Apuntes Historia Contemporanea De Espa�a

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María Isabel Espiñeira Castelos

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10/10/2010

Tema 1. La España de fines del siglo XVIII

1. Rasgos fundamentales del Antiguo Régimen.

La demografía todavía es de tipo antiguo: con una natalidad y una mortalidad elevadas, un crecimiento vegetativo pequeño y vulnerable a las crisis externas, como podían ser las malas cosechas, las guerras o las epidemias. La sociedad todavía era estamental, con unas raíces que se hundían en la Edad Media; y una repartición social basada en los honores y privilegios inherentes a un determinado rango. La nobleza y el clero eran los estamentos claramente privilegiados; y todos los demás formaban el llamado pueblo llano o Tercer Estado, y se incluían desde ricos comerciantes hasta vagabundos. El rey estaba en la cima de la pirámide social. La monarquía era la forma de gobierno indiscutible en el Antiguo Régimen; ya se tratase del tipo de monarquía moderada, como la británica, o de la monarquía absoluta, donde el rey lo era por derecho divino. La economía estaba basada sobre todo en la agricultura, pero con un sistema de la propiedad y de explotación que frenaban en buena medida la producción, y creaban graves crisis de subsistencia. La industria todavía era muy limitada, y el comercio también estaba poco desarrollado.

Pero ya a lo largo del siglo XVIII parece que hay aires de cambio en toda Europa, y España no es una excepción. La población ha aumentado, debido a que la mortalidad disminuye y hay mayor número de casamientos, con lo cual aumenta también la natalidad. Pero donde más crece la población es en las ciudades. Por tanto, la agricultura debe producir más, y se hacen reformas para lograrlo, al igual que en la industria y el comercio. Pero lo que más cambia son las ideas que mueven a la sociedad; aunque una cosa son los pensamientos y otra muy distinta los hechos. Incluso durante el reinado de un monarca tan alabado como Carlos III, hay muchos proyectos que no se llegan a materializar. El reformismo ilustrado también estuvo plagado de grandes limitaciones, sobre todo porque la mayoría de los ilustrados todavía creían en el Antiguo Régimen. Se limitaron a poner los cimientos para el cambio, pero no fueron ellos quienes lo llevaron a cabo.

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2. Las repercusiones en España de la Revolución Francesa.

Cuando tienen lugar las fiestas de coronación de Carlos IV, hace muy poco tiempo que ha tomado la Bastilla, aunque en España el asunto quede más o menos escondido, pues pocas páginas acerca de eso se filtran en la prensa. Ya Floridablanca se ocupa de establecer una férrea censura sobre el tema, buscando incluso la colaboración de la Inquisición; ya que aunque

era

un

tribunal

religioso,

actuaba

también en algunos asuntos políticos. El lema de Floridablanca es esperar y observar, con la esperanza de que las ideas revolucionarias no lleguen a España. El conde de Floridablanca sufrió un atentado, y se produjeron algunos motines

entre

campesinos

acribillados

de

impuestos. Se movilizaron tropas en la frontera, para organizar un cordón de seguridad, y junto con la Inquisición y el Gobierno, evitaron que las influencias revolucionarias llegasen a España. Muchos

de

los

ilustrados,

como

Jovellanos,

Cabarrús o Campomanes, que habían trabajado con Floridablanca en tiempos de Carlos III, vieron como iban siendo apartados de los puestos de poder, e incluso se erradicó la parca libertad de expresión que había, pues en 1791 se suspendieron las publicaciones periódicas no oficiales. Los tímidos inicios reformistas se acabaron con el miedo a la revolución. Era el principio del fin de la política ilustrada. Aparece en escena Aranda, que sustituye a Floridablanca cuando éste es depuesto en 1792, para ser más tarde encarcelado, aunque al final se le rehabilita. Aranda se encargaría de suavizar la política oficial hacia la Revolución francesa, aunque estos proyectos

pronto

tienen

que

abandonarse, porque al año siguiente se proclama en Francia la República, y empiezan a divulgarse panfletos contra los Borbones españoles. Es en este

contexto

cuando

Carlos

IV

sorprende a propios y a extraños introduciendo en la escena política a un advenedizo cuya única carta de

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presentación es ser el favorito de la reina María Luisa. Godoy sustituye a Aranda como secretario de estado. No estaba en la onda ni de Floridablanca ni de Aranda, era una especie de “tercera vía”, pero de todos modos no fue bien aceptado en ninguna parte. Se podía entender que perteneciera al cortejo de la reina, pero no que formase parte del gobierno. El apoyo incondicional que la corona le prestó en momentos muy difíciles, no ayudó a reafirmar su posición.

Cuando en 1793 el rey español intercede para intentar salvar la vida de su primo, Luís XVI, todavía se empeoran más las relaciones con Francia y su nuevo gobierno, que acaban a finales de ese año declarando la guerra a España, lo cual hace la situación todavía más complicada. España sufre revés tras revés, y aunque Inglaterra es su aliada en contra de Francia en el continente, en las colonias es una rival digna de respeto. Todo ello hace que España firme la paz con Francia en 1795, porque más grave que la amenaza francesa es el avance británico en la América española.

Tampoco en el interior la situación era tranquila, y los reveses en el exterior daban alas a los enemigos de Godoy, al que ya han nombrado duque de Alcudia, y que poco más tarde será conocido con el rimbombante título de Príncipe de la Paz. Podemos hablar, en este orden de descontentos, de los episodios de Picornell, de Malaspina, o del incidente del duque de Tebas. La dura represión que sigue a estos sucesos no ayuda a mejorar la popularidad de Godoy.

La guerra con Inglaterra estalla en 1796 y aún tiene consecuencias más desastrosas que la francesa. Se agrava la situación financiera, y los ministros de Hacienda se suceden en el cargo, sin ser capaces de dar una solución. Los ingresos de América se reducen cada vez más y hay que empezar a buscarlos en la Península. Pero se teme subir los impuestos o crear otros nuevos, porque estas medidas siempre traen motines como consecuencia. De todos modos, en 1798 se ordena una desamortización de algunas propiedades eclesiásticas de escasa importancia. Con las nuevas medidas que se hace necesario tomar, van retornando a la vida pública rostros conocidos, como Jovellanos, Saavedra, Cabarrús o Meléndez Valdés. Durante los dos años que duró el “dorado exilio interior de Godoy”, se produjo un enfrentamiento entre los partidarios de los cambios y los que se mantenían aferrados al pasado. Los cambios en el escenario internacional y sobre todo el ascenso de Napoleón, dejan en segundo plano los conflictos internos.

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A finales de 1800, y en parte debido a las críticas de Napoleón, se depone a Urquijo, aunque no le sustituye de manera directa Godoy, sino un primo suyo, Pedro Cevallos. Pero el Príncipe de la Paz se vuelve a convertir en el hombre fuerte del momento, y se aleja de los reformistas, como Jovellanos, Saavedra o el propio Urquijo. En el orden internacional, Godoy se pone a las órdenes de Napoleón, dispuesto a secundar todos sus planes. La victoria sobre el eterno aliado de Gran Bretaña, Portugal, en la breve Guerra de las Naranjas1, y la firma de la Paz de Amiens en 1802 le da una corta tregua a la maltrecha economía española. Pero el imparable ascenso de Napoleón y la complicada situación americana por la injerencia inglesa, determinaron que de nuevo tuviese España que colaborar con Francia. El escándalo de la derrota de la flota franco española en Trafalgar exacerbó en la población el descontento contra Godoy, y en torno al príncipe de Asturias se sitúa un bloque de opositores.

3. El reinado de Carlos IV (El Escorial, Aranjuez, Bayona).

El canónigo Escoíquiz, preceptor del príncipe heredero, le influencia para que aparezca como el símbolo de un cambio de rumbo en la política de Godoy. Como su padre no le permite participar en las tareas de gobierno, se decide a sentar las bases de lo que se llamará el partido fernandino. Se habían hecho realidad los peores temores de Carlos IV cuando decía que entre el rey y su heredero no debería haber diversidad de intereses. En el entorno del príncipe se criticaba no sólo a Godoy, sino a los propios reyes y a la institución monárquica en si, vista tal y como se concebía en el Antiguo Régimen. La crisis de la derrota de Trafalgar, la muerte de la primera mujer del príncipe de Asturias, y a curiosa tendencia de Godoy a virar continuamente de bando político, provocó la llamada a los españoles a que luchasen por su príncipe al lado de Napoleón. Las continuas victorias de Napoleón por toda Europa dejaron bien clara la superioridad de su ejército, lo cual provocó que Godoy le obedeciese ciegamente, aunque el emperador también coqueteaba con Fernando. En el partido del Príncipe hay preocupación cuando a Godoy se le concede el título de Alteza Serenísima, lo cual hace temer que en caso de muerte del rey, Godoy quiera hacerse con el poder por encima de Fernando. Quizá por influencias del gobierno francés, muy interesado en dividir a los españoles, o por investigaciones de Godoy, el 29 de octubre se

1

En 1801, Napoleón conmina a Portugal a que rompa su alianza tradicional con Inglaterra y cierre sus puertos a los barcos ingleses. En esta pretensión arrastró a España (gobernada entonces por el ministro Manuel Godoy), mediante la firma del tratado de Madrid de 1801. Según este tratado, España se comprometía a declarar la guerra a Portugal si ésta mantenía su apoyo a los ingleses. Ante la negativa portuguesa a someterse a las pretensiones franco-españolas, se desencadena la Guerra de las Naranjas.

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secuestraron los papeles del Príncipe de Asturias, y en El Escorial, donde en aquel momento estaba la corte, se inició un proceso en el que se acusaba al heredero de conspiración, aunque no había pruebas. Al final, el rey perdona a su hijo. Pero el proceso de El Escorial fue denigrante para la corona y solo contribuyó a fortalecer públicamente la figura de Fernando, al tiempo que convenció a Napoleón de que España sería presa fácil por la desunión de sus gobernantes. El emperador ya había firmado con Godoy el Tratado de Fontainebleau2, el 27 de octubre de 1807, mediante el cual se abrían las puertas a la penetración de tropas francesas en España.

La

ocupación

francesa

de

Portugal

no

iba

a

revestir

problemas, más bien estaba contemplada en el tratado que antes hemos citado: De hecho, el embajador británico en Portugal aconsejó la salida de la familia real hacia Brasil; y a los dos meses escasos de firmar el tratado, los franceses ocupaban Lisboa. Pero los soldados de Napoleón seguían cruzando los Pirineos y tomaban posiciones en territorio español, con el pretexto de prevenir una posible acción de los británicos. A los ojos de muchos españoles, Napoleón era el representante de las nuevas ideas que ellos mismos defendían y veían al ejército imperial como una amenaza tan solo para el valido, y un refuerzo a las pretensiones de Fernando. Godoy también está muy preocupado por la rivalidad con el heredero, y aconseja a los reyes que se retiren a Andalucía, y que desde allí embarquen hacia América. Pero la propuesta es recibida con reticencia. Este es el marco en el que suceden los hechos de Aranjuez, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Estalla un motín popular orquestado por los enemigos de Godoy a causa del anuncio de la partida de la familia real; y al día siguiente, el 18, el rey firma un real decreto en el que toma la decisión de prescindir de su valido y gobernar por sí mismo. Se concede el retiro a Godoy en donde él elija. Aunque se dan vivas al rey al heredero, las aguas todavía corrían turbias. Se descubre al valido escondido, en la mañana del día 19, y de nuevo se desata la violencia. El rey, asustado, abdica en su hijo, temiendo correr la misma suerte que su primo francés. Godoy es encarcelado en el castillo de Villaviciosa y a los antiguos reyes se les recluye en el palacio. Así empieza el primer reinado, breve, de Fernando VII.

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En 1806, tras fracasar su intento de invasión de Gran Bretaña, Napoleón decreta el Bloqueo Continental, que prohibía el comercio de productos británicos en el continente europeo. Portugal, tradicional aliada de Inglaterra, se niega a acatarlo y Napoleón decide su invasión. Para ello necesita transportar allí sus tropas terrestres. El 27 de octubre de 1807, Manuel Godoy, valido de Carlos IV, representado por su plenipontenciario, el Consejero de Estado y Guerra Eugenio Izquierdo, firma con Gérard Duroc, representante de Napoleón, el Tratado de Fontainebleau, en el que se estipula la invasión militar conjunta franco-española de Portugal, para lo que se permite el paso de tropas francesas por territorio español.

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Para esas fechas ya hay en España al menos 700.000 soldados franceses, y en realidad el nuevo rey se mueve en un ambiente de libertad vigilada. El general Murat estaba al frente de las tropas en la Península, y pretendía hacerse con la corona, para su persona, de Fernando VII; quizá porque era cuñado de Napoleón. Los antiguos reyes temen por su seguridad, y así se lo confía María Luisa en una carta a Murat. El rey Carlos, además, firma otro decreto anulando el del 19 de marzo, en donde abdicaba a favor de su hijo. Se abría de nuevo la discusión de la legitimidad en el trono. Pero Napoleón no confía en Murat para resolver este problema, y el 7 de abril llega a Madrid el general Savary para convencer a Fernando de que se reúna con su hijo. Se hace una Junta Suprema de Gobierno, presidida por el infante don Antonio, que se queda en Madrid intentando cubrir el vacío de poder. Pero está ante una situación muy complicada y sin instrucciones de cómo actuar.

Napoleón tiene en su poder a casi todos los miembros de la familia real, así como a Godoy y Escoiquiz, y empieza a presionar a cada uno de ellos por separado. Carlos IV se reafirma en la nulidad de su abdicación argumentando que le fue arrancada mediante la violencia; y cede sus derechos al emperador, a cambio del asilo en Francia y de unas rentas; argumentando que era la única manera de traer la paz a España. El 6 de mayo, sin saber la decisión de su padre, Fernando se somete también a la voluntad imperial; y Napoleón queda convertido en el dueño oficial de España. Pero el vacío de poder que no había podido colmar la Junta de Gobierno, lo suplirá la legitimidad popular, que no cede ante la ocupación francesa.

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Tema 2. Guerra y revolución (1808-1814)

El dos de mayo.

Murat presiona a la Junta para que permita salir de España al infante don Francisco de Paula, uno de los hijos de Carlos IV, y esto ocasiona que se reúnan con el gobierno provisional, representantes de otras instituciones del Antiguo Régimen, e incluso se forma una Junta suplente, para el caso de que Murat cumpla sus amenazas de disolver la actual. En esta nueva junta ocupan un lugar privilegiado personajes como Jovellanos, pero también algunos militares. En la mañana del 2 de mayo, al día siguiente de esta reunión, se produce un motín en las calles de Madrid cuando ven salir del palacio a los últimos miembros de la familia real. Intentan que no se vayan, y atacan a un escuadrón francés, que tiene que ser protegido por soldados españoles. Cuando los franceses toman represalias, con resultado de muertos y heridos, la población se levanta en armas en todo Madrid. En definitiva, lo que todos hemos visto reflejado en los famosos cuadros de Goya, Los fusilamientos del 2 de mayo y La carga de los mamelucos.

Lo mismo que ocurre en Madrid se extiende a otras localidades cercanas, y el mismo dos de mayo, el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, se presenta como depositario de la soberanía de que la las altas instancias del reino no se han hecho cargo., y publica un bando llamando a la guerra contra los franceses. Las revueltas se van sucediendo en las distintas provincias, quizá

también por la complicada

situación social y al cansancio de una situación que ya venía durando demasiado tiempo.

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Las abdicaciones de Bayona todavía le dejaban el camino mas expedito al emperador, y el 10 de mayo, la Junta de Castilla aceptó a Murat como teniente general del reino, y por tanto, con mando sobre todo el ejército español. Cada vez se veía más cerca el cuñado de Napoleón del trono español. Pero el emperador ya había ordenado a su hermano José que saliese de Nápoles para hacerse cargo de la corona española. Murat recibe las órdenes de preparar la llegada del nuevo rey.

El reformismo de Bayona.

Napoleón tenía de España la misma idea que el francés medio que había leído relatos de viajeros avisados; un país mediocre, atrasado y sumido en la más profunda ignorancia. Por eso pensaba que presentándose como hombre moderno y libertador, el pueblo español “regenerador de la patria”

caería rendido a sus pies. Se presenta como el

y habla incluso de traer la felicidad a España. Para

acabar con el Antiguo Régimen, Napoleón cuenta con la presencia de su hermano, que será rey con el nombre de José I, y con la constitución de Bayona. Pero uno y otra supusieron un rotundo fracaso de los hermanos Bonaparte. Se convocó una reunión de una Asamblea Nacional para lograr el apoyo de los reformistas, pero fracasó. Empieza entonces la división entre afrancesados y patriotas, que supone una división en el grupo de los ilustrados. Personajes como Llorente, Cabarrús o Urquijo decidieron confiar en el emperador, y otros, como Floridablanca o Jovellanos rechazaron al rey extranjero.

En Bayona se aprobó una de las muchas constituciones españolas, aunque nunca logró imponerse plenamente. Se trataba, a decir de algunos estudiosos, un texto a caballo entre dos mundos, que intentaba introducir en España algunos principios liberales, establecía límites a la autoridad del rey y garantizaba ciertas libertades individuales; pero a la vez mantenía una monarquía de corte claramente autoritario. Pero a pesar de todo, este texto, junto con los decretos de Chamartín y otros posteriores que promulgan medidas como la abolición de la Inquisición, trataban temas que eran gratos para los ilustrados. El texto constitucional fue otorgado por José I y se aprobó tras algunas modificaciones. En suma, se trataba de exportar a la Península las ideas ya consolidadas en Francia. El 8 de julio José Bonaparte jura la constitución y recibe a su vez el juramento de fidelidad de la Asamblea, a la par que designa a los miembros de su gobierno, antes de partir para Madrid. El Alzamiento seguía en marcha y la guerra será el telón de fondo de su reinado.

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La guerra de la Independencia.

Esta

guerra

casi

siempre

se

ha

presentado

como

un

Levantamiento popular y espontáneo, y con el tiempo se ha ido adornando de muchas maneras. La historiografía reciente se hace muchas preguntas; pero aunque se duda de que fuera totalmente espontáneo, si hay que decir que se trató de un Levantamiento popular. Los fernandinos siempre sostuvieron que se defendía al rey, y la religión,

pero hay quien también ve en el Levantamiento alguna

tendencia republicana. De hecho, clérigos los había en los dos bandos, aunque el clero secular solía ser de tendencia francesa. La historiografía más al uso ha defendido siempre que se trataba de una guerra de independencia frente al invasor extranjero, pero quizá también hay que ver en ella ansias de reforma frente al Antiguo Régimen. El propio Jovellanos había dicho que él le encontraba al Levantamiento tintes de guerra civil. En su obra España: el desafío de la modernidad, Fusi y Palafox insisten en que esta guerra tiene un carácter variado y en ocasiones contradictorio: se trata de un Levantamiento espontáneo, pero a la vez inducido por los británicos; una guerra nacional y popular, librada en nombre de conceptos como monarquía y religión; pero también una guerra española de independencia del invasor extranjero y una guerra que se ha convertido, a su vez, en un conflicto internacional.

El vacío de poder causado por las abdicaciones de Bayona y el rechazo al nuevo rey de algunos españoles, facilitó un trasvase de poderes y la aparición de las Juntas Supremas provinciales de manera general. El 25 de septiembre esto culminó en la creación de una Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, que siempre defendieron su legitimidad emanada del pueblo y se presentaron como depositarias de la autoridad soberana. Pero el que se presentasen a si mismas como revolucionarias, quizá entre en lid con el hecho de que estaban compuestas por personas de la alta sociedad y fieles a la causa fernandina. La presidencia de la Junta Central recayó en el conde de Floridablanca, al que es difícil ver como defensor de ideas revolucionarias. La Junta fue poco eficaz y demasiado moderada. Cuando José Bonaparte llega a Madrid en julio no lo hace como rey de toda España; porque su gobierno tiene un pequeño control de la situación, que se basa sobre todo en el ejército. Desde septiembre, la Junta Suprema Central intenta poner orden, pero ya se habían producido importantes acontecimientos. El Levantamiento generalizado había causado una exhibición de fuerza de los franceses, que desplegaron sus tropas por todo el territorio. El contingente que se dirigía a Madrid tuvo problemas en Aragón, Cataluña y Valencia,

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y ciudades como Zaragoza o Gerona resistieron heroicamente. En el flanco oeste

los franceses lo tuvieron más fácil, y en la batalla de Medina de Rioseco vencieron a las tropas que venían de Galicia y Castilla. Esto ayudó a Napoleón a reafirmarse en su idea de que conquistaría toda España en poco tiempo. Las tropas del general DuPont cruzan Despeñaperros para asegurar Andalucía, pero sufren una derrota en Bailén frente a Castaños; y el ejército francés, con muchos muertos y heridos, tiene que capitular y entregar las armas. Incluso el rey tiene que abandonar Madrid junto con el gobierno, y refugiarse en Vitoria. Los ejércitos franceses se repliegan hacia el Ebro, y en Portugal se quedan aislados Junot y sus hombres, que habían llegado al inicio de la crisis. Los españoles se sintieron más optimistas con las primeras victorias y hasta se plantearon pasar a la ofensiva. En Portugal un ejército británico al mando del duque de Wellintong, que en aquellos momentos aún no ostentaba tal título, derrota a Junot y entonces es cuando Napoleón anuncia que intervendrá personalmente.

Los británicos mantuvieron estrechas relaciones con las Juntas desde el principio, y se ofrecieron a ayudarles, con un marcado cambio de actitud. Cuando llega Napoleón, al mando de 300.000 hombres, se produce una escalada bélica, que hace que algunos autores hablen de una segunda fase de la guerra, que abarcaría desde fines del verano de 1808 hasta 1812, y en la que los franceses consiguieron el predominio. Las tropas españolas no pudieron frenarles, sobre todo

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por problemas de desabastecimiento. La campaña de Sir John Moore en el Noroeste fue importante, aunque la importancia no se mida de igual manera por historiadores británicos que españoles. La Junta Central está replegada en Sevilla desde fines de 1808, y el ejército español se sume en el desconcierto. Pero la amenaza de Moore de cortar por el norte las comunicaciones con Francia, hace que se desvíen muchos efectivos franceses hasta Galicia. Napoleón confía en la victoria, y de hecho en enero de 1909 se va de España. La persecución de los ingleses hasta La

Coruña

que

permite

las

tropas

españolas

se

recuperen

con

contraataques en la meseta

central,

aunque

con

poco

éxito. A las doce del mediodía del 16 de enero de 1809, el poblado de Elviña, en La Coruña,

se

convertía

en

escenario gran

de

una

batalla,

que

enfrentó

a

16.000

soldados británicos capitaneados por sir John Moore- contra los 20.000 hombres de

las

tropas

napoleónicas dirigía

el

que

mariscal

Soult. La intención de los británicos era embarcar y huir del asedio francés, pero finalmente tuvieron que entrar en combate en La Coruña, porque los barcos en los que querían escapar no habían llegado. Durante la contienda, cada bando llegó a perder cerca de 900 hombres, entre los que estaba el propio Moore, que fue herido por una bala de cañón, y moriría al día siguiente en un edificio situado en el número 2 del Cantón Grande. Sobre las 17.30 horas de ese día, se daba el alto el fuego al caer la noche, y los británicos comenzaron a embarcar, aunque los galos no se lo pusieron nada fácil y llegaron a hundir hasta quince embarcaciones

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inglesas. Tras la marcha de los hombres de Moore, las tropas napoleónicas tomaron la ciudad, donde permanecieron durante seis meses. En el frente del Este, Zaragoza y Gerona resistían, y con los esfuerzos de las tropas británicas, españolas y portuguesas, se hacía frente a los franceses. A comienzos de 1810 los invasores ocupaban Andalucía, y sólo Cádiz pudo resistir, al mando del duque de Alburquerque. De hecho, la ciudad resistiría hasta agosto de 1812. En esta fase de la guerra fue esencial la guerrilla; puesto que ya a finales de 1808 la Junta Central promulgó un Reglamento de partidas y cuadrillas que intentaba regularizar en lo posible esta ofensiva. La guerra de guerrilla, además de que hostigaba continuamente al enemigo y le debilitaba, tuvo un enorme efecto psicológico, porque alcanza gran apoyo popular y mina la moral de los soldados franceses. Los guerrilleros despiertan en el pueblo una auténtica devoción, más aún cuando eran clérigos, y se justifican todas sus crueldades, aunque el salvajismo existió en los dos bandos. Pero los británicos no aceptaban demasiado bien esta manera de actuar, y el duque de Wellintong se queja constantemente de sus aliados desde la batalla de Talavera, aunque también hay otros ingleses que se admiran de que los españoles resistan en condiciones tan adversas. A los españoles les molestan las críticas británicas a sus dirigentes y empiezan a tener dudas de la verdadera intención de los ingleses para entrar en la guerra. Hasta 1812 los franceses fueron ocupando distintas zonas del territorio peninsular, a pesar de la resistencia. Los españoles y sus aliados permanecían en actitud meramente defensiva, con los británicos replegados en Portugal. Así las cosas, Napoleón decide atacar Portugal con la intención de llevar a Wellintong hacia el mar, pero no es capaz de llevar a cabo sus planes. La evolución de los acontecimientos en el Este de Europa es decisiva para la guerra de la independencia española; y entramos ahora en la tercera fase de la guerra, que coincide con la retirada de los ejércitos napoleónicos de Rusia; lo cual redujo el contingente de tropas en la Península. Los ataques de Wellintong, del ejército español y de la guerrilla obtuvieron éxitos en la Meseta, y los franceses se repliegan a Levante siguiendo al rey José. Wellintong se convierte en generalísimo de todas las tropas de la Península, incluidas las españolas, y reorganiza sus fuerzas, al tiempo que Napoleón retira a parte de sus soldados y deja a su hermano desprotegido. Cuando llega la primavera de 1813, Wellintong planea una ofensiva y desembarca a sus tropas en Levante, mientras la guerrilla recrudece sus acciones en el norte. Los escasos efectivos de José I se ven empujados hacia Portugal. La batalla definitiva tiene lugar en Vitoria, el 21 de junio de 1813, cuando el ejército francés huye a Francia. En octubre las tropas de Wellintong cruzan el Bidasoa y

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llevan la guerra a tierra francesa. El 11 de diciembre el emperador firma en Valençay, donde reside el rey Fernando, el tratado que lleva este nombre, donde se acuerda el cese de las hostilidades. Napoleón reconoce a Fernando como rey de España y le reintegra todos sus territorios. Las tropas de Suchet que quedaban en Cataluña aún protagonizan algún incidente, pero nada de importancia. El 18 de abril de 1814 Fernando el Deseado regresa a España. El reinado de José I. La idea que nos han hecho llegar la mayor parte de los historiadores, de un rey borrachín, jugador y pendenciero, dista bastante de la realidad de José Bonaparte. Cuando llegó a España tenía casi cuarenta años; era el hermano mayor de Napoleón; y era culto, experto

en

Leyes

y

Comercio,

con

experiencia de gobierno por su breve reinado en Nápoles, y muy amante de la literatura y de las artes en general. Quiso apoyarse en personajes ilustrados y españoles para su gobierno, pero no consiguió que el pueblo le aceptase. Contaba además con una doble tutela en su reinado: la del mariscal Jourdan y la del embajador Laforet, ambos al servicio de su hermano para vigilarle, porque quieren que

se

convierta

en

un

alter

ego

del

emperador. Apenas está un mes en Madrid, porque después del fracaso en la batalla de Ríoseco y de Bailén, se refugia, con su gobierno, en Vitoria. Cuando los españoles tienen que tomar partido al llegar el rey a España, lo hacen en distintas direcciones. Quienes le aceptaron, pasaron a ser conocidos como afrancesados, josefinos o juramentados. Conviene aclarar, antes de seguir, el término afrancesado, porque ni es oportuno ni demasiado correcto, y puede inducir a error. La más amplia acepción del adjetivo se refiere a una persona o institución que recibe influencias de Francia. Y en esa línea, el afrancesamiento es algo permanente en España durante todo el siglo XIX. Pero en este contexto, se suele entender el término para designar a las personas que en la guerra colaboraron con el poder francés, ocupando incluso cargos en el gobierno de José I o que le juraron fidelidad al rey. La historiografía española casi siempre les ha

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tachado de traidores que vendieron a su país. Los primeros afrancesados serían los que acudieron a la Junta de Bayona, sancionaron la constitución elaborada por el emperador, y juraron fidelidad a su hermano. Posteriormente los afrancesados aumentaron porque se exigió el juramento de fidelidad a todos los funcionarios de la nueva administración, a los religiosos e incluso a los acreedores del estado; es decir, a todo el que dependía económicamente del nuevo rey y su gobierno. Entre los afrancesados, los había activos, que ocupaban cargos en el gobierno, y pasivos, que lo aceptaban en mayor o menor grado. Después de las sucesivas derrotas francesas, el emperador en persona viene a España, lo cual no ayuda a facilitar las cosas a su hermano, que se siente desplazado. Los Decretos de Chamartín de 1808 están impregnados de espíritu reformista, pues se abolieron los derechos feudales y la Inquisición. Se actúa sobre las órdenes religiosas limitando sus bienes y quedan abolidas las aduanas interiores. Pero ni con estas reformas atraen totalmente a los ilustrados; y solo sirven estos decretos para que los más tradicionales desaten una campaña de descrédito. Cuando el emperador regresa a Europa a comienzos de 1809, José se instala en el Palacio de Oriente, y así se inicia lo que se ha dado en llamar su segundo reinado. Todas las instituciones que perduraban del Antiguo Régimen están en el orden del día del gobierno reformador de Bonaparte, que desea educar y liberar al pueblo de sus esclavitudes de pensamiento y actitud. Obtener el respaldo de sus súbditos no era el único problema del rey; porque su hermano no quería renunciar al control directo sobre España; y aunque le había dejado como jefe supremo del ejército, José I no lograba imponer su voluntad a mariscales y generales. Poco después, el emperador, con distintos pretextos, desgajó el reino y creó cuatro gobiernos militares: Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya, en las zonas fronterizas con Francia; concediendo a los generales al mando plenos poderes civiles y militares. Este será el problema principal entre los dos hermanos. Aunque la corte intentase dar una apariencia de normalidad, incluso mediante espectáculos y celebraciones, el telón de fondo era una guerra cruenta, en la que el hambre y la escasez se cebaban con los españoles. No puso ser un auténtico rey, ni para sus súbditos ni siquiera para el ejército. Tras un primer exilio temporal en Valencia, en la primavera de 1813 llega la evacuación definitiva al norte, hasta el momento de a firma del tratado de Valençay.

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Las cortes de Cádiz. La constitución de 1812. La constitución de Cádiz fue uno de los logros de los patriotas que se oponían al reinado de Bonaparte. Desde septiembre de 1808 la Junta Central, presidida por Floridablanca, era la depositaria de la autoridad soberana, y se esforzaba en moderar y equilibrara todos. La Junta se traslada a Sevilla, y una vez muerto Floridablanca, que pertenecía al sector más reacio a los cambios, se anuncia la creación de una comisión para la reunión de las cortes. Había dos bandos: el de los viejos ilustrados, y el bando de los jóvenes liberales, que pretendían introducir más reformas. Las discusiones principales eran cómo deberían formarse las cortes y qué temas deberían tratar. Para el modo de formar las cortes, fue importante la opinión de Jovellanos, que tomaba como modelo a los ingleses, sobre todo los textos de Burke. Defendió la convocatoria a la antigua, de unas cortes de estamentos que podrían contener los abusos de la corona y evitar el ejemplo de lo que había ocurrido en Francia. Pero precisamente Francia era el modelo que tomaba el otro grupo para reunir a las cortes. Preferían estos contar sólo con los representantes del tercer estado, mediante procuradores de las ciudades y villas con voto. Ganó la postura de Jovellanos. Para la elaboración del catálogo de temas a tratar en las cortes, había gran disparidad de criterios. Se acordó consultar a las Juntas

Provinciales,

a

los

consejos,

tribunales,

ayuntamientos,

obispos

y

universidades, y sus respuestas se llevaron luego a una Junta de Ordenación, para estudiar los temas y preparar las reformas necesarias. Las instrucciones de Jovellanos en esta materia se llamaron “el testamento de la Ilustración”, auque también dieron su opinión muchos importantes personajes de talante más liberal, como Nicasio Gallego o José María Blanco White. Pero todo esto se hacía en un marco de guerra, y la presión de las tropas francesas aconseja el traslado a Cádiz, lo cual fue visto en algunos sectores como una muestra de cobardía. En enero de 1810 se convocan las Cortes, y se decide hacerlo por estamentos, pero aún se duda si en una cámara o en dos, y la importancia que se dará a cada uno de esos estamentos. Finalmente se decide que será una sola cámara, quizá debido a estar en una ciudad sitiada y a que el consejo de regencia no demostraba demasiado interés por esta reunión de las cortes. Se publica un decreto permitiendo elegir suplentes en representación de los americanos y de las provincias ocupadas por los franceses; y las cortes se reúnen, por fin, en septiembre de 1810. Predominan los diputados pertenecientes a las clases profesionales y una tercera parte son miembros del clero secular, la mayoría con intenciones reformistas, y no demasiado contentos con la intromisión de la Santa Sede en los asuntos de la Iglesia española. La nobleza representaba más o menos el otro tercio; y destacaba la casi ausencia

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de campesinos, artesanos y trabajadores manuales. La labor de estas cortes se suele dividir en tres etapas: 1. Desde 1810 a 1812 predominan las reformas moderadas. 2. Una etapa más social se da desde 1812 a 1813 3. Hasta 1814 los diputados se interesan más por los problemas de la economía.

Los diputados declaran que la soberanía reside en la nación y se decreta la división de poderes, reservándose el Legislativo. Se decreta también la libertad de imprenta, la abolición de la tortura y la incorporación a la nación de los señoríos jurisdiccionales. En el artículo 12 se sigue lo que había sido la constitución de Bayona, y se manifiesta que la religión de España será la católica, apostólica y romana, y se prohíbe la practica de ninguna otra. Fue el clero secular, muy representado en estas cortes, el que había luchado contra la religión más tradicional, hasta el punto de que algunos hablaban del jansenismo español, aunque en ningún momento se apartaron de la ortodoxia. El decreto que abolía la Inquisición fue una prueba de marcado talante regalista, y se estipulaba además que los tribunales civiles eran competentes para declarar e imponer a los herejes las penas que señalare la ley. Muchos calificaron al artículo 12 de error. El absolutismo monárquico no salió tan bien parado como la religión. La nación española se define como reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, y depositaria de la soberanía nacional. La forma de gobierno será la de monarquía

moderada

hereditaria,

con

separación

de

poderes:

el

ejecutivo

pertenece al rey, el legislativo lo comparten las cortes y el rey y el judicial residirá en los tribunales establecidos por la ley. Los diputados se elegirán por sufragio universal masculino directo, y para ser diputado hay que tener una determinada renta, procedente de bienes propios. La persona del rey será sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad; y debe comprometerse a defender la religión católica sin permitir ninguna otra religión. Se compromete también el monarca a no enajenar ni desmembrar parte alguna del reino, a no tomar a nadie su propiedad, a guardar y hacer guardar la constitución y a respetar la libertad política de la Nación y la individual de cada súbdito. Se designaba también la regencia en caso de minoría de edad del rey, y el papel de los secretarios de estado y de despacho, así como del consejo de estado, como órgano asesor del monarca.

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El poder judicial se aborda en el título quinto; y entre otras cosas, se prohíbe el uso de la tortura; y se obliga a comunicar al reo, en menos de 24 horas, la causa de su prisión y el nombre de su acusador. Se prohíbe confiscar los bienes del reo y se establece un solo fuero, aunque se respeta el militar y eclesiástico. La organización territorial es claramente centralizadora; aunque se trata de racionalizar la economía y la hacienda, por razones prácticas. La constitución se aprueba el 19 de marzo de 1812, fecha en que se celebraba la subida al trono de Fernando VII; y además se aprueban también otros decretos que marcan la ruptura con el Antiguo Régimen; como la abolición del señorío jurisdiccional, la conversión del territorial en particular. La ley Agraria se inspira en el Informe de Jovellanos; y en la ley de ganadería se suprime la Mesta. La reacción de los absolutistas a la constitución fue ya contundente desde el mismo momento del debate en cortes, y aprovecharon para ello la libertad de prensa. Los temas sobre la iglesia y la Inquisición se radicalizaron y la división en dos bandos: absolutistas y liberales, es ya un hecho consumado. Se dudaba, por otra parte, de la legitimidad de las cortes, debido a que no tenían mandato constitucional. En las elecciones a cortes ordinarias que debía celebrarse el 1 de octubre de 1813, los liberales solo consiguen un tercio de los escaños, debido sobre todo a una dura campaña de prensa absolutista. El ambiente presagiaba una guerra civil.

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Tema 3. El reinado de Fernando VII (18141833).Absolutismo versus liberalismo.

La Restauración del Absolutismo.

Había muchas tensiones entre los defensores del Antiguo Régimen, que criticaban la Regencia por liberal y esperaban con ansia la llegada del Rey; y los liberales, que intentaban asegurar la supervivencia de su obra atando corto a Fernando VII, e intentado que respetase la constitución. Entre

los liberales se

asientan personajes como Francisco Martínez de la Rosa o Canga Argüelles, que habían logrado que se aprobase por mayoría el decreto que negaba la validez de las acciones de un rey cautivo. Se vinculaba el acatamiento de las cortes a él si éste juraba la constitución; hasta ese momento, ni se le consideraría libre ni se le prestaría obediencia. La Regencia, tercera ya que se había constituido, estaba controlada por los liberales y seguiría siendo la titular del poder ejecutivo. Al decreto de febrero Fernando VII responde con más suavidad que la que en principio se había esperado, afirmando que todo lo hecho en su ausencia y beneficioso para el reino, merecería su aprobación. Debido a la difícil situación de Napoleón, pronto se produce la liberación del monarca; algo que los británicos miran con lupa, por los problemas que les pudiere acarrear. Acabado de llegar a España el rey, ya el embajador inglés habla del carácter “jacobino” que ostentan los liberales españoles, y pronostica su oposición al modelo salido de Cádiz. Cuando el rey está todavía en Francia, pero ya de camino a España, hace un comunicado que va dirigido a los afrancesados; adelantando que pronto

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podrían volver a sus casas, con la protección de su rey, que quería serlo de todos los españoles; dando así una ligera idea de su desprecio por la Regencia y por las cortes, pues pasaba por alto algunos decretos que condenaban a distintas penas a los afrancesados. Apenas pisa tierra española, hay manifestaciones de alegría en cada ciudad por la que pasa; pues no en vano le llamaban “El Deseado”. Pero una cosa era el pueblo llano y otra lo que había detrás. Para los serviles el monarca era la confirmación de que gozaban del respaldo necesario para volver a la situación anterior a Cádiz. Para los liberales era el anuncio de que se alejaba la posibilidad de que el rey aceptase las reformas y se convirtiese en un soberano constitucional. El 24 de marzo de 1814 Fernando VII cruza la frontera en Cataluña, y recibe con frialdad al general Copons, capitán general de Cataluña, que le da la bienvenida en nombre de la Regencia, y le entrega documentación en la que se informa del estado de la nación. Pero comete el primer error cuando en su alocución al general, habla de “vasallos”. Altera el itinerario, y va a Zaragoza en lugar de ir a Valencia, como estaba previsto. La prensa liberal hace enfervorizados llamamientos a la defensa de la constitución. Al final va a Valencia, pero cuando él quiere, dando a entender una cierta rebeldía hacia la Regencia y las cortes. En Valencia, su capitán general le recibe con un discurso de tintes absolutistas, y al llegar a Sevilla, el diputado Mozo de Rosales le entrega un Manifiesto en defensa de la monarquía absoluta, que se conocerá como el “Manifiesto de los persas”. El presidente de la Regencia, cardenal Borbón, acababa de entregar al rey una copia de la constitución, y el embajador británico Wellesley recomienda a su gobierno no intervenir en los acontecimientos que están por llegar. El Manifiesto de los Persas se llama así por la manera en que comienza:

SEÑOR: 1.- Era costumbre en los antiguos Persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V. M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad, del número de los Españoles que

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se complacen al ver restituido a V. M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con el carácter de representantes de España; mas como en ausencia de V. M. se ha mudado el sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos hallamos al frente de la Nación en un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos, y de lo que nuestras Provincias desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y circunstancias que los hacen estériles, con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución.

Básicamente se trataba de la descalificación de los diputados de las cortes de Cádiz, a los que se acusaba de carecer de representatividad; y un canto a la monarquía absoluta, que consideraban subordinada a la ley divina y a las reglas fundamentales del estado. Se concluía con la solicitud de una convocatoria de las cortes a la manera tradicional, para declarar nula la constitución y las cortes de Cádiz. En realidad lo que pretendía era una reforma, lisa y llanamente, aunque en tiempos recientes se ha visto como el culmen del pensamiento absolutista, y en realidad como un llamamiento al golpe de estado. No se sabe qué respaldo exactamente tuvo este manifiesto, pero de hecho el documento está fechado en abril y el gobierno no lo publicó hasta el mes de julio, lo cual dio pábulo a muchos comentarios y le hizo perder parte de su efecto. El rey, de todos modos, lo recibió con alegría, y fue uno de los elementos que le animaron a dar los siguientes pasos. El ejército también jugó un papel decisivo; aunque las simpatías entre liberales y absolutistas se repartían por provincias. Elio y Erguía, representantes de la vieja generación, encabezaban el sector absolutista, mientras los liberales contaban con el respaldo de Valdés en Cádiz o de Villacampa en Madrid. Cuando Elio pone en manos del rey a sus cinco mil hombres le hace avanzar a lo que algunos han llamado “el primer pronunciamiento”, que permitió al rey dar el paso decisivo para imponer de nuevo el Antiguo Régimen. En

Madrid se preparaba la

celebración del 2 de mayo y se remata la sede de las cortes, con la leyenda en su fachada “La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey; pero en Valencia el monarca da los últimos toques al decreto del 4 de mayo. Los británicos

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se mantenían a la expectativa, a pesar de que el rey había tranquilizado al embajador. El 5 de mayo el rey sale de Valencia hacia Madrid, acompañado de los infantes don Carlos y don Antonio, y escoltado por las tropas de Elio, y le aclaman muchos contrarios a la constitución. Fernando se niega a recibir a una delegación enviada por las cortes, y Erguía, nombrado capitán general de Castilla la Nueva, se prepara para eliminar cualquier foco de resistencia al monarca en Madrid. De hecho en la noche del 10 de mayo se arresta a conocidos liberales. Las cortes se disuelven y los regentes y muchos diputados son encarcelados para cuando Fernando entra en Madrid. El decreto del 4 de mayo, que en realidad se publica el día 10, deja claras las nuevas reglas del juego, pues reproduce la mayor parte de las críticas del Manifiesto de los Persas y de forma bastante tajante el rey declara que la constitución y decretos no tienen valor alguno, pues las cortes se han convocado de una manera inusual en España. En el decreto se presenta Fernando como el defensor de su pueblo, a quien ha salvado de la perniciosa influencia del valido del reinado anterior, es decir, Godoy; y ha intentado preservar al país de la perfidia del emperador. Fernando se compromete a convocar de nuevo a las cortes, pero preservando toda su real dignidad y sus derechos, de carácter divino. Promete incluso la presencia de diputados americanos. Dice que se respetará, dentro de unos límites, la libertad de imprenta, y hace saber que todo el mundo deberá respetar la religión. En los meses siguientes liquida cargos e instituciones constitucionales, y restablece todos los organismos de antes de la guerra de la Independencia, como por ejemplo el régimen de Consejos, con la única variación de que la preponderancia de que antes gozaba el Consejo de Castilla, es ahora del Consejo de Estado. Los miembros de los gabinetes serán personas de la absoluta confianza del rey, y se devuelve a cada secretaría las atribuciones de antes de 1808. Vuelve a funcionar la Junta Suprema de estado, y se restablecen los ayuntamientos, corregidores y alcaldes de antaño, así como las Audiencias y

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Chancillerías. La cabeza de todo este entramado era el propio rey, que tomaba sus decisiones ayudado por personas de su total confianza, como Juan de Escoiquiz, que había sido su preceptor. Las decisiones en materia social, económica y religiosa no pasan de ser una vuelta al pasado, restableciendo una situación privilegiada a todos los que se habían visto afectado por la Regencia. Se restablece también el Santo Oficio, que juega un gran papel en el control ideológico. Se devuelven al clero los conventos y propiedades vendidos por el anterior régimen y los jesuitas regresan. Se suprime la contribución directa y vuelven los gremios; y se reintegra a los señores jurisdiccionales la percepción de las rentas y frutos de su señorío. Pero el país tiene problemas muy graves, y estas no son las mejores medidas para atajarlos.

Situación internacional. El Congreso de Viena. El regreso a España de Fernando VII y la primera parte de su reinado, coinciden con la crisis del imperio napoléonico y el diseño de un nuevo sistema en Europa de equilibrio de poderes, para impedir que volviese a estallar

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una crisis como la que se acababa de superar. El canciller austríaco Metternich y el ministro de AA EE británico, Castlereagh, hicieron la mayor parte del trabajo para firmar la paz, primero, y luego para restablecer el sistema de congresos. España desciende a una posición secundaria en el marco internacional; y a pesar de haber sido una de los artífices de la derrota de Napoleón en el continente, queda fuera de la gran Alianza, formada por Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, que había acabado con Napoleón. España, junto con Portugal y Suecia, fue admitida en el Comité de los Ocho, por las cuatro grandes potencias. Francia, gracias a la habilidad de Talleyrand, tuvo un papel importante que al principio le fue negado. El plenipotenciario español, Pedro Gómez Labrador, no fue demasiado hábil, además de que desde Madrid se le enviaban instrucciones erráticas la mayor parte de las veces. A España no se la escuchó en su petición de que se le devolviera Lousiana, en poder de Estados Unidos desde 1803. En cuanto al comercio de esclavos, tuvo que avenirse a la redacción de una declaración que condenaba su tráfico, y las conversaciones

quedaron

aplazadas.

El

único

triunfo,

y

relativo,

fue

la

indemnización obtenida con la firma del Segundo Tratado de Paris, el 20 de noviembre de 1815. El 26 de septiembre del mismo año, a instancias del zar Alejandro I, los soberanos de Austria y Prusia firmaron el Pacto de la Santa Alianza, donde se invocaban los principios cristianos de justicia, caridad y paz, y la voluntad de estos estados de ayudarse y socorrerse mutuamente. Finalmente fue respaldado por todos los soberanos europeos, excepto tres: el Papa, el sultán de Turquía y e regente británico, aunque envió una carta privada al zar expresando su simpatía con el tratado. La importancia real de este tratado no es demasiada, y Metternich lo califica de “nadería ruidosa”, porque muchos estados se adhirieron por mera cortesía. El 20 de noviembre de 1815 se firma la Cuádruple Alianza entre Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, donde se comprometen a mantener los acuerdos de Chaumont, Paris y Viena, si es necesario con las armas, durante los siguientes veinte años, y celebrar reuniones diplomáticas cada cierto tiempo para discutir

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asuntos comunes. Este sistema de congresos buscaba proporcionar a Europa un mecanismo para fomentar la paz y el equilibrio, del cual España no formaba parte.

La política interior. Después de la guerra la economía peninsular estaba en situación desesperada, y ni el rey ni sus ministros estaban demasiado avezados en la materia ni para solucionar los problemas menos importantes. La ganadería, la agricultura y la industria se encontraban afectadas por las destrucciones, saqueos, expropiaciones e impuestos exagerados. Y el comercio estaba convulsionado a causa de la situación colonial. Había una inmensa deuda pública, y con el decreto del 4 de mayo se echa por tierra cualquier intento de cambio. Dice Fontana que, descartada

la

política

de

las

modificaciones,

había

que

probar

reformas

administrativas que aportasen, al menos, soluciones parciales. En los primeros nueve meses de gobierno, se suceden tres ministros de Hacienda, pero ninguno de ellos es capaz de dar solución a los graves problemas. En un informe se reconoce que la Real Hacienda está sumida en el caos y el desorden, y que los remedios paliativos que se emplean

no serán más que un alivio momentáneo, que solo

dilatará un poco la ruina del estado. Salen a la luz soluciones más complejas, pero que van siendo desestimadas, bien porque requieren convocatoria extraordinaria de las cortes o porque solo serían viables subiendo los impuestos. Hasta el rey toma cartas en el asunto y junto con su cuarto ministro, González Vallejo, diseña un plan que significa la vuelta a la situación anterior a la reforma centralizadora de 1799, pero antes de fin de año se abandona este descabellado plan. Los gastos siguen aumentando y los metales preciosos americanos ya no fluyen como antes. En 1816 se designa una Junta para estudiar seriamente el estado del país, y otra Junta, llamada de Economía, debía establecer un

presupuesto para cada ministerio. A

finales de año las dos Juntas se fusionan, pero no llegan a nada positivo. Cuando se hace cargo de la cartera de Hacienda Martín de Garay, parte de los estudios de las anteriores Juntas para realizar la llamada Memoria Garay, donde plantea como

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novedad sustituir las rentas provinciales por una contribución directa y universal sobre la riqueza. Fontana se encarga en sus estudios de desmitificar a este personaje, al que quizá se le ha dado demasiada importancia, cuando sus aportaciones ni son tan novedosas ni tienen tanto éxito. La contribución directa de Garay no fue bien recibida por la población; y empiezan a darse cuenta de que la única salida era ampliar la base tributaria, como se había pensado en Cádiz, lo cual significaría variar la estructura del intocable Antiguo Régimen. Este problema queda sin solucionar y lo heredan los liberales.

La oposición liberal: los pronunciamientos, el ejército y la masonería. La mayoría de los afrancesados eran conscientes del odio que despertaban en la población y se habían ido tras las tropas de José Bonaparte, aunque las primeras declaraciones de Fernando VII les hacen pensar en una posible amnistía. Pero era una mera engañifa y el posterior comportamiento del rey hace que entiendan la realidad. Mediante un decreto de 30 de mayo de 1814 destierra a todos aquellos que han ocupado cargos en el gobierno de José I; y esta medida para castigar a “Los Malos” obliga a mucha gente al exilio, con sus bienes confiscados en la Península y viviendo a expensas del presupuesto francés, aunque en Francia cada día están menos por la labor de hacerse cargo de ellos. Para los liberales reservaría el rey la peor parte de su castigo, y los absolutistas, por su parte, claman a su rey venganza. Los que no tienen tiempo de huir son detenidos y juzgados según procesos que se pueden tachar de inquisitoriales. No se formulan las acusaciones en el momento del arresto y se les recluye durante meses sin tomarles siquiera declaración. Ante la lentitud y desesperación del rey, Arias de Prada, presidente de la Sala de alcaldes de Casa y Corte, le aconseja que separe lo judicial de lo político; y en adelante será el propio rey quien pronuncie las sentencias definitivas, condenando a los procesados al margen de cualquier procedimiento legal, regular o extraordinario. Se condena a muerte a Álvaro Florez Estrada y al conde de Torezno, ambos en Inglaterra.

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En el exterior no se ve con buenos ojos la manera de conducirse de Fernando VII, sobre todo por parte de Inglaterra, y las protestas surgen ante el embajador español en Londres. Fernando no deseaba problemas con los ingleses, sobre todo porque ya eran bastantes los que les enfrentaban a causa del comercio americano. En realidad los británicos ejercen una suave presión sobre el rey para que haga reformas, pero sin hacer peligrar la diplomacia entre los dos países. Las otras potencias europeas muestran bastante desinterés hacia los excesos de Fernando VII e incluso hay un acercamiento con la Santa Alianza. Por tanto, los liberales no podían esperar demasiado apoyo del exterior, porque había ya demasiados problemas importantes sin añadir la situación española.

El descontento pronto siguió a las manifestaciones de alegría de aquel a quien habían llamado El Deseado. Se necesitaba con urgencia una reforma agraria, pero no se hizo; simplemente se reinstauró el régimen señorial y se restableció el Concejo de la Mesta, lo cual provocó numerosos incidentes entre señores y campesinos. Pero fue en las ciudades donde mayor oposición encontró el rey, por la mala situación económica de la burguesía industrial y comercial, agravada por la situación en las colonias.

Una parte de los descontentos, como Juan Martínez Díaz, que luego recibiría el nombre de El Empecinado, o Florez Estrada, enviaron a Fernando VII peticiones

de

moderación

en

el

aparato

represivo; y más adelante el descontento más profundo se canalizó a través del Ejército. A lo largo del siglo XVIII se había remarcado su carácter estamental, y los puestos de oficiales se reservaban

a

los

miembros

de

la

pequeña

nobleza, estando los altos grados ocupados por

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personas afines al rey. Para ser oficial de artillería era necesario ser hidalgo. Cuando se crean las Academias se espera una profesionalización, que en efecto tiene lugar en cuanto a técnica, pero los puestos no son ocupados por hijos de campesinos o burgueses, como era de esperar. Por lo cual el Ejército siguió siendo un mundo aparte y cerrado al resto de la sociedad, incluso con jurisdicción propia. Pero entre los propios militares había muchas diferencias, atendiendo a su grado. Esta situación cambia notablemente con la guerra de la Independencia, y termina el Ejército dependiendo de la autoridad de las Juntas, y alterándose su composición en una guerra de tipo patriótica y revolucionaria. Las Juntas reclutan hombres de todos los estamentos sociales, y algunos ocupan incluso puestos de mando. Los generales más tradicionales tienen problemas para adaptarse al cambio. La constitución de 1812 y algunos reglamentos profundizaron en la transformación del Ejército, y se establece el servicio militar obligatorio. Se establecen las Milicias Nacionales y se restringe el poder de los altos mandos en provincias. Hay cada vez mayores enfrentamientos entre los viejos y los nuevos militares, sobre todo con el nacimiento de la guerrilla, a la que incluso se intenta regularizar. Muchos civiles adquieren, de esta manera, grados militares en pago a éxitos frente a los franceses. La restauración absolutista acabó con todos estos cambios, y hubo muchos descontentos entre aquellos que resultaron perjudicados, además de que se redujeron los sueldos y hubo muchas discriminaciones en ascensos y destinos, siendo ninguneados los simpatizantes liberales. De esta época son los primeros pronunciamientos, según la definición de Comellas, una forma de golpe militar contra

el

poder

para

introducir

reformas

políticas.

Las

primeras

conspiraciones adolecían de falta de preparación y fueron fácilmente controladas. Un ejemplo es el levantamiento del general Espoz y Mina en Navarra, el 25 de septiembre de 1814, que estaba condenado al fracaso por su carácter aislado y desorganizado. El general fue rechazado incluso por los mismos soldados a los que había reclutado, y tuvo que huir a Francia. En los meses siguientes hubo rumores de malestar

y se produjo un segundo intento, algo más preparado, pero que

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también fracasó. Porlier se pronunció en Galicia, donde estaba confinado en el castillo de San Antón, en La Coruña, por sus simpatías liberales.

"Nuestro objeto y el de toda España no es otro que una Monarquía sometida a leyes justas y prudentes, y de tal manera constituida, que garantice igualmente las prerrogativas del Trono y los derechos de la Nación. Pedimos la convocación de Cortes nombradas por el pueblo, y que puedan hacer en la Constitución, proclamada por las Cortes extraordinarias, los cambios que exige nuestra situación, que demanda la experiencia, y que nos indican las leyes constitucionales de las Monarquías limitadas de Europa. Ellas restablecerán el orden en nuestra Hacienda, cuidarán de la suerte de los militares, recompensarán sus servicios, asegurarán su existencia en los días de vejez y harán en el exterior estimar y respetar a la Nación." "La nobleza, renunciando a una pequeña parte de sus privilegios, encontrará la indemnización de este sacrificio en las nuevas disposiciones constitucionales, que le darán una existencia política. Todas las clases de la sociedad verán mejorar su situación; los párrocos, cuya influencia puede ser tan útil, disfrutarán una asignación más elevada; el agricultor, el artesano, el comerciante, el industrial gozarán de nuevo de las ventajas que habían comenzado a reportar de las reformas hechas en su favor por las Cortes, y merced a una celosa administración de los caudales públicos, los acreedores del Estado podrán esperar verse indemnizados de los adelantos que han hecho y de las pérdidas que han sufrido, ya por sus sacrificios patrióticos, ya por su confianza en las promesas del gobierno."

