (Artículo 26º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Capítulo VI: Sala Plena de la Corte Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 (Artículo 96º, inciso 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Sección Cuarta: Régimen de los magistrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Titulo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Capítulo Único: Requisitos especiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 (Artículo 183º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

5.5. Resolución Administrativa Nº 499-2012-P-PJ Aprueban Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural elaborada por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz. . . . . . . . . . 429

6. Salud

6.1. Ley Nº 26842 Ley General de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Título Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 (Artículo XVII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

7. Educación

656

7.1. Ley Nº 28044 Ley General de Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Título II: Universalización, calidad y equidad de la educación. . . . . . . . . . 441 Capítulo IV: La equidad en la educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 (Artículo 19º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

8. Uso y aprovechamiento de Recursos naturales 8.1. Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Sección Segunda: Gestión de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Título II: Acceso al aprovechamiento en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Capítulo III: Otorgamiento de títulos habilitantes en tierras de comunidades campesinas y nativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 (Artículo 65º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 (Artículo 66º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Sección Tercera: Gestión de fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Título I: Aspectos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 (Artículo 86º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 (Artículo 87º, último párrafo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Título III: Áreas de manejo de fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 (Artículo 91º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Título VI: Caza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 (Artículo 102º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Sección Cuarta: Ecosistemas Forestales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Título I: Modalidades de acceso a los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. . . . . . . . . . . . . 448 (Artículo 109º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Sección Quinta: Plantaciones forestales y sistemas agroforestales. . . . . . 448 Título I: Gestión de plantaciones forestales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 (Artículo 113º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Título II: Finalidad de las plantaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 (Artículo 118º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Sección Sexta: Gestión de productos forestales y de fauna silvestre. Régimen de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Título I: Transporte, comercialización y exportación de productos forestales y de fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 (Artículo 121º, último párrafo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 657

Título II: Promoción, financiamiento, certificación e inversión forestal y de fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 (Artículo 131º, Literal c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 (Artículo 134º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Título III: Investigación, monitoreo y educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 (Artículo 141º, Literal c y Numeral 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Título V: Régimen de fiscalización, supervisión y control . . . . . . . . . . 451 (Artículo 147º, último párrafo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 (Artículo 148º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Disposiciones Complementarias Finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 (Duodécima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

9. Identidad étnica y cultural

9.1. Ley Nº 27811 Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

10. Preservación de las lenguas originarias 10.1. 10.2.

Ley Nº 27818 Ley para la Educación Bilingüe Intercultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Ley Nº 29735 Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. . . . . . . . . . . . . 483

11. Participación Política 11.1.

11.2.

658

Ley Nº 26864 Ley de Elecciones Municipales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Título III: De las inscripciones y candidatos (Artículo 10º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Ley Nº 27683 Ley de Elecciones Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Título III: Inscripciones y candidatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 (Artículo 12º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

11.3.



11.4.

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Título II: Organización de los Gobiernos Regionales. . . . . . . . . . . . . . . 499 Capítulo I: Estructura Orgánica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 (Artículo 11º-A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Título VII: Los planes de desarrollo Municipal concertados y los órganos de coordinación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Capítulo II: Consejo de coordinación local provincial. . . . . . . . . . 501 (Artículo 98º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501



Capítulo III: Consejo de coordinación local distrital. . . . . . . . . . . 502 (Artículo 102º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Capítulo IV: La junta de delegados vecinales comunales. . . . . . . 503 (Artículo 106º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Título XI: La promoción del desarrollo municipal en zonas rurales Capítulo Único: Definición, competencias y desarrollo de municipios en zonas rurales (Artículo 144º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 (Artículo 145º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

12. Inversión 12.1.

12.2.

Decreto Supremo Nº 045-93-AG Facultan la constitución de empresas comunales y multicomunales de servicios agropecuarios por iniciativa de comunidades y rondas campesinas, comunidades nativas y otros centros poblados rurales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Ley Nº 26505 Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 12.2.1. Decreto Supremo Nº 011-97-AG Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 26505, referida a la inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. . . . . 521 659

12.3.

Ley Nº 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Capítulo I: De la finalidad y alcances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 (Artículo 1º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 (Articulo 2º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 (Articulo 4º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Capítulo II: De la actuación del estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Subcapítulo I: Rol del estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 (Artículo 5º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Subcapítulo II: De la Promoción de la Inversión Privada. . . . . . . . . . . 532 (Articulo 6º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

Subcapítulo III: De la Inversión Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 (Articulo 7º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 (Artículo 8º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 (Articulo 9º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 (Artículo 10º). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 SECCIÓN SEGUNDA: JURISPRUDENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

TÍTULO I JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

660

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Caso comunidad Yakye Axa vs. Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Caso Yatama vs. Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Caso Comunidad Indígenas Sawhoyamaxa vs. Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . 551 Caso Escué Zapata vs. Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Caso Tiu Tojín vs. Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Caso Chitay Nech y Otros vs. Guatemala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Caso Kichway de Sarayaku vs. Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Caso Comunidad Indigena Xákmok Kásek vs. Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Caso Fernández Ortega y otros vs. México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Compendio normativo y jurisprudencial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

14. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 15. Caso Masacres de Rio Negro vs. Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

TÍTULO II

JURISPRUDENCIA NACIONAL Y ACUERDOS PLENARIOS CAPÍTULO I JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Expediente Nº 03343-2007-PA/TC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Expediente Nº 04611-2007-PA/TC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Expediente Nº 05427-2009-PC/TC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Expediente Nº 0022-2009-PI/TC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Expediente Nº 06316-2008-PA/TC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Expediente Nº 01126-2011-HC/TC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 CAPÍTULO II ACUERDOS PLENARIOS DEL PODER JUDICIAL

1. Corte Suprema de Justicia de la República : Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116 Rondas Campesinas y Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

Índices - Índice Analítico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 -

Índice General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

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