Fracasó al no conseguir que se extendiese el Levantamiento, y abandonado por todos, pagó el error con su propia vida. Entre 1816 y 1819 surgieron otras intentonas que han sido agrupadas por algunos historiadores bajo el apelativo de las conspiraciones masónicas, pues era la masonería quien proporcionaba las bases. Generalmente se suele aceptar 1717 como el año en que nace la masonería moderna con la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. Se convierte en una institución universalista y con finalidad ética, que defiende la solidaridad, la tolerancia y la igualdad, aunque levanta muchos recelos. En 1729 se crea la primera Logia en Madrid, y generalmente los fundadores de las logias españolas suelen ser británicos residentes en territorio español. La Inquisición condenaba la masonería y ya carácter

secreto;

Fernando VI promulga un Edicto en su contra, aludiendo a su aunque

se

siguió

desarrollando.

Con

la

guerra

de

la

Independencia y los contactos con los afrancesados, el movimiento masón adquier mayor importancia; y de hecho Napoleón la había apoyado. Casi todos los regimientos franceses contaban con una Logia. Debido quizá a esta influencia francesa, las cortes de Cádiz prohíben la masonería. Con la llegada del rey y la represión absolutista, en la cárcel hay un importante acercamiento entre los

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masones y los liberales, y las logias masónicas eran el lugar perfecto para elaborar las conspiraciones liberales. Destaca la conspiración del Triangulo y el Pronunciamiento de Lacy. En febrero de 1816 se descubre una conjura para asesinar al rey, o por lo menos secuestrarle; aunque hay autores que dicen que lo que se pretendía era proclamar una república liberal. Pero no se sabe a ciencia cierta por el secretismo absoluto, que hacía que en cada triángulo, el vértice recibía información de una cabeza y la transmitía a sus dos ángulos, que a su vez se convertían en vértices. La denuncia de dos cabos granaderos, llevó a la detención de su vértice, Vicente Richart, y pocos más fueron los encarcelados. Quizá entre los detenidos de mayor renombre se hallase Juan Antonio Yandiola, con un alto cargo en el Ministerio de Hacienda, aunque fue puesto en libertad poco después. Vicente Richart y Baltasar Gutierrez fueron condenados a muerte, y ejecutados en la Plaza de la Cebada de Madrid, siendo la cabeza de Richart clavada en una pica y expuesta en el lugar donde al parecer pensaba atentar contra el rey.

Al

año siguiente en Cataluña de nuevo se intenta restaurar la

constitución, esta vez mediante un pronunciamiento. Sus principales implicados eran masones; Lacy en Barcelona y Milans del Bosch en Gerona. Sobre todo Luís de Lacy tenía gran apoyo popular, porque había destacado en las guerrillas contra Napoleón. Pero la improvisación y mala preparación, hizo que el pronunciamiento fracasase, y aunque Milán del Bosch pudo huir a Francia, Lacy fue apresado y ejecutado. Todavía hubo entre 1817 y 1819 nuevas conspiraciones en ciudades del sur y en Levante, con distintos resultados. Juan Van Halen logró huir a Londres, mientras otros conspiradores de Valencia fueron ejecutados.

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El trienio constitucional, (1820-1823)

El pronunciamiento de Riego triunfó, pero tampoco fue un modelo a seguir. Sabemos de él sobre todo por las Memorias de Antonio Alcalá Galiano, quien cuenta que empezó en Cádiz, entre miembros de las más importantes familias de comerciantes de la ciudad, y militares de distinta graduación. Quizá la diferencia entre éste y otros pronunciamientos se debiese sobre todo a la concentración en la ciudad de tropas a punto de ser enviadas a las colonias y a la importancia que el movimiento tuvo fuera de las bases del Ejército. El 8 de julio de 1819 el general Enrique O´Donell, conde de Labisbal, detenía en el Palmar del Puerto a varios oficiales acusados de conspirar contra el rey; aunque se sabe que también el propio conde

había

formado

conspiración.

parte

Quince

encarcelados,

pero

de

fueron

todavía

la los

quedaron

libres los suficientes para seguir adelante. Las

tropas

asentadas

componían

en

su

veteranos

de

la

en

Cádiz

se

mayor

parte

de

de

la

guerra

independencia que no querían irse a las colonias;

y

a

sus

ya

complicadas

condiciones de vida, se suma una epidemia de fiebre amarilla, que les hace insubordinarse. A estas tropas se dirige Rafael de Riego el 1 de enero de 1820, con la idea de establecer en España un “gobierno justo y benéfico”.

Azuza el

descontento de la tropa, hablando de los buques en mal estado o de los víveres corrompidos para el largo viaje a las Américas. Hace mención a un gobierno

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moderado y paternal, amparado por una constitución que asegure los derechos de todos los ciudadanos. Los soldados de Riego estaban bastante más motivados que los de los pronunciamientos anteriores. Fracasaron los planes de conquistar Cádiz, y una parte de las tropas sublevadas se queda estancada en la isla de León. Riego inicia un viaje por Andalucía, intentando encontrar refuerzos. A pesar de no obtener el éxito deseado, demuestra perseverancia y no se deja abatir por la adversidad, con lo cual va ganando tiempo y la llama del pronunciamiento prende poco a poco entre la población. Los rumores que narran sus hazañas se extienden por todo el país, y

a partir de febrero, se unen a la rebelión lugares como Zaragoza,

Barcelona, Ferrol o La Coruña. Incluso el conde de Labisbal, desobedece las órdenes y proclama la constitución en Ocaña. Fernando VII empieza a preocuparse y convoca las cortes a la manera tradicional. Pero cuando ve que corre peligro, desiste de su actitud, y el 17 de marzo de 1820 jura la constitución. Se pone en libertad a los detenidos políticos y se crea una Junta Provisional Consultiva, que equivalía a las Juntas Provinciales que se habían creado en los lugares en los que había triunfado la revolución. Después de jurar la constitución, el rey pronuncia la frase que luego se hará famosa: Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. El triunfo de la revolución de 1820 supone la restitución de todos sus cargos a los depuestos en 1814, así como la puesta en libertad de los que habían sido víctimas de la represión. Había llegado el momento de poner en práctica las reformas ideadas en las Cortes de Cádiz. La Junta Provisional fue el organismo que dirigió la transición hasta el régimen constitucional, y es quien designa un nuevo gobierno, a pesar de que la constitución otorgaba al rey esta prerrogativa. De hecho Fernando VII

le llamaría

“gobierno de presidiarios”, porque estaba

compuesto por personas que habían sido mal vistas por el régimen absolutista. La Junta estaba presidida por el cardenal de Borbón, y compuesta por liberales que no gozaban de demasiado relieve. La Junta iba elevando al rey propuestas para restablecer poco a poco el régimen constitucional. La primera medida que se pone

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en marcha es la libertad de imprenta, y se empiezan a publicar periódicos, la mayoría de tinte liberal. Se decretó de nuevo la abolición del Santo Oficio, y se convocaron las cortes, aunque se discutió bastante si debían ser ordinarias o extraordinarias; aunque al final fueron ordinarias.

Las principales fuerzas que debían tener en cuenta la Junta estaban encuadradas en distintos sectores del liberalismo: las Juntas Provinciales, el ejército que había iniciado la revolución, las Sociedades Patrióticas, la masonería y muchas otras organizaciones secretas, que se autoproclamaban guardianas de la revolución. Algunas de las Juntas Provinciales pretendían enviar representantes a Madrid para crear una Junta Central, aunque era innecesario una vez que el rey hubo jurado la constitución. Las discrepancias en el modo de hacer las cosas eran enormes, y había sectores que consideraban necesaria la violencia para hacer la revolución, para lo cual contaban con el llamado Ejército de la Isla. Gil Novales estudia las Sociedades Patrióticas, que ya habían surgido en la primera etapa revolucionaria; y resultaban ser reuniones en las que se discutía de asuntos políticos, con distintos enfoques, y se propagaban las máximas del liberalismo. Hablaban sobre todo jóvenes ardientes, ilusionados y de verbo fácil, que transmitían su entusiasmo a los demás; aunque había bastante diversidad de opiniones. Los más moderados empezaron a temer las orientaciones de algunas de estas sociedades y pretendieron acabar con ellas. Para algunos autores fueron un poder en la sombra, al servicio de los más revolucionarios; y para otros eran fruto de la necesidad de ilustrar al pueblo. La masonería daría origen a otra sociedad secreta más revolucionaria, Los Comuneros.

El 9 de julio se reúnen las cortes y el monarca vuelve a jurar antes ellas la constitución, con lo cual se inicia el período constitucional propiamente dicho. Pero pronto empiezan los choques entre el soberano, su gabinete y las cortes, de aplastante mayoría liberal en su composición. Las mayores

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discusiones, empero, se producen entre las dos generaciones de liberales. Están por una parte los procedentes de Cádiz, que se habían moderado con la cárcel y las penalidades, los llamados doceañistas, y los jóvenes artífices de la revolución de 1820, o veinteañistas, más exaltados y radicales. El grupo más numeroso es el primero, de los moderados, con personas como el conde de Toreno, Diego Muñoz Torrero o Francisco Martínez de la Rosa. Se suprimieron los mayorazgos y se implantó el medio diezmo, sin cerrar por completo este capítulo eclesiástico. Se suprime la Compañía de Jesús y muchas otras comunidades religiosas se reforman de manera drástica. Se reorganiza la Milicia Nacional, aunque se le veía en diferente papel: para los moderados debía velar por el orden público; y los exaltados opinaban que debía ser un organismo vigilante y defensor de los logros constitucionales. Quizá uno de los temas más espinosos es la disolución del Ejército de la Isla, decreto firmado por el ministro de Guerra, marqués de las Amarillas. Este ejército había tenido mucha influencia en el triunfo de Riego, y prescindir de los que seguían siendo considerados como héroes nacionales podía resultar muy controvertido. Riego llega a acusar la conjura de una “mano negra” que pretendía llevar a la nación y al rey al precipicio; llegando incluso a pedir amparo a las cortes. En la calle el debate va subiendo de tono, y se pide la dimisión de Amarillas, lo cual al final se lleva a cabo para calmar los ánimos. Pero el rey se niega y este es el primer choque fuerte con los liberales, aunque al final Fernando tiene que ceder. Pero este asunto del Ejército de la Isla crea tensiones incluso entre los liberales; y la decisión de mantener la disolución del Ejército y mandar a Riego como capitán general a Galicia, radicaliza a los exaltados, que se pronuncian con algaradas callejeras. Cuando Riego llega a Madrid para hablar con el rey, envía a sus compañeros de armas una carta en la que acusa a los ministros de conspirar en su contra, con lo cual la polémica está servida. Muchos ya pensaban que había unos que habían hecho la revolución y otros que se aprovechaban de ella. El gobierno sabe que tendrá que tomar medidas y alejar de la corte a algunos de los militares más significados; entre ellos Riego, que es enviado a Asturias. Pero la tensión

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continúa en las calles y en las Sociedades Patrióticas, y se acusa veladamente a Riego de republicano, a lo cual él se defiende en una Vindicación firmada en Asturias en el mes de octubre.

Entre la disolución de las cortes el 9 de noviembre y la reunión de las nuevas, el 1 de marzo de 1821, hubo numerosos incidentes, sobre todo problemas entre el rey y los liberales, y también entre los doceañistas y los veinteañistas. El rey se había instalado en El Escorial con sus partidarios, y no deseaba volver a Madrid, por lo cual tuvo que ser prácticamente obligado por el gobierno, y hacer algunas cesiones, en lo que se ha llamado “la reconciliación de noviembre”. Los jefes del Ejército de la Isla fueron ascendidos y se reabrieron las Sociedades Patrióticas. Pero cuando parecía que las cosas iban mejor entre Fernando VII y los liberales, empezó a haber problemas internos, entre los moderados y los que eran más exaltados. Poco después se da orden de cerrar de nuevo las Sociedades Patrióticas y es en este contexto complicado cuando nacen “Los Comuneros”, una sociedad secreta escindida de la masonería, en donde militan los jóvenes más radicales. El gobierno no atina en su manera de actuar, unas veces enfervorizando a las masas a su conveniencia, y en otras ocasiones reprimiéndolas. Pronto se preparan partidas armadas en varias provincias y se tienen noticias de una conspiración palaciega que lleva a la detención del capellán de honor del rey, Matías Vinuesa. Al acercarse la fecha de reabrir las cortes, se teme una intentona contrarrevolucionaria; y en febrero luchan los guardias de Corps, y la Milicia Nacional, quienes les obligan a que se retiren. Las presiones del sector radical, representado por la Milicia, logran que se publique un decreto por el cual se acaba con el Real Cuerpo de Caballería de Guardas de la Persona del Rey. La nueva legislatura se abre el 1 de marzo y en la llamada “crisis de la coletilla” queda probada la debilidad del gobierno; cuando en su discurso el rey añade una coletilla, diciendo que ha jurado la constitución y ha procurado observarla, y pide que ojala todos hiciesen lo mismo, en clara crítica a su gobierno. Cuando el gobierno

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pretende dimitir, se encuentra con que ha sido cesado, en un claro ataque del rey contra el Ejecutivo. Fernando se dirige primero a las cortes y luego al consejo de estado, pidiendo que le recomienden las personas adecuadas para ocuparse del gobierno, y acaba designando a un grupo de moderados, que ni gozan de su completa confianza, ni con el respaldo de los exaltados, ni siquiera con apoyo de sus compañeros en la cámara. La situación internacional con la Santa Alianza tampoco ayuda a conseguir una estabilidad. Este gabinete de Bardají intentó poner un poco de orden en la administración y la hacienda, aunque la mayoría de las propuestas que elevan a las cortes habían sido redactadas por el anterior gobierno. Se aprueban dos importantes reglamentos que afectan al Ejército y a la Educación. Se intenta conseguir un Ejército eficaz y al servicio de la sociedad civil que cuenta con el apoyo de muchos militares, entre ellos del propio Riego. La ley de Instrucción Pública, por su parte, pone las bases de un sistema de enseñanza que se divide en tres niveles: primaria, obligatoria, que se imparte en todos los pueblos de más de cien vecinos y que es necesaria para ejercer los derechos políticos; y la secundaria, que se impartiría en las capitales de provincia. Las partidas realistas seguían actuando y en las cortes se aprobaron severas medidas para quienes conspirasen contra la constitución. Las algaradas eran continuas y es en este momento cuando aparece asesinado Vinuesa, porque los exaltados no estaban conformes con la leve pena que se le había impuesto por conspirar. El 30 de junio se disuelven las cortes ordinarias para convocar otras extraordinarias, basadas en la necesidad de urgentes reformas administrativas y de pacificar América. Los moderados tenían el poder en sus manos y dieron orden a los jefes políticos sobre las condiciones que debían reunir los futuros diputados; mientras los exaltados enardecían a sus simpatizantes para tomar las calles. A Riego, que era capitán general en Aragón, se le cesa por hacer campaña política, y se le relaciona con supuestas conspiraciones. En Madrid tiene que intervenir la Milicia Nacional en una procesión cívica que la prensa bautizó como “La Batalla de las Platerías”. Las cortes extraordinarias dividieron el territorio nacional en 52 provincias, que servirá de

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base a la posterior división de Javier de Burgos. La Ley de Beneficencia creó las Juntas Municipales de Beneficencia y nace el primer

Código

Penal.

Pero

la

lucha

entre

moderados y exaltados no da tregua y ahora se implican las autoridades locales. Los ecos de la revolución

llegan

a

las

cortes,

donde

se

producen sonados enfrentamientos entre los diputados, lo cual provoca un cambio en el ejecutivo, a cuyo frente se coloca Martínez de la Rosa. Fernando VII sigue creando problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que Riego se convierte en el presidente de las nuevas cortes. La presentación del nuevo gobierno moderado era una prueba de fuerza del rey, que pretendía provocar a unas cortes de tintes más radicales. Riego pronuncia un discurso atrevido cuando toma posesión de su cargo y la tensión es cada vez mayor. Hay insurrecciones absolutistas en Cataluña, Navarra y otras zonas de la Península, mientras los parlamentarios más exaltados hacen gestos que llaman a la revolución. Las reformas económicas, tan necesarias, siguen estando en segundo plano, y la situación internacional se complica, además de la colonial. El 30 de mayo, santo del Rey, se hacen manifestaciones realistas y en Aranjuez se oyen gritos pidiendo la vuelta de la monarquía absolutista. En Valencia se aclama al rey y al general Elio, que está allí prisionero, y que es condenado a muerte y ejecutado en septiembre de ese mismo año. El rey se niega ante su gabinete a abandonar Aranjuez y acudir a Madrid para clausurar las cortes, y cada vez hay más manifestaciones a favor del absolutismo. La Guardia Real, en algunas de ellas, carga contra la multitud y hay bastantes heridos. Por otra parte, está en marcha una revolución palaciega, con la colaboración de la familia real. De un lado estaba el Rey y sus guardias, y del otro la Milicia Nacional y algunos oficiales exaltados que formaron el llamado Batallón Sagrado, apoyados por el ayuntamiento de Madrid y la Diputación Permanente de

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las Cortes. La postura del gobierno hace aumentar los rumores de connivencia con el rey; y finalmente el 3 de julio el Ejecutivo ordena que se retiren los batallones de guardias concentrados en El Pardo, aunque no se toman medidas contra ellos porque no se considera que hayan levantado la bandera de la rebelión contra el régimen constitucional. Los Guardias se niegan, de momento, a acatar la orden, y el gobierno presenta una dimisión que el rey no acepta. La madrugada del 7 de julio, los guardias marcharon sobre Madrid, pero les detuvieron los milicianos y el Batallón Sagrado, y tuvieron que replegarse hacia el palacio, buscando la protección del rey. Al final tienen que rendirse y al rey no le queda más remedio que aceptarlo y designar un nuevo gobierno, que esta vez estará formado por exaltados, con el general Evaristo San Miguel, que había dirigido el Batallón Sagrado, al frente. A mediados de julio se establece la llamada Regencia de Urgel, originada en los círculos realistas exilados en el sur de Francia, y que trataban desde allí de combatir el constitucionalismo español. Los manifiestos emitidos por los regentes a Su Majestad el Rey y a la Nación, retoman los argumentos de los absolutistas desde 1820: la ilegalidad del régimen constitucional y la condición de prisionero del rey, lo cual anularía todas las decisiones tomadas en el período. El creador de la regencia es Mataflorida, que nunca contó con el total apoyo de Fernando, ni el apoyo de las potencias de la Santa Alianza. La Regencia nunca fue rival para las tropas de Spoz y Mina y apenas tres meses después de su creación, tienen que volver a refugiarse en Francia, donde su prestigio decae por completo.

Mientras, el gobierno y las cortes intentan reconducir la situación y se convocan cortes extraordinarias para resolver temas pendientes de la legislatura anterior. La regulación del clero regular y sus bienes contribuyeron a aumentar las

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tensiones y se llegó incluso a una ruptura con el Vaticano. La amenaza de una invasión armada hacía temer a los exaltados. A mediados de febrero se clausuran las cortes extraordinarias, y se traslada la corte a Andalucía, porque se sabía que existía intercambio de notas entre los embajadores de las potencias de la Santa Alianza y el gobierno. Cada día era más evidente que el futuro del régimen acabaría por decidirse fuera de las fronteras españolas. El rey se resistía a viajar a Andalucía, y depuso al gobierno, a lo cual los exaltados contestan con algaradas callejeras, y algunos ministros son devueltos a sus puestos.

En el sistema de congresos que se acuerda en la Cuádruple Alianza, España aparece en las deliberaciones del congreso celebrado en noviembre de 1818, pero de forma indirecta. El zar proponía unas mutuas garantías territoriales y políticas, que fueron desestimadas por Inglaterra y Austria, precisamente en el momento de tensión entre las colonias españolas en América y la metrópoli. Cuando las potencias se reúnen de nuevo en 1820el escenario ya ha cambiado, y la fiebre revolucionaria se ha extendido por todo el continente; aunque de momento Metternich domina la situación. Pero el pronunciamiento de Riego, el asesinato del duque de Berry en Francia y la promulgación de las constituciones de España, Portugal y Nápoles, llevan a que Austria cambie su actitud y se avenga a las propuestas del zar ruso. Se acuerda que se respaldarán las intervenciones armadas para acabar con las revueltas. Y Metternich interviene en Nápoles y el Piamonte. En 1821 estalla la revolución griega, y los asuntos de España quedan en segundo plano; hasta que en el congreso de Verona de 1822 España se convierte en la gran protagonista. Cuando en 1821 estalla una epidemia de fiebre amarilla en Cataluña, Francia instala un cordón sanitario para protegerse, y al mismo tiempo observa con temor las algaradas y rebeliones. Ya en 1822 se sustituye el cordón sanitario por un ejército de observación, aunque da largas a las peticiones de ayuda del rey español. El embajador británico en España, poco antes del congreso de Verona, informa a su país de que España está tan mal que ya no es un peligro para

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Inglaterra, ya que es una pura ruina. El zar y Metternich también miran con preocupación la evolución de los acontecimientos en España, y esto sirve para que Alejandro I afiance sus ansias intervencionistas. El principal punto del congreso de Verona es una posible intervención en España. Pero Wellintong, en nombre de Inglaterra, no respalda esta intervención, porque le interesa proteger los intereses británicos, y no cree que el mantenimiento de la paz fuese prioritario. El embajador británico se postula como mediador entre las colonias americanas y la metrópoli. Montmorecy, el representante de Francia, pasa por alto las instrucciones de Villele, y apoya la intervención. Wellintong acaba abandonando el congreso, para dejar clara la posición británica, pero los demás aliados garantizan su respaldo a la intervención. Se manda una nota al gobierno español exigiendo una reforma del texto constitucional, y como los españoles se niegan, porque lo consideran una injerencia intolerable, la guerra ya es inevitable.

Montmorecy pensaba en una acción conjunta con la Santa Alianza, mientras Villele y el rey Luís XVIII eran partidarios de un mayor protagonismo de Francia; razón por la cual Montmorecy es cesado y sustituido por Chateaubriand, que es el encargado de conseguir que la fuerza expedicionaria sea tan solo francesa. Serán los Cien Mil Hijos de San Luís, por el discurso del rey, en donde anuncia que cien mil franceses están preparados, invocando al Dios de San Luís para preservar el trono español a un nieto de Enrique IV. Cannnig, en una intervención ante los comuneros marca las diferencias entre Gran Bretaña y el resto del continente, y exaltan la Gloriosa Revolución de 1688, y hay un momento en que los franceses temen una intervención británica; ya que incluso levantaron el embargo que había sobre exportación de armas a España y las colonias. Pero Canning promete permanecer neutral cuando en Francia le garantizan que no establecerán una ocupación permanente, que respetarán a su tradicional aliado, Portugal, y que no se apropiarán de las colonias americanas. Este es el momento en que las nuevas cortes españolas se refugian en Sevilla, y en abril las tropas

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francesas, al mando del duque de Angulema, cruzan el Bidasoa. En este momento no se produce la misma reacción popular que cuando la guerra de la independencia, quizá porque la sensación de desánimo era creciente entre los liberales, pero también en la población. Los únicos hombres que se resisten son los de Espoz y Mina en Cataluña. Los intentos del gobierno de José María Calatrava de formar guerrillas entre la población, caen en saco roto. El 23 de mayo los franceses llegan a Madrid y se constituye una regencia, presidida por Infantado, para sustituir a la Junta Provisional de Gobierno de España y las Indias, que se había arrogado la representación realista. Se vuelve a las posiciones de 1814, con Fernando VII como rey absoluto y una dura represión. Los liberales siguen refugiados en Andalucía, y cuando los franceses traspasan Despeñaperros, abandonan Sevilla y van a Cádiz. Ante la postura del rey, los liberales se dividen. Las cortes decretan la enajenación mental transitoria de Fernando VII y nombran una regencia; pero hay otros liberales que desean rendirse, y les anima el papel mediador que desde Gibraltar les ofrece el embajador británico. A finales de verano los liberales saben que no les queda más salida que la rendición, y el 1 de octubre el rey se reúne con el duque de Angulema. A pesar de que había firmado un decreto de perdón, cuando se ve en libertad lo revoca y declara nulos todos los actos del gobierno constitucional, justificando esta acción con la falta de libertad que había sufrido a manos de los liberales. Cae el Trienio Liberal a causa de la intervención extranjera, pero también de las contradicciones internas entre los propios liberales.

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La década final del Absolutismo (1823-1833).

Ya antes de la entrada en España de las tropas de Angulema, se empiezan a tomar las primeras medidas para restaurar las condiciones anteriores al levantamiento de Riego. En abril de 1823 se dio orden de restablecer los ayuntamientos anteriores al trienio, y se diseñaron lo que luego serían las comisiones de Purificación, así como la retirada de lápidas y símbolos constitucionales. Se condecora a los persas y se crea un ejército que se conocerá con el nombre de Voluntarios realistas. La Regencia sigue con la misma política y el rey se pone al frente de la restauración absolutista, declarando nulos todos los actos del gobierno constitucional y avalando los de la Junta y la Regencia. Designa como ministro de estado con amplios poderes al canónigo toledano Víctor Damián Sáez, que además es su confesor. Pero aunque de nuevo es rey absoluto, todavía Fernando no está en condiciones de ejercer plenamente su soberanía, porque ni siquiera está seguro de la fidelidad de sus propio ejército, y se ve obligado a permitir e incluso pedir que se queden en España las tropas de Angulema. No se había pensado que ese fuese un ejército de ocupación; pero esta petición del rey español iba a reportar a Francia ventajas comerciales y económicas, y sobre todo prestigio en Europa. Por tanto, se establece un compromiso por parte de Francia, de mantener 50.000 hombres en España durante cinco meses, aunque el plazo se fue prorrogando y se retiraron en septiembre de 1828. Era una ocupación tolerada y también eficaz, dada la precariedad del nuevo régimen, que permitía a la Santa Alianza ejercer una función moderadora; porque Luís XVIII y su ministro Villele no veían con buenos ojos el cariz sumamente reaccionario que algunas veces adoptaba Fernando VII. Rusia se suma también a la petición de moderación al rey español, y envía al diplomático Pozzo di Borgo para presionar al rey. Y Canning se interesaba más por lo que pasaba en las colonias que en España, porque su actuación está marcada más por los intereses británicos que por sus ideas. El primer gabinete de Fernando se centra sobre todo en la represión política, porque el rey pronto se

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retracta del perdón que había anunciado y firma decretos con duras medidas contra los liberales. Al general Riego se le ahorca en la Plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre y se firman numerosas sentencias de muerte, de presidio o de destierro. En el período de Sáez se crea mediante Real Decreto el Consejo de Ministros, hablando de la elección de hombres prudentes y sabios. Este Consejo estaba compuesto por cinco miembros: Estado, Gracia y Justicia, Marina, Guerra y Hacienda. En otro Real Decreto se regula las normas para su funcionamiento, y se estipula que en ausencia del rey, el Consejo quedará presidido por el secretario de Estado y del Despacho Universal, que ostentará el título de Presidente del Consejo de Ministros. Pero estos indicios de modernidad no logran esconder que la voluntad soberana del rey está fuera de toda duda.

Cuando a Sáez se le nombre obispo de Tortosa, el gabinete es presidido por el marqués de Casa Irujo, moderado; aunque había personas de talante más reformista como López Ballesteros, Salazar, Cruz o el conde de Ofalia, que ocupa la secretaría de estado a la muerte de Martínez de Irujo en el mes de enero. Había profundas diferencias entre liberales y absolutitas, pero incluso entre estos últimos no todos eran de la misma opinión; y tendrían que luchar también con el difícil carácter del rey. De hecho, al día siguiente de los nombramientos, Fernando hace llegar a Irujo un texto de su puño y letra con las siguientes bases para el Consejo de Ministros:

1. Plantear una buena policía en todo el reino 2. Disolución del Ejército para formar otro nuevo 3. Ausencia de cámaras y todo lo que tenga que ver con la representación. 4. Elevar

a

los

realistas

a

las

secretarías

de

despacho,

tribunales

administraciones, eliminando a los liberales de estos puestos 5. Destruir todas las sociedades secretas. 6. No reconocer los empréstitos hechos en el período constitucional

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y

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Poco tenían que ver estas directrices con las ideas de Ofalia, aunque si pensaba en una policía fuerte, la mejora de la Deuda Pública o la reforma del Ejército, pero su idea base era la de una amnistía con la cual el rey no estaba de acuerdo. Quizá por estas diferencias las cortes europeas presionaron para un cambio de gobierno. El gabinete siguió las bases del rey, pero también alguna de las ideas reformistas de Ofalia, como el proyecto de amnistía. Pero seguía habiendo descontentos entre los absolutistas, porque muchos de ellos querían revivir la Inquisición, y algunos obispos establecieron las Juntas de Fe. Se crean también las Comisiones Militares Ejecutivas y Permanentes, y vuelven a entrar en vigor las Juntas de Purificación. Pero quizá la mayor polémica iba de la mano del proyecto de amnistía, porque había quien quería dar un perdón más amplio, y otros, como os ultras, que estaban totalmente en contra de perdonar. Cuando Calomarde entra en el ministerio de Gracia y Justicia se rompe la unidad del gabinete y solo por las presiones francesas, la amnistía fue aprobada en mayo de 1824. Pero muchas de las decisiones de perdón en este proyecto quedaban al libre arbitrio de las autoridades civiles y militares, y por tanto todos seguían descontentos.

Pero quizá uno de los problemas más acuciantes era la enorme crisis económica y hacendística. López Ballesteros, el ministro de Hacienda, se rodea de un buen equipo para intentar abordar este problema. Plantea una reforma tributaria para hacer frente a los gastos ordinarios del estado. Pero esto resulta insuficiente y hay que echar mano de todos los recursos disponibles e incluso contraer nuevas deudas. Opta por reducir gastos y para ello, por primera vez en la Historia de España, se elabora un presupuesto. Tardó casi tres años en superar los obstáculos que le iban surgiendo, y con el presupuesto consiguió reducir los gastos ordinarios, pero no fue posible un equilibrio completo y hay que recurrir a los préstamos. En 1830 la situación se descontrola, cuando la crisis internacional hace necesario aumentar los gastos militares; y el de 1831 fue el último presupuesto de la monarquía absoluta. En 1824 se intenta solucionar el problema de la Deuda,

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creando la Caja de Amortización, encargada de inscribir los créditos contra el estado, consolidarlos, pagar sus intereses y ocuparse de la amortización. Se centra sobre todo este organismo en gestionar los nuevos empréstitos extranjeros. Ballesteros puso ordenen la Hacienda y creó los primeros presupuestos efectivos, pero con pocos ingresos tuvo que reducir drásticamente los gastos, y por eso España debió renunciar a mejorar su Ejército, como la mayor parte de los países de Europa, o a reconquistar las colonias americanas. Además, el ministro tenía las manos atadas por las imposiciones de los más reaccionarios de su gabinete y lo único que logró fue prolongar durante diez años más un inevitable colapso. En la crisis de gobierno de 1832 fue cesado, aunque su equipo siguió trabajando hasta el año siguiente y siguieron la línea que él había marcado.

La aprobación de la amnistía causó mucha tensión entre el rey y los moderados. Calomarde hizo un decreto por el cual se sobreseían muchas causas por vejaciones contra las personas o bienes de los liberales, siempre que no hubiese asesinato. Poco después ocupa la secretaría de estado Cea Bermúdez en lugar de Ofalia, y su nombramiento es bien recibido por las potencias extranjeras. Parecía que el gabinete quedaría equilibrado entre moderados y ultras; pero poco antes de la llegada de Cea, el moderado Cruz tuvo un altercado con el rey cuando le revelo, aunque nunca pudo probar del todo, el papel de su hermano don Carlos en una intentona de realistas fanáticos al mando del brigadier Canapé. El rey no aceptó la culpabilidad de su hermano; y poco después tiene lugar un conato rebelde en Tarifa, de corte liberal, aunque es rechazada. Pero le vale de excusa a Fernando para deponer a Cruz, acusándole de simpatías liberales. Algunos de los moderados del gabinete son reemplazados por gente de corte más realista, y se abre otro período de represión. Al darse una división en las filas realistas, el cuerpo de voluntarios se vuelve contra el rey, porque temen la influencia francesa en el monarca. Algunos de estos reaccionarios, encabezados por el infante don Carlos, se dedican a presionar al rey y se organizan en sociedades secretas o Juntas

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Apostólicas, como La Purísima o el Ángel exterminador. Los voluntarios realistas serán su brazo armado. Don Carlos se declara dispuesto a ocupar el trono, en defensa de una monarquía al estilo del Antiguo Régimen. Y en algunos folletos de 1825 se le llama Carlos V de España. Esto hace que Fernando se incline más hacia los sectores moderados del absolutismo, y hace desaparecer las Comisiones militares ejecutivas y permanentes, lo cual conlleva una rebelión ultra al mando del general Bessiéres. Fernando se asusta y organiza una Junta Consultiva del Reino, que preside el duque del Infantado, al que lleva hasta la secretaría de estado. Se siguen produciendo intentonas y conspiraciones liberales, como el desembarco de los Bazán en Guadamar o la conspiración de los emigrados. Y los ultras, también llamados apostólicos, siguen caldeando el ambiente con sus protestas.

Cuando la familia real portuguesa se refugia en Brasil, después de la invasión francesa, el país había quedado al mando de Beresford, mariscal británico. Pero los sucesos de 1820 en España hace pensar al país vecino que les puede ocurrir algo parecido, y de hecho en agosto hay una rebelión de la guarnición de Oporto y más tarde de Lisboa, lo cual provoca el nacimiento de una Junta Provisional, convocatoria de Cortes constituyentes y la llegada de una constitución parecida a la de Cádiz. Se establece un parlamento unicameral, con libertad de prensa y abolición de todas las ideas feudales. También se suprime la Inquisición, las órdenes religiosas y se hace una desamortización de tierras. Este liberalismo, como el español, pronto sufre divisiones internas. El rey Juan VI, que ha regresado desde Brasil, se convierte en monarca constitucional cuando jura la Carta Magna, pero con el movimiento que se conoce como Vilafrancada, en el que participa de manera activa la reina Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, y su segundo hijo don Miguel, se pone fin al constitucionalismo. En 1826 muere don Juan sin hacer testamento, y al estar su hijo mayor, don Pedro, en Brasil, éste había sido ya proclamado emperador de un Brasil independiente en 1822. Por tanto los derechos al trono de Don Pedro quedan en entredicho, y su hermano don Miguel cuenta con

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el apoyo de los absolutistas. La Regencia reconoce como heredero a Don Pedro, pero éste renuncia a la corona a favor de su hija María da Gloria, una niña de siete años. Antes de ello otorga la carta constitucional de 1826. El reinado de María II comienza con una regencia; y su padre planea su matrimonio, cuando llegue el momento, con su tío don Miguel. Pero esta promesa de matrimonio no le impide reunir a sus seguidores para luchar contra el recién creado reino constitucional. Fernando, por su parte, se reafirma más que nunca en el absolutismo antes estos acontecimientos en el país vecino, sobre todo cuando se entera de que desde allí el liberal Saldanha planea colaborar en una invasión a Andalucía. Otro problema es que desde Portugal llegan en masa exiliados absolutistas, y el cordial recibimiento del que son objeto causa malestar a los ingleses. Pronto se produce la sustitución del duque del Infantado por González Salmón, mientras por todos los lados llegan demandas de neutralidad. Desde Madrid exigen a Lisboa medidas contra aquellos constitucionalistas españoles que deseen asentarse en Portugal; y los portugueses exigen la expulsión de los refugiados absolutistas. Después de muchas discusiones en el seno del Consejo de Ministros, se acuerda proteger el movimiento que los absolutistas

portugueses

prepararan

desde

España;

lo

cual

hace

que

los

portugueses pidan ayuda a Inglaterra. Canning decide enviar a Lisboa cinco mil soldados para defender las posturas liberales, y ante esta decisión Fernando se asusta y retira su apoyo a los miguelistas. El conde de Ofalia, de talante moderado, es nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Cuando muere Canning en 1827 y le sustituye Wellintong, los liberales portugueses reciben menos apoyos, lo cual vale para que don Miguel instaure un régimen absolutista, por más que se esconda tras una fachada constitucional. La reina María II se exila ante el temor de revueltas, y establece en las Azores un consejo de Regencia. Don Pedro llega desde Brasil para defender la causa de su hija, y en 1832 conquista Oporto; y con la ayuda de la marina británica, al mando de Napier, derrotan a los miguelistas en la batalla del Cabo de San Vicente y repone en el trono a la reina. Se abre un período

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de luchas en Portugal entre cartistas, moderados partidarios de la Carta de 1826, y septembristas, defensores de la Constitución más radical de 1822.

Los ultras empezaban a abandonar la idea de que el rey es un mero prisionero en manos enemigas y cada día le critican más, pensando en la alternativa de su hermano Carlos. Pero aunque la policía le mantiene informado, Fernando se resiste a creer que su hermano pueda estar implicado en las conspiraciones. Cuando estalla la “guerra de los agraviados” en Cataluña, en el año 1827, sale a la luz la verdadera dimensión del problema, y de hecho Fontana habla del primer ensayo de las guerras carlistas. El campesinado catalán se queja de la caída de los precios agrícolas, la presencia de tropas extranjeras y la mala situación económica. El ejército también está descontento y poco a poco la rebelión es ya un hecho en toda la región. La fidelidad del clero a la causa fernandina no tarda demasiado en quedar en entredicho, pues tras la toma de Manresa por un grupo ultra apodado El Caracol, se constituyó una junta que tenía entre sus miembros mayoría de eclesiásticos. En poco tiempo los llamados agraviados dominaban buena parte de Cataluña. El 11 de agosto el ministro de Guerra centra toda su atención en la cuestión catalana cuando se reúne el consejo de ministros, y visto que las medidas de indulgencia hasta ahora adoptadas no habían dado buenos resultados, se envían tropas para acabar con los tumultos. Esta decisión no fue fácil porque significaba dejar desprotegida la zona fronteriza con Portugal; pero las malas relaciones que los Borbones habían tenido siempre con Cataluña así lo aconsejaban. El propio rey se instaló en el Palacio del arzobispo de Tarragona y hace un llamamiento a los súbditos rebeldes para que vuelvan al redil. El rey y su esposa María Amalia de Sajonia, deciden quedarse unos meses en Cataluña para calmar los ánimos.

Pero otro hecho, esta vez del exterior, vendría a sacudir los cimientos del gobierno. En julio de 1830 se produce la revolución que aparta del

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trono de Francia a Carlos X. Por medio de las cuatro ordenanzas de Saint Cloud se suspende la libertad de prensa, se disuelve la cámara y se reforma la ley electoral. Mediante la Proclama de Thiers, se condena a Carlos X y se presenta al duque de Orleáns, Luís Felipe, como respetuoso con la revolución y auténtico ciudadano. Es proclamado lugarteniente del reino y pocos días después se le informa de que ha sido elegido rey de Francia, ante lo cual jura la carta reformada, y la bandera tricolor sustituye de nuevo a la flor de Lis de los Borbones. En las monarquías más conservadoras, como la española, al rey francés se le llamaba “el rey de las barricadas” y había mucho temor al desarrollo de los futuros acontecimientos. Pero para los liberales se abrían nuevas expectativas, y muchos que habían huido a Gran Bretaña, ahora se establecieron en Francia. Fernando VII no reconoció la monarquía de Luís Felipe, y Francia empezó a usar a los emigrados como elementos de presión en sus relaciones con España. Muchos personajes como Alcalá Galiano, Martínez de la Rosa o el conde de Toreno se reunieron en Paris y se organizaron con la ayuda de las autoridades francesas. Juan Álvarez Mendizabal, con el acuerdo del banquero Ardoin, puso fondos a disposición de los exiliados para organizar un alzamiento, e impulsó una Junta a la que llamaron Directorio provisional del levantamiento de España contra la tiranía, que era una especie de gobierno en el exilio. Espoz y Mina intentaría hacerse con el mando militar, aunque no lo consigue. A lo largo de ese verano se van reuniendo en Bayona los exiliados y voluntarios de distinto pelaje; desde liberales a simples aventureros; pero las divisiones entre los liberales no habían sido reparadas, y seguían chocando moderados y exaltados. Sin embargo, el rey se asusta, y siguiendo el ejemplo de otras monarquías europeas, acaba reconociendo a Luís Felipe, con lo cual el gobierno francés deja de prestar apoyo a los rebeldes, y prohíbe que en su territorio se celebren reuniones de este tipo. Este fue el toque de alerta para la puesta en marcha de la invasión, y Valdés es el primero en cruzar la frontera el 14 de octubre, con 400 hombres. A él le siguen todos los demás, incluso Espoz y Mina, y algunos veteranos de la guerra de la Independencia. Mina pretendía solicitar la convocatoria de las cortes y provocar

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más movimientos para aumentar el número de efectivos. Pero los demás levantamientos no se produjeron, y los realistas envían a los invasores de vuelta a la frontera, aunque el recibimiento del pueblo fue entusiasta.

José María de Torrijos había llegado de Inglaterra en 1824 y siempre había chocado con Espoz y Mina a la hora de plantear el alzamiento contra el rey. Sus actividades

en

Inglaterra

le

ocasionaron

problemas con la policía inglesa en más de una ocasión, aunque también reunió a un entorno

de

incondicionales

seguidores

británicos, porque veían en él el prototipo del héroe romántico español. A finales del verano de 1830 se embarca en Marsella con rumbo a Gibraltar para preparar desde allí un levantamiento liberal. Pero cuando llega descubre que los preparativos van muy atrasados y que falta dinero. La entrada de Mina por los Pirineos levanta los ánimos de los conjurados, aunque dura poco. En febrero de 1831 Salvador de Manzanares protagoniza otro intento de levantamiento que acaba en tragedia, con la muerte de Manzanares. La presencia de Torrijos en el Peñón preocupaba al gobierno, que prepara un plan para atraerle a la Península. Se hacen llegar a Gibraltar informes sobre una conspiración desde Málaga, asegurando que se podía contar con buena parte de la guarnición y apoyos a la gente que estaba en el Peñón. Torrijos adquiere las garantías que necesita para fiarse y el 30 de noviembre sale de Gibraltar con 50 hombres. Todos ellos mueren fusilados, sin juicio ni condena, el 11 de diciembre de 1831; y este será el último levantamiento contra el rey.

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La reina María Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, muere en Aranjuez en mayo de 1829, y el rey se encuentra todavía sin descendencia, a sus ya 45 años. En sus tres matrimonios solo había tenido una hija, María Isabel Luisa, que apenas vivió seis meses. Por tanto, hay que casar de nuevo al rey, y la afortunada es María Cristina, hija del rey de Nápoles, y que dado que tiene 23 años, se espera que proporcione el ansiado heredero. Posiblemente el motivo de su elección se debe además a que el infante don Francisco de Paula se había casado con otra hija del rey de Nápoles, Luisa Carlota. Por tanto, queda en entredicho si hay un hijo, el futuro del hasta ahora heredero, don Carlos. Con la llegada a España de la dinastía Borbón se habían modificado las Partidas y había entrado en vigor la Ley Sálica, que prohibía reinar a las mujeres si había descendencia masculina en la rama directa o colateral. En 1789 Carlos IV había restaurado las leyes originales mediante la Pragmática Sanción, aprobada por las cortes, pero que no llegó a ser publicada. Cuando la reina se queda embarazada, Fernando publica esta Pragmática Sanción en la Gaceta, mediante la cual si el rey no tuviere hijo varón, reinará la hija mayor. Con lo cual el infante don Carlos quedaba excluido. Pero hay numerosas discusiones acerca de la validez de la derogación de la Ley Sálica, porque podía conculcar los derechos de don Carlos, que había nacido antes del cambio de la ley. Los liberales y los absolutistas no se ponían de acuerdo. Y se discutía si la reina era de talante liberal y había influido en las decisiones de su esposo.

Por los antecedentes de su familia resultaría raro que la reina fuese liberal; pero desde que se quedó embarazada, como cualquier mujer, decidió proteger el destino del hijo que esperaba, y sabía quien la podía ayudar en

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esta labor. Por eso se acercó a los reformistas y liberales moderados, para poder hacer frente a los carlistas. En septiembre de 1832, pasando el verano en La Granja, Fernando se puso muy enfermo y se empezaron a hacer provisiones por si el rey moría. Se reunió el gabinete, que ahora estaba presidido por el conde de Alcudia, de tendencia ultra. Parecía que se iba a respetar la legalidad, pero también se rumoreaba que don Carlos no estaba dispuesto a aceptarla y que incluso estaba dispuesto a una guerra civil. Se convence a la reina que para defender los derechos de su hija habrá que recurrir a un enorme derramamiento de sangre, y que es mejor que el rey derogue la Pragmática Sanción. Aunque se había pedido que la derogación se mantuviese en secreto, la noticia vuela y los liberales y realistas moderados se movilizan para impedir el acceso de don Carlos al trono. La recuperación del rey y la organización de los “cristinos” o partidarios de la reina, permitieron el cambio necesario en el gabinete para que se mantuviese la Pragmática. Calomarde y Alcudia se marcharon al extranjero, y Cea Bermúdez vuelve a ocupar la secretaría de estado y la Presidencia del Consejo de Ministros. María Cristina avala las primeras decisiones del nuevo gobierno, porque gozaba de poderes durante la enfermedad de su marido. Se conceden indultos a los presos y amnistía a todos los liberales exiliados, además de que se reabren las universidades cerradas desde 1830 y se sustituye a los altos mandos militares de tendencia carlista. María Cristina, en defensa de los derechos de su hija Isabel y en contra de su cuñado don Carlos, sella una alianza con los liberales. Un elemento clave del gobierno de Cea Bermúdez fue el ministerio de Fomento, primer paso hacia la construcción del estado contemporáneo. Esta alianza con la monarquía se reforzará mediante la declaración pública del rey, el 31 de diciembre de 1832, de la nulidad del decreto que había derogado la Pragmática. Don Carlos es alejado de la corte incluso antes de fallecer Fernando, para afianzar la postura de Isabel, que con tan solo tres años es proclamada Princesa de Asturias. A finales de septiembre de 1833 muere Fernando, quedando como regente María Cristina; pero a la semana de la

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muerte del rey aparecen las primeras partidas carlistas dispuestas a defender los derechos de Carlos V.

Las colonias de América.

La crisis del Antiguo Régimen supuso un cambio en las relaciones entre las colonias y la metrópoli. Las colonias en otros momentos delicados no habían aprovechado la debilidad de la potencia española, quizá porque no había en ellas el ambiente intelectual adecuado; pero en esta época se elabora una nueva política ultramarina que buscaba reformar la administración colonial y reorganizar el comercio trasatlántico. De las colonias españolas, por paradójico que pueda resultar, sacaban más provecho países como Gran Bretaña, Holanda o Francia, que la propia España. Durante los reinados de Fernando VI, pero sobre todo de Carlos III, se inició un vasto plan de reformas dedicado a la emancipación económica de las colonias. Es lo que autores como Lynch han llamado la “Segunda conquista de América”. Elemento fundamental fue la recuperación del sistema de la alcabala, aunque la mayor presión fiscal produjo algunos episodios violentos y protestas. En 1765, y tomando ejemplo de otras potencias europeas, España tomó las primeras medidas para lo que se dio en llamar “comercio libre”. Se ampliaron el número de puertos habilitados para el tráfico con América, se eliminaron trámites burocráticos, y en general se flexibilizó el sistema, lo cual para los americanos no significó más libertad, sino que conllevó un aumento del número de importaciones, a un nivel que América todavía no responder con sus exportaciones; y tenía que ver como salían sus metales preciosos y sus manufacturas entraban en crisis. La política económica de los Borbones agravó la situación en las colonias y acrecentó el odio de los criollos hacia los peninsulares. Otra cosa que los criollos envidiaban de estos mismos peninsulares era su exclusividad para acceder a los cargos públicos; y ya en 1711 en México el cabildo había protestado defendiendo que estos cargos deberían ser para los mejicanos. Había la idea de que todos eran súbditos

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del mismo rey, pero con la diferencia de ser unos americanos y otros españoles. En cuanto a las fuentes intelectuales, Lynch ha mantenido que las ideas ilustradas estuvieron sobrevaloradas en su influencia en los movimientos revolucionarios. Había un grupo de criollos que estaban al tanto de las ideas ilustradas y los ideales que preconizaban se afianzaron con la revolución francesa y la norteamericana; pero su papel consistió más bien en proporcionar una justificación ideológica a un movimiento que tenía una base mucho más práctica. Muchos autores han hablado del periodo entre 1780 y 1808 como aquel en que la tensión entre criollos y peninsulares estuvo en su punto más alto; aunque habrá que esperar a los acontecimientos que se desarrollaron en la Península a partir de 1808 para llegar a los sucesos que culminen en 1825 con la independencia de las colonias americanas del continente. La noticia del cautiverio de la familia real en Bayona, los sucesos del 2 de mayo, la abdicación del rey y el nombramiento de José Bonaparte llegaron rápidamente a América, y se presentaba la disyuntiva de unirse o no a los afrancesados. La reacción fue parecida a la que hubo en la Península. La mayor parte de los americanos se sumaron a la fidelidad a los Borbones y el rechazo a José I, y la salida de España de la familia real provocó una especie de vacío de poder que había que llenar con una soberanía emanada del pueblo. Pero el problema era la situación de dependencia de las colonias; lo cual llevó a enfrentamientos entre las autoridades reales y las elites americanas, que querían controlar

la

situación.

No

había

afrancesados,

ni

tropas

invasoras,

ni

levantamientos populares, con lo cual se hacía complicado convencer a los antiguos representantes de la corona de la necesidad de cambios. Los peninsulares se encargaron de reprimir la intención de crear las Juntas de Nuevo México o las de Alto Perú y Quito. Esta diferente actitud con los peninsulares que con los americanos fue lo que empezó a prender la llama de la rebelión. Aunque por una Real Orden de 1809 se manifestaba que las tierras americanas no eran propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial de la monarquía española, atrajo muchas expectativas, pero el número de

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diputados que se les concedía eran solo 9, cuando la Península aportaba 26; y en la convocatoria a cortes, los americanos presentaban 30 diputados, frente a los 250 españoles. Los liberales, en el fondo, no veían a las colonias de distinta manera a como lo habían hecho los absolutistas. En territorios como Nueva España o Perú, las autoridades reconocieron la Regencia; pero había muchos enfrentamientos entre los peninsulares y los cabildos; así como manifestaciones de indígenas y problemas subyacentes, como el Levantamiento de Hidalgo, en México.

Cuando el rey llega a la Península en 1814, parecía que todavía podría remediarse la situación, pues había zonas que habían permanecido fieles, como el virreinato de Perú. Pero en otras regiones había de fondo un cariz social y racial que lo complicaba todo. Fernando pudo haber buscado una solución negociada, pero prefirió la lucha armada y sometió muchas regiones, como el Río de la Plata. La guerra civil se transformó en una guerra contra la metrópoli, y bajo la dirección de grandes líderes como Simón Bolivar o San Martín, la guerra cobró mucha importancia desde 1817. España estaba recién salida de una guerra y con una situación económica mala, sin apoyos internacionales, con lo cual pocas armas le quedaban para defenderse.

Liberales y absolutistas tenían una actitud muy parecida respecto de las colonias, a las que consideraban parte integrante de la corona española. La proclama de Riego en 1820 no había hecho mención expresa a los sublevados en las colonias y a su lucha por la libertad, porque los peninsulares consideraban que el restablecimiento de la constitución gaditana sería suficiente para que los insurrectos depusieran las armas. La Junta Provisional y el Consejo de estado enviaron instrucciones a los representantes del gobierno en América para que publicasen el Real Decreto que restablecía la constitución, invitando a todos a jurarla. Poco después de iniciaba un alto el fuego para iniciar negociaciones con los rebeldes. Pero en América el problema se veía bastante distinto, porque los

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rebeldes no veían la constitución como la solución a sus quejas, ya que su representación seguía siendo pequeña y no había señales de que se acercara a la libertad de comercio. En Perú, el virrey Pezuela chocó con los liberales de la Península, que se oponían a su política de apertura a barcos y mercancías extranjeras. La autorización por parte de las cortes nunca llegó y Pezuela fue sustituido. Las concesiones que se prometían a zonas como Chile, Montevideo, Caracas o Buenos Aires eran en realidad papel mojado, porque las tenían en la práctica. La pacificación de las colonias se estaba poniendo difícil y aunque se intentaron soluciones parciales, no tuvieron éxito. A mediados de abril de 1820 se redactaron las instrucciones para unos comisarios que debían viajar a América para convencer a los rebeldes de las grandes ventajas de estar unidos a la metrópoli. También se hace pública una proclama del rey a los habitantes de Ultramar donde Fernando se disculpaba por sus errores y les pedía que depusieran su actitud. Pero sólo les podía convencer la independencia y así se informó a los comisarios. La actitud de los liberales hacia las colonias decepcionó profundamente a los independentistas, sobre todo a Bolívar. San Martín era más conciliador, pero tampoco se dejó convencer por los comisarios. La revolución de la Península dejaba pocos recursos para el tema americano y las decisiones que se tomaban respecto a América se hacían en base a un imperio que en la realidad ya no existía como tal. Cuando se tomaron medidas más efectivas ya era demasiado tarde, aunque en la Península se resistiesen a aceptarlo. A comienzos de 1822 el gobierno presentó a las cortes un informe sobre las relaciones de las colonias en el que se reafirma en su negativa a la independencia y recomendaba detener las hostilidades, recibir todas las quejas de las provincias de Ultramar y revisar o incluso suspender las disposiciones constitucionales que pudiesen molestar a las colonias. Incluso se proponía conceder el libre comercio con potencias amigas durante seis años; pero la respuesta de las colonias es decepcionante para el gobierno. La especial posición débil de España levanta el deseo de intervención de algunas potencias extranjeras, y una de las más interesadas es Estados Unidos, que deseaba expandirse. Ya se

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había anexionado la Florida y la política de Monroe se encaminaba ahora a la América meridional, sobre todo para impedir el control comercial de Inglaterra, gracias a las concesiones que España les había hecho a los británicos. Francia intentaba algo parecido a los norteamericanos; y las propuestas rusas de colaboración con España en el tema de las colonias tenían poco futuro. En el verano de 1822 Estados Unidos reconoce a los nuevos estados y establece con ellos relaciones diplomáticas. El envío de los Cien Mil Hijos de San Luís intranquiliza a británicos y norteamericanos, por temor a que los franceses ocupasen una situación de privilegio. Canning intentó llegar a un acuerdo con sus ex colonias para hacer una declaración conjunta de desacuerdo ante una posible intervención de la Santa Alianza en la América española, pero Monroe no estuvo de acuerdo, por lo cual Gran Bretaña se centró en lograr de Francia la abstención en la zona. El memorándum Canning-Polignac por el cual ambos países se comprometían a no usar la fuerza alejaba el fantasma de una intervención militar francesa, que calmó a los británicos, pero no a Estados Unidos. En diciembre de 1823, en su mensaje anual al Congreso, el presidente Monroe formuló la doctrina Monroe, base de la política exterior americana durante más de un siglo, en la que mantenía que cualquier intervención europea en América sería considerada por los Estados Unidos como una amenaza a su paz y seguridad. Esto hizo que las renuencias a la independencia de algunas colonias por parte de los británicos saltasen por los aires. En 1824 Gran Bretaña anunció a España su decisión de tratar directamente en los acuerdos comerciales con México y las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El virrey de Perú, José de la Serna y sus éxitos habían creado en la Península la ficción de que no todo estaba perdido, y las noticias de la derrota de Ayacucho fueron vistas como algo sin importancia. Pasó todavía algún tiempo hasta que España aceptó la pérdida del imperio, y de hecho el reconocimiento definitivo de la independencia no llegó hasta después de la muerte de Fernando VII.

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Fue en 1834 cuando España anunció que negociaría con los nuevos estados. Con México se firmó un tratado en 1836 de reconocimiento diplomático.

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Tema 4. Las Regencias. La implantación del Régimen liberal.

Las guerras carlistas.

A

la

muerte

de

Fernando VII

estaba

vigente la

Pragmática Sanción y su hija Isabel, niña todavía, fue nombrada reina con el nombre de Isabel II, siendo regente su madre, doña María Cristina, hasta su mayoría de edad. Don Carlos no acepta la situación y las guerras por esta causa abarcarán casi todo el siglo XIX. Los orígenes del carlismo, sin embargo, hay que buscarlos a partir de 1820, con la Regencia de Urgel, y en la revuelta de los agraviados de 1827. El partido Apostólico, nombre que se le daba a los carlistas, tenía de entrada pocos seguidores, a los que luego se fueron sumando combatientes por distintas foralismo

causas: y

el

la

Religión,

mantenimiento

la de

lucha las

por

el

ventajas

fiscales, el conservadurismo. El lema de don Carlos era Dios, Patria, Rey y Jueces, y esto es lo que articula los puntos clave de la doctrina carlista. Las intenciones centralizadoras y los ataques al clero, sobre todo la desamortización, activaron la lucha. Los carlistas no concedían valor a la Pragmática Sanción y se atenían a la Ley Sálica, con lo cual el rey legítimo era don Carlos. Pero esta ley había sido revocada en 1789, aunque sin promulgación, y en sus últimos años Fernando dudó mucho qué hacer. Pero no se trataba sólo de un problema dinástico, sino más bien ideológico, porque a partir de 1826 Fernando VII había tenido un tímido y ligerísimo acercamiento a las ideas liberales. Los seguidores del carlismo eran, sobre todo,

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labradores de la región vasconavarra, Cataluña, Levante y Bajo Aragón, y parte de la fachada cantábrica, Galicia y algunas zonas castellanas. Se trata sobre todo de un movimiento campesino, que en las ciudades apenas tuvo éxito. Pero recientes estudios demuestran que en las zonas carlistas, los habitantes urbanos también profesaban la doctrina.

La primera guerra carlista pasa por distintas etapas:

•

El 1 de octubre de 1833 el infante don Carlos toma el título de rey de España y esto desencadena la guerra. Obtiene los primeros apoyos en Talavera y Valencia, aunque son sofocados, y más tarde le apoyarán en Navarra y las provincias vascongadas. En noviembre se puede hablar ya de una guerra civil. Los carlistas se van extendiendo por Guipúzcoa, Vizcaya, norte de Álava y Navarra, excepto Pamplona. Ocupan también Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, Santander y La Mancha. La primera etapa acaba con la muerte del general Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en 1835.

•

Desde el verano de 1835 hasta octubre de 1837 la guerra pasa ya a ser nacional. El ejército cristino lo manda Luís Fernández de Córdoba, aunque será el general Espartero quien rompa el sitio de Bilbao, aunque las guerrillas carlistas no eran fáciles de derrotar. En estos años los carlistas obtuvieron las mayores victorias fuera de su zona de influencia; y el general Gómez atravesó España desde el Cantábrico hasta Cádiz, entrando en algunas ciudades como Santiago, Cáceres o Córdoba, donde hizo miles de prisioneros. Incluso se llegó a poner en estado de alarma el Real Sitio de La Granja en julio de 1836. Lo que los liberales llamaban despectivamente “partidas”, eran columnas militares con objetivos secundarios, y que a menudo ocupaban ciudades, aunque fuese por poco tiempo. En la expedición real, al mando del propio don Carlos, llegó hasta las puertas de Madrid sin dar la orden de ataque, y volvió a Navarra perseguido y con muchos

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desertores de su propio ejército. En realidad, el avance progresista había acercado las posturas de la reina regente y su cuñado, que podrían pensar

en un posible matrimonio entre los hijos de ambos. Pero la falta de respuesta de la reina es la que le hizo desistir del ataque. •

Desde octubre de 1837 hasta agosto de 1839 la contienda se decidió a favor de los cristinos; y don Carlos en octubre de 1837 se repliega más allá del Ebro. En las tropas carlistas hay divisiones y algunos generales como Gómez o Elío son procesados. Se nombra general en jefe de todas las tropas a Guergué, que es uno de los generales más ultra del movimiento. Había un sector más moderado que estaba en contra, por ejemplo, de revivir la Inquisición, y esto causaba problemas internos. Había también competencia

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entre las distintas camarillas para ganarse el favor y la influencia de don Carlos. Al final se impusieron los moderados, y el general Guergué fue sustituido por Maroto; que en 1839 fusiló en Estella a todos los que se le imponían. Desde su cuartel general de Vergara, don Carlos declaró traidor a Maroto, pero a los pocos días justificó su acción y desterró de la corte a los más importantes apostólicos de su entorno. Muñagorri organizó un partido político que estaba dispuesto a negociar con el lema “Paz y Fueros”, y aunque de momento su idea no tuvo demasiada acogida, al final se impuso este talante en el carlismo. El cansancio de una guerra que ya duraba demasiado llevó al sector pactista a firmar el Convenio de Vergara, el 29 de

agosto de 1839, sellado por Espartero y Maroto, donde se reconocieron los empleos y grados del ejército carlista y se recomendó la devolución de los fueros a las tres provincias vascas y Navarra, armonizándolos con la constitución. •

Don Carlos no reconoció este acuerdo y la guerra continuó, aunque Espartero liquidó rápido lo que quedaba del ejército carlista en Álava y Navarra, y obligó a Don Carlos

a cruzar la frontera el 14 de septiembre

hacia Bourges, donde permaneció hasta el final de la guerra. Pero la

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resistencia seguía en zonas de Aragón y Cataluña. El conde de España3, que negociaba en secreto un acuerdo con los carlistas, fue asesinado en noviembre de 1839. Quedó Cabrera como jefe supremo y se enfrentó a Espartero durante diez meses, pero fue derrotado en Morella en junio de 1840, y sus hombres obligados a cruzar la frontera. •

La solución a la contienda por medio de un matrimonio se había planteado ya cuando Isabel tenía siete años, tratando de unir las distintas líneas sucesorias. El problema para este matrimonio no era dinástico, ni familiar, y tampoco por problemas internacionales, sino que había de fondo un enfrentamiento ideológico por el entorno que se había ido formando junto a ambos pretendientes.

Es entonces cuando surge la segunda guerra carlista, cuyos primeros chispazos tuvieron lugar en Cataluña,

en

1846,

en

respuesta

a

los

intentos, cada vez menos

creíbles,

de un matrimonio entre Isabel II y don Carlos Luís, conde de Montemolín y heredero de Don Carlos, en quien ya había abdicado el año anterior. Esta segunda guerra se extiende desde mayo de 1846 a junio de 1849, en dos espacios: Cataluña en los primeros tiempos y más tarde Valencia y Toledo, aunque la guerra volverá a Cataluña a principios de 1849.

3

Carlos de España, de Cominges, de Couserans y de Foix , fue un noble y militar francés al servicio de España, marqués de Espagne y barón de Ramefort en Francia, Grande de España y conde de España en este país. Se distinguió en la Guerra de Independencia y al servicio del rey Fernando VII, durante la restauración absolutista.

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La tercera guerra carlista es una acción guerrillera que se da sobre todo en el

norte de España. Las partidas estaban organizadas la mayor parte de las veces por sacerdotes, con el pretexto de defender las ideas católicas y luchar contra las revolucionarias. La guerra se inicia con el Manifiesto de Montemolín en Palencia, en agosto de 1854 y se difunde al año siguiente por Castilla y Santander, y desde la zona de Aragón a Levante y Cataluña. Uno de sus principales focos es el Maestrazgo. Se acaba en 1856.

«Españoles: Cumplía a mi dignidad y mis sentimientos esperar el desenlace de los acontecimientos, que hoy veo sin sorpresa consumados en España, y más aún no desmentir cuanto os anuncié en mi Manifiesto de 23 de mayo de 1845. Entonces os hice conocer mis principios; que mis deseos no eran otros sino sacar a nuestra patria del caos en que se halla sumergida; obrar la sólida reconciliación de los partidos; daros la paz y ventura de que tanto necesitáis y habéis merecido. Los resultados no han correspondido a mis desvelos y vuestra esperanza ha quedado defraudada. »Vuestro deber y mi palabra nos imponen nuevos esfuerzos para cumplir la misión que nos está encomendada. Llegó pues, el momento, españoles, que tan cuidadosamente quise evitar a costa de tantos sacrificios de vuestra parte y de la mía: fuera mengua para vosotros y mancilla para mí, ser ahora menos esforzados que siempre os estimó la Europa. No conozco partidos, no veo sino españoles, y todos ellos capaces de contribuir poderosamente conmigo al grande objeto para que la Divina Providencia me reserva. Os llamo pues a todos, de todos espero y de ninguno temo.

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La causa que represento es justa; ningún obstáculo debe retraernos para salvarla: el resultado es cierto, pues cuento que celosos, activos y valientes acudiréis solícitos al llamamiento que os hago. Quiero, y os encargo, que no mires a lo pasado. La era que va a empezar no debe parecerse a la presente: la concordia debe restablecerse en todas sus partes entre los españoles: cesen los epítetos, los odios y los agravios. Las instituciones propias de la época, la santa Religión de nuestros mayores, el libre ejercicio de la justicia, respeto a la propiedad y la amalgama cordial de los partidos os garantizan la felicidad porque tanto suspiráis. [618] »Cumpliré cuanto os prometí y ofrezco; y en el momento del triunfo nada será más grato ni me complacerá tanto como considerar que no hubo vencedores ni vencidos. »Os doy las gracias por vuestros sufrimientos, constancia, y cordura. Admirador de vuestro valor y de vuestras hazañas, sabré recompensarlas en el campo de batalla. Firmado, CARLOS LUIS Bourges 12 de septiembre de 1846.» En el gobierno de O´Donell se produjo un hecho que podría haber supuesto el renacer del carlismo, pero en cambio tuvo el efecto contrario. En abril de 1860 fueron apresados en La Rápita el conde de Montemolín y su hermano Fernando cuando intentaban entrar en España con el apoyo del capitán general de Baleares. Ambos renunciaron a sus derechos de sucesión, de lo que después se retractarían, y entretanto asumió los derechos el tercer hijo de don Carlos, Juan de Borbón, que terminó en Madrid pidiendo jurar fidelidad a su prima Isabel. Carlos y Fernando murieron en 1861; y Don Juan asumió la herencia dinástica, hasta que su hijo mayor, con el nombre de Carlos VII; tomó de nuevo la causa e inició en 1872 la cuarta guerra carlista.

La organización del régimen liberal.

El mundo político estaba muy vinculado a la prensa y a tertulias y asociaciones como el Ateneo y la Sociedad Matritense, compuestas por presidentes del consejo, ministros, secretarios y altos funcionarios. El poder ejecutivo, es decir, el gobierno, se componía de una serie de secretarías de

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despacho o ministerios, como el de Guerra, Marina, Hacienda, Fomento, Gracia y Justicia, o los nuevos de Ultramar y Gobernación del Reino. Quien los nombraba era la corona, y todos los ministros formaban el Consejo de Ministros, cuyo presidente era quien decía la corona, y ejercía también el cargo de ministro de estado. Entre 1833 y 1868 hubo más de cincuenta gobiernos y por tanto, gran cantidad de ministros, que generalmente se reclutaban entre hombres de leyes y militares, aunque también había diplomáticos y algún periodista, o incluso algún historiador aficionado, como el conde de Toreno, y otros que se dedicaban al mundo de los negocios, como Mendizábal. La corona se supone que debía ser árbitro, aunque siempre tendía a llevarse mejor con los moderados. Además en Madrid también estaban otros altos cargos como directores generales y políticos de alto rango.

El poder legislativo se dividía en dos cámaras: congreso y senado. La legislación electoral pasó por seis disposiciones distintas, que rigieron todas las elecciones del reinado de Isabel II; y las principales divergencias se referían a la división de las circunscripciones en distritos uninominales o plurinominales, la adopción del sufragio indirecto o directo, y sobre todo al mayor o menor alcance del censo electoral. En las circunscripciones, se tomó como ámbito la provincia, y los diputados se repartían según la población de cada una. Los distritos uninominales que defendían los moderados facilitaban el control por las oligarquías locales, sobre todo en el medio rural; y la mayor dificultad de control del Ministerio de la Gobernación obligaba a un sistema de pactos con familias o personajes poderosos de la comarca, iniciándose el cacicazgo, que perduraría mucho tiempo. Pero excepto en 1846, en todas las demás disposiciones del reinado de Isabel II se adoptó el sistema plurinominal; y los censos aumentaban, sobre todo en las ciudades. Las provincias se subdividieron en cabezas de partidos judiciales, que eran la sede de las Juntas electorales para la elección de los procuradores del reino.

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La constitución de Cádiz señalaba el sufragio indirecto. El derecho de sufragio estaba restringido a muy pocos españoles, que elegían compromisarios en tercer o cuarto grado, y éstos, a su vez, elegían a los diputados de cada provincia. Cada vez el control del gobierno era mayor y orientaban el voto hacia los candidatos que les interesaban más. Siguiendo el ejemplo de Europa, también en España este sistema fue cayendo en desuso y se prefirió la elección directa, aunque todavía eran pocos los españoles que la podían ejercer: varones mayores de edad, y con cierta capacidad de comprensión y sobre todo que tuviesen propiedades y fuesen contribuyentes. Los cambios de gobierno, sobre todo cuando también había un cambio de partido, no se hacían mediante elecciones, sino como decisión de la corona, muchas veces presionada por los propios grupos políticos. Cuando era el presidente de gobierno elegido por la corona el que convocaba elecciones, siempre seguía como presidente, a excepción de Evaristo Pérez de Castro en 1839, debido a presiones de Espartero; cosa que se repitió algunas veces más durante esta Regencia. La única ocasión en que un presidente entendió que había perdido unas elecciones y dimitió, fue en diciembre de 1846, cuando Istúriz propuso un presidente del congreso que fue derrotado por una coalición de progresistas y moderados puritanos, y acabó dimitiendo en enero de 1847. Pero como norma general los políticos de la era isabelina manipulaban al Parlamento desde su mismo origen electoral. La ley impulsada por el partido progresista facilita la injerencia gubernativa directa; mientras la ley moderada favorecía a los notables locales, que a cambio de favores negociaban con el jefe político de la provincia.

El sistema judicial.-A principios del siglo XIX todavía predominaba el sistema del Antiguo Régimen, que ejercía a justicia mediante el privilegio y la multiplicidad de jurisdicciones; fuero militar, eclesiástico, Inquisición, consulados de comercio. El poder judicial tal y como hoy lo conocemos, nace con la constitución de Cádiz, que introduce la separación de poderes, y se pretende la autonomía de los jueces frente

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al ejecutivo. Se trata de instaurar el principio de igualdad ante la ley. La jerarquía de jueces que se establece es la siguiente:

1. en cada comunidad el alcalde intentaría poner de acuerdo a las partes mediante una negociación, y si no se lograba, se interponía demanda 2. el siguiente escalafón eran los jueces de partido 3. las audiencias conocían en segunda y tercera instancia, y de los conflictos de competencia entre juzgados 4. el Tribuna Supremo se reservaba para los recursos contra las sentencias de las audiencias, y también juzgaba a los altos cargos políticos y judiciales.

Todo esto quedó sin efecto cuando Fernando VII lo anula en 1814, hasta que Martínez de la Rosa, en 1835 reproduce lo esencial de la legislación gaditana. Los jueces de paz serán quienes intenten la conciliación; y las provincias se dividen en partidos judiciales, a cargo de cuyos juzgados están los jueces ordinarios. Las audiencias serán tribunales superiores, y se restablece el Tribunal Supremo. El nombramiento de los jueces se hace mediante la Junta del Ministerio de Gracia y Justicia entre abogados, juristas y profesores de universidad. En mayor o menos medida, los jueces debían ser fieles al gobierno que los nombraba; y surge la figura del “juez cesante”. Hasta 1870 la situación no varía demasiado, y con la Ley Orgánica del Poder Judicial se establecen una serie de principios fundamentales:

1. principio de independencia: oposición para cubrir las vacantes y ascensos de los magistrados 2. inamovilidad judicial 3. responsabilidad de los jueces en sus actos 4. incompatibilidad con el ejercicio de la política 5. colegiabilidad de los tribunales, excepto los jueces municipales y los de instrucción.

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La unidad de fueros recibió un gran impulso en 1862, pues se establecieron las bases para la organización de los tribunales y se ordenó que la jurisdicción ordinaria fuese la única competente, aunque con algunas excepciones. En el reinado de Isabel II no había un criterio claro que protegiese la independencia judicial y a interferencia de los gobiernos en la justicia era constante, así como la movilidad de los jueces hacia el mundo de la política.

El poder local.La nueva división provincial fue realizada por Javier de Burgos en 1833, y los nuevos territorios se basaron en unidades históricas, corregidas por las circunstancias geográficas, extensión, población y riqueza. Al final España quedó dividida en cuarenta y nueve provincias y a frente de cada una de ellas se colocó el subdelegado de Fomento, al que después se le llamaría gobernador civil. La Diputación era el órgano de gobierno de la provincia, que fueron divididas en 1834 en partidos judiciales. De todos modos, en cada período, según que el gobierno estuviese en manos de moderados o progresistas, se variaba la interpretación de este esquema general. En 1842 y 1856 se varió el modelo progresista, partidario de una cierta descentralización provincial. En 1845 el moderantismo presidió la división, y el gobernador se veía como un delegado del gobierno; siendo la diputación un órgano más bien de carácter consultivo. El número de miembros de la Diputación variaba en función de los partidos judiciales. El triunfo de los progresistas en 1854 supuso el restablecimiento de las Diputaciones de 1843, que veían aumentadas sus facultades administrativas. Los gobiernos de O´Donell y Narváez, reproducían

los modelos de 1845, que se

mantuvo ya hasta la revolución del 68. La administración provincial se fue organizando durante el reinado de Isabel II. En cada provincia el estado tenía una administración civil presidida por el gobernador, y había dependencias de los ministerios de Hacienda, Fomento y Gobernación. El ministerio de Gracia y Justicia

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se organizaba a través de los tribunales en las capitales de provincia y en las localidades que eran cabeza del partido judicial. Los cuarteles militares se organizaban en Capitanías Generales. El municipio era el último escalafón, del cual el alcalde era la figura clave; y se trataba de un representante del gobierno, que podía reforzar su poder nombrando un alcalde corregidor en sustitución del ordinario. Aunque debía verse como algo extraordinario, en realidad su figura se hizo bastante frecuente, y al no ser cargo electivo, gozaba de duración ilimitada. Las autoridades locales estaban apartadas de la justicia ordinaria; el alcalde o cualquier concejal, o incluso el ayuntamiento en pleno, podían ser suspendidos gubernativamente sin ninguna ley que lo justificase. Las reclamaciones electorales las resolvía el gobernador. Los progresistas hicieron de la elección de alcaldes una de sus banderas, y coincidían con los moderados en la subordinación

de las

autoridades locales al gobierno central. Las diferencias entre ambos partidos eran tan sólo de grado. En principio se prohíbe la reelección, aunque luego se permite en algunos casos concretos. Los funcionarios y altos cargos electivos respondían ante la justicia ordinaria. El modelo moderado estuvo vigente durante casi todo el reinado de Isabel II

Los partidos políticos.-

Después de la muerte de Fernando VII los exaltados y moderados, al igual que los afrancesados que todavía perduraban, se aliaron en torno a la reina María Cristina, que concedió una amnistía a los encausados y fueron muchos los que volvieron del exilio. Se trataba de mantener una unidad, aunque fuese en gran medida ficticia, en torno a los carlistas. Sería ya alrededor de 1837 cuando los liberales se dieron cuenta de que no había nada malo en la división partidista entre ellos, aunque tuviesen enemigos comunes. No se puede hablar todavía de partidos en el sentido que se hará en el siglo XX, pero ya a partir

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del verano de 1834 se pueden observar dos grupos, que algunos llaman partidos, en el estamento de los procuradores: los moderados y los exaltados.

Entre los moderados se mezclaban los que habían participado en

el

constitucionalismo

gaditano

con

personas

que

procedían

del

bando

afrancesado, y un considerable número de los que habían colaborado con Fernando VII en su última etapa. El liderazgo lo ostentó durante mucho tiempo Martínez de la Rosa, que era quien controlaba el periódico moderado La Abeja, el que redactó el manifiesto electoral y fue presidente del gobierno en 1834 y 1835. Pero el partido carece de organización y de disciplina. En 1835 se incorporan nuevos políticos, como Istúriz, Alcalá Galiano y otros que habían sido exaltados en su origen, y el partido moderado empieza a tomar cuerpo. El liderazgo pasó a ser compartido entre Martínez de la Rosa e Istúriz, y Andrés Borrego adquiere especial importancia en el papel difusor, porque poseía varios periódicos. Istúriz fue quien creó la primera sede del partido. Hacia mediados de 1837 se produce un cambio; adoptan el nombre de monárquicos constitucionales, aunque siempre se usó el término moderado, y crecieron tanto en número como en fuerza. Adquieren también una mayor coherencia doctrinal, y se impregnan de un pensamiento de origen francés, aunque con raíces en el racionalismo inglés. Su cuerpo de ideas era conocido como la doctrina, y por eso se habla de liberalismo doctrinario. Sus principios se basan en el liberalismo clásico, que defiende los derechos individuales, la división de poderes y la negación de la soberanía monárquica por la gracia de Dios. Lo que proponen es la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Hablan de la soberanía de la capacidad; es decir, organizar la política de tal forma que el gobierno quede en manos de los mejores. Por eso la ley electoral debe ser selectiva, con sufragio restringido. Al terminar la guerra carlista se une al grupo moderado gente que en cierto modo trata de distorsionar su ideología. Creían en una administración ordenada, subordinada y centralizada, lo cual tuvo como consecuencia exceso de burocracia y de funcionarios, que solían usarse como arma política. Alrededor del

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año 1854 destaca un líder moderado, el general Narváez. Cuando ya en 1844 se afianzan en el poder los moderados, se pueden distinguir varias corrientes:

1) A la izquierda estaban los moderados puritanos, también llamados Unión Liberal o Partido Moderado de la Oposición, cuyos miembros más destacados fueron Pacheco, Pastor Díaz y Río Rosas. A raíz de la primera separación de la reina

y su esposo, se les llamó también “puritanos” por la actitud que

adoptaron. 2) Los centrales tenían de líder a Narváez. 3) A la derecha estaba la Unión Nacional de Jaime Balmes, que luego continuó con los ultra moderados de los años cincuenta, entre los que destacó Bravo Murillo. De éstos surgieron también los neocatólicos.

Hay miembros de partidos que se escapan de una adscripción, y basculan de uno a otro lado. En la etapa del gobierno de Bravo Murillo, los moderados caen en la desunión, y tanto los puritanos como los centrales de Narváez se unen a los progresistas y demócratas, para derrotar a Bravo Murillo. En los años siguientes el partido se va disgregando poco a poco, y surgen nuevas figuras, como la de O´Donell. La evolución de los exaltados o liberales, como se les empieza a llamar, está menos estudiada que la de los moderados. Su resistencia a la disciplina era mayor y tardan más en organizarse como partido. Pero en la época del trienio liberal ya existen como grupo definido. Fernán Caballero ofreció su propia casa para celebrar las reuniones en Madrid, y en las provincias solían reunirse en cafés, casinos o ateneos. La plataforma exterior era el periódico de Fernán Caballero, El eco del

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comercio. Cuando Mendizábal llega a España se convierte en un líder del partido liberal. Destacaba también entonces el diputado Salustiano Olózaga, que disputó el liderazgo del

partido con

Espartero. Las connotaciones negativas que fue

adquiriendo el nombre de exaltados, hizo que se cambiase por el de progresistas. El gobierno fue moderado hasta 1840, pero el progresismo iba ganando terreno en los medios urbanos y en el Ejército. Espartero creó en 1837 el Partido Militar del Norte, próximo a los progresistas y que tenía como enemigo al Partido Militar del Centro, dirigido por Narváez y cercano a los moderados.

Durante la década moderada los progresistas habían perdido fuerza y estructura política y hacia 1851 estaban casi desarticulados, porque carecían de un líder carismático. Pero les quedaba el papel de la prensa, y su principal papel parlamentario y periodístico fueron las constantes corrupciones y desviaciones del liberalismo en las que caían los moderados. En 1852 para oponerse a Bravo Murillo, se unieron Espartero y O´Donell y se ganaron incluso a la reina madre. Espartero aprovechó el momento en 1854 para alcanzar el liderazgo del partido progresista.

A la izquierda del partido progresista y a la derecha del moderado surgen sendos partidos que no se manifestarán con fuerza hasta después del Bienio Progresista. El primero es el Partido Demócrata, cuyos puntos fuertes en lo ideológico eran los logros de la República: el sufragio universal masculino y la soberanía popular.

A la derecha de los moderados estaban los neocatólicos, que

siempre estará en los aledaños del partido moderado.

La regencia de María Cristina (1833-1840).

María Cristina, como reina gobernadora, dio su confianza al gabinete de Cea Bermúdez, que en un Manifiesto de 1833 se proclamó defensor de la monarquía absoluta, y ofrecía mejorar la gestión gubernamental mediante

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reformas administrativas. Se apoyó en el Ministerio de Fomento, al frente del cual estaba Javier de Burgos, ilustrado, jovellanista y afrancesado, con mucha experiencia. El Ministerio de Guerra lo dejó en manos de Antonio Zarco del Valle. Pero el manifiesto de Cea no contestó a nadie, y a esto se suma el inicio de la guerra carlista y los problemas que ello conlleva. A la reina se le dice desde muchas bandas que lo más sensato sería convocar a las cortes, y el consejo de Gobierno también opina igual. María Cristina consultó con Javier de Burgos y con Zarco, y se propone como ministro de estado a Martínez de la Rosa, que luego pasaría a ser presidente del consejo. Menos Burgos y Zarco, el resto del gabinete

fue

remodelado;

pero

en

este

momento de transición todavía no había un sistema político coherente. Entre los que apoyaban a la reina gobernadora había mucha tensión, y la guerra no contribuía a hacer las cosas más fáciles. Martínez de la Rosa estaba muy influenciado por el pensamiento francés y en su corto período en la presidencia trató de organizar el Estatuto Real, documento que frecuentemente se ha asimilado a la “carta otorgada” francesa de 1814, pues en ella se inspira. La corona no renuncia a la soberanía, sino que la comparte con las cortes y éstas no podían legislar sin la propuesta del monarca, que era quien las convocaba, excepto para el presupuesto, cada dos años. Las cortes eran bicamerales; la nobleza se representaba en el Estamento de Próceres y el resto de la población en el de Procuradores, que eran elegidos cada tres años a través del sufragio en segundo grado. La propia reina gobernadora da el inicio a este estatuto, que pretender ser una especie de transición que transforme todo el edificio social de España. El ritmo de la transición, con el Estatuto Real y un lento reformismo luego, al parecer satisfacía a los liberales más moderados, mientras que para los doceañistas, lo

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primero era restituir la constitución de Cádiz. De hecho se hacen numerosas peticiones en ese sentido, pero sirven de poco. Las relaciones entre las cortes y el gobierno se van haciendo cada vez más tensas. A todos estas tensiones se une la aparición de una epidemia que asusta a la población y en las mismas fechas se asesina en Madrid a 80 frailes acusados de propagar la enfermedad. El gobierno deja que los asesinos queden impunes, y eso hace que muchos miembros del clero regular se sumen a las filas del carlismo. Zumalacárregui, gran general carlista, obtiene importantes victorias en el norte, y como en su doctrina incluye el foralismo, muchas personas apegadas a los antiguos usos se unen a ellos. Los liberales se radicalizaban cada vez más, mientras algunos realistas pensaban que don Carlos defendería mejor sus intereses. Eran dos oposiciones de signo contrario, pero que minaban el gobierno de Martínez de la Rosa.

En 1835 Cardero intentó un golpe de estado, que aunque fracasó dejó en evidencia al gobierno, porque no se atrevieron a castigar a los culpables. Martínez de la Rosa clausuró las cortes y presentó su dimisión. José María Queipo del Llano, conde de Toreno, ya había participado en las cortes de Cádiz en su juventud, hablando de la extinción del régimen señorial y de la desamortización, aunque perteneciese a los Grandes de España. Fue ministro de Hacienda con Martínez de la Rosa, y en 1835 se le designa para presidir un gobierno que apenas dura cuatro meses. María Cristina intentaba que siguiese en vigor el Estatuto Real y una política moderada, con el fin de atraerse a sus filas al sector más absolutista del Ejército. Por eso coloca en el Ministerio de la Guerra a Pedro Girón, marqués de Aguasamarillas, y a Prudencio Guadalfaro. Pero por otra parte también se acerca a los progresistas cuando llama al puesto de ministro de Hacienda a Mendizábal. Una medida que llama mucho la atención es la disolución

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de los conventos con menos de doce miembros, y la propia Compañía de Jesús se disuelve poco después. Pero el principal problema del gobierno venía ya de atrás, y era la guerra civil. Dos meses después del nombramiento de Toreno, la oposición progresista que solicitaba la vuelta de la constitución de 1812, se lanza a la revolución por medio de la guerrilla urbana. En algunas ciudades llegan a asentarse gobiernos revolucionarios. Las manifestaciones de poder se encauzaban con la matanza de religiosos o de carlistas. El gobierno de Toreno trató de luchar contras estos movimientos y dispuso la disolución de las Juntas; pero si en algunas provincias la tensión cedió, en

otras las Juntas adquirieron más fuerza. La

autoridad del ejecutivo quedó reducida a poco más que Madrid. María Cristina llama a Mendizábal para formar gobierno.

Mendizábal sería clave para el profundo cambio que va a tener lugar, y aunque María Cristina no era proclive al radicalismo, se vio dentro de él a causa del presidente que ella misma había elegido. La liquidación de las Juntas fue facilitada por los decretos

que

diputaciones

regulaban provinciales

la

constitución

porque

a

de

ellas

se

incorporaron antiguos miembros de las Juntas. Mendizábal era un liberal gaditano, pero también un

hombre

de

negocios,

pues

su

familia

pertenecía al ramo del comercio; y por tanto siempre

tendrá

presente

la

política,

pero

también los negocios. Comerció con Londres y con Gibraltar, sobre todo importando vinos españoles cuando vivía en Londres. Su vida política se inicia con el cargo de procurador por Gerona en 1835. En su gobierno él ejercía casi todo el poder, pues era el presidente, pero también se había reservado el Ministerio de Hacienda, el de Estado y el de Marina. Y en el resto de los ministerios estaban personas muy

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vinculadas a él. Su principal apoyo era Álvaro Gómez Becerra, desde Justicia. El programa de Mendizábal supeditaba todo lo demás a terminar la guerra civil; pero también dispuso una serie de cambios que afectaron a la configuración del país, pues sentó las bases de la administración de Justicia y reorganizó la Milicia Nacional, a la cual llamó Guardia Nacional. Una de las medidas más comentadas fue la desamortización, idea que estaba en el doctrina liberal, y según la cual, para obtener los máximos rendimientos, había que entregar al interés individual la masa de bienes raíces que eran antes propiedad de la razón, para que la agricultura y el comercio sacasen ventajas de la situación. También existía el deseo de crear una masa de propietarios adeptos al liberalismo y que ayudasen a mantener el nuevo régimen. Además, desde el inicio de la guerra carlista, los liberales veían en los eclesiásticos a enemigos, y por eso además de dejarles sin tierras, fueron más allá, con la expulsión de religiosos y la disolución de algunas órdenes. Por el decreto de marzo de 1836 se extinguían órdenes religiosas y militares, y el decreto pasó a ser ley al año siguiente, en que se exclaustraron más de 30.000 religiosos. Para terminar la guerra, solicitó a las cortes un voto de confianza, porque intentaba obtener un crédito que le proporcionase fondos. El sistema tributario de López Ballesteros no estaba dando buenos resultados ahora que el país estaba en guerra, y hubo que recurrir a crear una nueva deuda que desequilibró el presupuesto. La solución era pedir un nuevo préstamo o perder la guerra. Cuando Mendizábal llega al gobierno la situación de la Hacienda es patética y España se encontraba al borde de la quiebra. Para evitar que la guerra se perdiese, decretó el alistamiento de cien mil hombres y pagando, preparó legiones extrajeras por si eran necesarias. El plan de Mendizábal era el siguiente:

o

Restablecer la confianza de los militares sublevados reformando el Estatuto Real

o

Dar impulso a la guerra carlista para terminarla en seis meses

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Después de ganada la guerra, había que restablecer la Hacienda, y recurrir al crédito si era necesario, pero en buenas condiciones.

o

Proceder luego a la reforma del sistema tributario, pero a este punto nunca se llegó.

Tampoco la guerra se ganó en seis meses, simplemente era un conflicto sostenido que no se acababa de resolver. La deuda aumentó y la reforma de la Hacienda nunca se hizo. Los siete meses de Mendizábal como presidente del gobierno fueron la consolidación de un proceso iniciado antes. Cuando se presenta el proyecto de la ley electoral y los seguidores de Mendizábal son derrotados en las cortes, se plantea la cuestión de confianza. La corona tiene que elegir entre disolver el gabinete o disolver las cámaras, y se decide proceder a una nueva elección. Los progresistas obtienen mayoría y Mendizábal se ve obligado a dimitir. La reina María Cristina nombra presidente a Istúriz, un progresista que se había pasado al moderantismo, y éste coloca al duque de Rivas en el ministerio de la gobernación y a

Alcalá

Galiano

en

Marina.

Los

antiguos

aliados

del

partido

progresista

combatieron al gobierno por métodos parlamentarios, incluso con el voto de censura aprobado por la mayoría. Istúriz solicita entonces el decreto de disolución y María Cristina accede. Las nuevas elecciones se convocan para julio de 1836, aunque las cortes no llegaron a reunirse. Los progresistas intentaron el cambio a través de pronunciamientos, porque muchos militares pensaban que Istúriz no había actuado con la suficiente energía frente al carlismo. A finales de julio de 1836 se pronuncia la Guardia

Nacional a favor de la constitución de 1812 y el

movimiento se extiende por Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La corona se mantiene firme a las presiones, hasta que el 12 de agosto de 1836 se produce el pronunciamiento de un grupo de suboficiales en La Granja; lo que se conoce como el motín de los Sargentos. María Cristina fue obligada a jurar la constitución de Cádiz hasta que las cortes decidiesen. Cuando el ministro de Guerra, Méndez Vigo, llega a La Granja, arrecian las peticiones y exigen además de

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la constitución, que se cree un nuevo gobierno. El General Quesada, que había protagonizado

una

dura

represión

el

día

anterior,

fue

asesinado,

y

los

revolucionarios llevaron sus despojos al centro de Madrid. María Cristina confió el poder a los progresistas, con Calatrava al frente, quien confió a Mendizábal el ministerio de Hacienda y el de Marina. Se elaboraron leyes sobre la desvinculación señorial,

la

desamortización,

la

propiedad

agrícola,

y

se

convocan

cortes

constituyentes de acuerdo a la constitución de Cádiz de 1812. El nuevo Parlamento elabora la constitución de 1837, más moderada pero también más precisa que la de Cádiz. Se mantuvieron los principios de soberanía nacional, separación de poderes y reconocimiento de ciertos derechos individuales, además de la convocatoria de las cortes por el monarca. A la corona se le dio un importante papel en el proceso político, aunque las cortes también ampliaron sus funciones al adquirir la iniciativa legal. Se estableció el bicameralismo: el congreso de los Diputados, elegidos directamente por sufragio censitario, y el Senado, cuyos miembros elegía el monarca. A diferencia de la constitución de 1812, el rey podía disolver las cortes, lo cual unido al falseamiento de las elecciones, llevaba a que los parlamentos siempre eran de mayoría gubernamental. Dice esta constitución que la religión de España será la que profesen los españoles. Además, se elaboran leyes progresistas como la libertad de imprenta y la ley electoral. El gabinete Calatrava se mantuvo desde agosto de 1836 hasta agosto de 1837.

María Cristina propuso a Espartero como presidente del gobierno pero él no aceptó, aduciendo que su misión era terminar con la guerra carlista. Entretanto se nombra un gobierno interino, presidido por Eusebio Bardají, que tenía buenas relaciones con todas las tendencias. Este gobierno convocó elecciones y el triunfo de los moderados fue arrollador. Bardají deja paso a Narciso de Heredia, conde de Ofalia, que preside durante tres años un gobierno moderado. El conflicto armado había desarrollado una nueva mentalidad, y había un cuerpo de oficiales bastante heterogéneo, que se habían unido para combatir al enemigo

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común.

Había

nacido

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también

un

cierto

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sentimiento

anticlerical,

porque

precisamente en el carlismo había muchos clérigos. Muchos militares estaban descontentos porque las pagas no siempre llegaban de manera puntual, y en el Norte surgió una fuerza dominante acaudillada por el general Espartero, que había levantado el sitio a Bilbao en la Navidad de 1836. En el verano de 1837 se produjeron motines de soldados, y Espartero comunica a Madrid que solo se acabará con el carlismo si el ejército era bien pagado y se atendía a los ascensos por méritos. El gobierno cede y Espartero asciende a sus amigos, formando en el norte un partido militar.

Durante el gobierno de Heredia destaca Alejandro Mon, que ocupa la cartera de Hacienda; y también el ministro de Guerra, el general Manuel Latre. Los dos habían combatido con Espartero en Ayacucho y Bilbao, y parece que fueron las presiones de Espartero lo que provocó la caída del gobierno del conde de Ofalia. Le sustituye el gabinete de Fernández de Velasco, duque de Frías, que apenas dura tres meses. En ese período es cuando empieza la lucha por el poder entre los espadones militares del progresismo, Espartero, y del moderantismo, Narváez. Espartero pide a la corona que destituya a Narváez, porque al parecer estaba involucrado en un movimiento rebelde en Sevilla, lo cual le cuesta el exilio en Paris durante cuatro años. Espartero queda fortalecido dentro de su partido militar. Pero el movimiento de Sevilla conlleva la caída del gobierno del duque de Frías, que es sustituido por Evaristo Pérez de Castro, quien coloca en el ministerio de Guerra a Isidro Alaix, amigo de Espartero. Durante 1838-39 había dos tendencias en lo referido a la guerra: los progresistas, como Mendizábal pretendían acabar completamente con el carlismo, y los moderados abogaban por una paz honrosa con la parte más templada del carlismo, algunos de los cuales incluso se podrían incorporar al Partido Moderado. Cuando ya se iba a firmar el Convenio de Vergara, Espartero pidió a la reina gobernadora la disolución de las cortes, y en las elecciones ganaron los progresistas; aunque en su partido a Espartero le achacaban

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que había seguido las tesis moderadas. Cuando se aprobó el convenio de Vergara se hizo con algunas reformas que humillaron a Espartero y se creó un clima de crispación. En 1839 cientos de civiles invadieron el Congreso pidiendo una mayor correspondencia entre el gobierno y la mayoría parlamentaria.

Pérez de Castro convoca elecciones en diciembre de 1839 y llevó a cabo una nueva remodelación del gobierno, que prometió enviar al congreso leyes relativas a las elecciones, a la libertad de prensa o al modo de gobernarse los ayuntamientos, donde el punto clave era el nombramiento por parte de la corona de los alcaldes en ciudades o pueblos de

más de dos mil habitantes. Así habían

conseguido los progresistas muchas alcaldías, lo que comportaba tener el control de la Milicia Nacional. En febrero de 1840 vuelven a surgir los tumultos en torno al congreso. La reina Cristina conocía su débil posición. Estaba en manos de Espartero, con la oposición de las ciudades y si demasiado apoyo de los liberales. Sabe que tiene que acabar cediendo el poder.

Cuando termina la guerra carlista, la situación de María Cristina se agrava, pues los liberales se habían unido en torno a ella por miedo al carlismo. La llegada de Espartero había debilitado profundamente la figura de la reina madre. En el verano de 1840 la corte se traslada a Barcelona, y a su paso por Zaragoza, la reina encuentra el ambiente enrarecido, no solo en contra de la Ley de Ayuntamientos, sino contra ella misma también. Se reúne dos veces con Espartero, que le pide que sea derogada la ley de Ayuntamientos y que disueltas las cortes, sustituya al gobierno. La reina le ofrece ser el presidente, pero él se niega. Espartero jugaba con el beneficio de su poder militar y su fama de héroe, y Fernando VII había dejando en su testamento un dardo envenenado: la reina perdería su poder político y la regencia si se casaba de nuevo. Pero realmente ella se casó en secreto a los tres meses de enviudar, con Fernando Muñoz. Era un matrimonio válido canónicamente, pero ilegal. Desde 1833 María Cristina se quedó

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embarazada siete veces, y toda España sabía la historia e incluso había coplillas al respecto.

Cuando la reina gobernadora sanciona la Ley de Ayuntamientos, Espartero se siente ninguneado y presenta la dimisión de todos sus cargos, aunque no es aceptada, aunque la reina si piensa en cambiar el gobierno. En Barcelona se amotina la gente en las calles y varios generales, entre ellos Espartero, van a entrevistarse con María Cristina, en actitud amenazante. A pesar de ceder en algunas cosas, no anula la ley de Ayuntamientos, aunque acepta la modificación en la forma de elegir alcalde. El gobierno dimite, y la reina tampoco acaba de ceder, se siente fuerte y se mantiene en sus posiciones. En agosto la familia real se traslada a Valencia, buscando el apoyo de O´Donell; y allí le llegan las noticias a la reina de un motín en Madrid, además de que en todas las poblaciones vuelven a organizarse las Juntas. María Cristina pide a Espartero que reprima a los amotinados, pero éste se niega e incluso publica una proclama criticando la actitud de la reina. El 16 de septiembre María Cristina acaba por ceder y nombra a Espartero presidente del Consejo de Ministros, con la composición a su elección. Cuando la reina exige que se le entregue un programa escrito, el nuevo gobierno cumple sus deseos, pero se le pide que acepte compartir la regencia con hombres prácticos en la ciencia política, y a ella le parece un trato humillante. El 12 de octubre de 1840 renuncia a la regencia, deja

a sus hijas en España y se marcha a Francia, donde conspira

contra el gobierno de Espartero, apoyada por Luís Felipe de Orleáns.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

La constitución decía que antes de que las cortes nombrasen nuevo regente el reino sería gobernado por el consejo de ministros, que presidía Espartero. Su nombre real era Antonio Baldomero Fernández Álvarez; y con el tiempo consiguió los títulos de conde de Luchana,

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duque de la Victoria y príncipe de Vergara, con tratamiento de Alteza Real. Para la España de aquellos tiempos, se consideraba un hombre cultivado, pues había estudiado Latín y Filosofía, además de sus estudios militares. Su ascenso en la carrera militar se inicia en América, donde alcanza el grado de general; y allí inicia también sus prósperos negocios. Una de sus primeras acciones políticas en el poder marcaría la tónica de toda su regencia: suspendió las cortes y no las volvió a reunir hasta que unas elecciones le dieron mayoría parlamentaria, aunque en el congreso perdió varias votaciones, y en el senado los moderados siempre tuvieron mayoría. Espartero se nombró presidente del gobierno y derogó la Ley de Ayuntamientos. El primer problema surgió con el tipo de regencia, pues en la constitución de 1837 se hablaba de que la regencia podría estar formada por una, tres o cinco personas designadas por las cortes. La mayoría de los progresistas eran partidarios de una regencia de tres, y los seguidores de Espartero, los conocidos como “Ayacuchos” algunos civiles y los moderados, preferían la regencia de una sola persona. Espartero se apoyó en ellos, pues quería ser el regente único. Muchos de los progresistas que le habían apoyado, ahora estaban molestos. El nuevo ejecutivo estaba presidido por Antonio González González, y una de sus primeras acciones fue la venta de los bienes del clero secular, a iniciativa del ministro de Hacienda, Pedro Serra y Rull. La ley fue promulgada ese mismo año y se conoce con el nombre de Ley de Espartero. La economía del país se orientó hacia el librecambismo, siguiendo la política que había iniciado Mendizábal. En junio de 1841 se estableció un arancel mediante el cual todos los productos que se introdujesen legalmente por las fronteras, debían pagar un impuesto; aunque los derechos de aduanas habían bajado mucho y el proteccionismo era solo nominal. Las importaciones de Francia y Gran Bretaña se incrementaron en esta época, y productos españoles, como los vinos de Jerez, se vendían bien en el exterior. Si a esto sumamos que el embajador británico metía baza en la política nacional, a Espartero se le acusó de anglófilo, y le causó una creciente oposición. En el verano de 1841 se fraguó una conspiración de varios generales con el apoyo de los civiles

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y del gobierno francés. El levantamiento tuvo lugar en septiembre, pero O´Donell se precipitó y ocupó la ciudadela de Pamplona sin que le siguiera toda la guarnición. En octubre los carlistas, que ahora se hacían llamar foralistas, se proponían rebelarse en Vascongadas, al mando de Montes de Oca, y también fracasaron. Borso di Carminati se pronunció en Zaragoza, y el 7 de octubre, Diego de León y otros intentaron apoderarse de Isabel II, aunque sin éxito. Las tropas militares de Espartero eran todavía muy fuertes, y los rebeldes estaban muy desorganizados. Los que se quedaron en España, como Montes de Oca, fueron ajusticiados.

La legislación anti foralista por la cual los ayuntamientos y diputaciones quedaban sometidas a la ley general, provocó revueltas en el norte y en Barcelona, e incluso Espartero se ve obligado a decretar el estado de sitio en algunas ciudades, aunque luego las cortes lo considerarán anticonstitucional. Ya sin apoyo parlamentario, Espartero nombra presidente del consejo de ministros en junio de 1842 a, general Rodil, al que además da la cartera de Guerra. La fuerza del gobierno se la proporcionaba el propio Espartero y no las cortes; pero sobre todo la popularidad del general entre la clase media-baja. Este gobierno dura hasta mayo de 1843, cuando tiene que hacer frente al aislamiento político y a las insidias que trama Narváez desde Paris. Hacia finales de 1842 ya Espartero va perdiendo el apoyo popular, sobre todo en Cataluña, donde se tiene que enfrentar a los llamados “botines de quintas”, que se oponían a la recluta anual de soldados. El 13 de noviembre se produce una pelea entre soldados y civiles, y Van Halen, capitán general de la región, despliega el ejército en las Ramblas. José María Carsy, director del periódico “El republicano”, organiza un movimiento de masas que salen a la calle contra el Regente y obligan a rendirse a varios regimientos. La ciudad queda en manos de una junta provisional de gobierno, aunque la situación no es duradera, pues Espartero manda bombardear la ciudad. Cuando vuelve a Madrid, el regente es recibido también con frialdad y se multiplica la disidencia.

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En abril de 1843 vuelve Espartero a perder las elecciones y nombra presidente del consejo de ministros a Joaquín López, que dura poco más de una semana, porque presenta un programa de gobierno incómodo para Espartero, y éste le obliga a dimitir. Gómez Becerra es el nuevo presidente, además de ministro de Gracia y Justicia. Muchos de los ministerios los ocupan “ayacuchos”. Las cortes reciben al nuevo gobierno con insultos, y Espartero opta por disolver las cortes y suprimir la libertad de prensa. Los pronunciamientos se suceden en todo el país; y al grito de “Dios salve al país y a la reina”; tanto progresistas como moderados pidieron la restauración de López y la normalidad constitucional. También se movilizan los oficiales de la Orden Militar española, que había fundado Narváez. La revuelta de Sevilla fue especialmente grave,

y el movimiento se

consolidó en Barcelona, donde la Junta Suprema se atribuye la autoridad de destituir a Espartero y nombrar ministro universal a Prim. Espartero se queda con el único apoyo de los “Ayacuchos”. Narváez y otros jefes militares llegan por mar a Valencia, y Espartero se dirige a Andalucía, pero Narváez derrota al ejército de su oponente en Torrejón de Ardoz. Espartero renuncia a la regencia y embarca hacia el exilio de Londres.

Entre julio de 1843 y mayo de 1844 hay un período de transición. Vuelve a la presidencia López, prácticamente con el mismo gabinete de antes, pero solo dura hasta noviembre, aunque llevó a cabo muchas reformas que allanaron el camino a los moderados, además de desmontar todo el aparato esparterista. Prácticamente todas las juntas quedan anuladas. El partido progresista no admitió la vuelta de María Cristina, y tanto Prim como Serrano piensan en adelantar la mayoría de edad de Isabel II. Narváez y el gobierno dan el visto bueno, y el 10 de noviembre de 1843, con trece años, la jovencísima reina prestaba juramento constitucional. López, que no contaba con el apoyo de su propio partido progresista, dimitió, y le sucede Salustiano de Olózaga como presidente del gobierno. Modifica la Ley de Ayuntamientos tal y como la habían pedido en la

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revolución de 1840, rehabilita la Milicia Nacional e intenta disolver el congreso y convocar nuevas elecciones. Pero fue acusado por los moderados de forzar a la reina para que firmase un decreto que neutralizase el triunfo moderado, y tiene que huir momentáneamente a Portugal. Narváez coloca en el gobierno a uno de sus fieles; Luís González Bravo, que sigue con la labor del anterior, y suspende periódicos de carácter progresista. Las revueltas de este signo en Alicante y otras provincias mediterráneas, fueron reprimidas duramente. Se aumentan los efectivos de la policía y se crea la Guardia Civil; asignando al duque de Ahumada su organización, para hacer transitables las carreteras y los caminos rurales. Aunque el despliegue de la Guardia Civil en las zonas rurales y los pueblos de España sólo se consiguió a la largo del siglo XIX. Cuando María Cristina vuelve a Madrid en 1844 acaba el gobierno de González Bravo, que había criticado duramente su regencia. Narváez asume el gobierno personalmente.

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Tema 5. El reinado de Isabel II. Moderantismo y progresismo.

La década moderada (1844-1854).

Narváez casi desde siempre mezcló las carreras política y militar, y participó activamente en la guerra carlista. En 1836 empezó su rivalidad con Espartero y dos años después se le abrió un proceso por una posible implicación en una sublevación en Sevilla. Después del exilio de la reina madre a Paris, fue el hombre clave de la oposición a Espartero y organizó la Orden Militar Española. Después de la victoria de Torrejón de Ardoz

se

convirtió

en

el

líder

del

partido

moderado. Su personalidad llama la atención por su enorme inteligencia y predisposición a la política, pero también por un carácter cambiante y tendente a veces a la depresión, lo cual le hacía abandonarlo todo. Eso puede explicar hechos como interrumpir el consejo de ministros espada en mano o interpretar las leyes de manera arbitraria.

El primer gobierno de Narváez terminó en 1846, y el segundo duró menos de un mes. En la primera etapa, él mismo se sitúa al frente del ministerio de Guerra, y coloca a Pidal en Gobernación y a Alejandro Mon en Hacienda. Se suscita al poco tiempo la reforma de la constitución y surgen diferentes tendencias en el partido.

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•

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El grupo del marqués de Viluma, ministro de estado, intentaba que la monarquía fuese de nuevo depositaria de la soberanía.

•

Los puritanos, dirigidos por Pacheco, deseaban continuar con la constitución de 1837

•

La tendencia centrista era la de Narváez, Mon y Pidal, planteaban una nueva constitución más moderada, que perfilase la manera que tenían los moderados de entender el Liberalismo.

Cuando sus ideas no triunfan, el marqués de Viluma dimite como ministro de estado y vuelve al gobierno Martínez de la Rosa.

Lo que más diferenció el gobierno de Narváez fue su actitud ante la Ley Espartero de desamortización de los bienes eclesiásticos, pues Alejandro Mon elaboró un decreto promulgado en agosto de 1844 por el cual se suspendió la venta de estos bienes, aunque se confirmó la propiedad legítima de quien ya los hubiere comprado. Los no vendidos fueron devueltos a sus propietarios. Se inician los debates relativos a la constitución, y el marqués de Viluma con otros quince diputados abandonan el congreso, alegando que no pueden defender su punto de vista. Triunfó el parecer de reformar la constitución de 1837, y surge la más moderada de 1845, que recoge las ideas del liberalismo doctrinario:

o

La soberanía residía en las cortes y en el monarca

o

Se regulan los derechos de los ciudadanos

o

Se proclama la unidad católica de España

o

Solo pueden ser senadores, por nombramiento regio, los aristócratas

o

Se restringe el sufragio para la elección de los diputados y se aumenta el nivel de renta, tanto para los electores como para los elegibles.

o

Desaparece la preeminencia del congreso sobre el senado en legislación financiera.

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Desaparece la Milicia Nacional.

Se tiende a unificar la organización jurídica, política, docente y fiscal para toda España. Se pone en marcha el nuevo plan de estudios de Antonio Gil y Zárate en septiembre

de

1845.

Se

simplifica

el

sistema

tributario,

anulando

las

particularidades regionales, y se intenta arreglar la Deuda rebajando los intereses de lo que tiene que pagar el Estado en vez de declararse en bancarrota y no pagar nada. Mayans, ministro de Justicia, modifica el

proyecto de juicio por medio de

jurado por un tribunal compuesto por magistrados profesionales. Se generó una burocracia mayor que en gobiernos anteriores y se amplió el problema del funcionariado, que todavía estaba poco profesionalizado. Los enemigos más poderosos de Narváez no fueron los progresistas o los levantamientos militares, sino las intrigas palaciegas de otros políticos e incluso de sus allegados. En 1846 dimite, aunque no está demasiado claro por qué lo hace, se supone que debido a una de sus famosas depresiones, pero probablemente la causa fuese la disensión con algunos de sus ministros por el posible matrimonio de la reina.

Se forma un gobierno de transición bajo el mando del marqués de Miraflores, cuya premisa era concertar los matrimonios de la reina y de su hermana. Pero es la propia corona quien fuerza su dimisión y vuelve Narváez, con el propósito de casar a Isabel con su tío, el hermano de María Cristina. Pero ni Inglaterra ni la mayoría de las naciones extranjeras están de acuerdo en este matrimonio, y Narváez vuelve a dimitir; también por presiones interiores. Se exila a Francia.

La tendencia puritana es la más beneficiada en estos años por la corona y se llama a Istúriz para que forme gobierno. Pidal y Mon siguen en el gabinete. El problema seguía siendo la boda de la reina y de la princesa de Asturias. A la reina se la casa con su primo Francisco de Asís de Borbón, cuya

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homosexualidad era de todos conocida; por lo tanto el matrimonio está desde el inicio condenado al fracaso. El gobierno de Istúriz tiene que hacer frente a varios pronunciamientos; el primero de ellos en Galicia en la primavera de 1846, en el que participa Enrique de Borbón, hermano de Francisco de Asís y marino de pofesión; de tendencias progresistas, que se postulaba como pretendiente a la mano de Isabel. Se le envió al exilio. Las partidas carlistas inician lo que se conoce como la segunda guerra carlista.

En diciembre de 1846 hay elecciones, que ganan los

moderados; aunque puritanos se separan bastante de la línea del partido y los progresistas obtienen

buenos resultados en las urnas. Los puritanos votan la

candidatura de Castro Orozco para presidente del Congreso, desechando a Bravo Murillo, propuesto por Istúriz. El presidente entendió que había sido derrotado y en enero de 1847 presentó su dimisión. El nuevo presidente es Carlos Martínez de Irujo, duque de Sotomayor, que ocupa también la cartera de estado e intenta un gobierno de coalición entre moderados y puritanos; pero no es posible. Se movilizan jóvenes para hacer frente a los carlistas. Se llama a Pacheco para que forme gobierno y el hombre fuerte del gabinete será José Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca, y también Nicomedes Pastor Díaz. Empiezan los problemas entre la reina y su esposo, que acaba por irse a vivir al palacio de El Pardo. Pacheco, el líder del moderantismo, era de Jaén, y fue fiscal del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho. Por su parte, el otro ideólogo puritano, Pastor Díaz, era de Vivero, Lugo, y también jurista. El marqués de Salamanca era bastante más pragmático y destacaba en el mundo de las finanzas, dado que también era comerciante de éxito y fundador del Banco de Cádiz. La labor del nuevo gobierno se centró en intentar una política abierta que otros moderados desdeñaban. Se amnistió a todos los que estaban en la cárcel o en el exilio por pensamientos políticos, e incluso volvió el anciano Godoy. José de Salamanca, como ministro de Hacienda, intentó hacer cuadrar las cuentas y unificó los Bancos de San Fernando e Isabel II en el Banco Español de San Fernando, que es el antecedente del Banco de

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España.

Procuró

un

sistema

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de

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recaudación

más

abierto

y

favoreció

el

librecambismo. Puso en venta algunos bienes de las Órdenes Militares.

La guerra carlista se desarrolló en zonas dispersas, como Valencia y Toledo. El gobierno también tuvo que hacer frente a otras violencias y motines, sobre todo el de mayo en Sevilla, donde se protestaba por el aumento de precio de los alimentos de primera necesidad. Los progresistas dejan de apoyar a Pacheco y tuvo que dimitir a finales de agosto. El siguiente gobierno es organizado por amigos de la reina; Serrano y Salamanca. La presidencia la ocupa un moderado próximo a los puritanos; Florencio García Goyena; con Fernández de Córdoba al frente del ministerio de Guerra y Juan de Dios Sotelo en Marina. Se intenta aglutinar a los moderados centrales y puritanos con los progresistas; pero el gobierno acaba dando un giro a la izquierda, y llamaron a Narváez para que regresase desde Francia. Y él no duda en dar una especie de golpe de estado, entrando en una reunión del consejo de Ministros y echándoles. Forma gobierno en octubre de 1847, y además de presidente es también ministro de estado y guerra. Luís Sartorius, un joven político, es el ministro de la gobernación, a pesar de su escasa formación, puesto que se había criado en la calle e incluso había pedido limosna de niño. Pero prospera hasta llegar a comprar el título de conde de San Luís. Se encargó de organizar todo el entramado de las jefaturas políticas provinciales y de ganar las elecciones, aunque fuese mediante corruptelas. El cargo de Gracia y Justicia lo ocupa Alejandro Arrazola, procedente del mundo jurídico y de la Universidad. Dio impulso a la Comisión General de Codificación

y publicó un Código de Derecho

Penal en 1848. Siguen estando en el gabinete Pidal y Mon.

La revolución europea de 1848 tuvo su correlato en España con los acontecimientos de Madrid y otras poblaciones, aunque en España no pasaron de ser algaradas callejeras. Un coronel próximo al partido progresista organizó un pronunciamiento en marzo, con más de quinientos militares conjurados

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y algunos civiles. Narváez redujo la insurrección en pocas horas. Una consecuencia directa de todos estos actos fue la orientación de la política hacia la derecha, debido a la mayor unión del Partido Moderado. Incluso Donoso Cortés llega a decir cuando la legalidad baste, la legalidad; cuando basta, la dictadura. Durante nueve meses, y con el voto de confianza del congreso, hubo una dictadura legal de Narváez, en donde se suprimieron la libertad de expresión y las garantías constitucionales, mediante un estado de excepción. En cuanto a las relaciones exteriores, se rompen relaciones diplomáticas con Inglaterra por su apoyo a los revolucionarios. En Roma colaboran tropas españolas con el papa para restaurarle en la Sede Pontificia de la cual le habían desalojado los revolucionarios. Los gobiernos conservadores de Europa Central apoyaron al gobierno español.

Juan Bravo Murillo se estaba mostrando muy eficaz en el Ministerio de Comercio, Industria e Instrucción Pública, lo que antes era Fomento. Hizo campaña en favor de reducir los gastos públicos y acabar con la corrupción, aunque la construcción del Teatro Real bajo la supervisión de Sartorius, hizo pensar que alguien se estaba aprovechando; y el propio Narváez recibió de la corona un enorme regalo en metálico sin justificar. También se criticaban los excesivos gastos del rey consorte y de la reina madre. Al final, Bravo Murillo acabó por dimitir, y encabezó un grupo de moderados que deseaban limpieza en la vida política. Hasta Donoso Cortés, que había apoyado a Narváez, acaba reprochándole las corruptelas. Narváez presenta la dimisión a la reina.

La reina intenta que el marqués de Pidal forme gobierno, pero las disensiones en el seno del partido moderado se lo impiden. Acaba haciéndolo Bravo Murillo, que es presidente del gabinete y ministro de Hacienda desde enero de 1851 a diciembre de 1852.

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Pensaba que el orden era la mejor garantía de la libertad, y el exceso de libertad llevaba al Despotismo. Su mayor preocupación fue la de solucionar los problemas de la Deuda; y había dos alternativas: declararse en quiebra y no pagar a los acreedores, o pagar menos. Redujo todos los intereses de la Deuda a un 3% y a cambio el estado se comprometía a pagar en 19 años. También es autor de la Ley de Contabilidad del Estado, de la publicación de las cuentas generales y de los ajustes del presupuesto anualmente. Pero quizá su mejor aportación fue la ley de funcionarios, porque concibe la administración como una serie de cuerpos técnicos a los que se accede por medio de oposición o por concurso de méritos. El cese solo podría hacerse por los tribunales o mediante un expediente en donde se comprobase que se había incumplido la ley. Se presenta en 1851 un proyecto del Código Civil; y se culminan las negociaciones con la Santa Sede mediante un concordato firmado en el mismo año. De nuevo el ministerio de Obras Públicas vuelve a llamarse Fomento, y todo lo que sea enseñanza dependerá de Gracia y Justicia, aunque hay gente en el gabinete que no está de acuerdo. Se hace un Plan de Ferrocarriles y otro de Carreteras que marca las seis nacionales, que partiendo de Madrid une todos los puntos de la periferia. También se lleva a cabo el Plan de Puertos y el de Faros, y se impulsa la construcción de canales; sobre todo el de Castilla y el de Isabel II. El gobierno de Bravo Murillo fue el primer gobierno civil fuerte desde 1840, y era realmente un gobierno de tecnócratas. En 1850 dimite como ministro de Hacienda, porque quería controlar el presupuesto militar, y reaccionan en contra todos los espadones, desde Narváez a Espartero, además de O´Donnell. Cuando en lugar de Arístegui en el ministerio de guerra coloca a Lersundi sin consultar a los espadones, éstos montan en cólera e incluso O´Donnell se atreve a protestar en una carta. Bravo Murillo le cesa y coloca como jefe supremo del Ejército a Lersundi, lo cual le enfrenta con la mayoría de los generales. Lersundi acaba dimitiendo en 1852. Otra crisis surge a causa del ministro de Fomento, Fernández Negrete, que votó en el Parlamento en contra de la propuesta del gobierno sobre la Deuda. Bravo Murillo se da cuenta de que ha perdido la

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mayoría, y de acuerdo con la reina, decide convocar elecciones, que dan la mayoría al partido moderado. Aunque no se oponía al sistema parlamentario, disolvió las cortes en 1851 tres veces. En 1852 intenta una reforma constitucional a la constitución de 1845, que en realidad era una cortapisa al liberalismo. Pretendía imitar al régimen un tanto autoritario de Napoleón III en Francia. En realidad la constitución de 1852 reforzaba al máximo el poder de la corona y se lo quitaba a las cortes, prohibiendo las sesiones abiertas en el congreso y limitando los derechos y garantías individuales. Toda la clase política y la prensa se manifiestan en contra del proyecto; al igual que la reina madre, Narváez, los puritanos, y la mayoría de los generales más influyentes. Los progresistas pedían que se mantuviese la constitución de 1845. La reina no había tomado partido, pero su madre le aconseja que fuerce a Bravo Murillo a presentar la dimisión. Aquí acaba su carrera política. El partido moderado queda fraccionado al menos en cinco grupos, y la reina opta por llamar al gobierno a personajes secundarios para no despertar envidias. Se suceden tres gobiernos, todos de segunda fila. El partido moderado empieza a desintegrase, y aumenta el poder de los progresistas. El gobierno de Federico Roncali se planteó como una especie de transición de un general conservador, pero sin experiencia política. La coalición que derrotó a Bravo Murillo tampoco está de acuerdo con el nuevo gobierno y se pidió la disolución anticipada de las cortes, aunque la reina no accedió. El nuevo gobierno lo preside Lersundi, y dura algo más de seis meses, porque también la oposición se ceba con él, y su programa no logra calmar a los partidarios de Narváez. Hay un escándalo debido al transporte de carbón para la flota española en Filipinas, y primero dimite el ministro de Marina, aunque luego le sigue el gobierno en pleno. Se nombra presidente a Luís Sartorius, que rehabilita a Narváez

y hace importantes cambios en los mandos militares. Hace una

rectificación del proyecto de ferrocarriles de 1851, y a causa precisamente de las corrupciones que denuncia en esta ley, se enfrenta con el Senado. En el escándalo de corrupción estaba inmerso incluso el duque de Riansares, segundo marido de María Cristina de Borbón, y el marqués de Salamanca. Sartorius no quería remover

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el pasado, sino rectificar la ley para que esto no volviese a ocurrir, estableciendo mayores cautelas y garantías. Pero también él había sido corrupto en algunas ocasiones. La palabra “polacada” se incorporó a la Lengua española como un acto despótico y arbitrario. La reina le retira su confianza y se disuelven las cortes. Al mismo tiempo se difunden desde Londres noticias de que hay la pretensión de unir la Península Ibérica bajo la

monarquía de la casa de Braganza, destronando a

Isabel II. Por eso el conde de San Luís permanece en el gabinete, porque en este momento de incertidumbre la reina no puede prescindir del gobierno. Ya a principios de 1854 hay manifiestos de varios periódicos y de políticos, tanto moderados como progresistas, en contra del gobierno, por secuestrar publicaciones y abusar de la censura. El ministro de Gracia y Justicia, contrario a Sartorius, dimite en enero de 1854 y el resto del gabinete permanece, pero en situación tensa, pues se presagia una revolución.

Política exterior.

Las bodas de Isabel II y su hermana fueron esenciales para calibrar el peso de España en Europa. Debido a la Cuádruple Alianza, España se cerró a casi todas las potencias, quedando controlada por Francia y Gran Bretaña; la primera con gobiernos moderados y la segunda, cuando gobernaban los progresistas. Quizá por eso las guerras civiles, tanto en España como en Portugal, se internacionalizan. La legitimad de Isabel II la reconocen Francia e Inglaterra, pero hay estados como Austria, Rusia y Prusia que no se definen. Nápoles y Piamonte reconocen a Don Carlos. España promueve una alianza para expulsar a don Carlos de Portugal, e Inglaterra está de acuerdo, pues al unir la cuestión española y la portuguesa, puede afianzarse en la Península. En 1834 se firma la Cuádruple Alianza de los gobiernos liberales de ambos países con Inglaterra y Francia, aunque Portugal saca mayor partido. Los cristinos solo consiguen ayudas

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menores y que avalen algunos de sus préstamos. Don Carlos obtiene la ayuda de Austria, Prusia y Rusia, pero también ayudas económicas y de tropas, aunque son insuficientes. Importante es la actitud de la Iglesia ante el liberalismo isabelino, y al revés. Los problemas se resolvieron en el concordato de 1851, aunque solo de manera parcial. Los obispos, en la crisis sucesoria, permanecieron casi todos fieles a Isabel II, pero el clero rural y muchos religiosos mostraron sus simpatías con el carlismo. El papa se mantuvo neutral, aunque se interpretó como apoyo a don Carlos. El primer problema grave entre Iglesia y estado español es la negativa al placet al nuevo nuncio, por supuestas simpatías carlistas, en septiembre de 1833. Luego seguirían inconvenientes para el nombramiento de obispos y la militancia de muchos clérigos en las filas carlistas. En 1834 se suma el problema de la matanza de frailes en Madrid, al creerlos los ciudadanos causantes de propagar el cólera. Con las primeras leyes exclaustradoras, hay más matanzas de religiosos y la Santa Sede acaba rompiendo relaciones con Madrid en 1837. El representante de la Santa Sede seria formalmente expulsado en 1840. Con la década moderada, la situación mejoró algo, pero no se modificó del todo hasta la expulsión del papa de Roma en 1849 y la ayuda española. El concordato de 1851 puso fin al conflicto de la desamortización. Se reconoce la religión católica como la única del estado español y se acepta el derecho de inspección de la jerarquía para adecuar la enseñanza del dogma y moral católicos, además de regular el pleito de la desamortización, y la admisión del estado del derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes. Se permitía también la existencia limitada de órdenes religiosas masculinas. En 1855 surgen nuevos conflictos con la Iglesia por la actitud radical de algunos políticos, y sobre todo por la disminución de la aportación

del estado al culto y al clero. La

decisión de Pascual Madoz de desamortizar los restos de bienes de la Iglesia sin previo acuerdo de la Santa Sede fue considerada una afrenta a la jerarquía y algunos sacerdotes se sumaron a las partidas carlistas. La circular del ministro de Gracia y Justicia solicitando el destierro de estos clérigos fue un nuevo problema, y el obispo de Osma fue expulsado de España, con la protesta de la Santa Sede. El

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Papa amenaza con romper relaciones diplomáticas y la reina se suma a su actitud. Esta fue una de las causas de la caída de Espartero. Durante el gobierno de O´Donnell se firma un convenio, en 1859, buscando soluciones concretas a estos problemas.

El matrimonio de la reina interesa en España, pero también fuera. Se trata de no dañar el equilibrio de fuerzas, y ciertas combinaciones con casas reinantes podrían hacerlo. Otro problema era la ideología que profesase el rey consorte. Lo que menos importaba eran los deseos de la jovencísima reina. Su madre, que había vuelto del exilio de Paris, vela por sus intereses, supuestamente. No se plantea que la reina se case por amor; sino que su marido tendrá que pertenecer a alguna de las Casas reinantes de Europa. Martínez de la Rosa y otros habían hecho gestiones en Viena para una posible boda con un príncipe de los Habsburgos. Pero Metternich se niega, ya que ni siquiera reconocen como reina a Isabel. Parecía que la solución era un Borbón, solución que comparte Luís Felipe de Orleáns y la reina Victoria. Se piensa en Carlos Luís de Borbón y Braganza, conde de Montemolín, de la rama carlista, pero los carlistas y los liberales no se ponen de acuerdo, aunque don Carlos había abdicado en su hijo para facilitar el enlace. También se plantea como candidato al conde de Trapani, hermano del rey de Nápoles y tío de Isabel; lo cual complacía a la reina madre y al propio Narváez. Para algunos liberales y para todos los progresistas la ideología conservadora del candidato era un problema, porque representaba demasiado el Antiguo Régimen. Además, el conde de Trapani estaba en un colegio de jesuitas y no era bien visto en España. La reina madre piensa entonces en el príncipe de Sajonia-Coburgo, pero tampoco es bien visto. El candidato de los progresistas era Enrique de Borbón, primo de Isabel e hijo del infante Francisco de Paula, pero quedó descartado a causa de un pronunciamiento progresista en Sevilla en 1845. Se plantea el matrimonio con alguien de la casa de Braganza para una posible unión iberista, pero el problema es la edad, porque en 1845 el hijo de don Pedro tiene apenas

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ocho años. El propio rey francés propone a sus hijos y María Cristina propone un doble matrimonio: Leopoldo Sajonia Coburgo para la reina y el duque de

Montpensier para la pequeña. No se acepta ni por Francia ni por Inglaterra, por lo menos el de la reina, aunque si el de su hermana. Para Isabel se propone entonces a Francisco de Asís de Borbón, hijo también de Francisco de Paula y primo de Isabel. A pesar de que es “vos populi” su homosexualidad, se da el visto bueno a la boda. Isabel y su hermana se casan el mismo día, y los duques de Montpensier se trasladan a Francia.

El liberalismo presenta semejanzas en Portugal y en España, pues en los dos sitios se unen los problemas ideológicos con los dinásticos. Los dos países pasaron por una guerra civil, y dos jóvenes reinas, Isabel II y María da Gloria, buscaron apoyo en los liberales frente a príncipes más conservadores: don Carlos y don Miguel. La corona dio cartas constitucionales “otorgadas” en los dos casos: la Carta constitucional portuguesa de 1826 y el Estatuto Real de España de 1834; ambas basadas en la Carta francesa de 1814. En los dos países se opta por el sufragio censitario, se expulsan algunas órdenes religiosas, se realiza una

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desamortización,

y

hay

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posteriores

acuerdos

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con

la

Santa

Sede.

Los

acontecimientos de cada país, tienen repercusiones en el otro, no lo olvidemos. ¿Podían, pues unirse, sería conveniente? Los iberistas convencidos opinaban que si, pues solo traería ventajas para el telégrafo, el ferrocarril, las carreteras, la navegación de los ríos, la unión del Mediterráneo y el Atlántico, supresión de aduanas o la moneda única. Había también una conveniencia política que ya se había manifestado en 1823, cuando Fernando VII reacciona con el absolutismo, y muchos liberales piensan en ofrecer la corona a Pedro IV de Portugal. Uno de los que más presionó, más adelante, fue Mendizábal; concretamente para que se nombrase regente a Pedro IV, aunque el matrimonio de la reina acabó con todos los proyectos. Muchos liberales españoles asumieron el iberismo, al igual que en Portugal, especialmente entre los septembristas, que equivalían a los progresistas españoles. Algunas veces las revoluciones empezaban al grito de Viva la Península. A comienzo de la década de los cincuenta fue cuando la idea alcanzó mayor difusión; y animaba a ello la unificación que se preparaba en Alemania o en Italia, o los modelos federalistas de Suiza y Estados Unidos. Después de la revolución del 48 se funda en Paris el Club Democrático Ibérico, y la Liga Iberista se crea en Madrid en 1854, siendo Sixto Cámara uno de los iberistas que mejor ha llegado a conocer Portugal. La mayoría de los federalistas eran de ideas republicanas, pero antes la solución se planteaba bajo una sola monarquía y un solo parlamento. Sinibaldo de Mas publica en español La Iberia en 1852 y el mismo año se traduce al portugués, con prólogo de José María Latino Coelho. Se concebía una unión basada en el librecambismo económico, con un sistema de comunicaciones en común y una unidad política que daría lugar a un nuevo concepto: Iberia. Se pretendió, en algún momento, sustituir a Isabel II por Pedro IV, aunque posteriormente se abandonó la idea de cambiar la dinastía. En Portugal la idea era aceptada por muchos políticos e intelectuales, pero no por la gente común; y posiblemente fuese la falta de decisión de los españoles lo que frenó la idea. En 1865 cuando el nuevo rey de Portugal, Luís I pasa por España de camino a Europa, hay una manifestación que le vitorea;

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la mayoría contrarios a Isabel II. Sin embargo, el rey portugués explica en una carta que no avendrá a arrebatarle el trono a la reina. La rebelión de 1868 estimuló en Portugal la idea de la unión. Antero de Quentan opina que hay que superar la decadencia ibérica mediante la unión de los dos países en una república federada; aunque muchos partidarios también de una monarquía constitucional. Pero el obstáculo siempre será la poca predicación que tuvo la idea entre el pueblo llano; pues sentían que la lengua y la idiosincrasia les separaban de los españoles, amén de que la diplomacia española se ejercía de manera tan torpe que creaba problemas en vez de solucionarlos. Faltaba el sentimiento popular de nación y había escaso arraigo popular de la idea de unidad. De hecho, solo hizo falta agitar un tanto la “amenaza española” para hacer nacer un exacerbado nacionalismo. Se empezó a recordar la separación de la corona de España en 1640 y no cesaban de cantarse las gestas de la nación portuguesa.

España tenía muy poco poder en la época para frenar la ocupación de los diversos reinos italianos por los liberales; pero en el caso de los Estados Pontificios, nuestro país se implicó directamente. Al mes de iniciar Pío IX su pontificado, inició una reforma política para dotar a su territorio de parlamento, Estatuto y consejo de ministros; pero hubo graves revueltas que provocaron la creación de una República italiana con capital en Roma, y la huida del papa a Gaeta, donde le acoge el rey de Nápoles. Cuando la revolución de 1848 fracasa, Austria vuelve a recuperar su influencia en Italia, al mismo tiempo que en Francia triunfan los conservadores y España, a pesar de su conflicto con la Santa Sede, se considera, bajo el gobierno de Narváez, una nación católica. En 1849 un ejército francés, ayudado por una retaguardia española,

consigue que el Papa vuelva a

Roma. Víctor Manuel de Piamonte entiende que para conseguir la unidad de la península italiana tendrá que apoyarse en Napoleón III, y cuando Italia se unifica, Víctor Manuel es nombrado rey; a pesar de las protestas de la diplomacia española. En los Estados Pontificios, Napoleón III mantiene una guarnición para proteger al

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Papa, y se une España en la defensa, aunque hasta 1865 no reconocerá el nuevo estado italiano. Después de la caída del gobierno de Narváez, O´Donnell acaba reconociendo el reino de Italia, a pesar de la mala reacción de una parte del catolicismo español. El problema de Roma queda resuelto en la derrota de Napoleón III en la guerra franco-prusiana de 1870, que es aprovechada por Italia para apoderarse de Roma, cerrando así el proceso de la unidad italiana.

La revolución de 1854 y el Bienio Progresista.

La revolución empieza con un conflicto entre el senado y el conde de San Luís, y aunque vence el Senado, el conde suspende las sesiones y releva a los que han votado en su contra. La oposición también busca el recurso de la fuerza, y como O´Donnell se oculta, se le manda arrestar y se le da de baja en el Ejército. Aunque en el ejército había descontentos, se había adquirido un cierto grado de disciplina con un modelo castrense más jerárquico. Pero Sartorius se obstinó en mantenerse en el poder y en general la población temía un pronunciamiento militar. El 28 de junio de 1854 tuvo lugar el levantamiento, acaudillado por O´Donnell y otros generales. Se conoce como La Vicálvarada porque fue en Vicálvaro donde se inició. Los sublevados, al principio solo pretendían un cambio de gobierno, pero a sugerencia de Serrano el Levantamiento fue subiendo de tono y los progresistas se manifestaron a través de un escrito de Cánovas del Castillo, conocido como el Manifiesto del Manzanares, donde se reivindicaban una serie de principios para hacer una regeneración liberal en las cortes constituyentes. Se pretendía mejorar la Ley electoral y la de imprenta, apartar a las camarillas del trono, rebajar los impuestos y descentralizar los municipios. Los sublevados se retiran hacia Andalucía y el Manifiesto se difunde en diversas ciudades. Proliferan los levantamientos, y llegan a tomarse ciudades como Valladolid, Cuenca y Barcelona. La suma de las acciones populares hizo que se desencadenase la revolución. El gobierno se siente impotente y el conde de San

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Luís presenta la dimisión a la reina. Un gobierno del duque de Rivas solo dura dos días. Hay luchas callejeras y grupos armados se apostan en las casas de la reina madre, del conde San Luís o del marqués de Salamanca. Se propone a Córdoba para formar gobierno, pero no todos le aceptan y las luchas se suceden en el centro de Madrid. El anciano general Evaristo San Miguel se viste de uniforme y sale al balcón decidido a hacer de mediador entre la calle y el palacio. Con él como presidente, y compuesta por progresistas y moderados, se constituye la Junta Superior de Madrid, al tiempo que dimite el breve gobierno del duque de Rivas. La reina nombra un gobierno provisional, en donde San Miguel es ministro universal. Surgen otras Juntas en la ciudad, y destaca la Junta del Cuartel del Sur, cuyo líder es el torero Pucheta, quien comete algunas atrocidades. Se reconstruye la Milicia Nacional y uno de sus primeros cometidos es custodiar el palacio real. La Junta de Madrid negocia con la de Pucheta y ofrece varios puestos a sus seguidores. Se forma la Junta Superior de Madrid, la que antes había sido Junta de Salvación. Se destituye al duque de Ahumada como director de la Guardia Civil y se nombra al progresista Facundo Infante.

Espartero envía un mensaje a la reina a través de José Allende Salazar, y lo que quería era imponer a la soberana que el poder emanado de la revolución era superior a la monarquía. A Isabel no le queda más remedio que aceptar y Espartero regresa a Madrid y pacta con O´Donnell, que acepta la cartera de guerra. El bienio progresista es bicéfalo; Espartero, al que siguen los progresistas puros, y O´Donnell, que aglutina la Unión Nacional nacida de la Vicalvarada y formada por moderados y progresistas, con un talante más ecléctico. El primer gobierno está formado en su mayoría por progresistas, y Allende Salazar es nombrado ministro de Marina. Francisco Luján es el ministro de Fomento y junto con Collado, está más cerca de la Unión Liberal de O`Donnell. Del mismo partido, de la Unión Liberal, está O´Donnell como ministro de Guerra y Pacheco como ministro de estado. Se ascendió a todos los militares que habían tomado parte en la

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revolución

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y se cambiaron embajadores y gobernadores civiles. Se convocaron

elecciones, pero solo al congreso. El ministro de Gracia y Justicia, por medio de una carta, amenaza veladamente a los obispos de actuar judicialmente si de alguna manera impedían la libre emisión del pensamiento de algún español. Aunque Isabel II se niega a firmar la orden, el gobierno hace que la reina madre salga de España y le embargan sus bienes, anunciando que se celebrará un juicio político contra ella. Entre 1854-56, el gobierno presidido por Espartero se reestructuró tres veces debido a la inestabilidad de los grupos que le apoyaban. Collado se hizo cargo de la cartera de Hacienda, pero luego se pasó a Juan Sevillano,

porque

el

primero

se

negaba

a

suprimir los impuestos sobre el consumo; y un mes después cambia de nuevo, esta vea a las manos de Pascual Madoz. El gobierno se inclina

cada

vez

más

a

un

liberalismo

progresista. Los asuntos más importantes que este gobierno debe enfrentar son la oposición, incluso

por

parte

de

la

reina,

a

la

ley

desamortizadora, y los levantamientos carlistas. La oposición a la Ley Madoz es de carácter ideológica y religiosa. La posible venta de los bienes de la Iglesia plantea problemas con esta institución y con la Santa Sede, con la cual en 1851 se había firmado un Concordato que regulaba la materia. Pacheco va a Roma a negociar con el secretario de estado del Vaticano. Los obispos protestan, y el de Osma es obligado a salir de España. La ley es aprobada en cortes, a falta de la sanción real. La reina, incluso a pesar de las amenazas, se niega a firmar, y solo después de una entrevista con Espartero, se aviene a la firma, pero mostrando su desagrado. La Santa Sede rompe relaciones diplomáticas con España y el nuncio sale del país. El movimiento carlista se refuerza ante esta afrenta a la religión. Poco después de ponerse en marcha la ley, hay cambios en el gobierno, con más tecnócratas y quizá

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menos progresismo. Es de destacar la ausencia de Madoz. Ahora las críticas al gobierno se centran sobre todo en O´Donnell y se intenta incluso un voto de censura contra él, aunque fracasa. La última restructuración del gobierno es en enero de 1856, debido sobre todo a una ley que aunque no introducía de hecho el matrimonio civil, restaba competencias a la Santa Sede en asuntos como las dispensas, por ejemplo. La reina se niega a firmarlo sin la opinión de O´Donnell, que se encuentra enfermo.

Esto se une el motín del destacamento de la Milicia

Nacional en el Congreso. Espartero y O´Donnell se vigilaban mutuamente, y había situaciones causadas por el proceso revolucionario a las que el ejecutivo no podía hacer frente; siendo una de ellas la escasez de medios económicos, que provocaba tensiones entre militares y funcionarios cuando sus pagas se retrasaban. La Milicia Nacional, que el gobierno en su momento había armado, ahora participaba en algunos motines, como el celebrado en zonas de Castilla en 1856 y que se conoce con el nombre de “Motín del Pan”. A consecuencia de todo esto, Espartero dimite y la reina encarga a o´Donnell que forme gobierno.

Se convocan en 1854 cortes constituyentes para una sola cámara; aunque generalmente las elecciones estaban tan manipuladas que quien tenía el ministerio de la Gobernación y organizaba los comicios, era quien ganaba. Hubo un manifiesto de periodistas madrileños que llamaban al voto para quienes se integraban el grupo conocido como Unión Liberal. Al final, la composición del congreso resultó un tanto rara: mayoría de progresistas sin demasiada disciplina, liberales moderados que tampoco estaban demasiado cohesionados, muy pocos carlistas, y algunos demócratas y neocatólicos. Para evitar que salga presidente Evaristo San Miguel, se elige a Espartero, y ante su renuncia, es presidente Madoz, que en 1955 es relevado por Facundo Infante. El liberalismo progresista se escoraba cada vez más a la izquierda y su dogma era la supremacía de la soberanía popular por encima de la corona; además de que querían restablecer la Milicia Nacional. Aunque la Unión Liberal nace en 1854, en realidad no se fragua hasta

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julio de 1856, y tienen como meta ejercer un cierto papel moderador, pero su problema es aglutinar a los distintos políticos que engloba el partido. De todos modos, y pese a los problemas, la Unión Liberal representará el centro. La derecha está representada por los neocatólicos y algunos carlistas; y en la izquierda se alinean los demócratas que piden el sufragio universal; entre los que se encuentra Castelar.

La aplicación del liberalismo se constata en las cerca de doscientas leyes del Bienio; siendo quizá la más famosa la de Desamortización de Madoz, que engloba los bienes eclesiásticos, de los pueblos, la beneficencia y otros; aunque se rompa el Concordato con la Santa Sede. También se hacen reformas de la administración local y provincial. La comisión de la constitución, cuyo secretario era Salustiano Olózaga, presenta un primer proyecto de bases en 1854, aunque su discusión dura año y medio, y se plantean posturas diametralmente opuestas en los principales temas. Aunque nunca estuviese vigente, tiene importancia porque plasma la ideología del progresismo. Sus principales caracteres los podemos resumir así:

1. se acepta la soberanía popular 2. restricciones a la autoridad real 3. senado electivo 4. jurados para los delitos de opinión 5. se recrea la Milicia Nacional 6. elección directa de alcaldes por los vecinos de cada municipio 7. libertad de imprenta

Al ser propia de una sola ideología, la progresista, no es un modelo de convivencia política para ese momento, por lo cual nunca estuvo vigente. Se vota en el

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congreso, y cuando en las cortes se discute si debe entrar inmediatamente en vigor, un sector mantiene que debe suspenderse su promulgación, mientras otro defiende que el país necesita con urgencia un marco legal. Pero si la constitución se hacía efectiva, había que convocar elecciones, y antes querían votar algunas leyes, entre ellas la electoral. Las cortes se suspendieron sin haber llegado a una solución. El tema de la contribución de consumos que habían planteado ya varios ministros de Haciende, demostró que no había mayoría parlamentaria ni políticos con una dirección clara, y sobre todo, que no había armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, el motín de Valencia como protesta a la llamada de las quintas, parece aglutinar a los parlamentarios a favor del gobierno; aunque bien pronto se acabaría la idea de unión, como lo demuestra el Motín del Pan en Valladolid.

En 1854 se recuperan los restos carlistas y hay un manifiesto del conde de Montemolín, sucesor de don Carlos, criticando a los políticos del Bienio. Defienden los carlistas aspectos relacionados con el poder de la corona y las ideas católicas, y estas ideas triunfan en muchos lugares del norte de España y en Castilla la Vieja. Lo que más enfada de la constitución es el artículo referente a la religión y más tarde la ley desamortizadora. Por eso parte de la población veían en el carlismo la solución a todos los males. En 1855 los guerrilleros carlistas levantan partidas en zonas de Castilla, Santander, Aragón y Cataluña, y no se sofocan los focos de rebelión hasta 1856.

Se facilita por el gobierno el proceso de salida de palacio de la reina madre, y se le da incluso escolta hasta Portugal, aunque se va exiliada y con sus bienes embargados. Muchos entienden que Espartero y O´Donnnell han sido demasiado blandos con ella. En 1856 hay actos de insubordinación en la milicia, con motivo de una petición a las cortes del Ayuntamiento de Zaragoza, y sigue un motín de la Guardia Nacional encargado de custodiar el congreso. La

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Milicia Nacional aparece ante la opinión pública como la gran derrotada y se va generando cada vez más violencia. Hay una vinculación también entre el partido demócrata y el incipiente movimiento obrero. En 1855 hay una violenta huelga en Barcelona donde es asesinado el dueño de una fábrica y el capitán general tiene que refugiarse en la ciudadela hasta que llegan refuerzos. Los demócratas también apoyan algunos de los motines llamados de subsistencia, y aunque se cree que la revolución acabará con el hambre, la escasez no hace sino aumentar; sobre todo a causa de la guerra de Crimea, porque las exportaciones tienen que dirigirse en su mayor parte a los países en lucha. Por tanto, aumentan los motines armados y en 1854 el ministro de la Gobernación se dirige en una carta a varios gobernadores civiles para que no se dejen intimidar por los criminales y malhechores. En adelante, para ir armado como parte de la Milicia Nacional solo se necesitará el permiso del alcalde. Hay motines diversos en Zaragoza, Medina de Rioseco, Valladolid y Palencia. Cae el gobierno de Espartero y hay una marcha atrás en el proceso revolucionario de 1854.

El poder de O´Donnell y de la Unión Liberal atrajo a muchos personajes importantes de la política, aunque nunca llegaran a cohesionarse del todo. Los progresistas que no se unieron a este partido, no obtuvieron ningún cargo ministerial. En la medida que el poder estuvo en manos de liberales conservadores, se fomentó entre ellos bastante tensión. Los progresistas obtuvieron cierto poder dentro de los ayuntamientos y diputaciones, y confiaban en volver a gobernar pronto. El liderazgo político lo asumió Salustiano Olózaga y la dirección castrense, el general Prim. Los progresistas, aunque no fueran llamados a gobernar, seguían formando parte del sistema, mientras que los demócratas y carlistas se quedaron fuera. El partido demócrata estaba formado, sobre todo, por profesionales liberales y clases populares que empiezan a vislumbrar el problema social. Propugnaban el sufragio universal y los derechos del hombre y algunos de ellos el federalismo, e incluso al socialismo.

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El Parlamento y el gobierno se escindieron con motivo del motín del pan y la dura represión que le siguió. O´Donnell y la reina forzaron la dimisión de Espartero y la soberana encarga a O´Donnell formar gobierno, donde destacan Nicomedes Pastor Díaz y Antonio de los Ríos Rosas. Pero los progresistas y los demócratas se sintieron traicionados, y contaban con la ayuda de la Milicia Nacional. Los ayuntamientos de Madrid y de otros lugares pusieron a la Milicia en los puestos estratégicos; y a pesar de que el congreso estaba de vacaciones, algunos diputados se reunieron y a propuesta de Madoz redactaron un manifiesto en donde hacían constar que el nuevo gobierno no contaba con el apoyo parlamentario. Mientras, O´Donnell reúne al ejército y empiezan las refriegas con la Milicia Nacional. La lucha dura cuatro días y hay incluso muertos, entre ellos el torero Pucheta. Cuando una comisión de parlamentarios se dispone a ir al Palacio Real, O´Donnell se lo impide, porque no les reconoce legalidad parlamentaria. El general O´Donnell vence en la calle y en las cortes, y Espartero se mantiene pasivo. EL gobierno reorganiza los ayuntamientos y diputaciones conforme a la disposición anterior a 1854 y la reina liquida las Cortes Constituyentes de 1854. Se acaba también con la Milicia Nacional. Se restablece la constitución de 1845, con un acta adicional, símbolo de eclecticismo político. Se paraliza la desamortización de bienes del clero secular, aunque no se acaba del todo con la desamortización.

La hegemonía de la Unión Liberal (1856-1858)

Este bienio es continuación de la década moderada. Se restablece la ley de Ayuntamientos y se convocan elecciones. La reina decide cambiar el gobierno con personas que no estuvieran presentes en el bienio, y llama a Narváez, que preside el consejo de ministros hasta 1851; y que echa mano para el gobierno de sus antiguos conocidos y colaboradores. El gobierno anula el acta adicional a la constitución de 1845 y en las elecciones ganan los moderados en el congreso y en el senado. Al gobierno de Narváez siguen dos gobiernos moderados

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presididos por Francisco Armero y Francisco Javier Istúriz; siendo más fuerte y duradero el gobierno del segundo.

En 1858 juran sus cargos O´Donnell y sus ministros y contra todo pronóstico, están en el poder hasta enero de 1863, y en ese tiempo solo cambia al ministro de Marina, José Quesada, por José Mac Crohon, y más tarde por Juan de Zabala. La mayoría de los miembros del gabinete ya habían participado antes en otros gobiernos, y destaca sobre todo Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo. Cuando se convocan elecciones, se manejan tan bien que se logra la mayoría absoluta. En 1860 se apresa a Carlos de Borbón, sucesor de las ansias carlistas y supone el adormecimiento del movimiento por varios años. Se intenta conciliar el orden con la libertad y estos años de gobierno son bastante pacíficos; aunque hay guerras exteriores: Marruecos, Santo Domingo, Perú y la Conchinchina, aparte del iberismo y la intervención en Roma. La proyección del país en el exterior y la imagen que creaba en los españoles, fue aprovechada por O´Donnell y por la corona para mantener la paz. La prensa, las tertulias o los ateneos mantuvieron estas conversaciones durante años. Incluso en los certámenes de poesía de los colegios se proponía el tema de la guerra del norte de África. La reina concedió a O´Donnell el título de duque de Tetuán cuando conquista esta plaza, y en Madrid se le recibe con toda parafernalia. El fracaso en la intervención de México o la difícil explicación a la situación en que quedó España en la Conchinchina, pueden ser razones para el desgaste de O´Donnnell, que le lleva a la dimisión en 1863. Aunque acabó con la desamortización, fue el propio general quien en 1858 pone de nuevo en vigor la Ley Madoz, pero excluyendo de su ámbito los bienes eclesiásticos, que se regulaban por el Concordato

de 1859 con la Santa Sede, mediante el cual el

gobierno español se comprometía

a no hacer ninguna venta ni conmutación de

bienes por decisión unilateral. Los bienes poseídos por la Iglesia en adelante no eran objeto de problema, pero los adquiridos antes no estaban tan claros. Por eso se promulgó en 1861 una ley por la cual los bienes adquiridos antes de abril de

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1860, que no estuvieran exceptuados, se regirían por la Ley Madoz. El gobierno procedió también a completar la uniformidad jurídica con la ley del notariado y la ley hipotecaria. En 1863 O´Donnell reorganiza el gabinete, y tardará poco ya en dimitir.

El final del reinado de Isabel II.

Además de los moderados y los unionistas, estaban los neocatólicos, que se alejaron de la reina, a la que acusaban de haber vendido al Papa de Roma por el reconocimiento de la unificación de Italia. Estaba surgiendo un nuevo tipo de tradicionalismo, que apoyaba el parlamentarismo, pero que también estaría de acuerdo con la acción armada si fuese necesario. Los progresistas estaban retraídos, pues no se presentaron a las elecciones y se fueron alejando poco a poco de la vida parlamentaria. Más bien se decidían a optar por los pronunciamientos, como demostraría Prim. El programa del partido progresista pasaba por una auténtica libertad civil que permitiera ejercer los derechos individuales, además de mejorar el sistema tributario y restringir el gasto público. Pretendían suprimir los impuestos de consumo y reformar los aranceles. Abogaban también por una mayor descentralización que les diera autonomía a los municipios y provincias, y revisar las ordenanzas militares. Su ideal era una monarquía parlamentaria, con libertad de prensa y de conciencia, secularización de la enseñanza pública y derecho de reunión y asociación. Este fue el programa que Prim planteó en 1866.

El

Partido Demócrata

seguía

muy vinculado a

los medios

intelectuales y de enseñanza, y aunque todavía no tenía fuerza electoral, creció en capacidad de penetración en los medios de difusión de Madrid y provincias.

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Cuando en 1863 dimite O´Donnell la situación se complica, porque la reina no deseaba nuevas elecciones, pero tampoco el gobierno de los unionistas, sino más bien un gobierno de transición. Al final Manuel Pando, marqués de Miraflores,

acepta presidir este gobierno de carácter bastante

conservador pero sin una marcada adscripción a ningún grupo. O´Donnell se opuso al gobierno, a pesar de entrevistarse con Pando para lograr un entendimiento; y Olózaga publica un manifiesto para comunicar que se abstiene de los comicios ante la imposibilidad de obtener una mayoría. El único apoyo de Miraflores, y bastante relativo, es el de los moderados. Cuando convoca elecciones a cortes, veta a determinados candidatos para intentar conseguir la mayoría; y aunque algunos de sus amigos salen favorecidos, en realidad la mayoría la obtienen seguidores de O´Donnell y Narváez. Acaba presentando su dimisión y la reina llama a Arrazola, aunque al pretender disolver las cortes la reina le retira su confianza. Se ensaya entonces un gobierno de coalición presidido por Alejandro Mon, que agrupa a unionistas y moderados sobre todo; aunque sin demasiado éxito porque se vigilan los unos a los otros, por falta de confianza. O´Donnell y la reina siguen chocando, y ésta le pide a Narváez que forme gabinete; y en los primeros meses adopta una actitud muy abierta con la idea de atraerse a los progresistas. Se convocan elecciones para finales de 1864, pero los progresistas siguen en su retraimiento y se acercan a los Demócratas. Narváez toma la decisión de que España se retire de Santo Domingo, y la reina se resiste, por lo cual el gobierno dimite, y se intenta que vuelva Istúriz, que tampoco se pone de acuerdo con Isabel II; por lo cual Narváez se ve obligado a regresar, y se acepta la retirada de Santo Domingo.

En 1865 el ministro de Hacienda propone una contribución especial de 600 millones de reales, para cubrir un préstamo que deberían pagar quienes tuviesen una contribución ordinaria de cuarenta reales o más. La resistencia es generalizada y el ministro de Hacienda debe dimitir. Le sustituye Alejandro Castro, que propone una desamortización mediante subasta pública de bienes del estado

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en lugar del “reparto forzoso” que nadie quería. La reina cede para esa finalidad una cuarta parte del patrimonio de la corona, y Castelar, en un incendiario manifiesto, la acusa de ceder lo que no es suyo, y de confundir las propiedades de la corona y las del estado. El Rasgo, tal era el nombre del artículo, ocasiona que Narváez solicite la expulsión de Castelar de la cátedra de Historia en la universidad de Madrid. Pero el rector de dicha universidad presenta

su

dimisión

antes

de

expulsar

a

Castelar. Y esto provoca un enfrentamiento armado la noche del 10 de abril de 1865, donde participan estudiantes, pero también grupos ajenos a la universidad. Mueren nueve personas y hay cerca de doscientos heridos. Dimite el ministro de estado y de Fomento, aunque la reina agradece a Narváez su defensa. A esta noche de San Daniel o Noche del Matadero, le suceden otros levantamientos de distinto signo, preparados en Valencia, Aranjuez y Pamplona, dirigido desde Madrid por el general Prim. Poco a poco las relaciones entre la reina y el gobierno se fueron enrareciendo y cuando Isabel II nombra al unionista Ezpeleta, tutor del príncipe heredero, Nárvaez le presenta a la soberana una cuestión de confianza, y el gobierno acaba dimitiendo. En junio de 1856 O´Donnell vuelve a ser presidente del consejo de ministros en un gobierno que durará hasta julio de 1866 y que pasa por dos fases: hasta diciembre con un giro liberal y de atracción de fuerzas a la izquierda, y desde enero de 1866, cuando lleva a cabo una política defensiva y de reacción contra los progresistas. Pero también le puso a la reina varias condiciones: la expulsión de palacio de su confesor Antonio María Claret, y de Sor Patrocinio, llamadas la “Monja de las Llagas”, además de aceptar el reconocimiento del reino de Italia. Los gobiernos se repetían en cuanto a sus miembros, el sistema estaba agotado casi por completo. O´Donnell intenta atraerse a los progresistas con una nueva ley electoral, la

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ampliación de la libertad de prensa y el reconocimiento de Italia; pero los progresistas estaban divididos en el apoyo al nuevo gobierno. El sector de Olózaga se sintió traicionado por O´Donnell y los unionistas se mantuvieron leales a la corona, pero oponiéndose a los moderados. Nunca se pudo demostrar que hubiese un pacto para destronar a la reina. Prim y Madoz aprobaron el programa del gobierno porque querían volver a concurrir a las elecciones, aunque Prim le prometió a O´Donnell no conspirar.

En su última etapa el régimen isabelino temía perder el poder. Las cortes se abrieron en diciembre de 1865, aunque la constitución efectiva del congreso no fue hasta el 4 de enero de 1866. En ese intervalo O´Donnell tuvo que hacer frente al pronunciamiento del 3 de enero de Prim, en Villarejo, cerca de Aranjuez; y lo disolvió porque se presentaron menos tropas de las previstas por parte de Prim. Hubo también incidentes en algunos regimientos de Cataluña y Ávila. O´Donnell organizó dos columnas al mando de Zabala y Echagüe, que obligaron a Prim a disolverse o expatriarse; y opta por la segunda solución, refugiándose en Portugal. La política de los meses siguientes consiste en la resistencia, el empleo de la fuerza en contra de la revolución y la suspensión de las libertades constitucionales. Se aprueba el proceso de Prim, aunque está exiliado, y se declara el estado de sitio en Castilla la Nueva, que después se amplía a toda España. A principios de 1866 los juramentados intentaron crear un clima de revolución en las guarniciones y se movilizan algunos partidarios civiles. El levantamiento más importante ocurre el 22 de junio de 1866 en el cuartel de San Gil, donde los sublevados, al mando de Pierrad, salieron por las calles de Madrid con fuerzas de infantería y con piezas de artillería. Los generales más importantes salieron en defensa de la reina, y el propio Narváez fue herido. En el mismo día se da por terminada la sublevación. El 25 de junio O´Donnell pide al congreso y al senado amplios poderes para combatir la revolución, y se suspenden todas las garantías constitucionales, ampliando la capacidad de decisión del Ejecutivo. Hay

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intentos de un nuevo gobierno de coalición entre unionistas y moderados, pero la reina va perdiendo poco a poco la confianza en O´Donnell, con lo cual éste dimite y Narváez forma gobierno en el mes de julio de 1866. En agosto de ese mismo año se firma el Pacto de Ostende, donde demócratas y progresistas se comprometen a derribar a Isabel II, tras lo cual se elegirá por sufragio universal masculino una Asamblea constituyente para decidir si se elige monarquía o república. En diciembre Narváez disuelve las cortes y hay rumores de que la reina aconseja acabar con el sistema liberal. El presidente del congreso y el

del senado se entrevistan

con

Isabel II y le piden que las cortes se reúnan de nuevo. Pero Narváez manda al ejército a guardar la puerta de las dos cámaras y ambos presidentes son encarcelados y enviados luego a Baleares y a Canarias. Esto basta para que los unionistas se incorporen al proceso revolucionario, y aunque O´Donnell no lo autorizó, otros seguidores suyos como el general Serrano estaban decididos a formar parte de la conspiración. En realidad, se pude decir que la revolución de 1854 había sido una consecuencia de la europea de 1848, pero en la actual revolución no hay influencias de corrientes europeas, sino que es un proceso propio. En enero de 1867 la Junta Revolucionaria de Madrid lanza una proclama donde adelanta la idea de expulsar definitivamente a los Borbones. Después de las elecciones, se constituyen en marzo de 1867 las nuevas cortes, siendo la oposición derechista los neocatólicos carlistas y en la izquierda los miembros de la Unión Liberal y algunos moderados. El gobierno persiguió a todo el que no le demostrara una lealtad inquebrantable y varios magistrados del Tribuna Supremo fueron destituidos. A la propia reina se la acusa de mantener relaciones sentimentales con Marfori, sobrino de Narváez, y aunque no era el primer amante que la reina tenía, éste suscita muchos problemas y la dimisión del ministro de estado. Tampoco su sucesor está en el cargo demasiado tiempo, pues dimite mes y medio más tarde. La situación de Narváez y la reina cada vez era más asfixiante. En una reunión entre los partidos progresista y demócrata se acordó seguir adelante con la revolución, para provocar la caída de la dinastía borbónica y que un gobierno provisional,

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dirigido por Prim convocase elecciones constituyentes. En agosto de 1867 surge una intentona que proviene de los grupos exiliados en Francia. Al frente de la revuelta del cuartel de San Gil está el general Pierrad, que pasa la frontera por Aragón el 14 de agosto. También en Valencia tiene que haber otro levantamiento, pero falla, y Prim entonces pone rumbo a Marsella. Surgen también chispazos en Béjar y Aranjuez. Narváez reprime los incidentes, pero Prim acaba retirándose a Ginebra. Después de este fracaso, se reorganiza la conspiración, que se ve favorecida por la muerte de O´Donnell, quien era partidario de sustituir a la reina por su hijo Alfonso. Los unionistas acaban desarticulándose y un sector acepta el liderazgo del general Serrano, más próximo al progresismo. Este grupo se adhirió al Pacto de Ostende, con la condición de que se respetase la forma monárquica, aunque fuese con otro monarca, y quizá también otra dinastía. Isabel II era el principal problema, no la monarquía en sí. Su apoyo estaba reducido a los moderados, e incluso muchos de ellos se habían distanciado. La muerte de Narváez acaba con la poca cohesión que tenían. En el congreso y el senado, que se volvieron a abrir, el ambiente era cada vez más tenso y muchos parlamentarios dejan de asistir a las reuniones. En Granada hay por esas fechas un motín a causa del hambre. Después de la muerte de Narváez le sucede Luís González Bravo, que solos se mantiene cinco meses, pero le da tiempo a endurecer la legislación represiva. En el verano de 1868 se detiene a algunos militares unionistas y se expulsa del país a la hermana de la reina y a su esposo, el duque de Montpensier, bajo la sospecha de conjura, y también al marqués de Novaliches, al que la reina defiende. Ante esto, el gobierno dimite, a pesar de que la reina no acepta la dimisión. Todo lleva a la revolución final.

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Tema 6.El sexenio democrático. La primera experiencia democrática.

La Revolución Gloriosa.

Para

que

triunfase

el

pronunciamiento

militar

fue

primordial el apoyo ciudadano en Juntas. El 17 de septiembre de 1868, Prim, Sagasta, Manuel Ruiz Zorrilla y Angulo llegaban a Cádiz, donde estaba fondeada la Armada al mando de Juan Bautista Topete, que pretendía colocar en el trono a la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina, y que solo reconocía como jefe del pronunciamiento al general Serrano, duque de la Torre, y desterrado en Canarias. Pero la madrugada del 18, Sagasta y Zorrilla decidieron iniciar el pronunciamiento con un manifiesto que anunciaba el destronamiento de la reina y prometía unas cortes constituyentes basadas en los derechos de los ciudadanos. Prim arenga a todos los españoles para que tomen las armas en defensa de la revolución, al tiempo que llegan de Canarias Serrano y otros generales unionistas, con quienes se hace público otro manifiesto redactado por Pérez de Ayala, donde se denuncia la corrupción de la soberanía nacional y la censura en la prensa. Se dejaba claro que no se trataba de rebeldes, sino que pretendían devolver a las leyes el respeto debido. El 19 de octubre, el gobierno provisional exponía a los estados de Europa un texto de justificación a la revolución, justificando el destronamiento de la reina por la oposición de ésta a la modernización del país. Se trataba, en suma, de implantar los principios del liberalismo más avanzado, y por eso se pretendía erradicar la dinastía completa de los Borbones. Cuando Prim llega a Málaga, ya hay muchas ciudades que se han solidarizado con el inicial pronunciamiento; como Granada, Almería, Cartagena, Alicante o Valencia. En Sevilla se ha organizado también una Junta donde incluso se amplían las proclamas de Cádiz, porque se pide

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libertad de cultos, de tráfico y de industria, y reforma de los aranceles para la libertad de comercio. Las tropas del general Novaliches cruzan Despeñaperros y Serano sale a su encuentro, teniendo lugar en Alcolea el 29 de septiembre la derrota de Novaliches, la unión de las tropas de ambos y el rumbo hacia Madrid. Se declara la caída de los Borbones mientras la reina sigue de veraneo en San Sebastián, y a Isabel II no le queda más remedio que partir desde allí hacia Pau. La Junta de Madrid tiene a Madoz al frente y asume las riendas del poder. En la mayoría de las ciudades se sigue el ejemplo y se constituyen juntas formadas por una coalición de progresistas y demócratas que exigen toda una serie de derechos, entre los cuales destacan:

1. libertad de cultos 2. sufragio universal 3. libertad de enseñanza, de reunión y de asociación 4. libertad de imprenta 5. inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia 6. abolición de la pena de muerte y del juicio por jurados

Siempre hubo en las Juntas los suficientes elementos republicanos para pedir abolición de las quintas y supresión de algunos impuestos al consumo que resultaban especialmente gravosos. En el caso de las Juntas catalanas hubo una especial colaboración entre las clases medias y los obreros, y en la Junta de Barcelona, Tutau, hombre de negocios, fue su principal artífice. Se funda el Fomento de la Producción Nacional y más tarde la Liga Proteccionista, de la que paradójicamente luego saldrá un grupo de industriales que abogan por la restauración borbónica. El movimiento juntero era la auténtica expresión de un federalismo contenido, y fue la Junta de Madrid la que en un gesto de centralismo, actuó en el nombre de toda España, asumiendo las reivindicaciones de todas las demás juntas y se arrogó la facultad de encomendar la formación de gobierno al

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general Serrano. Pero no se podía formar gobierno sin Prim, y éste se encontraba en Cataluña. En las Juntas se había perfilado el núcleo de las aspiraciones políticas de la revolución y se puede deducir que básicamente se deseaba implantar las libertades de reunión, asociación, enseñanza y prensa, además de la libertad religiosa.

Serrano estaba dispuesto a formar gobierno de acuerdo a la Junta de Madrid, y se pone a las órdenes del general Espartero, aunque éste declina ninguna representación. Por fin llega Prim a Madrid, y las personas más importantes serán él mismo en el Ministerio de Guerra; Sagasta en Gobernación, Figuerola en Hacienda, Ruiz Zorrilla en Fomento y Romero en Gracia y Justicia. Nicolás María Rivero se coloca como alcalde de Madrid y acelera la escisión del partido demócrata a consecuencia de problemas con Castelar y Pi y Margall, convencidos republicanos. Había en realidad, dos proyectos distintos:

•

el de Prim, que abogaba por una monarquía democrática y la constitución de 1869, representado por unionistas y progresistas, liberales acomodados, ricos hacendados y profesionales.

•

El proyecto liderado por Pi y Margall, que reunía a las capas medias, pequeños comerciantes y trabajadores, que pretendían una república federal, con un sólido programa de reformas sociales y económicas.

Los primeros pretendían compatibilizar la libertad con el orden, para justificar ante Europa

la

revolución.

Como

medidas

generales

propugnaban

purificar

la

administración pública, reforzar el crédito y el sistema bancario y hacer uso del sufragio universal y la soberanía del pueblo como algo normal. La razón de preferir una monarquía constitucional era, sobre todo, para que Europa no desconfiase. Por eso pretenden dar por terminada la misión de las Juntas, porque entendían que había pasado el momento de las quejas y había llegado el de la Razón. Sagasta

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decreta que los fusiles que han sido entregados al pueblo por las Juntas sean devueltos, previo pago de 30 reales y trabajo. Para sustituir a los impuestos al consumo de las Juntas, se crea ahora uno no menos impopular, el de la capitación, y se restablecen los de la sal y el tabaco. También se contienen los planes de demolición de murallas y ampliación urbanística de algunos ayuntamientos, aunque lo que se escondía era el interés por la especulación de algunos de estos terrenos. Cuando se disuelven las Juntas, unionistas y progresistas están integrados ya en el gobierno, y solo quedan los republicanos al margen. Aunque aceptan la disolución de

las

Juntas,

mantienen

comités

de

vigilancia.

Sagasta

convoca

cortes

constituyentes para el 11 de febrero de 1869, manteniendo todavía como fuerza a los Voluntarios de la Libertad, pero ya sin ventajas de salario o trabajo en el municipio. Prim y Sagasta eran las personas más importantes del gobierno, y sabían que se estaban quedando en el tintero algunas de las aspiraciones más importantes que se habían proclamado en las Juntas. Los republicanos estaban fuera de juego, y lo único que les quedaba eran los Voluntarios de la Libertad y un importante abanico de medios de comunicación en diversas provincias. No todos estaban de acuerdo, y a fines de 1869 se plantea una escisión, creándose el Partido Republicano Federal. Estaban por un lado los demócratas Rivera, Martos y Becerra, que se unen para las elecciones a los unionistas y progresistas, con un programa basado en la monarquía, y los federales, cuyo modelo de gobierno era la república, y que se reunieron el 22 de noviembre de 1869 en el Campo de la Lealtad, siendo Castelar la estrella de la manifestación. A la cabeza del partido estaban Orense, Castelar, Pi, Pierrad y otros. Su programa se replanteaba el modo en que se repartía la riqueza nacional, sobre todo la agraria, y por eso la Junta de Sevilla, embrión del andalucismo, intenta repartir los bienes de la aristocracia y apropiarse de los bienes comunales.

Cuando se establece el sufragio universal para los mayores de 25 años se empiezan a marcar las distancias entre los grandes bloques.

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1. la coalición de los unionistas de Serrano, los progresistas de Prim y Sagasta y los democráticos de Rivero y Martos, que abogan por el sufragio universal, la monarquía y las libertades de un estado moderno 2. Los republicanos que bajo el

nombre de La Federal

resumen

una

organización del estado como una república federal, pero también reformas para la redistribución de la riqueza y la mejora de vida en las clases populares.

En todas las ciudades se manifiestan ambos bandos y en algunas de ellas hay incidentes, como cuando miles de trabajadores se negaron en Madrid a que se les bajase el jornal, o la revuelta de los trabajadores del Puerto de Santa María. También en Málaga hay revueltas parecidas. Las elecciones municipales ya se habían celebrado y hubo quien pensó que el propio Sagasta pudo haber influido en las rebeliones de los federales para obtener ventaja en los comicios. En ellas los republicanos obtienen

mayoría en veinte capitales, lo cual es una clara derrota

para el gobierno. Las elecciones a cortes constituyentes eran el 15 de enero de 1869 y se recurre al patriotismo para pedir el voto para los que gobiernan. Arremeten también contra las mujeres por pedir la abolición de las quintas. Los federales se proclamaban el partido de la juventud al pedir el voto a los 21 años; y las reacciones clericales no contribuían a calmar los ánimos. El gobernador civil de Burgos es asesinado dentro de la catedral en protesta por el decreto de la incautación

de archivos y bibliotecas de catedrales, cabildos, monasterios y

órdenes militares. La vigilancia del proceso electoral estuvo a cargo de los Voluntarios de la Libertad, armados y la mayoría con inclinaciones demócratas y republicanas. El triunfo fue para el gobierno, pero los federales obtuvieron ochenta escaños. La ex reina se atreve a declarar desde Paris nulo todo el proceso político y electoral, y la ilegalidad de las cortes, porque ella era la única que ostentaba la autoridad legítima, pero las cortes constituyentes se abren el 11 de febrero de 1869. Rivero es el presidente de la cámara, y a Serrano se le encarga formar

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gobierno, que ya no sería provisional. Se aprueba la amnistía para los delitos de imprenta.

En las Antillas los cubanos y portorriqueños pensaron que la revolución también a ellos les traería la concesión de derechos, abolición de la esclavitud y la concesión de una administración autonómica. De hecho en ambos lugares había movimientos que abogaban por la independencia y desde Nueva York funcionaban comités que abogaban por una Cuba y un Puerto Rico libres. En Puerto Rico se lleva a cabo una rebelión el 23 de septiembre, se proclama la República y se forma un gobierno provisional, bajo la presidencia de Francisco Ramírez, mulato. El 9 de octubre en Cuba Carlos Manuel Céspedes reúne a unos cuantos fieles que se prometen vencer o morir por la patria cubana. Proclaman el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, donde se describía la realidad de unas colonias gobernadas por la arbitrariedad de los capitanes generales que nombraba la corona. Se quejaban de la tiranía del gobierno español, que les imponía tributos pero les negaba derechos. Aunque en las cortes de Cádiz se definió España como el conjunto de españoles de ambos hemisferios, en la constitución de 1837 se aparcó el status de los habitantes de las colonias. Cuando en 1860 se abolió la esclavitud en Estados Unidos, los españoles siguieron embarcándose en aventuras coloniales, como la guerra del Pacífico o la expedición a la Conchinchina. Por eso no se vitorea a Prim ni a Sagasta y nace en Cuba el Partido de la Libertad y la Independencia. Las primeras revueltas son duramente reprimidas por el capitán general Lersundi, pero Céspedes no tarda en apoderarse de Camagüey. El nuevo ministro de Ultramar, Ayala, promete reformas, pero nadie le cree, y el propio Lersundi es sustituido por el general unionista Dulce, que promete que Cuba elegiría diputados a las cortes constituyentes. Pero nadie le cree, y aunque intenta negociar con Céspedes, fracasa. Se desencadena un furor destructor y el ejército independista acaba con la infraestructura de la isla. Céspedes proclama libres a aquellos negros que luchen por la independencia. El partido al que llaman español está capitaneado

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por negreros como Zulueta, o propietarios como Ibáñez y Herrera, que costean la creación de batallones de

voluntarios del Orden y se encargan de embargar los

bienes de los independentistas. La burguesía catalana también envía voluntarios. En la parte independista se producen las primeras escisiones. Dulce renuncia al cargo, porque en realidad quienes llevan la voz cantante son los Voluntarios del Orden. El Partido de los Esclavistas crea el Casino Español en 1869 en La Habana, que se convierte en un grupo de presión para organizar los negocios a su antojo alardeando de patriotismo.

En Filipinas no está todo el territorio bajo control. Los filipinos carecen de derechos políticos y se rigen por una mezcla del derecho del antiguo régimen señorial con los privilegios de las órdenes religiosas. El dominio español no era real y no se planteaba la posibilidad de hacer un imperio, sino explotar esas tierras. No se hicieron obras públicas y no se pensó en una administración racional, a no ser durante el período del general Echagüe.

La constitución de 1869.

No

se

empieza

tomando

medidas

precisamente

populares, pues lo primero que hacen es alistar a 25000 jóvenes para una guerra no declarada en Cuba, mediante el sistema de quintas. Se empieza a redactar un texto constitucional y el debate principal es el concepto de España. El artículo que desató más polémica fue el 21, porque se refería a la libertad de cultos. También el artículo 33 suscita muchas discusiones, porque se refiere al establecimiento de una monarquía democrática. Los artículos 28 y 107 son complicados porque se refieren a la organización de las Fuerzas Armadas. Los republicanos, por supuesto,

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defienden la república como forma de gobierno y unas FF AA que diferencien entre los voluntarios y los profesionales. Pero como no logran sus propósitos, se centran en abolir las quintas y mantener el cuerpo de Voluntarios de la Libertad. Es Castelar quien se encarga de hacer la más encendida defensa de estos principios, así como la separación entre Iglesia y Estado. También destaca el diputado Francisco

Salmerón

defendiendo

las

posiciones

progresistas y la candidatura de Espartero al trono. En el bando conservador está el canónigo Manterola y Cánovas, que mezcla argumentos sobre la propiedad, sobre la unidad española y la catolicidad de la nación y el estado, aparte de unas ideas profundamente clasistas. Cuando llega el 1 de junio, que hay que votar la constitución, los tradicionalistas rechazan el texto y recogen firmas para protestar por la libertad de cultos. Pero con todo, triunfa el si y se promulga el 6 de junio. Es el primer código democrático de la Historia de España, e incluso en algunos aspectos se adelanta a algunos de Europa. Se establece el sufragio universal masculino, directo y secreto, estableciendo una relación de derechos de los ciudadanos. EL título I de la constitución abarca casi un tercio del total del texto. Junto a las clásicas libertades de imprenta, derecho de reunión y asociación están la inviolabilidad de la correspondencia, libertad de enseñanza y de culto, libertad de trabajo para los extranjeros, etc. La libertad de reunión y de asociación era la puerta para el despegue del sindicalismo. Aunque los republicanos no consiguen la separación de la iglesia y el estado, es la primera vez que éste no se declara confesional y permite la libertad de cultos. Se insiste en la soberanía popular como fundamento del estado, que tiene que someterse a los principios de la separación de poderes y la descentralización. La soberanía residía en las cortes, integradas por el Congreso y el Senado. No se pedían requisitos para ser diputado, sino que bastaba ser varón mayor de 25 años. Los senadores se elegían por sufragio universal indirecto, cuatro por provincia; pero habían de ser

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mayores de cuarenta años, tener título universitario, ser gran propietario o patrón industrial, o haber ocupado un alto puesto en el estado. Las cortes eran el poder legislativo, con plazos mínimos de reunión y máximo sin estar reunidas. Podían ejercer moción de censura, tener iniciativa legislativa e interpelar al gobierno. Al frente del poder ejecutivo se situaba el rey, que tomaba decisiones a través de los ministros. Para ser ministro había que ser diputado. El poder judicial se organizó con la ley de 1870, y los jueces se emancipan por completo del poder ejecutivo, al implantarse el sistema de ingreso mediante oposición. Se crea el consejo de estado para los traslados y promociones y se implanta el juicio por jurados populares, regulando la acción pública contra aquel juez que delinca en el desarrollo de sus funciones. En cuanto a la división territorial del poder, los ayuntamientos adquieren protagonismo, con alcaldes elegidos por sufragio universal. Pero queda sin resolver el estatuto de las colonias, la relación entre el ejército permanente y las milicias ciudadanas, o el principio de la contribución proporcional en la Hacienda.

Al debatir el artículo 33 de la constitución se plantea como hipótesis la unión con Portugal, con lo cual se coronaría a un miembro de la familia real portuguesa o se haría una república ibérica federada. En lo único que todos estaban de acuerdo era en excluir a los Borbones de la corona española. Había algunos que se inclinaban por Espartero y los carlistas pretendían colocar en el trono a su candidato, conocido con el título de duque de Madrid. Pero hasta que se encontrase al rey apropiado, el gobierno tendría que estar en manos de un regente, y este puesto lo ocupa Serrano, quedando Prim como jefe de gobierno, y con la cartera de Guerra. Prim opta por una alianza entre progresistas y demócratas. Los federales se organizan como partido de la oposición a nivel nacional,

pero a nivel municipal son partido de gobierno, porque han obtenido

mayoría en muchas ciudades de España. Y tienen la solidez que les controlar la mayoría de la prensa. En el Parlamento descollan Figueras y Castelar. A los parlamentarios más importantes les preocupan las libertades, derechos y formas de

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gobierno. A los segundones les preocupan más el injusto tributo de las quintas o los nuevos impuestos, la falta de trabajo o la promesa que se había hecho a los campesinos de nuevas tierras, de las que se habían privatizado, pero que todavía no habían sido entregadas. De hecho, los campesinos de Jérez se amotinaron en marzo de 1869 contra la quinta decretada por Prim, además de pedir la devolución de los bienes comunales. Todo esto hacía que el socialismo se propalase como una corriente subterránea del federalismo. Las mujeres madrileñas protestan también contra las quintas y hay algunas ciudades en que los propios ayuntamientos gobernados por republicanos acuden al préstamo para liberar a los jóvenes de ser quintos. Entre los republicanos estaban los benévolos, como Castelar, que optaban por esperar mejores circunstancias para poder cumplir las promesas republicanas; y los intransigentes, que exigían el cumplimiento inmediato. El Partido Federal Republicano seguía creciendo, y era la primera vez que en España se formaba un auténtico partido de masas. José María Orense tenía un enorme predicamento por la sencillez con que exponía sus ideas y las doctrinas políticas y sociales. Los líderes de provincias se consolidarán a partir de la primavera de 1869, sobre todo cuando Valentí Almirall establece un pacto federal entre los comités de Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares, fijando el modelo de organización de una república federal. Aunque en Tortosa se había convenido en hacer del pronunciamiento de septiembre una revolución y organizar una república federal de las provincias unidas por una cultura común, también se llegó a la decisión de que no se emplearía la fuerza. En Andalucía se formaron pactos similares, al igual que en Extremadura, las dos Castillas y León. En La Coruña se firma el pacto para Asturias y Galicia, y en Eibar el de las provincias vascas, con participación del propio Pi y Margall, quizá porque su esposa era vasca. En el mes de junio se firma en Madrid un Pacto nacional por el que se crea un Consejo Federal y se determina la estrategia de partido, además de hablar del tema de la sublevación armada, diciendo que si hay derechos garantizados, la insurrección es un crimen, pero faltando éstos, es un deber. Se

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establece una asamblea central, con tres representantes por cada uno de los cinco pactos regionales, existiendo una cierta confusión organizativa.

El 15 de julio de 1869 se suspenden las sesiones de las cortes, habiendo tomado acuerdos que permiten decir que es entonces cuando se inicia una política activa de restauración y remodelación de monumentos valiosos y se organiza un Panteón Nacional con los personajes célebres de España. Bajo la consigna de la regeneración nacional se promovió la articulación de un sentimiento patriótico español, tanto por parte de federalistas como de unitarios. Había muchas cuestiones por resolver; como por ejemplo el acceso a la propiedad de la tierra como medio de vida, una fiscalidad progresiva con la abolición de los impuestos indirectos, la igualdad en el servicio militar y sobre todo el malestar de la clase obrera, en un momento en que la huelga empieza a verse como un medio de defensa de unas condiciones de vida indignas. A los seis días de cerrar las cortes en el verano, el gobierno restablece por decreto una ley de 1821 que ponía bajo la autoridad y jurisdicción militar los delitos de conspiración o maquinación contra la constitución o contra la seguridad interior o exterior del estado, o contra la persona sagrada e inviolable del rey constitucional. Se acaban las garantías constitucionales al someter estos delitos a consejos de guerra. Se aplica en realidad a las partidas carlistas, pero también a los republicanos.

Precisamente son los republicanos quienes denuncian que esto va contra el

artículo 11

extraordinarios

de y

la

constitución, que prohibía la creación

comisiones

especiales

para

cualquier

delito;

de tribunales además

de

considerarlo una usurpación de las atribuciones de las cortes. Cuando los diputados republicanos son recibidos en sus distritos con manifestaciones populares, Sagasta las prohíbe, basándose en que también habían participado los Voluntarios de la Libertad. Sagasta da poderes extraordinarios a los gobernadores civiles, y se producen numerosos incidentes, hasta el punto que Sagasta ordena la disolución de

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las milicias o cuerpos de voluntarios. Esto desencadena revueltas en toda España, empezando en septiembre por Cataluña, y siguiendo en Andalucía. Prim envía a las cortes un proyecto de suspensión de las garantías constitucionales, pese a las protestas de los republicanos, que acaban retirándose de la cámara, como medio de protesta. Prim gobierna en estado de excepción desde el 5 de octubre hasta el 10 de diciembre. Aunque a principios de octubre los voluntarios federalistas habían sido llamados a las armas, las ciudades principales estaban controladas por el Ejército y la rebelión solo triunfó poblaciones como Alcalá de los Gazules, Utrera, Carmona, Arcos o Puerto de Santa María. Con la llegada de las tropas se disolvieron los rebeldes y los líderes más destacados huyeron a las serranías. En Alicante la rebelión fracasa y en Béjar no pasa de ser un mero conato. Hubo resistencias heroicas en Málaga y Cádiz, y en Zaragoza y Valencia se desatan autenticas batallas.

Castelar

y

Figueras

explican

la

insurrección

como

respuesta

al

incumplimiento de la constitución, pero no faltó quien lo interpretó como una trama secreta orquestada por Pierrad. El resultado es el afianzamiento de Pi y Margall, partidario de los cauces legales para alcanzar la República Federal; y acaba derrotando a Castelar con el federalismo frente a la concepción unitaria. En 1870 Pi es elegido presidente.

La segunda guerra carlista en realidad no comienza hasta que ya es rey Amadeo I, en abril de 1872, pero a esta situación se llegó en parte por las libertades del nuevo régimen democrático, porque hubo una propaganda de tradicionalistas, neocatólicos y ultraconservadores. Destacan personajes como Aparisi y Guijarro, o el canónigo Manterola, que es diputado en las cortes. En la campaña electoral de 1869 se fraguó el grupo, bajo el lema de Dios y Fueros, y los mejores resultados los obtuvieron en Navarra y el País Vasco. Se lanza incluso un manifiesto en nombre del aspirante, el duque de Madrid, que se autotitula como Carlos VII, dado que su padre había renunciado a sus derechos, por sus ideas anticlericales. Los carlistas se dedican a buscar financiación y se organizan juntas y

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casinos carlistas en muchas provincias, al mismo tiempo que se preparaba el levantamiento militar. En el verano de 1869 ya se intenta, aprovechando los descontentos, pero no había una dirección eficaz, y se recurre a Cabrera. Los curas y clérigos en general apoyan con ansia la causa, que sirve de catalizador a todos los ultras, y la boina roja se convierte en símbolo de provocación. Cabrera crea una Junta central y organiza el periódico La Fidelidad, pero cuando vio que los carlistas preferían las armas a los programas, dimitió y se quedó al frente el aspirante, en solitario. Pero se sigue agitando a las masas a través de periódicos como El pensamiento español, La Regeneración o La Reconquista. Contaban con Francia como base de operaciones.

El reinado de Amadeo I (1872-1873)

La

búsqueda

de

un

rey

se

estaba

demorando

y

las

negociaciones ya duraban dos años. Había distintos candidatos:

•

El cuñado de la reina, duque de Montpensier, contaba con el aval de muchos unionistas, pero se usó en su contra que había matado en duelo a su hermano

•

Fernando de Coburgo, viudo de la reina María da Gloria de Portugal, porque se buscaba también la posibilidad de una unidad ibérica; y era apoyado por unionistas, demócratas e incluso algunos republicanos; pero se casa con una artista y cae en desgracia

•

El duque de Aosta, segundo hijo del rey de Italia

•

Leopoldo de Hohenzollern, que contaba con el apoyo de Prusia

•

Prim sondea a Espartero si desea ser rey, pero éste se niega

Los monárquicos borbónicos conspiran para restaurar en el trono a la reina Isabel, pero ésta abdica en 1870 en su hijo Alfonso y designa a Cánovas como jefe del

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partido alfonsino. En muchos periódicos conservadores se defiende esta causa y algunos generales también le apoyan. Los federales, entre tanto, exigen que las cortes proclamen los Estados Unidos de Iberia. Por fin, el 20 de agosto de 1879, Prim ofrece formalmente la corona a Amadeo de Saboya, duque de Aosta, y éste la acepta el 2 de noviembre, siendo votado por las cortes el día 16 del mismo mes. Pero entre el pueblo había malestar, porque salían hacia Cuba los nuevos quintos reclutados, y en las filas federales empiezan a surgir los primeros líderes obreros. Es ésta la época en que Bravo Murillo saca la revista La defensa de la propiedad. En Cataluña estallan revueltas a causa de las quintas y en Andalucía los jornaleros también protestan por sus condiciones de vida. Es tiempo de mucha violencia social y se propaga por parte del partido republicano federal el llamado pacto sinalagmático, que implicaba que el poder soberano estaba en el pueblo y todos los ciudadanos podían tomar decisiones. Incluso en el seno de los republicanos empieza a haber escisiones, entre el grupo madrileño opuestos al federalismo de los pactos, y el grupo de Pi y Margall, con el apoyo de Castelar y Figueras. También habían vuelto los federales desterrados, entre quienes se encontraba Angulo, que organiza la sociedad secreta El tiro nacional, que planeaba emancipar al cuarto estado, por medio de la violencia si fuese necesario. Cuando en Francia se proclama la república en 1870, los federales se entusiasman y llegan a pensar en el apoyo francés para una sublevación. Angulo financiaba el periódico El combate, desde el cual preconizaba la revolución armada. En el periódico republicano La discusión, Se le

critica

con

dureza.

Y

desde

las

páginas de El combate, se predice que Prim morirá como un perro por pensar en la disolución de Voluntarios por la Libertad. De hecho, el 27 de diciembre le tirotean cuando sale del Congreso, y muere tres días más tarde. Solo se detiene a Roque Barcia, pero también se acusa del crimen a Paul y Angulo, que huye del país. No se llegó a saber quien había sido

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realmente el culpable, pues incluso se habló de que pudieron haber sido los esclavistas. Cuando el proceso concluyó, ya reinaba Alfonso XII y no permitió que se mezclase a personas cercanas a su suegro, el duque de Montpensier, que pudieran haber estado implicadas. Un siglo más tarde un jurista planteó que quizá fuese Angulo el organizador del crimen, pero no al servicio de los federales, sino de algún enemigo de Prim, quizá del propio Montpensier.

Ya en los primeros dos años del reinado de Amadeo hubo tensiones entre los partidos, unidos a tensiones esclavistas, problemas con los carlistas, y una guerra en Cuba que no terminaba. Y los alfonsinos empezaban ya a conspirar. El sufragio universal obligaba a reorganizar el funcionamiento de los partidos, y le sirve al Partido Federal Republicano para obtener ciertas ventajas, porque nace ya con propósito de ser un partido de masas. Tras el destronamiento de Isabel II el Partido conservador estaba en fase de reorganización bajo el liderazgo de Cánovas, pero destacaban sobre todo los neocatólicos y los carlistas. Los progresistas y demócratas se encuentran con un espacio bien delimitado por el liberalismo democrático, teniendo como líderes a Sagasta y a Ruiz Zorrilla. El partido de Sagasta se reconocía como partido constitucionalista, y el de Ruiz Zorrilla como partido radical. Pero en las elecciones no faltaba el recurso a la manipulación electoral, en la cual Sagasta pronto se reveló como maestro. Pero a pesar de todos los defectos, radicales y constitucionalistas fueron el primer intento de adaptación del liberalismo al principio de sufragio universal. De la fusión de ambos partidos surgiría otro, más adelante, gobernado por Sagasta.

El primer gobierno del reinado está presidido

por Serrano, con

progresistas, unionistas y demócratas. El rey Amadeo acababa de llegar a Cartagena, donde es recibido por el almirante Topete y los generales Concha y Zavala. Es justo el día en que muere Prim y al llegar a Madrid presenta sus respetos ante su féretro. Luego jura la constitución. Su primer gobierno será de

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continuidad y presidido por Serrano. Las primeras elecciones son favorables al gabinete ministerial, con maniobras de Sagasta, que estaba en Gobernación. Los carlistas y los republicanos siguen en minoría, pero cada vez tienen más poder. Las cortes se abren en abril de 1871, y el rey anuncia que se celebrarán elecciones en Puerto Rico, un primer paso para acabar con el conflicto antillano, aunque la nueva recluta de quintos es causa de gran malestar popular. Los planes del gobierno no llegan a buen término debido a las alianzas entre los republicanos de Suñer y Capdevila y los carlistas de Nocedal, de los alfonsinos y de cuantos diputados se encontraban a disgusto. Se cambió el reglamento de las cámaras, lo cual reforzó el poder del Legislativo y aumentó los mecanismos de control del ejecutivo; aunque se debía a intereses que poco tenían que ver con la democracia. Al final el gobierno debe renunciar y se da paso a un nuevo gobierno de Serrano, que declina también al no ponerse de acuerdo con Sagasta; y acepta el encargo Ruiz Zorrilla, que integra en su gabinete a unionistas, progresistas y demócratas, sin lograr la aprobación de Sagasta. Lo primero que hace este gobierno es un censo de propiedades rústicas y urbanas para lograr una contribución territorial, base para un sistema de impuestos directos. Se cubre un empréstito de deuda consolidada de 150 millones y se da la amnistía

a muchos presos políticos. Muchos generales

unionistas dimitieron en bloque, aunque el rey no aceptó su dimisión. En septiembre se organiza un viaje del monarca por España, con éxito, aunque el 1 de octubre Ruiz Zorrilla se ve obligado a dimitir por maniobras de sus correligionarios en el congreso.

Cuando se pone Sagasta al frente del gobierno se plantea que la disolución, por ilegal, de la Internacional, porque desde la Comuna de Paris el fantasma del comunismo asustaba a todos los propietarios. La constitución reconocía el derecho a la asociación pacífica, pero se argumentaba que la Internacional de pacífica tenía poco. Sagasta aduce que es enemiga del estado, de la religión, de la familia y sobre todo de la propiedad. Castelar le responde que si se

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considera inmoral la propiedad colectiva, habría que condenar el Evangelio y la doctrina de los Santos Padres de la Iglesia. Añade que son más peligrosos los carlistas y los alfonsinos para la seguridad del estado. Salmerón expone que la propiedad solo es un derecho como soporte de la existencia humana, y si no cumple con los objetivos de hacer más fácil la vida de las personas, entonces es injusta y debe desaparecer, como habían desaparecido ya los “bienes de manos muertas”. Pensaba que el partido republicano debía patrocinar una tendencia social que sirviese al cuarto estado. Lo que se justifica es que la propiedad es justa y legítima en tanto en cuanto sirve a la racionalidad de la vida humana, y cuando esto no sucede, es ilegítima y debe desaparecer. En el estado llano debe radicar la médula de la sociedad moderna. Esta línea argumental la sigue también Pi y Margall, que añade que el concepto que tiene la burguesía liberal sobre la propiedad no es algo inmutable, porque esa misma burguesía había hecho una ley de

expropiación

forzosa.

Las

respuestas

de

los

diputados

cercanos

a

la

Internacional se orientaron en otra dirección. Garrido parte del principio que el trabajo es la base y fundamento de la sociedad, y aunque falten las demás clases, no hay sociedad sin la clase trabajadora. Era el defensor del cuarto estado, de los trabajadores. Al gobierno de Sagasta le apoyan los conservadores y los unionistas. Dice Ríos Rosas que la Internacional es peligrosa, y que si sus progresos no se atajan, traerá los horrores de la Comuna. Alonso Martínez añade que debe prevalecer la seguridad del estado por encima de los derechos de los individuos. Montero Ríos sostiene que el poder legislativo no es competente en esta materia más que el judicial. Cánovas hace una defensa encendida de la propiedad privada, anunciando lucha si es necesario. Cuando se vota, gana la postura del gobierno, pero el Fiscal del Estado anuncia que el derecho de asociación y de huelga no puede anularse. Es cesado inmediatamente. La Internacional causaba pánico en toda Europa, y en su seno pronto surgen dos facciones: la de Marx y la de Bakunin. Su despegue en España se hace desde las bases del republicanismo federal, y se crea en Madrid el primer núcleo de la AIT, para luego seguir en Barcelona. Crean su

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propio periódico, Solidaridad. En los ateneos obreros se hace especial propaganda. Asuntos que comparten con el republicanismo son: exigencia de jurados mixtos, abolición de las quintas, aumentos salariales, reparto de tierras, derecho al trabajo. Pero estos sectores de la población no tenían demasiada influencia y sus proclamas a favor de la lucha de clases solían ser acogidas con cierta indiferencia. En 1870 tienen lugar las barricadas de Gracia en Barcelona y la manifestación de trabajadores en Madrid, que luego se extiende a otras ciudades. Acaban por tomar la delantera las tesis de Bakunin, que rechaza el estado, la ley y cualquier autoridad, y niega efectividad a los partidos políticos. Propone el comunitarismo del trabajo y de la producción, poniendo todo en común. Se podía vivir sin estado y sin gobierno. Ya antes de que la Internacional fuese ilegalizada, ya le habían puesto obstáculos y se habían cerrado periódicos afines o encarcelado a sus directores. Algunos dirigentes, como Anselmo Lorenzo, tuvieron que refugiarse en Lisboa.

Ya durante este debate sobre la Internacional, Sagasta intenta hacerse con las riendas del liberalismo progresista, y este tema lo enfrenta con Ruiz Zorrilla. Fernández de los Ríos proponía la unidad en un solo partido progresista y organiza una comisión de fusión, pero Zorrilla se mantiene firme en no ilegalizar la Internacional y en defender el respeto a todas las opiniones. Para él los derechos individuales eran ilegislables e imprescriptibles. Otro punto discordante era el problema de las Antillas. Sagasta era partidario de la integridad nacional y no concebía la pérdida de las colonias; y Ruiz Zorrilla preconizaba la autonomía para Cuba y Puerto Rico. Sagasta, por tanto, acaba aliado con los unionistas y forma un gobierno para provocar el fin de la legislatura el 2 de enero de 1872, convocando nuevas cortes para el 22 del mismo mes. Pero ni así puede gobernar Sagasta y vuelve a disolver las cortes, convocándolas para el 2 de abril de 1872. Todos los partidos políticos se lanzan a la campaña, y los resultados son bastante sorprendentes, porque ganaron los unionistas. El congreso lo preside Río Rosas y el 22 de mayo dimite Sagasta para dar paso de nuevo a Serrano. Hay un intento de

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insurrección, que Ruiz Zorrilla se niega a abandonar, y abandona el escaño. El asamblea del Partido Federal le da plenos poderes a Pi, que se opone a la rebelión armada y busca la conciliación, rodeándose de personas como Castelar o Figueras.

El momento es complicado, porque cuando se acaba de controlar una insurrección filipina en Cavite, se alza de nuevo el movimiento carlista, con el pretendiente Carlos al frente de las tropas. Se inicia con los carlistas bajo el árbol de Guernica, lanzando vivas a la religión, a España y a los Fueros. El general Moriones les derrota en tres días y don Carlos sale de España. Pero no se sabe bien por qué, Serrano firma con los carlistas el convenio de Amorebieta, por el cual se les reconoce a los jefes militares el mismo grado que tenían antes de pasarse al bando carlista y se organizan canjes de prisioneros. El gabinete de Serrano también pretende suspender las garantías constitucionales, y es entonces cuando Amadeo I invita a Espartero a formar gobierno, y cuando éste se niega, recurre al general Córdoba, que intenta que vuelva Ruiz Zorrilla para salvar la legalidad democrática. Aunque al principio Zorrilla se niega, acaba cediendo y se forma gobierno en junio de 1872, pero al no contar con mayoría en las cortes, boicotean todas sus decisiones en cuanto a Puerto Rico y sobre la puesta en marcha de la Ley Moret para graduar la extinción de la esclavitud. No queda otra salida que la disolución de las cortes y se convocan elecciones para el 24 de agosto. Pero a finales de julio Amadeo y su esposa habían sufrido un atentado, y se pensaba que podían ser los antiesclavistas, porque era de todos conocido que el rey era abolicionista.

En agosto Ruiz Zorrilla lleva ante el rey la firma de la ley Moret y designa al general Moriones al frente de las tropas del norte, porque se vuelven a levantar partidas carlistas en algunas zonas de Cataluña. Los resultados de las elecciones son apabullantemente favorables a favor de los radicales de Zorrilla, aunque el índice de abstención es alto; pero los radicales están muy

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divididos. A la derecha está Ruiz Gómez y Gasset Artime, y en el lado izquierdo, Martos y Rivero. El 15 de septiembre el rey abre las cortes.

Había una fuerte presión norteamericana

en el tema de la

esclavitud, a la que no eran ajenos ni Zorrilla ni Martos, porque en Estados Unidos se había pensado incluso en una tarifa arancelaria especial para el azúcar producido con mano de obra esclava. Los disputados radicales plantean como primera medida abolir la esclavitud en Puerto Rico, porque sólo había un 6%, y postergar la decisión en Cuba hasta que acabase la guerra. Aplicando la constitución de 1869 se hubiera abolido los trabajos forzados en ambas islas y la modificación del sistema de dominio y poder de la oligarquía. EL cubano Rafael María de Labra, al frente de la Asociación Abolicionista, exigían hechos y no promesas a Zorrilla. Y la guerra de Cuba estaba costando demasiado, en dinero y en vidas humanas. Por eso había que solucionar el problema de las Antillas y el de las quintas; a pesar de que Zorrilla se ve obligado a acudir de nuevo a reclutar quintas para la guerra carlista. Se nombra al general Hidalgo como jefe de operaciones contra los carlistas, pero causa problemas

con

los

demás

militares,

y

la

monarquía

de

Amadeo

queda

desprestigiada por maquinaciones de militares alfonsinos.

Se tramita el proyecto de ley de ayuntamientos para las Antillas y el de abolición de la esclavitud, y ambos son rechazados por el Centro HispanoUltramarino de Madrid, desde donde se orquesta una campaña contra el gobierno, y poco a poco el ejemplo de Madrid cunde en la mayoría de las ciudades. Es un grupo de presión que crece por momentos y el 3 de diciembre de 1872 se reúnen los integrantes del centro de Valencia y rechazan las reformas. En nombre de todos los centros, el marqués de Manzaneda pide directamente al rey que no permita las innovaciones anunciadas. Les apoyan los conservadores y unionistas, además de los carlistas. En la asamblea que se celebra en Madrid el 14 de diciembre deciden

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usar todos los medios posibles para impedir la reforma, e incluso hacen saber al rey que está comprometiendo la monarquía.

Se unen en el tiempo la insurrección republicana de Pozas en La Coruña, o el recurso a las armas por los republicanos de Málaga. También en este mes de diciembre hay una insurrección de núcleos obreros de las ciudades, que fracasa, pero viene añadir más malestar al ya existente. En este momento se hace famosa la partida carlista al mando del cura Santa Cruz, que le da a la guerra el carácter del bandolerismo rural. El núcleo de acoso más serio estaba en la Liga Nacional, constituida contra las reformas de las Antillas. El partido de Sagasta se retira de las cortes el 17 de diciembre; el día 21 se anuncia la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y el día 23 en el Casino Español de La Habana los esclavistas dirigen sus protestas directamente al

rey. El

proyecto de ley

abolicionista llega a las cortes el 24 de diciembre y el día de Navidad se reúne la Diputación de la nobleza española, que se pronuncia en contra de la ley. Los primeros días de enero son muy agitados y la Liga lleva a cabo actos en todas las ciudades, casi siempre dirigidos por alfonsinos. Reclutan y pagan voluntarios para Cuba e inundan las cortes de escritos en contra de las reformas. Pero el gobierno no cede. El 10 de enero de 1873 era el manifiesto de la Liga Nacional contra las reformas del gobierno y el 15 se reanudan las sesiones en las cortes con la secularización de los cementerios, reforma de los impuestos sobre títulos de la aristocracia, y la abolición de las quintas. La Liga Nacional arrecia en sus movimientos y en la Habana se unen los hacendados y propietarios. Estallan entonces problemas entre los artilleros, por los cargos dados al general Hidalgo y con los que un sector del ejército no está de acuerdo. Córdoba releva a Hidalgo y él mismo remite, pero eso no les basta a los artilleros, que solicitan ser licenciados. Se reorganiza la artillería con otros oficiales y se asciende a los sargentos. El rey no está cómodo, sobre todo porque su esposa se quiere ir de España. Tiene en contra

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a toda la aristocracia y no se encuentra con fuerzas para luchar más. El rey abdica y la familia al completo sale el 12 de febrero hacia Portugal.

La I república.

Se proclamó la República y se eligió como presidente a Figueras. Castelar tenía la cartera de Estado; Pi la de Gobernación, Nicolás Salmerón la de Gracia y Justicia y Francisco Salmerón en Ultramar. La mayoría de la cámara pertenecía a los progresistas radicales, y con los demócratas y federales optaron por

una

solución

republicana.

Pero

había

muchos

proyectos

e

intereses

contrapuestos, y la impaciencia provocó la unión entre los republicanos. Las clases propietarias, apoyadas por moderados y progresistas, no dejaron de conspirar para destruir el programa político de la República.

El primer gobierno fue de coalición de radicales y republicanos. La respuesta a la abdicación de Amadeo de Saboya provocó que las Juntas revolucionarias sustituyesen a los ayuntamientos donde no gobernaban los republicanos y se empezaron a ocupar las tierras y a realizar levantamientos sociales. Se da el odio del pobre contra el rico y desde el primer día se propagó la idea de que la República era el equivalente del caos. A los diez días de proclamarse, en la plaza de San Jaime de Barcelona los ciudadanos se manifestaban para pedir el estado catalán. Las diputaciones catalanas acordaron constituirse en estado federal, quitaron a los militares del mando y los convirtieron en un ejército de voluntarios. Pi y Margall, el ministro de la Gobernación, era partidario del federalismo y debía canalizar las aspiraciones plurales. Para los federales no era fácil cuadrar el mando militar con los escasos generales adeptos, que solo eran Contreras y Nouvilas. Las presiones eran de tal calibre y había tal envalentonamiento en algunos sectores militares, que se temió que hubiese una guerra civil. Figueras acaba dimitiendo y para contentar al pueblo se abolieron las quintas. Martos asume la presidencia,

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pero no es capaz de formar gobierno. Figueras vuelve y nombra un gabinete con solo dos ministerios para los radicales, los de Guerra y Marina. Pi ordena la disolución de las Juntas y ordena la reposición de los ayuntamientos, además de restablecer los cuerpos de Voluntarios que Sagasta había disuelto. Eran el contrapeso al ejército. La abolición de quintas se pensaba suplir con la afluencia de voluntarios, pero al ser mayor la paga de los voluntarios, en el Ejército había un descontento permanente. Por lo tanto hay dos Fuerzas Armadas, una de jornaleros y parados y otra de militares, partidarios de la monarquía y de Alfonso de Borbón.

En

Cataluña

chocan

las

revueltas

carlistas,

la

influencia

internacionalista obrera, las aspiraciones federales de contenido catalanista y las disputas entre federales intransigentes y el gobierno republicano. Al haber proclamado el estado catalán, la Diputación de Barcelona se convierte en la máxima autoridad militar, por encima del general Contreras. El gobernador civil telegrafía a Pi a Madrid informándole de una manifestación de soldados que piden la licencia absoluta al haberse abolido las quintas. Pi negocia con la visita de Figueras, y cuando llega se entrevista con los representantes de las diputaciones catalanas y de Baleares, y logran, por el momento, calmar los ánimos.

Los trabajadores participan cada vez más, uy no solo en Cataluña, sino prácticamente en todos los lugares de España. Esto no se trata de encauzar como una lucha de clases, al estilo de lo que se hace en el extranjero, sino como lo que llaman “humanismo popular”, doctrina mediante la cual se pensaba que el poder se podía alcanzar desde abajo, mediante la fraternidad ciudadana de personas y pueblos. Pero entre tanto los carlistas hicieron de su guerra una cruzada nacional, enarbolando la bandera del catolicismo frente a una república atea y anticlerical.

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El gobierno toma la medida de legalizar y hacer vigente la constitución de 1869, salvo los artículos sobre la monarquía. Como tareas más urgentes está abolir de manera definitiva la esclavitud, organizar los Voluntarios de la república como fuerza militar ciudadana, sin por eso disolver el ejército, y abolir los títulos aristocráticos. Eran medidas que no bastaban para las expectativas de muchos sectores. En Málaga los internacionalistas habían desbordado a los federales, se impusieron al ejército y solo con la intervención de Castelar se restableció la legalidad. En Barcelona,

Andalucía y Extremadura también hubo

rebeliones. Los jornaleros no esperaban la decisión del gobierno y ocupaban directamente

las

tierras.

También

en

Galicia,

Valencia

y

Cataluña

había

levantamientos campesinos. En marzo de 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico y se aprueba también la supresión de la matrícula de mar, o sistema de reclutamiento entre la población marinera.

Las clases propietarias fueron pasto del pánico y sus capitales los llevan a Biarrizt, donde muchos de ellos conspiran para derribar la república, aunque antes lo intentan desde dentro. Las conspiraciones se aceleran y el general Serrano prepara una asamblea para quedarse él mismo el poder después de quitárselo a los federales. Pero al muerte de la esposa del presidente Figueras obliga a posponerlo, y mientras tanto Pi desmonta la maniobra sin derramar ni una sola gota de sangre. Cumplió con la legalidad y esperó a que se reuniese la Asamblea Constituyente. Las elecciones se celebran los días 10 y 13 de mayo, y se rebaja la edad de voto a los 21 años. Fueron unas elecciones limpias en medio de una intensa campaña de las fuerzas conservadoras, que provocaron el retraimiento y la abstención. Las comarcas del norte vasco y catalán respiran un clima muy inestable y la abstención es del 60%. La prensa conservadora exageraba el desorden y los carlistas exacerban a las partidas.

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El 1 de junio de 1873 se abre la Asamblea Constituyente, presidida por José María Orense, aunque luego le sustituye Francisco Salmerón. Figueras dimite y forma gobierno Pi y Margall, que a su vez continua siendo ministro de Gobernación. No logra que ni Castelar ni Salmerón acepten ningún ministerio, sino que encabezan un federalismo sin contenidos sociales, mientras que el ala izquierda, con Barcia y Contreras al frente, se decantan por la revolución social. En el centro se queda un grupo de diputados que fluctúan entre ambas tendencias. Las decisiones en la cámara son difíciles a causa de las divisiones y porque a veces había falta de quórum. El problema estaba en que los diputados tenían que ganarse la vida y el traslado desde provincias a la capital en ocasiones era demasiado gravoso. Hubo un intento por parte de los moderados de que volviese Figueras al frente de la república, y la capital se convirtió en un hervidero de rumores acerca de un golpe. Por fin Pi pronuncia el discurso de apertura de las cámaras y pide que se elabore una nueva constitución, a la par que anunciaba algunas reformas inmediatas:

•

Reparto de la propiedad agraria

•

Jurados mixtos de obreros y fabricantes en el ámbito laboral

•

Control del trabajo infantil

•

Implantación de la enseñanza pública, gratuita y obligatoria

•

Separación de la Iglesia y el estado

•

Abolición de la esclavitud en Cuba

•

Garantizar un sistema de ascensos entre los militares

Se elabora todo un plan de reforma agraria, comprometiéndose a revisar los jornales en las tierras comunales y de propiedad municipal. Se establece la propiedad colectiva de bosques y pastos bajo el control de los ayuntamientos. Lo que más preocupaba a los propietarios era el proyecto de revisar el reparto que se

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había hecho de las tierras desamortizadas. Por primera vez en la historia de España se establece un salario mínimo y se trata de proteger el trabajo femenino, sobre todo sus condiciones. Se pretende también suprimir la herencia colateral, y dejar solo una quinta parte para herencia directa al beneficiario. Se preveía también la expropiación sin indemnización por utilidad pública, o expropiar las tierras sin cultivar por sus dueños durante un mínimo de cuatro años. Todas estas reformas en 1873 sonaban a socialismo revolucionario. El 17 de julio se presenta a las cortes el nuevo texto constitucional, y aunque no llega a promulgarse, conviene conocer sus principales puntos. La principal novedad está en el título preliminar, que expone una declaración de derechos humanos que significa entonces un enorme impulso histórico: derecho a la vida, a la seguridad y dignidad humana, al libre ejercicio de todos los derechos individuales. El título primero se dedicaba a la Nación española, que se definía como un conjunto de estados y por otra parte de territorios, que poco a poco se irían convirtiendo en estados (aquí se mencionaban las principales colonias). El título dos hablaba de los españoles y sus derechos y obligaciones. Desde los títulos tres al catorce se habla de la regulación de la separación de poderes, o de las relaciones compartidas entre el municipio, el estado regional y el estado federal o nación. Esta fórmula era nueva en el constitucionalismo español, y era ya plenamente moderna y democrática.

El texto constitucional fue redactado con rapidez para evitar nuevas insurrecciones federales, pero los acontecimientos se precipitaron, y el 21 de junio Pi y Margall formó un gabinete para poder arreglar el problema de la deuda y acometer las reformas más urgentes. Pidió poderes extraordinarios para dominar a los carlistas y los alfonsinos, que reavivaban la influencia de Serrano entre los militares. Pero la intransigencia de los federales y los internacionalistas minaba la fuerza del gobierno y la última semana de junio fue especialmente tensa en Cataluña. Pero lo peor en tensiones todavía llegaría en el mes de julio, en Andalucía, Murcia y Valencia. Hubo motines sociales pidiendo tierras y en Sevilla se

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organiza un comité de seguridad pública con el ¡nternacionalista Mingorance al frente. Se proclama un cantón, a imagen de los cantones suizos, y reducen la jornada laboral a ocho horas, y los alquileres en un 50%. También confiscan los bienes de la Iglesia y las tierras sin cultivar y las reparten entre los jornaleros. El gobernador La Rosa, nombrado por Pi, restableció el orden.

Los

carlistas

amenazaban

las

ciudades

de

Irún

y

Bilbao,

chantajeando a la compañía ferroviaria del norte, que debía pagar mil pesetas diarias para verse libre del terrorismo de las partidas. El cura Santa Cruz ejecutaba en masa a los carabineros del estado, y lo mismo hacía Savalls en Cataluña. Tenían además el apoyo internacional de los zuavos pontificios o los legitimistas franceses. Además la república francesa no había reconocido a la española. Por eso el 30 de junio se discute en la Asamblea la suspensión de las garantías constitucionales, y se rechaza que sea sólo en las provincias vascas, pues se pretende ampliar a todo el territorio. Los federales intentan presentar una enmienda para evitarlo, pero pierden y deciden retirarse de las cortes. El 10 de julio el periódico La Justicia Federal publica el manifiesto del comité madrileño de Salvación Pública, presidido por Roque Barcia, donde se pide que se formen comités análogos en las provincias, con el proyecto de preparar levantamientos en todo el territorio. En Alcoy se inicia una huelga en el sector de la papelería, que los seguidores de Bakunin intentan convertir en huelga general. Se adueñan del ayuntamiento, arrasan fábricas y casas y matan a varios agentes de la Guardia Civil y al alcalde. Los sucesos desbordan al gobierno, y por si fuera poco el 11 de julio se celebra un mitin en Cartagena y esta ciudad se convierte en el centro de la revolución federal cantonal. Tiene que trasladarse Contreras desde Madrid para hacerse con el mando. Al día siguiente de presentar en las cortes el proyecto constitucional, Pi decide dimitir porque no quiere hacer uso de la fuerza para restablecer el orden. Es Salmerón quien preside ahora el gobierno. Pero también tiene que sufrir el ataque cantonal propugnado por Barcia, pues se proclaman cantones en toda España. Había terminado la fórmula

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conciliadora de Pi y Margall. Pero, ¿Qué significó el cantonalismo? No fue un movimiento partidista ni independentista, sino que en la mayoría de los casos se trataba de los federalistas más intransigentes que intentan llevar más allá las reformas más urgentes. Pretendían sobre todo redistribuir la riqueza nacional y la propiedad de la tierra, porque este era el mayor conflicto durante todo el siglo XIX. Los cantonales estipulaban que las fincas sin cultivar por sus dueños durante cinco años pasarían al municipio, y con éstas y las tierras comunales se harían lotes para entregarlas a los colonos. Pero también pretendían acabar con los privilegios feudales y por eso querían abolir los gravámenes perpetuos. Establecen en cuanto a la manera de gobierno, que ningún sueldo pasivo excedería de los 12.000 reales, y ningún sueldo público superaría los 2.000 duros. Se suprimían los coches concedidos a funcionarios y se abolían los gastos imprevistos y los gastos secretos. También pretendían establecer una contribución sobre el capital, y crear bancos agrícolas, industriales y mercantiles. Los tres focos donde el cantonalismo de 1873 actuó con más fuerza eran Valencia, Andalucía y Murcia, pero también tuvieron su importancia en Salamanca o Toledo. En Cataluña el carlismo dificultó los movimientos federales, que además ya se encontraban bastante divididos.

Los federales seguidores de Castelar y Salmerón temían que los intransigentes les empujaran hacia el caos internacionalista, ya que la experiencia de la Comuna de Paris les había calado muy hondo. Por eso Salmerón organizó tres expediciones militares para someter a los federales cantonalistas, y puso al frente de las mismas a Pavía, Martínez Campos y López Domínguez. Reorganizó el cuerpo de artilleros, reponiendo a los cesados por Ruiz Zorrilla y disolvió los regimientos que habían confraternizado con los cantonales. Declaró piratas a los buques sublevados en Cartagena e invitó a las escuadras inglesa y alemana a intervenir. Abrió también la persecución contra la Internacional. Pavía en Andalucía y Martínez Campos en Valencia, acabaron con los cantones. Cartagena se resistió más al general López Domínguez, y al final hubo una dura represión. Al llegar a España el

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pretendiente del carlismo, Salmerón decreta la militarización de los Voluntarios de la República y nombra a generales alfonsinos para derrotar a los carlistas. Los alfonsinos, al tener mayor poder, conspiran abiertamente; y Cánovas había sido nombrado por Isabel II como jefe oficial de los alfonsinos. El principal problema para la República estuvo no solo en el recrudecimiento de la guerra carlista, sino en haber perdido el control de las bases federalistas y haber tenido que recurrir a la jerarquía militar. Hubo combates muy sangrientos con los carlistas en Estella, Pamplona, Bilbao. El pretendiente establece en Estella su cuartel general. Serrano es sustituido por Moriones, que logra limpiar Aragón y derrotar a los carlista en Belabieta.

En Madrid Salmerón se mantiene impasible ante las ejecuciones sumarias que Pavía ordena cuando disuelve el cantón de Sevilla, pero dimite de la presidencia del gobierno porque la Asamblea no vota en contra de la pena de muerte. Se elige ahora a Castelar como presidente de la República y Salmerón pasa a presidir las cortes. A Castelar se le conceden plenos poderes para acabar con el carlismo y empieza a gobernar mediante decretos, aunque a decir de la mayoría de los historiadores, no abusó demasiado del poder concedido. Moviliza a los reservistas y encomienda la dirección de la artillería al general Zavala, que aumenta la persecución de los internacionalistas. Se restablece la censura de prensa y se hacen rotundas manifestaciones en contra de todo lo que se asemeje al internacionalismo o socialismo.

Pero la guerra en Cuba también se recrudece, porque la República había suscitado nuevas esperanzas, pero también miedo entre los esclavistas. En julio de 1873 el federal Soler Capdevila presenta a la Asamblea el proyecto de extender a los cubanos todos los derechos de la constitución de 1869, sin atender a los esclavos, pero se opone la mayoría de la cámara, porque pensaban que la distancia geográfica y sus diferencias no permitían una igualdad. Castelar trata de

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racionalizar la justicia y que la provisión de jueces dependa, como en España, del Tribunal Supremo. Pero la presión de la Liga Nacional seguía siendo tan fuerte como en los tiempos de Amadeo de Saboya, y piden un aplazamiento en las reformas.

Los republicanos no tuvieron fuerza para tomar decisiones mas coherentes y la guerra seguía desarrollándose con ferocidad, porque además los voluntarios españoles practicaban la política de la “tierra quemada” no solo contra los sublevados sino contra cualquier sospechoso de colaborar con ellos. Hubo un conflicto con Estados Unidos cuando el barco Virginius, bajo bandera americana, intentó desembarcar en Cuba a varios independentistas, y las autoridades españolas mandaron fusilar a los tripulantes y a los pasajeros. Los Estados Unidos reclamaron una indemnización y el gobierno de Castelar accede a todas las peticiones para evitar que estalle la guerra. La esclavitud en Cuba sigue sin resolverse y la organización constitucional de la isla tampoco avanza.

Se trata de acabar con el carlismo y establecer el mecanismo político para que cuando a principios de 1874 acabe el período de excepcionalidad de Castelar se pueda volver a la normalidad. Los carlistas seguían siendo los señores del norte, e incluso para no tener mala prensa declaran en rebeldía al cura Santa Cruz. Conforme se avecinaba el 2 de enero las maniobras en contra de la República arreciaban, tomando como caballos de batalla el carlismo y la esclavitud. Castelar estaba dispuesto a aplazar cualquier decisión para acabar antes con el carlismo y por eso Salmerón se convirtió en su enemigo y criticó que la república dependiera cada vez más de los generales alfonsinos. Se aproxima Salmerón a Pi y a Figueras, mientras que Castelar se entrevista con Pavía el día de Nochebuena, y éste le propone aplazar la apertura de las cortes. Castelar ya había confesado a otros generales que estaba dispuesto a los mayores sacrificios para traer de nuevo el orden a la patria, pero siempre dentro de la legalidad, sin movimientos golpistas.

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Pero Pavía ya estaba preparando un golpe.

El 2 de enero de 1874 Castelar defiende ante las cortes el uso que ha hecho de los plenos poderes que le han otorgado y pide un voto de confianza para seguir en la misma situación. Pretende formar dos partidos republicanos: el conservador y el progresista, pero Salmerón lidera la oposición y Castelar sale derrotado en la votación. Se negocia un gobierno con

Eduardo

Palanca

al

frente,

porque

era

partidario de la abolición de la esclavitud en Cuba. Por eso al día siguiente el general Pavía ocupa con sus tropas las calles de Madrid y él mismo entra en las cortes a caballo mientras se hacía el escrutinio para el nuevo presidente del ejecutivo.

Como

Castelar

todavía

era

el

presidente, destituye a Pavía y aunque recibe el voto de confianza que antes se le había negado, ya es demasiado tarde: los soldados ocuparon el salón de plenos y dispararon para asustar a los diputados, que acabaron disolviéndose. Sólo en Zaragoza y Barcelona se presentaron Voluntarios de la Libertad como resistentes. Como nadie se pone de acuerdo, Pavía amenaza con la dictadura, y por eso los radicales, los unitarios, conservadores y republicanos deciden acudir de nuevo al general Serrano, quien forma un gabinete con personas de la antigua Liga Nacional, pero también radicales. De nuevo el gobierno suspende las garantías constitucionales y declara vigente la Ley de Orden Público de 1870. Enseguida este gobierno recibe el reconocimiento de Alemania y de las naciones latinoamericanas. Se vuelve a decretar la disolución de la Internacional y se deporta a muchos internacionalistas y cantonalistas. Pero todavía quedaba pendiente acabar con el ejército carlista para volver a restaurar un régimen que

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aún no estaba claro cual sería. Se dudaba entre volver a la legalidad de 1869 o crear una nueva. La esclavitud desencadena una nueva crisis de gobierno mientras los carlistas asedian Bilbao, que era el bastión del movimiento. Serrano toma el mando y acaba con el asedio, pero tiene que marcharse a Madrid a causa de la crisis ministerial que se ha mencionado a causa de la abolición gradual de la esclavitud en Cuba. Los carlistas se recuperan y traen de cabeza a los generales del gobierno. Aunque también en el bando carlista hay rivalidades

e intrigas, sobre

todo en torno al pretendiente, quien se vería obligado a reafirmar sus sentimientos católicos y monárquicos en un manifiesto. Desde mayo de 1874 Serrano había encomendado el gobierno al general Zavala, que forma gabinete sin los radicales, afirmando que representaban el espíritu de la regeneración nacional de 1869. Sagasta se hizo con las riendas del poder y no está atento a controlar a los alfonsinos, que bajo la dirección de Cánovas promovieron abiertamente la vuelta del candidato Alfonso de Borbón. Las incursiones carlistas eran cada vez más atrevidas y el hermano del pretendiente recorre la zona de Levante recaudando más de un millón de reales, hasta que cae prisionero y es condenado a muerte. Cuando ya las conspiraciones alfonsinas se hacen demasiado notables, el gobierno condena al destierro a los alfonsinos más destacados, pero la conspiración continua bajo las riendas de Cánovas. En su cumpleaños, Alfonso de Borbón publica un manifiesto desde la Academia militar inglesa de Sandhurts, usando la forma de una carta dirigida a los compatriotas que lo han felicitado y propone claramente la vuelta de la monarquía borbónica. Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874, se restaura la monarquía, y el gobierno de Cánovas actúa sin cortapisas, intentando contrarrestar las medidas del Sexenio Revolucionario.

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Tema 7. Alfonso XII y la Restauración. La instauración de un nuevo sistema político. Su funcionamiento (1874-1885).

Razones para una Restauración.

Los fundamentos de la Restauración están profundamente ligados al período inmediatamente anterior, el Sexenio Revolucionario. España había pasado por muchos vaivenes políticos, todos ellos con finales desgraciados:

•

Guerra carlista en el Norte

•

Levantamiento cantonal en Levante y en el Sur

•

Insurrección de las colonias

•

Problemas con el ejército, la Iglesia, y en el campo y las ciudades

Había ya muchos grupos sociales que añoraban una estabilidad, y aflora la mentalidad conservadora. La iglesia apoyaba a los contrarrevolucionarios y el Ejército deseaba un régimen estable, porque los experimentos revolucionarios ya habían ido demasiado lejos. Existía también el miedo a que llegasen a España corrientes externas como el socialismo, la Comuna o la Internacional. Incluso los progresistas que habían apoyado la transformación del gobierno y de la sociedad, reconocían que no se habían cumplido sus expectativas. En ese ambiente se hace posible la propuesta de Cánovas, que cuenta con distintos apoyos:

1. El partido alfonsino, que pretende restaurar la Monarquía, pero con unos nuevos presupuestos. Alfonso, hijo de Isabel II, sería el rey propuesto; de

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formación liberal conservadora, capaz de convivir con las tendencias progresistas y republicanas, siempre que éstas se atuvieran a las reglas del juego. Debía de nacer la nueva monarquía dentro de un sistema parlamentario, basado en la alternancia de partidos en el poder. El líder del partido era el propio Antonio Cánovas

del

basaban en

Castillo.

Sus

ideas

se

un modelo de sociedad que

defendiera el orden, la seguridad y la propiedad. El programa político alfonsino se reflejó en el Manifiesto de Sandhurst y fue dado a conocer por el propio príncipe el 1 de diciembre de 1874, desde esta Academia Militar donde cursaba estudios; aunque el texto estaba realmente redactado por Cánovas. Lo que se pretendía era conseguir adeptos a la causa alfonsina. Se explicaba que la pretensión era llenar con la legitimidad dinástica el vacío político y jurídico que había desde el Sexenio; y el futuro rey hacía hincapié en que no habría ninguna tutela por parte de su madre, la reina Isabel. Se presentaba una propuesta integradora, en donde había cabida para todas las opciones que aceptasen las normas del régimen político. La soberanía sería compartida por el rey y las cortes, y se inspiraba en el catolicismo y el liberalismo, aunque habría tolerancia en cuestiones religiosas. 2. Círculos coloniales; grupos de la burguesía que tenían intereses en Ultramar y estaban inquietos ante los proyectos antiesclavistas y las reformas del Sexenio. Los principales apoyos venían de la burguesía catalana y valenciana, y también una parte del Ejército que estaban descontentos con la política débil que se hacía en Cuba. 3. El ejército fue otro de los grandes apoyos, sobre todo los oficiales a los que el general Serrano había dado el mando militar en la lucha contra el

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carlismo. Estaban todos bastante vinculados al grado de los círculos coloniales, como ya se ha resaltado.

¿Hubo una implicación militar en los orígenes de la Restauración? La mayoría de autores destacan que aunque Cánovas no descartó del todo esta posibilidad, e incluso hizo planes en este sentido, prefería que se hiciera mediante una proclamación en las Cortes. Aún así, quería asegurarse el apoyo del Ejército, aunque temía que los militares más reaccionarios se hicieran con el control de la situación, e incluso pudiesen alterar el curso de los acontecimientos. Recelaba de los sectores del Ejército afectos

a los antiguos moderados. Desde que recibe en

1873 el encargo de Isabel II de dirigir el partido alfonsino, piensa Cánovas en la posibilidad del pronunciamiento militar, e incluso se lo llega a plantear al general Manuel de la Concha, aunque la muerte de éste hace imposible cualquier plan. A principios de noviembre de 1874 Cánovas se reúne con los principales militares alfonsinos en la casa del conde de Cheste; y un mes después había ya más de veinte generales afectos de las principales guarniciones. Sólo faltaba que Cánovas se decidiera por el procedimiento más adecuado. Quizá los más activos para el cambio fuesen los alfonsinos valencianos, que además gozaban de un capital para ello, y Martínez Campos era proclive a la sublevación. De hecho el día 28 de diciembre marcha sobre Sagunto al frente de las tropas sublevadas y proclama rey de España a Alfonso de Borbón, dando cuenta luego al general Jovellar, jefe del Ejército del centro, quien decide secundar el levantamiento y toma el mando. En Madrid Primo de Rivera también apoyaba la sublevación, al igual que el Ejército del Norte. Cánovas entiende que el proceso está ya fuera de su control, y teme que grupos ajenos tomen demasiado protagonismo; por lo cual se distancia de las acciones de los militares. Deja claro que su deseo era traer la monarquía por medios pacíficos. Califica lo ocurrido de una “botaratada” y se reafirma como un político contrario a los pronunciamientos militares. Pero Martínez Campos y los demás generales le sorprenden poniéndose bajo sus órdenes. Serrano decide no

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presentar resistencia y abandonar el poder. Cánovas queda al frente con la tarea de formar gobierno.

El proyecto político de Cánovas.

Había nacido Cánovas en Málaga en 1828, en una familia de clase media. Estudia Periodismo, Derecho y Humanidades, y se traslada pronto a Madrid para tomar posesión de un empleo en la compañía de Ferrocarriles. Se afilia al Partido Moderado y más tarde a la Unión Liberal, y participa en la revolución de 1854 que había acaudillado O`Donnell, que fue su protector político. Llegó a ser ministro de la Gobernación y cuando estalla la revolución de 1868, se aparta de la vida pública, aunque luego la reina Isabel le llamaría desde su destierro en Paris, para que preparase la Restauración. Estaba influido por las dos grandes corrientes conservadoras del momento: el doctrinarismo francés y las ideas del británico Edmund Burke. Había estudiado la época de los Austrias y de ahí nacen sus ideas sobre la grandeza de España. Siempre quiso conjugar la Historia con la Política, y creía firmemente en la separación de poderes, como garantía de los derechos individuales y del estado liberal. Era conservador en la manera de ver la vida, pero prudente en muchas cuestiones sociales y religiosas; y siempre manifestó independencia respecto de la Iglesia Católica. González Cuevas le describe como conservador en lo ideológico, en lo político y en lo social, pero también tolerante y respetuoso con quienes no pensaban como él. Su proyecto político promulgaba un régimen liberal, estable y conciliador, que permitiera resolver problemas e impulsar un crecimiento económico. Consideraba unos presupuestos básicos para conseguir lo que se había propuesto:

1. monarquía constitucional y parlamentaria, con el rey como eje de todo el sistema

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2. una constitución abierta y tolerante 3. un parlamento representativo, donde tuvieran cabida los distintos grupos, siempre que aceptasen las reglas del juego. 4. un poder civil respaldado por partidos políticos sólidos y capaces de alternarse en el poder. 5. fin de los pronunciamientos militares como forma de cambiar de gobierno. Para ello el rey sería el jefe supremo del Ejército.

Cuatro aspectos fueron los pilares básicos fundamentales para que el sistema funcionase:

1) la creación de dos grandes partidos que se alternaron en el poder, que no fueron otros que el conservador de Antonio Cánovas del Castillo, y el liberal de Mateo Práxedes Sagasta. Aunque cada uno de ellos tenía procedencias distintas; el primero venía de la Unión Liberal, y el segundo del Partido Demócrata,

ambos

defendían

unas

reglas

comunes,

aún

dentro

de

propuestas diferentes. 2) Existía una elite de dirigentes unidos en una misma red de intereses. 3) Se pactó entre las distintas fuerzas políticas un pacto de gobierno 4) Se utilizó una estructura caciquil para lograr, a nivel local, conseguir los votos deseados.

Los dos partidos principales estaban de acuerdo con el sufragio restringido, y los controlaban notables salidos de la revolución liberal del siglo XVIII, y elementos de las clases medias. Su base electoral era bastante estable y sólo incluía a una pequeña, aunque influyente, parte de la población. Había una especial vinculación entre la clase política y los más poderosos de la sociedad, según se refleja en la obra de Varela Ortega, Los amigos políticos. Muchos de los políticos pertenecían a la clase media que había mejorado

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socialmente; pero detrás estaba la elite del poder; miembros de la Iglesia, del Ejército, burgueses y dueños de periódicos. La vinculación entre las decisiones de los gobernantes y los intereses de la oligarquía social hace que Tuñón

de Lara hable de bloques de poder. Por eso puede afirmar que el

poder político de la Restauración descansa en la intangibilidad de la propiedad agraria, libertad industrial y mantenimiento del régimen colonial. Aunque otros autores, como Varela ortega, observan diferencias entre el comportamiento de los políticos y los intereses de los círculos económicos, aunque otros autores abundan también en apuntar que no debemos olvidar el peso que en las decisiones de política arancelaria tuvo el contexto internacional y la red de tratados de comercio.

Cuando se inicia la Restauración todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que faltaba un electorado independiente, porque la sociedad civil

carecía

de

peso

político.

Los

resultados

de

las

urnas

no

se

correspondían con la libre decisión de los votantes, y en realidad era el gobierno, junto con los responsables de los partidos y los notables rurales o provinciales quienes diseñaban los resultados. El rey nombraba jefe de gobierno según el consenso

de las fuerzas políticas, que pactaban la

alternancia en el poder. A pesar de la irregularidad del sistema, ni Alfonso XII ni su esposa María Cristina cuando fue regente, nombraron jefe de gobierno de manera arbitraria, sino que siempre respetaron el pacto entre partidos. Señala Carlos Dardé que Cánovas lamentaba la falta de un electorado independiente, pero también tenía plena consciencia de que así era más sencillo el ejercicio del poder. Para él la legitimidad del poder no consiste tanto en que se traduzcan fielmente los deseos de los electores como que el sistema funcione de manera correcta. Una figura esencial en este engranaje es la del cacique local o regional, que controlaba el comportamiento de su circunscripción. La existencia de los caciques ha de

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entenderse en el contexto de la España del siglo XIX, que era en su mayoría rural y estaba poco preparada para la

política; sobre todo porque había

muchas zonas rurales que vivían completamente aisladas. La función del cacique era dirigir el voto de la población, que carecía de una idea clara sobre las diferencias entre los distintos partidos; y a cambio de los votos, el cacique distribuía favores. Los políticos nacionales, a la hora de diseñar los resultados de las elecciones, debían asegurar una mayoría suficiente que asegurase el gobierno, sino también satisfacer las necesidades de los partidos

de

la

oposición.

Este

proceso,

de

todos

modos,

se

fue

transformando a lo largo de la Restauración; porque la evolución económica y cultural trajo consigo un índice más elevado de información y de voluntad participativa; sobre todo en los núcleos urbanos e industriales. Cada vez en mayor medida, los partidos tuvieron que buscar otros medios para lograr los votos deseados y el sistema parlamentario dejó de ser una estructura ficticia.

Balance.- Casi todo el mundo está de acuerdo en que Cánovas era un hombre moderado y conciliador, y se le ha tildado de hombre de estado realista y pragmático; pero también ha habido autores que han considerado que implantó un régimen demasiado cerrado y autoritario, haciendo especial hincapié en el fraude electoral, o en el desequilibrio entre los distintos poderes. Es decir, que el régimen era estable y liberal, pero no democrático. De todos modos, resolvió muchos de los problemas de España y la dotó de una constitución

abierta y de larga duración. Aunque consiguió la

pacificación después de las guerras carlistas y el fin de la guerra colonial de 1878, permitió el caciquismo y la desvirtuación electoral para conseguir sus fines de gobierno. Apoyó a unos sectores muy restringidos y careció de un espíritu verdaderamente reformista. Dotó al ejecutivo de excesivo poder.

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Pero a pesar de todo, la Restauración tuvo algunas consecuencias buenas para España.

•

Se sentaron las bases de un estado liberal.

•

Se instrumentalizó el pacto y el diálogo y se relegó a solución armada a un segundo término.

•

Se aprobaron grandes leyes que ayudaron a consolidar el estado de Derecho

•

Se reestructuró la administración y la Justicia.

•

Se incorporó el sufragio universal masculino

•

Se crearon estructuras básicas para intentar superar el atraso industrial de España.

•

Se forjó una nueva sociedad civil y profesional, con las clases medias como nervio central de la sociedad.

•

Crecieron las grandes ciudades y los servicios y el mundo cultural tuvo una evolución positiva.

Es verdad que también hubo problemas, uno de los más graves la pérdida de las colonias; pero en líneas generales la mayoría de los contratiempos ocurrieron debido a la situación de toda Europa, a la que España no podía ser ajena. Quizá lo más

grave

fue

que

no

se

evolucionó

hacia

un

sistema

constitucional

y

parlamentario verdaderamente democrático, debido sobre todo a los impedimentos de la oligarquía gobernante.

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Los gobiernos conservadores. 1875-1880

Este primer período de la Restauración estuvo en manos de los conservadores, aunque no siempre con Canovas al frente del gobierno. Podemos hacer una sencilla división:

a. De enero a septiembre de 1875 es el primer gobierno de Cánovas b. De septiembre a diciembre de 1875 gobierna Jovellar; porque debiendo convocar elecciones con sufragio universal masculino, prefirió que fuese otro quien lo hiciese. En el fondo, a él no le agradaba esta fórmula. c. Del 3 de diciembre de 1875 hasta marzo de 1879 es el segundo gobierno presidido por Cánovas. d. Desde marzo a diciembre de 1879 toma la presidencia Martínez Campos, para intentar poner en práctica los términos de la Paz de Zanjón, firmada en Cuba. e. Hasta febrero de 1881 es el tercer gobierno de Cánovas.

Pero en realidad el verdadero líder del partido conservador siempre fue Cánovas y nadie más. El partido provenía de la fusión del Partido Moderado y de la Unión Liberal. Sus objetivos se reflejaron en el llamado “Discurso de los Notables”, que se difundió el 9 de enero de 1876, donde expresaban sus propósitos de afianzar las conquistas del mundo moderno para España, defender el orden público y social y asegurar una convivencia en paz de todos los españoles. Pero en el partido no había unanimidad, sino que se alineaban diferentes opciones, y en los primeros tiempos Cánovas tiene que luchar con los más conservadores, que pretenden restituir la constitución de 1845, prohibir todo culto no católico y que vuelva a

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España Isabel II. Solo hace algunas concesiones, como abolir el matrimonio civil o cerrar algunos templos y escuelas protestantes. Pero deseaba

una nueva

constitución y logra el apoyo del grupo de Manuel Alonso Martínez, escindido del grupo de Sagasta. Los moderados fueron quedando aislados del poder. El 31 de diciembre de 1874 se constituyó un Ministerio de Regencia, presidido por Cánovas. A Martínez Cánovas, que había hecho el pronunciamiento militar se le nombra capitán general de Cataluña, pero no tiene cargo alguno en el Ejecutivo. En enero de 1875, cuando llega Alfonso XII a Barcelona, confirma mediante un Real Decreto todos los nombramientos hechos por Cánovas. Se trata de que el rey sea la pieza clave de todo el régimen y se le nombra jefe del Ejército, que quedará supeditado a su autoridad. Se nombran representantes del nuevo gobierno en todo el país ys e trata de aunar el texto legal de 1845 con el de la constitución de 1869. en el calendario político hay varias fases:

1) En mayo de 1875 se convoca una asamblea de antiguos senadores y diputados monárquicos para que elaboren un texto constitucional. Alonso Martínez es el presidente y se trata de hacer un texto inspirado en la idea del consenso. 2) Se convocan elecciones generales para elegir unas cortes constituyentes, con el fin de aprobar luego la constitución. La fórmula es el sufragio universal, y por eso Canovas se desliga del gobierno, porque en el fondo no le gusta este sistema, y toma las riendas del gobierno Jovellar, aunque por poco tiempo. Las elecciones se convocan mediante sufragio universal; pero se hace especificando que es con carácter excepcional. 3) Romero Robledo, ministro de la Gobernación, reconduce el resultado de las elecciones hacia la posición más conveniente. 4) El partido conservador obtiene una amplia mayoría, a pesar del alto grado de abstención.

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5) Una vez constituidas las cortes, se aprueba la constitución, que entra en vigor el 2 de julio de 1876.

La constitución de 1876 era un texto flexible, que podía tener distintas lecturas en aquellos puntos de mayor conflicto, porque aspiraba a convertirse en un marco legal estable y duradero. Manuel Alonso Martínez fue su autor, aunque siguiendo las ideas de Cánovas. Hay influencias en ella de la constitución de 1837, de la de 1845 y de la de 1856 y 1869. Era bastante corta, con tan solo 89 artículos y con unos aspectos destacables:

1. estado unitario y centralista, con separación de poderes 2. soberanía compartida entre las cortes y el rey, aunque éste se convertía en el eje principal del régimen; pues legislaba al lado de las cortes, promulgaba y sancionaba leyes; y nombraba al jefe de gobierno, ministros y funcionarios públicos. Tenía el mando de las FFAA. 3. las cortes eran bicamerales: el senado representaba a las distintas fuerzas sociales, con carácter un tanto elitista, y el congreso representaba más los intereses generales. No había criterio fijo para elegir a los diputados, se dejaba la decisión al partido en el gobierno. 4. el jefe de gobierno debía contar con el apoyo del rey, de las cortes y de su partido. 5. todo partido o asociación que no respetase el marco legal, quedaba fuera de juego 6. estado aconfesional; aunque la religión católica se proclamaba como la oficial; pero reconociendo la libertad de culto en el ámbito privado.

Una de las medidas más significativas fue la aprobación de una ley electoral para elegir diputados a cortes; se derogaba el sufragio universal masculino de 1868 y se restringía el derecho al voto a los mayores de 25 años que tuviesen un mínimo de

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estudios y una renta mínima de contribución al Tesoro Público. Los ayuntamientos eran los responsables de elaborar el censo electoral, y los alcaldes presidían las mesas de votación. Así se reforzaba el control sobre los resultados. Esto era abrir la puerta a la falsificación y al fraude.

Otro aspecto a tener en cuanta fue la reforma educativa. En 1876 el marqués de Fomento, marqués de Orovio, impulsó un

decreto

enseñanza

cuestionando impartida

la por

profesores del estado, por ser poco

adecuadas

a

la

moral

católica. Anuló la libertad de cátedra y separó de la docencia a algunos profesores, en el nivel universitario y en el de enseñanza secundaria. Muchos de los que fueron apartados, crearían más tarde la Institución Libre de Enseñanza. Algunos estudiosos opinan que el decreto Orovio no es más que una maniobra de los moderados para aminorar la apertura canovista hacia unionistas y constitucionalistas. Cánovas era contrario al decreto, pero tuvo que permitirlo para evitar la ruptura con los moderados. Más tarde no puso impedimentos a la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

En el tiempo de la Restauración todavía la guerra carlista tenía lugar en tres zonas de la Península:

1. En la Mancha y Aragón había algunos guerrilleros atrincherados en zonas localizadas

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2. En Cataluña y Levante el movimiento era bastante más importante 3. En el norte era donde mejor estaba organizada la lucha, contando con el apoyo del ejército regular.

El gobierno, a pesar del coste de liquidar este problema, sabía que debía hacerle frente. La victoria se logró en varias etapas diferenciadas:

1) Se pacificó primero el centro, obligando a las tropas carlistas a cruzar el Ebro 2) En Cataluña se acabó la guerra en el verano de 1875, tras la acción de las tropas de Martínez Campos y Jovellar. Se conquistó Olot y la Seo de Urgell. 3) Lucha en Navarra y el País Vasco, donde más costó reducir a los carlistas. Se acabó en febrero de 1876. Martínez Campos penetró en el valle del Baztán, y Primo de Rivera marchó sobre Estella. Al final de la guerra el propio Alfonso XII tomó el mando de los ejércitos y entró en San Sebastián y en Pamplona. En este momento se afianzó la figura del rey-soldado.

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Fueron varios los factores que propiciaron la victoria. En primer lugar, hubo disensiones en el grupo carlista, y personas como el general Cabrera se sometió a Alfonso XII. El contexto también había cambiado, porque se vivía un ambiente muy distinto al del sexenio revolucionario. Pero sobre todo, destaca el empeño del gobierno por acabar con la contienda. La Proclama de Somorrostro, publicada el 3 de marzo de 1876 intenta conciliar a ambas partes y supone el final oficial de la guerra. Después de esto, muchos militares carlistas se exiliaron a Francia; y aunque al principio pensaban en una nueva rebelión, la idea va perdiendo fuerza. Pero con el final de la guerra no llega también el final del carlismo, porque siguieron quedando focos que apoyaban a esta rama dinástica; sobre todo aquellos grupos más tradicionalistas. Uno de los grupos más importantes era el liderado por Candido Nocedal, director de “El siglo futuro”. También había posiciones que pretendían defender sus ideas desde la legalidad, aunque la mayoría eran partidarios del levantamiento armado. Don Carlos, desde el exilio, decidió entregar a Nocedal la dirección única del partido. En el País Vasco, a consecuencia de las guerras carlistas, quedaron abolidos los Fueros, aunque como compensación, en 1878 se le otorgó un sistema de conciertos económicos, que proporcionaba a estas provincias una cierta autonomía fiscal.

Al principio de su gobierno, Cánovas no contó con el apoyo de los católicos más radicales, que no eran partidarios del liberalismo del régimen. La aprobación del artículo 11 de la constitución, en el que establecía la tolerancia de cultos, a pesar de decir que el catolicismo era la religión oficial, provocó muchas discrepancias. Los integristas defendían la identificación histórica de España con el catolicismo; y llegaron a pensar que el carlismo sería el partido ideal para defenderles. Pero después de que los carlistas perdieron la guerra, y sobre todo cuando Don Carlos no quiso entrar a rechazar la legalidad del

sistema,

comprendieron que tendrían que organizarse ellos solos. La jerarquía eclesiástica

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alentó a que estos grupos radicales hiciesen presión, pero el proyecto fracasó, y ello por varios motivos:

•

No tuvo el apoyo necesario de la sociedad

•

El Vaticano no se implicó

•

Cánovas buscó el entendimiento con la jerarquía católica

Cánovas solicita al ministro plenipotenciario ante la Santa Sede que consiga una aclaración sobre el liberalismo para que los radicales españoles pudieran aceptarlo; aunque no fue una tarea fácil. Chocaban los radicales a menudo con el resto de católicos, y a veces los integristas se llegaron a enfrentar con los propios obispos, que optaron por la conciliación con el régimen político. Era tan grave el problema que tuvo que intervenir la Santa Sede, y León XIII elaboró en 1883 un documento, Cum Multa, en el que se indicaba a los católicos españoles que la Iglesia no debía implicarse en la lucha política mediante la intervención de ningún partido. Eso ayudó a que se pasase del recelo a la colaboración con el régimen de la Restauración. También es cierto que la situación internacional influyó bastante en la postura que adoptó el Papa, que pretendía recuperar el prestigio a través de las relaciones internacionales, y evitar el aislamiento. El Papa entendió que a cambio Cánovas le daría a la iglesia protección y ayuda en su labor propagandística. Al fin y al cabo, Cánovas era hombre de ideas profundamente conservadoras y ambos grupos defendían muchos puntos comunes.

En cuanto a política exterior, los años ochenta estuvieron marcados por la expansión colonial de las grandes potencias. Bismarck continuó siendo el árbitro de las relaciones internacionales a través de su sistema de alianzas. Su objetivo era consolidar el liderazgo alemán, mantener aislada a Francia y conseguir la supremacía de los estados autoritarios y monárquicos. Se basó en varias alianzas:

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•

Doble Alianza entre Alemania y Austria-Hungría

•

Alianza de los Tres Emperadores, entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia

•

Triple Alianza, entre Alemania, Austria-Hungría e Italia

•

Tratado Secreto de Reaseguro, entre Alemania y Rusia, y firmado en 1887

La política exterior de Cánovas se había caracterizado siempre por la prudencia, quizá porque era consciente de la mala situación de España y sabía que ahora formábamos parte del grupo de las pequeñas potencias, porque nuestro ejército y nuestra marina eran modestos y el capital escaso. Por tanto lo primordial era el mantenimiento del statu quo, que conllevaba vivir un tanto alejados de las relaciones internacionales. Se ha definido la política exterior canovista como la de recogimiento, y se evitaba a partes iguales el aislacionismo y el compromiso. Se esforzó en presentar una buena imagen de España, en firmar acuerdos comerciales y tener buenas relaciones con las grandes potencias, pero siempre evitando los conflictos. Mantener buenas relaciones con todos, pero sin comprometerse con ninguno. Muchos han señalado que Cánovas era enemigo de las alianzas, a las que calificaba como “el lujo de los poderosos”. También es verdad que apenas nadie podía estar interesado en una coalición con España, que tenía escaso potencial militar y económico. Pero Cánovas si llegó a acuerdos con otras naciones, y

en

ocasiones amplió los ya adquiridos, aunque siempre se trató de pactos para asuntos puntuales. Se le acusó a veces de pesimista, pero aunque esa fue la tónica en los años setenta, en los ochenta cambió ligeramente, sobre todo en relación a las naciones latinas.

En la política exterior de la Restauración se pueden distinguir tres períodos, que coinciden con los años setenta, ochenta y noventa. En la primera década la línea directriz fue la del recogimiento que ya hemos mencionado. El primer empeño de Cánovas fue consolidar internacionalmente la monarquía recién

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restaurada, y por eso prefiere vincularse con aquellos países que defiende el principio monárquico. No se entiende, por ese motivo, demasiado bien con Francia, y quería evitar el apoyo francés a carlistas y republicanos, y también resolver los problemas con esta potencia sobre Marruecos. De Gran Bretaña le separaba la cuestión de Gibraltar y el poco interés que los británicos sentían por España. Así que solo quedaba Alemania. Los problemas que en estos años se deben enfrentar están en las Antillas, sobre todo por el contencioso de la presión americana sobre Cuba y la resolución de los conflictos planteados por Gran Bretaña y Alemania en Joló y en Las Carolinas. Generalmente la Restauración fue bien acogida en el extranjero, aunque en Francia se siguió apoyando la opción carlista, y Gran Bretaña se mantuvo a la expectativa sobre todo en cuanto a la libertad de cultos. Alemania no puso problemas a reconocer al nuevo régimen, porque le interesa una España amiga y fuerte contra Francia, y Estados Unidos condicionó el reconocimiento al pago de una indemnización por el caso del Virginius. EL 31 de diciembre de 1877 se firma un acuerdo hispano-alemán para lograr el apoyo a la monarquía española en un posible problema contra Francia. A pesar de todo este pacto fue muy limitado tanto en su forma como en su contenido. También Cánovas promueve el acercamiento a Portugal; y por eso Alfonso XII y Luís I se entrevistan en Elvas en febrero de 1879 y dos años más tarde en Cáceres, aprovechando la inauguración de una línea férrea que unía Madrid con Lisboa. Procura también estrechar lazos con las repúblicas americanas y firma tratados comerciales con Francia, Austria, Bélgica e Italia. En abril de 1876 el gobierno de Cánovas se compromete ante el de Estados Unidos a reformar el régimen administrativo de Cuba y a aceptar diputados cubanos en el Parlamento español, además de suprimir las trabas al comercio entre la colonia y Estados Unidos. En cuanto a Extremo Oriente se hacen efectivos los derechos españoles sobre unas islas que rodeaban el núcleo central de las Filipinas, entre las cuales se encontraba Joló, a pesar del disgusto de otras potencias europeas, sobre todo Alemania e Inglaterra. En el caso concreto de Joló, se niega a España ningún derecho sobre la isla, aunque en una serie de tratados se reconoce

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la soberanía española a cambio de libertad de comercio y navegación a Alemania y Gran Bretaña. En el Pacífico se plantea el conflicto de las Carolinas, cuando España intenta controlar el tráfico marítimo en las islas españolas de la Micronesia. Gran Bretaña y Alemania protestan, pero España ni se digna en contestar y las grandes potencias lo toman como una ofensa.

Los años ochenta estuvieron marcados por los liberales, que reaccionaron contra el recogimiento de Cánovas, mientras que Sagasta demostró más confianza en le papel que España podía desempeñar. La orientación de su política siguió dirigida hacia Alemania, aunque mejoraron las relaciones con Francia y Gran Bretaña. Se hicieron en estos años bastantes tratados comerciales, y sobre todo se adoptó una política más contundente respecto a Marruecos. Alfonso XII se implica de manera bastante activa en la política exterior.

Quizá el momento culmen sea el paso de Moret por el ministerio de Estado, porque si bien Cánovas dirigía casi en persona la política exterior, Sagasta daba más rienda suelta a sus ministros. La concepción que Moret tenía del tema queda reflejada en su obra Memoria sobre la política internacional, de 1888, en donde subraya la importancia de desarrollar una política que de prestigio a España y propone lo que él llama política de ejecución. El primer episodio destacado en esta década tiene lugar durante la Conferencia de Madrid sobre Marruecos de 1880, cuando todavía gobierna Cánovas. Con Marruecos se relacionaban diversos países europeos, tanto para comerciar como para explotar sus riquezas y colaborar con su gobierno en proyectos de defensa militar o de obras públicas. Pero las potencias rivalizaban para ver quien ejercía más influencia, hasta el punto de que el sultán consideró que se estaba vulnerando la soberanía nacional. Con ese objeto se convoca la conferencia de Madrid, para regular el grado de intervención de las potencias. Cánovas fue nombrado presidente y el resultado principal de esta conferencia fue un acuerdo que garantizaba el statu quo y la

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integridad de Marruecos, al considerar que si las potencias intervenían en ese territorio, o se producía un reparto de las áreas de influencia, España tendría más que perder frente a países más poderosos. Lo único que se consigue es aplazar la cuestión. Queda claro en esta conferencia que con la Restauración han aumentado

las tendencias africanistas, y de hecho se crean asociaciones culturales y publicaciones que promueven el interés por las culturas del Norte de África. Alfonso XII declara el protectorado sobre el espacio comprendido entre el Cabo Bojador y Cabo

Blanco,

que

constituiría

el

Sahara

español.

También

se

promueven

expediciones a Guinea Ecuatorial y a Costa de Oro.

Otro elemento en esta etapa es la adopción de una política librecambista, pues se rebajan las tarifas arancelarias entre España y cada uno de los países con quienes se comercia. El modelo de tratado fue el firmado entre España y Francia en febrero de 1882. En 1886 se aprueban unos aranceles en donde se pone en práctica una reducción de derechos, lo cual valió para la exportación de productos españoles como el vino, aunque obligó a comprar a cambio maquinaria en el exterior, y le vino bien a la industria textil catalana, que se modernizó. Los productores de trigo se vieron perjudicados por la política librecambista.

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Alfonso XII no había estado de acuerdo con la política canovista y en esta década empieza a influir en las relaciones internacionales; sobre todo mediante viajes por Europa. La iniciativa del rey gozaba del apoyo de Vega de Armijo, que era entonces el ministro de estado. Visitó en Austria a Francisco José y luego se reunió en Alemania con el emperador Guillermo I, aunque cometió el error de mostrar demasiado entusiasmo ante el militarismo prusiano. Fue en Francia donde surgieron los primeros problemas, sobre todo a causa de la actitud adoptada en Alemania; y en Paris fue recibido con bastante frialdad.

A pesar de las buenas relaciones con Alemania, en 1895 surge la crisis de las Carolinas y Palaos. En la conferencia de Berlín se habían dictado

nuevas premisas para regular la expansión colonial, y se exigía la ocupación efectiva de un territorio para defender su posesión. Las grandes potencias se habían repartido el mundo, y las rivalidades entre compañías y comerciantes de

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distintos países y las malas relaciones con la población nativa habían creado en el Pacífico una situación bastante inestable. Por eso Cánovas temió que si no ocupaba las islas de la Micronesia, otra potencia lo haría. Por eso se creó una nueva división naval en las Carolinas y Palaos.

Pero los alemanes tenían en las islas muchos intereses económicos, y Bismarck decide adelantarse a los planes españoles y enviar un barco de la Marina Imperial para que tome posesión oficial de las islas. La llegada de los barcos españoles y alemanes se produce con dos días de diferencia; y los alemanes izan su bandera, reclamando el protectorado de las islas; pero Cánovas parece dispuesto a defender los derechos españoles y en España se produce una exaltación patriótica popular. Las Carolinas se convierten en algo indispensable para el destino de España. Al final la controversia se resuelve por la vía amistosa, con la intervención del Papa León XIII. En el Protocolo de Roma, firmado en diciembre de 1885 se reconocían los derechos de soberanía de España, aunque Alemania también consigue las ventajas económicas que deseaba. Los comerciantes de otros países podrían ejercer libremente actividades comerciales y de explotación de plantaciones, pero siempre que no se asentaran en puntos del archipiélago ya ocupados por los españoles.

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Otro asunto especialmente delicado fue

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la indirecta adhesión a la

Triple Alianza, mediante un acuerdo secreto que se firma con Italia en 1887. Se trataba en realidad de una vaga declaración en la que los dignatarios de ambos países se comprometían a fortalecer el principio monárquico, y a contribuir a que reinase la paz. España se comprometía a no llegar a acuerdo alguno con Francia que pudiera dirigirse contra cualquiera de las potencias de la Triple Alianza; y se fijaba un entendimiento para mantener el statu quo en el Mediterráneo. El pacto contó con el respaldo de Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña, pero no había ningún compromiso activo por su parte. Y el acuerdo no afectaba a las Antillas ni al Pacífico.

Hacia la formación del Partido Liberal.

En 1881 los liberales llegan al gobierno de la nación y se consigue asentar un principio del nuevo régimen político: una formación política que fuese lo suficientemente fuerte como para convertirse en una alternativa de gobierno. Fue la década en que Sagasta aprobó una serie de leyes que consolidaron definitivamente el estado liberal en España. A los conservadores y liberales que constituían la base fundamental del sistema político, se unen ahora otras corrientes, tanto por la izquierda como por la derecha. Un amplio sector de los demócratas se unió al partido de Sagasta, y buena parte de los católicos se integraron en el de Cánovas. La monarquía se asienta, a pesar de la delicada situación que produce la muerte de Alfonso XII.

Desde 1881, cuando llegan los fusionistas al poder, y enero de 1884, el fin del gobierno de la Izquierda Dinástica, se incorporan los constitucionales y demócratas a las tareas de gobierno. En el primer gobierno de Sagasta están representadas las fuerzas del Partido Fusionista:

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•

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Constitucionales como Albareda, Camacho, León y Castillo y Venancio González

•

Centristas: Alonso Martínez y Vega de Armijo

•

Conservadores disidentes: Martínez Campos y Pavía. Sagasta

estaba

decidido

a

plantear

sustanciales

reformas, pero quería hacerlo despacio y desde la prudencia para no causar demasiada alarma social. Empezó por reconocer el derecho de reunión y asociación y se aprobó un Real Decreto sobre la libertad de prensa, a la vez que se retoma una política educativa aperturista. Por el Real Decreto de Alonso Martínez se suprimieron las suspensiones a los periódicos y se anularon las penas a los periodistas que habían sido condenados en el período anterior. Se limitan los delitos de injuria y calumnia y se afirma el derecho a criticar a los poderes responsables. La circular de Alvareda a los rectores de la Universidad deroga el decreto Orovio sobre la libertad de cátedra y los profesores destituidos, como Castelar, se reincorporan a la universidad, recuperándose así la libertad de enseñanza. Los componentes de los ayuntamientos fueron relevados por gente afines a los liberales. Todas las medidas vienen a fijar las bases del programa liberal. La ley provincial de 1882 fijaba el concepto de provincia como ente administrativo, dirigido por un gobernador y regido por una Diputación Provincial. La política económica se caracterizó por la reforma de la Hacienda emprendida por el ministro Camacho, y por actuaciones librecambistas: el levantamiento y suspensión de algunos aranceles y el tratado de libre comercio con Francia.

Pero Sagasta remodela el gobierno en 1883 y en octubre del mismo año presenta su dimisión, debido sobre todo a la sublevación republicana de Badalona, Santo Domingo de la Calzada y la Seo de Urgell en agosto de 1883 y por las tensiones que produjo la germanofilia del rey en el viaje a Paris. Aunque en realidad la verdadera causa de la crisis era la división entre los liberales y la creación de un nuevo grupo, que se conocía con el nombre de Izquierda Dinástica,

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y era una mezcla de los constitucionales descontentos de lo que pensaban que era derechismo de Sagasta, y los radicales. No aceptaron someterse al liderazgo de Sagasta y con Posada Herrera al frente, se escindieron. Sagasta pensaba que si el rey disolvía las cortes y encargaba formar gobierno a un político liberal de una facción distinta, él perdería el liderazgo, con lo cual

prefirió ceder el poder a

Posada Herrera, que formó nuevo gobierno sin necesidad de nuevas elecciones. Cuando en enero de 1884 Posada presenta los presupuestos y se discute la oportunidad del sufragio universal; y a pesar de que Sagasta apoyaba la medida, votó en contra, y al no tener votos suficientes para seguir adelante con sus proposiciones, se ve obligado a dimitir. Sagasta había demostrado que sin su apoyo era imposible gobernar, y que seguía siendo el líder de los liberales. Pero antes de irse, Posada Herrera logró aprobar la creación de una comisión de Reformas Sociales, impulsada por Segismundo Moret, que tenía como función ocuparse del bienestar de las clases obreras.

Tras esta crisis el rey decide encomendar en enero de 1884 la tarea de gobernar a los conservadores. Cánovas pretendía dejar a Romero Robledo la jefatura del gobierno, pero ni el rey ni los notables de su partido lo aceptaron. La presencia más significativa en el nuevo gabinete fue la de Alejandro Pidal y Mon, líder de Unión Católica, como ministro de Fomento, controlando la enseñanza y la universidad. Aunque no se había integrado en el carlismo, se opuso a la constitución de 1876, defendiendo la confesionalidad del estado y criticando la tolerancia en materia de religión. Al entrar en el gobierno, se pretendía un acercamiento entre los católicos liberales y los integristas, sobre todo para evitar que aumentaran las filas del carlismo. Pero las reticencias entre los dos bandos se manifestaban sobre muchos temas. Pero los problemas más importantes vinieron de la mano de Romero Robledo, ministro de la gobernación y que manejó los resultados electorales a su antojo, al punto que Cánovas tuvo que llamarle al

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orden. En las elecciones municipales de mayo de 1885 los liberales y republicanos se unieron y gobernaron en Madrid y en 27 capitales de provincia.

Después de la muerte del re en 1885 causó inestabilidad en el país, porque no había heredero, de momento, y además el pueblo sentía gran cariño por el monarca. La constitución daba a la reina viuda, María

Cristina

de

Habsburgo

Lorena

la

regencia; y aunque la reina estaba embarazada no se sabía el sexo del bebé, como es lógico. Había además

dos

hijas,

niñas

pequeñas

todavía.

Llevaba poco tiempo todavía viviendo en España y el pueblo nunca la había querido tanto como a la primera esposa del rey, María de las Mercedes. Además, su carácter serio y reservado hacía que su trato fuese a veces complicado. Por todo eso Cánovas dimite y recomienda a la regente que encomiende formar gobierno a los liberales. Comunicó a Sagasta que todos los partidos deberían unirse en torno a la Regente por el bien del país. Pero se equivocaban quienes no apostaron por la reina, porque pronto se manifestó como una excelente gobernante, sacrificada y trabajadora, y logró tener un excelente entendimiento con Cánovas.

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Tema

8.

La

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Regencia.

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El

pacto

político.

Bipartidismo y turno (1885-1895)

Formación del partido liberal.

Los liberales volvieron al poder en un buen momento para su partido, pues en junio de 1885 habían llegado a un acuerdo entre las distintas facciones, adoptando el nombre genérico de Partido Liberal y nombrando a Sagasta

jefe

del

partido.

Redactaron

un

programa de gobierno conjunto, con el nombre de Ley de Garantías, que elabora Martínez Campos en nombre de los fusionistas, y Montero Ríos en representación de los izquierdistas. Se acata la constitución de 1876, pero prometen defender los derechos individuales y luchar por el sufragio universal masculino, juicio de jurados y

una

reforma

constitucional.

Aceptan

la

soberanía del rey con las cortes, renunciando a la soberanía nacional que antes reivindicaban. Al margen de los acuerdos solo quedaba la pequeña facción de la Izquierda Dinástica, presidida por el general López Domínguez, aunque Sagasta cuando llega al poder le ofrece la embajada de Paris, para acercarle a su partido, pero no se llega a producir la unión, porque además piden 27 diputados en las próximas elecciones.

En su primer gobierno Sagasta reúne a representantes de las distintas tendencias y remodela el gobierno en tres ocasiones durante la legislatura. A pesar del éxito de su programa, no es fácil mantener la unión de fuerzas tan

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heterogéneas y en 1886 comienzan a aparecer disensiones entre los liberales. A finales de ese mismo año, Romero Robledo y López Domínguez deciden unirse y crear el Partido Reformista, como una tercera opción política. Pero no consiguen erosionar el bipartidismo. El general Cassola dimite como ministro de Guerra porque había pretendido la reforma del Ejército y el restablecimiento del servicio militar obligatorio y muchos jefes militares y un amplio sector del partido conservador se opusieron. Sagasta no respaldó estas medidas lo suficiente y de ahí la dimisión del ministro. También se produce un enfrentamiento entre Moret y Gamazo, representantes de los intereses librecambistas y proteccionistas. La política liberal había sido librecambista desde 1881 y el conflicto surge cuando Gamazo trata de variar la tradición en el partido, como portavoz de la Liga Agraria. Propone abaratar la producción de la rebaja de los impuestos que gravaban la propiedad y el cultivo de tierra y reclama una protección arancelaria para los productos españoles. Esta actitud le crea cada vez mayores problemas a Sagasta.

La única manera que Sagasta encuentra para impulsar el liberalismo es defender el sufragio universal masculino. También en 1887 se aprueba la ley de asociaciones, que favorece el asociacionismo obrero; y la Ley de lo contencioso administrativo de 1888, que otorga la última instancia de los recursos al Tribunal Supremo en vez de al consejo de estado a o la voluntad del rey. Se aprueba también la ley del jurado y en el código civil de 1889 se consagra la defensa del orden social y la propiedad privada. Con la ley electoral de 1890 se aprueba el sufragio universal masculino, en un complicado proceso mediante el que Sagasta consigue reforzar el partido y asegurar su liderazgo en el mismo. Pero el sistema electoral continúa viciado por el caciquismo, por lo cual el sufragio universal masculino no influye favorablemente en las urnas. A pesar de que se llamaba sufragio universal, no estaba exento de restricciones: era solo para varones mayores de 25 años, vecinos de un municipio con dos años al menos de residencia.

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La política exterior de los años ochenta.

Los años ochenta estuvieron marcados por los liberales, que reaccionaron contra el recogimiento de Cánovas, mientras que Sagasta demostró más confianza en le papel que España podía desempeñar. La orientación de su política siguió dirigida hacia Alemania, aunque mejoraron las relaciones con Francia y Gran Bretaña. Se hicieron en estos años bastantes tratados comerciales, y sobre todo se adoptó una política más contundente respecto a Marruecos. Alfonso XII se implica de manera bastante activa en la política exterior.

Quizá el momento culmen sea el paso de Moret por el ministerio de Estado, porque si bien Cánovas dirigía casi en persona la política exterior, Sagasta daba más rienda suelta a sus ministros. La concepción que Moret tenía del tema queda reflejada en su obra Memoria sobre la política internacional, de 1888, en donde subraya la importancia de desarrollar una política que de prestigio a España y propone lo que él llama política de ejecución. El primer episodio destacado en esta década tiene lugar durante la Conferencia de Madrid sobre Marruecos de 1880, cuando todavía gobierna Cánovas. Con Marruecos se relacionaban diversos países europeos, tanto para comerciar como para explotar sus riquezas y colaborar con su gobierno en proyectos de defensa militar o de obras públicas. Pero las potencias rivalizaban para ver quien ejercía más influencia, hasta el punto de que el sultán consideró que se estaba vulnerando la soberanía nacional. Con ese objeto se convoca la conferencia de Madrid, para regular el grado de intervención de las potencias. Cánovas fue nombrado presidente y el resultado principal de esta conferencia fue un acuerdo que garantizaba el statu quo y la integridad de Marruecos, al considerar que si las potencias intervenían en ese territorio, o se producía un reparto de las áreas de influencia, España tendría más que perder frente a países más poderosos. Lo único que se consigue es aplazar la cuestión. Queda claro en esta conferencia que con la Restauración han aumentado

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las tendencias africanistas, y de hecho se crean asociaciones culturales y publicaciones que promueven el interés por las culturas del Norte de África. Alfonso XII declara el protectorado sobre el espacio comprendido entre el Cabo Bojador y Cabo

Blanco,

que

constituiría

el

Sahara

español.

También

se

promueven

expediciones a Guinea Ecuatorial y a Costa de Oro.

Otro elemento en esta etapa es la adopción de una política librecambista, pues se rebajan las tarifas arancelarias entre España y cada uno de los países con quienes se comercia. El modelo de tratado fue el firmado entre España y Francia en febrero de 1882. En 1886 se aprueban unos aranceles en donde se pone en práctica una reducción de derechos, lo cual valió para la exportación de productos españoles como el vino, aunque obligó a comprar a cambio maquinaria en el exterior, y le vino bien a la industria textil catalana, que se modernizó. Los productores de trigo se vieron perjudicados por la política librecambista.

Alfonso XII no había estado de acuerdo con la política canovista y en esta década empieza a influir en las relaciones internacionales; sobre todo mediante viajes por Europa. La iniciativa del rey gozaba del apoyo de Vega de Armijo, que era entonces el ministro de estado. Visitó en Austria a Francisco José y

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luego se reunió en Alemania con el emperador Guillermo I, aunque cometió el error de mostrar demasiado entusiasmo ante el militarismo prusiano. Fue en Francia donde surgieron los primeros problemas, sobre todo a causa de la actitud adoptada en Alemania; y en Paris fue recibido con bastante frialdad.

A pesar de las buenas relaciones con Alemania, en 1895 surge la crisis de las Carolinas y Palaos. En la conferencia de Berlín se habían dictado

nuevas premisas para regular la expansión colonial, y se exigía la ocupación efectiva de un territorio para defender su posesión. Las grandes potencias se habían repartido el mundo, y las rivalidades entre compañías y comerciantes de distintos países y las malas relaciones con la población nativa habían creado en el Pacífico una situación bastante inestable. Por eso Cánovas temió que si no ocupaba las islas de la Micronesia, otra potencia lo haría. Por eso se creó una nueva división naval en las Carolinas y Palaos.

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Pero los alemanes tenían en las islas muchos intereses económicos, y Bismarck decide adelantarse a los planes españoles y enviar un barco de la Marina Imperial para que tome posesión oficial de las islas. La llegada de los barcos españoles y alemanes se produce con dos días de diferencia; y los alemanes izan su bandera, reclamando el protectorado de las islas; pero Cánovas parece dispuesto a defender los derechos españoles y en España se produce una exaltación patriótica popular. Las Carolinas se convierten en algo indispensable para el destino de España. Al final la controversia se resuelve por la vía amistosa, con la intervención del Papa León XIII. En el Protocolo de Roma, firmado en diciembre de 1885 se reconocían los derechos de soberanía de España, aunque Alemania también consigue las ventajas económicas que deseaba. Los comerciantes de otros países podrían ejercer libremente actividades comerciales y de explotación de plantaciones, pero siempre que no se asentaran en puntos del archipiélago ya ocupados por los españoles.

Otro asunto especialmente delicado fue

la indirecta adhesión a la

Triple Alianza, mediante un acuerdo secreto que se firma con Italia en 1887. Se trataba en realidad de una vaga declaración en la que los dignatarios de ambos países se comprometían a fortalecer el principio monárquico, y a contribuir a que reinase la paz. España se comprometía a no llegar a acuerdo alguno con Francia

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que pudiera dirigirse contra cualquiera de las potencias de la Triple Alianza; y se fijaba un entendimiento para mantener el statu quo en el Mediterráneo. El pacto contó con el respaldo de Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña, pero no había ningún compromiso activo por su parte. Y el acuerdo no afectaba a las Antillas ni al Pacífico.

Alternancia política durante los noventa.

A partir de 1890 cada dos años los partidos más importantes se van sucediendo en el poder hasta que en 1901 Alfonso XIII llega a la mayoría de edad y accede al trono, empezando una nueva etapa política. No responde a ningún acuerdo previo entre los partidos, sino a un punto de equilibrio establecido por la regente. Quizá por eso, añadido a otras causas, el sufragio universal masculino no supuso una mayor transparencia ni un respeto a la legalidad en las elecciones, porque siguió existiendo el manejo de la voluntad popular. Según se decidiera quien iba a asumir el gobierno, el partido de turno conseguía la suficiente mayoría electoral como para poder gobernar cómodamente. Puede decirse que la intención de voto cambiaba cada dos años, como un reloj. Tampoco los

partidos

perdieron

su

consideración

de

agrupación

de

notables

para

transformarse en formaciones que buscasen el apoyo de las masas, sino que se mantuvieron inmóviles, quizá porque la población con derecho a voto no era la más adecuada para protagonizar una revolución política. Sólo en las principales ciudades se produjeron cambios importantes en los resultados electorales. A partir del sufragio universal, la representación republicana fue elevada y constante, y empiezan a surgir los diputados que representan opciones nacionalistas. Pero la mayor parte de la gente que podía votar con el nuevo sufragio no eran las clases medias urbanas, trabajadores especializados ni campesinos independientes, porque la mayoría de éstos ya votaba antes; sino que eran gente que vivía aislada de la realidad social, con una importante tasa de analfabetismo y por tanto, fácilmente

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manipulables. Esta época fue de confrontación entre las reformas que la realidad social y política necesitaba, y la resistencia de las viejas estructuras del poder. Esto provoca inestabilidad y frecuentes crisis sociales.

1890-1892. Gobierno de Cánovas.

Cuando el gobierno conservador llega de nuevo al poder en 1890, respetan todas las reformas hechas por los liberales, a pesar de que Cánovas inicia una nueva política. Comienza a proteger los derechos de los trabajadores, tratando de regular las condiciones de trabajo y mejorar su vida, a pesar de que esto conlleva críticas, desde la izquierda y desde la derecha. Adopta una nueva orientación económica de carácter proteccionista. En 1891 aprueba un arancel que prima la producción nacional y suprime las franquicias de la ley de 1882. En los primeros años de la década hay una crisis en el partido conservador y Francisco Silvela sale del partido cuando Cánovas apoya la reintegración de Romero Robledo. Silvela era defensor de la legalidad y de la

moralidad más estricta, y Romero

Robledo era partidario de ajustar las medidas a las necesidades del momento, adecuando los resultados electorales a los objetivos propuestos.

1892-1895. Gobierno liberal.

Cuando los liberales vuelven al poder en 1892 llegan con la firme determinación de cohesionar a las fuerzas políticas que lo componen. Sagasta

era

partidario de gobiernos de integración, donde se

representasen las distintas tendencias. Gamazo ocupa la cartera de Hacienda y pretende crear una nueva política arancelaria que sanee la economía y consiga una mayor transparencia en la riqueza. Maura es el ministro de Ultramar, que impulsa reformas en las colonias para mejorar la administración y Montero Ríos introduce reformas en Gracia y Justicia. Moret se hace cargo de Fomento, donde también

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impulsa algunas reformas. La cartera de guerra es para el general López Domínguez, en un gesto de reconciliación tras su anterior salida del partido. Se agregan

numerosos

republicanos,

animados

por

Castelar,

aumentando

su

compromiso con el régimen y renunciando a su republicanismo. Pero las reformas se encuentran con bastante oposición entre las bases más conservadoras de la sociedad, y por eso la mayoría de ellas no acaban de cuajar. Pero la modernización era necesaria, y si no se llevaban a cabo a tiempo, acabarían por estallar revueltas sociales. El fracaso de este intento propició el fin de esta etapa liberal y la llegada de voces disidentes de distinto signo. Antonio Maura se acerca a los conservadores, y José Canalejas se presenta como una alternativa al liderazgo del partido. En 1894 y 1895 las diferencias entre las distintas facciones provocan varias crisis de gobierno, que culminan en la caída del mismo en marzo de 1895. Un grupo de oficiales del ejército asaltó la dirección de varios periódicos de Madrid, porque pensaban que habían publicado injurias sobre ellos. Martínez Campos intentó forzar que el asunto fuera conocido por los tribunales militares y al no querer aceptar Sagasta ningún tipo de presión, dimitió.

La Iglesia católica y el régimen de la Restauración.

Cuando en 1883 llega a España el nuevo nuncio papal, el cardenal Rampola, hay bastante división entre los católicos y su gestión va encaminada a subrayar la obediencia a la encíclica Cum multa y a impulsar el respeto por la legalidad vigente. Los integristas trataron de cuestionar su autoridad y rechazaron la participación

del liberal Alejandro Pidal y Mon en el gobierno de

Cánovas, lo cual suponía un desafío a la política conciliadora entre la Santa Sede y el régimen canovista. Por eso el Vaticano desautoriza algunas declaraciones de los integristas españoles, sobre todo del cardenal Pitra. En 1885 buena parte de la jerarquía católica se adhiere a la Regencia y el nuncio consigue que en diciembre de 1895 se elabore una declaración en donde se reconoce la conveniencia de un cierto

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pluralismo político, y una limitada libertad de opinión. A cambio, cuando los liberales llegan al poder, ofrecen a la Iglesia un pacto basado en el respeto y la colaboración

recíprocos.

A

pesar

de

todo,

seguía

habiendo

campos

de

enfrentamiento, y uno de ellos era la enseñanza. Se intenta aprobar una ley de Instrucción Pública, y a tal efecto se presenta en el congreso en diciembre de 1876, pero el proyecto queda paralizado hasta 1884, debido sobre todo a discusiones con la Iglesia a causa del control de la instrucción primaria y secundaria por parte del estado en detrimento de las órdenes religiosas, al contenido de los planes de estudio y a la ortodoxia doctrinal de la educación. Un gran motivo de discusión era que el derecho de los obispos a censurar los contenidos de la enseñanza, reconocido por el concordato con la Santa Sede de 1851 y que seguía vigente, quedaba dependiendo de la principal función inspectora del estado. También había problemas por la formulación de los matrimonios, porque la Iglesia no admitía la legalidad de las uniones civiles. Después de arduas negociaciones, en 1887 se llegó a un acuerdo con la Santa Sede por el cual ésta reconocía al estado la potestad de regular los efectos civiles del matrimonio. Otro punto de desacuerdo era la defensa del fuero eclesiástico, el cumplimiento de las obligaciones del estado respecto de la dotación del culto y clero, el estatuto jurídico de los bienes de la iglesia y la representación de cargos eclesiásticos.

Durante los años de la Restauración la Iglesia reforzó su posición dentro de la sociedad española y una vez superados los malentendidos iniciales la iglesia se vio respaldada por la confesionalidad del estado y por el apoyo del régimen. Las

órdenes religiosas aumentaron su influencia en la vida social,

aumentó también su control en la educación y se fomentó en las escuelas la instrucción religiosa. Aumentaron también las vocaciones y la manifestación de la devoción popular. En 1886 se crea por los jesuitas la Universidad de Deusto, y en 1904 la Universidad Pontificia. Entre 1889 y 1902 se celebraron en España seis congresos católicos para defender los intereses de la religión, los derechos de la

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Iglesia y la Santa Sede y difundir la educación cristiana. A finales de siglo se abre el catolicismo hacia los trabajadores. En 1891 León XIII publica la Rerum novarum, donde llama la atención sobre las clases más desfavorecidas y plantea la obligación de intervenir. Nace un sindicalismo católico, preocupado por la cuestión social y un asociacionismo obrero religioso que tiene un éxito relativo. Destacan los círculos obreros católicos de los padres Castells y Vicent, o la Acción Social Popular.

Reacción anticlerical.

Surgen también reacciones anticlericales, sobre todo de algunos grupos liberales, republicanos, socialistas o anarquistas, que se oponen a la creciente influencia del clero y de las órdenes religiosas en la vida política, la educación o la lucha obrera. Las manifestaciones en contra tienen lugar tanto en la calle como en el Parlamento, donde se denuncian los privilegios de la iglesia durante el tiempo de gobiernos conservadores, los intentos de manipulación de la sociedad, y la acumulación de riquezas y tierras. Se trata de definir, según la Ley de Asociaciones de 1887 los límites y funciones de las órdenes religiosas.

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Tema

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9.

Las

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fuerzas

antisistema.

Republicanos, anarquistas y socialistas. Los nacionalismos.

Las fuerzas de la oposición.

En los noventa, la oposición al régimen estaba formada por distintas opciones políticas: carlistas, socialistas, asociaciones obreras, republicanos o anarquistas, aunque ninguna de ellas tenía la suficiente fuerza y raigambre como para desestabilizar al régimen.

Los republicanos de los años noventa estaban divididos en varias facciones: los progresistas de Ruiz Zorrilla, partidarios del golpe militar y acciones de fuerza; los federales de Pi y Margall, que defendían la organización federal de España, los centralistas de Nicolás Salmerón, donde había intelectuales ligados a la Institución Libre de Enseñanza, y los posibilistas de Emilio Castelar, que se autodisolvieron al incorporarse a los liberales más adelante. Todas eran formaciones interclasistas, pero estaban compuestas por distintas elites. Era muy

importante

para

su

desarrollo

la

existencia

de

tertulias,

ateneos

y

cooperativas. Y utilizaban con notable éxito la plataforma de lanzamiento que representaba la prensa. Periódicos como El Globo, El País, La Publicidad o El Nuevo Régimen, fueron un vehículo fundamental para expandir sus ideas. Para proponer los graves problemas sociales y económicos, proponían mayor intervención del estado en los asuntos laborales, creación de cooperativas de explotación, reparto de tierras o concesión de créditos baratos. Los republicanos tuvieron mayor predicamento en la ciudad que en el campo, aunque también se extendieron por

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núcleos rurales de Cataluña y Andalucía. Fueron siempre un punto de referencia para las organizaciones obreras.

Los líderes aparecían como defensores de la integridad moral en la vida y en la política, y sus discursos estaban repletos de una gran carga moralizante, aunque también hubo abusos, errores y corruptelas entre estos mismos líderes republicanos.

El triunfo de los republicanos en las elecciones de 1893, a las que se presentan unidos y consiguen 43 diputados, representa la aceptación como una opción política más. Para conseguir buenos resultados electorales tuvieron que recurrir a los mismos mecanismos que los otros partidos y sobre todo dejar al margen la violencia.

Los carlistas.

A partir de 1888 los carlistas trataron de incorporarse a la sociedad y acogiéndose a una reciente Ley de Asociaciones, tanto don Carlos como el marqués de Cerralbo, llevaron el partido hacia una vida social activa. Trataron de integrarse en la vida política a través de una importante labor de propaganda, tanto oral como escrita. Defendían la monarquía tradicional y el catolicismo integrista, que se circunscribía, sobre todo, a Navarra y las provincias vascas, aunque el nacionalismo vasco pronto les restó partidarios. Poco a poco la ideología carlista fue perdiendo su razón de ser y cuando muere el pretendiente, Carlos VII, en 1909, y diez años más tarde el partido se escinde, nunca volverán a la gloria de antaño.

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Organizaciones obreras.

A fin de siglo el movimiento obrero no sólo se desarrolló en el seno de los partidos políticos, sino que también creció a través de asociaciones que defendían los derechos de los trabajadores y trataban de mejorar sus condiciones de vida. Pero en el fondo, detrás de la mayoría de estas asociaciones latían las ideas de diversos partidos políticos, bien fuesen anarquistas, socialistas o republicanas, e incluso católicas. Los anarquistas españoles defendían posturas pacifistas y buscaban una sociedad en la que primase la armonía natural, la igualdad y la solidaridad, además del rechazo a las normas, que consideraban restrictivas y coercitivas. Pero algunos militantes, a veces de manera totalmente individual, llevaron a cabo actos terroristas y por eso todos los anarquistas en general tuvieron que sufrir una brutal represión, porque se identificaba anarquismo con terrorismo y violencia. Pero no solo eran violentos los anarquistas, porque en 1892 una masa de campesinos trata de hacerse con el control de Jerez de la Frontera para liberar a varios compañeros que estaban en la cárcel. Hubo tres muertos en el asalto, cuatro penas de muerte y 16 cadenas perpetúas. En 1891 varios anarquistas colocaron una bomba en los locales de Fomento del Trabajo, y el capitán general de Cataluña, Martínez Campos, sale ileso de un atentado. Ese mismo año estalla una bomba en el Liceo de Barcelona, con 22 muertos, y en la procesión del Corpus, también en Barcelona, estalla una bomba, y mata a 45 personas. En 1894, como resultado de esta ola de atentados, se aprueba la primera ley antiterrorista, que condenaba los atentados y asociaciones que amparaban esos delitos. La policía emprende una dura campaña represiva.

Movimiento socialista.

En

los

noventa

el

partido

socialista

continua

expandiéndose, pero lentamente. Se trata más bien de un período de maduración

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ideológica y de consolidación en la organización y hasta que Pablo Iglesias no llegó al Parlamento en 1910, no se inicia su verdadera proyección en política. El socialismo está en auge sobre todo en los sectores industriales, mineros y siderúrgicos, y en el campesinado de manera bastante escasa, así como entre la mayoría de intelectuales. Hasta 1910 nunca consiguieron más de 30.000 votos, por lo cual no conseguían diputados, así que a falta de presencia parlamentaria, su vida política y manera de darse a conocer se producía en la calle, a través de la prensa, de los círculos obreros y de la labor sindical, a través de huelgas y manifestaciones. El semanario El socialista era su principal órgano de propaganda y durante varios años fue su único órgano estable. Poco a poco van haciendo congresos en la mayoría de las ciudades más importantes de España y es en las elecciones municipales de fin de siglo cuando tienen más éxito y cuando se empieza a poder plasmar su proyecto político.

Los nacionalismos.

En la última década del siglo hay una transformación en las regiones periféricas, en donde se empiezan a defender particularidades de cada zona y se pone en cuestión la unidad de un estado centralista. También hay que decir que esta explosión coincide con un esplendor de movimientos culturales de significación regional. Y también es muy importante el desfase existente entre la evolución de las elites dirigentes en el País Vasco y Cataluña con el resto del país. Todo ello hace que se afirmen los nacionalismos y que se formulen propuestas diferentes para la articulación del estado.

Desde

los

años

setenta

comienzan

a

proliferar

en

Cataluña publicaciones regionalistas donde se afirma la idea de una nacionalidad catalana, y ahí caben los artículos de Juan Mañe i Flaquer, director de Diario de Barcelona, o los del obispo de Vic, José Torras y Bages, cuyas ideas tienen mucho

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predicamento en el mundo rural. El primer periódico en catalán es Diari Catalá, que data de 1877. El primer congreso catalanista se celebra en 1880, y dos años más tarde se crea el Centre Catalá. En 1886 aparece el libro Lo Catalanisme, de Valentín Almirall, quien desde posiciones federalistas evoluciona hasta un catalanismo conservador. En 1885 le presentan al rey un documento promovido por una coalición de instituciones catalanas, el Memorial de Greuges, donde se defienden intereses morales, políticos, legales y económicos privativos de Cataluña; y que respondía al sentimiento de que el código civil y los tratados comerciales, especialmente los firmados con Gran Bretaña, perjudicaban los intereses catalanes, y por eso reclamaban la concesión de unos derechos especiales para Cataluña. A partir de ese momento el nacionalismo catalán se va afirmando cada vez más. En 1887 se funda la Lliga de Catalunya, de raíces católicas y conservadoras, con hombres tan significados como Montaner o Prat de la Riba. Poco a poco se van organizando una serie de mítines en donde se defiende la idea de un derecho civil catalán, se reivindica la nación catalana y se reclama que Cataluña vuela a tener cortes generales independientes. Este discurso va subiendo de tono de manera progresiva y en 1890 Prat de la Riba defiende la existencia de una patria catalana, en razón de una lengua, una historia y un derecho propios. La fusión del Centre Escolar y la Lliga de Catalunya da lugar a la Unió Catalanista, en cuya primera asamblea se aprueban las Bases para la Constitución Regional Catalana, donde se defiende la restauración de las antiguas instituciones del principado y se reclama el traspaso de competencias políticas, económicas, jurídicas y militares a Cataluña. Pero nunca se llega a cuestionar la integración del estado catalán en el seno del estado español. Para conseguir sus objetivos, desde los años noventa los catalanistas aumentan su presencia en las principales instituciones regionales hasta llegar a controlarlas. En 1901 se crea el primer partido catalanista, la Lliga Regionalista de Catalunya, liderada en un primer momento por Prat de la Riba, y donde luego destacaría Francisco Cambó. A partir de la pérdida de las colonias y el aumento del descontento social, surge un nacionalismo más radical. Desde el

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mundo de la cultura también se promueve la afirmación del nacionalismo, mediante movimientos como la Renaixença o el noucentisme. Instituciones como el Ateneo de Barcelona o la Academia de Jurisprudencia, revindicaron la existencia de una cultura propia.

En el País Vasco el movimiento nacionalista es distinto, aunque coincida en el tiempo con el catalán. La ley de 21 de julio de 1876 había derogado los fueros vascos y en su lugar se aprobaron conciertos económicos en 1878, que permitían al País Vasco mantener un sistema privativo de autonomía fiscal, por la cual las propias diputaciones provinciales eran quienes recaudaban los impuestos y luego pagaban el cupo señalado al estado. Pero estas medidas no parecían ser suficientes. La supresión de los fueros conllevó un descontento que acabó en la afirmación de una

lengua

vasca

y

la

s

particularidades

regionales. En los noventa Sabino Arana hace de los fueros el símbolo de la soberanía vasca, y afirma que los vascos, por su lengua, su cultura y sus costumbres, son una nación particular, independiente del resto de España. Publica en esta

época

su

obra

Vizcaya

por

su

independencia, funda el periódico Bizkaitara y crea el Partido Nacionalista Vasco. Se empieza a hablar de Euskadi como la patria de los vascos, se reivindica el uso del euskera y se promulga la necesidad de la euskaldunización de la sociedad. Se idealiza el mundo rural y las costumbres de los antepasados justo en un momento en que la zona empieza a modernizarse a marchas forzadas. Por eso el movimiento vasco tiene más éxito en el campo y gana calado social ante la moderación del discurso separatista y la colaboración con grupos de la derecha católica. Arana es elegido diputado provincial por Bilbao y se incorpora al partido el

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grupo liderado por el naviero Ramón de la Sota. En 1902 Arana declara que el objetivo debe ser luchar desde la legalidad por una autonomía lo más amplia posible dentro del estado español. Por tanto, al nacionalismo vasco se le abren dos caminos: uno posibilista y autonomista, y otro antiespañolista e independentista. Los nacionalistas vascos consideran a España dentro de una vertebración centralista que rechazan, y reclamaban la autonomía y la autogestión

como

primeros pasos de unos objetivos que iban más allá. Pero este nacionalismo no supo ganarse a la oligarquía vasca, plenamente identificada con la Restauración.

En Galicia desde fines de los ochenta aparecen publicaciones donde se afirman sus características especiales como pueblo, destacando El regionalismo, de Alfredo Brañas, o los escritos de don Manuel Murguía, que le convirtieron en una especie de patriarca

del

nacionalismo

gallego.

Desde

una

inspiración algo más liberal escribe Aureliano Pereira, de carácter federalista, que logra el apoyo de la burguesía y de algunos núcleos campesinos. El clima de estas obras se plasma en

movimientos

como la

reunión de la Asamblea Federal de la Región gallega, celebrada en Lugo en 1887, en la cual se aprueba el Proyecto para la Constitución del Estado Galaico. Murguía preside la Asociación Regionalista Gallega, de la cual luego se escinde la Liga Gallega de La Coruña, de inspiración liberal, y la de Santiago, más conservadora. En la segunda década del siglo XX surge una formación política gallega que ya es claramente nacionalista; As Irmandades da Fala.

El nacionalismo valenciano tiene un despertar más tardío, aunque ya a final de siglo comienza un discurso de afirmación nacionalista a través de los escritos de Faustino Barberá, De regionalisme y Valentinicultura, o las obras de

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Blasco Ibáñez. Se hablaba de las condiciones específicas de los valencianos, de las antiguas costumbres y de una lengua forjada entre las presiones del catalán y del castellano. Pero todavía este incipiente nacionalismo se debate entre la integración en los “países catalanes” o la afirmación de Valencia como nación diferenciada y autónoma.

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Tema 10. La pérdida de las colonias. La crisis de fin de siglo. (1895-1902)

La sociedad española ante la guerra.

La vida política desde 1895 estuvo condicionada por la marcha de la guerra en las colonias y por el enfrentamiento con Estados Unidos. Con el último gobierno de Cánovas, que duraría hasta su asesinato, y luego con el de Sagasta y un pequeño paréntesis de Azcárraga, la vida parlamentaria se desarrolla sin grandes discrepancias, pues existe la preocupación de la guerra y de conseguir los recursos necesarios para ello. Quizá por ello los presupuestos se aprobaron sin problemas y la consigna era estar unidos en el objetivo común. Pero a medida que se iba evidenciado el fracaso, también empezaron a surgir las diferencias. La sociedad española se dividió en los grupos que apoyaban la guerra, principalmente los partidos dinásticos, gran parte de los republicanos y los carlistas; y los que eran partidarios de una solución pacífica: federales, socialistas y algunos sectores nacionalistas.

La guerra era considerada por los partidos dinásticos como un mal menor, aunque los políticos fuesen conscientes de la superioridad americana. Sabían que la guerra estaba perdida, pero preferían perder las colonias en una guerra que cederlas pacíficamente y poner en peligro la estabilidad del país y la monarquía. Les asustaban las consecuencias que pudiesen tener la pérdida de Cuba y Filipinas, sobre todo que el ejército se sintiese traicionado y tuviera lugar un pronunciamiento militar. Había

otros sectores que se sentían preocupados

esencialmente por la propia pérdida de las colonias, como los comerciantes, hacendados, militares y funcionarios destinados en Ultramar, o las órdenes

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religiosas vinculadas a Filipinas, así como sociedades geográficas partidarias de la expansión colonial.

Los empresarios españoles interesados en el negocio colonial, pero sin tierras y sin inversiones directas en las colonias, apoyaron una salida rápida del conflicto, pero con una dura negociación que permitiese obtener beneficios en los futuros negocios. La prensa y la Iglesia fueron legitimadores de la guerra. La prensa creó, incluso, falsas expectativas e hizo nacer un clima patriotero e incendiario. La Iglesia celebró manifestaciones religiosas a favor de los combatientes.

Los partidos antidinásticos no aprovecharon la guerra para atentar contra el sistema político, debido a que carecían del poder necesario y se hallaban muy divididos. Los carlistas, al principio, apoyaron la guerra; pero a medida que avanzaba, pensaron que el desprestigio del régimen podría significar la caída de la monarquía y darles a ellos una opción. Pero no podían actuar por si solos, y únicamente podían apoyar a algún militar descontento. Pero las acciones aisladas, como algún asalto a cuarteles de la Guardia Civil, no tuvieron significación alguna.

La guerra coincidió en un momento en que los republicanos estaban especialmente débiles, porque Castelar se había integrado en el sistema político y Ruiz Zorrilla estaba enfermo. Menos los federales, todos los demás adoptaron posturas contradictorias durante el conflicto. Apoyaron las medidas autonomistas y las reformas en las colonias, pero adoptaron una actitud patriotera exaltando la necesidad de una victoria; en espera de que la derrota se volviera contra el régimen. Los federalistas de Pi y Margall defendieron la concesión de amplia autonomía a las colonias, y según se fue radicalizando el conflicto, optaron

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por la independencia. Cuando comenzó el enfrentamiento con Estados Unidos se manifestaron en contra de una guerra que creían perdida de antemano.

Los socialistas evolucionaron desde el rechazo a la guerra hasta una condena al régimen colonial para luego centrarse en el descontento popular ante el conflicto. Se manifestaban en contra del servicio militar, el sistema de reclutamiento y el pago de la redención del servicio, y trataron de canalizar estas protestas en contra de la guerra. Esta actitud les benefició enormemente más tarde.

La guerra confirmó las tesis internacionalistas de los anarquistas, pero apenas tuvieron ocasión de demostrar su postura, debido a la represión del anarquismo terrorista.

Algunos intelectuales, como Costa o Unamuno se manifestaron en contra de la guerra, al igual que muchos nacionalistas. En Galicia, la crisis rural hizo que nacieran en esta época las Ligas Agrarias; y en el País Vasco el nacionalismo rechazó cualquier proyecto colonial, aún en el caso de que favoreciese capitales vascos. En Cataluña, aunque empezaron a ponerse al lado del gobierno, los fracasos militares y la pérdida de las colonias los desligaron de la política de Madrid.

Se solía ver en la despedida o recibimiento de soldados por parte del pueblo, un apoyo a la guerra, pero en realidad la sociedad era contraria al reclutamiento, porque mucha gente no sentía demasiado interés, y menos aún querían perder vidas de sus seres queridos y manos para trabajar. Con la guerra se consolidan disidencias, especialmente de socialistas y nacionalistas, pero la contienda no provocó grandes cambios en el mapa de la política española. Se mantuvo la constitución, una composición de cortes similar, los mismos partidos e incluso los mecanismos que tanto se criticaban.

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La política exterior en los años noventa.

En

este

aspecto

fueron

años

turbulentos

y

cambiantes, donde se vivió una expansión imperialista que enfrentó a algunas potencias. Priman la fuerza, el poder y la ambición por encima de la conciliación, el orden y el derecho. Es la época del darwinismo político, donde se afirma la desigualdad de las naciones, la necesidad de la lucha entre países como instrumento de la Historia para la selección de los mejores. Por eso en esta época aumenta la rivalidad entre potencias. También es momento de expansión económica e industrial, y la técnica llega a los medios militares, lo cual favorece la expansión

de

las

grandes

potencias.

Aparecen

en

escena

nuevos

países

emergentes, como Estados Unidos y Japón, y en Europa, la caída de Bismarck significa un cambio en las relaciones internacionales. El nuevo gobierno alemán no renueva el acuerdo secreto con Rusia, y esto permite que el imperio ruso llegue a un acuerdo con Francia, que recupera confianza en el terreno internacional. Todavía existía el contrapunto de la Triple Alianza, pero ya se barajan alianzas nuevas. Las rivalidades ultramarinas determinan las relaciones entre las potencias en mayor grado que la situación en Europa. Gran Bretaña se aísla respecto al continente y se acerca a una alianza con Estados Unidos.

La política exterior en España está condicionada por la situación en las colonias y la consiguiente inseguridad en el futuro ultramarino, por lo cual en las cuestiones europeas apenas hay participación. España se vio colocada, sin desearlo, en el epicentro de un nuevo reparto de los espacios coloniales, y tuvo que afrontar guerras no deseadas en Cuba y Filipinas, y más tarde con los Estados Unidos. Además hay un incidente en Melilla con Marruecos, una rebelión en Ponape y revueltas en Mindanao; además de ver crecer en el Pacífico la tensión con Japón. Para hacer frente a tanto conflicto, se busca la complicidad europea, pero España

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no encuentra más ayuda que una cierta simpatía internacional. Un tema fundamental es la renovación de la adhesión a la Triple Alianza, el arancel proteccionista de 1891, las reformas de Maura en Ultramar, o los debates en torno a la autonomía de las colonias. Veamos:

1. España tenía una vinculación a la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría, e Italia) aunque el alcance de los acuerdos era limitado, porque no se trataba de una alianza formal, sino un mero intercambio de notas entre ministros, y tiene como objetivo fundamental la defensa en el Mediterráneo. Se trataba de impedir la expansión francesa en el norte de África. Las cláusulas del tratado impedían a España suscribir tratado alguno con Francia que pudiese ir en contra de las potencias de la Triple Alianza. Cuando Cánovas llega al poder en 1890 mantiene los compromisos de los liberales y en 1891 renueva este tratado, aunque con algunas variaciones. Mantiene la declaración de defensa del principio monárquico, pero consigue que el compromiso de no suscribir acuerdos con Francia no fuese solo español, sino que también se extendiese a Italia. España se reservaba libertad de acción para garantizar la defensa de sus territorios en el Norte de África. Cuando en mayo de 1895 hay que hacer la segunda revisión del acuerdo, se replantea la conveniencia de mantenerlo con Italia, porque este gobierno exigía unas condiciones inaceptables para España, exigiéndole el compromiso de que no caería bajo la órbita francesa. Cánovas y el conde de Tetuán, que era el ministro de estado, deciden no renovar el acuerdo. Las relaciones con Francia en este momento habían mejorado y había importantes relaciones comerciales entre los dos países. En este momento los problemas exteriores para España estaban más ligados a Cuba que al norte de África. Para suavizar el desencuentro entre España e Italia, en octubre de 1895 se aprueba un acuerdo verbal, que no pasa de ser una mera declaración de buenas intenciones.

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2. Bajo la inspiración proteccionista se firman algunos acuerdos comerciales, bajo la premisa de que el estado debe regular la economía y moderar la concurrencia, para lo cual se adopta una clara política proteccionista, aunque abierta a negociaciones. Esto conlleva muchas críticas, porque se identificaba proteccionismo con conservadurismo. El 31 de diciembre de 1891 fueron suprimidas las franquicias de la ley de 1882 y se adoptaron medidas que favorecían la economía interior, y así fue como se negociaron una serie de importantes tratados comerciales. Con Francia había muchas discrepancias en las tarifas a aplicar a determinados productos que imposibilitaron el entendimiento con Cánovas, y serían los liberales en 1894 quienes culminaron las negociaciones. Pero se firmaron acuerdos con Noruega, Suecia, Países Bajos y Suiza, de manera definitiva, y otros acuerdos provisionales con Austria-Hungría, Alemania e Italia. Esta política proteccionista también tuvo importantes consecuencias en las colonias, porque primó la entrada de productos peninsulares en las islas, pero al no existir reciprocidad en el trato, España no fue la principal compradora de productos de Puerto Rico, Cuba o Filipinas, sino que este mercado se orientó más bien hacia Estados Unidos, Gran Bretaña y los países del norte de Europa. 3. A ambos lados del Estrecho hubo conflictos. En 1893, durante la etapa liberal, tiene lugar la guerra de Melilla, a causa de unas obras impulsadas por el gobierno español, pues se autoriza en Sidi Guariach la construcción de un fuerte en los terrenos de una antigua mezquita musulmana, y el asunto es considerado una provocación por parte de los rifeños, quienes sitian durante varios días a mas de dos mil españoles en Cabrerizas Altas. El conflicto se resuelve mediante el tratado de Marraquech, negociado por Martínez Campos, mediante el cual el sultán se comprometía a castigar a los rifeños, controlar a la población y crear una comisión hispano-marroquí para que delimitara una zona neutral; y además se reconoce el derecho de los

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españoles a construir el fuerte. Al año siguiente hay tensiones por Gibraltar, porque España refuerza algunas posiciones cercanas a la bahía de Algeciras y Sierra Carbonera, y el gobierno británico se molesta, aunque el conflicto no pasa a mayores. 4. Problemas en el Pacífico, ya que España en los años ochenta había pensado en impulsar las relaciones con Japón y se pretende establecer unas líneas de comunicación que unan las islas españolas del Pacífico con Japón, y potenciar la emigración japonesa a las colonias, así como firmar tratados comerciales. Pero en los noventa, ante el desarrollo económico y militar de los japoneses, España cambia de actitud y adopta una política defensiva encaminada a frenar la influencia nipona en las islas españolas. Se deja de favorecer la emigración de braceros y se controla a los japoneses que ya están establecidos.

Podemos decir que tanto liberales como conservadores trataron de reforzar la presencia española en el exterior, tanto en lo político, como en lo económico y lo estratégico. La consigna era mantener y defender.

Guerra en Cuba.

La guerra estalla en 1895, con el llamado Grito de Baire, y la rebelión está capitaneada por Máximo Gómez, y apoyada por José Martí. La rebelión se inicia en las sierras de Oriente y llega hasta Santiago. Inicialmente Cánovas no quiere negociar, sino restablecer la paz, y más tarde ya se vería como se preparaban las reformas, pero no se contemplaba la separación ni la independencia. Para intentar la pacificación, se nombra al general Martínez Campos gobernador general, aunque fracasa en sus deseos de pacificación. Al creer necesaria una respuesta

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militar, reclama nuevos contingentes de tropas y consigue atravesar la isla, aunque las tropas rebeldes contraatacan con fuerza. Martínez Campos no quiere tomar medidas contra la población civil que apoya a la guerrilla, y por eso pide el relevo de su cargo. Cánovas designa ahora a Valeriano Weyler, con experiencia en guerras tropicales. Concentra

a

la

población

civil

en

zonas

controladas y divide la isla en compartimentos estancos mediante líneas fortificadas, que iban de costa a costa. Aunque desde España se envían más tropas, hay muchas bajas por enfermedad y las tropas españolas son poco efectivas en la isla. Lo difícil siempre es derrotar a la población que apoya la rebelión. Pero ni Cánovas ni Sagasta, desde la oposición, querían renunciar a este rico territorio y como los españoles eran más poderosos en lo militar, dominaban las ciudades y las principales vías de comunicación, pero las dificultades eran el clima y la tensión con la población civil. Los insurrectos seguían aumentando su fuerza y posiciones, porque controlaban la selva y actuaban en emboscadas, además de que contaban con la ayuda exterior de los Estados Unidos. La primavera de 1897 acabó con un debate parlamentario. Sagasta opina que el triunfo es imposible y debe optarse por una política autonomista. Cánovas no era partidario de esta opción, pero propone a la reina retirarse, para que los liberales puedan llevar a cabo sus ideas autonomistas, porque él no estaba dispuesto a ejecutarla. La reina decide mantener su confianza en Cánovas, que ordena a Weyler intensificar los esfuerzos bélicos, dándose de plazo hasta finales de año. Pero durante las vacaciones, en agosto, Cánovas es asesinado por un anarquista. Algunos autores han querido ver en este asesinato la influencia de grupos con intereses cubanos. La muerte de Cánovas, junto con la intensificación de la presión americana, cambia el rumbo de la guerra. Sagasta llega al poder y se adopta una política autonomista. Weyler es sustituido por el

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general Blanco y en 1898 se adopta una ley concediendo la autonomía a Cuba, y por extensión, a Puerto Rico. Se establece la igualdad de derechos políticos con los peninsulares y en ambas islas se impone el sufragio universal. Pero las medidas llegaban tarde. Ni los cubanos ni los norteamericanos se sienten satisfechos.

Guerra hispano-norteamericana.

En 1898 Estados Unidos decide intervenir en el conflicto cubano y declara la guerra a España, lo cual afecta a todas las posesiones españolas en el Caribe y el Pacífico. Para esta intervención hay motivos políticos, estratégicos y económicos. Estados Unidos era en este momento un país muy poderoso y muchos grupos de opinión deseaban una política exterior más activa que convirtiese al país en una gran potencia. Los sectores expansionistas, entre los que se encontraban los republicanos, militares, comerciantes, misioneros y sociedades humanitarias, querían empezar a operar en el Caribe y Latinoamérica, y en la zona del Pacífico y Extremo Oriente. Por eso desde que empezó la guerra cubana los americanos se inclinaron a favor de la causa revolucionaria; aunque había muchos hombres de negocios reacios a entrar en la guerra, porque pensaban que sería un freno para el avance económico. Pero de todos modos, aún antes de entrar, la guerra cubana ya influía en el mundo de los negocios americanos, y por eso se pensaba que era preferible intervenir para acortar la guerra. El Congreso se convirtió en el principal defensor de una Cuba libre, ya desde antes de la intervención. En abril de 1896 las cámaras solicitaron a la administración americana que reconociese la beligerancia en la isla, pero el presidente Cleveland se niega a inmiscuirse en una lucha que considera ajena. Cuando llega a la presidencia McKinley tampoco siente especial interés en los asuntos cubanos, y se limita a intentar negociar con España para que modificase su manera de actuar en la isla. Pero en 1897 su postura se radicaliza, porque teme que los sectores más revolucionarios entre los cubanos se hagan con el control y perjudiquen los

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negocios

americanos.

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Pensaba

además

que

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quizá

en

este

momento

una

intervención en Cuba le granjease la simpatía del electorado y le hiciese ganar votos. Por eso se decide la intervención en 1898. Hay un nuevo factor que entra en juego, porque las grandes potencias parecían dispuestas a repartirse la distribución del Extremo Oriente y la política de puertas abiertas de China se veía en peligro. Los Estados Unidos temían quedar fuera de ese ámbito, y por todo el país se extiende la necesidad de una intervención también en Extremo Oriente. McKinley propone encontrar una solución conjunta para los dos casos; si se declaraba la guerra a España acabarían con la insurrección en Cuba y al mismo tiempo alguna de las islas españolas en el Pacífico podría convertirse en una base militar desde la que proteger los intereses americanos en Asia. Hubo otros acontecimientos que vinieron a facilitar las pretensiones del presidente. Y uno de ellos fue el asunto del Maine, buque de la Armada enviado a proteger las vidas e intereses de ciudadanos americanos en Cuba, y que explotó en el puerto de La Habana en 1898; según los americanos debido a una mina colocada deliberadamente; aunque con toda seguridad es algo falso. Además se publica una carta privada del ministro español en Washintong en que se critica al presidente americano, lo cual conlleva un enorme escándalo. El senador Proctor informa de una visita reciente a Cuba que se necesita con urgencia acción norteamericana para acabar con el “genocidio” que se estaba cometiendo en la isla. El presidente consigue del Congreso autorización para emplear en la guerra 50 millones de dólares y envía notas al gobierno español solicitando el armisticio, imponiendo unas condiciones de difícil cumplimiento. España n acepta, y McKinley solicita del congreso permiso para iniciar la guerra, justificándola con razones humanitarias.

El conflicto hispano-norteamericano se internacionaliza porque la guerra puso en cuestión el futuro de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas españolas de la Micronesia, abriendo un debate sobre el porvenir de estos enclaves.

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En todo el panorama internacional hay unos condicionantes que deberemos repasar:

•

Imperialismo. Las relaciones entre las naciones, en este momento, se basaban sobre todo en la fuerza y era también el momento de máxima expansión colonial, donde las potencias se repartían los territorios libres y comenzaban a iniciarse nuevos problemas: el reparto de China, el status de aquellos territorios que estaban bajo la soberanía de fuerzas coloniales que ya no podían defenderlos, la adjudicación de territorios, como Samoa, que permanecían entre intereses enfrentados. Para ser una gran potencia había que tener colonias.

•

Cambio en el orden mundial. La preponderancia europea toca a su fin. Emergen nuevas potencias extraeuropeas, como Japón y Estados Unidos, y los espacios ultramarinos cobran especial importancia en las relaciones internacionales.

•

Problemas de economía internacional. Muchos países adoptan políticas proteccionistas,

se

establecen

mercados

reservados,

se

necesitan

concesiones de préstamos, control de comunicación con las colonias. La política arancelaria que España había adoptado, beneficiaba al país, pero no a las colonias ni a las demás potencias. Quizá por eso ningún país extranjero quiso ayudar a España para que perpetuase una situación que les perjudicaba.

La guerra tiene dos escenarios: en el Caribe se acepta la aplicación de la doctrina Monroe, en razón de la cual esta zona era de influencia norteamericana, por lo cual las potencias europeas no debían implicarse; y el Pacífico , donde había una importante rivalidad entre potencias para hacerse con áreas de influencia y mercados reservados para empezar a penetrar en China. Por eso la mayoría de las potencias europeas también desean intervenir en la zona. Unas apoyan la

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adquisición norteamericana de Filipinas, como es el caso de Gran Bretaña, y otras intentan hacerse con parte del botín, como Alemania o Japón. Alguna, como Francia, intenta tan sólo crear alguna compañía multinacional en la zona. En ningún caso se planteó el autogobierno de los pueblos filipinos o de la Micronesia.

De todos modos, la guerra también se internacionalizó porque España solicitó la colaboración de otros países en tres momentos:

1. para frenar la intervención americana en Cuba, buscando la ayuda de Gran Bretaña; pero los ingleses pensaban que la cuestión colonial española no era tema de su competencia; ya demás necesitaban el apoyo americano para frenar la expansión rusa en zonas de importancia para Inglaterra. Vuelve Cánovas a intentarlo en 1896, pretendiendo que Gran Bretaña dirija una acción conjunta con otras potencias, y aunque Alemania y Austria-Hungría parecen dispuestas, Estados Unidos avisa de que considerará cualquier acción prueba de no amistad. 2. para evitar la guerra con Estados Unidos; en 1898 Sagasta rechaza la petición del embajador americano de que se ponga fin a la guerra y reclama de nuevo la colaboración de las potencias. Hasta María Cristina escribe a

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varios monarcas europeos solicitando ayuda. Nadie se atreve a hacer nada, y se aconseja que España solicite la mediación de la Santa Sede. 3. para minimizar sus consecuencias. En abril de 1898 el gobierno español consigue una respuesta internacional. Un representante del Papa, Monseñor Ireland, resaltó en Washington los esfuerzos españoles por suspender las hostilidades en Cuba, y las potencias europeas escriben una nota conjunta apelando a la humanidad de los americanos. Se destaca también el principio monárquico y la estabilidad necesaria del gobierno español para el beneficio conjunto de Europa. Pero la política exterior de España la había dejado separada de los acuerdos internacionales y tenía poco que ofrecer para compensar el apoyo de las grandes potencias. Nadie quería enfrentarse a Estados Unidos. A pesar de todo, el káiser, la reina Victoria y el emperador Francisco José se muestran dispuestos a apoyar a la reina regente, aunque sus gobiernos no vayan más allá de la mera simpatía o las condolencias. A fines de siglo las potencias se dividían en varias alianzas: la Triple Alianza reúne a Austria-Hungría, Alemania e Italia; la Dúplice, que reunía a Francia y Rusia. Gran Bretaña estaba aislada y enfrentada a varias potencias por temas coloniales, así que los británicos deseaban una alianza provechosa con los americanos, por lo cual no podía permitirse apoyar a España. Alemania también mantenía buenas relaciones con Estados Unidos y además estaban preocupados por impulsar una nueva política mundial, que les llevase a engrandecer su imperio, su industria y su comercio, con lo cual tampoco podía ofender a los americanos apoyando a España; sin contar con que los alemanes pensaban quedarse con el sur de las Filipinas, las Carolinas, las Marianas y Palaos. La nación que más dispuesta se mostró a ayudar a España fue Austria-Hungría, pero no tenía excesiva fuerza en Europa. Rusia estaba demasiado alejada de los problemas españoles, y sus preocupaciones más bien iban hacia el Mediterráneo y Extremo Oriente. Francia estaba inmersa en pleno proceso de expansión colonial, enfrentada a

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Gran Bretaña y preocupada por la defensa frente a Alemania en el continente. No deseaba enemistarse con las demás potencias europeas ni con Estados Unidos.

La guerra fue corta. La primera acción bélica fue un ataque contra Filipinas, dirigido por el comodoro Dewey, que se enfrentó en Cavite a la escuadra española en el Pacífico, mandada por el contraalmirante Montojo.

Quedaron

destruidos los barcos que protegían las islas y tras varios meses de

combate por tierra, el 13 de agosto capitula Manila, y su caída arrastra a todo el archipiélago. El gobierno español manda otra escuadra, al mando del capitán Cervera, a defender las islas del Caribe. La flota tiene que reponer carbón en Santiago de Cuba, donde es bloqueada por la escuadra de Simpson. El gobierno obliga a Cervera a abandonar el puerto y enfrentarse

a su enemigo, pero nada

puede hacer. Las batallas terrestres continúan, hasta que el 12 de julio cayó Santiago. El 12 de agosto se firma el Protocolo de Washington, que significa el final

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de las hostilidades. La comisión de paz se reúne en Paris el 1 de octubre de 1898. De la parte española acuden Eugenio Montero Ríos, el ex ministro Buenaventura Abárbazua, José de Garnica, Rafael Cerezo y Emilio de Ojeda. Los norteamericanos están representados por el secretario de estado Wiliam Day, el presidente de la comisión de Exteriores en el senado, Cushman Davis, William Frye y Whitelaw Reid. Estados Unidos se negó a hacerse cargo de los gastos y obligaciones de la Deuda cubana, y respecto a Filipinas, las exigencias fueron aumentando a medida que pasaba el tiempo. Empezaron reclamando una base en la isla de Luzón, y acabaron pidiendo todo el archipiélago. Estados Unidos termina quedándose con todas las islas, y España recibe a cambio veinte millones de dólares. En cuanto a la Micronesia, Estados Unidos había conseguido la isla de Guam, mediante conquista, y así consta en el tratado, pero no pueden obtener ninguna de las islas Carolinas, porque Sagasta y Bismarck habían iniciado una negociación secreta paralela a la de Paris, y España había cedido a Alemania las islas Carolinas, las Marianas y Palaos a cambio de 25 millones de pesetas, y dejando la concreción definitiva de los términos al final de la Paz de Paris. Inglaterra apoya las tesis alemanas.

La crisis de fin de siglo.

Después

del

98 los políticos, intelectuales, clases

ilustradas,

militares e incluso la prensa sintieron que la derrota expresaba la culminación de un siglo de decadencia y esto trae como consecuencia que se produzca una crisis en la conciencia nacional que provoca una reflexión sobre España y su significado. Es el pesimismo generalizado lo que origina la idea del desastre, pero en realidad esta visión catastrofista no se correspondía del todo con la realidad, porque las crisis que sufrió España no eran tan distintas de las padecidas en otros países europeos en la misma época, y las repercusiones que ocasionó fueron limitadas. España podía decirse que estaba dentro de la normalidad de su entorno, pero el pesimismo generado por el 98 provocó el replanteamiento de lo que debía ser España e

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impulsó una actitud reformista: había que mejorar y modernizar España. Estos sentimientos se extendieron también a otros sectores de la sociedad, y se evidencia un deseo de transformar las estructuras básicas y las actitudes políticas. A este movimiento se le llamó REGENERACIONISMO, y afecta a la vida pública española a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se sustentaba en el descontento general de la sociedad, y potencia la modernización del país a muy distintos niveles. Aunque el 98 actuó como revulsivo, esta idea ya empieza a gestarse en los años sesenta.

El pensamiento regeneracionista da lugar a una literatura angustiad, según podemos ver en las obras de Lucas Mallada, Joaquín Costa, Ricardo Macías Picavea y otros. También queda patente esta realidad en la revista España Moderna, impulsada por Lázaro Galdiano, o de las actividades de la Institución Libre de Enseñanza, o de las publicaciones del Ateneo de Madrid. Hay también una serie de ensayos que influyeron en el futuro de la nación y que ayudan a entender la evolución de la izquierda política e intelectual. Nacen a raíz del 98 muchas de las corrientes que conformarían la España del siglo XX. Entre los ensayistas cabe hablar de Valle Inclán, Unamuno, Baroja, Maeztu o Marañón.

También la actitud regeneracionista se manifiesta a través de los movimientos sociales de carácter corporativo, como las Cámaras Agrarias y las de Comercio, que trataban de convertirse en grupos de presión, aunque no consiguiesen influir directamente en las líneas de gobierno. A partir de 1898 la clase política asumió estas actitudes también, sobre todo los conservadores, que era el partido en el poder en ese momento. Tras la muerte de Cánovas, los líderes son Francisco Silvela y Antonio Maura. El proteccionismo se convirtió en el estandarte del regeneracionismo, y la opinión de los conservadores queda reflejada en el discurso “Sin pulso” de Silvela en agosto de 1898 y en “El manifiesto” del general Polavieja, que se publica en septiembre del mismo año.

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El gobierno regeneracionista de Silvela.

Cuando Sagasta dimite le sucede Francisco Silvela, nuevo líder de los conservadores, y configura un gobierno en el que, bajo la hegemonía del partido conservador, aunaba distintas fuerzas: Fernando Villaverde, Eduardo Dato,

Polavieja,

el

marqués

de

Pidal,

Durán

y

Bas.

Silvela

encarna

el

regeneracionismo desde dentro del sistema político y pretende llevar a cabo una verdadera revolución desde arriba. Sus principales objetivos fueron moralizar la vida pública, neutralizar la amenaza de los militares, integrar a los nacionalistas en la política del estado, liquidar las deudas de guerra y sanear la economía.

Eduardo Dato lleva a cabo una labor de legislador social, aprobando leyes sobre los accidentes de trabajo y regulando el trabajo de mujeres y niños. También se establece el servicio militar obligatorio, se regula el funcionariado, se reforma el código penal y el de comercio, y la administración de Justicia. En la segunda etapa de gobierno destaca la política hidráulica y de obras públicas que impulsa Gasset. Pero quizá la labor más importante es el intento de ordenar la Hacienda Pública que emprende Fernández Villaverde, que trata de equilibrar los presupuestos y remontar el déficit, con el fin de contener los precios y revalorizar la peseta. Pretende crear un nuevo impuesto de utilidades sobre profesionales y funcionarios, sobre las propiedades urbanas y sobre la industria y el comercio; es decir, gravar a la burguesía y clases medias. Esto provocó la oposición de la Comisión Permanente de las Cámaras de Comercio, de la Liga de Productores, de la Unión Nacional y del Fomento del Trabajo. Y todo ello se une al tema de la cuestión catalana. Para acallar la protesta, en septiembre de 1899 se aprobó un Real Decreto adoptando medidas represivas en función de defender la unidad de la patria. Polavieja, por sus simpatías catalanistas, dimite. La negativa de los

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contribuyentes catalanes a pagar los nuevos tributos coloca a Durán y Bas en una situación insostenible, y también él acaba dimitiendo.

Pero la principal oposición a Silvela no llegaba de los demás partidos políticos, sino de las Cámaras Agrarias, agrupadas en la Liga Nacional de Productores, dirigidas por Joaquín Costa, y las Cámaras Mercantiles, lideradas por Basilio Paraíso; que se integran en 1900 en la Unión Nacional, que organiza la huelga de contribuyentes, incitando a la resistencia al pago de impuestos. Las manifestaciones son especialmente violentas en Barcelona, donde se llega a declarar el estado de guerra. Al final, la huelga fracasa.

Pero meses después, el Partido Conservador abandona el poder por la división que causa el nombramiento del general Weyler como capitán general de Madrid. Silvela dimite en octubre de 1900 y le sucede un breve gobierno puente del general Azcárraga, que asume el poder para que se pueda celebrar sin problemas el enlace de la princesa de Asturias con don Carlos de Borbón Nápoles, dado que este matrimonio no era aprobado por los liberales, porque el padre del novio, conde de Caserta, había apoyado las pretensiones carlistas. Como la boda despierta la antipatía de los progresistas, se suspenden las garantías constitucionales en toda España por un tiempo prudencial, y el día de la ceremonia en Madrid se declara el estado de guerra, para impedir males mayores. Después de esto, Azcárraga dimite

Último gobierno de Sagasta y de la Regencia (marzo de 1901 hasta mayo de 1902).

En el último gobierno de Sagasta se apunta ya un relevo generacional, y junto a los grandes prohombres del partido, aparecen figuras como Álvaro Figueroa, Miguel Villanueva o José Canalejas. Durante el gobierno liberal se amplía el espectro político, y los catalanistas salen reforzados tras crear la Lliga

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Regionalista. Los socialistas también refuerzan su poder en las urnas, y adquieren más importancia la Unión General de Trabajadores y los anarquistas. Es un período de

enorme

inquietud

social,

con

huelgas

y

disturbios,

y

con

inicios

de

anticlericalismo. Para reprimir los motines se enviaba a la Guardia Civil o la policía, y el clima todavía se tensaba más. Cuando en 1902 Canalejas entra en el gobierno impulsa el intervencionismo del estado en los problemas sociales, para superar la conflictividad. Se proponen nuevas leyes que regulan las asociaciones y las órdenes religiosas, para arbitrar las huelgas y transformar el impuesto de consumo y aduanas, para que los productos de subsistencia se abaraten.

El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII cumple 16 años y asume plenamente sus funciones políticas, jurando la constitución. Todas las reformas que se habían hecho anteriormente resultan insuficientes, y tras los frustrados intentos regeneracionistas, hay varios factores que contribuyen a la desintegración del régimen:

1. las elecciones no fueron más limpias que antes 2. la política no se democratizó 3. el parlamentarismo continúa desarrollándose de espaldas a la opinión del país 4. la corona se inicia en el peligro del intervencionismo 5. se produce una crisis de liderazgo en los dos partidos. 6. no se integran las nuevas fuerzas sociales

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Tema 11. Alfonso XIII y los problemas del nuevo reinado. Los intentos de regeneración del

sistema.

Los

proyectos

de

Maura

y

Canalejas. Hacia una inestabilidad del sistema político.

Durante años el sistema canovista había funcionado gracias al pacto de la alternancia en el poder. Lo que diferenciaba al sistema liberal español del francés o del italiano, por ejemplo, era la enorme concentración de poder en manos del gobierno, del Ejecutivo; que desde el Ministerio de la Gobernación dirigía también el Legislativo y se determinaban de antemano los resultados electorales. Existían muchas sutiles maneras de dirigir al electorado, no hacía falta la violencia. Más bien se trataba de un “voto cautivo”. La sociedad española, eminentemente rural, con una elevada tasa de analfabetismo, mantenía entre el electorado el respeto a la voluntad de los señores. Pero en la sociedad del reinado de Alfonso XIII estas actitudes ya no eran hegemónicas y habían cedido terreno a las relaciones clientelares o de patronazgo, en donde los electores obtenían a cambio de sus votos algún favor o beneficio.

El control de la administración concedía a los patrones el poder de repartir favores, ya fuese de manera individual o colectiva, como empleos públicos o trabajos en la mejora de un determinado pueblo. Gracias a este voto cautivo, durante la primera etapa de la Restauración el gobierno de turno no había tenido dificultades para imponer un necesario equilibro; porque había siempre distritos manejables, sumisos al gobierno, donde el Ministerio de la Gobernación

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enviaba el nombre de su candidato para ocupar el escaño, aunque ni fuese conocido en la zona. En amplias zonas de España no había contienda electoral.

Pero desde principios del siglo XX se redujo la capacidad del gobierno para imponer su voluntad. Los distritos disponibles y sumisos fueron disminuyendo poco a poco, y se reforzó la tendencia de votar a aquellos candidatos que mejor defendiesen los intereses de los electores. La creación de redes clientelares era aún un eficaz instrumento de dominio, a pesar de todo. De todo este proceso puede dar fe y ejemplo la biografía del conde de Romanones, que entró en el Parlamento para cubrir un distrito a disposición del Ministerio de Gobernación, donde su familia tenía grandes influencias. Romanones fue el prototipo de cacique que supo fomentar una estabilidad y llegó a identificarse totalmente con su distrito.

Cuando aumenta la influencia y autonomía de los notables locales y provinciales, su poder de negociación con sus propios partidos también se acrecienta. Los partidos dinásticos habían carecido de cohesión interna y de estructura de control sobre sus miembros; e incluso en las cámaras había un elevado abstencionismo que era imposible evitar. Los notables aportaban al partido sus relaciones clientelares, y los adeptos se consideraba que lo eran más al jefe local en cuestión que al partido. Por eso existían tantas facciones. Cuando desaparecen los dos grandes líderes, Cánovas y Sagasta, se produce en sus respectivos partidos una enorme fragmentación.

Conforme esta fragmentación de los partidos se va haciendo cada vez más evidente, la labor de gobierno es más dificultosa, y el rey va adquiriendo un notable protagonismo político. La constitución de 1876, al sancionar la soberanía compartida, atribuía al monarca enormes prerrogativas, pues era cosoberano, junto con las cortes. En casi todos los demás países europeos el rey

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había ido perdiendo protagonismo frente al Parlamento; mientras que en España la evolución

es

totalmente

la

contraria.

Había una intensa vida parlamentaria, pero puesto que el Parlamento no era representativo

y

las

elecciones

eran

sistemáticamente falseadas, la voluntad del rey era fundamental. Podía suceder que el

monarca retirase su confianza a

un jefe de gobierno y encargase a otra persona

la

formación

de

gabinete,

concediéndole la facultad de disolver las cortes, con lo cual el nuevo presidente del consejo y su ministro de gobernación se encargaban de organizar las elecciones y obtener una mayoría suficiente para gobernar a su antojo. En el sistema de Restauración la corona tuvo un papel clave, que fue aumentando hasta convertirse en el árbitro del sistema. Alfonso XIII, que llega al poder efectivo el 16 de mayo de 1902, al cumplir los 16 años, demostró desde el primer momento su interés de intervenir en política, sobre todo en los asuntos militares. Dice textualmente en su diario que quiere ser un rey que gobierne, y no un rey gobernado por sus ministros. Por eso ocasionó unas cuantas crisis orientales, es decir, crisis ocasionadas por el inquilino del Palacio de Oriente, y su forma de actuar contribuyó algo a aumentar la inestabilidad política.

Al disgregarse los partidos dinásticos y aparecer nuevas fuerzas, la política española se complicó y cada vez son más las fuerzas que consiguen representación parlamentaria y dificultan el turno de partidos. Por eso las elecciones tienden a ser cada vez más reñidas y los distritos son escenas de auténticas batallas entre los candidatos, que hacen una activa campaña electoral y

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recurren a todos los medios a su alcance para ganar votos, incluida su compra. Muchos electores esperan al último minuto para votar y se ofrecen al mejor postor. Esto no era del todo mal visto, e incluso personas como Ortega y Gasset dicen que tiene más valor un voto comprado que el que se regalaba al ministro de la Gobernación. Aunque por medio de métodos fraudulentos, por lo menos se garantizaba una cierta movilidad en el electorado. Otro punto que favorece el incremento de la lucha electoral es el avance de la movilidad política

de un

electorado urbano que cada vez es más independiente. En las grandes ciudades las masas abandonan la apatía y se deciden a participar activamente en la vida política, votando libremente a partidos contrarios al turnismo. Aumenta en las urbes el voto libre de una sociedad civil que poco a poco se va articulando. Este comportamiento corre paralelo al desarrollo socioeconómico que se produce en la España de los primeros veinte años del nuevo siglo: crece la actividad industrial, aumenta la producción agraria, desciende la mortalidad, aumenta la clase media y los trabajadores cualificados, y se extienden las infraestructuras. Pero todo este avance urbano no tiene una excesiva influencia en la política a nivel nacional, sino que más bien queda restringida al ámbito municipal. Las cortes dependían del comportamiento de la mayoritaria España rural, donde se mantenía en buena medida el caciquismo. El sistema político de la Restauración había sido y seguía siendo oligárquico, y la mayoría de las decisiones de la elite política lograban consumarse, a lo cual ayudaba la aplicación de la Ley Electoral de 1907, que propiciaba el acuerdo entre partidos y facciones para repartirse las actas. Había una persistente

voluntad

de

acomodamiento

frente

a

las

nuevas

fuerzas

que

abominaban de la política del caciquismo, el fraude electoral y la corrupción. Durante el reinado de Alfonso XIII los resultados electorales siguieron arrojando pocas sorpresas y la victoria electoral seguía siendo del partido en el poder. La intervención gubernamental en las elecciones fue constante en todo el período.

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Los primeros gobiernos del reinado.

El

proyecto

regeneracionista

más

ambicioso fue el de Antonio Maura, que aunque fue en sus comienzos liberal, engrosó las filas del partido conservador en 1902. En poco tiempo logró consolidar su liderazgo en un partido antes dividido en múltiples facciones. En diciembre de 1903 ocupa por primera vez la presidencia del Consejo de Ministros.

Buen

político y con indudable

carisma, levanta pasiones, tanto a favor como en contra, aunque siempre fue una figura respetada,

e incluso sus

adversarios le reconocían autoridad moral. Era vehemente y drástico en sus opiniones e ideas, y brillante orador, con memorables discursos e intervenciones parlamentarias. Pero también era altivo, soberbio y arrogante, y sobre todo incapaz de admitir un error, lo cual le hizo granjearse muchas antipatías. Se presentaba a sí mismo como la solución que el país necesitaba. Su programa esgrimía el lema de LA REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA, y partía de la necesidad de acometer desde el gobierno las reformas que el sistema político necesitaba. Maura creía en el sistema canovista y en las instituciones que la constitución de 1876 sancionaba, pero estaba insatisfecho con su funcionamiento. Pensaba que el principal problema era la ausencia de ciudadanía y por eso creía que la solución era movilizar desde el poder a la sociedad neutra, a la sana mayoría silenciosa, lo cual se lograría haciendo funcionar correctamente el sistema. Bastaría con moralizar las instituciones e introducir honestidad en la vida pública para crear una verdadera ciudadanía. Denunciaba, como Costa, el caciquismo, pero no apelaba como él a ninguna medida excepcional, ni a una dictadura temporal, sino que pensaba que era necesario cumplir estrictamente las normas y leyes vigentes y revitalizar el Parlamento. La reforma del estado consistía en dotar de autenticidad a

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un sistema representativo que se encontraba falseado. Deseaba depurar el mecanismo electoral, y en las elecciones generales de 1903 no quiso utilizar los mecanismos del Ministerio de la Gobernación. A pesar de todo, tampoco estas fueron unas elecciones limpias, porque los caciques locales hicieron uso de todos los recursos y artimañas a su alcance; entre ellos comprar votos o hacer que los muertos

votasen.

La

moderada

intervención

gubernamental

hizo

que

los

republicanos consiguieran un moderado éxito, sobre todo en las grandes ciudades. Parecía que coincidía la idea de democracia con las opciones antisistema. En Cataluña, donde ya habían sido arrinconados el turnismo y los partidos dinásticos por los regionalistas y republicanos, era un claro ejemplo de la anterior aseveración.

Maura no puede llevar a la práctica su programa regenerador de inmediato. En diciembre de 1904 dimite como jefe de gobierno, cuando Alfonso XIII se empeña en imponer a su candidato para el cargo de jefe de estado mayor Central del Ejército, en vez de admitir al propuesto por el ministro de Guerra. Maura siempre reprochó al rey sus continuas injerencias políticas, y siempre estuvo en su ideario dar preponderancia a las cortes frente al rey. Pretendía convertir a Alfonso XIII en un monarca parlamentario; y para ello inicia una política de acercamiento de la corona al pueblo. Por eso decide que en 1904 el rey viaje a Barcelona, y es en este viaje cuando Maura sufre un atentado. Pero sirve para que la clase media catalana se acerque al rey. Sin embargo, la relación personal entre él y Alfonso XIII nunca fue buena.

El Partido Liberal estaba sumido en una profunda crisis y división interna, a la muerte de Sagasta, en 1903. No había una sucesión pero si muchos aspirantes a ella, y por eso cuando le toca gobernar al partido liberal, se suceden desde 1905 a 1907 seis gabinetes. Dentro de esta inestabilidad destaca la figura de José Canalejas, que al igual que Maura intenta una revolución desde

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dentro. Los dos personajes confiaban en las posibilidades del marco político de la Restauración

para

conseguir

una

correcta

evolución democrática; pero sus proyectos eran dispares y excluyentes entre sí. Canalejas tenía plena confianza en la corona como cabeza visible

del

estado

que

debía

impulsar

la

regeneración, por eso no deseaba acabar con las prerrogativas regias, sino más bien aumentar el poder e influencias del rey, con quien mantenía una buena relación de amistad. Si él mismo, que empezó como republicano, había evolucionado hasta estar cómodo con la monarquía, pensaba que las fuerzas progresistas podrían hacer lo propio. Su programa liberal y anticlerical le situaba a la izquierda del partido liberal, aunque en 1902 acaba rompiendo con la política de Sagasta. Contaba con El Heraldo de Madrid para lanzar su programática y a menudo recurre a la movilización pública mediante la propaganda, el mitin y las manifestaciones. Su objetivo era atraerse a los sectores de izquierdas, pero durante su campaña por varias ciudades, ve que es muy difícil conseguir el apoyo de las masas que cada vez son más proclives a la república. En las elecciones de 1903 fracasa, ya que en el ámbito rural no puede luchar contra el caciquismo. Por lo tanto, decide volver a los mecanismos clásicos del régimen y prefiere desarrollar su programa con el apoyo de su grupo de fieles en el parlamento. Por eso, al contrario que Maura, el regeneracionismo no ocupa el primer puesto en su programa político; piensa que no es posible eliminar los vicios del sistema desde arriba. El problema de fondo era que estos vicios no eran la causa, sino la consecuencia del escaso pulso de la opinión pública, y el estado debía elevar el nivel de desarrollo de la sociedad para acabar con el problema. Lo único que cabía hacer era combatir la indiferencia y la abstención con medidas educativas. Su programa era el más coherente dentro de

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los liberales; y expone unas ideas rotundas y claras sobre la necesidad de una intervención del estado en materia social. Pero también entre los conservadores había algunos que abogaban por el intervencionismo estatal en los conflictos entre capital

y trabajo; alentados por la encíclica Rerum Novarum. El

máximo

representante del reformismo social católico era Eduardo Dato, que ya con el gobierno de Silvela había regulado el trabajo de mujeres y niños. Durante el gobierno de Maura aprobó la ley del descanso dominical. En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales, que se adscribe al año siguiente al Ministerio de la Gobernación. Los socialistas, empero, no estaban satisfechos. En lo político y económico también había bastantes diferencias entre Maura y Canalejas, aunque los liberales abandonaron su librecambismo a ultranza; y en 1906 el gobierno liberal de Moret aprueba el arancel proteccionista tan deseado por la burguesía catalana. Desde luego, en donde más distinciones se hallaban era en la cuestión religiosa. Los liberales convirtieron a la religión en su caballo de batalla y la usaron como propaganda política para atraer a su seno a republicanos e intelectuales de izquierda. El anticlericalismo liberal, empero, tenía poco que ver con el estereotipo de sectario que inventaron del lado de la Iglesia. Hubo duras manifestaciones callejeras, en uno y otro sentido; y la polémica saltó a la calle y al Parlamento. La intervención de la Iglesia no había retrocedido a favor del estado, sino todo lo contrario: Las órdenes religiosas habían crecido, sobre todo después de la vuelta de muchos religiosos tras la pérdida de las colonias, y de frailes franceses que huían de las leyes anticlericales de la Tercera República. Los políticos liberales no pedían la separación de Iglesia y Estado, sino controlar las actividades, negocios y propiedades religiosas, acabar con los privilegios tributarios y promover la enseñanza laica. El estado debía garantizar una posición preeminente del catolicismo, pero dentro de un marco de libertad religiosa y supremacía del poder civil. En esta línea de pensamiento se crea la Institución Libre de Enseñanza, dirigida por Francisco Giner y Manuel Bartolomé Cossío.

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Canalejas fue quien más defendió la supremacía del estado, a pesar de que era un fervoroso creyente. Quiso introducir una nueva ley de asociaciones religiosas para frenar el avance de las congregaciones enemigas del liberalismo; pero no salió adelante a causa de la inestabilidad del gobierno y las luchas entre las facciones liberales.

El Partido Liberal se había desgajado en 1903 en dos facciones, lideradas por Segismundo Moret y Eugenio Montero Ríos, ambos catedráticos de Derecho y ya de avanzada edad. Montero Ríos estaba en el ala derecha del liberalismo, mientras Moret se encontraba todavía más a la izquierda que Canalejas. Su radicalismo era sobre todo retórico y verbal, y como gobernante era bastante inepto. La reforma de Moret se basaba por encima de todo en la libertad de cultos, mientras que Canalejas defendía el marco constitucional existente, y al igual que Maura consideraba que la constitución era lo suficientemente flexible para permitir interpretaciones de distinto signo. Moret controlaba mucho más que Montero Ríos los cacicatos provinciales del partido, y era el más directo rival para Canalejas a la presidencia del partido y en su caso del gobierno. Romanones, que estaba al lado de Moret, poco a poco también va haciendo su clientela entre un grupo de notables.

Las batallas entre las facciones eran habituales y por eso el partido liberal no podía desafiar ni a la Iglesia ni al Ejército. Una simple caricatura en una revista catalanista fue considerada grave ofensa por los militares, y en noviembre de 1905 provocó el asalto de unos 300 oficiales de Barcelona a la sede de la revista. El Ejército se había quedado descontento y humillado desde el 98 y cada vez estaban los militares más descontentos de la ineptitud de los políticos. Moret no hizo nada en contra de los oficiales asaltantes, sino que culpó al catalanismo y accedió a las exigencias de los militares, que pedían castigos para quienes actuaran

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contra la unidad de la patria o el honor del Ejército. Se aprueba la Ley de Jurisdicciones, y las ofensas a las FF AA cometidas por medio de la imprenta serían castigadas por la jurisdicción militar. Esta ley se consideró en Cataluña una agresión a la libertad de expresión y un agravio a los sentimientos regionalistas, y se produjo una importante reacción ciudadana.

Cataluña, paradigma de la crisis política.

El nuevo movimiento político, que nace en 1906 con el nombre de Solidaridad Catalana fue el culmen de un proceso de movilización que configuró en Cataluña una red de partidos propios. Ya desde hacía tiempo se notaba un cambio en el comportamiento político: alta participación electoral, campañas agitadas, gran asistencia a mítines; y esto corre paralelo con el gran avance en lo económico y lo social. Cataluña se había convertido en una región parecida a otras regiones desarrolladas de Europa, y bastante diferente del resto de España. Había nuevas fuerzas políticas, como la LLiga Regionalista, o los republicanos de Lerroux. Ambas implicaban la llegada a Cataluña de la política de masas y la rápida desaparición del bipartidismo dinástico. Primero en Barcelona y luego en la mayor parte de Cataluña se produjo una ruptura con el sistema de la Restauración.

El catalanismo, representado por la LLiga Regionalista, fue el primer nacionalismo que hizo acto de presencia en la vida política española. Estaba presidida por Enric Prat de la Riba y liderada por Francesc Cambó, y es mezcla de corrientes como la Renaixença cultural y el fuerismo conservador con las reivindicaciones del empresariado catalán. La burguesía catalana pensaba que no se podía crear un estado moderno desde Madrid y por eso se incorpora al catalanismo. Pensaban que Cataluña debía tener un papel hegemónico en la modernización del estado español. Por eso la Lliga va ganando adeptos a medida

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que los pierden los partidos dinásticos. Pero no cuenta con simpatías en los medios obreros, que ven este partido como clasista, reaccionario y clerical. Frente a la nueva derecha encarnada por la Lliga, se crea el republicanismo de Lerroux, que engloba a las clases populares. Alejandro Lerroux, que hasta entonces había ejercido el Periodismo en Madrid, se convierte en un orador de masas que encandila a los obreros. La situación de las

clases

trabajadoras

era

precaria,

con

jornadas de once y doce horas a cambio de salarios

bajos,

y

malas

condiciones

de

seguridad e higiene en el trabajo. Un ejemplo de barrio obrero era El Paralelo, centro de actuación de Lerroux, desde donde se atraía a las masas trabajadoras y a los inmigrantes. Aprovecha de manera muy inteligente la agitación y protesta social y consigue desarrollar un nuevo fervor republicano, creando en poco tiempo una red de círculos, ateneos, fraternidades y locales republicanos, desde donde se actuaba y se emitía propaganda. Los teatros se le quedan pequeños, y Lerroux llegó a dar mítines en las plazas de toros. El lerrouxismo era un movimiento populista, democrático, anticlerical, anticatalanista, que encarnaba el patriotismo español y supo atraerse a los heridos por el catalanismo.

El tercero en discordia era Solidaridad Catalana, que nace a consecuencia del suceso en el Cu Cut por los oficiales del ejército. Abarca en su seno desde los carlistas hasta buena parte de los republicanos; y solo quedan aparte los dinásticos y los lerrouxistas. Cuando se pone en contra de Solidaridad, Lerroux se queda solo y con el tiempo tendría que irse de Cataluña, sobre todo porque con frecuencia recurren a la violencia en sus mítines. Se produjeron duros

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enfrentamientos y en un atentado a Solidaridad, Cambó resulta herido, al tiempo que en Rubí se pretende luchar a Lerroux. Solidaridad arrastraba a las masas catalanas porque se presentaba como un movimiento cívico y modernizador; y hace que a Lerroux se le vea como un agitador forastero y se convirtió en el chivo expiatorio que el catalanismo necesitaba.

En las elecciones generales de 1907 los solidarios obtuvieron un éxito aplastante y la llegada de Cambó al congreso de Diputados causó un gran impacto. Si esperaban a un político provinciano y estrecho de miras, estaban

muy

equivocados,

porque

era

un

estadista de altura y tan innovador como Maura o Canalejas. Sus propuestas y proyectos de la política española, que hacía compatibles con su preocupación por Cataluña, causaban a partes iguales admiración y recelo. Las elites dinásticas empezaron a tomar en serio el problema catalán. A partir de 1907 el número de diputados no dinásticos en Cataluña será ya siempre superior; siendo la única región de España en donde sucede, aunque en las grandes ciudades ya las clases medias se manifiestan en contra del sistema, sobre todo en Madrid y en Valencia. Precisamente aquí, en Valencia, es en donde primero se rompe el turnismo y se implanta una hegemonía republicana cuyo protagonista es Vicente Blasco Ibáñez, y su periódico El Pueblo. Adopta en Valencia una estrategia municipalista, centrándose en ganar las elecciones municipales. Su mayor época de apogeo es entre 1902 y 1910, a pesar del feroz enfrentamiento con los partidarios de Rodrigo Soriano, el delfín de Blasco y del que separó aparatosamente. Pero no le impidió ganar adeptos entre la clase obrera, la pequeña burguesía comerciante y los jóvenes profesionales liberales.

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En otros lugares las clases medias urbanas, que podrían haber sido el motor del cambio, no se movilizaron, porque el sistema satisfacía sus necesidades.

El gobierno largo de Maura (1907-1909).

En 1906 el partido conservador era un partido unido y disciplinado como no lo había sido desde Cánovas. En 1907 Maura recibe orden del rey de formar gobierno. Comienza así el llamado “gobierno largo” de Maura, excepcional durante el reinado de Alfonso XIII, porque duró casi tres años. Deseaba Maura tener amplio apoyo parlamentario para llevar a cabo sus proyectos, y sacrificando sus escrúpulos legales, encomendó la dirección del proceso electoral al cacique murciano Juan de la Cierva, que desde el Ministerio de la Gobernación usó todos los medios a su alcance para falsear las elecciones. Naturalmente, era incoherente con el regeneracionismo preconizado por Maura recurrir a estos métodos, pero eso fue lo que hizo. Desde el gobierno, imprimió a las cortes un gran ímpetu legislativo para sacar adelante el programa regeneracionista. Se proyectó la reforma de la Marina y la construcción de una escuadra que garantizase la defensa nacional e impulsase la industria. Pero su proyecto más importante, la reforma de la administración local en un sentido descentralizador para acabar con el caciquismo, se quedó atascado en el congreso, y después de casi tres años fue rechazado tanto por liberales como por una parte de los propios conservadores. Si llevó a cabo la reforma electoral, y en la ley de 1907 hay normas encaminadas a la limpieza de las elecciones; la composición neutral de las Juntas de Censo y las mesas electorales, que redujeron las posibilidades de fraude. Se atribuyen competencias al Tribunal Supremo para dictaminar sobre la validez de las actas controvertidas, y se introduce el voto obligatorio, para incentivar la participación, aunque en la práctica tuvo poca repercusión, porque las sanciones previstas eran

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meramente simbólicas. A propuesta del republicano Gumersindo Azcárate se introduce el artículo 29, para evitar la simulación de una contienda electoral, cuando no había oponentes. Esto hizo que se renovase entre los partidos la tendencia al pacto. La ley electoral de 1907 tal vez no tuvo el efecto saneador deseado, más que nada porque una simple ley no podía modificar hábitos y costumbres arraigados en la población. El miedo de Maura a los revolucionarios le llevó a tratar de limitar los efectos del sufragio universal, e hizo también todo lo posible para restar fuerza a los partidos antisistema. En la ley se garantizaba el predominio de los partidos dinásticos, pero en realidad los demás partidos no rechazaron la ley, sino que se limitaron a aceptarla con ligeros matices.

Maura intentó dialogar con los regionalistas catalanes, en plena expansión, y con la ayuda del gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio, trató de atraerse a Cambó. Pero los catalanistas no estaban por la labor, sobre todo porque temían perder a sus simpatizantes. Este fracaso de Maura en atraerse a los catalanistas le frenó en otros muchos de sus proyectos. Tampoco se pudo atraer a las masas católicas, debido a su empeño en una política modernizadora. Y hasta chocó con la oposición de algunos de los miembros de su partido, debido sobre todo a su programa en contra de los caciques. A pesar de todo, el gobierno de Maura parecía sólidamente implantado.

El problema de Marruecos no dividía a la clase política, porque la mayoría no se oponían a una campaña militar en Marruecos. A través de su presencia marroquí, España volvía a la política internacional, aunque como potencia menor,

dentro

del

bloque

franco-británico.

La

situación

preponderante

en

Marruecos era la francesa, y por eso en España se veía la cuestión marroquí como un tema de defensa nacional, para que el país vecino no se adueñase de toda la zona. En realidad, quizá el más reacio a la campaña marroquí era el propio Maura. En el verano de 1909 había en la zona minera próxima a Melilla bastante agitación

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porque fueron asesinados cuatro obreros del ferrocarril y hubo enfrentamientos con las

tropas

españolas.

El

gobierno

decide

entonces

enviar

refuerzos

y

el

reclutamiento de reservistas en Cataluña origina manifestaciones en contra de la guerra de Melilla. Maura no hace nada por cambiar la opinión pública, al tiempo que la prensa izquierdista explota la situación haciendo ver que para defender los intereses mineros de unos cuantos ricos, se sacrifica la vida de obreros españoles. Se jugaba con la idea de que los que iban a morir a Marruecos eran los pobres que carecían de las dos mil pesetas para la redención. Muchos de los reclutados eran hombres casados y con hijos, y cuando los reservistas deben embarcar en Barcelona, hay graves desórdenes. El 26 de julio de 1909 comienza una huelga general contra la política del gobierno en Marruecos; y en Barcelona se convierte en una auténtica sublevación. Cuando llegan noticias de las bajas en Gurugú o en el Barranco del Lobo, los ánimos todavía se excitan más. Se incendiaron conventos, iglesias y escuelas religiosas, y hasta se llegaron a quemar objetos de culto y profanar tumbas. Resulta curioso que un conflicto que no era, en su inicio, religioso, acabase de esta manera, pero no era la primera vez que pasaba. El anticlericalismo era un fenómeno complejo y atraía con fuerza a las masas trabajadoras. En 1909 estallaron muchos rencores acumulados contra la Iglesia católica, y algunos, como Lerroux, se aprovecharon de ello para exacerbar más todavía los ánimos. El gobierno sofocó la sublevación con gran dureza; hubo centenares de muertos y más de dos mil detenidos. Se suspendieron los derechos de reunión y asociación, hubo juicios sumarísimos y muchas condenas a muerte. Los políticos de la oposición apenas protestaron; en todo caso lo hicieron los liberales por la censura de prensa. El problema surgió más bien en el exterior, por la campaña a favor del ex director de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer Guardia, cuya ejecución supuso una terrible conmoción. Parece claro que estuvo implicado también en el atentado que perpetró Mateo Morral contra el rey, el día de su boda; aunque no hay pruebas de que participase en la Semana Trágica de Barcelona. En

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todo caso, su proceso careció de las mínimas garantías legales. Todo esto provocó la salida de Maura del gobierno.

El turno de los liberales. El gobierno de Canalejas (1910-1912)

Las cortes que resultaron de las elecciones de 1910 no garantizaban nada al nuevo gobierno, y Canalejas tendrá que ganarse su apoyo. Durante los casi tres años que estuvo en el poder integró en el gobierno tanto a moretistas como a monteristas. Protagonizó la etapa más prolongada del gobierno liberal desde que Alfonso XIII subiera al trono y su labor se vio facilitada por la actitud de Maura, que abandonó transitoriamente su obstruccionismo. Trataba de hacer numerosas reformas, y una de las más importantes era la reforma agraria, mediante una extensión de la expropiación forzosa para convertir al proletariado agrícola en una clase de pequeños propietarios. Prestó especial importancia a la política social, en cuanto a regulaciones laborales, mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, negociación colectiva, reducción de la jornada laboral, protección del trabajo de mujeres y niños, implantación de una seguridad social obligatoria con participación del estado. Hay estudiosos que sostienen que el asesinato de Canalejas el

12 noviembre de

1912 a manos de un anarquista,

fue

una

enorme pérdida para la

renovación

del

sistema. Pero aunque su

muerte

privó

al

sistema constitucional de

una

figura

muy

valiosa, es improbable que de haber seguido vivo hubiese logrado que el régimen

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evolucionase mediante la ampliación del consenso social. Tanto él como Maura eran políticos sumidos en la soledad y la impotencia para aglutinar a una mayoría en torno a su programa político. Muchos de sus proyectos de ley estaban todavía pendientes de aprobación cuando murió. A pesar de todo, durante su gobierno se hicieron muchas reformas sociales y laborales, como la reducción de la jornada a nueve horas. La ley de Reclutamiento, en donde tuvo especial protagonismo el ministro de Guerra, general Luque, establecía la obligación del servicio militar, aunque quedaba limitado por los llamados “soldados de cuota”, que tras el pago de una cantidad eran licenciados después del período de instrucción y se libraban de soportar las duras condiciones de vida de los cuarteles. A pesar de todo, el soldado de cuota podía ser llamado a filas en caso de guerra, lo cual representaba una importante diferencia

con

respecto al

sistema

anterior, cuando las clases

privilegiadas, mediante un pago, quedaban exentas de toda prestación.

En 1919 se aprobó la llamada ley del candado, que frenaba la expansión de las órdenes religiosas durante dos años, en tanto se preparaba la nueva ley de Asociaciones Religiosas. A punto estuvo España de romper relaciones con la Santa Sede, a pesar de que no se consiguió nada, porque una vez pasado el plazo, no se aprobó la ley de asociaciones.

Canalejas también cumplió la promesa de abolir el impuesto de consumo que gravaba muchos artículos de primera necesidad, y que había sido causa de muchas revueltas. Pero precisamente en el año que esta ley queda abolida, en 1911, las cosas se le complican con el problema de Marruecos. Las características de la zona adjudicada a España y los intereses norteafricanos de las demás potencias europeas, sobre todo de Francia, hacía difícil el gobierno español. La actitud expansiva de Francia en Marruecos se puso de manifiesto con la ocupación de Fez, la capital del sultanato. Canalejas reacciona para evitar que España quede desbancada y manda ocupar Larache, Arcila y Alcazarquivir, aunque

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esta actitud le vale duros reproches de los socialistas y republicanos, que se sumó a la conflictividad obrera ya presente.

El anarquismo.

El bienio 1911-12 fue muy conflictivo, sobre todo en cuanto a huelgas se refiere y Cataluña era la zona donde había más incidencias. El mundo anarquista era un universo cerrado, totalmente desligado de la sociedad oficial y de sus normas. Ellos tenían su propia cultura y moral, con una ideología que negaba el estado y la sociedad burguesa, que se rebelaba contra la alineación de la sociedad. Se caracterizaron siempre los anarquistas por su abstencionismo electoral y se negaban a cualquier alianza o coalición. Se oponían a todas las instituciones del estado. Había calado muy hondo este movimiento en zonas con fuerte industrialización, sobre todo en Cataluña, pero también en ambientes rurales, como el del campo andaluz. En todo caso el éxito del anarquismo fue fluctuante, con altos y bajos muy acusados. A principios de siglo, está en auge con el hito de la huelga general de Barcelona de 1902, inducida por los anarquistas, y que luego se extendería a otras ciudades, como Sevilla. Hay también en este momento

influencia

del

movimiento

sindicalista

francés

y

en

general

del

movimiento libertario internacional, con lo cual Barcelona está completamente parada durante una semana. Pero los anarquistas esperan una revolución y solo consiguieron una huelga general pacífica. No hubo insurrecciones populares y el Ejército y la Guardia Civil no tuvieron demasiados problemas para asaltar las pocas barricadas que se formaron. Comenzó entonces un período de desorientación del movimiento anarquista, y el vacío que dejó no lo llenaron los socialistas, sino los republicanos. Fue entonces cuando el anarquismo recuperó en buena medida la estrategia terrorista, y hubo varios atentados: uno contra el rey en Paris, y otro el día de su boda con Victoria Eugenia de Battemberg, siendo el autor Mateo Morral.

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Los anarquistas tenían redes clandestinas y hombres dispuestos al sacrificio que hacían posible la preparación de los atentados. Los actos individuales de algunos anarquistas sirvieron para criminalizar a todo el movimiento, y se equiparó anarquismo

con

terrorismo.

La

represión

del

movimiento

anarquista

y

la

proclamación del estado de sitio o de guerra, llevó a una radicalización de los métodos de lucha, y los anarquistas los justificaban como contraviolencia. Ante la desorganización anarquista, un grupo de militantes acordó crear una federación de la clase trabajadora, y la idea fue muy bien recibida en Cataluña, donde se fundó en 1907 Solidaridad Obrera, en la que también participaron socialistas y algunos republicanos. En 1910 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en donde confluían tradiciones anarquistas y sindicalistas revolucionarias, y que sería la principal rival de la UGT.

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Tema 12.Crisis e incapacidad del sistema.

1-Escisión de los partidos dinásticos.

En el corto período desde noviembre de 1912 a octubre de 1913 los dos partidos dinásticos entraron en crisis. La muerte de Canalejas consumó la división del partido liberal, y aunque Romanones, como favorito del rey, aspiraba a la jefatura del partido, se vio enfrentado a los partidarios de Manuel García Prieto, yerno de Montero Ríos. Y Santiago Alba también se perfilaba como posible líder, con lo cual la división del partido era preocupante. El grupo monterista estaba a la derecha del sector liberal y era bastante reticente al intervencionismo estatal; cautos con el anticlericalismo, y desconfiados con los republicanos, a la vez que centralistas y totalmente opuestos al proyecto de Ley de Mancomunidades del gobierno de Romanones. Esta cuestión fue la que precipitó la escisión; y entre los disidentes estaban políticos locales que al marcharse llevaron a sus respectivas clientelas.

El año 1913 tampoco fue fácil para los conservadores, porque Maura y su idea de cambiar el sistema le habían convertido en persona non grata para muchos de sus compañeros de partido. Eduardo Dato era la alternativa a las ansias de cambio de Maura. En octubre de 1913 se rompe la unidad del partido.

Cuando cae el gobierno de Romanones, la inestabilidad de los liberales hace complicado formar gobierno y Alfonso XIII; en la línea de los últimos tiempos, consulta a Maura como jefe del partido conservador. Pero sus exigencias para formar gobierno son tales, que desde las propias filas conservadoras se

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propone a Dato. Finalmente el rey le encarga a él formar gobierno, y Maura renuncia a la política. Desde entonces hay dos vertientes en el partido conservador:

A. La de Dato, los llamados “idóneos”, que engloba a la mayoría de los conservadores B. Los de Maura, entre los que destaca su propio hijo, Gabriel, y Ángel Ossorio y Gallardo.

En 1914 Juan de la Cierva formó su propio grupo, en la extrema derecha del conservadurismo, y poco a poco fueron acercándose al maurismo, aunque nunca llegaron a integrarse del todo, formando siempre una facción aparte y autoritaria del conservadurismo.

2-Problemas en los partidos de la izquierda.

El republicanismo sigue una trayectoria descendente debido sobre todo a las disputas entre los distintos grupos, y también del mal resultado en las elecciones. El blasquismo y el lerrouxismo entraron en crisis, y aunque cuando Lerroux vuelve a España después

de 1909 sabe rentabilizar los

sucesos de la Semana Trágica, esta buena racha le dura muy poco. Un asunto de corrupción en el ayuntamiento de Barcelona obliga al Partido Radical a abandonar la Conjunción en 1910, y la estrella de Lerroux empieza a declinar. En 1915 los radicales perdían definitivamente el control del ayuntamiento de Barcelona a favor de la Lliga. Fuera de Cataluña, los radicales alcanzaron cierta influencia en zonas como Aragón, parte de Andalucía, Valencia y Canarias.

En el republicanismo se produce una nueva escisión en 1912, cuando surge un partido liberal, liderado por Melquíades Álvarez, que

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abogaban por una república de orden, defensora de la propiedad. El nuevo partido consiguió apoyo en las clases medias y los intelectuales, y pronto se pasó al campo de la

monarquía,

dejando

aún

más

cortas

las

filas

republicanas. Los reformistas pensaron que podían ser ellos los protagonistas de una renovación del sistema, y manifestaron su deseo de incorporarse al mismo para renovarlo desde dentro. Existía como precedente el republicanismo posibilista de Castelar; pero la meta de los reformistas era democratizar también la monarquía, sin socavar las bases económicas sobre las que ésta se asentaba. Álvarez y sus seguidores se presentaban como una auténtica alternativa de gobierno.

Las defecciones del lerrouxismo debilitaron la conjunción republicana, y convirtieron en inviable la unidad del partido.

3-La creciente complejidad del sistema. Nuevas fuerzas políticas.

Maura a partir de 1913 se aparta de la política, en términos de los partidos dinásticos, y ni siquiera se preocupará de promover su propio partido. Fueron sus seguidores y no él quienes se ocuparon de la organización

del

maurismo,

que

se

presenta

como

la

“nueva

regeneracionista, cuyo objetivo era incorporar a la masa católica

derecha”

a la política,

sacándola de su natural retraimiento. Junto a este maurismo oficial o de elite, había otro maurismo activo y entusiasta, el de las Juventudes Mauristas, que introdujeron algunos cambios en la vida política española, inaugurando la movilización de derechas, el maurismo callejero, con agitaciones populares y propaganda política, sin desdeñar el enfrentamiento físico. A estos grupos de jóvenes se unieron también obreros y gentes de extracción popular. Entre sus

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líderes destacó Antonio Goicoechea, ideólogo del sector más joven y radical del maurismo. Este maurismo callejero acabó evolucionando hacia posiciones de extrema derecha, a lo cual contribuyó activamente Manuel Delgado Barreto, director del diario “La Acción”. Maura se sentía incómodo con este estado de cosas y aunque todo el mundo le respetaba, pasó sus últimos años solo y atormentado.

Junto

a

los

mauristas

se

alinean

grupos

confesionales católicos, que concurrían a las elecciones en defensa de la religión; aunque había distintas facciones: los católicos alfonsinos, los tradicionalistas de tinte carlista que no aceptaban la actual monarquía. A comienzos del reinado de Alfonso XIII, el tradicionalismo seguía teniendo bastante importancia en algunas zonas como Navarra, País Vasco y Cataluña, pero en general ya era un movimiento menor, debido a la estabilidad del sistema canovista y

a la aceptación del

liberalismo por parte del Vaticano. Muchos católicos vascos y catalanes, incluidos clérigos, abandonaron el carlismo para abrazar opciones nacionalistas, como el PNV o la Lliga. En el siglo XX, realmente, el integrismo no pasaba de ser algo anacrónico e inoperante. Los carlistas pasaron a llamarse jaimistas en 1909, al morir Carlos VII, el último pretendiente absolutista, y ser sustituido por Jaime III.

Muchos

católicos

se

alejaron

del

integrismo

intransigente y se dejaron atraer por el conservadurismo de Maura, que defendía los intereses de la Iglesia desde una posición posibilista y moderna, aceptando un régimen monárquico constitucional. Un ejemplo es la creación de la Asociación Católica de Propagandistas, fundada en 1909 y el diario El Debate, que empezó a publicarse a finales de 1911. Católicos y mauristas formaban parte de la nueva derecha, que recurrían a mítines y estrategias políticas de activismo movilizador para conquistar la calle. Con estas nuevas fuerzas de derecha tiene que combatir el conservadurismo liberal, pero ninguna logró arrastrar a grandes masas.

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Hay otras fuerzas que todavía vienen a complicar más el panorama político, y son las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Desde principios de siglo la Lliga había conseguido expulsar prácticamente de la política catalana a los partidos dinásticos y se había convertido en la principal fuerza de la región, ya que Solidaridad Catalana se había deshecho después de la Semana Trágica. La Lliga era de filiación derechista, clerical y de orden; y lo demostró al apoyar la política de Maura en el proyecto de Ley de Administración Local. Pero al tener un revés electoral en 1910, pasó a centrarse más en la cuestión catalana y se planteó como objetivo la constitución de una Mancomunidad de Cataluña como primer paso para obtener el poder regional. El asesinato de Canalejas paró el proyecto de ley de comunidades que él

había

presentado,

aunque los miembros

de la

Lliga

consiguieron que el gobierno de Dato lo aprobase por Real Decreto. El 6 de abril de 1914 se constituyó la Mancomunidad de Cataluña, que mancomunaba a cuatro diputaciones provinciales y desde la que Prat de la Riba desarrolló una política nacionalista.

El nacionalismo vasco actuaba en otra región rica, pero menos poblada que Cataluña y con menos peso en el conjunto de España. Basaba su fuerza en la movilización popular y el voto libre, pero ideológicamente era profundamente tradicionalista y estrechamente vinculado al carlismo, del cual había captado muchos adeptos. El mismo Sabino Arana era hijo de carlistas, y basaba todas sus ideas en la separación de su región en razón de una lengua y una cultura distinta. Reivindicaba la existencia de Euskadi como nación independiente y hacía gala de un discurso tradicionalista, ultrarreligioso, ruralista t profundamente xenófobo, satanizando al inmigrante o “maketo”, que excluía de la patria vasca a todo aquel que no pudiese demostrar la pureza de su origen. Hasta los años finales de la Restauración esta opción era minoritaria, aunque se convirtió en nuevo factor dentro de las alternativas del País Vasco. Cuando muere Arana en 1903 hay en el partido un duro enfrentamiento entre el sector más radical y otra línea más

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moderada, y fue la vía posibilista la que venció, aun a costa de algunos principios aranistas. Hasta 1917-19 no se confirmó con un verdadero tirón electoral.

Mucho menos influyentes serían los movimientos regionalistas. En 1897 apareció la Liga Gallega, aunque el galleguismo no tendrá una participación destacable hasta la segunda república. El andalucismo de Blas Infante se inicia hacia 1914, pero apenas tuvo repercusión en la vida social y política.

4-Crisis del parlamentarismo y el impacto de la Primera Guerra Mundial.

En la Restauración hay un punto de inflexión que viene marcado por la I GM, porque a pesar de que España era un país neutral, su impacto fue importante. Tras la muerte de Canalejas la descomposición de los partidos dinásticos se aceleró, y los gobiernos tenían graves dificultades para hacer su tarea, y en otras ocasiones eran sencillamente incapaces. Entre 1915 y 1920 no se pudieron sacar adelante los presupuestos y en 1918 se hace una reforma en el reglamento del Congreso, conocida como “guillotina”, que redujo la posibilidad de recurrir a prácticas obstruccionistas para impedir que un proyecto o proposición de ley se convirtiese en ley.

Cuando estalla la guerra el gobierno de Dato declara la neutralidad de España, aunque se integra en el juego internacional al lado de la entente franco-británica, pero con un compromiso limitado estrictamente a su zona de interés; la región del Estrecho; aunque el conflicto se manifiesta en el interior del continente. Los aliados no reclamaron beligerancia alguna por parte de España. A pesar de la neutralidad oficial, los sectores sociales con inquietudes políticas se dividieron en sus simpatías hacia los dos bandos. Aunque España no entró en la

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guerra mundial, ésta si entró en España y desencadenó una “guerra civil de las palabras” entre aliadófilos y germanófilos, básicamente izquierdas y derechas. La nobleza y el Ejército deseban el triunfo de las potencias centrales; sobre todo por odio hacia Francia, que era para los clericales la nación impía por excelencia. Los militares lo hacían porque admiraban el ejército prusiano pero sobre todo porque detestaban a las potencias aliadas a las que culpaban del poco peso de España en el exterior. A Inglaterra la consideraban la usurpadora de Gibraltar. La actitud ante la guerra fue un tema muy espinoso, que generó divisiones en el seno de los partidos políticos. En las filas liberales frente a la postura de los demócratas de García Prieto, que eran neutrales, Romanones manifestaba una postura beligerante en contra de Alemania. Maura tenía una postura de neutralidad pero inclinándose hacia los aliados; mientras el movimiento de prensa maurita era germanófilo.

La guerra europea cambió el panorama económico y social del país, ya que al abastecer España a alguna de las potencias, experimentó un gran avance industrial, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Asturias. La guerra supuso un hito en el desarrollo del capitalismo español. Pero

paradójicamente,

la

mayoría

de

la

población y sobre todo la clase obrera, vio descender su nivel de vida ante la enorme subida de los precios, que aumentaban a mayor velocidad

que

los

salarios.

Frente

a

la

ostentación de los nuevos ricos, la pobreza de la mayoría todavía destacaba más. En diciembre de 1915 los liberales subieron al poder con un gobierno

de

Romanones

en

el

que

se

representaban todas las tendencias del partido. Todo se aplazó para poder paliar el problema de la escasez y el aumento de los precios de los alimentos de subsistencia. Era necesario recaudar fondos mediante

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una reforma fiscal, y esa fue una tarea que intentó Santiago Alba desde el ministerio de Hacienda. Se intentó imponer un gravamen especial a quienes se estaban enriqueciendo en la coyuntura bélica, pero los sectores empresariales se opusieron con fuerza, y Cambó se erigió en portavoz del capitalismo industrial y financiero no solo de Cataluña, sino de toda España; a lo cual se unió el PNV, que cambió su nombre por Comunión Nacionalista Vasca. A raíz de la I GM en este partido hubo un cambio, y empezó a predominar la rama burguesa, encabezada por la familia de los navieros Sota. El discurso nacionalista se moderó bastante y el independentismo quedó relegado a un futuro incierto. La burguesía catalanista y vasca recurrió a campañas de prensa y actos de protesta como la obstrucción parlamentaria contra los proyectos de Alba; que tampoco obtuvo el apoyo de la clase dirigente; ni siquiera en su propio partido.

El gobierno de Romanones cayó por las muchas tensiones sociales y políticas causadas por la guerra, y fue sustituido por el de García Prieto. A lo largo de 1917 las relaciones entre los grupos liberales se tensaron hasta un punto en que se produjo la escisión definitiva; porque también Romanones y Alba estaban distanciados. Otro problema que acuciaba a los partidos dinásticos eran las tensiones sociales, por una galopante inflación que provocaba protestas obreras. El socialismo y la UGT se habían implantado en las principales zonas industriales; y parecía como si los socialistas hubieran abandonado su estrategia de lucha contra los partidos republicanos para sustituirla por una lucha a favor de la revolución social. La CNT obtuvo en Cataluña un éxito inmediato, porque muchos veían en ella la alternativa a la UGT. Los anarquistas siempre habían criticado la moderación socialista y en 1916 las divergencias ideológicas entre ambos sindicatos seguían siendo enormes. Pero a pesar de todo, buscaron la unidad, sobre todo por la relativa moderación de los nuevos dirigentes de la CNT, Salvador Seguí y Ángel Pestaña. Las dos centrales sindicales convocaron conjuntamente una huelga general para el día 18 de diciembre de 1916. Pero en aquel momento el problema

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social no era lo más importante, porque la guerra europea precipitó el descontento de los militares y la necesidad de acometer importantes reformas en su seno. El principal problema era el exceso de oficiales, en cuyo pago se iba buena parte del presupuesto, lo cual impedía mejorar las inversiones y el equipamiento. Era evidente que el Ejército tenía que modernizarse. Las reformas que planeaba Luque, como jubilaciones anticipadas, recorte de personal, amortización de plazas vacantes, chocaron con la oposición de los oficiales de menor graduación.

Fue en Barcelona donde la burocracia militar lanzó sus quejas, y en el otoño de 1016, los oficiales jóvenes de infantería crearon una Junta de Defensa para oponerse a las proyectadas reformas. Tenían una clara orientación sindical, y en sus cláusulas se excluía a los generales, lo cual interpretó el gobierno como una clara muestra de insubordinación. La Junta fue disuelta, pero volvió a formarse y a lo largo de 1917 el movimiento juntista se difundió rápidamente. Entre las demandas estaba el

establecimiento de ascensos por estricto orden de

antigüedad. Las Juntas desafiaron abiertamente al gobierno de García Prieto al negarse a acatar la orden de disolverse. Los miembros de la Junta Superior de Infantería fueron encarcelados en el castillo de Montjuich, y la oficialidad de todas las ramas mostró su solidaridad con los encarcelados formando una Junta suplente. El ejemplo de las Juntas militares pronto fue seguido por los distintos cuerpos de la administración del estado, y hacia mediados de 1917 se habían formado Juntas de Defensa en los principales ministerios. El manifiesto de las juntas fue interpretado por las fuerzas antisistema como una clara señal de inminencia del derrocamiento del régimen. La política de la Lliga Regionalista empieza a cambiar en este momento, y apuestan claramente por un proyecto estatal, propugnando una regeneración y reforma del estado en sentido federal. Ante la insistencia de Eduardo Dato, de nuevo en la presidencia del gobierno, de mantener cerradas las cortes, Cambó convoca en Barcelona una asamblea de parlamentarios para exigir

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una reforma de la constitución que incluya una limitación de las prerrogativas del rey, la democratización del senado, y la descentralización del estado.

Frente al turnismo dirigido por una oligarquía desde Madrid, Cambó aspiraba a un cambio político que permitiese defender los intereses del capitalismo catalán. El suyo seguía siendo un proyecto conservador y de orden. En nombre de la asamblea, Cambó invitó a participar en ella a los partidos dinásticos, pero ninguno de ellos asistió, a excepción de algunos diputados y senadores liberales. La iniciativa era inconstitucional, porque solo el rey

o el

gobierno en su nombre, podía reunir a las cortes. Cambó acaba buscando la colaboración de las Juntas, pero cuando las cortes se reúnen el 19 de julio, solo acuden los regionalistas, socialistas, republicanos y reformistas.

El desafío de los tres frentes: movimiento obrero, Juntas

de

Defensa

y

Asamblea

de

Parlamentarios, suponía una grave amenaza para

la

pervivencia

de

la

monarquía.

El

presidente del consejo, Eduardo Dato, actuó con sagacidad sembrando la división entre las diversas fuerzas antigubernamentales. Primero cedió ante las Juntas y trató de satisfacer sus deseos más apremiantes. El poder civil permitía el

chantaje

del

poder

militar.

El

gobierno

contaba con el pleno apoyo de los generales. Luego Dato sacó provecho de la convocatoria de una huelga de ferroviarios en Valencia, que quizá él mismo instigó; y en la cual había divergencias entre la UGT y la CNT. Esta huelga sembró en Cambó grandes dudas sobre su afiliación al PSOE y la UGT. Los socialistas, forzados a la acción por el estallido de la huelga valenciana, convinieron en declarar la huelga general el 13

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de agosto, con el objetivo de derribar el régimen. En esta huelga todo va mal, desde el principio y mientras que en algunas zonas, sobre todo rurales, tiene escaso desarrollo, en Asturias y el País Vasco tiene muchos seguidores. Los obreros, que recibieron la consigna de vitorear a los soldados enviados por el gobierno para reprimir la huelga, no encuentran reciprocidad en los militares; sino que cumplen las órdenes recibidas. El comité de huelga fue detenido y condenado a cadena perpetúa. Cambó vio confirmados sus temores a un desbordamiento izquierdista, y unido a la negativa del gobierno de Dato a escuchar las demandas de la asamblea, le fuerza a abandonar sus compromisos reformistas. La cerrazón de dato le coloca en una situación peligrosa, y su actuación demostró que su prioridad era defender los intereses de algunos sectores conservadores y burgueses que él representaba. Cambó optó por la seguridad conservadora, y cuando el rey le llama, acepta apoyar u gobierno multipartidista en el que se ofrecían a los catalanistas dos carteras. Como regalo a los militares, se nombra al autoritario De La Cierva ministro de guerra.

Empieza ahora la época de los gobiernos de coalición y el primero de ellos empieza por renovar los métodos electorales. Por primera vez desde 1903, en las elecciones de 1918 no hay lista pactada previamente y el resultado fue una gran fragmentación en las cortes, donde los socialistas obtuvieron unos resultados bastante buenos, y entran por primera vez en el parlamentos los nacionalistas catalanes y vascos. Los republicanos y reformistas sufrieron un descalabro y se quedaron sin escaño. Alfonso XIII, bajo amenaza de abdicación, consiguió que se formase un gobierno nacional, presidido por Antonio Maura y que reunía a los principales líderes de las fuerzas políticas que se movían en el ámbito monárquico: Dato, García Prieto, Romanones, Cambó y Alba. Uno de los asuntos más complicados para abordar y ponerse de acuerdo es la política internacional y sobre todo los reiterados torpedeamientos alemanes a los buques españoles que comerciaban con los aliados. Se pierde el 20% del tonelaje mercante español y más

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de cien vidas. En contra de Maura y del rey, que eran partidarios de contemporizar con Alemania, Romanones proponía optar por una ayuda francesa a la causa aliada. En el fondo el problema era que en mismo gabinete había opiniones de lo más dispares. Al cabo de ocho meses cae el gobierno, y ninguno de los de coalición parece lo suficientemente fuerte para seguir adelante. El gobierno de 1918 era liberal, presidido por García Prieto y dominado por albistas y demócratas. Apenas duró un mes. La Lliga, alentada por las tesis de autodeterminación del presidente Wilson cuando acabó la guerra mundial, se puso al frente de un movimiento popular a favor de la autonomía. En diciembre de 1918 se forma otro gobierno presidido por el conde de Romanones, compuesto por gente de su partido en exclusiva. Romanones era proclive a las demandas catalanistas, pero no contaba con la suficiente mayoría en las cortes para que le permitiese tramitar la autonomía catalana, y crea una comisión extraparlamentaria que trate del tema. Pero la crisis social acaba con el gobierno. El conflicto se inicia en febrero de 1919 con una huelga de “La Canadiense”, compañía que suministraba la electricidad en Barcelona, y pronto se generalizó dejando la ciudad paralizada. El movimiento autonomista catalán quedó relegado por el problema social y no reaparecería hasta 1931. La huelga era por su intensidad y amplitud, la más importante de la Historia de España hasta el momento, y el gobierno empezó con talante negociador, aprobando la reducción de la jornada laboral a ocho horas, prometiendo aumento de salarios y readmisión de los despedidos. Pero ante la intransigencia de la patronal y del estamento militar, el gabinete acabó sometiéndose e impuso el estado de guerra, dejando en manos del Ejército la resolución del conflicto. Cambó y los catalanistas de la Lliga aparcaron la cuestión autonómica y dieron su apoyo al gobierno centralista que garantizaba la represión del movimiento obrero. Cuando a raíz de la huelga dimite Romanones, Maura vuelve a formar gobierno, y como no gozaba de margen de maniobra para gobernar, consiguió el permiso regio para disolver las cortes y convocar elecciones, estando suspendidas las garantías constitucionales. Maura quería lograr un gran apoyo parlamentario para poder

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gobernar, pero ni siquiera la intervención gubernamental pudo asegurar los resultados. Los mauristas solo obtuvieron una octava parte de los escaños del congreso. La división en su propio partido era ya demasiado importante, y la nueva crisis se salda con el nombramiento como jefe de gobierno en julio de 1919 del conservador Joaquín Sánchez de Toca; con ministros conservadores, y deseos de acabar con la crisis social. Pero el gobierno solo dura cuatro meses y en medio de una crisis económica importante, la Federación Patronal de empresarios optan por la línea dura, tratando de eliminar el movimiento obrero, recurriendo al despido y cierre de fábricas. Tampoco el ejército quería contemporizar y en la CNT se imponían los violentos, contratando bandas que libraron sangrientas batallas en las calles barcelonesas. El gobierno de Sánchez de Toca cae por problemas con las Juntas militares en diciembre de 1919; y es sustituido por una coalición de mauristas, conservadores y liberales; presidido por Manuel Allendesalazar, que dimite después de que se aprueben los presupuestos; lo cual no se podía hacer desde cinco años atrás. También se consigue sustituir las Juntas de Defensa por las Comisiones informativas, aunque en realidad lo único que cambió fue el nombre. El nuevo gobierno conservador, desde mayo de 1920 a marzo de 1921 fue presidido por Eduardo Dato, que realizó una política de acción social, aunque de tintes paternalistas y caritativos en algunas ocasiones. Se volvió a la política de conciliación y se creó el Ministerio de Trabajo, aunque al final se volvió a optar por la línea dura e intransigente, con el nombramiento del general Severiano Martínez Anido como gobernador civil de Barcelona. Impuso una política de terrorismo policial y la ley de fugas; con lo cual se podía asesinar a los sindicalistas detenidos basándose en que pretendían escapar. Quizá en esta cuestión estuvo el germen que hizo que Eduardo Dato fuese asesinado el 8 de marzo de 1921 por un anarquista.

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5-Expansión y radicalización del movimiento obrero.

En el PSOE el fracaso de la huelga de 1917 dio sus frutos y Pablo Iglesias afirmó que había sido una loca aventura, y que en adelante era mejor abstenerse de la actividad revolucionaria, y profundizar en la vía parlamentaria. Quizá por eso en las elecciones de 1918 el PSOE, en conjunción con los republicanos, logró seis escaños en el Parlamento. Además de Pablo Iglesias, fueron elegidos Indalecio Prieto, Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit. Pero la masa del movimiento obrero español iba por otros caminos y el éxito de la revolución rusa alentó las expectativas de una revolución y extremó la postura del proletariado. La crisis afectó a toda la Europa de la posguerra y el descenso de las exportaciones hizo que cerrasen muchas fábricas. La UGT vio radicalizarse a sus bases, y la CNT se alejó cada vez más de los socialistas, pues su postura seguía siendo claramente sindicalista y su estrategia era la huelga general. Los anarcosindicalistas defendieron con entusiasmo la revolución rusa, aunque pronto quedarían decepcionados con el bolcheviquismo. El año 1919 fue crucial para la CNT y puso en marcha una nueva estructura organizativa conforme al patrón de sindicato único. Salvador Seguí fue nombrado secretario general del comité Nacional y hasta su asesinato sería el dirigente más importante de la confederación. El sindicato crece de manera acelerada y hay una ola de gran conflictividad. Durante el trienio bolchevique (1919-1921) hubo numerosos conflictos en Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba y Málaga. Los grupos sociales de orden se lanzaron a la lucha callejera y los sectores más duros de la CNT extremaron sus actividades terroristas, con lo cual también se generaliza la represión gubernamental. Aunque la clase obrera española estaba mayoritariamente afiliada a los sindicatos de izquierda y anticlericales, en la posguerra hubo un importante sector que se afilió a

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los sindicatos de derechas, llamados Sindicatos Libres. Pero este sindicalismo nunca tuvo éxito

6-El problema de Marruecos.

Después de la muerte de Dato no pudo salir España del marasmo en el que estaba. Las líneas maestras de la política internacional se habían trazado en los primeros años del siglo con su adhesión a la entente francobritánica, lo cual le permite participar en el reparto de Marruecos. Pero lejos de

ventajas, esto será para España una gran carga, porque la zona española era un terreno pobre y montañoso, y por tanto de muy difícil colonización, habitado por tribus indómitas. El tratado hispano francés de 1912 había establecido el protectorado de ambas potencias sobre Marruecos, confirmando la supremacía de Francia. Durante la guerra mundial la paz en el protectorado español se mantuvo a base de pactos con los jefes indígenas, que incluían el pago de fuertes sumas de dinero a cambio del compromiso de no atacar. Los políticos españoles, y entre ellos Romanones, africanista convencido, no estaba dispuesto a dejar la zona española en manos francesas y cuando Francia pide que se anulen los derechos de España, decide que hay que actuar. La campaña se inicia con victorias y avances espectaculares, como la toma de la ciudad de Xauen; pero trae como consecuencia el enfrentamiento entre dos facciones rivales del Ejército: los junteros y los africanistas. Desde 1919 el alto comisario, máxima autoridad de Marruecos, era

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Dámaso Berenguer, que creía en la ocupación del territorio siguiendo una política de alianzas combinada con acciones militares. Su estrategia de construir escuelas o fomentar las obras públicas estaba dando buenos resultados; pero en el sector oriental, donde estaba al mando en Melilla el general Manuel Fernández Silvestre, se llevó a cabo un avance mal preparado hacia el corazón del Rif, que Berenguer no quiso detener en razón a la amistad que unía a los dos generales. Silvestre aseguraba a punto de ocupar la bahía de Alhucemas. El ataque se produce el 1 de julio de 1921 y bajo el mando de Abdelkrim se siembra la muerte en todo el sector melillense. La retirada de las tropas se hizo de manera totalmente caótica, abandonando pertrechos y abundante material. La batalla de Annual, donde Silvestre perdió la vida, aunque nunca se encontró su cuerpo, fue solo un episodio del desastre. Cuando los supervivientes se rendían por falta de agua o provisiones, eran asesinados por sus sitiadores.

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Abdelkrim, antiguo protegido de los españoles, se había convertido en su peor pesadilla y la victoria de Annual le dio un extraordinario prestigio, con lo cual llegó a tener el mando sobre casi todo el Rif. LA cuestión de Marruecos envenenó la vida nacional y acabó siendo una de las causas del quiebro del sistema parlamentario. Las elites gobernantes hicieron causa común para la defensa del régimen frente a las acusaciones de negligencia en el tema de Marruecos. Maura fue llamado a presidir el nuevo gobierno en el que participaban los distintos grupos dinásticos, a excepción del de Alba, y que también contaba con el apoyo de cambó. El consenso duró hasta que la situación en Marruecos quedó restablecida. El ministro de la guerra, Juan de la Cierva, tuvo que contener al general Picasso, designado para investigar las causas del desastre, para que circunscribiese las responsabilidades a los oficiales que habían tenido una conducta más notoriamente deshonrosa, y para que apartase su atención del general Berenguer. Este fue eximido de culpa y siguió al frente de las operaciones, que pudieron recuperar el territorio perdido gracias, sobre todo, al Tercio de Extranjeros, una unidad formada por voluntarios profesionales al mando de Millán Astray. Pero cuando el peligro inminente se aleja, surgieron discrepancias en el gabinete en cuanto a la política a seguir en el Protectorado. Maura era partidario de limitar la acción en Marruecos, y otros pensaban que había que ocupar toda la zona. La cuestión marroquí acaba con este gobierno y precipita la caída del gabinete. Al gobierno de Maura le sucede el gobierno conservador presidido por Sánchez Guerra. Las conclusiones que se derivaron del expediente Picasso que solo se dio a conocer en privado, dieron pie para que el máximo tribuna militar, el Consejo Supremo de Marina y Guerra, acordase procesar a un buen número de militares, entre ellos al General Berenguer. La izquierda antidinástica llega a acusar al propio rey y arrecia en sus protestas en contra de la guerra y las clases medias abandonan su tradicional indiferencia para mostrarse en contra del Ejército y sobre todo del reclutamiento de los soldados de cuota, es decir, de sus propios hijos que habían pagado para librarse del servicio militar.

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6-Último gobierno constitucional de concentración liberal, presidido por García Prieto.

En diciembre de 1922 nace un gobierno de concentración liberal en donde estaban representadas las principales facciones del partido, presidido por García Prieto. El reformismo democratizador de este gobierno no se notó en las elecciones generales de 1923, que se desarrollaron con los métodos de siempre. Aunque las cortes surgidas de aquellas elecciones no eran más democráticas que las anteriores, y los problemas se seguían acumulando, algunos historiadores piensan que fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, de modo que el golpe de Primo de Rivera vendría a romper el nacimiento de un cambio. Pero es muy

dudoso

que

este

gobierno

tuviese

la

capacidad suficiente para cambiar nada, porque los atentados seguían siendo habituales. La burguesía

catalanista

vivía

con

temor

el

momento y quizá por eso dio su apoyo, en principio a Primo de Rivera, que era entonces el capitán general de Cataluña. La situación de Barcelona fue uno de los detonantes del golpe, a lo cual se suma la radicalización de un sector independista que causaba problemas en el Ejército. Otro factor de crispación de la vida catalana fue el surgimiento en 1919 de la Unión monárquica nacional, partido españolista de Cataluña. Se acusaba a los políticos profesionales de incompetentes y al nueva política civilista se plasmó en Marruecos con el nombramiento del primer alto comisario civil del protectorado. Se culminó el rescate de los últimos prisioneros que seguían en manos de Abdelkrim, aunque los militares consideraron una afrenta el pago del rescate.

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Cuando a finales de agosto el ministro de estado, Santiago Alba, accedió a los planes bélicos en Marruecos se produjeron en el seno del gobierno graves disensiones. A pesar de la política pactista, los ataques rifeños seguían produciendo bajas y los entendidos sostenían que el problema solo se solucionaría mostrando superioridad militar.

Los liberales sabían que había que redefinir las relaciones Iglesiaestado. El partido reformista había exigido para entrar en el gobierno la modificación del artículo 11 de la constitución para suprimir el párrafo que prohibía los actos y manifestaciones de otras religiones. Pero ante el rechazo de una parte de la población y de la Iglesia, el gobierno no se atrevió a seguir adelante. El resto de las medidas reformadoras que se habían incluido en el programa, ni siquiera se abordaron. La concentración liberal tiene que ceder y es incapaz de resolver los problemas que se le plantean. Los gobiernos de Alfonso XIII se mostraron incapaces de introducir las reformas necesarias para modernizar el país.

En septiembre de 1923 el gobierno de concentración liberal parecía no tener visos de supervivencia. Las conspiraciones en los cuarteles militares eran bastante comunes y el clima a un intervencionismo militar era perceptible. En 1923 el maurismo sufre un descalabro electoral y a toma del poder por Mussolini en Italia, en 1922 se tomó como un ejemplo. No hay acuerdo sobre si el rey estaba o no enterado de la preparación del golpe, pero si es verdad que su intervención contribuyó al desprestigio del poder civil y potenció el clima de rebelión militar. Su despego hacia el gobierno de concentración era total y no lo ocultaba. Hacía tiempo que un grupo de militares, conocido como Los generales del cuadrilátero conspiraban en Madrid, pero el golpe sólo toma cuerpo cuando Primo de Rivera se subleva desde Barcelona. A pesar de que Primo de Rivera no era demasiado popular en el ejército por haber sido propicio al abandono en Marruecos, aunque luego matizase sus opiniones. El golpe se llevó a cabo fácilmente y sin

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derramamiento de sangre. Alba estaba de vacaciones, al igual que el propio rey, y no opuso resistencia. Hubo ausencia de protestas incluso entre los socialistas y republicanos. Solo la CNT y el PCE hicieron llamamientos para resistir, pero todo el mundo admitió el hecho consumado del golpe. El régimen estaba tan desgastado que cualquier promesa de cambio era bien acogida.

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